El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, consideró que es “verdaderamente grave y considerable el desajuste” presupuestal que se plantea para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que solicitó 695 millones 543 mil pesos para el ejercicio fiscal 2024, pero que en la propuesta de presupuesto de egresos del Ejecutivo Estatal se plantean solamente 393 millones 120 mil pesos, es decir 302 millones menos.
Consultado por teléfono, el dirigente priista dijo que la reducción presupuestal al órgano electoral “ya se veía venir, ya hemos visto como retrasan la entrega de los recursos, ha sido muy notorio en todo este año”, por lo cual no les sorprendía esta decisión, porque incluso se han dado retrasos en la entrega de recursos en que son para operar y eso “es preocupante”.
Dijo que etiquetar un bajo presupuesto al órgano electoral “es una medida hasta antidemocrática, el reducirle en un proceso electoral”.
Consideró que con esta reducción “le están apostando a que el proceso electoral tenga suficientes deficiencias, para que pierda credibilidad y tengamos un proceso electoral demasiado complicado”.
Llamó a reflexionar tanto a los diputados de Morena, que son la primera minoría, y de los grupos parlamentarios del PRI y PRD, así como de las representaciones parlamentarias del PVEM, PAN y PT, “porque esta no es una situación de politizarlo, es una situación de necesidad, de que tenemos enfrente a un proceso electoral”.
Aseguró que se sabe “exactamente con transparencia dónde se gastan los recursos, para qué son, para qué sirven, a qué le abonan a la democracia en este estado, es verdaderamente grave y considerable el desajuste que le están haciendo a la propuesta de presupuesto”.
Informó que este martes se reunirán con los dirigentes del PRD y del PAN y que fijarán una postura en torno a este tema.
Respecto a la suspensión de actividades de manera temporal y hasta nuevo aviso en la Fiscalía Regional de Tierra Caliente que opera en Coyuca de Catalán, debido a la “situación de riesgo”, Alejandro Bravo opinó que esas acciones “sí nos están conduciendo a la ingobernabilidad”.
Dijo que “cada una de las autoridades responsables de garantizar justicia, seguridad, deben de asumir su papel, deben ya de empezar a dar resultados, es preocupante, por supuesto que es preocupante”.
A sus alcaldes en la región Tierra Caliente les pidió tener cuidado, “que tomen precauciones, no solamente los alcaldes, sino la ciudadanía en general”.
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, confió en que se logre un acuerdo entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el gobierno estatal para que se dé la ampliación presupuestal que necesita el órgano, y “no se ponga en riesgo el proceso electoral”.
El dirigente fue consultado después de que los integrantes del Consejo General del IEPC reasignaron 20 millones 808 mil 70 pesos para garantizar el pago de prerrogativas a los partidos políticos, los cuales ya estaban asignados, entre otros, al pago de aguinaldos, a la instalación y operación de los 28 Consejos Distritales Electorales (CDE), y de que se advirtió que hay una insuficiencia presupuestal.
Alejandro Bravo recordó que el IEPC había solicitado al Ejecutivo Estatal un presupuesto de 427 millones 962 mil pesos en el que se contemplaban los gastos del arranque del proceso electoral; sin embargo, el Congreso local sólo aprobó 285 millones 346 mil pesos.
Y que el órgano electoral confió en que, como se daba en otros gobiernos, se autorizaría una ampliación presupuestal para el último trimestre del año, ya que se trata del previo al de la elección, en el que inician los preparativos, en este caso se han solicitado 72 millones 747 mil pesos, pero la respuesta ha sido negativa.
El priista recordó que el IEPC ya advirtió que el no obtener la ampliación presupuestal “pondría en riesgo la propia operatividad del órgano electoral y obviamente todo lo que eso conlleva ante el proceso electoral”, como la instalación de los Consejos Distritales Electorales, en lo que se debe contratar “al personal que va a estar en esos consejos, la renta de los inmuebles, el mobiliario, todo eso es lo que se pondría en riesgo”.
El dirigente priista confió en que continúen las pláticas entre el IEPC y el gobierno del estado y se logre conseguir la ampliación presupuestal.
