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Sacan a comerciantes del mercado de San Luis Acatlán; el Ayuntamiento debe dos meses de renta

Comerciantes del mercado de San Luis Acatlán fueron sacados del predio alterno que ocupan porque el Ayuntamiento no ha pagado dos meses de renta, y denunciaron que el mercado municipal tiene un año en construcción y no fue terminado por el anterior alcalde priista Alejandro Contreras.
El comerciante Daniel Méndez de Jesús, por teléfono denunció que el problema es un asunto político entre el presidente municipal de Movimiento Ciudadano, Javier Vázquez García, y la dueña del predio Lourdes Rivera Luna quien en las elecciones del 7 de junio apoyó a otro candidato.
Méndez de Jesús explicó que a las 12 del día de ayer, el hijo de la propietaria, Marco Antonio Gracida Rivera expulsó a 20 locatarios que ocupan el espacio ubicado a tres cuadras del Palacio municipal, porque el Ayuntamiento no había cubierto la renta mensual de 7 mil pesos.
El comerciante indicó que el presidente municipal pidió a los dueños del predio documentos fiscales para pagarles, porque necesitan comprobar el dinero que se destina para la renta.
El comerciante dijo que ahora la dueña pide 15 mil pesos de renta por mes, “y ya es un asunto político”, expresó.
Por la tarde fueron recibidos por el alcalde, quien les explicó que el lunes abordaría el asunto del pago de la renta del predio en el cabildo para que los regidores sepan del caso. El comerciante dijo que el alcalde informó que la administración pasada no dejó documentos, como el convenio para el pago de la renta del predio.
Méndez de Jesús, indicó el acalde, envió a los comerciantes con el comandante de la Policía municipal para que pudieran entrar y rescatar los productos perecederos, como carnes, pero el funcionario respondió que no podía intervenir.

Protestan cetegistas en Chilpancingo y Acapulco contra la evaluación y la represión en Oaxaca

Unos 100 integrantes de la CETEG oficial, encabezados por el secretario general Ramos Reyes Guerrero, bloquearon 40 minutos el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas, Ruffo Figueroa y René Juárez Cisneros, en Chilpancingo, para repudiar los ataques a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca.
En Acapulco, por la tarde los dirigentes de la CETEG opositora, en conferencia de prensa recriminaron los actos de los policías enviados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para reprimir las protestas contra la evaluación docente, y anunciaron su plan de acción paralela a la de la CETEG oficial, que contempla la movilización de maestros a la sede alterna del examen.
La protesta fue de las 12:20 a la 1 de la tarde. Los maestros, que portaban lonas y mantas con mensajes en contra de la reforma educativa y la evaluación del servicio profesional docente, se instalaron sobre las avenidas e informaron que el Estado le sigue apostando a la represión a los trabajadores que se oponen a la ley que atenta contra sus derechos laborales.
En el bloqueo, Ramos Reyes declaró que la CETEG se preparará para rechazar la evaluación en el estado, y condenó los ataques a los maestros en Oaxaca, que ponen en alerta al magisterio disidente, pues podría ocurrir una situación similar en Acapulco, donde se aplicará el examen el 3 de diciembre.
Al concluir el bloqueo, los maestros se trasladaron al edificio de la CETEG, ubicado frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), donde se llevó a cabo la Asamblea Estatal Representativa, a la que asistieron 190 representantes de las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Norte.
La asamblea, que inició cerca de la 1 de la tarde y concluyó a las 5, fue para organizar la jornada de lucha contra la evaluación que iniciará el 2 de diciembre con una marcha en la capital, se acordó instalar la Asamblea Estatal Representativa permanente, luego de la primera protesta, para determinar las acciones que se llevarán a cabo en Acapulco.
De acuerdo con la CETEG oficial, por acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, los maestros evitarán confrontarse con la Policía Estatal y la Policía Federal, que resguardarán las sedes donde se aplicará el examen.
Fuentes de la CETEG informaron que durante la asamblea se discutió la situación de Oaxaca, en donde los integrantes de la sección 22 de la CNTE aseguraron que fueron infiltrados enviados del gobierno quienes iniciaron la agresión; sin embargo, en Guerrero se vigilarán todas las actividades para evitar una confrontación con los policías.

