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Se cumplen “mil días de impunidad y corrupción”, denuncian padres de los 43 en marcha en la Cdmx

En una marcha que partió de la columna del Ángel de la Independencia, padres y defensores de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron que llevan “mil días de impunidad y corrupción” en las instituciones y el gobierno mexicano.
Con pancartas y consignas que exigían justicia, unos mil manifestantes protestaron con sus rostros cada vez más graves y cerrados, gritando los lemas de siempre: “¡Ni perdón ni olvido!”, “¡26 de septiembre no se olvida!”, “¡Ayotzinapa vive!”.
Los acompañaron miembros del Frente del Pueblo, del Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (Fnamop) y de otras varias agrupaciones.
“Mil días representan un largo caminar de dolor y de incertidumbre para nosotros”, dijo la madre de un normalista desaparecido al arrancar la marcha.
“Mil días demuestran también la evidencia de la impunidad y la corrupción que hay en México, que las instituciones no funcionan, que el gobierno no cumple su compromiso de respetar los derechos”, comentó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de las víctimas.
En mayo emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a que diera a conocer resultados concretos sobre las cuatro líneas de investigación del caso que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a más tardar en la segunda semana de agosto.
Las líneas son la posible participación del Estado en los hechos, la cooperación de la policía de Huitzuco, el análisis de la telefonía celular de los normalistas y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, en Estados Unidos.
“Es impresionante cómo a mil días la gente ayuda de manera espontánea. Los padres viven de la solidaridad y eso les da ánimo”, añadió Vidulfo Rosales.
Advirtió que “si no hay avances (en agosto), nos movilizaremos de nuevo. Es vital resolver este asunto antes de octubre. Después, la elección presidencial va a ocupar la agenda nacional y ya no se va a hablar de nosotros”, aseguró el abogado al terminar la marcha en el hemiciclo a Juárez.
En la marcha se vio a normalistas de distintas escuelas rurales del país, integrantes de sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos y magisteriales, partieron a las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia, hicieron una parada en la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en el antimonumento a los 43 sobre la avenida Reforma.
Pese a la lluvia continuaron su camino, en la calle 2 de abril adyacente al monumento, había al menos seis patrullas y policías auxiliares de la Ciudad de México esperando la movilización, del lado del Palacio de Bellas Artes un grupo de unos 200 policías antimotines vigilaba el inmueble.
Durante el mitin el vocero del movimiento, Melitón Ortega explicó que la exigencia a las autoridades es que se investigue al Ejército, den información de las búsquedas en los celulares de los implicados esa noche, que se detenga a los policías federales y de Huitzuco -municipio vecino a Iguala-, que de acuerdo a las investigaciones del GIEI detuvieron a 25 jóvenes.
Vidulfo Rosales agregó que “todo se mueve en torno a las cuatro líneas. Nos llevarán indefectiblemente al paradero de los 43, el tema de Huitzuco, además de detener a los policías hay que verificar a dónde fueron llevados los 25 estudiantes”.
Otro requerimiento dijo, son los juicios políticos contra el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien responsabilizó de la desaparición y asesinato de tres normalistas y otros tres civiles en Iguala hace casi tres años, y el del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles quien reprimió a normalistas en ese estado.
A casi tres años de los ataques contra los estudiantes en Iguala, a nivel internacional hay medidas cautelares de la CIDH, lo que permitió la investigación del GIEI y el Mecanismo de Seguimiento, “el tema está en el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, hay una acción, hay un procedimiento ante el Comité de Tortura, ante el Comité de Detenciones Arbitraria, el Foro Permanente de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, casi todos los mecanismos, las relatorías de todos los temas tienen un caso abierto”.
Sin embargo, Vidulfo Rosales lamentó que la exigencia no puede avanzar a nivel internacional si el Estado no entrega resultados para el 15 de agosto, y sigue retrasando las respuestas como hasta ahora.
“Lo que nosotros estamos exigiendo es que haya una jornada de lucha del 15 de septiembre al 26 de septiembre, particularmente en ocho estados: Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Guerrero y la Ciudad de México, habría un conjunto de movilizaciones coordinadas”, informó.
La actividad fue encabezada por padres de los normalistas, quienes pidieron paciencia a la sociedad y comprensión porque han dejado todo por su búsqueda. Iban al frente con las fotografías de José Ángel Campos, Jorge Álvarez, Benjamín Ascencio, César Manuel González, Martín Sánchez, la mamá de Benjamín, Cristina Bautista dijo que a casi 3 años de no ver a su hijo seguirá hasta encontrarlo.
Participaron en el mitin la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM. Denunciaron la irrupción de policías para disolver una protesta de alumnas de la Normal Rural Justo Sierra Mández de Can?ada Honda, en Aguascalientes, y que “elementos de la Policía de Michoacán se metieron a la Normal de Tiripetío mientras estudiantes brigadeaban e hirieron a un compañero en la cara, que está postrado en el hospital”.
Los padres anunciaron que los próximos 6 y 7 de julio una comisión asistirá a Lima, Perú, a audiencias extraordinarias de la CIDH, y convocaron a la creación de carteles de los tres años de la desaparición de los 43, para que con la reproducción de los mismos recaben fondos.
Fueron a la protesta la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato de Telefonistas, integrantes de La Sexta, del Frente Popular Revolucionario y Brigadas de Paz Marabunta.
Un periodista independiente vestido de árbol acompañado de dos activistas exigieron la presentación con vida de los 43, y justicia para los periodistas asesinados en el país, ya que sólo en este año van siete. Cargaron una calavera de cartón y los nombres de los periodistas de La Jornada asesinados este año: Miroslava Breach y Javier Valdez.

