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Se carea Arturo Campos con cinco testigos en su contra, que no sostienen las acusaciones

Los agraviados que se presentaron al careo contra el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla, Arturo Campos Herrera, que supuestamente lo acusaban de secuestro y privación de la libertad, no sostuvieron las acusaciones contra él y en la lectura de sus declaraciones no lo mencionan.
El careo inició a las 10 de la mañana en la Primera Secretaría de Acuerdos del juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con la secretaria Imelda Molina Sánchez, el representante del Ministerio Público, Mariano Ramírez. Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Campos Herrera y cinco agraviados de los 43 que lo señalan. De éstos alrededor de 20 son de municipios de la Montaña y el resto de la Costa Chica, donde se desarrolla su proceso bajo la causa penal 196/2013-I.
El procedimiento inició con la lectura de las declaraciones asentadas de los agraviados y luego el careo entre Campos Herrera y ellos, sobre lo que declararon cuando se integró el expediente y en el cual se escucharon textos similares y palabras rebuscadas fuera del contexto de la gente de la región, además en ninguna de ellas lo mencionan.
En el careo Arturo Campos respondió a todos que no lo mencionan en sus declaraciones ni que él los hubiera detenido o pedido dinero, que cada comunidad tenía su propia Policía Comunitaria, que él reconocía que era parte de la CRAC-PC y por eso acudía a la Casa de Justicia.
A uno le dijo que él mismo reconocía que estuvo en una Casa de Justicia no en una casa de seguridad, que estuvo a la vista del pueblo, no escondido, que podía hablar con sus familiares “un secuestrado no habla con su familia, sin embargo tú no tienes la culpa porque te hicieron firmar eso en el Ministerio Público, ahí pusieron las cosas por el delito de secuestro, yo no te pedí dinero, ni te detuve”, remarcó.
El agraviado respondió que acepta que él no lo había detenido, pero lo iba a ver y les decía cosas malas al decirles que si no trabajan no comerían, los apuntaba con sus armas y dijo que podía dispararles, ante lo que respondió que él no llevaba armas porque no es policía comunitario, y cada policía llevaba su credencial.
Finalmente la víctima dijo, “reconozco que usted nunca nos pidió dinero” y le reprochó que nunca investigó si estaban injustamente encarcelados, a lo que le respondió que para eso se llevaba un procedimiento de deliberación con el análisis de sus expedientes y la asamblea decidía su libertad o reeducación temporal, “yo llevo tres años encerrado sin haber cometido delito y el gobierno no me dice ‘tú no cometiste delito’”.
Le remarcó que no negará que es de la Policía Comunitaria que se organizó para defender al pueblo porque el gobierno no puede.
A otro según su declaración se lo llevaron de la comunidad de Santa Cruz a la Casa de Justicia en El Paraíso, y lo rescató un grupo de policías federales y ministeriales cuando estaba secuestrado con otros, le pedían 25 mil pesos para liberarlo y reconoció a algunos en fotografías que le mostraron con cargos y nombres completos, pero no estaba Arturo Campos.
Campos Herrera, una vez más le dijo que en su declaración no lo menciona, ni le pedía dinero a nadie y que cada comunidad tenía su Policía Comunitaria y desconocía si tenía algún problema en ella, y le reiteró que en la CRAC todo se decide en asamblea.
