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Reitera el Congreso demanda al Ejecutivo para publicar addendum sobre ley electoral

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A pesar de que el lunes la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, consideró que los daños a la sede del Congreso local fueron mínimos, luego de la irrupción de manifestantes de ese día en el edificio Legislativo, la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente se realizó vía Zoom.
Pese a ello, pidieron permiso para ausentarse la diputada de Morena, Jessica Alejo Rayo, y el perredista Bernardo Ortega Jiménez. Fueron sustituidos por Angélica Espinoza García y Carlos Reyes Torres, respectivamente.
La sesión comenzó con la asistencia de nueve diputados. Este lunes pobladores de los municipios de la región Centro y Montaña en Chilpancingo, irrumpieron con un camión blindado en el recinto legislativo, derribando el portón del estacionamiento. Esa misma noche Domínguez Serna informó que los daños eran mínimos, sólo al estacionamiento, cámaras de seguridad y portones, pero que se evaluarían.

Se insiste en el addendum

La presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, informó que el presidente de la Comisión de Justicia, Jesús Parra García, pidió al secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, que reconsidere y publique el addendum rectificatorio al decreto 471 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para que se incluya en los acuerdos la violencia política de género, que ya devolvió una vez al Legislativo.
Lo anterior, a través de un oficio que entregó a este órgano de gobierno, y que se remitió al Poder Eje-cutivo, el viernes 7 de julio, indicó.
Este documento fue devuelto al Legislativo sin publicar, con el análisis del Consejero Jurídico del gobierno del estado, Jorge Salgado Parra, de que ya habían pasado el plazo para reformar a la ley electoral que regirá los próximos comicios.
En este caso, la reforma de diversas disposiciones de la Ley electoral, relacionada con acciones afirmativas en la materia, y en la estructura orgánica del IEPC, dejó fuera de los acuerdos la violencia política de género, para que los sancionados por esta infracción no accedan a cargos de elección.
El diputado Parra señaló que por mayoría, la Comisión aprobó el addendum en los términos del artículo 278, con el propósito de incluir en esta misma reforma “lo que erróneamente fue omitido y que forma parte del decreto de reformas”, conforme a las iniciativas presentadas por la diputada Angélica Espinoza García del PRD.
Enfatizó que este mecanismo no implica una reforma adicional o diferente al contenido del decreto 471,  como se indica en la respuesta del Ejecutivo en el oficio del 22 de junio, para devolver el documento.
Aclaró que se trata de la corrección del texto normativo del artículo décimo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales conforme a lo procedente de las iniciativas, y que, como en párrafos previos están incluidos en los argumentos del decreto.
Enfatizó que en la práctica parlamentaria, que también se conoce como Buenas Costumbres en los artículos 1830 del Código Civil Federal, 1627 en Guerrero, forman parte de lo que se conoce como principio de Licitud. Llamó a reconsiderar la decisión que contraría el correcto desempeño del poder Legislativo, y se publique de manera inmediata el addendum rectificatorio, aprobado en el pleno.

