Etiqueta: Ciudad de México

Marchan padres de los 43 en Cdmx; exigen que se investigue la desaparición de los jóvenes

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, marcharon con antorchas en la Ciudad de México, acompañados de organizaciones y activistas, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
A las 8 de la noche, unos 500 manifestantes se concentraron en el plantón que los padres mantienen en la Procuraduría General de la República (PGR), y desde ahí marcharon con antorchas al antimonumento a los 43, en el paseo de la Reforma, donde hicieron un mitin para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En declaraciones telefónicas, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra dijo que los padres exigen que el gobierno federal dé una respuesta respecto de la detención de los policías municipales de Huitzuco que presuntamente participaron en los ataques en Iguala.
Contó que los padres hicieron el recorrido acompañados de organizaciones sociales del país y activistas, quienes portaron antorchas y lonas con retratos de los 43 normalistas desaparecidos.
Dijo que, durante el mitin los padres exigieron que el gobierno federal siga las líneas de investigación que planteó el GIEI, como el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, y la participación de la Policía Federal y el Ejército, así como el envío de un grupo de normalistas a Huitzuco.
Informó que, a la fecha, el diálogo entre los padres y el gobierno federal no se ha retomado, por lo que es necesario que las autoridades den resultados respecto de la investigación del caso.
Dijo que durante la próxima semana, los padres de familia encabezarán diversas actividades político-culturales en el plantón que mantienen en la PGR, para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes.

Exigen padres de los 43 que senadores llamen a Raúl Cervantes ante irregularidades en la investigación

Familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa exigieron a los senadores que citen a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, sobre las irregularidades, obstáculos y retrasos en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que en el Senado se conforme una comisión especial de seguimiento para Ayotzinapa, en una reunión en la Cámara de Senadores.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz informó que en el décimo tercer día del plantón frente a la PGR en el paseo de la Reforma, marcharon a las oficinas del Senado con estudiantes y activistas, para exigir una reunión con los senadores.
Relató que se instalaron en protesta en el acceso del edificio, donde no hubo incidentes, y que a las 12 del mediodía los recibió un grupo de senadores, entre los que identificó al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Alejandro Encinas.
También estuvieron en el grupo el priista José Olvera, el diputado perredista Francisco Martínez Neri y la diputada de Morena, Araceli Damián.
Indicó que en la reunión que duró una hora y media, hicieron el planteamiento de que el Senado llame a comparecer al procurador y que haga un seguimiento de la actuación de la PGR, mediante una comisión especial para el caso Ayotzinapa.
Contó que los diputados del PRI y del PAN dijeron que no tenían capacidad de respuesta inmediata y debían esperar a junio, cuando se reúne el Pleno de los senadores para someter a votación el planteamiento.
Felipe de la Cruz añadió que Alejandro Encinas y un representante del PRD se dijeron dispuesto a cabildear la propuesta, y que en la reunión, Encinas abogó para dar una respuesta a los padres el próximo jueves 11 de mayo, en ese mismo lugar.
Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra indicó que entre los planteamientos que hicieron los padres y madres a los legisladores está, “exhortar a la PGR a avanzar en cuatro líneas de investigación establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, sobre la responsabilidad de soldados del 27 Batallón de Infantería en los hechos; mostrar los avances de los análisis de la telefonía celular, entre ellos las identidades de personajes apodados El Caminante y El Patrón; interrogar a dos policías federales y a municipales de Huitzuco, y esclarecer el trasiego de droga de Iguala a Chicago en autobuses de pasajeros, como posible móvil de la desaparición.
Por parte de los familiares encabezaron la reunión Vidulfo Rosales, Felipe de la Cruz y la mamá del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista.
Durante la reunión, afuera del Senado una comisión de normalistas continuó con un mitin en el parque Luis Pasteur, bajo la vigilancia de policías con equipo antimotines.