Le mencionó que Germán Cantú, otro de los acusados, no era policía comunitario sino un profesor que iba por el lugar y le preguntó ¿los conoció?, y el agraviado le dijo que no “la verdad eran varios, los veían, pero no sé sus nombres”.
Campos Herrera le dijo que en la operación estuvo el Ejército y la Marina y eso no aparece en sus declaraciones, sólo las policías estatal y ministerial, “le digo que hay muchas cosas inventadas que le hicieron firmar y me declaro inocente, pero me llevaron al penal del altiplano con delincuentes como La Tuta, El Chapo, el ex presidente de Iguala, al gobierno se le ocurrió armar un expediente”.
Le remarcó que no lo detuvo, que no le pidió dinero y si es no ocurrió no es secuestro, estuvo ahí en proceso de reeducación.
Este agraviado le contestó que no tenía nada contra él y que ya no quería saber nada del proceso legal, que no lo acusaba de nada “usted no me hizo nada físicamente, no lo acuso de nada y si pidiera firmar un acta donde yo me deslindo de esto lo hago, aunque no me acuerdo de todo, a usted no lo acuso”.
Además argumento falta de dinero y tiempo para andar en vueltas porque tenía trabajo y quería firmar para deslindarse.
Campos Herrera le remarcó que había cosas inventadas, que el MP los hizo firmar lo que armó en su contra, que esperaba salir de la cárcel, visitar las comunidades y no quería que lo vieran feo porque no era un delincuente.
Otro agraviado mencionó que reconoció a los comunitarios cuando le mostraron 15 fotografías, pero ahí tampoco estaba Arturo Campos quien le reiteró que no lo detuvo ni le pidió dinero a él ni a sus familiares.
A él lo detuvieron en otro lugar el 1 de diciembre de 2013, no el 21 de agosto de 2013 y que la Casa de Justicia era limpia, no estaban en condiciones inhumanas como mencionaba su declaración.
Le dijo “ahorita que me trajeron me metieron al cuarto de castigo con otros que están enfermos y ni baño tiene” y regreso al tema al decirle que si lo acusaban de secuestro debía haber un rescate, y en ese caso no fue así porque sus familiares los visitaban.
Dijo que el gobierno sabe de la existencia de la Policía Comunitaria y sus casas de justicia y que cuando lo detuvieron ya existía la Ley 701, los tratados internacionales, la reforma al artículo 2 de la Constitución y le dijo que él no tenía la culpa “les hicieron firmar”.
El agraviado resumió que no tenía nada en su contra y que se deslindaba, además de no tener dinero y estaba enfermo para andar dando vueltas.
El último agraviado en la lectura de su declaración mencionó que le pedían dinero para liberarlo del campo de concentración, Arturo le dijo que no lo mencionaba en su declaración, que no pidió dinero y que si la policía de comunidad lo golpeó “puedo entender que cometieron violaciones, pero no fui yo, por lo que no se justifica el delito de secuestro”.
Después del careo siguió el interrogatorio a los cinco agraviados para que dijeran si sabían la fecha de creación de la policía comunitaria en su comunidad y si ésta tenía algún tipo de vestimenta a lo que contestaron que llevaban pantalón negro, playera verde, logotipos en sus gorra, playeras y armas.
Al término del careo los abogados de Tlachinollan mencionaron que los agraviados iban con desconocimiento de los hechos y se observó que a Arturo campos se le fabricó el delito porque los supuestos agraviados no lo conocían, no lo mencionaron y no lo acusaron directamente y hasta se querían desistir.
Mencionaron que seguirán los careos e interrogatorios con el resto de los involucrados aunque muchos no han comparecido y se buscará la manera de que lo hagan, para agilizar el proceso.