Proponen redes estatales y una nacional para detener los ataques a la prensa


Integrantes de Agenda de Periodistas se dieron un plazo de dos meses para tener una calendarización de acciones, luego de sistematizar los resultados de las mesas de análisis de agresiones, condiciones laborales y otros temas sobre libertad de expresión, donde participaron 381 periodistas, académicos y sociedad civil.
Entre las propuestas está la creación de redes estatales aglutinadas a una nacional, para definir prioridades, como la capacitación, y frenar los ataques a la prensa.
Guillermo Osorno, director del Centro Horizontal, uno de los medios convocantes, explicó que aún no está definida la organización que se conformará luego del ejercicio de tres días que surgió tras el asesinato de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa; sin embargo, adelantó que “la próxima semana discutiremos la forma de organizarnos. Una vez que esté conformada la agenda y la organización, habrá un esfuerzo para ir a crear capítulos estatales, y por lo menos a generar adhesiones en los 32 estados”.
Puntualizó que en un periodo de dos meses la Fundación Ciudadano Inteligente, que moderó las seis mesas de discusión en el Palacio Postal los días 14, 15 y 16 de este mes, trabajará con los participantes en la sistematización de la información y la construcción de un plan de acción con metas al 2020 y 2022. El resultado se presentará en las 32 entidades.
“Las 50 organizaciones convocantes discutirán el tipo de organización que dará seguimiento a las metas y garantizarán fuentes de financiamiento para el inicio de su operación”, dijo.
“Al mismo tiempo que parece descubrirse una guerra nacional contra el periodismo, se detonó un proceso de organización gremial inédito en nuestro país. En menos de cuatro semanas se organizó un ejercicio de deliberación colectiva, al que se registraron 600 personas de manera preliminar, para hablar de las causas de la violencia contra la prensa y sus posibles soluciones”, explicó.
Ixchel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), reclamó: “¿Qué se necesita en este país para que el gobierno mexicano rinda cuentas? Si se mata a personas, se mata a periodistas, se vigila a periodistas, desaparecen 30 mil personas y el gobierno sigue diciendo que no pasa nada. Creo que tenemos un problema súper grave que no está solucionado”.
Consideró que la organización contribuirá a defender el derecho a las audiencias de estar informadas, concientizar a la sociedad de por qué cuando matan a un periodista se rompen varias redes de ayuda. Pero hay que empezar “exigiéndole al gobierno que respete a las y los periodistas de este país”.
De las mesas: Riesgos, atención en casos críticos y respuestas inmediatas; Alternativas para combatir la impunidad; Organizaciones sociales y vías para fortalecerlas; Solidaridad gremial, derechos laborales y publicidad oficial; Reacciones de seguridad pública; El significado social de las agresiones contra periodistas, “surgieron avances que el periodismo no había tenido durante al menos 40 años”, aseguró Ignacio Rodríguez Reyna, fundador de la revista Emeequis.
Del lado académico, Federico Mastrogiovanni, coordinador del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, consideró que “la organización, la capacitación nos sirven para no cometer errores, debemos tomarnos el tiempo de reflexionar lo que estamos haciendo, lo que estamos contándole a la gente, porque muchas veces, y esto es un problema que es un poco complicado admitir, no nos damos cuenta de que reproducimos narrativas hegemónicas, narrativas dominantes, narrativas del Estado, sin siquiera saberlo, sin cuestionar lo que estamos haciendo”.
Agregó: “Una de nuestras responsabilidades justamente es tratar de observar nuestro trabajo, nuestras perspectivas y empezar, eventualmente, a cambiar nuestra postura y hacernos un poco más críticos como profesionales de la comunicación”.
Francisco Sanabria, del Semanario Ríodoce, dijo que la agenda debe servir para que los periodistas de los estados sepan que no están solos “esta agenda nos ha construido una red de solidaridad, donde el periodista de cualquier parte del país ya no está solo. Ahora la agresión que le ocurra a un compañero de Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, le ocurre a todos”.
En próximos días, los organizadores enviarán a los participantes un correo electrónico con la explicación de cómo será la discusión en línea y colectiva, que moderará la organización chilena Ciudadano Inteligente, para delimitar los parámetros de la organización que se formará a partir de las mesas.