Preparan protesta para sede alterna a Acapulco del examen

Representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) opositora, informaron que el 2 de diciembre iniciarán las acciones contra la evaluación que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 3 al 6 de diciembre.
Las acciones serán paralelas a las de la CETEG oficial de Ramos Reyes Guerrero. En conferencia de prensa a las 5:40 de la tarde en las oficinas de la delegación de servicios escolares Acapulco-Coyuca de Benítez, los representantes de las regiones Centro, Antonia Morales; Acapulco, Walter Emanuel Añorve; Costa Grande, Manuel Salvador Rosas; Costa Chica, Pastor Mojica; Tierra Caliente, Jesús Rivera Bailón; y Norte, Arturo Nava Torres.
Los maestros llamaron a sus compañeros a unirse a las protestas y a la manifestación masiva en la delegación de servicios escolares de Acapulco a partir del 2 de diciembre, para iniciar la jornada de lucha. Además, indicaron que los maestros de la CETEG de las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente se movilizarán a la ciudad alterna donde se aplicaría la evaluación, si no fuera en Acapulco.
Los dirigentes reiteraron que no están contra la evaluación, sino contra las sanciones que aplica el gobierno, y reiteraron el llamado a una evaluación formadora de maestros.
Llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a organizaciones no gubernamentales a estar atentos a lo que ocurra en el estado con la llegada de policías federales, como se hizo en Oaxaca, donde las protestas fueron reprimidas.
Los dirigentes recriminaron y lamentaron los actos de represión contra sus compañeros de Oaxaca. Acusaron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores del despilfarro de dinero que se gastará en el hospedaje de los maestros en el Hotel Resort Mundo Imperial.
Señalaron que ese dinero se puede ocupar en infraestructura de las escuelas donde hay muchas necesidades. Los cetegistas indicaron que los maestros que no acudan a la evaluación no podrán ser despedidos porque la ley no es retroactiva; sin embargo, si aceptan la evaluación, la nueva ley sancionadora será aplicable, pero sostuvieron que no permitirán que el gobierno despida a maestros.
Insistieron en que la ley los amparará y que está a favor de los trabajadores, y en que a nivel nacional la CNTE ya prepara una estrategia legal para enfrentar al gobierno.

Denuncian padres de familia de una primaria de Cochoapa el Grande fraude de un ex maestro

 

Padres de familia de la primaria bilingüe Yucu Sami, ubicada en Yuvi Chonuhu, municipio de Cochoapa el Grande, denunciaron que la escuela está cerrada desde agosto porque el maestro Félix Rivera Chávez desvió recursos del programa de Escuelas de Calidad y sólo acudió al inicio del ciclo escolar para el proceso de inscripción.
En una visita a la redacción de El Sur, los padres de familia, representados por la presidente del comité Marcelina Ignacio Castro, y el secretario José Ignacio Castro, informaron que la escuela quedó a la mitad del proceso de restauración, por lo que los directivos suspendieron las clases desde agosto.
De acuerdo con los padres de familia, Félix Rivera Chávez no tiene ningún cargo en la escuela, pero asumió la responsabilidad de recibir los recursos del programa de Escuelas de Calidad y le dijo al comité que las autoridades destinaron 416 mil pesos para la restauración de las instalaciones, a pesar de que el programa establece que el apoyo económico es de 500 mil pesos.
Según los padres, Rivera Chávez también desvió los recursos del programa de Escuelas de Tiempo Completo en complicidad con el supervisor de la zona escolar 35, Arturo Victoriano Castorena.
Los padres de familia señalaron que el director, de quien no precisaron su nombre, no intervino para solucionar la falta de recursos para la restauración de las instalaciones, y tampoco para que las clases se vieran afectadas.
El 9 de octubre se le informó a los padres de familia que Félix Rivera Chávez sería enviado a otra escuela y que otro maestro lo sustituiría, pero no se le investigó por el presunto desvío de recursos, lo que consideran una irresponsabilidad de las autoridades, y tampoco llegó el profesor que se anunció.
Los padres de familia reprocharon que Rivera Chávez no les explicó en qué se gastaron los recursos que se destinaron a la escuela y que el maestro maltrataba verbalmente a los alumnos, a quienes les decía que eran “pendejos” cuando se les dificultaba aprender alguna lección.
La primaria bilingüe Yucu Sami es la única que hay en Yuvi Chonuhu; la comunidad está a una hora y media de viaje desde la cabecera municipal de Cochoapa, ahí se habla tun savi y carece de comunicación telefónica, por lo que los padres de familia tuvieron que trasladarse a la capital para exigir que se regularicen las clases en la escuela, o cambiarán a sus hijos de institución, la más cercana se encuentra a media hora de distancia a pie, en Calpanapa.
Los padres de familia fueron recibidos el viernes por el director de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Silvio Molina Ruiz, quien les dijo que se atenderá el problema en la escuela, “cuando sea posible”, pues la dependencia carece de recursos para enviar a alguien a investigar la situación en la comunidad.
Por último, los padres de familia llamaron al secretario de Educación del estado, José Luis González de la Vega Otero, para que atienda el problema en la primaria bilingüe Yucu Sami, y que la educación de sus hijos no sea afectada.