Tlachinollan

Más tarde en un comunicado Tlachinollan dijo que los cinco testigos de cargo no pudieron sostener sus señalamientos, aceptaron expresamente que Arturo Campos no cometió el delito de secuestro contra ellos y que tampoco les pidió dinero para ponerlos en libertad como dijeron en sus primeras declaraciones.
Además que la causa penal presenta fisuras legales e inconsistencias de origen que la hacen insostenible, pues es la misma que se les instruyó a los cinco indígenas de la CRAC-PC que fueron liberados porque un juez de Distrito resolvió que no se acredita el secuestro por que son autoridades comunitarias reconocidas por la ley.
De igual forma es el mismo proceso penal que pesaba contra Nestora Salgado y que la misma jueza que hoy tiene en prisión a Arturo Campos, la exoneró.
Así se demuestra de manera fehaciente la inocencia del luchador social Arturo Campos, que su detención es por consigna política de los gobiernos federal y estatal que tienen el propósito de atacar y medrar los sistemas normativos de los pueblos indígenas y todos sus derechos ganados que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Política Federal y la Ley 701 del Estado de Guerrero, ante lo que exigió su libertad inmediata e incondicional.

Atacan a la Tecampanera, secuestran a dos y hieren a dos en Teloloapan; señalan a La Familia Michoacana

Civiles armados presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana atacaron la tarde de ayer de forma simultánea dos bases de vigilancia de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, lo que dejó a dos lesionados.
Una hora después del ataque en el centro de la cabecera municipal dos personas fueron secuestradas.
En la tarde vía telefónica el alcalde perredista de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño confirmó los ataques y a los dos comunitarios heridos que dijo no son de gravedad, dio a conocer que hombres desconocidos intentaron levantar a una persona pero la comunitaria intervino y el plagio no ocurrió.
Asimismo informó que hasta ayer a Teloloapan no habían sido enviados policías federales ni soldados del Ejército, como prometió el gobierno del estado para reforzar la seguridad en el municipio.
A las 3:32 de la tarde de ayer, integrantes de la comunitaria Tecampanera informaron a El Sur que en ese momento había balaceras en distintos puntos de Teloloapan, que se oyeron más de 200 detonaciones de armas de grueso calibre.
Minutos después confirmaron el ataque a dos bases de seguridad, vigilancia y revisión, uno en el punto conocido como Blanca, que se ubica al oriente de la cabecera municipal y que está en el camino de terracería que va a la comunidad de Tierra Blanca y el municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco).
El otro ataque fue a la base Hornos, ubicada al poniente de Teloloapan en un camino pavimentado que comunica a la cabecera municipal con el poblado de Tianquizolco, municipio de Cuetzala, en este punto dos comunitarios fueron lesionados, al lugar llegó una ambulancia que los trasladó a un hospital de ese municipio.
Se informó que tras el ataque grupos de comunitarios de la Tecampanera salieron a los cerros a perseguir a los sicarios, quienes huyeron hacia la comunidad de Río Zayulapa, asentada en los límites del municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente, donde antes ya se había denunciado la presencia de hombres armados con vestimenta tipo militar, de una célula de La Familia Michoacana.
Cerca de la zona en la que fue el ataque a la base Hornos, comunitarios localizaron decenas de casquillos percutidos calibre .223 y 7.62 para fusiles AR-15 y AK-47.
Poco más de una hora después de los ataques, a las 5:15 de la tarde uno de los comunitarios dio a conocer que dos personas habían sido levantadas en el Zócalo de la cabecera municipal, uno de ellos un cartero y el propietario de una casa de alimento para ganado por el cual los delincuentes ya estaban exigiendo el pago de un rescate a sus familiares, para su liberación.

El gobierno no cumplió los acuerdos, se queja la Tecampanera

Por separado, otro de los comunitarios consultado sobre los hechos reclamó la falta de cumplimiento de los acuerdos del gobierno del estado para dar seguridad al municipio, luego de la reunión que sostuvieron el viernes de la semana pasada con el secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame.
Entre el miércoles y jueves de la semana pasada los comunitarios de la Tecampanera tomaron el Palacio Municipal, cerraron tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales, posteriormente retuvieron más de 24 horas unos 200 camiones y tráileres de carga de empresas trasnacionales y de empresas de servicios para presionar a las autoridades.
Ayer la fuente lamentó que los policías estatales que enviaron a la cabecera municipal y las bases de Totoltepec y Alahuixtlán, “se la pasan encerrados”, no hacen recorridos ni retenes.
Hasta minutos antes de las 8 de la noche los comunitarios no habían dado a conocer nuevos hechos ni resultados de la persecución y búsqueda de los delincuentes que atacaron sus bases.