Dan postura sobre espionaje

Integrantes de Agenda de Periodistas exigieron al gobierno investigar el espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos, documentado en The New York Times.
Ixchel Cisneros criticó la respuesta de la Presidencia, luego del reportaje que evidencia cómo el gobierno mexicano compró un software para intervenir telecomunicaciones de periodistas y activistas, entre éstos Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui.

El mes pasado fue el más violento del que se tenga registro en el país con 2 mil 186 homicidios

 

Mayo fue el mes más violento en México del que se tenga registro.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), indican que el mes pasado se iniciaron 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso.
Es la cifra mensual más alta por lo menos desde 1997, cuando el SESNSP comenzó a sistematizar las estadísticas delictivas en el país.
Ni siquiera durante el pico más alto de violencia durante la llamada guerra contra el narcotráfico, México llegó a una cifra tan alta.
Antes de mayo de 2017 el récord de violencia lo tenía mayo de 2011 -durante el sexenio de Felipe Calderón-, con 2 mil 131 homicidios dolosos.
Con los asesinatos de mayo reportados por las procuradurías y fiscalías estatales, México llegó a 9 mil 916 homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año.
Esta cantidad es 29.4 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, que sumó 7 mil 658, y la más alta para un periodo idéntico desde 1997.
De mantenerse los niveles de violencia, 2017 se convertiría en el año con más asesinatos de las últimas dos décadas.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano consideró que las autoridades siguen sin encontrar la fórmula para reducir la violencia, “lo que me preocupa no sólo es que hoy tengamos los primeros cinco meses del año más violentos, sino que no veo cómo vamos a lograr reducirlos, no creo que en los próximos meses venga algo que modifique la realidad que estamos viviendo”.
“Parece ser que el rumbo está bastante perdido, es decir, no tenemos elementos que nos guíen con claridad y nos digan: en un año, en seis meses o en tres meses vamos a tener una reducción”, expresó.
Afirmó que las estrategias no están dando resultados contundentes y claros, ni existe evidencia de que los recursos destinados al combate anticrimen estén siendo bien utilizados.
La espiral de violencia inició en julio del año pasado y no ha cesado, a pesar del despliegue de fuerzas federales en distintos estados y la implementación de varias estrategias.
El 30 de agosto de 2016 ante el incremento de ese delito en los meses previos, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una estrategia especial para acotar la violencia.
En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, instruyó la puesta en marcha de un plan en los 50 municipios del país que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos.
Sin que se detallara su contenido se puso en marcha una estrategia con dos componentes generales: prevención del delito y contención criminal con fuerzas de seguridad.
En enero la Secretaría de Gobernación lanzó otro plan para reducir el homicidio en 50 Municipios de Atención Prioritaria con Perspectiva de Prevención, denominados MAPPP.
Pese a las cifras la Segob ha sostenido que las circunstancias en materia de seguridad son distintas a las que se registraban en el sexenio anterior.
Fueron seleccionados mediante tres criterios, homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica, y se les apoyará en el desarrollo de “proyectos especiales”.

Denuncian trabajadores del Fonden que no deposita la Sedatu salarios devengados

Los 33 trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) denunciaron que van dos viernes sin que la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (Sedatu) les deposite un mes de salario devengado de los tres que les adeudan, como habían acordado con funcionarios de la dependencia en la Ciudad de México.
Los trabajadores iniciaron un paro laboral el 16 de mayo porque les debían cinco meses de salario devengado. El 24 de ese mes, les depositaron un mes sólo a 29 de los 33 trabajadores.
El miércoles 31 de mayo, los empleados se reunieron en la capital del país con funcionarios en las oficinas centrales de la Sedatu, ahí les prometieron pagarles otro mes de salario devengado y que cada viernes les depositarían un mes más hasta terminarles de pagar el 23 de junio.
Sin embargo, ayer vía telefónica la trabajadora del Fonden, Violeta Medina dijo que los viernes 9 y 16 de mayo no les depositaron en sus cuentas bancarias el pago de un mes de salario devengado de los tres que les adeudan.
Agregó que hasta ayer, a los 33 trabajadores ya les pagaron dos meses de salario devengado, y falta que les depositen los tres meses de su salario.

Levantan plantón en PGR padres de los 43 tras acuerdo de seguimiento de las líneas del GIEI

 

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos levantaron ayer el plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que estuvieron 26 días para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar a sus hijos.
De acuerdo con el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, este martes unos 700 integrantes de organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que formaron la Asamblea Nacional Popular (ANP), marcharon con los padres de los normalistas desde el anti monumento a los 43, ubicado en el Paseo de la Reforma, hasta el plantón frente a la PGR.
Más tarde, en una conferencia de prensa, los padres dieron a conocer un balance de las acciones que llevaron a cabo durante los 26 días que mantuvieron el plantón, y a la una de la tarde comenzaron a desarmar el campamento, para regresar a la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla.
Vía telefónica, Felipe de la Cruz dijo que las autoridades federales se comprometieron a dar seguimiento a las líneas de investigación que estableció el GIEI, es decir, el trasiego de drogas, los teléfonos de los jóvenes, la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, y la responsabilidad del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y del entonces fiscal Iñaky Blanco Cabrera.
Además, en una reunión el viernes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifirán se comprometió a que en los siguientes días los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes tendrán una mesa de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Señaló que aún no se les indica la fecha, lugar y hora, para llevar a cabo la mesa de trabajo con Osorio Chong, aunque los padres de los normalistas desaparecidos consideraron que luego de las marchas, bloqueos y protestas en la Ciudad de México, es una avance que el gobierno federal decida reanudar las mesas de diálogo y seguir las cuatro líneas de investigación.
De acuerdo con el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el levantamiento del plantón se da después de acordar con el gobierno federal una reunión con representantes de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 31 de mayo y otra en la primera quincena de junio con Osorio Chong.
Previo a esas reuniones, los padres y madres sostendrán un encuentro preparatorio con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, en la que se reafirmarán las cuatro peticiones que sostuvieron en esta movilización.
Rosales Sierra explicó que las mesas de trabajo fueron acordadas con Campa Cifrián en reuniones interinstitucionales el pasado 10 de mayo.
Vidulfo Rosales reconoció que, “hay un desgaste en la salud y en la situación física de los padres de familia, y no podemos jugarnos todo en un plantón, la lucha continúa, ésta es una más”.

El recuento de actividades

Acompañados de estudiantes de normales rurales del país y de organizaciones sociales, los familiares de los desaparecidos marcharon del anti monumento a los 43 al plantón en la PGR, donde presentaron un balance de las actividades que llevaron a cabo en la capital y anunciaron el levantamiento del plantón.
A Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, le correspondió leer el pronunciamiento en el que informaron que desde que se instalaron en plantón, el pasado 20 de abril, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y sus simpatizantes marcharon 14 veces en distintas partes de la Ciudad de México, hicieron cinco mítines de denuncia, ocho actos político culturales y tuvieron cuatro reuniones con autoridades.

 

Llama Artículo 19 al gobierno federal a que frene la violencia contra los periodistas

 

La organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 México señaló que es preocupante la ausencia de garantías para ejercer el periodismo en Tierra Caliente, luego del asesinato del periodista Cecilio Pineda Birto y de la retención, robo y amenazas de muerto contra siete periodistas en esa zona.
Expuso que lo acontecido refleja la ausencia del Estado, lo que agravia a la población en el lugar.
Por separado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó la agresión a los periodistas en la carretera frente a Acapetlahuaya ocurrida este sábado, y manifestó que permitir que grupos armados intimiden, agredan o violenten a los periodistas obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que cumplan con garantizar la seguridad de la población y el ejercicio de la libertad de expresión en México.
“Un grupo de siete periodistas conformado por Sergio Ocampo corresponsal de La Jornada, Ángel Galeana reportero de Grupo Imagen, Alejandro Ortiz del portal Bajo Palabra, Jair Cabrera colaborador de La Jornada, Jorge Martínez de la agencia Quadratín, Hanz Musielik de Vice y Pablo Pérez de Hispano Post, fueron privados de su libertad por algunos minutos y despojados de una camioneta, de sus equipos de trabajo, de teléfonos celulares, identificaciones y dinero en efectivo, además de recibir amenazas de muerte en su contra”, relata Artículo 19 en la alerta que emitió sobre los hechos en la carretera, cuando los periodistas regresaban de cubrir bloqueos en municipios de Tierra Caliente, a un kilómetro de un retén del Ejército.
En 2016 la organización documentó en su informe anual 26 agresiones contra la prensa en Guerrero.
La alerta emitida abunda que el 3 de marzo fue asesinado el periodista Cecilio Pineda en la misma zona de Tierra Caliente.
Resalta que “con los hechos ocurridos es preocupante la ausencia de garantías para ejercer el periodismo que impera en la región de Tierra Caliente. No podemos soslayar que la situación padecida por la prensa es un reflejo de la ausencia del Estado que agravia a la población de la zona”.
Expone que resultan preocupantes las afirmaciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) hechas a los periodistas involucrados, al no comprometerse a garantizar su seguridad y la de sus familias.
Hace un llamado enérgico al gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto a que lleve a cabo las acciones necesarias para frenar la ola de violencia en contra de las y los periodistas, asegurar su protección y acabar con la impunidad que impera en los delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Sostiene que el reciente cambio de titular en la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debe demostrar que se trata de un verdadero compromiso por mejorar un contexto adverso para el ejercicio periodístico en México.
También demanda al nuevo titular, Ricardo Sánchez del Pozo, que instruya a su personal que haga las diligencias correspondientes, identificar y llevar a la autoridad judicial a los responsables.
Advierte que es fundamental que la FEADLE como el Mecanismo de Protección a Periodistas se coordinen, para que en el ámbito de sus competencias brinden las condiciones de seguridad a los periodistas agredidos a fin de realizar las denuncias correspondientes y estar en posibilidad de dar el debido seguimiento.
También exige al gobierno del estado garantice la seguridad de los periodistas que habitan y laboran en la zona.

Guerrero es una de las entidades más peligrosas para los periodistas, advierte la CNDH

Mientras que en un comunicado la CNDH señala que “los periodistas, que viajaban en dos camionetas, fueron agredidos por hombres armados quienes les sustrajeron sus pertenencias y materiales de trabajo como celulares, cámaras y documentos personales, tarjetas bancarias y pasaportes, así como una de las camionetas en las que se desplazaban, además de amenazarlos”.
Indica que como organismo nacional de defensa de derechos humanos tuvo de inmediato comunicación con el secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa Éric Chavelas para ofrecer las acciones y el acompañamiento necesario a los periodistas agredidos.
Abunda que Guerrero es una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México, por lo que es necesario que las autoridades establezcan las condiciones necesarias para garantizar que la labor de las y los periodistas pueda realizarse sin ningún tipo de afectación, por parte de servidores públicos o particulares.
Afirma que por ningún motivo puede permitirse que grupos armados intimiden, agredan o violenten el material de trabajo de las personas que ejercen el periodismo en el estado o en alguna otra región del país, que obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que cumplan con garantizar la seguridad de la población y el ejercicio libre de la libertad de expresión en México.

Urge dar a los militares más facultades en el combate al crimen, dice Astudillo en televisión

 