Sepultan entre música y dolor a los cuatro comunitarios asesinados por sicarios en Tixtla

Los cuatro policías comunitarios de 23, 25, 32 y 40 años de edad, pertenecientes a la Casa de Justicia La Patria Es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, fueron llevados al camposanto con música de viento y guitarras.
La CRAC pidió a reporteros evitar fotografías del cortejo y de los policías comunitarios que han dado su servicio con el rostro cubierto el último año, para evitar más detenciones de sus integrantes, como ocurre desde las aprehensiones de los principales líderes en 2013.
Pronto se supo que entre los fallecidos estaban dos comandantes que dirigían la logística de la seguridad, y dos jóvenes recién incorporados.
Después de la emboscada a los policías comunitarios, este jueves volvieron a la ciudad dos retenes de la Fuerza Estatal, que se habían retirado luego de la persecución en contra de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 11 de noviembre, en la carretera de cuota Tixtla-Tierras Prietas.
Aquel retiro de la fuerza estatal de la cabecera municipal, según las versiones, se debió a que el retén que se encontraba cerca de la caseta de cobro les bloqueo el paso a los estudiantes, lo que provocó enojo en algunos vecinos.
La Policía del Estado sólo mantuvo permanente un retén con equipo antimotín en El Puente de El molino, en la carretera vieja a Chilpancingo, pero que desde la agresión a los comunitarios ya no está en ese lugar. Se advirtió que por esa vía entraron a Tixtla y huyeron a Chilpancingo los sicarios que emboscaron a los comunitarios.
A las 9 de la mañana, tres ataúdes fueron escoltados por unos 200 vecinos a una misa en la iglesia de la Natividad, en el barrio de El Santuario, luego de una hora, los cuerpos de dos policías comunitarios fueron llevados por la avenida principal al panteón viejo, y otro al cementerio de la Villita. Por la tarde se enterraría el último de los fallecidos. No hubo reporteros cerca para evitar la divulgación de los nombres de los policías asesinados por seguridad.
Algunas familias salieron a las calles a ver, como homenaje, el paso de los fallecidos, que al frente eran cubiertos con la fragancia de copal, seguidos por dos guitarristas y al fondo por una banda de música de viento.

Inicia la Fiscalía una averiguación del asesinato de los cuatro comunitarios de Tixtla, informa

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la averiguación previa AV/PREV/SC/333/2015, del asesinato de los cuatro policías comunitarios de la Casa de Justica La Patria Es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla.
De acuerdo con un boletín de prensa de la dependencia, ésta inició la investigación de la agresión a siete policías comunitarios en la que murieron cuatro de ellos.
El jueves, a las 2:20 de la tarde, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, de CRAC del barrio de El Fortín en Tixtla, cuando patrullaban esta ciudad. Los atacantes huyeron en unas 10 camionetas.