Piden atender al hospital comunitario de Metlatónoc

En el único asunto del apartado de intervenciones, el morenista Mendoza Basurto denunció que Hospital Básico Comunitario de Metlatónoc tiene “bastante deterioro” que constató en recorrido con habitantes y regidores hace un mes. Mostró fotografías de los techos con hoyos o con tuberías expuestas, con las sillas inservibles.
El Hospital también debe atender a una parte de la población de Cochoapa el Grande en la Montaña alta del estado, pero funciona al 50 por ciento de su capacidad.
Aclaró que hizo esta denuncia en tribuna, porque hace un año, ciudadanos  han solicitaron la restauración del edificio ante la Secretaría de Salud, sin respuestas.
“Fue de verdad triste ver tantos baldes para captar las goteras del techo, imaginar cómo sería la atención médica en las condiciones de infraestructura, que en la conclusión que hicimos con las personas que acudimos, estimamos que quizá de cuando fueron entregadas las instalaciones, hoy estan al 50 por ciento de su capacidad para brindar algun servicio a los hermanos indígenas del municipio”.
Aclaró que corresponde a la Secretaría de Salud hacer una minuciosa inspección en el Hospital Basico Comunitario, para verificar la situación operativa, administrativa y de infraestructura, y se ejecuten las acciones que correspondan para garantizar su funcionamiento de manera adecuada, brindando una buena atención a la población de Metlatónoc.
Enseguida, Bernal Resendiz hizo llamado urgente para atención no solo de los hospitales de Guerrero, sino de todo el país,  donde no hay medicamentos y las personas siguen muriendo por piquetes de alacrán.
Demandó la infarestructura de primer nivel, que  se prometió, hoy más que nunca debe ser priodidad y hacemos atento llamado a la secretaria de Salud federal y a la estatal, para que puedan tomar cartas en el asunto”.
La diputada del PRI Gabriela Bernal Reséndiz, se unió al reclamo para señalar los problemas en los servicios de salud de todo el país, por la muerte de la niña Aitana Betzabé de seis años de edad, debido a una negligencia de una clínica del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo. La noticia nacional indica que durante su traslado en camilla, la niña internada por dengue hemorrágico, fue prensada en un elevador en mal estado que no tenía señalamientos de que no funciobana.
Asimismo, informaron que el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, el diputado Jacinto González Varona, remitió a la Mesa Directiva 50 informes individuales de auditoría, correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, de los poderes del estado y ayuntamientos.
Aprobaron como asunto de urgente y de obvia resolución, la celebración del Parlamento Juvenil 2023, el 22 de septiembre, en coadyuvancia con la Secretaría de la Juventud y la Niñez, y el Instituto Electoral y de Participacion Ciudada (IEPC).
Este proceso incluye la sección de 46 parlamentaristas, mediante ocho encuentros regionales virtuales, indicó la presidenta de la Comisión Angelica Espinoza García.

Pide el Congreso al Ejecutivo aceptar enmienda que sanciona la violencia política de género

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Congreso local solicitó al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, reconsiderar la decisión de rechazar el “adendum rectificatorio” para agregar a la ley electoral la figura de violencia política de género como causal para negar el registro como candidato a quien la haya cometido, la cual diputados locales dejaron fuera en la reforma aprobada el 8 de junio y publicada el 9 del mismo mes.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, consideró que la negativa se dio por la opinión del consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Salgado Parra, quien se excede en sus facultades y busca confrontar este poder con el Legislativo. El diputado morenista Jacinto González Varona reconoció que fue “una pifia” del Congreso y deberían asumir la responsabilidad.
En un oficio fechado ayer, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, a solicitud del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Jesús Parra García, envió un documento al secretario de Gobierno “para solicitarle a usted muy atentamente, tenga a bien reconsiderar la decisión emitida”.
Vía telefónica, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, afirmó que la decisión del Ejecutivo en ese tema se da a partir de la opinión del consejero jurídico Jorge Salgado Parra, quien cometió un exceso fuera de sus atribuciones: “yo lo que observo en el fondo es un afán de él de confrontar el Poder Ejecutivo con el Legislativo”.
Jorge Salgado tiene sus orígenes en el PRI. En el proceso electoral de 2021 se sumó a Morena después de no conseguir la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo por la coalición PRI-PRD.
Apreza Patrón adelantó que enviarán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda un informe de los diferentes momentos en los que el consejero se ha excedido en sus funciones.
Apreza Patrón dijo que en el cuerpo del dictamen se establecen que en esta reforma se contempla la violencia política en razón de género como causal para que la persona perpetradora no pueda ser postulada a un cargo de elección popular, por lo que, para compensar el error de no incluirlo en los resolutivos, únicamente se planteó un “adendum rectificatorio”.
Apreza Patrón señaló que en el grupo parlamentario del PRI están “verdaderamente sorprendidos de la actitud del consejero jurídico que pareciera que tiene el interés de confrontar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo”.
Explicó que el viernes 9 de junio la Comisión de Justicia aprobó el “adendum rectificatorio” y se envió ese mismo día al Poder Ejecutivo antes de que venciera el plazo para aprobar y publicar las reformas en materia electoral que serán vigentes en este proceso electoral.
De Jorge Salgado dijo que “debe de tener claridad que lo que se envió el mismo día y que en sesión posterior ratificó el pleno del Congreso fue un adendum rectificatorio, es un instrumento utilizado como práctica parlamentaria común y corriente en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales”, por lo que
están sorprendidos por la intención del consejero jurídico de afectar la relación entre los poderes.
Apreza señaló que la respuesta que da el Poder Ejecutivo al Legislativo se basa en la opinión de Jorge Salgado de que se debió realizar con una nueva iniciativa para reformar lo ya aprobado por el pleno “el consejero jurídico está actuando fuera de su competencia, él no es juez, no es integrante del Poder Judicial de la Federación para determinar que norma tiene validez o que norma es inválida, es un exceso, está actuando fuera de su competencia”.
Dijo que el grupo parlamentario está realizando un informe en el que detallen los excesos que ha cometido el consejero jurídico para informar a gobernadora, porque “esto no fue un hecho aislado, ya hay varios documentos que ha enviado el Ejecutivo, y lo grave es que firmados por el secretario general de Gobierno y a veces incluso por la gobernadora y ponen de base la opinión del consejero”.
En breves declaraciones, el diputado Jacinto González Varona reconoció que el no incluir a la violencia política en razón de género fue “una pifia” del Congreso y debe asumir las consecuencias del error.
Comentó que antes de que se votara el dictamen de reformas en materia electoral en las que se incluían las referentes a la Ley 3 de 3, pidió que se realizara una revisión la cual no se hizo y el dictamen se presentó al pleno en los términos aprobados.
“Yo creo que el Poder Legislativo tiene que aceptar esa pifia que cometimos, quedamos fuera de ley ya, cuando aprobamos el adendum creímos que se le iba a dar la celeridad, pero sin embargo el Poder Ejecutivo ya había publicado la reforma”.