Entrevistado en Mileno Televisión por Fernando del Collado, el gobernador Héctor Astudillo Flores opinó que es necesario y urgente aprobar la ley de seguridad interior, para que los militares cuenten con mayores facultades en el combate contra la delincuencia.
Asimismo, a diferencia de lo que declaró el año pasado al periodista Carlos Loret de Mola de Televisa, cuando se fijó un plazo de un año para disminuir los índices de violencia en la entidad, esta vez dijo que la lucha contra el crimen será larga, pero que su gobierno ha avanzado en el combate a la violencia, aunque “no como quisiera”.
–La violencia no llegó, pero tampoco se ha ido –le dijo el entrevistador.
–Hay que luchar, no es sencillo.
–¿El Tequilero?
–Es urgente detenerlo.
–¿Los Rojos?
–Hay que combatirlos.
–¿Guerreros Unidos?
–Hay que, por supuesto, enfrentarlos.
–¿Cincuenta grupos criminales en su entidad?
–Son muchos, creo que son menos.
El entrevistador le preguntó que a quien le conviene que siga en el gobierno y respondió que a la federación y al pueblo de Guerrero, mientras que a la pregunta de a quien no le conviene, dijo que a quienes ha afectado, que son los carteles “y a los que les gane la elección”.
–¿El gobernador de ahora es el que necesita Guerrero?
–Estoy convencido que sí.
–¿Ya negoció con el crimen?
–No, de ninguna manera.
–¿Tierra Caliente ya es un Estado fallido?
–Es una región compleja.
Otra pregunta fue si los sembradíos de amapola son la solución en Guerrero y el gobernador contestó que sí, para la ruta medicinal, igual que la mariguana.
–¿Cuántos alcaldes están coludidos con el crimen?
–Pregunta difícil de contestar, porque no estoy metido en sus oficinas –respondió.
–¿Pero los hay?
–Puede haberlos.
En otro de los temas, le preguntaron que qué hizo la madrugada del 27 de septiembre del 2014, cuando ocurrieron los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y aseguró que estuvo pendiente de Iguala, “hablé por teléfono con el secretario de Salud, Lázaro Mazón, para que ayudara a atender a los heridos”, dijo.
–¿Cuántos muertos más valen su gobierno?
–No es un asunto de muertos.
–¿Le importan?
–Sí, claro, me duelen.
–¿Como los 43?
–Por supuesto, marcó a los guerrerenses.
–¿Cuántos desaparecidos valen su renuncia?
–No es un asunto de número, es de firmeza.
–¿Ayotzinapa?
–Una escuela que merece estar mejor y jóvenes que ojalá regresaran.
–¿Vivos o muertos?
–Me encantaría que fuera vivos.
–¿Investigar a militares que estuvieron en Ayotzinapa?
–Todo se puede investigar.
–¿En su entidad, el Ejército le ayuda o le estorba?
–Ayuda, y mucho.
–¿AMLO (Andrés Manuel López Obrador) ha ofendido al Ejército?
–AMLO tiene su estilo especial.
–¿AMLO demostrará que Ayot-zinapa fue un crimen de Estado?
–Lo que debe demostrar es que no se anduvo abrazando con Abarca. (José Luis Abarca Velázquez).
–¿Dónde está Catalino Duarte?
–No lo sé.
–¿Quién lo tendrá secuestrado?
–No lo sé, está en investigación.
–¿Quién asesinó a Demetrio Saldívar?
–La delincuencia organizada, de acuerdo con las investigaciones que hay.
–¿El crimen coludido con su gobierno?
–Si lo detecto, actúo y lo separo inmediatamente.
–¿Resiste Javier Olea?
–Hasta donde sea posible.
–¿Florencio Salazar?
–También, buen funcionario.

 

Problemas de procesamiento y envasado impiden dar valor agregado al coco guerrerense, dice empresario