Llegan 80 soldados a Tierra Caliente; van a Ajuchitlán tras el secuestro masivo

Cerca de 80 soldados de la Policía Militar llegaron este lunes a Tierra Caliente para incorporarse al municipio de Ajuchitlán del Progreso, y reforzar la seguridad tras la petición del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ayer al mediodía se pudo ver un convoy militar que llegó a Ciudad Altamirano y dos horas los soldados hicieron compras.
Llegaron en aproximadamente 20 unidades, se estima que se establezcan en Ajuchitlán del Progreso para hacer recorridos en las zonas de conflicto, sobre todo en las colindancias con San Miguel Totolapan.
Se espera también que este grupo ingrese a la comunidad San Jerónimo el Grande, donde secuestraron a 10 personas el jueves 17 de noviembre, y que siguen sin aparecer siete de ellos, raptados por el grupo criminal Los Tequileros.
La Policía Militar estuvo en Altamirano dos horas recorriendo los centros comerciales para comprar insumos personales, los soldados también fueron a los bancos y después se retiraron a Ajuchitlán sobre la carretera de Coyuca de Catalán. San Jerónimo se ubica del otro lado del río, por el lado de Tlapehuala.
Este grupo viene a reforzar la seguridad en el municipio de Ajuchitlán del Progreso donde ya opera la Policía del Estado con un grupo en San San Jerónimo el Grande, y la Policía Federal comenzó a incrementar sus rondines en las zonas rurales en las cercanías de esa comunidad.
El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que aunado a los trabajos de seguridad de la Policía del Estado, la Policía Federal y ahora el Ejército también hay un grupo de investigación antisecuestros apoyado por efectivos de la Procuraduría de Michoacán, para localizar a los siete secuestrados.
Esta operación de búsqueda se da después de que los vecinos de este poblado se levantaron en armas para organizar una autodefensa, que se mantiene de manera discreta vigilando desde algunos cerros y cerca del poblado, pero no dentro donde hay policías estatales.

El acuerdo es coordinarse con la PF y el Ejército, no replegarse, dice la Tecampanera

 

La Policía Comunitaria Tecampanera informó que ayer a Teloloapan no habían llegado los policías federales que se anunciaron, y reiteraron su postura de no dejar las armas ni su movimiento porque sería un “suicidio” para ellos.
En declaraciones por teléfono la tarde de ayer uno de los fundadores y coordinadores del movimiento de autodefensa de Teloloapan, que pidió el anonimato, dijo que uno de los acuerdos a los que se llegó con el gobierno estatal en la reunión del viernes es trabajar en coordinación con la Policía Federal, y que los agentes federales se pondrían a disposición del pueblo, pero no habían llegado a esa cabecera municipal.
Agregó que otro de los acuerdos es colaborar para capturar a los integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana, a quienes responsabilizan del secuestro y asesinato de tres herreros, así como de los asesinatos, levantones y extorsiones ocurridos en la zona.
Reiteró que no dejarán las armas ni su movimiento como lo ha pedido el gobierno, “no dejaremos las armas, porque dejar las armas sería como un suicidio para nosotros. Tenemos que defender a nuestras familias y a nuestro pueblo porque esos criminales no perdonan”.
Otro de los comunitarios al que se consultó por separado dijo que pedirán que la Base de Operaciones Mixtas (BOM) incluya a la Policía Federal, vayan a las comunidades de Totoltepec, Alahuixtlán y La Magdalena como lo han solicitado, ya que esa zona es ocupada por delincuentes para moverse entre la región Tierra Caliente, la zona Norte y el Estado de México.
Ante la condición que pone el gobierno estatal de que se replieguen y dejen las armas para que llegue la Policía Federal y las Bases de Operaciones Mixtas advirtió, “pues entonces no van a llegar porque la comunitaria no se va a disolver ni a replegarse, porque eso implicaría que toda la ciudadanía estaría de nuevo desprotegida contra los delincuentes”.
Dijo que el acuerdo es trabajar de manera coordinada con el Ejército, la Policía Federal y la Estatal, “o le seguimos nosotros nada más como hasta ahora”.