Acuerdan padres de los 43 y diputados llamar al procurador a rendir cuentas del caso Ayotzinapa

Tras una protesta de casi cinco horas en San Lázaro, diputados y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa acordaron que llamarán al procurador Raúl Cervantes para que rinda cuentas sobre los avances del caso Iguala.
Fueron atendidos por los legisladores encargados de la comisión especial del caso, quienes se comprometieron a gestionar una reunión de trabajo del pleno de la comisión, el presidente de la Junta de Coordinación Política y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Buscan que se informe de los avances en la investigación relacionados con los soldados del Ejército, policías municipales de Huitzuco, ministeriales, estatales y federales identificados.
Además se convino llamar al funcionario a rendir cuentas sobre el análisis de la telefonía celular y el trasiego de drogas hacia Chicago, entre otros asuntos.
Ante la tardanza de los legisladores para recibir a los padres, presuntos activistas que los acompañan rompieron cristales de las puertas del acceso número 1 del recinto legislativo.
Esto activó los protocolos de seguridad de la Cámara: todos los accesos fueron cerrados y agentes de la Policía Federal (PF) se colocaron al frente de la puerta número 1, mientras que bomberos se dispusieron en alerta.
La diputada Araceli Damián, de Morena, dijo que es comprensible que los ánimos de los familiares de los estudiantes estén encendidos, luego del trato que recibieron de autoridades federales, quienes les arrojaron gases lacrimógenos.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra indicó que policías antimotines se formaron en hileras tras la valla en las instalaciones, mientras los padres y acompañantes del lado de la calle golpeaban las tubos metálicos y los oradores exigían una audiencia con la comisión legislativa del caso Ayotzinapa.
Aclaró que al final no hubo una agresión, sólo momentos tensión por una posible respuesta violenta de la 1:30 a las 3 de la tarde, cuando les notificaron que serían atendidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Francisco Martínez Neri (PRD) y algunos diputados de la comisión.
Mencionó que tras la instalación del plantón de los padres en la PGR, han realizado acciones paralelas de protesta en la Ciudad de México. Ayer exigieron una audiencia con la Comisión del caso Ayotzinapa en la Cámara, sobre la calle Zapata, frente a la Tesorería.
Quisieron, primero, escuchar los avances de los diputados, luego exigieron que apoyen la demanda de los padres de familia, para que la PGR centre sus esfuerzos en cuatro aspectos fundamentales para los familiares de las víctimas.
Rosales Sierra indicó que los diputados hablaron de la solicitudes que han presentado a la PGR sobre las 20 recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer los hechos: que se cambien la narrativa de los hechos, la demanda de juicio político contra el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, y una petición para que el procurador Raúl Cervantes Andrade se reúna con los diputados, entre otros.
Los padres, explicaron que han priorizado abrir una línea de investigación a los militares del 27 Batallón de Infantería, la consignación de policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en la desaparición forzada de los normalistas y los resultados del análisis de las líneas telefónicas.
Concluyeron con dos compromisos: que habrá reunión del pleno de la comisión especial para actualizar los puntos que urgen de la investigación, y que van a pedir una cita al procurador, Raúl Cervantes Andrade para que informe de los avances u obstáculos en estos puntos.
La reunión con los diputados comenzó a las 4 de la tarde, en una sala de la Secretaría Ejecutiva, y estimó que concluyó dos horas después.

El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX

El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.

La marcha

La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.

Gasea la PF a padres de los 43 que pedían audiencia con Osorio Chong en la Segob; hay cinco lesionados

