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Propondrá la CRAC al Congreso una reforma a la Ley 701 o que la ratifique, dice Abad García

 

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Abad García informó que la institución planteará al Congreso local una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, o que la ratifique tal como está, para mantenerla vigente.
En consulta telefónica, dijo que buscan una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para conocer su postura sobre la Ley 701, y en las comunidades la Policía Comunitaria está levantando firmas de apoyo y actas de cabildo de los ayuntamientos de respaldo a la legislación estatal.
La ley estatal indica que, por sus funciones, la CRAC también es parte del sistema de seguridad pública del estado, pero la legislación podría quedar sin efecto debido a un artículo transitorio de la nueva Constitución del estado que indica que, a más tardar en abril de este año, se deben adecuar las leyes secundarias con la nueva legislación.
El dirigente de la CRAC adelantó que en la asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el 24 de enero, van a proponer acciones de protesta para evitar que en lo inmediato se derogue la legislación, así como para exigir la libertad de los presos de la CRAC recluidos en Ayutla de los Libres y en la Cuidad de México.
Aclaró que la amnistía que se planteó con el gobierno anterior, como posibilidad de la libertad de los detenidos, quedó rebasada, y la exigencia será por la libertad inmediata de 10 detenidos de manera arbitraria. Entre los presos de la CRAC están la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco.
Aunque la Ley 701 reconoce como autoridad a los integrantes de la CRAC, precisó que existen más de 100 averiguaciones previas en las que señalan a integrantes de la institución comunitaria, personas que se inconformaron con el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que es necesario volver a discutir la relación de respeto y coordinación que debe haber en las dos instancias.
En tanto, dijo que en los pueblos siguen trabajando en la unificación de la institución comunitaria, fraccionada por distintos liderazgos e intervenciones del Estado, y revisando la posibilidad de realizar foros de defensa de la Ley 701.
Para ello, también están buscando una relación con otros sistemas de seguridad que funcionan en el estado, pero cuando se le preguntó si hay comunicación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), solo confirmó que han tenido pláticas con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.
Sobre las reuniones del fin de semana, donde participaron representantes de Morena, aclaró que estos políticos están apoyando de manera externa, harán sus propuestas, pero la CRAC llevará su propio planteamiento a la mesa de trabajo con las autoridades estatales.

Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.

Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM

Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian

La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.

Comparecen ante un juez de Tlapa comunitarios de la Casa de Espino Blanco acusados de privación de la libertad

 

Policías comunitarios de Tototepec, Tlapa, y de la Casa de Justicia de Espino Blanco, con sede en Malinaltepec, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) comparecieron ante el Juzgado Primero de Tlapa ante una demanda de privación ilegal de la libertad, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
En consulta telefónica, informó que el agente del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas, sometido a reeducación en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia a principios de agosto, se amparó y presentó una demanda por secuestro, pero el juez del fuero común reclasificó el delito y liberó órdenes de aprehensión a 18 comunitarios.
En el proceso penal, dijo Rosales Sierra, los policías comunitarios también se ampararon para decir ante la justicia federal que tienen facultades de seguridad y justicia respaldada por distintas leyes y tratados. Asimismo, este martes y miércoles ofrecieron pruebas documentales ante el juzgado penal en Tlapa para confirmar que la Policía Comunitaria es legal y está facultada para hacer tareas de seguridad y justicia, por lo que no pueden ser acusados de privación ilegal de la libertad.
En consulta telefónica, confió que el lunes, cuando se vence el plazo para definir la situación legal de los implicados, el juez dicte el auto de libertad.
El abogado de Tlachinollan explicó que la Casa de Justicia de Espino Blanco ha tenido un periodo inestable, en dos meses ha retirado a cuatro coordinadores, y en este contexto la comunidad de Tototepec, con una historia larga de división intracomunitaria, llevó a juicio a Fidel Villegas.
Del conflicto en la comunidad, añadió que hay dos grupos contrarios, uno en el que participa Villegas y otro que es parte de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Debido a que los hijos del funcionario comenzaron a cometer agravios contra vecinos con la venia de su papá, los comunitarios retuvieron a Villegas y lo trasladaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Rosales Sierra destacó que con dos amparos en proceso, el juez se enfrenta a una controversia y debe definir la legalidad de la institución comunitaria este lunes, cuando termina el plazo para definir su situación legal.
Recordó que los juzgados y ministerios públicos locales han evadido analizar los caso de la CRAC que llegan al sistema judicial, aunque existe el precedente de sentencias federales que reconocen a la institución de los pueblos como parte del cuerpo de seguridad pública del Estado, que se establece en la Ley 701.
Por ejemplo, señaló que en la apelación a favor de los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrero, entre otros acusados y presos por delitos del fuero común, un Juez de Distrito determinó que no podrían ser acusados de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, porque sus acciones se enmarcan en sus funciones como policías comunitarios.
Indicó que el juez, dijo que actos de la CRAC deben ser asemejados a actos de autoridad, porque están reconocidos. Incluso, dijo que hay sentencias por la portación de armas de fuego, donde establece que pueden usar armas que no sean del uso exclusivo del Ejército. Añadió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, tramitó un permiso en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el uso de armas de bajo calibre.
No obstante, todos los jueces locales y el Ministerio Público han sido renuentes, “sí han sido cerrados para aceptar un criterio más garantista, analítico donde digan si la Policía Comunitaria es legal o no”, explicó.