Plagian hombres armados a una adolescente el sábado en San Miguel Las Palmas, Huitzuco

Hombres armados irrumpieron la mañana del sábado pasado en una vivienda de la comunidad indígena de San Miguel las Palmas, municipio de Huitzuco, ahí privaron de la libertad a una adolescente de 16 años, denunciaron ayer sus familiares ante autoridades ministeriales.
Apenas el lunes, en hechos diferentes, hombres armados con vestimenta negra y cubiertos del rostro privaron de la libertad a un joven de 20 años dedicado a la compra y venta de pollo, al joven empresario lo interceptaron en su camioneta en el entronque de la comunidad de Quetzalapa, municipio de Huitzuco, con la Autopista del Sol, y del que hasta ayer se desconocía de su paradero. Los hombres armados dejaron libre a un acompañante del joven.
Según fuentes policiacas, la mañana de ayer vecinos de San Miguel las Palmas denunciaron ante la agencia del Ministerio Público (MP) la privación de libertad de la joven de 16 años.
Sus familiares dieron a conocer a las autoridades que cerca de las 9 de la mañana un grupo de hombres que portaban armas largas irrumpieron por la fuerza a una precaria vivienda de la comunidad indígena y se llevaron a la joven, posteriormente huyeron en una camioneta sin que nadie intentara detenerlos.
Los familiares dieron a conocer que no habían denunciado por temor a represalias de los pistoleros, y estaban en espera de que les llamaran para solicitar algún tipo de rescate por su liberación, pero hasta la tarde de ayer a cinco días de los hechos no tenían información del paradero de la joven, por lo que pidieron la intervención de las autoridades.

Atribuyen seis de cada 10 homicidios y los secuestros masivos en Tierra Caliente a Los Tequileros

 

 

En Tierra Caliente, seis de cada 10 homicidios de este año son atribuidos al grupo criminal Los Tequileros, que mantienen una lucha por la zona entre Arcelia y Ajuchitlán y tienen bajo control el municipio de San Miguel Totolapan.
El gobierno federal desde el año 2014 oficializó que en esta región del estado operan grupos criminales que se distribuyeron el territorio. En una parte de Zirándaro están Los Caballeros Templarios y en otra el cártel de Jalisco.
A Pungarabato, Cutzamala y Coyuca de Catalán lo controlan los Templarios. La familia Michoacana controla Tlalchapa, Arcelia, Tlapehuala y Ajuchitlán y hay una tregua entre estos grupos.
Pero en San Miguel Totolapan se formó un grupo criminal independiente, Los Tequileros.
En 2013 recrudeció la violencia en el municipio de San Miguel Totolapan, pueblos enteros fueron desplazados por los criminales, 16 comunidades quedaron abandonadas. Algunas familias pidieron apoyo del gobierno, otras huyeron a casa de sus familiares y no regresaron.
La disputa el territorio y la ruta de San Miguel Totolapan que conecta con la Costa Grande incrementó la cantidad de pueblos desplazados.
Raibel Jacobo de Almonte era el sicario encargado de la plaza, es apodado El Tequilero por su gusto por el tequila y su apodo le dio nombre al grupo criminal que formó. Era el responsable de la plaza de San Miguel Totolapan de La Familia Michoacana y trabajaba para Jonny Hurtado Olascoaga, El Pez. Una diferencia por el cobro de secuestros provocó la división, según fuentes militares.
En enero del 2016 el Ejército emitió un reporte oficial en el que ubicaban a Raibel en la comunidad La Gavia como su pueblo sede. Desde esa fecha hasta 2016 en La Gavia han muerto en enfrentamiento dos militares, tres policías municipales y se han dado por lo menos ocho enfrentamientos sin que lo puedan detener.
Según informes del departamento de seguridad pública, El Tequilero comenzó controlando la cabecera municipal de San Miguel Totolapan y algunas poblaciones rurales en la frontera del río Balsas. En el 2016 su poder se extendió a poblaciones de los municipios de Ajuchitlán, Tlapehuala y Arcelia.
El motivo del crecimiento lo atribuyen al cobro de extorsiones y secuestros. Tanto a negocios, empresas constructoras y los secuestros masivos. También le atribuyen cobros de cuota a empleados municipales.
En 2015 apareció en un video bebiendo alcohol con el alcalde Juan Mendoza Acosta, quien posteriormente dijo que había sido amenazado.
Mantiene una constante lucha territorial contra La Familia Michoacana, quienes controlan los municipios de Arcelia, Ajuchitlán y Tlapehuala en Tierra Caliente. El poder de, El Pez, considerado uno de los líderes más fuertes del grupo que controlan parte del Estado de México, se ha visto amenazado por las incursiones de la célula de El Tequilero a su territorio.
En el otro extremo, del lado de la sierra, mantiene una disputa con grupos que ingresan de la costa y de la región Norte, principalmente con Guerreros Unidos.

Los homicidios y secuestros más relevantes

Al grupo de Los Tequileros se les atribuye el homicidio del sacerdote de San Miguel Totolapan ocurrido en el 2014. El del Padre Goyo de Altamirano en diciembre de ese año. El de un regidor y un funcionario del Ayuntamiento de Ajuchitlán del 2015.
También en enero secuestraron a 23 personas en Arcelia. Dos aparecieron muertas y a las otras las liberaron.
También en enero secuestraron a cinco maestros de la secundaria de Santana del Águila municipio de Ajuchitlán, muy cerca de San Miguel Totolapan. Uno de los maestros murió en el cautiverio.
En septiembre en  Temixco, Arcelia, secuestraron a ocho trabajadores de la mina, de los cuales uno apareció muerto y los otros fueron liberados. En todos los casos los familiares pagaron un rescate.
A finales de junio en San Cristóbal municipio de Ajuchitlán, cerca de la cabecera pero del otro lado del río Balsas, secuestraron a 10 personas.
Ahora el gobierno estatal acusa a ese grupo del secuestro de 10 personas de San Jerónimo el Grande municipio de Ajuchitlán, de los cuales tres ya fueron liberados y de siete más no se conoce su paradero.
En este año fueron detenidos sólo dos de sus subalternos, además de dos policías municipales a quienes señalaron como parte del mismo grupo.

Preocupa a vecinos de Tlapehuala una posible irrupción de Los Tequileros, dice un regidor

El regidor del migrante de Tlapehuala, David Calderón Orozco dijo que a los vecinos les preocupa la irrupción del grupo criminal Los Tequileros en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, porque es una localidad muy cercana a su cabecera municipal.
En conferencia de prensa el regidor perredista consideró que el secuestro masivo de 10 vecinos y el surgimiento de una autodefensa ocurridos en San Jerónimo afectan más a Tlapehuala que a Ajuchitlán.
“Estamos estrechamente ligados porque es una comunidad muy cercana a nosotros, y puedo asegurar que ellos tienen más acercamiento comercial con Tlapehuala que con Ajuchitlán y me parece que aquí vienen a comprar, a consumir y a surtirse. Esto sin duda nos pega más a nosotros que a ellos”, expuso.
Afirmó que “hay una sicosis general”, “aquí hay mucho temor de que lleguen Los Tequileros porque al llegar a San Jerónimo la gente siente que ya están muy cerca y hay temor de salir a las calles en las noches”.
“Lo de Teloloapan, lo de Arcelia nos ha pegado, pero lo de San Jerónimo afecta mucho porque Tlapehuala es como un crucero, y le tememos a que llegue algún grupo y altere esto”, indicó.
Dijo que espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y pacifiquen esa zona.

Si hay deportaciones masivas con Trump la delincuencia podría tentar a los que regresen, advierte

También dijo que estará al pendiente en su municipio para apoyar a los 9 mil migrantes de ese municipio con documentación, considerando que podrían tener problemas al entrar el gobierno de Donald Trump.
“Si de verdad nos deportan de golpe a la mayoría no quiero pensar lo que pasaría, porque qué les vamos a ofrecer, no tenemos empleos, no tenemos industria, lo que me preocupa es que sean tentados por los grupos criminales”, expresó el regidor.
“Estamos preocupados porque requerimos de una postura del gobierno del Estado y de nuestros diputados para que establezcan una estrategia, porque Tierra Caliente es la región que aporta más migrantes de Guerrero”, agregó.
“Yo escuchaba a Héctor Astudillo (el gobernador), un discurso hueco, que va a ir a Chicago, que va a Texas, yo lo que veo es que si nos regresan a 20 mil a Guerrero no tenemos qué ofrecerles, no hay un plan para recibirlos y darles empleo, proyectos para el campo, una forma de vida”, advirtió.
“Trump dijo que se van primero los criminales, entonces al llegar aquí y al no haber empleo, no haber oportunidades, se verían tentados por la delincuencia, por eso tenemos inseguridad, por la falta de oportunidades”, expuso.
Agregó que  “tenemos que exigirle a Isidro Duarte Cabrera a Saúl Beltrán Orozco diputados locales y a Silvia Rivera Carbajal como diputada federal que hagan un pronunciamiento conjunto a favor de nuestros migrantes“.
David Calderón consideró que el Congreso de la Unión aprueba un fondo para los migrantes, “nos anunciaron que se incrementó a 57 municipios, y este apoyo es principalmente para los deportados, y este apoyo es importante, yo le pido a los amigos migrantes que ya están de regreso o a sus familias que se acerquen a sus ayuntamientos”.

