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Fue encarcelado en Durango el presunto integrante de Guerreros Unidos, La Rana

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) internó en la cárcel federal de Gómez Palacio, Durango, a Erick Sandoval Rodríguez, La Rana, acusado de estar implicado en el plagio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Según fuentes federales, la noche del lunes, el mismo día en que fue detenido en Cocula, la PGR lo trasladó de la Ciudad de México a Durango, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro.
Según fuentes allegadas al caso, el presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos rendirá su declaración preparatoria vía exhorto ante un juez federal en Gómez Palacio.
El mandato de captura librado contra La Rana corresponde a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el pliego de consignación original, el juez Primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas giró las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, pero las negó por desaparición forzada.
Un testimonio recabado por la PGR, el de Jonathan Osorio, El Jona, ubica a Sandoval Rodríguez en el basurero de Cocula en el momento de la supuesta incineración de los cuerpos de los estudiantes.
Por su captura la PGR ofrecía una recompensa de 1 millón 500 mil pesos.
Para los padres de los normalistas esta detención sólo demuestra que la Procuraduría está interesada en consolidar su versión que señala que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

 

Los montadores de Cuernavaca; un año sin justicia en una de las desapariciones masivas del estado

 

A un año de la desaparición de seis montadores de toros en la carretera en Xochipala, Zumpango, el chofer del vehículo y su esposa del estado de Morelos cuando acudían a un jaripeo en la comunidad de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, no se sabe de ellos y las autoridades de gobierno de Guerrero y Morelos no han informado al respecto.
El 17 de febrero desaparecieron siete vecinos de Cuautla, Morelos, y uno del Estado de México a bordo de una camioneta Chrysler tipo Town Country azul, salieron de Cuautla para dirigirse a la localidad de Linda Vista en San Miguel Totolapan en la región Tierra Caliente, para participar en un jaripeo.
Linda Vista está en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan y es mas fácil llegar por la ruta de la comunidad de Xochipala municipio de Eduardo Neri (Zumpango), y seguir por el municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Consultados por teléfono familiares del montador de toros Carmelo Valentín Quevedo conocido como El Canelo de Cuautla, denunciaron que al cumplir un año de la desaparición de su familiar y sus compañeros no han recibido avances de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero ni de la de Morelos.
“Ya casi se cumple un año de la desaparición de nuestros familiares y ninguna autoridad de los dos estados nos ha llamado o buscado para que nos diga qué pasó con ellos, no sabemos nada de ellos por eso exigimos a las autoridades que den respuesta”, dijo un familiar que pidió que no se publicara su nombre.
Comentó que han insistido a las fiscalías de los dos estados que agilicen las investigaciones para saber de los seis jinetes, el chofer y su esposa, y no han recibido llamadas ni mensajes exigiéndoles un rescate o que haya una señal de vida de sus familiares.
Dijo que los jinetes desaparecidos son Carmelo Valentín Quevedo, El Canelo de Cuautla, El Nano, El Gavilán, El Capulines y El Judas, mientras que del chofer y de su esposa desconoce su identidad.
La tarde de ayer se intentó localizar al fiscal de Morelos Javier Pérez Durón pero no atendió la llamada telefónica.
El 22 de febrero del año pasado se informó en El Sur en un primer momento que los familiares de los montadores informaron que eran cuatro jinetes desaparecidos, tres de Cuautla, Morelos, y uno de Tlalmanalco, Estado de México y que se dirigían a un jaripeo en Chilpancingo.
El 26 de ese mes en una conferencia de prensa en Acapulco el fiscal de Guerrero Javier Olea y el de Morelos, Javier Pérez informaron que eran ocho víctimas y desaparecieron en Xochipala, en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango), cuando iban a un jaripeo.
Ese día el fiscal Olea Peláez leyó un comunicado que decía que se “tiene conocimiento de que una de las víctimas salió de su domicilio el día 17 de febrero del presente año de la ciudad de Cuautla, Morelos, aproximadamente entre las 6 o 7 de la mañana, en compañía de las siete víctimas”.
Un día después en una entrevista radiofónica con la periodista Denisse Maerker el fiscal Javier Olea indicó que en Xochipala se tuvo el último indicio de los desaparecidos, y que en esa zona opera el grupo criminal Los Rojos.
Olea Peláez comentó que la retención de los montadores pudo ser ante una confusión de que las víctimas fueran integrantes de un cártel rival, La Familia Michoacana o Los Templarios que operan en el Estado de México, pero no descartó que haya sido un secuestro para obtener dinero mediante el cobro de un rescate.
El 7 de abril en una narcomanta hallada en el puente peatonal de la colonia López Portillo en Chilpancingo firmada por el grupo delictivo Los Jefes, señalaron al gobernador Héctor Astudillo Flores de proteger al líder criminal del Cártel del Sur, Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, y dijeron que el líder de esa organización criminal secuestró a los seis montadores de toros, al chofer y a su esposa.
Esa no es la única desaparición masiva en Guerrero. El 23 de enero pasado cinco comerciantes originarios de la comunidad indígena Coxolitla de Arriba del municipio de Acultzingo, Veracruz, se dirigieron a Chilapa para vender muebles y sillas de madera, y el 30 de enero fueron encontrados sus cuerpos con el de un hombre y una mujer desmembrados en 15 bolsas de plástico en la colonia Los Maestros, cerca del río Ajolotero.
El 19 de noviembre pasado cinco integrantes de una familia, entre ellas dos mujeres de Cuernavaca, Morelos, desaparecieron cerca del municipio de Olinalá cuando se dirigían a una fiesta familiar. Un día después fueron encontrados ejecutados a balazos y calcinados en el camino de Paraje-Texcalera cerca de las comunidades Tecolapa e Iyocingo en ese municipio.
La misma situación ocurrió varias veces en el municipio de San Miguel Totolapan el año pasado, las víctimas eran vecinos y maestros de la zona, secuestrados por el grupo criminal Los Tequileros.

 

Retienen vecinos de Tecoanapa 28 horas a 20 agentes; allanaron casas en busca de un policía