Problemas en la organización del campo entre productores, procesamiento y envasado de materia prima, impiden que haya un “valor agregado” en la producción de coco en Guerrero, pues a pesar de que es la entidad que más lo produce, éste no ha sido aprovechado, indicó el representante en ventas de la empresa de origen sueco Tetra Pak, Gerardo Garza García.
En conferencia de prensa en el hotel Holiday Inn Resort, Garza García informó del primer Encuentro Nacional de Coco, que convoca la empresa empacadora de líquidos, que comentó que convocaron al encuentro debido a la creciente demanda de agua de coco envasada en Estados Unidos, que en sólo cinco años creció 27 veces su procesamiento.
En su exposición, dijo, el competidor del jugo de naranja es el agua de coco, “pues ha reportado crecimientos importantes”.
Agregó que, aunque la producción de coco se concentra en el sureste de Asia, también se tienen referentes importantes en América Latina, pues Brasil es el cuarto productor del mundo y México ocupa el octavo sitio.
De las propiedades del agua de coco dijo que contiene electrolitos, combate las náuseas, ayuda a disminuir el colesterol, reduce los síntomas de las resacas, es un rehidratante natural y contiene magnesio.
A pesar de la industrialización, que aprovecha la pulpa y la cáscara, se ha desaprovechado el agua, dijo.
“El agua de coco se utiliza incluso como medicina tradicional y tiene aportes en la salud que se integra en un ambiente de fiestas, de descanso”, comentó Garza García.
Sobre las ventas, informó que Brasil pasó de vender 7.6 millones de litros de agua de coco envasado en 1995, a 985 millones en 2012. En Estados Unidos el mercado creció 27 veces, llegando el año pasado a vender más de 400 millones de dólares.
“Gran parte de estos 400 millones de dólares son de productos importados como Brasil y el sureste asiático. En el caso de México, pasó de ser un país que en 2010 vendió 206 mil litros de agua de coco, a ser un país que en 2015 comercializó cerca de 12 millones de litros”, indicó.
Afirmó que la creciente demanda de agua de coco envasada obligó a Tetra Pak a convocar a productores, a empresarios y a intermediarios involucrados en producciones de coco.
En lanzamientos de nuevos productos que involucraron al agua de coco, detalló que hasta septiembre de 2016 hubo 334 nuevos productos, de los cuales América Latina en 2011 tuvo presencia importante, entre ellos México, aunque no detalló cifras de ello.
“Nosotros tenemos ubicados tres grandes retos, uno es el suministro que va relacionado con la organización que vive el campo; el segundo es un correcto procesamiento del agua y los derivados del coco que se considera un producto tan delicado como la leche; y una vez procesado el producto, necesitamos un envasado que lo proteja de cualquier agente externo que lo degrade o descomponga”, comentó.
“Hoy los productos derivados del coco responden a las necesidades que vemos en nuestros consumidores, a la necesidad de productos que aportan un estilo de vida sano, a una necesidad de productos naturales, y tiene un número creciente de lanzamientos en todo el mundo”, expuso.
Del primer Encuentro Nacional del Coco, detalló que se desarrollará del 23 al 25 de mayo en el que se discutirán “oportunidades de negocio”,  y “convertir a México en un referente, porque es el octavo país productor de coco en el mundo, y Guerrero es el primero en el país”.
Comentó que en Indonesia, Malasia y Filipinas son los productores más importantes; Brasil es el cuarto y México el octavo.
“Queremos hablar de este desarrollo y la posibilidad de crecimiento con paneles, mesas de trabajo para hablar de la innovación del coco, las tendencias, ubicarnos a nivel global para unirnos a esa tendencia, viene un experto en Singapur y, para la parte de procesamiento, un integrante de Tetra Pak Brasil”, sostuvo.

Cierran los padres de los 43 la PGR; exigen una reunión con el procurador y con Osorio Chong

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cerraron la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, para exigir una mesa de diálogo con el procurador Raúl Cervantes Andrade y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que desde las 7:15 de la mañana los padres y manifestantes que desde hace 19 días mantienen un plantón frente a la PGR, cerraron los accesos y clausuraron de manera simbólica las instalaciones, para exigir que las autoridades le den seguimiento a las líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los pasados días de protesta fue cerrada la entrada principal, pero los funcionarios de la PGR podían ingresar a trabajar por accesos aledaños, este lunes sólo se veían guardias al interior del inmueble.
En declaraciones telefónicas, Rosales Sierra dijo que la PGR continuará cerrada hasta que las autoridades respondan a las demandas de los manifestantes.
A las 7:30 de la noche el gobierno federal propuso que la reunión fuera con el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, pero no se llegó a un acuerdo.
En conferencia de prensa a las 10 de la mañana, la madre del normalista desaparecido César González Hernández, Hilda Hernández Rivera exigió que el gobierno federal investigue el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques, además de la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes y de los detenidos por el caso.
Rosales Sierra dijo que tras la conferencia de prensa los padres marcharon acompañados de unos 300 manifestantes desde el plantón frente a la PGR al antimonumento a los 43 ubicado en la avenida Reforma, donde se llevó a cabo un mitin para exigir que las autoridades resuelvan el caso, pues no puede quedar impune.
En su plantón, los padres tienen costales y cajas de papas, cebollas, nopales, hierbas de olor y demás verduras.
También tienen leña para hacer fogatas y usan la reja de la PGR como tendedero de ropa.
Duermen en casas de campaña o en colchonetas sobre un templete de madera en la carpa principal, y cuentan con más de 10 sanitarios móviles.
El bloqueo lo mantienen en las tres entradas del edificio: la principal, sobre Reforma; la del estacionamiento en Río Guadiana, y la de un acceso lateral en Río Neva.
Cientos de empleados no han podido entrar a las instalaciones, por lo que esperan en las inmediaciones a espera de órdenes de sus superiores.