De lo señalado por el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD Alberto Catalán Bastida respecto a que podría haber responsabilidad del área administrativa del IEPC por la crisis que atraviesa el órgano, a partir de que realizó una asignación de los recursos previendo una ampliación presupuestal que aún no estaba autorizada. Al respecto Alejandro Bravo dijo: “desconozco qué vericuetos administrativos se hicieron”, por lo que no podría emitir una opinión al respecto.
El Consejo Político Nacional del PRI emitió acuerdos en los que se faculta a la dirigencia nacional del PRI a publicar las convocatorias para la definición de candidatos a senadores y diputados federales, quienes serán electos mediante el “procedimiento estatutario de Comisión para la Postulación de Candidaturas para las fórmulas de las entidades federativas” de propietario y suplente.
Los acuerdos se publicaron el pasado viernes 6 de octubre, en estrados electrónicos en la página de internet del PRI. Los documentos disponibles no incluyen la elección de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal.
Uno de los documentos publicados también es el acuerdo para que el CEN emita la convocatoria para elección del candidato/a a la presidencia de la República. Para este cargo “se aprueba como procedimiento estatutario el de Elección Directa en su modalidad de miembros y simpatizantes”.
En los acuerdos del Consejo Político Nacional del PRI se precisa que se debe dar cuenta a los presidentes de la Comisión para la Postulación de Candidaturas y la Comisión de Procesos Internos. Los acuerdos sobre los integrantes de las mismas también fueron publicados el pasado viernes.
La Comisión para la Postulación de Candidaturas está integrada por la diputada federal plurinominal Cristina Ruiz Sandoval como presidenta; como secretario, el diputado local de Puebla Néstor Camarillo Medina; como comisionados el senador Carlos Aceves del Olmo, la secretaria general de la Confederación Nacional Campesina, Leticia Barrera Maldonado, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Durango, Arturo Yáñez Cuéllar, la integrante de la Comisión Nacional de Ética Partidaria, Ofelia Socorro Jasso Nieto, y la diputada plurinominal Paloma Sánchez Ramos.
La Comisión de Procesos Internos la preside el diputado federal plurinominal Pablo Guillermo Angulo Briceño y como comisionados están el secretario de Organización, Estadística y Promoción Sindical, Pedro Alberto Salazar Muciño; los diputados federales plurinominal Laura Lorena Haro Ramírez, Hiram Hernández Zetina, Loreña Piñón Rivera; la diputada local plurinominal de la Ciudad de México Tania Nanette Larios Pérez; el diputado federal de mayoría relativa José Luis Garza Ochoa; la diputada local de Queretaro Abigail Arredondo Ramos; y otros tres integrantes de la Comisión para la Postulación de Candidaturas Cristina Ruiz, Arturo Yáñez y Ofelia Socorro Jasso.
Consultado por teléfono, sobre estos acuerdos, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Alejandro Bravo Abarca indicó que la Comisión para la Postulación de Candidaturas es una figura considerada en el estatuto. Explicó: “esta comisión va a tener las funcione de poder, junto con los otros partidos y las organizaciones de la sociedad civil, ver dónde están las y los mejor posicionados, los más competitivos para determinar las candidaturas”.
Agregó que va a crearse un grupo de trabajo con las comisiones de cada partido y las organizaciones sociales para con base en los estatutos de cada partido y respetando las acciones afirmativas definir cuál es el mecanismo para seleccionar a los aspirantes.
En el caso de la candidatura a la presidencia de la República, Bravo Abarca explicó que el PRI participó con PAN y PRD en el Frente Amplio Por México (FAM), donde se definió a la senadora del PAN Xóchitl Gálvez Ruiz como coordinadora del Frente, pero falta el proceso interno del PRI para definir a su candidatura, que es el trámite estatutario que cada partido debe cumplir.
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca; del PRD Alberto Catalán Bastida, y del PAN, Eloy Salmerón Díaz se reunieron en Acapulco para hablar de sus intenciones rumbo al 2024.
En una reunión privada en un restaurante de Acapulco, los dirigentes partidistas dieron diferentes versiones sobre lo que conversaron. En lo que coincidieron es en el interés de ir juntos en lo local para las elecciones del próximo año, pero aún no han definido en que modalidad irán en alianza ni en qué municipios o distritos van unir sus siglas.