Suman 174 asesinatos en Guerrero en el primer mes del gobierno de Héctor Astudillo

Al cumplir un mes de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores han ocurrido 174 asesinatos en el estado.
De acuerdo con un recuento del periódico El Sur, los municipios en los que han ocurrido más asesinatos son Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Leonardo Bravo (Chichihualco), Cuajinicuilapa y Tixtla.
Asimismo, ha habido asesinatos en San Miguel Teloloapan, San Miguel Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coyuca de Benítez, Zumpango, Tepecoacuilco, Atenango, Ayutla, Zitlala, Quechultenango, Coyuca de Catalán, Huitzuco, Copala y Pungarabato.
La violencia en Guerrero se ha recrudecido contra mujeres, niños y adolescentes, activistas y familiares de policías, abogados, choferes, maestros, estudiantes y ex policías, así como contra policías comunitarios.
Al iniciar la administración de Astudillo Flores, en conferencia de prensa en Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció una nueva estrategia de seguridad para Guerrero, que sería coordinada por el comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El 4 de noviembre, el comisario de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Joaquín Romero Ríos, y su secretario Víctor González Luna fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería Puentecillas-Polixtepec.
Después, el viernes 6 de noviembre, en la comunidad de Polixtepec hubo una balacera de siete horas que dejó heridos a siete policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y tres muertos del crimen organizado que opera en la zona.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y armamento de grueso calibre en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo. Tras esta acción, 15 policías ciudadanos estaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto; otro continúa desaparecido.
La medianoche del domingo, hombres armados irrumpieron en Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos, entre estos una mujer. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja y padre de las víctimas.
El 10 de noviembre, hombres armados asesinaron a 12 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, y dejaron heridas a cinco en un ataque a balazos a un taller mecánico que fue habilitado para peleas de gallos clandestinas en Cuajinicuilapa.
Asimismo, ese día en la comunidad de Tetitlán de Limas, municipio de Chilapa, tres hombres, una niña, un niño y una mujer fueron asesinados en una incursión de civiles armados; cinco víctimas eran familiares del ex secretario de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto González.
La madrugada del miércoles cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público cerca de la comunidad de Atzacoaloya.
El jueves de esta semana, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, del barrio de El Fortín, de Tixtla.
El martes, al asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de las Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, en su discurso, el gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que debe cambiar la situación de violencia que se vive en el estado y que incluso hablará, “con el propio presidente de la República (Enrique Peña Nieto), o con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para decirles lo delicado de la situación de Guerrero y lo importante y oportuna que debe ser su intervención nuevamente en Guerrero”.

“Nos dio duro, pero no nos destruyó”, dice Gonzalo Molina del asesinato de cuatro comunitarios de Tixtla

 