Denuncian agresión a un padre

En la página oficial en Facebook Padres y madres de Ayotzinapa, se denunció que durante el bloqueo de los accesos a la PGR, cerca de las 3 de la tarde un presunto trabajador del gobierno federal intentó entrar por la fuerza a las instalaciones y agredió a Bernardo Campos Santos, padre del normalista desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien es diabético y resultó lesionado en la rodilla izquierda.
“En repetidas ocasiones hemos afirmado que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos lo han arrebatado. Uno de nosotros fue objeto de una agresión el día de hoy. Una persona (probable representante de la Ley) intentó entrar por la fuerza al edificio de la PGR y en su violenta intentona jalonea a Don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, ¡este padre es diabético! Nos faltan 43”, fue el mensaje con el que difundieron fotografías de la lesión de José Ángel Campos.

Tiene un cronograma; en noviembre tendrá resultados de la investigación, dice la PGR

La PGR informó que existe un cronograma elaborado para tener resultados de la investigación en seis meses, es decir, hasta noviembre.
Ordenó realizar vuelos de rastreo con tecnología de última generación en una superficie de 60 kilómetros cuadrados en la zona de Iguala, en busca de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, dieron a conocer que estos vuelos continuarán con el uso de tecnología LiDar, un radar que obtiene imágenes tridimensionales y térmicas.
“En esta ocasión los propios padres pidieron que el área de aplicación del LiDar sea ahora mucho más extensa en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Esto, con independencia de los costos que pudiera tener, el señor procurador lo aprobó de inmediato”, dijo Higuera.
Comentó en conferencia de prensa que desde que la PGR comenzó a utilizar esta tecnología se ha sobrevolado un área de un kilómetro cuadrado, en la que cual encontraron 100 lugares que debían ser sujetos a una revisión de campo.
Después de una inspección del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los representantes de los padres de los normalistas, dijo, no se localizó ningún dato relevante para las investigaciones ministeriales.
Herrerías informó que a más tardar en noviembre próximo la PGR dará cumplimiento a nueve puntos y recomendaciones de líneas de investigación solicitados por organismos internacionales y los padres de los estudiantes.
Se trata de los puntos recomendados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un mensaje leído a la prensa, Sara Irene Herrerías informó que el 20 de abril se realizó una reunión con representantes de los padres, el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y el procurador Raúl Cervantes, en la que les ofrecieron seguir con “todas las líneas de investigación” y presentar un cronograma sobre los puntos que el mecanismo de la CIDH planteó como prioritarios.
La funcionaria agregó que al día siguiente, la dependencia presentó a la CIDH un cronograma con nueve puntos para ir cumpliendo de ahora hasta noviembre.
No obstante recordó que a esa reunión no asistieron los padres de los 43 “por lo que había pasado en la audiencia entre la CIDH, en donde ellos lo consideraron como un rompimiento y nosotros reiteramos en que como PGR teníamos abiertas todas las líneas de investigación”.
Por otra parte, informó que aún faltan por detener a siete personas más relacionadas directamente con la desaparición de los estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Sabemos, comprendemos y tenemos empatía y lo sabemos el dolor de los padres y queremos darle una respuesta a ellos. En este sentido sabemos que lo más importante es la investigación y nos hemos concentrado en eso en este tiempo”, argumentó.
Luego aseguró que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, “está en la mejor disposición de reunirse con ellos dentro de este marco de la Comisión Interamericana, que sería a finales del mes de mayo, cuando toca la siguiente reunión”.

Descarta que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados

Para verificar si hubo tortura el fiscal Alfredo Higuera dijo que la PGR ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, con o sin denuncia de por medio, y hasta ahora sólo ha habido conclusiones en ocho casos.
De ellos, en seis los resultados fueron negativos y en dos hubo datos de tortura contra los detenidos, y en esos casos, los procesados decidieron no continuar la denuncia ante la PGR.
Descartó que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados o el desechamiento del expediente en los tribunales, ya que en caso de comprobarse sólo se anulan las declaraciones de quienes sufrieron los malos tratos.
“Todo eso tendrá las implicaciones y derivaciones que en cada caso concreto corresponda, la consecuencia natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, aseveró.