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra reportó que tres padres y dos mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sufrieron lesiones provocadas por los gases lacrimógenos que les lanzaron policías federales en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras señalar que los actos de represión que se registraron este martes serán notificados al Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosales consideró que la acción policiaca “evidencia la ruta y la posición que respecto al caso mantiene el gobierno federal” de generar “condiciones de debilitamiento y cierre del caso”.
La protesta en la Segob fue anunciada con anticipación como parte de la jornada de lucha que comenzó con un plantón indefinido de los padres frente a la PGR, para exigir que se investigue la responsabilidad de militares del 27 Batallón de Iguala, que se consigne a los policías federales y municipales involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes, y se profundice en la línea de investigación de trasiego de droga de Iguala a Chicago, que está sin avances desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue expulsado del país.
En entrevista con la Agencia Proceso, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos informó que los lesionados son: Hilda Legideño Vargas, Berta Nava, Mario César González, Hermenegildo Ortega Carlos y Bernabé Abraham, quienes sufren “complicaciones en los ojos y en el sistema digestivo” debido a los gases lacrimógenos.
Señaló que la represión policiaca ocurrió después de que los padres y madres solicitaran una audiencia con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de un mitin como parte de la jornada de actividades a 31 meses de la desaparición de los estudiantes.
“En lugar de que reciban a la comisión agreden a los padres de esta manera, eso complica mucho más las cosas y orilla a los padres a no caminar en la ruta del diálogo ni en la ruta de la institucionalidad, sino más bien que sea la protesta donde ellos expresen su exigencia por la presentación con vida de sus hijos”, dijo.
Agregó que después de la agresión familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la avenida Reforma, en Bucareli, y agentes de la Dirección de Gobernación de la Ciudad de México se acercaron a buscar “un puente de diálogo con el gobierno federal”.
Los enviados dijeron que el subsecretario Roberto Campa Cifrián está dispuesto a recibir a una comisión de padres.
Al respecto, Vidulfo Rosales explicó: “rechazamos la oferta porque el subsecretario Campa ya no es interlocutor válido para los padres, porque ellos lo identifican como el que verbalizó la posición del gobierno en Washington. Estamos buscando hablar con Osorio Chong”.
En marzo en la audiencia en Washington en la sede de la CIDH, Campa llamó a los padres a considerar la “verdad histórica” de que sus hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula, como una real posibilidad del destino final de los 43 estudiantes, expresiones con las que el funcionario federal intentó echar abajo las conclusiones de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que esa hipótesis es científicamente imposible.
Tras señalar que la protesta de los padres y madres en las inmediaciones de la Segob “no ameritaba este tipo de intervención de la policía”, Rosales Sierra llamó al gobierno federal a que “rectifique, porque no porque se les reprima van a dejar de exigir la presentación con vida de sus hijos, a menos que detengan a todos los padres, pero no sé si eso resuelve el problema”.
En cuanto a la reciente detención de Walter Alonso Deloya Tomás, El Walter o La Medusa, presunto integrante de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los normalistas, precisó que “fue detenido por otras causas penales distintas y ajenas a los 43, no está directamente relacionado”.
Reconoció que en el expediente se menciona a La Medusa porque “pertenece a Guerreros Unidos y trabajaba para (Alejandro) El Cholo Palacios, pero no hay un vínculo directo, no hay acción penal emanada del caso de los 43”.
Lo que toca ahora a la Oficina Especial para el Caso Iguala, agregó, es buscar “entrevistar al detenido para obtener alguna información adicional, respetando sus derechos procesales”.
Reporta la PF a tres personas con lesiones leves

La Policía Federal (PF) informó que tres personas sufrieron lesiones leves tras la agresión, con gases lacrimógenos, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se encontraban en las inmediaciones de la Segob.
En una tarjeta informativa la dependencia federal aseguró que dos de sus agentes y un trabajador de la Unidad de Gobierno de la Segob presentaron golpes por objetos lanzados por los manifestantes en la protesta de ayer.
Señala a 40 personas ajenas a los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, como los responsables de arrojar petardos y piedras a los uniformados.
Ante esta acción dispersaron a los manifestantes con un par de bombas de gases lacrimógenos.
“El gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación, reafirma su voluntad y compromiso de mantener, como siempre lo ha realizado, un diálogo constante y abierto con los ciudadanos”.
“Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa dijeron haber tomado la decisión, por el momento, de no solicitar una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación debido a la presencia de grupos ajenos a su movimiento”, dice la PF.

Reprueba Amnistía Internacional el uso excesivo de la fuerza

Tania Reneaum, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México reprobó el uso excesivo de la fuerza utilizada por la Policía Federal para dispersar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras se manifestaban afuera de la Secretaría de Gobernación.
“El gobierno de México debe recordar que es ilícito usar formas de control que, como los gases y otras sustancias químicas irritantes, afecten a personas que no tienen que ver con la manifestación o que participando de ella no hacen uso de la violencia”, expuso.
De acuerdo con Reneaum, el uso de la fuerza es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes desaparecidos hace más de dos años.
El de los 43 estudiantes desaparecidos, mencionó, es un caso que no ha sido debidamente investigado por las autoridades mexicanas, y hasta ahora se desconoce la suerte o paradero de las víctimas debido a que no se han esclarecido los hechos.
El desalojo fue cuando un reducido grupo de familiares de los 43 normalistas desparecidos y estudiantes de la Normal Rural pretendían hacer un mitin frente a la Segob para pedir una reunión con Osorio Chong.
El grupo nunca alcanzó su objetivo: en Bucareli, a media cuadra del Reloj Chino se toparon con un muro de hierro y luego con bombas de gases lacrimógenos. En el ataque resultaron lesionados cinco padres de los estudiantes desaparecidos.