“Sí nos golpeó, y nos dio duro, pero no nos destruyó”, dijo desde el penal de Chilpancingo el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, sobre la emboscada a policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, donde cuatro de ellos fueron asesinados por sicarios.
Denunció que la agresión fue ordenada por el Estado para detener el avance de la organización, representa una declaración de Guerra contra el pueblo. Llamó a las comunidades a no votar en la elección extraordinaria de este domingo y a continuar el proceso para constituir un Concejo Popular Municipal como alternativa de gobierno.
El luchador social, detenido desde noviembre de 2013, confirmó que entre los asesinados en la emboscada en el barrio de El Fortín, sede la institución, están dos comandantes, figuras visibles de las operaciones de seguridad, pero la estructura que constituye la Asamblea, órgano de decisión y coordinación, continúa intacta.
Añadió que, por esa razón los nombres de los consejeros y comandantes regionales se manejan con discreción, para evitar que sean golpeados por el Estado.
Molina González recordó que en 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, personas sometidas a procesos de educación por vínculos con la delincuencia organizada, revelaron la relación con autoridades de gobierno.
Cuando hacía detenciones la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), creada ese mismo año, los policías ministeriales o soldados se los llevaban para liberarlos, “esas denuncias nos costaron la libertad”, dijo en referencia a las detenciones de los líderes más visibles de El Paraíso, Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera y Bernardino García Francisco, entre otros policías comunitarios.
El contubernio entre gobierno y delincuencia organizada quedó evidenciado en los crímenes del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en la violencia en el ejido de Carrizalillo y los eventos de este jueves en El fortín, aseguró.
Insistió en que la muerte es una estrategia para golpear a los sectores organizados, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), que suma dos muertos este año, la Normal Rural de Ayotzinapa, agredida en Iguala, y la CRAC.
“Vemos una guerra declarada contra el pueblo de Guerrero y de México, antes lo hacían (las agresiones) a través de los cuerpos de seguridad”, dijo y como muestra señaló las masacres de Aguas Blancas en Coyuca de Benitez, y de El Charco en Ayutla; “ahora utilizan a la delincuencia organizada para agredir”, precisó.
Debido al retiro de un retén policiaco permanente en Tixtla antes de la elección ordinaria del 7 de junio, previo a la agresión, denunció que si el gobierno del estado hubiera querido evitar o detener a los perpetradores lo habría hecho, “estaba en sus posibilidades intervenir y no hizo nada”.
Estimó que no fue casual que la agresión a la CRAC, con sede en Tixtla, haya ocurrido exactamente a 14 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, “el Estado pretende crear terror entre la población para desmovilizar a nuestro pueblo”.
Convocó a la CRAC a seguir adelante y a seguir el ejemplo del general Vicente Guerrero Saldaña, que nunca claudicó en su lucha, aunque a veces parecía quedar solo. También llamó a los ciudadanos a que apoyen de alguna manera el proyecto comunitario en todas sus vertientes, producción, salud, educación, y apoyar a los grupos de seguridad.
A los familiares de las víctimas asesinadas en el cumplimiento de su deber, expresó su respeto por esta adversidad, señaló que “la sangre derramada servirá de alimento a otros corazones”.

Instala el Ejército un módulo de canje de armas en Iguala; ofrece 5 mil 500 pesos por AK-47

En menos de dos meses 25 personas han sido ejecutadas en Iguala, una de ellas menor de edad, y 11 han resultado heridas en diferentes ataques, ante lo que ayer y hasta el 1 de diciembre, soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en esta ciudad instalaron un módulo de canje y registro de armas de fuego en la plaza central del Palacio Municipal.
El módulo de canje y registro de armas, permanecerá hasta el 1 de diciembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
En declaraciones un mando del Ejército, encargado del módulo, quien omitió su nombre, dio a conocer que el canje de armas, municiones o granadas útiles y no útiles, se hará en especie, con productos que aportará el Ayuntamiento o en efectivo, desde 500 pesos hasta 2 mil 500 en armas cortas, y hasta 5 mil 500 por rifles calibre 7.62 como AK-47 o G3 según el armamento y sus condiciones de utilidad, mientras que por las municiones entre un peso, en caso de que sean de uso exclusivo del Ejército, y 50 centavos los calibre .22.
Por las granadas ofrecen de 500 pesos hasta dos mil 500 por las que están cargadas.
El mando del Ejército dijo que el canje de armas y municiones es para disminuir los índices de violencia y de inseguridad en el municipio, así como los riesgos o incidentes dentro de los hogares.
Comentó que a las personas que llevan a canjear sus armas o municiones no se les realiza ninguna investigación, y la información recabada es completamente anónima y confidencial.
Del registro de armas aseguró que sólo son las de uso permitido que son de bajo calibre como .22 milímetros y hasta 38 especial.
Hasta las 2 de la tarde de ayer al menos seis armas ya habían sido llevadas al módulo para su canje en efectivo: tres calibre 380, dos 38 especial y un rifle calibre 30-30, las armas fueron destruidas en el mismo lugar con una cortadora eléctrica.
El entrevistado omitió hacer declaraciones en relación con la escalada de violencia en las últimas semanas en el municipio.