El proceso electoral del próximo año empezó este 8 de septiembre. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ha fijado como plazo a los partidos que deseen ir aliados en los comicios de 2024, en alguna de las dos modalidades, candidatura común o coalición, deberán registrar a más tardar el 2 de enero de 2024 para las diputaciones locales y el 16 de enero de 2024 para los ayuntamientos.
El Instituto también ha especificado que los partidos podrán definir si su coalición es total, parcial o flexible, y en el caso de la candidatura común si es total o solo hasta el 33 por ciento de los cargos en disputa. Las precampañas a diputaciones locales durarán 40 días, del 2 de enero al 10 de febrero. Mientras que las precampañas a ayuntamientos serán de 26 días, del 16 de enero al 10 de febrero.
En declaraciones por teléfono, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo indicó que acordaron “analizar” distritos y municipios para que cuando lleguen los tiempos “tomar decisiones conjuntas para ir con candidatas y candidatos, es muy importante resaltar eso, candidatas y candidatos competitivos”.
Indicó que para definir las candidaturas podría ser mediante acuerdo o mediciones entre los aspirantes, pero de eso no se habló ayer.
Añadió que otro de los temas que conversaron es que irán en alianza donde la militancia así lo decida. “El acuerdo es caminar juntos hasta donde se pueda”.
Sobre cuál será la modalidad en la que van a ir en alianza en el estado, Alejandro Bravo dijo que todavía no se toma la decisión y será cuando lleguen los tiempos. Estimó que posiblemente ese acuerdo se pueda concretar en noviembre de este año.
Precisó que la importancia de la reunión es que las dirigencias de los tres partidos manifestaron su disposición a construir el frente amplio en Guerrero y que en lo que coinciden es que “no vamos a excluir a nadie que tenga legítimas aspiraciones”.
En declaraciones por teléfono, el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD Alberto Catalán, informó que en la reunión conversaron sobre hacer “un diagnóstico, un análisis” de los municipios y distritos en los que pueden participar los tres partidos y en que figura se podrá registrar la alianza entre los tres partidos.
“Fue para hacer un diagnóstico, un análisis de cómo podemos participar, qué distritos pudiéramos estar pensando postular cada uno de los partidos, empezar a revisar la figura bajo la cual vamos a poder integrar la alianza y hasta ahorita en esa dinámica, de empezar a construir”.
Agregó que la intención es que se pueda dar la coalición total entre los tres partidos en los 28 distritos locales y en los municipios debido a las particularidades de cada demarcación se buscaría. En algunos construir candidaturas comunes y en otros cada partido iría solo, estimó que para la próxima semana se podrá tener más claridad sobre en qué municipios van juntos o cuales solos.
De los criterios para definir candidaturas, se habló de que se debe respetar la presencia de cada partido en los municipios o regiones, pero también recurrirán a mecanismos de medición para saber que aspirante está mejor posicionado “y en base a eso poder tomar decisiones esperando que pueda haber un acuerdo político y un reconocimiento de lo que pesa políticamente cada partido”.
Indicó que el acuerdo entre PRI, PRD y PAN es que los candidatos que se postulen en la alianza serán aquellos que estén mejor posicionados.
También vía telefónica, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Eloy Salmeron informó que la reunión fue para dar seguimiento a los temas del Frente Amplio por México a nivel nacional, porque a nivel local todavía falta.
Salmeron Díaz destacó que entre los tres partidos hay disposición y diálogo para avanzar en el Frente a nivel local pero todavía no se ha concretado nada. “No se tocó nada de lo local, falta mucho para eso, son los primeros acercamientos”.
Dijo que la reunión fue para hablar de como apoyar en los trabajos, desde los partidos a la coordinadora del FAM, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.
Al PRI y el PRD el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) les adeuda las prerrogativas correspondientes al mes de septiembre, las cuales debió entregar el pasado 15 de septiembre.
Consultados por teléfono, los dirigentes del PRI Alejandro Bravo Abarca, y del PRD Alberto Catalán Bastida, coincidieron que el retraso del gobierno del estado en el pago afecta al Instituto y a la democracia.
El pasado martes, en redes sociales, el PRI mediante un comunicado solicitó al gobierno del estado “que libere los recursos que le corresponden al IEPC, que están etiquetados y contemplados en la Ley de egresos, que se cumpla con lo programado y se instruya al secretario de Finanzas (Raymundo Segura Estrada) a resolver esta situación que no sólo afecta a los partidos, sino a la democracia y a los cientos de familias que tienen en el salario del partido su único ingreso”.
Ayer, la dirigencia estatal PRD tambien difundió una postura en redes sociales a propósito de una reunión que tuvo con la presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama. “Acudimos esta mañana tras conocer el alarmante estado financiero que tiene paralizado al órgano electoral local. Y que pone en riesgo el proceso electoral de 2024 que ya ha dado inicio, al no existir garantías de seguridad y ahora tampoco presupuestarias”.
Catalán Bastida indicó que en la conversacion que tuvo con la presidente del IEPC, les informó que el caso de Guerrero no es aislado, sino hay otros 28 institutos electorales de las entidades que están en la misma situación.
Consideró que la retencion de recursos al IEPC es para tenerlo de rodillas al tener diezmado su presupuesto. Recordó que esto podría ser parte del plan que tenía el gobierno federal en su propuesta de reforma electoral de desaprecer los órganos electorales locales.
“Vemos una estrategia política que está buscando minar las actividades del propio Instituto y de los partidos políticos. Están violando la ley y lo vemos con mucha preocupación porque si a eso le sumamos los temas de violencia que se están presentando en el inicio del proceso electoral y ahora le sumamos este tema que tiene que ver con el recurso y la funcionalidad del propio Instituto, pues vemos una estrategia política orquestada desde el gobierno federal, estatal que repercute en los partidos políticos”.
El adeudo
Tanto PRI como PRD informaron que a ellos solo les adeudan las participaciones correspondientes a septiembre, pero los meses anteriores se les pagó con recursos del Instituto.
El dirigente del PRD indicó que el pago pendiente con ellos es de un millón 200 mil pesos, “pero eso no es lo grave, lo grave es que al Instituto no se le está entregando el recurso que está presupuestado para otras actividades.
Por separado el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Alejandro Bravo Abarca precisó que a su partido también se le adeuda lo correspondiente a septiembre que son aproximadamente 2.4 millones de pesos, menos impuestos.
Indico que los adeudos de junio, julio y agosto fueron saldados de las cuentas del Instituto pero dijo que esa situación no debe continuar porque afecta al órgano electoral.
También se buscó al dirigente estatal de Morena Jacinto González Varona, pero no se pudo hablar con él vía telefónica.
El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura dijo el pasado 2 de septiembre que el retraso en la entrega del financiamiento al IEPC se debe a los recortes por mil 160 millones de pesos que ha hecho el gobierno federal derivado de la disminución en la recaudación de impuestos federales participables.
Las diputadas y diputados locales Flor Añorve Ocampo, Yanelly Hernández Martínez, Jennifer García Lucerna, Bernardo Ortega Jiménez, Patricia Doroteo Calderón; la presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, Leticia Mosso Hernández; la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Yoloczin Domínguez Serna; los coordinadores parlamentarios del PRI, Héctor Apreza Patrón, del PAN, Ana Lenis Reséndiz Peñaloza, del PRD, Raymundo García Gutiérrez; Osvaldo Ríos Manrique, Carlos Cruz López y Joaquin Badillo Escamilla, montan una guardia de honor en el busto de José María Morelos y Pavón, en la entrada al Congreso Local por el 210 aniversario del Primer Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación Foto:?Jesús Eduardo Guerrero
Daniel Velázquez
El asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, Fernando García Fernández, es una amenaza para las autoridades responsables de la seguridad pública en la entidad, opinaron los dirigentes de los partidos políticos.
Consultados por teléfono y por separado, todos los dirigentes partidistas coincidieron en que se trata de un hecho “lamentable” y que lo sucedido deja en evidencia lo vulnerables que están los ciudadanos, pues fue asesinado un funcionario federal.
La mañana del martes, en Chilpancingo, afuera de su casa en la colonia Cipatli, fue ejecutado el delegado de la FGR Fernando García. La dependencia implica al grupo delictivo Los Ardillos por las acciones que se han ejecutado contra ese grupo.
La FGR debe dar resultados pronto: Morena
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González, opinó “es un ataque directo a las instituciones y si se debe actuar conforme a la ley, que se le aplique todo el peso de la ley a los responsables. La Fiscalía General de la República tiene que hacer una investigación clara, pronta, expedita y que no sea un caso más, imagínense se están metiendo ya con las autoridades encargadas de la aplicación de la justicia y eso ya puede estar dando un mensaje de que están retando ya a las autoridades”.
“Hay situaciones que se nos salen de control, que nadie está exento de ser atacado por las personas que se dedican a estos temas de la delincuencia organizada, es un hecho muy lamentable, y muy lamentable también que una persona que se dedique a la aplicación de la justicia no haya traído seguridad personal, eso lo pone en una situación muy vulnerable”.
A pregunta expresa sobre si ese crimen es una amenaza a las autoridades responsables de la seguridad en el estado, González Varona dijo: “no lo tomemos así, pero debería tomarlo con mucha delicadeza y responsabilidad la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero”.
Urge replantear la seguridad: PRI
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Alejandro Bravo consideró que el asesinato debe ser el detonante “para que las corporaciones responsables de garantizar la seguridad volteen a ver hacia esos focos que tenemos en diferentes partes del estado”.
“Me preocupa mucho porque si este tipo de hechos delictivos alcanzan ese nivel, habrá qué imaginarse lo indefensos que se encuentran los ciudadanos”.
A pregunta sobre si ese hecho es un mensaje a las autoridades responsables de la seguridad pública, Bravo Abarca evitó posicionarse al respecto: “puede ser un mensaje o puede ser una venganza, no te sabría yo decir, es muy lamentable que se estén registrando este tipo de hechos y con tanta frecuencia”.
La federación debe voltear a ver a Guerrero: PRD
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida opinó “no sé qué más tiene que pasar para que la federación voltee a ver a Guerrero y que finalmente se haga un trabajo eficiente en el tema de seguridad”.
Recordó que la presencia de militares, marinos y Guardia Nacional no ha dado resultados porque los crímenes no cesan, y puso como ejemplo a Acapulco donde se “está recrudeciendo la violencia”.
“Es una estrategia fallida, desde el presidente de la República de ‘abrazos no balazos’, esas son las consecuencias de generar este tipo de estrategias donde no se combate de manera frontal al crimen organizado y al contrario se les van generando espacios para que sigan influyendo en la vida pública, social y política del estado y del país”.
Al gobierno estatal le
despreocupa la violencia: PAN
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Eloy Salmerón Díaz opinó que hablar de que el crimen del delegado de la Fiscalía es una amenaza a las autoridades de seguridad pública “es reiterativo”, y recordó lo sucedido con el fiscal regional de la Tierra Caliente Víctor Manuel Salas Cuadras el domingo 10 de septiembre, “cada día los delincuentes van escalando sus objetivos, cada día una jerarquía mas alta y eso demuestra que la autoridad está totalmente rebasada”.
Es un acto condenable que confirma que en Guerrero cada día es evidente la falta el estado de derecho es evidente y un estado fallido donde la autoridad, el gobierno del estado, no tienen ninguna preocupación, interés por garantizar la paz de los guerrerenses, lamentablemente sucede en todos los municipios del estado
El coordinador estatal de MC, Julián López Galeana sostuvo que el homicidio del delegado de la Fiscalía “es un claro ejemplo que en el estado de Guerrero se vive un estado de crisis en materia de seguridad y derechos humanos”.
Apoyo al INE
El vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Donaciano Muñoz Loyola señaló que se han pospuesto actividades del Instituto en Tierra Caliente y la sierra de Costa Grande por los problemas de inseguridad que hay en esas regiones, y pidió ser escuchado en la mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Del PRI, Bravo Abarca consideró “acertado” que el INE pida participar en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, “¡qué bueno que lo hace!”. Adelantó que “en unos días mas” PRI, PAN y PRD van a presentar al gobierno del estado sus inquietudes sobre la inseguridad “refiriéndonos al proceso electoral”.
Del PRD, Catalán Bastida opinó que las autoridades federales y estatales deben mostrar interés en el proceso electoral y cuidar que los grupos del crimen organizado no intervengan en los resultados, “es algo muy delicado y no le han puesto la atención debida”.
De MC, López Galeana opinó que no es mala idea que el INE participe en las mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz porque ellos pueden compartir información de los problemas de inseguridad que enfrentan.
Del PAN, Salmerón Díaz indicó que el llamado del INE es una muestra que todas las autoridades conocen del problema de inseguridad en la entidad, pero las autoridades se niegan a cambiar su estrategia de seguridad “de abrazos” lo que no da certeza a la población en general.
Los dirigentes del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, indicaron que esperarán la resolución del pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) sobre las acciones afirmativas que se prevé incluir entre los lineamientos para los comicios del próximo año, para analizar qué decisión tomar; en tanto, el dirigente estatal del PAN, Eloy Salmerón Díaz, sostuvo que su partido acatará todo lo que esté “apegado la ley”.
De la descalificación a la alianza de estos tres partidos, por el ex coordinador de la promoción de la senadora Beatriz Paredes Rangel en el estado, Efrén Leyva Acevedo, los dirigentes del PRI, PRD y PAN coincidieron en ignorar esa postura y sostuvieron que en el Frente Amplio por México “nos necesitamos todos”.
Este martes se conoció que el IEPC propone incluir en los lineamientos para los comicios del próximo año varias acciones afirmativas en los espacios de representación proporcional que definen los partidos. El primero en advertir que impugnará esa propuesta en caso de ser aprobada fue Morena, pues considera que sería una intromisión del árbitro electoral en la vida partidista.
Consultados vía telefónica por separado, los dirigentes del PRI, PRD y PAN fueron cautelosos en definir una postura, aunque dejaron entrever que se inconformarían.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo señaló que corresponde a los consejeros del Instituto definir los lineamientos y las acciones afirmativas que se incluirán para el proceso electoral del próximo año.
“Nosotros vamos a revisar, vamos a tomar una decisión y te anticipo, lo vamos a hacer junto con otros partidos políticos”.
Precisó que van a esperar como aprueba el IEPC los lineamientos para los comicios de 2024 y en función de eso definirán si impugnan, y en caso de hacerlo será de manera colectiva, con otros partidos.
Sostuvo que el PRI está de acuerdo en que se incluyan a todos los grupos en las acciones afirmativas, afrodescendientes, migrantes, LGBTIQ+ y discapacitados.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, indicó que la propuesta del IEPC todavía está en análisis y sólo han sido los representantes de partidos quienes han expresado posturas sobre las acciones afirmativas que se prevé incluir en el proceso electoral 2023-2024.
Agregó que lo que conoce es que las acciones afirmativas no sólo son para la lista de diputados plurinominales, sino también para alcaldes, síndicos y regidores.
Recordó que hay acciones afirmativas que ya están establecidas en la legislación, por lo tanto deberá respetarse lo que dice la ley para que no se afecte la vida interna de los partidos, “se debe generar un consenso para estos lineamientos sean aprobados en su totalidad”.
“Estamos en ese análisis, hay cosas que pueden quedarse y hay otras cosas que a lo mejor tendrían que considerarse de otra manera”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Eloy Salmerón opinó que la ley ya considera las acciones afirmativas y el PAN respeta los derechos del ser humano a participar en la vida política y a votar y ser votado. “Nosotros vamos a respetar siempre lo que propongan los órganos electorales y apegarnos a la ley electoral”.
Señaló que la actitud de Morena es incongruente porque por un lado el representante del partido en el IEPC avala lo que se discute en el órgano electoral y por fuera los quieren impugnar”.
“Nosotros hemos estado muy pendientes a través de nuestro representante en el Instituto, somos muy respetuosos de las propuestas, las escuchamos, se crean acuerdos, pero además nosotros respetamos la ley con la inclusión de todas las representaciones en los procesos electorales, estamos apegados a la ley y así nos vamos a conducir”.
“Nos necesitamos todos”
El dirigente estatal del PRD, dijo que respeta las opiniones del ex dirigente estatal del PRI en Guerrero, Efrén Leyva Acevedo, pero no las comparte, “es la opinión de un militante m´s del PRI”.
En declaraciones por teléfono, sostuvo que la intención del Frente Amplio por México va más allá de los partidos políticos, “hoy necesitamos de todas y de todos”.
Destacó que en los partidos del FAM en Guerrero tienen “buena comunicación, diálogo, entendimiento y respeto” con el PRI.
Vía telefónica el dirigente estatal del PAN, Eloy Salmerón dijo: “es ilógico que se diga que los partidos no aportan, yo creo que todos aportan”.
De las declaraciones del ex coordinador de la promoción de la senadora Beatriz Paredes Rangel en el estado, Alejandro Bravo Abarca dijo que en el PRI hay “librepensadores y todos los militantes pueden verter sus opiniones”.
“El espíritu del Frente Amplio es precisamente la participación de todos los partidos políticos y de las principales organizaciones de la sociedad civil, en el espíritu de poder construir una propuesta que tome en cuenta la opinión de todos los que ya te mencioné, nos necesitamos todos”.
El presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, afirmó que no avala la reunión de la alcaldesa capitalina, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto jefe criminal, hecho que será informado a la dirigencia y la instancia jurisdiccional de ese partido, pero esperará las investigaciones sobre el hecho.
Por su parte los dirigentes del PRI y del PRD Alejandro Bravo Abarca y Alberto Catalán Bastida, plantearon que la presidenta municipal se separe del cargo en tanto la Fiscalía la investigue.
Este jueves los dirigentes de los tres partidos fueron consultados por teléfono sobre un video y fotografías que se conocieron la mañana del miércoles, en los que se observa a la presidenta municipal Norma Otilia Hernández en un desayuno con el presunto jefe de un grupo delictivo, en un restaurante de la carretera Chilpancingo-Quechultenango.
“Hizo el compromiso de no ceder a esos chantajes”: Jacinto González
Consultado vía telefónica, Jacinto González Varona afirmó que Morena “no avala, ni avalaría ese tipo de reuniones y encuentros con estos criminales, somos los primeros en señalar que no podemos estar consintiendo ese tipo de cosas”.
Aseguró que el partido “nunca tuvo conocimiento” de esa reunión de la alcaldesa con el líder criminal, aunque de acuerdo con lo dicho por Norma Otilia Hernández, este encuentro se realizó al inicio de su gobierno, cuando Jacinto González aún no era presidente de Morena.
“Como morenistas no estamos de acuerdo en ese tema, creo que la compañera presidenta Norma Otilia lo hizo a título personal”, porque cuando Morena otorga candidaturas, investiga a sus abanderados, además de que deben de firmar una carta compromiso “de no ceder ante ningún chantaje de ese tipo, pero ya estando en el ejercicio del poder, pues cada quien toma sus decisiones y en su mayoría no son consultadas con el partido”.
Reconoció a la alcaldesa por su disposición a ser investigada “y acepta la responsabilidad” de la decisión de acudir a la reunión.
Y planteó que una vez que concluya la investigación de la Fiscalía General de la República o la del Estado “que debería estar haciendo ya, cuando exista un resultado de estas investigaciones, nosotros como partido respaldaremos la aplicación de la norma a quien transgreda las leyes”.
Apuntó que “sea quien sea, llámese Norma o cualquier otra alcaldesa o alcalde, pugnaremos porque se aplique la ley, porque aquí no puede haber alcaldes de primera y de segunda a todos hay que aplicarles la ley”.
Sin embargo, González Varona insistió en esperar la investigación y que se conozcan los resultados, porque podría “salir bien librada”, aunque aún no puede deslindar a la presidenta municipal de Morena.
“No podría decir que la compañera ya no está en nuestro partido, está en nuestro partido, y aceptamos que la Fiscalía la investigue y una vez habiendo resultados, el partido tomará su decisión”.
Jacinto González consideró “un tema muy delicado” del cual “los dirigentes de los partidos no pueden hacer escarnio”.
Entiende que “es un tema preelectoral, pero al final creo que debemos de coadyuvar todos para que se aplique la ley”.
El presidente estatal de Morena comentó que hasta el mediodía de ayer no había podido establecer comunicación con la alcaldesa porque el miércoles fue para ella un día muy “apresurado, con una agenda muy apretada” pero por la noche insistiría para conocer “cómo va la situación porque al final es compañera de nuestro movimiento”.
Y adelantó que se informará y hablará con la dirigencia nacional del partido además de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) “para que se tome una decisión, basado en las investigaciones, claro que es un hecho evidente, y que nuestro movimiento no puede tolerar este tipo de acciones”.
La edil mentía sobre sus relaciones: PRI
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, dijo que con la difusión de las fotografías y el video se confirma que la alcaldesa mentía cuando señaló que “no establecía ningún tipo de acuerdo con algún grupo criminal”, por lo que es necesario que se investigue.
Y recordó que la FGE señaló que “había líneas de investigación hacia la presidencia municipal por lo que sí debe proceder la autoridad correspondiente”.
El dirigente priista consideró que los señalamientos contra la alcaldesa capitalina “obligarían a que se separara del cargo o pidiera licencia hasta que se resuelvan las investigaciones pertinentes para que haya totalmente una claridad en todos estos asuntos”.
Al priista se le preguntó sobre lo que reveló el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, de que Norma Otilia también se reunió con otro grupo criminal, el de Los Tlacos, encuentro en el que estuvieron también la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas y el alcalde de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Serafín Hernández Landa.
Respondió que como dirigente no tiene ninguna información al respecto y sería irresponsable opinar de algo que no conoce, pero las autoridades deben hacer sus investigaciones contra todos los relacionados sin importar de qué partido sean.
El gobierno estatal no debe ser omiso: PRD
El dirigente perredista Alberto Catalán insistió en que la FGE debe informar si hay “una investigación seria” contra la alcaldesa y el síndico y demandó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el secretario de Gobierno Ludwig Reynoso Núñez se pronuncien sobre el caso.
También planteó que el gobierno estatal “presente una estrategia de seguridad seria y contundente que inhiba este tipo de acciones y sobre todo cuál es la postura ante estos temas, pedimos que no sean omisos ante esta situación”.
El dirigente perredista planteó que Norma Otilia Hernández y el síndico Andrei Marmolejo Valle, deben solicitar licencia “en un acto de alta responsabilidad civil, institucional, pero sobre todo de ética personal y política, la exigencia debería de ser que la presidenta municipal y el síndico se separen de sus cargos y tanto las autoridades realicen y concluyan estas investigaciones”.
Insistió que la Fiscalía llame a declarar a la alcaldesa “respecto a esta reunión que acepta, luego se contradice y genera verdades a medias, ha ido dosificando la información y evadiendo algunas preguntas con las que se puede confirmar su vínculo con este tema… no puede agotarse solamente en la crónica de una presidenta que se contradice, que cantinflea, que dice verdades a medias”.
Catalán consideró importante que la alcaldesa responda sobre cuál fue el objetivo de esta reunión, “los dichos de la alcaldesa no son confiables y las autoridades estatales y federales tienen la obligación de citarla a declarar en torno a estos hechos de violencia”, como los cuerpos desmembrados dejados frente a la iglesia de San Mateo.
“¿Con qué credibilidad puede decir que no tiene un pacto con la delincuencia organizada, si cuando aparecieron las cartulinas dijo que no tenía relación alguna con esto, y ahora la evidencian directamente con un video y fotografías que son contundentes?”, preguntó el dirigente perredista.
De la otra reunión con Los Tlacos, en la que estuvieron también la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas y el alcalde de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Serafín Hernández Landa, Catalán Bastida dijo que los perredistas no están de acuerdo.
“Creo que generar pactos con la delincuencia organizada genera un debilitamiento de las instituciones y por supuesto de los gobiernos”, y de ser cierta la presencia de los otros ediles “también tendrían que estar obligados a declarar”.