Incendian normalistas de Ayotzinapa dos camiones y los persiguen policías en Chilpancingo y Tixtla

 

En respuesta a la agresión que sufrieron padres y otros familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, estudiantes de esa escuela incendiaron dos camiones de la tienda departamental Coppel, ocuparon dos cabinas de radiodifusoras para expresar su condena a la agresión a los padres, y tuvieron un breve enfrentamiento con la Policía Estatal.
Un normalista fue lesionado por un impacto de bala de humo lanzado por policías estatales, y fue hospitalizado en Tixtla, informó la dirigencia estudiantil.
El incendio de uno de los dos camiones de Coppel ocurrió a la salida del libramiento de cuota, cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital, cuando el contingente de unos 50 estudiantes se retiraba a la Normal después de haber tomado las dos cabinas de radio en la capital.
Después en su regreso a las instalaciones de la escuela y cerca del entronque del libramiento con la carretera Chilpancingo-Chilapa, en la salida de Tixtla, prendieron fuego a otro camión de la misma tienda departamental, y metros adelante en la estatua a Vicente Guerrero, cerca del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, tuvieron un breve encuentro a pedradas con policías estatales que ya los perseguían, y con otros que los esperaban en el lugar.
Estos hechos que se derivaron del repliegue violento que sufrieron con gas lacrimógeno y toletes de granaderos los padres de los 43 estudiantes que se encontraban afuera de las instalaciones de la Segob, empañaron las actividades culturales en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa con motivo del 91 aniversario de la fundación de esa institución.
Los estudiantes se enteraron al mediodía de la agresión a los padres en la Ciudad de México y de inmediato convocaron a una concentración en la cancha techada de la escuela, a la una de la tarde.
Allí relataron que el plantón en la Ciudad de México comenzó el 20 de abril en la PGR para pedir “investigaciones claras” en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, que se investigue a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala que actuaron esa noche, la participación en esos hechos de la Policía Municipal de Huitzuco, que se dé seguimiento al rastreo de los celulares de los estudiantes que siguieron activos días después de los hechos, e investigar el tráfico de drogas a través de la línea Estrella de Oro que cubre la ruta Iguala-Chicago, debido a que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) habría sido la

 

Piden ONG que el Senado apruebe esta semana el dictamen de la Ley General contra la Tortura

Organizaciones No G ubernamentales, de derechos humanos e instituciones llamaron al Senado de la República a que apruebe esta semana el dictamen de la Ley General contra la Tortura, y posibilitar la publicación y entrada en vigor.
Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, en el que están el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), además firma el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
En el escrito los firmantes mencionan que después de un proceso en el que se destacó la participación de la sociedad civil, hace un año el Senado aprobó una minuta de ley general que, “presentaba un paso histórico hacia un marco normativo homologado e integral para el combate de la crisis de tortura en nuestro país”.
Añade que esa minuta fue turnada a la Cámara de Diputados en abril de hace un año, y que el pasado miércoles aprobó un dictamen de ley basado en esa minuta del Senado.
Entre las modificaciones que se destacan y que introduce el dictamen aprobado por la Cámara establece la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante la tortura absoluta, y no admite excepciones, de esta manera se adecúa la ley a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales.
El pronunciamiento agrega que también se fortalece el diseño del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura y que la responsabilidad penal por actos de tortura no se limita a determinadas formas de autoría.
“Saludamos la aprobación del producto legislativo alcanzado, que incorpora obligaciones internacionales. Sin embargo, dicho proceso no incidirá en la apremiante realidad del país hasta traducirse en la entrada en vigor y efectiva implementación de la ley”, se lee en el escrito.
Los firmantes instan al Senado a aprobar el dictamen de Ley General contra la Tortura enviado por la Cámara de Diputados el 19 de abril, y así dar paso a su publicación e implementación.