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.

Liberan al hijo del secretario técnico de la UAG, informan fuentes de la institución

El estudiante de Aeronáutica, hijo del secretario técnico de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Rubén Quintana Rosas, fue liberado ayer según fuentes de esa institución.
El joven desapareció el jueves cuando viajaba de Querétaro a Acapulco. Ayer se informó entre la comunidad universitaria que fue liberado pero no se precisó si se pagó un rescate.
El domingo en la tarde Quintana Rosas puso una foto de su hijo en su perfil de Facebook con el siguiente mensaje: “Si lo han visto se los encargo. Es mi hijo y estamos preocupados por él. Se llama Ángel Jair”.
Ese día el rector del UAG, Javier Saldaña Almazán confirmó la noticia y sostuvo que “es algo que sí sentimos mucho, que nos lastima mucho y nos preocupa”.

 

 

Detienen federales a dos secuestradores y liberan a una víctima en Nuevo Puerto Marqués

 

Una víctima de secuestro liberada y dos hombres detenidos fue el resultado de una operación de policías federales en la colonia Nuevo Puerto Marqués.
Asimismo en dos acciones distintas, policías federales arrestaron a otros tres hombres en posesión de un arma, equipo táctico y drogas.
De acuerdo con el informe de la corporación, la primera operación ocurrió en la colonia Nuevo Puerto Marqués, donde los agentes fueron notificados por una persona que había escapado de un predio donde dos hombres la tenían oculta tras haberla privado de la libertad.
Los federales se trasladaron afuera de una vivienda y encontraron a dos hombres armados resguardando, mismos que fueron desarmados y detenidos.
Los dos detenidos son Jorge Daniel Oliva Memije y Oscar Hernández Velazco, a quienes se les aseguraron armas, cartuchos útiles, dosis de drogas y un teléfono celular, además de que manifestaron pertenecer a un grupo delictivo que opera en colonias de Acapulco.
La segunda operación ocurrió en la colonia La Cima, donde los policías aprehendieron a Álvaro Roberto Aguilar Nicolás y Benjamín Ojeda Montes, de 40 y 41 años de edad.
Según el informe policiaco, Benjamín Ojeda Montes es presunto responsable de haber desmembrado los cuerpos de dos personas, el pasado 29 de marzo y el 2 de abril del presente año.
A los detenidos se les aseguraron un arma larga calibre .223 milímetros, dos chalecos balísticos, un paquete confeccionado en cinta plástica que contenía cuatro kilos de mariguana, además de bolsas con semillas de la misma planta, 76 dosis de cocaína en piedra y dos bolsas con cocaína.
Los dos hombres manifestaron pertenecer a un grupo delictivo que además de operar en Acapulco, realizar actividades ilícitas en diferentes regiones del país, y mencionaron estar implicados en el homicidio de una pareja el pasado 31 de marzo.
La tercera acción ocurrió en la colonia Morelos, donde fue detenido un hombre que intimidaba a los transeúntes con un arma de fuego.
El detenido fue identificado como Ernesto Silva Neri, de 32 años de edad, y le fue asegurada un pistola calibre .9 milímetros, además de una mochila con un paquete con más de siete kilogramos de mariguana.