Pide la comunidad LGTBQ a diputados protección a sus derechos político-electorales

El comisionado nacional de Diversidad en Movimiento, Alberto Mogollón en el Congreso, donde presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales y para demandar que los partidos garanticen a la comunidad las candidaturas a regidurías y diputaciones Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El comisionado nacional de Diversidad en Movimiento, Alberto Serna Mogollón, acompañado de activistas por los derechos de la comunidad LGTBQ+, acudieron al Congreso local a presentar un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la comunidad gay, para que los partidos garanticen las candidaturas a regidurías y diputaciones.
Después de mediodía un grupo de unos diez activistas encabezados por el militante y miembro de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, entregaron en la oficina de la Mesa Directiva en el Congreso local el oficio con el que buscan que los diputados “rectifiquen” y aprueben nuevas reformas para que este sector pueda acceder a los primeros espacios de candidaturas a regidurías y diputaciones locales por la vía de mayoría relativa y de representación proporcional.
Ahí Alberto Serna planteó que si los diputados no llevan a cabo estas reformas, continuarán en la ruta legal en busca de que una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandate al Congreso a que se apliquen acciones afirmativas a favor de este sector.
Advirtió que llegarán hasta el tribunal en busca de una respuesta favorable, y recordó que hasta el último día previo a la elección el tribunal federal podría ordenar las modificaciones de las planillas de candidatos a regidurías y a diputaciones para incluir a integrantes de este sector.
En el Congreso local, integrantes de la comunidad LGTBQ de poblaciones afroamericanas presentaron este juicio en contra del decreto 471, el cual consideraron que “no atiende las demandas de la comunidad en materia electoral”.
Explicaron que la inconformidad es porque con la reforma, se deja a consideración de las dirigencias estatales de los partidos, qué lugar asignar en las planillas de regidores y en las candidaturas a diputaciones locales.
Lo que buscan es que la ley sea clara en el sentido de que se deben postular en distritos competitivos, y en los primeros espacios de candidaturas a regidurías y a diputaciones plurinominales.
Y afirmó que ningún dirigente estatal de partido los registrará en espacios competitivos “nunca vamos a llegar” a los espacios de representación proporcional, y reprochó que ninguno de los dos diputados locales que obtuvieron su curul por este sector no han hecho nada por la comunidad LGTBQ+.

Por extemporánea, rechaza el Ejecutivo petición para modificar ley electoral y sancionar la VPG

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El gobierno del estado rechazó el “addendum rectificatorio” que el Congreso local aprobó, con el que pretendían subsanar el error de no contemplar en las reformas a la ley electoral que los perpetradores de violencia política de género (VPG) no pueden ser candidatos.
Es decir, que las reformas aprobadas por el Congreso local el pasado 8 de junio y publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 9 del mismo mes, serán vigentes en esos términos, sin que se incluya el adendum aprobado por el pleno el día 13.
Precisamente el 9 de junio pasado, fue la fecha límite (90 días antes del inicio del proceso electoral 2023-2024) que tenía el Congreso local para aprobar las reformas en materia electoral, para que estas fueran aplicables en este proceso.
Y entre las principales modificaciones que se anunciaron fue precisamente la conocida Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores de mujeres, pero ésta fue aprobada incompleta porque no se incluyó entre los tipos de violencia a la que es política en razón de género, ninguno de los diputados se percató del error de dejar fuera esta figura. Así se aprobó por el pleno, se festejó en tribuna por las promotoras y se envió al gobierno del estado para su publicación y entrada en vigencia.
Pero en la siguiente sesión, el 13 de junio el pleno aprobó por mayoría de votos un adendum con el que pretendían subsanar el error y agregar esta importante figura.
Diez días después a través de un oficio fechado y firmado el 23 de junio, el secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, informó a la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez: “respetuosamente devuelvo a usted en original y medio magnético el addendum rectificatorio”.
Se explica que en el análisis que se realizó en la consejería jurídica del Poder Ejecutivo se determinó regresar en adendum porque las reformas que el 8 de junio realizó el Congreso entraron en vigencia a partir de su publicación el 9 del mismo mes.
“Por lo que es una norma vigente a la fecha y para modificarse es a través de una reforma, adición, o derogación” que no puede ser modificado o agregado nada a partir de un adendum como lo pretendió el Poder Legislativo.