 

Marchan en CDMX padres de Ayotzinapa; exigen que se retome la investigación parada hace un año

Este mes se cumple un año sin avances en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, denunció el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa,  Vidulfo Rosales Sierra, y afirmó que al Estado mexicano ya no le hacen mella los cuestionamientos de los organismos internacionales sobre las irregularidades reveladas por expertos independientes.
Ayer en la Ciudad de México los padres de los estudiantes desaparecidos marcharon del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez en la Alameda Central. Los manifestantes están en plantón indefinido frente a la Procuraduría General de la República (PGR) el jueves 20, hasta que la PGR dé un indicio de que retomó las líneas de investigación que dejó en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa.
En consulta telefónica, Rosales Sierra confirmó que hace meses los padres y representantes legales denunciaron la tendencia del Estado de administrar este conflicto durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, sin dar resultados, pero abierto el proceso sigue generando saldos negativos en el gobierno, opinó.
Es decir, las instituciones vulnerables a la corrupción que erosiona la imagen de México en el ámbito comercial internacional ya no sólo administran el conflicto, sino que van propiciando el cierre para blindar las campañas presidenciales de 2018, en particular las aspiraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió.
Aseguró que desde abril de 2016 es factible jurídicamente solicitar la consignación de los policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A la fecha dijo que no hay certeza si el condado de Chicago, en Estados Unidos, no ha enviado la información sobre una investigación de trasiego de droga desde Iguala, o si el gobierno de México no la ha solicitado, esto para fortalecer la línea de investigación que planteó el GIEI sobre el trasiego de droga y dinero al extranjero como el móvil de la agresión y la coordinación de agentes del Estado implicados en los ataques y la desaparición forzada de 43 estudiantes.
Siguen esperando el análisis de la información de los números telefónicos de estudiantes, agentes implicados, el contenido de las conversaciones.
Consideró que la única la explicación a tanta omisión ni es incapacidad, la complejidad, ni falta de recursos, sino que viene la contienda electoral en 2018 y Ayotzinapa estará en la agenda de los candidatos, “si estamos hablando es un caso de alto impacto que conmocionó, generó indignación generalizada, abrió grietas en el poder público, abrió heridas que siguen abiertas, eso preocupa a las autoridades”.
Ante los señalamientos de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forman el nuevo mecanismo de seguimiento y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (The Washington Office on Latin America, por sus siglas en inglés y también conocida como WOLA) , que cuestionaron la insistencia en una versión descartada con pruebas científicas.
Opinó que el Estado ha ido creando una coraza resistente, “no hacen mella ya en este gobierno, tiene más preocupación por relaciones diplomáticas de otra naturaleza. Han creado reticencias, se hacen inmunes al escrutinio, es grave porque eso sólo sucede en regímenes totalitarios”.
Señaló que el gobierno mexicano le apostó a las políticas del mercado, facilitó las reformas estructurales de comercialización y privatización y para contener la resistencia de organizaciones sociales que se oponen, tiene un aparato que sirve para cometer desaparición forzada, detener y encarcelar activistas.
Al mismo tiempo, “tenemos el fenómeno del negocio de las drogas que generan los grupos de la delincuencia en el país, que en la disputa del control del territorio genera violencia desbordada creando una especie de autogobierno, se han apoderado de las instituciones y las han puesto en servicio de estos grupos”, señaló.
La particularidad de Guerrero es que concentra mucha más pobreza, el sufrimiento crece y los gobiernos caciquiles tienen un esquema “feudal”. Dijo que gobiernan ganaderos y comerciantes, que frente a la violencia quieren ocultar la realidad.
“Me parece grave que en el gobierno, Héctor Astudillo quiera dar la impresión de que no ocurre la violencia desbordada y se argumenta, incluso se hace llamados a medios de comunicación y a quienes alzamos la voz, a que no lo hagamos porque ahuyenta el turismo”.
Insistió en que se tiene que poner en movimiento todo el aparato del poder Ejecutivo y Judicial en seguridad y justicia, para desmantelar las redes de complicidad.  “Ya es inocultable dado los altos índices de violencia, no puede seguir errando, cuando están matando políticos”.
Planteó al gobierno estatal que no descalifique las críticas, que se reconozca el diagnóstico real de la violencia y llame a cerrar filas con inventiva.