Más de mil vecinos de la comunidad de Pochotillo, Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero, retuvieron a 20 agentes ministeriales durante 28 horas porque allanaron cuatro casas para detener a un policía de la Ciudad de México, implicado en la desaparición del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores.
Cuatro de los agentes son de la Ciudad de México que llegaron al mediodía del domingo a la comunidad ubicada a 45 minutos de la cabecera municipal, en busca del señor Ubiel Mora Gallardo, quien según datos recopilados entre los propios pobladores y agentes ministeriales del estado tiene una orden de presentación por el secuestro del estudiante que desapareció el pasado 23 de enero en la Ciudad de México y quien fue localizado este domingo.
De los 20 retenidos a una policía ministerial embarazada de unos 6 meses de gestación se le permitió salir de la comunidad el mismo domingo, mientras otras dos quedaron entre los retenidos entre los que está el sub secretario de operaciones de la Policía Metropolitana de la Ciudad de México, Álvaro Sánchez Valdez. Los retenidos fueron liberado a las a las 5:35 de la tarde, no presentaban golpes.
Por la mañana en conferencia de prensa en el restaurante 100% Natural de la Condesa de Acapulco el gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó la retención de los agentes ministeriales e indicó que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos había acudido a la comunidad para ver la situación de los agentes.
Según lo narrado por lo pobladores los agentes llegaron a la casa de la familia del policía de la Cdmx para intentar detenerlo pero Mora Gallardo no se encontraba ahí, y su familia fue amedrentada y robada por los agentes ministeriales.
La afectada Aida Mora Gallardo narró que los agentes entraron a su casa el domingo a mediodía, les quitaron dos celulares y dos tabletas que fueron regresadas este lunes, a excepción de una tableta que fue pagada a la familia por 7 mil pesos porque no fue localizada. También los despojaron de 2 mil pesos que los agentes de la Cdmx devolvieron.
Indicó que llegaron buscando a un Ubiel, quien no vive ahí, y “jalonearon a mi mamá de 75 años–Antonia Gallardo Mayo”. La señora mostró su casa donde permanecía la ropa tirada y los roperos abiertos.
Denunció que los agentes ministeriales se querían llevar a su mamá, a quien le ofrecieron 500 pesos para que cerrara su pequeña tienda. Ayer la señora estaba postrada en la cama luego de que se le subió su presión arterial y quedara afectada por la operación. Por la atención médica de la señora de 75 años los agentes cubrieron la cantidad de 5 mil pesos.
El vecino Ernesto Ramírez Mayo dijo que los agentes llegaron sin ningún tipo de protocolo, “de forma brusca, intimidando casi a la mayor parte de la población, metiéndose a las casas porque supuestamente tenían una orden de presentación”.
Indicó que los ministeriales incurrieron en un error al no presentarse con las autoridades municipales y comunitarias, además de meterse a las casas lo que provocó que “la gente se enardeciera, y se organizara, y en este caso los detuviera”, con el respaldo de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Los agentes detenidos permanecieron en la Comisaría Municipal donde los pobladores les dieron de desayunar y comer. A las armas les quitaron los cartuchos, y otras pertenencias que fueron resguardados por las autoridades municipales.
Desde el domingo la única autoridad que se presentó en la noche fue el coordinador de la Policía Ministerial de Costa Chica, Miguel Barragán. Ayer al mediodía llegó fiscal regional, Manuel Valente Contreras, el coordinador de la Policía del Estado, Rafael Beltrán Noverola, y el visitador de la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero, Samir Rendón Rosas para dialogar con los pobladores y liberar a los agentes.
Unos 3 mil vecinos se organizaron y aportaron tortillas y verduras para cocinar y dar de comer a los retenidos. El DIF municipal envió una caja de huevos, jitomate, arroz, aceite y otros insumos.
Afuera de la Comisaría fueron instaladas tres fogatas, ahí las mujeres cocinaron la mañana de ayer huevo en salsa roja, y en la tarde hubo huevo duro y arroz que repartieron para comer.
Afuera de la comunidad, en el retén de los policías de la UPOEG, permanecieron cuatro patrullas de la Policía del Estado de las fuerzas especiales, así como otras dos patrullas de la Policía Ministerial.
Desde las 12 del día fueron redactados los acuerdos que fueron leídos en voz alta a la comunidad, y firmados alrededor de las 3 de la tarde, para las 5 los agentes ministeriales salieron de la comunidad una vez que firmaron los documentos y su firma fue corroborada con sus credenciales
El comisario, Petronilo Mayo Aparicio también firmó el documento como autoridad, así como los representantes de la Policía Ministerial, de la Policía del Estado y de la Codehum que acudieron.
Entre los acuerdos está una disculpa de los agentes a las familias afectadas, habitantes del pueblo y autoridades comunitarias, “el comandante y su grupo de policías ministeriales aceptan el abuso cometido, allanamiento de morada y se hicieron responsables de los daños materiales físicos y morales que ocasionaron”.
Se les solicitó a los policías ministeriales de la Ciudad de México y del Estado no tomar acciones en contra del pueblo, porque lo que quieren es paz. Se comprometieron a que en cualquier otra acción tienen que coordinarse con la policía de la UPOEG.
Otras exigencias que plantearon los pobladores es el envió de un médico de planta para la comunidad, así como el arreglo del jardín de niños, la primaria, la telesecundaria y una preparatoria popular.

Inadmisible acción, dice el vocero

El portavoz del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia consideró “desafortunada” la acción de los pobladores y señaló que era “inadmisible que haya ciudadanos que pretendan impedir la correcta aplicación de la ley”.
Según el documento, la Fiscalía General del Estado, la Policía del Estado y Comisión Estatal de los Derechos Humanos lograron la liberación de 15 policías ministeriales y cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que habían sido retenidos por habitantes de El Pochotillo, municipio de Tecoanapa, desde la tarde del domingo pasado.
Agrega que habían acudido para ejecutar una orden de presentación girada por autoridades judiciales de la Ciudad de México, en contra de un habitante de El Pochotillo; los habitantes impidieron que se cumplimentara dicho mandato judicial y retuvieron a los elementos.
“En días pasados la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México solicitó el apoyo a la Policía Ministerial de la Fiscalía de Guerrero, por lo que 16 agentes de la PM los acompañaron a esa comunidad de la Costa Chica para que fuera cumplimentado dicho mandato judicial”, se indicó.

 

 

Siguen soldados y policías estatales a cargo de la seguridad de Chilpancingo; cumplen cinco días

Policías estatales y soldados del Ejército continúan a cargo de la seguridad de la ciudad, que tienen desde el jueves que tomaran el cuartel de la Policía Municipal y desarmaron a los agentes municipales acusados de la desaparición de siete jóvenes.
Los uniformados siguen instalados en ese cuartel y hacen recorridos a pie en el Zócalo, en el monumento Unidos por Guerrero, en la alameda Granados Maldonado, en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y patrullajes en distintos puntos de la ciudad.
El miércoles, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para denunciar la desaparición de siete jóvenes a manos de policías municipales.
La noche de ese día los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados.
La Policía Federal, la Estatal y el Ejército tomaron las instalaciones de la Policía Municipal y desarmaron a los agentes municipales.
La vocería del Grupo de Coordinación Guerrero difundió un comunicado en el que dijo que participaron 150 agentes estatales, 20 patrullas de la corporación, 60 militares, 10 vehículos oficiales, 120 federales y 18 patrullas de la Policía Federal.
Después de ese día la Policía Estatal continúa a cargo de la seguridad de la capital, y el vocero Roberto Álvarez Heredia declaró que no hay fecha límite al respecto.

Declaran los policías de la capital ante la PGR y la Fiscalía por la desaparición de los 7 jóvenes

Al medio día de ayer policías ministeriales trasladaron a los municipales y tres patrullas a la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar las investigaciones de la desaparición de siete jóvenes en la capital, entre ellos dos que fueron hallados ejecutados.
Fuentes de la Policía Municipal informaron que a las 5 de la mañana reanudaron las declaraciones ante agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), en las instalaciones de la Policía Municipal que fueron ocupadas por policías estatales, federales y soldados del Ejército.
Ahí ayer se observó vigilancia de la Policía Estatal y de militares, luego que la tarde del jueves agentes estatales, militares y federales tomaran el control de la seguridad de la ciudad tras el desarme de los policías municipales señalados de la desaparición de siete jóvenes, entre ellos dos que fueron hallados muertos.
Al medio día de ayer grupos de entre 10 y 12 agentes municipales y tres patrullas fueron trasladados a la Fiscalía.
Fuentes de la Policía Ministerial precisaron que en la tarde y en la noche del jueves declararon los trabajadores administrativos del cuartel de la Policía Municipal, y ayer los agentes municipales.
Consultado por teléfono el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia dijo que los policías municipales están en calidad de presentados y no detenidos, que están sometidos a una investigación, entrevistas ministeriales para que se determine si intervinieron en la desaparición de los siete jóvenes, dos de ellos que fueron encontrados asesinados.
Álvarez Heredia agregó que hoy se esperan que se den los resultados de las investigaciones a los agentes municipales y trabajadores administrativos de la corporación.
Mientras los uniformados continúan acuartelados la Policía Estatal y el Ejército están a cargo de la seguridad de Chilpancingo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal en la dependencia trabajan 123 policías.
El jueves el empresario de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato señaló a la Policía Municipal de planear con premeditación, alevosía y ventaja el asesinato de los dos jóvenes desaparecidos el sábado 30 de diciembre en la Feria de San Mateo, y afirmó que los agentes entregaron a los jóvenes a un miembro de la delincuencia organizada de nombre Milton.
La noche del miércoles, los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34 fueron hallados embolsados en un basurero en Tierras Prietas, en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la ciudad.
Ese miércoles integrantes de la Cámara Nacional de Comercio se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para denunciar la desaparición de siete jóvenes a manos de policías municipales.

El estudiante de Veterinaria de la UAG asesinado en Cuajinicuilapa fue torturado, revela Efrén Cortés

En Acapulco familiares del estudiante desaparecido de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona, acompañados de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acudieron al Servicio Médico Forense donde reconocieron a la víctima y reclamaron el cuerpo.
En declaraciones, Efrén Cortés Chávez, uno de los tíos del joven de 24 años y sobreviviente de la masacre de El Charco, reveló que el joven fue torturado, y recriminó que desde que la Fiscalía General del Estado tomó el caso de la desaparición de su sobrino, quien realizaba un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia de la UAG, no informó nada a los familiares quienes se enteraron del hallazgo del cuerpo por otras personas.
Fuentes de  la Fiscalía indicaron que el cuerpo no sería entregado hasta que se realizaran los exámenes de ADN para una mayor certeza, pero a la una de la tarde los familiares informaron que en 2 horas les sería entregado y trasladado a su natal Cruz Grande.
En una llamada informaron que el cuerpo fue entregado a las 3 de la tarde y que las pruebas de ADN se las entregarían después, pero que identificaron plenamente al joven por señas particulares y la ropa que llevaba el día que desapareció.
Según el reporte de la Policía Ministerial que acudió al lugar donde fue encontrado el cadáver del joven desaparecido el 28 de octubre en el centro de Cuajinicuilapa, estaba en una fosa clandestina de unos 80 centímetros de profundidad, en un terreno ubicado en la carretera entre Cuajinicuilapa y San Nicolás.
Dice que el hecho fue reportado a las 10:30 de la mañana del martes por el comandante de la Policía Municipal de Cuajinicuilapa, Benito Gracia Morales, quien informó del lugar donde estaba enterrado el cuerpo reportado por los vecinos.
En un diámetro de 10 metros del terreno ubicado cerca de la comunidad de Montesillo, había ramas de árboles cortados y tierra removida, encontrado una fosa de 80 centímetros de ancho,  un metro con cuarenta centímetros de largo y 90 centímetros de altura, donde estaba la víctima.
El reporte indica que al cuerpo se le apreciaron “múltiples fracturas de cráneo, observándose atado del cuello con una cuerda de plástico de color blanco, así como la mitad de una camiseta de color blanco con rojo con el numero 85”.
El joven sólo vestía un “pantalón de mezclilla de color azul, bóxer gris, cinturón piteado el cual tiene la figura de la cara de caballo en la hebilla, y puesta sobre los brazos una playera tipo polo de color verde con figuras de Mickey Mouse en color rojo”.
El cuerpo no fue trasladado a la morgue a las 2:10 de la tarde, hora en que terminaron las diligencias. En el Servicio Médico Forense los familiares estuvieron acompañados de integrantes del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

Llama a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar

El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortes Chávez insistió en que la desaparición y el asesinato de su sobrino, el estudiante de Veterinaria Jorge Cortés Carmona, fue un crimen político por su relación de parentesco.
En una conferencia de prensa con representantes del Colectivo de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero denunció que el gobernador Héctor Astudillo Flores guardó silencio cuando se le pidió su intervención, y la Fiscalía General del Estado (FGE) fue muy lenta en la localización del joven de 24 años, además de que el cuerpo tiene indicios de tortura.
Aseguró que el siguiente día al de su desaparición, el lunes 30 de octubre, hombres desconocidos llamaron al número telefónico del papá de la víctima, y desde el anonimato dieron a entender que ellos sabían dónde estaba el muchacho y podían ayudarlos a localizarlo, sin pedir rescate.
Indicó que los registros telefónicos fueron entregados a las autoridades y no hubo más información del caso, hasta que encontraron su cuerpo enterrado en un paraje rumbo a la comunidad de San Nicolás, por la colonia Miguel Alemán de la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, y la localidad de El Comal.
Estimó que el cuerpo fue enterrado para desaparecerlo, y eso implicaría que el gobierno sabía dónde se encontraba, “¿o quién le dio el pitazo?”.
En tanto no haya una investigación profesional con resultados comprobables y científicos, dijo que insistirá en que el ataque a su sobrino pudo tener una motivación política, debido a las actividades políticas del luchador social. Subrayó que la vida de su familia es lícita.
Aclaró que independiente de los resultados del caso, sean responsables o no las autoridades, hay responsabilidad legal del Estado que debe garantizar la vida de los ciudadanos.
Señaló que la FGE no actuó hasta que la Red Solidaria Década contra la Impunidad solicitó acciones urgentes a las autoridades del Estado mexicano y a organismos internacionales. Entonces, comenzó la aplicación del protocolo de investigación compartida para casos de desaparición forzada.
Llamó a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar “no de simulación. Si hay agentes estatales culpables materiales o intelectuales, o no, debe haber una sanción ejemplar”.
También exigió un pronunciamiento o deslinde del gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que explique por qué la autoridad cayó, hubo silencio gubernamental, no hubo comunicación con la familia”.
Del Colectivo estuvieron representantes la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de los mineros de Taxco, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), colonos del Nuevo Mirador, y el integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García.
Consultado sobre la inseguridad en la entidad, Fuentes García aseguró que el grado de violencia no puede entenderse sin la connivencia de las autoridades.
Aunque hay operaciones militares y policiacas, estimó que hay cierto grado de contención en lugares estratégicos, como Acapulco, no así en las regiones.
“Es grave todo lo que ocurre, no basta toda esa movilización del Ejército y cuerpos de seguridad porque hay presunción de que están involucrados, y en esa circunstancia no puede hacer ninguna seguridad para nadie”,  advirtió.
Mencionó que en la época conocida como la guerra sucia, de la década de 1970, hubo una decisión de Estado para localizar y eliminar un movimiento guerrillero, que no llamaban así, sino de delincuentes, pero no fueron sólo contra los guerrilleros sino tras los familiares y la población que podía protegerlos, “el daño de aquel tiempo no ha sido reparado, no ha habido justicia ni verdad”.
Ahora, señaló que la situación es más compleja por el involucramiento de grupos criminales, “que no podría ocurrir sino fuera por la connivencia del Estado”.

El grupo criminal Guerreros Unidos está en “preocupante crecimiento”, dice la DEA

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) reveló en su edición 2017 de la Evaluación de los Riesgos de la Droga, que la organización criminal a la que la Procuraduría General de la República (PGR) atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerreros Unidos, ha aumentado sus operaciones.
El documento detalla que “mantiene una extensa red en los Estados Unidos para transportar y distribuir drogas ilícitas (principalmente heroína) a través de estados del sur, medio oeste y este”.
En su análisis la DEA califica a la organización cuyas operaciones ubica en Guerrero, Estado de México y Morelos “en preocupante crecimiento”, pese a sólo operar en esos tres estados. Principalmente trafica fentanilo y heroína en ciudades como Pittsburgh y Chicago.
De acuerdo con las investigaciones de la DEA, Guerreros Unidos tiene como método para cruzar la droga el uso de vehículos y camiones de pasajeros o tráileres con compartimientos ocultos, o entremezclados con diferentes productos que, una vez en Estados Unidos, los distribuyen en vehículos más pequeños.
En el documento específica sobre la organización que “a pesar de su corta historia, Guerreros Unidos han evolucionado en una TCO (organización de tráfico de drogas) mexicana de creciente preocupación, con una distribución de drogas, red que abarca varias ciudades importantes en los Estados Unidos”.
Según la investigación el grupo criminal surgió como un cártel independiente en 2011, como una escisión de los Beltrán Leyva, que mantienen operaciones en Guerrero.
Aunque para la agencia no es de los grupos más empoderados en Estados Unidos ni con mayor influencia ni expansión en México, pues detalla que opera sólo en tres estados, “operan de manera estratégica a lo largo de reconocidas rutas de tráfico de heroína”.
Este grupo cobra relevancia en el caso Ayotzinapa, porque una de las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, es que se investigue la posible ruta de trasiego de droga de Iguala a Chicago.
Padres de los 43 desaparecidos y sus abogados han señalado que la PGR ocultó el trasiego de droga a los expertos del GIEI, los cuales en su informe final propusieron que una línea de investigación fuera el de un quinto camión tomado por los normalistas en la central de Iguala, el que aparentemente transportaba un cargamento de droga.
Según el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, lo cual fue declarado por presuntos integrantes de Guerreros Unidos, que junto a policías de ese municipio, Iguala y Huitzuco atacaron a los estudiantes, matando a tres de ellos y a otros tres civiles, además de desaparecer a los 43.

Seis grupos mexicanos con el mayor número de operaciones

Los grupos criminales de tráfico de drogas que la DEA ubica operando en territorio estadounidense son el cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Juárez, el del Golfo, el de Los Zetas, y Beltrán Leyva, cada uno mantiene células de distribución de drogas en ciudades de Estados Unidos mediante intermediarios.
Para la DEA son las que tienen mayor impacto en ese país. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones que la agencia norteamericana ubica como de las más antiguas, “controla la actividad del tráfico de drogas en varias regiones de México, particularmente a  lo largo de la costa del Pacífico”.
Además mantiene la huella internacional más expansiva en comparación con otros grupos mexicanos.
El cártel de Sinaloa exporta y distribuye cantidades al por mayor de metanfetamina, mariguana, cocaína y heroína en los Estados Unidos, manteniendo centros de distribución en ciudades que incluyen Phoenix, Los Ángeles, Denver y Chicago. Las drogas ilícitas distribuidas por el cártel de Sinaloa se contrabandean principalmente a través de puntos de cruce ubicados a lo largo de la frontera de México con California, Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas.
El análisis ubica que los líderes del cártel que operan bajo el ala de Joaquín Guzmán Loera- Ismael Zambada García, y revela un resurgimiento del liderazgo de Rafael Caro-Quintero que mantiene jefes celulares en Phoenix, Arizona, para supervisar la distribución de drogas ilegales en la región. “Las cabezas de las células también coordinan el transporte de drogas ilegales desde Phoenix a varias ciudades”.
Del CJNG señala que es la más reciente de las seis organizaciones que más estructura tienen en Estados Unidos, “aunque una de las más poderosas y de más rápido crecimiento en México y los Estados Unidos”.
En su informe la DEA informó 26 investigaciones activas vinculadas a la jerarquía del CJNG, mientras que en 2017 el número de investigaciones activas aumentó a 46.
“Con sede en el estado de Jalisco, en particular su capital, Guadalajara, CJNG creció rápidamente en prominencia después de haberse separado del cártel de Sinaloa en julio de 2010. Mucho al igual que el cártel de Sinaloa, CJNG es una organización de tráfico de drogas que se ocupa de cantidades al por mayor de principalmente metanfetamina, pero también cocaína, heroína y mariguana”.
Dice que contrabandea drogas ilícitas en los Estados Unidos al acceder a varios corredores de tráfico que incluyen a Tijuana, Juárez, y Nuevo Laredo. Tiene centros de distribución de droga en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Nueva York y Atlanta.
“Los miembros de CJNG exportan cantidades de metanfetamina de varios cientos de kilogramos a California desde Guadalajara, a través de puntos de cruce en Tijuana, con destino a centros de distribución en Los Ángeles y San José, California”.
Del cñartel de Juárez considera que “aunque no tan expansivo como su rival, Cartel de Sinaloa, sigue impactando en los mercados de consumidores de drogas de los Estados Unidos principalmente en El Paso, Denver, Chicago y Oklahoma City. El Cártel de Juárez trafica principalmente con marihuana y la cocaína, aunque recientemente se ha expandido a la distribución de heroína y metanfetamina en los Estados Unidos”.
Detalla que con base en recientes reportes de aplicación de la ley, el cultivo de opio supervisado por el cártel de Juárez aumentó significativamente en el estado de Chihuahua desde 2013, superando el cultivo de mariguana en algunas regiones.
“El cártel de Juárez contrabandea cantidades de cocaína de varios cientos de kilogramos y toneladas, múltiples cantidades de mariguana mensualmente a través del área de El Paso / Juárez y regiones rurales al oeste de Palomas (al sur de Columbus, Nuevo México) y al este de Ojinaga (al sur de Presidio, Texas) en el Estado de Chihuahua, destinado a los Estados Unidos”.
Otra de las organizaciones que mantiene operaciones en el país vecino es el cártel del Golfo que, “se concentra principalmente en el tráfico de mariguana y cocaína, pero también se ha expandido recientemente a la heroína y metanfetamina.
Debido a su influencia sobre áreas en el noreste de México la mayoría de sus envíos de drogas son al sur de Texas a través de la región fronteriza, entre el Río Grande Valley y South Padre Island. El cártel del Golfo tiene centros de distribución clave en Houston, Detroit y Atlanta”.
Según la investigación, un miembro de alto rango del cártel del Golfo en Monterrey, coordina un envío semanal de 100 kilogramos de cocaína a través del Valle del Río Grande a Houston, Texas, donde un pariente actúa en calidad de jefe de celda, asume la responsabilidad de su distribución.
Aunque en este sexenio la DEA ubica un crecimiento importante al CJNG, en el sexenio pasado con Felipe Calderón, la organización de Los Zetas tuvo ese auge.
Esta organización, explica la agencia, se formó como un cártel independiente a principios de 2010 cuando oficialmente se separó del cártel del Golfo. Controlaba el tráfico de drogas en el este, centro y sur de México.
“Sin embargo, debido a la presión de cárteles rivales, la ley mexicana aplicación y conflictos internos, la influencia de Los Zetas ha disminuido significativamente en los últimos años”, afirma.
Los Zetas actualmente están divididos en dos facciones rivales, el cártel del Noreste, representando una forma renombrada de Zetas convencionales, y los Zetas de la Vieja Escuela, que es un grupo disidente. Los miembros de Los Zetas pasan de contrabando la mayoría de sus drogas ilícitas a través del área fronteriza entre Del Río y Falcon Lake, Texas, con una base de poder en Nuevo Laredo, México.
Los miembros de Los Zetas actualmente trafican cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana a través de centros de distribución en Laredo, Dallas, Nueva Orleans y Atlanta.
Por último asegura que la organización de Los Beltrán Leyva, que ha perdido fuerza por las detenciones y asesinatos de sus líderes, que “los restos de su organización continúan en varias partes de México, para incluir los estados de Guerrero, Morelos, Nayarit y Sinaloa”.
“Los más prominentes de estos subgrupos son Los Rojos, Los Guerreros Unidos, la Organización Chapo Isidro, y Los Mazatlecos. Estos subgrupos se aliaron con CJNG, el cártel de Juárez y Los Zetas para acceder a los corredores de tráfico de drogas por medio de SWB (Documento de Embarque Marítimo no Negociable).
Trafican principalmente mariguana, cocaína, heroína y metanfetamina, y mantienen centros de distribución en Phoenix, Los Ángeles, Chicago y Atlanta”.
En los últimos años los cárteles mexicanos han expandido su esfera de influencia en diferentes regiones de los Estados Unidos, incluida el área de Nueva Inglaterra.
“La droga ilícita que representa más amenaza para Chicago es la metanfetamina, seguida de la cocaína, mariguana y heroína”.
Los envíos de droga son en su mayoría por mar a través del SWB, de este modo puede pasar como otro tipo de mercancía, a través de intermediarios que supervisan los envíos y facilitan las ventas, dice la DEA, a los mayoristas y a los de nivel medio de clientela.
“El método más común empleado por los grupos implica transportar drogas ilícitas a través de los puertos de los Estados Unidos en vehículos de pasajeros con compartimientos ocultos o mezclados con productos legítimos en tráileres de camiones.
Además, transportan ilícitamente drogas, como la metanfetamina y cocaína, disuelta en soluciones líquidas, a través del SWB. Una vez al otro lado de la frontera, los cárteles mexicanos coordinan los envíos de drogas ilícitas a dividirse en envíos más pequeños y enviados a los puntos de distribución en todo el territorio”.
La DEA alerta de la metanfetamina cristal producida en “súper laboratorios” que se envían a Nueva York a través del SWB por vehículos, mensajeros y paquetes de servicios de entrega.
Los grupos mexicanos tienen rutas bien establecidas, y también combinan envíos de metanfetamina con otras drogas, como heroína.
Los cárteles mexicanos tienen como mayor suministro de heroína al estado de Georgia. (Con información de Vania Pigeonut / Ciudad de México).

Marchan padres de los 43 en Ayutla; desalojan el INE y un juzgado y protestan en la cárcel

A 22 días de cumplirse tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, sus padres marcharon durante tres horas en las principales calles de la cabecera municipal de Ayutla para recordarle a la población que el caso sigue sin avances, como en el primer día, desalojaron dos oficinas e hicieron un mitin afuera de la cárcel.
La protesta inició a las 11 de la mañana en la Unidad Deportiva de Ayutla, se sumaron las exigencias de la libertad de los presos políticos en el estado, y un alto al cobro de trámites de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En el contingente de poco más de 200 personas iban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que no dejaron de exclamar los números del 1 al 43 por sus compañeros desaparecidos.
También se vio a integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, los desplazados de La Laguna de la sierra de Coyuca de Catalán, 18 comisarios de comunidades de Ayutla y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la comunidad de El Tamarindo.
En las mantas que portaron los manifestantes se leía, “Los desplazados de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, exigimos el regreso de los 43 normalistas. Presos políticos libertad”.
En la vanguardia los padres de los 43 normalistas iban encabezados por Melitón Ortega, quien una y otra vez recordó que el gobierno poco hace por esclarecer la desaparición de los estudiantes, y se niega a abrir las líneas de investigación hacia el Ejército, a la Policía Federal, el trasiego de droga Iguala-Chicago, hacia el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero y a dar a conocer las llamadas hechas desde los teléfonos de los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Mientras la marcha avanzaba por las calles, desde las ventanas de las casas y las puertas algunas mujeres miraban la protesta, algunas preguntaban quiénes eran y por qué marchaban.
Los rostros de los padres de los tres normalistas desaparecidos originarios de Ayutla: Carlos Iván Villanueva, Mauricio Ortega Valerio y Felipe Arnulfo Rosa eran esperanzadores. También acudió la familia de Aldo Gutiérrez Solano quien está en coma desde los ataques de hace casi tres años.
Para las 12:30 del día la movilización llegó a las oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Sagarpa, ahí los comisarios encararon a la encargada a quien le recriminaron el cobro hasta de 500 pesos a los campesinos de 18 comunidades para hacer trámites de los programas gratuitos para el campo.
A la 1:30 de la tarde la movilización llegó a las instalaciones de la Junta local número 8 del Instituto Nacional Electoral (INE), donde los padres de los 43 normalistas reprocharon el dinero entregado a los partidos políticos y responsabilizaron al instituto de ser cómplice de la corrupción.
Señalaron que por eso en Ayutla las comunidades retomaron el modelo de elección de sus autoridades por Usos y Costumbres y que eliminarán las malas prácticas de los partidos políticos. Indicaron que otros municipios del estado tienen el mismo derecho.
De las oficinas salió el presidente vocal ejecutivo Agustín Moreno Pérez, a quien los padres solicitaron desalojar a los trabajadores de las oficinas y a todas las personas que estaban en el lugar. Visiblemente molesto aceptó. En la fachada del inmueble fueron escritos frases como “nos faltan 43”.
El paso firme de los manifestantes siguió hasta las oficinas del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Allende, del Tribunal Superior de Justicia, donde el integrante del FODEG, Hoguer Morales Miranda encaró al juez Esteban Saldaña para que sean cancelados los procesos que se les sigue a nueve presos políticos en el estado.
Entre los que están integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) presos en Ayutla y Chilpancingo. Ahí los integrantes del FODEG se dijeron en “activa movilización”, y el inmueble también fue desalojado por los manifestantes.
A las 2 de la tarde el contingente se apostó afuera de la cárcel de Ayutla, donde se solicitó desde las bocinas al director del penal que dejara pasar a una comisión a visitar al preso político Arturo Campos Herrera, sin embargo las puertas del penal fueron cerradas y no hubo respuesta.
El dirigente y luchador social de Atenco, Ignacio del Valle exigía la libertad de los presos políticos, una fuerte lluvia se dejó caer pero su voz no cedió y señaló que los presos lo estaban porque respondían a los intereses del pueblo y no del gobierno, en temas como la seguridad.
La entrada del penal fue cubierta con las mantas que los integrantes de las organizaciones llevaron en la protestas.
Al término de la movilización los padres de los 43 normalistas hablaron con los 200 asistentes y los invitaron a sumarse a las movilizaciones a tres años de la desaparición de sus hijos, y también al grito popular de independencia.

 

Se van a respetar las protestas por el tercer año de la desaparición de los 43, ofrece Astudillo

Ante las movilizaciones que se avecinan con motivo del tercer año de los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala y la desaparición de 43 normalistas, el gobierno estatal no se propone inhibir “de ninguna manera” las expresiones de protesta”, ofreció este lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores.
El gobernador fue consultado al final de la ceremonia por el inicio a clases en la escuela primaria Vicente Guerrero de esta capital. Agregó que “vamos a ser respetuosos y a tratar de ser muy cuidadosos para que las cosas salgan bien. Somos los primeros en comprender el grado de protesta y fundamentalmente por qué es, y, dado que lo entendemos, por supuesto que vamos a cuidar de que las cosas salgan de la manera más correcta”, prometió.
Astudillo lamentó en su discurso que todas las acciones que realiza su gobierno “se opacan ante el problema de la violencia”.
En otro acto en el que entregó claves a maestros idóneos en Casa Guerrero, el gobernador dijo en su discurso que todas las acciones que realiza su gobierno “se opacan ante el problema de la violencia”.
A las 8 y media de la mañana, Astudillo Flores encabezó la ceremonia de inicio de clases en la primaria de la que es egresado, en donde entregó un aula de medios, colocó la primera piedra para dos nuevos edificios, y mochilas y becas a alumnos de nivel primaria.
Entrevistado al final, Astudillo Flores, celebró que el ciclo escolar inició sin incidentes, “aunque con algunos problemitas”, pero aclaró que si cuando llegó había tantos problemas, “que no haya ninguno sería como mágico”. Después presumió que en este último año ha resuelto “una gran cantidad de problemas que estaban atravesados en el tema de educación”.
Uno es la jubilación, pues mu-chos maestros exigen su estímulo correspondiente, y como no estaba contemplado lo obligó a hacer una serie de gestiones, aunque reconoció que todavía hay algunos que no han recibido completa su jubilación.
Explicó que el tema educativo lo ha obligado a destinarle un buen tiempo, “horas hombre, y miren el estado, en este momento el 99 por ciento está en clases. Hay problemas que se van detectando, pero creo que se ha podido avanzar en temas como el de becas, construcción y rehabilitación de escuelas. Sólo en Chilpancingo hay una cifra histórica de 92 escuelas en un año que se están rehabilitando, o que se están haciendo nuevas”, informó.
Aseguró que en estos 16 meses que lleva de su gobierno hay casi 500 escuelas rehabilitadas.

Al alcalde de Acapulco le ha adelantado su gobierno

Con respecto a la declaración del presidente municipal de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, en el sentido de que pedirá un adelanto de 130 millones de pesos de sus participaciones federales, el gobernador respondió que no sólo el edil de Acapulco las está pidiendo, sino que hay más, aunque no precisó el número.
Explicó que en los dos últimos años, el gobierno estatal le ha ayudado al alcalde de Acapulco. Y aclaró: “quien le ha adelantado es el gobierno del estado, no la federación”.
Sin embargo, aclaró que en este año, como es el último de las administraciones municipales, tienen que entrar en un diálogo y revisar de qué manera los puede apoyar porque ya es el último año de éstos.
“Tenemos que empezar a observar de qué manera se les puede facilitar recursos para sus compromisos”, porque aclaró que no solamente es el caso de Acapulco, “sino el de todos los que lo han planteado y a todos los que se les ha ayudado”.
Informó que le ha pedido al secretario de Finanzas Héctor Apreza , “una acción concreta, seguramente él dará a conocer si es interna o se puede hacer a través de una línea de Banorte que se tiene”.
Dijo que “se ha venido pateando el balón, desde que entramos varios municipios consiguieron dinero, pero ese dinero no hay manera de recuperarlo, es un déficit original que se encontró”.
Sin embargo, expresó que su gobierno debe tener “respuesta y canales”, para los alcaldes que solicitan adelanto de participaciones.

No está cerrada, la negociación con el SAT y el ISSSTE

Con respecto a los adeudos que tiene el gobierno del estado por 13 mil millones de pesos al SAT y al ISSSTE, Astudillo Flores aseguró que las pláticas con la secretaría de Hacienda para su renegociación no han fracasado, “la palabra fracasaron es muy drástica”, y aclaró que apenas se iniciaron las gestiones y no ha habido todavía una conclusión.
“Se está platicando con ellos y en los próximos días habrá nuevamente una reunión, especialmente con el SAT. Estamos buscando la manera de cómo salir del problema y es mi obligación como gobernador buscar los mecanismos”, dijo.
Añadió que sí tiene claro que no es posible dejar de pagar, “Hacienda no te dice no me pagues, te da alternativas y en esas alternativas estamos buscando cómo hacerlo”.
Adelantó que hay algunos programas que se pueden operar en el tema de Guerrero “y en eso estamos, igual que en el caso del ISSSTE”.
Insistió: “está la negociación, no nos van a perdonar las deudas, tenemos que pagar, no sabemos cuánto pero algo vamos a pagar”.
En la escuela Vicente Guerrero, en donde se reencontró con algunos de los ex alumnos de su generación en los años setentas, Astudillo Flores inauguró una aula de medios con 24 computadoras con una inversión de 3.5 millones de pesos. Entregó 320 butacas, 8 pintarrones para maestros, con una inversión de 340 mil pesos. Además colocó la primera piedra para la construcción de 2 edificios con 11 aulas con una inversión de 14 millones, 7 en la primera etapa.
Anunció la entrega de becas sociales a 3 mil 213 alumnos de primaria con una inversión de 9.4 millones de pesos. También la entrega de 35 mil mochilas.
Más tarde, en Casa Guerrero, encabezó la entrega de 395 claves a docentes del concurso de supervisión de educación básica, en donde se quejó que a pesar de su activismo en todo el estado el problema de la violencia, “opaca todo”.
“Va uno a las giras a entregar obras, pavimentaciones, escuelas, puentes, todas las obras que nos podamos imaginar que las hacen los guerrerenses, como nunca se había hecho, aumentamos nuestro movimiento económico, trabajamos para que haya más turismo, pero todo eso se opaca con el tema de la violencia”, dijo.
Y luego dijo que uno de los caminos que podría resolver ese problema, es lo que se haga en materia educativa, y que por eso no ha tenido “ninguna limitación” en apoyar todo lo que corresponde a el mejoramiento en la educación.

Atiende protesta en San Jeronimito

Más tarde estuvo en Costa Grande, en la comunidad San Jeronimito, en el municipio de Petatlán, donde entregó diversos apoyos e inauguró obras, madres de familia y alumnos de la escuela primaria Nicolás Bravo, de la localidad de Palos Blancos, se manifestaron con pancartas para pedir un director para el plantel, dos maestros y butacas nuevas. El gobernador se comprometió a resolver sus peticiones, “estoy aquí para conocer los problemas y resolverlos”, dijo.
En breves declaraciones a reporteros al término de su gira, que comenzó a la 1:30 de la tarde, el gobernador dijo que de 12 mil 300 planteles escolares que hay en Guerrero, “tenemos problemas reales graves en 13, por supuesto que el problema de (la falta de) los maestros existe ahora por las jubilaciones, antes se jubilaba un maestro e inmediatamente era reemplazado, ahora se está en un procedimiento que en términos de la nueva ley es más complejo, para mandar a un maestro tiene que estar muy acreditado y evaluado”.
“Pero se está haciendo un trabajo permanentemente, hay problemas, pero yo solamente vi una pancarta, no vi más, ¿eh? (en alusión a la manifestación de las madres de familia de la primaria de la localidad Palos Blancos), yo creo que también luego le magnifican un poquito, solamente vi una pancarta y la pedí para llevármela y lo voy a resolver a más tardar mañana”.
Astudillo Flores estuvo acompañado del alcalde perredista, Arturo Gómez Pérez, y los diputados perredistas Ricardo Barrientos Ríos, Maricarmen Cabrera Lagunas y Eloísa Hernández Valle. Inauguró la pavimentación de la carretera San Jeronimito-La Palma, así como la unidad deportiva de esa misma comunidad.
Ahí, en la cancha techada, desde antes de las 11 de la mañana, ya lo esperaban cientos de hombres, mujeres y niños de distintas comunidades de Petatlán que acudieron a recibir proyectos productivos y sillas de ruedas del DIF estatal, certificados del programa Un cuarto más de la secretaría de Desarrollo Social del estado, certificados de estudios y becas, entre otros apoyos.
A su llegada a la cancha techada, se le intentó acercar un grupo de madres de familia junto con sus hijos, portando pancartas en las que se leía: “No tenemos mesabancos”, “no tenemos maestros”, “escuela sin director”. Intentaron llamar la atención del gobernador para exponerle la situación de su plantel. Sin embargo, los escoltas y colaboradores más cercanos al mandatario hicieron todo lo posible para que no se le acercaran mientras el mandatario entregaba apoyos. “Sólo queremos que nos escuche”, decían mientras intentaban abrirse paso.
El gobernador se dio cuenta de lo que pasaba y al tomar el micrófono se dirigió a una de las madres y le dijo, “ahorita me das tu cartulina y me la das para dársela al secretario (de Educación), no se preocupen, cuenten conmigo”, lo que le valió los aplausos de los presentes.
Luego, habló de los apoyos entregados y anunció que tiene interés en regresar a Petatlán dentro de unos días para inaugurar un edificio en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande en la que el gobierno estatal invirtió 35 millones de pesos y que ya está concluido.
Antes de su gira por Petatlán, el gobernador se reunió en privado en la cabecera municipal con el nuevo arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, a quien saludó de manera breve, según dio a conocer a los reporteros cuando ya se retiraba de San Jeronimito, “lo saludé hace un momento en Petatlán, le di el saludo y por supuesto en mi carácter de gobernador y con la envestidura que él tiene le di un saludo en Petatlán. Lo saludé y estuve con él solamente unos minutos, le di la bienvenida”.

Urgen la ONU y CNDH la Ley General sobre Desaparición Forzada ante la alta impunidad

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan Jarab señaló que el problema más evidente en la desaparición de particulares y desaparición forzada (por funcionarios de gobierno) es que la impunidad es muy alta, en el foro Contra el dolor y el miedo, un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en esta ciudad.
Señaló que es particularmente preocupante porque las cifras oficiales refieren cerca de 30 mil desaparecidos, incluso en casos emblemáticos como Ayotzinapa que está por cumplir tres años sin que se sepa del paradero de los estudiantes.
Con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, coincidió en que la Cámara de Diputados debe de aprobar ya en su siguiente periodo de sesiones, la Ley General sobre Desaparición Forzada, aún con las debilidades que han señalado expertos en la materia, y que el Estado admita la competencia del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en México, para recibir comunicaciones de casos individuales.
A la actividad conmemorativa del próximo aniversario de Tlachinollan acudieron representantes de organizaciones de familiares de desaparecidos de Acapulco, Chilpancingo y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, representantes de Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, además de activistas y defensores de derechos humanos del estado y de distintos lugares del país.
En su ponencia Los retos de México a la luz de los compromisos internacionales en materia de desaparición forzada, Jan Jarad señaló que Guerrero ha experimentado la desaparición forzada en dos momentos, en el contexto de la denominada guerra sucia, y el actual.
Expuso que el Estado se abrió al escrutinio internacional, “pero esta apertura debe permitir la venida a México del Comité de la ONU de desaparición forzada. México debería sumarse al grupo de países que aceptan la competencia del Comité de la ONU para enfrentar los retos en materia de desapariciones”.
De las recomendaciones de los organismos internacionales añadió que las instituciones aún deben reconocer la dimensión del problema, “indispensable para la solución”, pues en su opinión las autoridades siguen usando excusas para explicar los números que no corresponden a la realidad.
Por ejemplo dijo que atribuyen la desaparición de personas a que salieron de su casa con la novia, y cuando se verifica el hecho todo se vincula a la delincuencia organizada, “sabemos que sí hay desaparición forzada propiamente dicha, pero no podemos decir (más) porque hace falta investigación”.
Para terminar con el ciclo de impunidad, señaló que es necesario el acceso efectivo de la justicia, favoreciendo la búsqueda en vida de los desaparecidos, “porque en el mayor universo de casos sabemos que las propias familias siguen liderando las búsquedas”.
Destacó que el Poder judicial federal y de las entidades han dado pasos iniciales para transformaciones institucionales, “faltan acciones concretas y traspasar el ámbito de informar”.
Se refirió también a la discusión de la Ley General de Desapariciones en el Congreso de la Unión que, “aún con imperfecciones”, va a potenciar la capacidad del Estado en dar respuestas a las víctimas.

La desaparición atenta contra la víctima, su familia y la sociedad: CNDH

Luego, el presidente de la CNDH señaló que la desaparición de particulares y la desaparición forzada, siendo su naturaleza de lo más graves, atenta no sólo contra la víctima, sino contra su familia y la sociedad en su conjunto, “no basta con detener a los responsables, lo prioritario es conocer el paradero”.
Señaló que México aún debe reducir la brecha entre las normas y el respeto en la cotidianidad de estos derechos, y debe retirar las reservas para que el Comité de Desapariciones pueda recibir comunicaciones individuales en la materia, “sería signo de voluntad política y una muestra de asumir el desafío en el tema de desapariciones”.
Señaló que se han llevado mucho tiempo en la discusión de la Ley General de Desapariciones, “aún con algunas debilidades que pueda tener la ley, es necesario que la Cámara de Diputados lo apruebe en el próximo periodo de sesiones”.
Raúl González habló de acciones de la CNDH desde la recomendación 27/2001 sobre los sucesos y desapariciones de la guerra sucia en la década de 1970, a la creación de la Oficina sobre el caso Iguala, para dar atención prioritaria a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 a los normalistas.
Aclaró que la recomendación 27/2001 no ha sido atendida, y se han establecido pláticas con la Comisión de Atención a Víctimas para retomarlas, y para el caso Ayotzinapa hay 57 propuestas, de las cuales sólo ocho han sido totalmente cumplidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

El proyecto de ley niega el derecho a la búsqueda: activista de Coahuila

En el panel Blanca Martínez Bustos del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, de Coahuila, denunció el sub registro de personas desaparecidas que oficialmente asciende a 30 mil, dado que la asociación donde colabora documentó 568 casos, y sólo 25 por ciento aparecen en el registro nacional, y aseguró que en ese mismo rango se encuentra Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) de Nuevo León, de las pioneras en el país en este tema.
De la experiencia trágica de familiares de desaparecidos rescató la valentía y dignidad de las mujeres empoderadas en la búsqueda, y la esperanza de encontrar a sus seres queridos, que en marzo de 2011 se realizó la primera búsqueda en terreno, y al hallar restos óseos surgió la necesidad de tener certeza de que realmente corresponden a su familiar.
Añadió que las mujeres cambiaron el sentido de la maternidad, ya no sólo buscan a sus hijos, buscan a todos.
De la negociación de la iniciativa de desaparición forzada -donde participaron organizaciones de diferentes estados-, denunció que reveló la perversidad del sistema, porque les negó lo fundamental, el derecho de los familiares a buscar a sus desaparecidos.
Informó que con otras organizaciones recurrieron a la Corte Penal Internacional para denunciar esta situación, y que el organismo ponga una lupa no sólo sobre Coahuila, sino en todo México, porque el Estado no es capaz de garantizar justicia, “le apuesta a la impunidad”.
Consideró que si un mecanismo internacional se involucra en la investigación y en la construcción de posibilidades de justicia, habría avances.

Holgazanas, las cámaras en los estados: Sergio Corcuera

El ex miembro y presidente del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Sergio Corcuera informó que fue parte del proceso de la negociación de la Ley de Desapariciones en la Cámara de Senadores.
Planteó el cambio del lenguaje, en lugar de hablar de búsqueda que en la legislación se incluyeran comisiones de hallazgo efectivas, y que no se mencione más la presunción de muerte, sino la presunción de vida, sin que sea obstáculo para que la familia puede disponer de los bienes de la víctima, necesarios en los momentos de crisis.
Básicamente dijo que la discusión fue tirante, y aún valorará ir o no a la discusión que está pendiente en la Cámara de Diputados.
Opinó que el problema es que “las legislaturas estatales son holgazanas”, pues de 2013 a la fecha sólo cuatro entidades han legislado en la materia.
En este sentido señaló que “con mucha dificultad” logró convencer a los senadores para que en el proyecto se incluyera un artículo transitorio para que, si en un año con seis meses las entidades no han homologado la legislación, los jueces de los estados aplicarán la ley federal. El Ejército no evita las desapariciones forzadas: Ariel Dulitzky

En su participación el ex integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Ariel Dulitzky señaló que el Ejército no sirve para evitar las desapariciones forzadas, y mencionó como ejemplo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Explicó que la falta de una ley no es la causa de la desaparición forzada, ni de la falta de respuesta, de la justicia para que haya garantías de no repetición, que son muchas, entre otras la falta de reconocimiento de la realidad del problema.
Señaló el patrón crónico de impunidad en las desapariciones forzadas, en las violaciones de derechos humanos y en general para los delitos, “sabemos que las desapariciones son una técnica de terror para ocultar la verdad”.
Además de la falta de coordinación entre la federación y los estados, la falta de capacitación para atender el problema, incluso en el Poder Judicial, señaló fundamentalmente “la falta absoluta de sensibilidad a las necesidades de las víctimas por una gran parte de servidores públicos”.
Se declaró convencido de que la Ley General va a contribuir a superar la falta de respuestas a las desapariciones forzadas, porque más allá del resultado final de la ley, buena o regular, el proceso de difusión ya es un triunfo para familiares y el movimiento social.
Destacó que la propuesta coloca a la víctima como respuesta de la deficiencia estatal, “los familiares tienen que ser tratados con dignidad. La búsqueda debe tener un sentido humanitario, no subordinada a la detención de los responsables de una desaparición”.
La ley crea un sistema nacional, un banco de datos genéticos, tipifica mucho mejor el delito de desaparición forzada y de particulares, incluye la declaración de ausencia que coloca a los familiares en un limbo jurídico con muchísimas dificultades socioeconómicas y avanza para evitar temas de impunidad, informó
No obstante las observaciones a la ley, el presidente del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas de Acapulco, Ciro Fuentes y del colectivo de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez, coincidieron que aún cuando aprueben la ley no hay voluntad política de las autoridades para resolver los casos.
Después de escuchar testimonios de una madre y una esposa de la asociación de desaparecidos de Tamaulipas, el presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro denunció que ellos sí saben cuándo, cómo y quiénes se llevaron a sus familiares.
Acusó de las desapariciones a Celso Ortega, líder de la banda de narcotraficantes Los Ardillos, y hermano del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el perredista Bernado Ortega.
Señaló que argumentando la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena fomentó la creación de un grupo criminal armado denominado Policías Comunitarios por la Paz y la Justicia que tomó la cabecera municipal de Chilapa y opera en ese municipio y en el de Zitlala, y pidió que los ayuden a desarmar a esa organización.
En el panel vespertino, Miguel Nieva, consultor e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se refirió a las nuevas tecnologías de búsqueda, y señaló que los patrones identificados en campo permiten determinar el modos operandi de los agresores.
La información de los restos o los objetos hallados en fosas es elemental para la investigación y se puede capitalizar, “muchas veces nosotros cuando vamos a una escena del crimen estamos levantando cuerpos y objetos que son información”, explicó.
La recopilación permite la creación de bases de datos que pueden estar relacionados a nivel regional, después a nivel país.
Afirmó que la información permitiría profundizar en las investigaciones, que generalmente se aboca a la identificación de responsables, no en los desparecidos.
El director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez Gándara resumió las coincidencias y propuestas en conclusiones, “hoy podemos asumir a los 43 y a los 30 mil como parte de una problemática común nacional e internacional, la revaloración de la vida nos dice que ni el dolor, ni la desaparición ni aún la muerte, son contrarios a la vida, y el grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un salto cualitativo enorme, y ese paso se lo debemos a las mujeres que han dado los rasgos característicos de esta lucha”.
“Las víctimas caminan más sólidas, más fortalecidas, más articuladas y hay nuevas maneras de entender esta vinculación”, cerró.
Asistieron el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Afadem), Tita Radilla.
Además integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), y el Centro contra la Tortura y la Impunidad.