Desesperada por su proceso penal detenido, anuncia Nestora nueva huelga de hambre

 

Después de que se cancelaron por sexta vez sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga de hambre a costa de su salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz.
Ante la violencia en aumento en todas las regiones y la permanencia en la cárcel de líderes del movimiento por la seguridad que se expandió en Guerrero de 2012 a 2013, consideró que el pueblo se está acostumbrando a vivir con la criminalidad.
Desde la torre médica de la prisión de Tepepan en la Ciudad de México, donde está recluida desde mayo luego de casi dos años en el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad, y consideró que México “no puede ser un país de agachados”.
Dijo que los mexicanos “tenemos el poder, como pueblo, de organizarnos, y no podemos conformarnos a vivir con esto. Nos merecemos una vida digna, ya basta de este gobierno corrupto y represor”.
Vía telefónica anoche, la luchadora social dijo que por los activistas que la visitan ha conocido la violencia e inseguridad que parece acrecentarse en Guerrero, y que se agrava en la región Montaña.
Por ejemplo Chilapa, por el conflicto entre dos bandas de narcotraficantes, y hace dos días en el municipio vecino de Zitlala, que sumó cuatro personas degolladas a la larga lista de muertes en la entidad.
“Es muy fuerte, es algo inaceptable, yo siento que nos hace falta más lucha, por eso nos falta más unidad, unificarnos en este tema por lo que está pasando, que no sólo es en el estado, (también) Oaxaca, Chiapas, somos muchos los que estamos en la lucha por esta paz, por esta justicia. Cómo me gustaría que los estados, las organizaciones se unifiquen, no debemos, no podemos permitirnos ni darnos el lujo de quedarnos sentados o callados”, expuso.
Nestora Salgado se unió al movimiento de seguridad ciudadana que surgió en Olinalá en octubre de 2012, tras la desaparición de un taxista que se pensaba secuestrado, y las extorsiones y cobros de piso que mantenían en zozobra a la población. En 2013 el grupo de seguridad de Olinalá se unió a la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Detenida desde agosto de 2013, consideró que hay “tibieza” en la defensa de los presos políticos, “no solamente por mí, somos muchos los que estamos encerrados injustamente, esto es imparable y debemos detenerlos. Los pueblos podemos”.
Anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad. La primera fue en mayo y principios de junio de este año, durante un mes, de acuerdo con la información que transmitió por medio de sus representantes y familiares.
Después de que se cancelaran por sexta ocasión sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga a costa de su propia salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz. Hace diez meses, su condición física deteriorada motivó la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su traslado del penal de máxima seguridad a la torre médica de Tepepan.
Mencionó que su salud fue tema recientemente en una mesa de trabajo de gobierno y organismos que la acompañan, pero la nueva jornada es por su libertad y la de sus compañeros de la CRAC y otros presos injustamente en México.
Denunció que en la última audiencia de testigos y víctimas que la acusaron de secuestro, ninguno se ha presentado a los careos, pese a los citatorios del Poder Judicial. Ayer se informó que la parte ofendida no se presentó a la primera serie de audiencias programadas en el Juzgado 67 de Santa Martha Acatitla, y que habría diligencias del lunes a este miércoles, y lunes y martes de la siguiente semana.
Desde la cárcel, denunció que sus acusadores no se presentaron, “¡porque las autoridades no lo han exigido, ni su gente que se supone que secuestré!, no estoy dispuesta a seguir siendo la burla y el símbolo de la represión. Estoy cansada, si tengo que morir por eso, lo voy a hacer; no quiero seguir dando el gusto de seguirme usando”.
Dice que la inasistencia de sus acusadores a los careos confirma que fueron usados para llevarla a prisión, porque en un estado machista se castiga a la mujer que deja su hogar para unirse a un movimiento; “confié en que esto le daría fuerza a las mujeres para una lucha necesaria por la paz, por la humanidad, por el respeto a los derechos y la dignidad”.
Reveló que la consejera de la CRAC, Felicitas Martínez Solano la visitó para refrendar el respaldo de la organización, pero opinó que hace falta más trabajo por los presos. “Sé que ha habido muchas divisiones que lejos de ayudarnos nos están perjudicando, no sólo en la Coordinadora, en muchas organizaciones que se están desviando, y hago un llamado a cada padre con un hijo injustamente encerrado a que hagan conciencia de lo que está pasando, no podemos permitir que el gobierno siga haciendo detenciones arbitrarias”.
Al gobernador Héctor Astudillo Flores, le dijo que él no buscó este problema, pero tiene que resolverlo y darse cuenta de que el gobierno anterior se equivocó, que los integrantes de la CRAC presos en cárceles de Chilpancingo, Ayutla y la Ciudad de México actuaron en el marco de la ley y no cometieron los delitos de los que los acusan.
A familias con desparecidos, como a los padres de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, pidió que sigan luchando. “Es la parte dolorosa y vergonzosa, cuando toco ese tema para mí es lo más desgarrador en lo emocional, es una gran vergüenza, atroz, que no debió pasar, ni palabras tengo para describir emociones y sentimientos, como madre, hermana, hija, sé que en estos momentos (de fin de año) es tremendo para los familiares, pero les puedo pedir que no dejen de luchar, que sigamos, podemos avanzar”.
Informó que ayer le permitieron una comida con sus familiares, a propósito de la Navidad, en la que estuvo en director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Ante ellos, ratificó que emprenderá una nueva huelga de hambre por todos los presos y sus compañeros, “si tengo que dar la vida, lo haré, estoy decidida; mi familia cree que es algo así como una presión nada más, pero estoy decidida”.
Pasó dos años de fiestas de Navidad y Año Nuevo en la prisión de máxima seguridad de Tepic, y este año en la cárcel estatal de Tepepan, que tampoco la ilusiona; “estas fechas son de soledad, encierro, la tristeza de no estar con la familia, la cárcel es horrible”.
Aunque dijo que en la torre médica hay mejores condiciones que en el penal federal y entre la población penitenciaria de Tepepan, donde ha recibido como visitas a decenas de activistas sociales de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Jalisco, e incluso del extranjero, de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Costa Rica.
Lamentó que la solidaridad nacional e internacional no diga nada a las autoridades que la mantienen en prisión, “yo estoy en contra de la violencia, pero creo que necesitamos ser un poco más fuertes, tenemos que hacer más presión y el único medio al alcance es la huelga, no puedo hacer más, mi única arma soy yo”.

“Nos dio duro, pero no nos destruyó”, dice Gonzalo Molina del asesinato de cuatro comunitarios de Tixtla

 

“Sí nos golpeó, y nos dio duro, pero no nos destruyó”, dijo desde el penal de Chilpancingo el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, sobre la emboscada a policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, donde cuatro de ellos fueron asesinados por sicarios.
Denunció que la agresión fue ordenada por el Estado para detener el avance de la organización, representa una declaración de Guerra contra el pueblo. Llamó a las comunidades a no votar en la elección extraordinaria de este domingo y a continuar el proceso para constituir un Concejo Popular Municipal como alternativa de gobierno.
El luchador social, detenido desde noviembre de 2013, confirmó que entre los asesinados en la emboscada en el barrio de El Fortín, sede la institución, están dos comandantes, figuras visibles de las operaciones de seguridad, pero la estructura que constituye la Asamblea, órgano de decisión y coordinación, continúa intacta.
Añadió que, por esa razón los nombres de los consejeros y comandantes regionales se manejan con discreción, para evitar que sean golpeados por el Estado.
Molina González recordó que en 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, personas sometidas a procesos de educación por vínculos con la delincuencia organizada, revelaron la relación con autoridades de gobierno.
Cuando hacía detenciones la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), creada ese mismo año, los policías ministeriales o soldados se los llevaban para liberarlos, “esas denuncias nos costaron la libertad”, dijo en referencia a las detenciones de los líderes más visibles de El Paraíso, Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera y Bernardino García Francisco, entre otros policías comunitarios.
El contubernio entre gobierno y delincuencia organizada quedó evidenciado en los crímenes del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en la violencia en el ejido de Carrizalillo y los eventos de este jueves en El fortín, aseguró.
Insistió en que la muerte es una estrategia para golpear a los sectores organizados, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), que suma dos muertos este año, la Normal Rural de Ayotzinapa, agredida en Iguala, y la CRAC.
“Vemos una guerra declarada contra el pueblo de Guerrero y de México, antes lo hacían (las agresiones) a través de los cuerpos de seguridad”, dijo y como muestra señaló las masacres de Aguas Blancas en Coyuca de Benitez, y de El Charco en Ayutla; “ahora utilizan a la delincuencia organizada para agredir”, precisó.
Debido al retiro de un retén policiaco permanente en Tixtla antes de la elección ordinaria del 7 de junio, previo a la agresión, denunció que si el gobierno del estado hubiera querido evitar o detener a los perpetradores lo habría hecho, “estaba en sus posibilidades intervenir y no hizo nada”.
Estimó que no fue casual que la agresión a la CRAC, con sede en Tixtla, haya ocurrido exactamente a 14 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, “el Estado pretende crear terror entre la población para desmovilizar a nuestro pueblo”.
Convocó a la CRAC a seguir adelante y a seguir el ejemplo del general Vicente Guerrero Saldaña, que nunca claudicó en su lucha, aunque a veces parecía quedar solo. También llamó a los ciudadanos a que apoyen de alguna manera el proyecto comunitario en todas sus vertientes, producción, salud, educación, y apoyar a los grupos de seguridad.
A los familiares de las víctimas asesinadas en el cumplimiento de su deber, expresó su respeto por esta adversidad, señaló que “la sangre derramada servirá de alimento a otros corazones”.