Se plantan padres de los 43 en la PGR y se reúnen autoridades con el mecanismo del caso Ayotzinapa

Mientras padres de los 43 estudiantes desaparecidos hacían un mitin afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), donde instalaron un plantón, en el edificio funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibieron a la relatora para México Esmeralda Arosemena de Troitiño (de Panamá) y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão (de Brasil), en la segunda visita oficial del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa.
Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos montaron cuatro carpas afuera de las instalaciones en la Ciudad de México, donde permanecerán en plantón indefinido para exigir respuestas a sus demandas.
“Llevamos 31 meses en que no tenemos respuesta, en que no tenemos a nuestros hijos, por eso estamos aquí”, expresó Hilda Legideño, madre del joven Jorge Antonio Tizapa.
El representante de los padres de los estudiantes, Melitón Ortega explicó su ausencia en la reunión de seguimiento a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer estos hechos.
Los padres exigieron a las autoridades mexicanas consolidar las líneas de investigación sobre una presunta intervención del Ejército, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y el análisis de la telefonía celular de los normalistas.
Dijo que ya no pueden tolerar que los funcionarios se burlen de su angustia, “no estamos dispuestos a que el gobierno siga engañándonos con el mismo discurso, no estamos para seguir escuchando simulaciones, el último procurador general (de tres que han ocupado el cargo en los 31 meses de investigación) ha dicho que tienen interés, pero vemos que es discurso político”.
Demandó que la PGR fije una posición sobre la declaración del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional -un día antes de la llegada del mecanismo de la CIDH a México- sobre la tesis oficial del basurero de Cocula, para insistir en la veracidad de una versión que descartaron científicamente los expertos.
Consideró una falta de respeto que Zerón de Lucio, estando fuera de la PGR siga haciendo declaraciones sobre Ayotzinapa, y validando una investigación a su cargo donde se evidenciaron graves irregularidades, “es falta de respeto a los padres, y exigimos que la PGR aclare si es su vocero”.
De la reunión en la PGR aclaró que sólo sus representantes legales estuvieron en el encuentro de 2 a 4 de la tarde en el edificio, y al salir informaron que no hay avances en los planteamientos de los padres de familia, que son parte de las recomendaciones del GIEI.
Confirmó que en la noche los padres de familia se reunieron en privado con los funcionarios de la CIDH, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
En un boletín conjunto de la CIDH y de la PGR, se informó que el procurador Raúl Cervantes Andrade dio “un informe detallado sobre las acciones y actualizaciones en materia de investigación y búsqueda, y atención a las recomendaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como en lo que se refiere a la instrumentación de distintos acuerdos que resultaron de una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, celebrada en febrero pasado”.
Señala que estuvieron en el encuentro representantes de los familiares de las víctimas, y el procurador manifestó “disposición a continuar dando seguimiento a todas las líneas de investigación, lo que será el caso hasta agotarlas, a fin de esclarecer todo lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan. En ese sentido subrayó la importancia del papel de la CIDH para tender puentes y fortalecer la interlocución con los padres y familiares de los estudiantes”.

“Se agotan los caminos institucionales”, dice Vidulfo Rosales

El abogado de los padres y madres de lo 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, Vidulfo Rosales Sierra dijo que “se agotan los caminos institucionales” para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
Al término de la reunión en la que también estuvieron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, puntualizó que hay “nulos avances” en las investigaciones del caso, además de que, desde abril del año pasado “no ha habido mayores diligencias”.
Señaló que ante “estas omisiones y dilaciones, la institucionalidad se va a agotando” y advirtió que no les están dejando otro camino que la movilización de los padres “adquiera mayor protagonismo”.
Rosales Sierra confirmó que el plantón frente a la PGR continuará hasta que los abogados sean llamados por funcionarios de la dependencia para reportar avances sobre la consignación y detención de policías de Huitzuco y federales, el inicio de líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de mil teléfonos celulares.
Dijo, la actitud de omisiones y dilaciones en la investigación “está acotando el papel de la coadyuvancia a revisar el expediente y recibir las notificaciones correspondientes”.
Aseguró que durante el encuentro de este jueves ninguna autoridad pudo dar alguna “explicación jurídica o política” del retraso en las actuaciones.
Peor aún, el procurador Raúl Cervantes se mostró “ambiguo” ante la exigencia de fijar una postura pública de reconocimiento a las conclusiones del GIEI, de que hay líneas de investigación abiertas y que “ningún funcionario de la República puede salir a hablar de verdades establecidas”, ante la posición del gobierno mexicano que llevó el subsecretario Roberto Campa a la CIDH, de reconocer como válida la “verdad histórica”.
Vidulfo Rosales lamentó que el titular de la PGR se haya resistido a pronunciarse en torno a las declaraciones de Tomás Zerón, quien insistió en avalar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y señalar que “la investigación va a seguir exactamente igual”.
Cervantes Andrade se limitó a decir que “no puede coartar la derecho libertad de expresión”, según dijo Rosales, quien consideró que los dichos de Zerón no reflejan más que “se trata de una posición de Estado” y que el exfuncionario de la PGR está confiado en que no será castigado por las irregularidades cometidas en el caso.