Ataques como el de Tixtla dejan a los ciudadanos en la indefensión, dicen organizaciones de Atoyac

 

Las organizaciones sociales quedan vulnerables ante los hechos de violencia que se están acentuando en la entidad, denunciaron organizaciones sociales en Atoyac, que lamentaron el asesinato de cuatro policías comunitarios de Tixtla.
La vocera de la coalición que incluye a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México (Afadem), del Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Coalición de Ejidos, Raíz Zubia y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Clemencia Guevara Tejedor, perteneciente a esta última organización, dijo que es preocupante la manera en que se está dejando a la ciudadanía en la indefensión, ante los ataques de los grupos de la delincuencia organizada.
Puntualizó que son los mismos políticos los que están encubriendo a los brazos armados de la delincuencia y se está dejando en la indefensión a los que critican y denuncian, como son las organizaciones sociales.
“En este caso fue en Tixtla, que fue la principal ciudad que se opuso a las elecciones en la pasada contienda electoral, donde se estaba creando el poder popular con la Asamblea Popular y el boicot que se hizo a las elecciones”, dijo.
Guevara Tejedor señalo que antes eran paramilitares los agresores del movimiento social, “hoy vemos que el brazo ejecutor del Estado ahora es la delincuencia organizada que está sembrando el terror, el miedo en el estado, por no hablar en el país, esto se está generalizando, la gota que derramó el vaso fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Dijo que reprueban los hechos violentos en Tixtla, donde han querido quitarse el yugo que el Estado a puesto, “ahí vemos como los reprimen, están satanizando a los luchadores sociales como si fuéramos delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes están protegidos por el mismo sistema de los tres gobierno y eso sí es preocupante; nos lástima que en Tixtla se estén dando estos hechos a unos días de que sea la elección”.
Cuestiona que, “casualmente”, donde se estaban dando alternativas fueron abatidos a balazos los policías comunitarios que, “no están muertos, seguirán vivos en los que estamos en las calles exigiendo justicia”.
Preguntó de qué sirve que el gobernador Héctor Astudillo haya anunciado con “bombo y platillo el orden y la paz, ¿Esa es la paz? que cada rato se escuchan disparos en Chilpancingo, en Chilapa, Eduardo Neri, ya no es libre uno de salir”.
Acusó que la misma iglesia, en vez de llamar a los luchadores a reconstruir el tejido social, convoca a que se busque a los delincuentes.
Dijo que lo que se tiene que hacer es una reconstrucción, “pero de todos; nos declaran la guerra como si nosotros el movimiento social fuéramos los verdaderos culpables, cuando son ellos, el Estado, que no pone un orden”.
Señaló que se está dejando a la ciudadanía en la indefensión al encerrar a policías comunitarias como Gonzalo Molina, de la CRAC de Tixtla, y ahora el asesinato de los policías de la Casa de Justicia La Patria Es Primero.
Demandaron unidad y justicia ante los hechos violentos en la entidad, y anunciaron que marcharán el 2 de diciembre en Chilpancingo.
Reconoció que les da temor, pero seguirán de frente luchando contra sus enemigos, los políticos de los que han denunciado sus actos, “pero alguien tiene que dar la cara, los luchadores sociales siempre hemos defendido al pueblo y seguiremos, aunque hoy declaremos y quizás mañana ya no estemos, no sabemos quién seguirá”.

Permanecerá el plantón de los padres de los 43 en el DF hasta que los atienda la Segob, advierten

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos advirtieron que permanecerán en el plantón que instalaron el jueves en la avenida Reforma de la Ciudad de México hasta que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometa a dar a conocer el nombre del fiscal y del equipo técnico que retomará la investigación del caso.
En entrevista el abogado Vidulfo Rosales Sierra dijo que esta mañana el gobierno federal les informó que “funcionarios menores” de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, recibirían a los familiares de los estudiantes, pero la posición de ellos, “es que los reciba Osorio Chong aunque hay flexibilidad y consideran que lo más importante es que puedan iniciar los trabajos de investigación y búsqueda”, agregó.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comentó que ocho de los padres que se encuentran en el plantón tienen problemas respiratorios a consecuencia de las bajas temperaturas en la Ciudad de México y porque no tienen suficientes cobijas, pero “seguimos resistiendo”.
Añadió que “se ha complicado un poco con el gobierno, quieren que traslademos las carpas más hacia el parque (de Chapultepec) y entendemos que a cambio de ello nos pondrían los baños”, pero “la posición de los padres sigue igual”, pues “seguimos resistiendo y esperemos que estos días pueda haber otra postura del gobierno”.