La sesión

Este miércoles la Comisión Permanente realizó una sesión de mero trámite en la que se informó del oficio que recibieron de Ludwig Marcial Reynoso y que este oficio fue turnado a la Comisión de Justicia, desde el jueves 29 de junio.
También intervino la diputada de Morena Jessica Alejo Rayo en relación a la conmemoración del 68 Aniversario del Voto de la Mujer en México, señaló que las diputadas tienen el deber de velar por que las reformas constitucionales y legales aprobadas sean a favor de este sector de la población.

Se avanza en instalar los ayuntamientos instituyentes, asegura Yanelly Hernández

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, comentó que el Poder Legislativo ya respondió al segundo requerimiento que le hizo el Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre el cumplimiento a las sentencias referente a la designación de los integrantes del ayuntamiento instituyente del nuevo municipio de Ñuu Savi, en el que nuevamente informan que están en vías de realizarlo.
Ayer después de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso local, se consultó a Yanelly Hernández sobre ese segundo requerimiento: “ya hubo una contestación por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por parte del Congreso del estado, y a través de una mesa de trabajo que se hizo con representantes de estos municipios respecto a este tema”.
Se refirió a que en la respuesta que se dio al TEE se incluyeron los acuerdos a los que llegó la Jucopo con el comité gestor de Ñuu Savi, que en los hechos a los promotores solamente se les explicó la ruta que estaba siguiendo el Congreso para la designación de los cabildos instituyentes.
La presidenta de la Mesa Directiva dijo que “hay buenos avances”, de los cuales no dio detalles porque será la Jucopo la que en su momento informe.
Aseguró en que se está atendiendo el tema pero que “se está cuidando el proceso legislativo que pueda permitir que en su momento los ciudadanos de estos municipios se queden conformes”.
Se le preguntó por el planteamiento del TEE en el sentido de que es muy amplio el plazo que estableció el Congreso local de seis semanas para que las comunidades del nuevo municipio avalen la propuesta de cabildo que realice la Jucopo.
La presidenta de la Mesa Directiva dijo que además de cumplir con lo jurídico “también lo que es importante es que es un acuerdo que se tomó entre ambas partes, de forma tal que ya no se lleguen a dar esas diferencias” en este caso de Ñuu Savi pero también de los otros nuevos municipios con el Congreso local.
Confirmó que aún no hay una fecha probable para que se tengan las propuestas de planillas para este ninguno de los cuatro nuevos municipios.
Pero no puede pasar de los plazos que establece la ley y de los acuerdos construidos entre la Jucopo y los comités de cada uno de los nuevos municipios.

Ya hay 4.3 millones de pesos etiquetados en 2023 para la Universidad Virtual: SEG

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, del Congreso local, junto con el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, revisaron la iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para la creación de la Universidad Virtual, que se planea que comience a operar en septiembre.
En consulta telefónica, el funcionario estatal informó que acordaron nuevas mesas de trabajo para mejorar el proyecto, que ya tiene etiquetados 4.3 millones de pesos del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023.
Precisó que la iniciativa está bajo revisión en la Comisión de Educación, y este miércoles hablaron con los diputados de manera más pedagógica sobre el proyecto. “Expusimos que el Plan Estatal de Desarrollo señala la necesidad de ampliar la cobertura en la educación superior, y se relaciona con reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, del artículo 3 constitucional para volver la educación superior como una obligación del Estado mexicano”.
Sin embargo, recordó que la cobertura de educación superior en Guerrero apenas es del 19.2 por ciento de los egresados de bachillerato, y la media nacional es de 30 por ciento.
En esta ruta, informó que el gobierno estatal creó una extensión de la Universidad Tecnológica de Costa Grande en la cabecera municipal de Heliodoro Castillo, Tlacotepec; que el año pasado se inauguró una extensión de la Universidad Politécnica en Coyuca de Benitez, y ambas están funcionando correctamente con el apoyo de los ayuntamientos.
Además, que el gobierno federal puso en marcha cinco universidades Benito Juárez, en Quechultenango, Atlixtac, en la localidad Tlatlahuquitepec; Taxco, Teloloapan y una escuela de Enfermería en Huitzuco.
A esto se suma el proyecto de la Universidad Virtual como una opción más para la población. Señaló que hay universidades virtuales en Hidalgo, Estado de México y además en la UNAM.
En el estado, esperan que el Congreso local apruebe el dictamen para su creación, con el plan de iniciar labores en septiembre de este año. “(Ayer) acordamos mesas de trabajo de inmediato, para mejorar el proyecto y afinar el proceso parlamentario, para su aprobación definitiva”.
Pese a la premura, aseguró que el gobierno estatal va a ser respetuoso de los tiempos del Congreso del Estado.
Aclaró que, distinto a los modelos tradicionales, el proyecto de Universidad Virtual plantea una estructura operativa pequeña, un coordinador, dos subdirectores y un equipo técnico que trabaje las plataformas de estudios.
Afirmó que la SEG ya cuenta con una base de datos tecnológica y con los servidores de internet, a partir de convenios de colaboración con la Secretaría de Educación Pública.

Confirma el nombramiento del director del IEEJAG

Por otro lado, Rodríguez Saldaña confirmó que tomó protesta al nuevo director del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos del Estado de Guerrero (IEEJAG), Arturo Salgado Reséndiz, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, por indicaciones de la gobernadora.
Indicó que este miércoles tomó protesta al nuevo director del instituto y lo instruyó a mantener un ambiente de armonía, a mantener el ritmo de trabajo para reducir los índices de analfabetismo, a lograr que quienes no han podido terminar estudios, lo hagan.

Ya hay nombres para la Mesa Directiva del Congreso, dice Raymundo García

El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso local, Raymundo García Gutiérrez, informó que no han iniciado las pláticas para la elección de la Mesa Directiva, pero destacó que ya hay tres nombres que se mencionan para estar al frente de este órgano.
García Gutiérrez aseguró que la oposición se mantiene en contra de que presida el morenista Joaquín Badillo Escamilla, a través de la representación del PVEM.
En el caso del PRD, dijo que la propuesta que tienen es el diputado Carlos Reyes Torres; mientras que el PRI plantea a Esteban Albarrán Mendoza, y que también ya “levantó la mano” la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández.
Consultado respecto a las negociaciones o pláticas en torno a la renovación de la Mesa Directiva, para el tercer y último año de la actual legislatura, que inicia el 1 de septiembre, Raymundo García dijo que no se ha hablado del tema.
Comentó que siguen como la madrugada del 15 de junio, que fue el plazo oficial para elegir a la Mesa Directiva, cuando el pleno rechazó la propuesta de Morena y por falta de acuerdos se dio una prórroga hasta el 19 de julio, para el proceso de integración de este órgano de dirección.
El coordinador perredista comentó que este grupo parlamentario tiene como propuesta a Carlos Reyes, mientras que ya mencionó a Esteban Albarrán, y que “las representaciones también traen, como es el caso del PT, a la diputada Leticia Mosso, que se anota para participar. Eso está bien, que existan muchas propuestas para poder tener de donde tomar decisiones”.
Fuentes del Congreso local comentaron que Morena insistirá en llevar como única propuesta a Joaquín Badillo, para ser el próximo presidente de la Mesa Directiva. Consultado al respecto, García Gutiérrez dijo que “el PRI y el PRD se quedó en la misma postura de la última sesión, de que no caminamos con esa propuesta, precisamente por eso se votó en contra y no pasó”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

 

Llama el Auditor al Congreso a reformar la Ley 468 para mejorar la revisión de cuentas

El titular de la Auditoría Superior del Estado, Marco César Paris Peralta, durante una visita ayer al Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, urgió reformar la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, para subsanar las lagunas y deficiencias encontradas, además de reducir los plazos en los procesos de revisión del uso de los recursos públicos y dar más atribuciones punitivas a este órgano.
En declaraciones después de la entrega de 50 informes individuales de auditoría, Marcos César Paris Peralta se refirió a la propuesta que ha planteado de reformar la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
Reiteró que han detectado “lagunas y deficiencias… que con la oportuna intervención de los diputados se pueden corregir”.
Destacó que los procesos de fiscalización “son muy largos, muy imprecisos, y queremos más precisión y más fortaleza en la atribución de la ASE para que el recurso público sea mejor utilizado”.
Justificó que hay resultados que la ciudadanía espera de la ASE de manera más rápida en estos procesos de fiscalización, pero “no es falla de la auditoría, a veces los procesos son muy largos que llevan años” y que eso limita el poder señalar a los responsables del mal uso de los recursos públicos.
“Buscamos tener una mejor condición punitiva para tener hacer un trabajo más eficiente”. También señaló que la reducción de estos plazos en el proceso de focalización “para que los responsables de los entes puedan cumplir, y si no lo cumplen, que no sean procesos largos de una tras otra”.
De las autoliquidaciones por más de 4 millones de pesos que se autorizaron 14 ex funcionarios de primer y segundo nivel que estuvieron al frente de la ASE durante el año en el que el Congreso dejó acéfalo la titularidad, y que fueron denunciadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y en la Fiscalía Anticorrupción, dijo aún no hay una determinación sobre ese proceso.
Comentó que entregaron 50 informes financieros del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2022, de los cuales, 12 son de Evaluación al Desempeño, 30 de cumplimiento financiero, 8 de cumplimiento a inversiones físicas.
Detalló que en seis de estos informes individuales de auditoría se dictaminó “una gestión adecuada en la aplicación de los recursos públicos: cinco del sector gobierno y uno del sector municipios”, también en 26 se determinó “una gestión razonable”.
En 18 de estos informes individuales de auditoría en los que se dictaminó que “no se realizó una gestión eficiente y transparente” de los cuales dos son del sector gobierno, tres al sector órganos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, y 13 del sector municipios.
Peralta Hidalgo comentó que encontraron “varias fallas en la fiscalización”; sin embargo, falta otra etapa de fiscalización, después del cual entonces ya se da vista al Congreso y se “da paso al pliego de observaciones, de responsabilidades y obviamente a las sanciones administrativas o penales a las que haya lugar”.
El auditor estuvo en la oficina de la Mesa Directiva del Congreso local, dónde no lo recibió ningún diputado de este órgano. Sólo estuvo la secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, Rosio Calleja, a través de quien, Peralta Hidalgo pidió una audiencia con los diputados para proponer una reforma a la Ley Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero que permita agilizar los procesos de fiscalización.

Acuerda la UPOEG movilizarse contra el aval de la Corte a consultas del Congreso por Ley 701

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.

 

Si Badillo quiere presidir el Congreso debe construir consensos: diputada

Daniel Velázquez

La diputada local por Morena, Citlalli Calixto Jiménez, opinó que su compañero Joaquín Badillo Escamilla, debe construir consensos para lograr ser presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.
Citlalli Calixto estuvo en una conferencia donde se convocó a los ciudadanos a acudir a la asamblea que encabezará la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Acapulco, la mañana de hoy.
En declaraciones a reporteros, opinó que se debe cuidar que el Congreso tenga una Mesa Directiva para que haya gobernabilidad en el Legislativo, y que Badillo Escamilla, quien pretendió ocupar ese espacio pasándose al PVEM a pesar de ser de Morena, debe cabildear entre los diputados para conseguir su aprobación. En tanto, los diputados deben garantizar la integración de la Mesa Directiva para este tercer año, que aún no se ha instalado.
El pasado 14 de junio, la mayoría los diputados de oposición con apoyo de algunos morenistas, rechazaron que Joaquín Badillo asumiera presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local, al considerar que Morena no debería acaparar los espacios de dirección, pues ya tiene la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Sobre la violencia en la capital del estado, la diputada opinó que se deben reforzar las estrategias de seguridad porque el problema de la inseguridad no solo está en Chilpancingo y corresponde a cada municipio reforzarla en sus demarcaciones, pues son responsables de garantizar la paz.
A la pregunta de que si por la inseguridad en el estado se debe blindar los sitios donde estará Sheinbaum Pardo, la diputada dijo que se debe fortalecer la estrategia de seguridad pero para beneficiar a todos los guerrerenses: “la doctora Claudia no viene a que limpiemos un terrenos y a ver una fantasía, ella viene a sentir y a palpar las circunstancias y las experiencias de la ciudadanía guerrerense”.