Padres en Plantón

Al tenso panorama entre padres y madres de los 43 y las autoridades federales, se suma la intención del gobierno de Miguel Ángel Mancera para que desalojen el plantón instalado sobre la lateral del Paseo de la Reforma, justo a las puertas de la PGR.
Antes del mitin Melitón Ortega informó que, conforme a los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular, activistas y organizaciones se concentraron en el antimonumento de los 43 instalado en el Paseo de Reforma para marchar a la PGR.
Señaló que la participación fue nutrida con representaciones de 20 organizaciones sociales y sindicales, organizados por turnos para tener presencia las 24 hora del día.
Funcionarios de la Dirección de Gobierno de la Ciudad de México expusieron a Vidulfo Rosales la indicación de trasladar la movilización de los padres al camellón que está frente a la dependencia federal “para no obstruir el tránsito”, lo que fue rechazado por el abogado.
Ante los medios de comunicación, el abogado emplazó al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera a demostrar que su gobierno “no responde a los intereses del gobierno federal”, que pretende imponer la “verdad histórica” y “echar por tierra” las conclusiones del GIEI.
De no solidarizarse con los padres e insistir en el desalojo, dijo, “interpretaremos que el gobierno de Mancera se une a las voces del gobierno en contra de los padres de familia”.
“No es posible que todas las autoridades estén cerrando las puertas y les den las espalda a los padres de familia, si quieren venir a desalojar, ellos sabrán lo que hacen”, expuso.
Insistió: “creemos que la protesta es legítima, hay 43 estudiantes que hoy en día no sabemos dónde están, en un hecho que ha conmocionado al país, abrió grietas, abrió dolores que hoy permanecen abiertos y toda autoridad tiene la obligación para que esto se sepa, para que la verdad y la justicia lleguen a los padres”.
Las movilizaciones por el caso de los 43 desaparecidos continuará mañana viernes con un volanteo en el área cercana al plantón. Para el sábado habrá actividades artísticas y el domingo los padres volverán a tomar las calles para marchar del Ángel de la Independencia al antimonumento a los 43.
El lunes 24 los familiares de los desaparecidos y organizaciones que los apoyan participarán en un plantón en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó a Tomás Zerón de cargos penales.
El martes siguiente llevarán las protestas a la Secretaría de Gobernación y el miércoles 26 tomarán las calles de Reforma para marchar a los 31 meses de desaparición de los estudiantes.

Volcadura en la Autopista del Sol deja un muerto y cuatro heridos

La madrugada de ayer un joven originario de Chile murió en una volcadura en la Autopista del Sol, cerca de la caseta de Paso Morelos, entre los municipios de Eduardo Neri (Zumpango) e Iguala; los acompañantes, tres mujeres y un hombre provenientes de Chile y Colombia, resultaron lesionados.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que minutos después de las 2 de la madrugada recibieron el reporte de un accidente en la Autopista del Sol en el kilómetro 231.
La policía estatal informó que las víctimas viajaban en un automóvil Aveo blanco con placas de Morelos, de Acapulco hacia la Ciudad de México, y por el exceso de velocidad se impactaron contra el muro de contención que divide la autopista y provocó que se volcaran.
En el lugar murió Bryan de 26 años, era ingeniero industrial, originario de Chile. Los lesionados fueron identificados como Stefanía de 25 años y Emily de 21, originarias de Colombia, además de Paz y Cristian de 26 años, originarios de Chile, fueron trasladados en vehículos particulares al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo.