El director del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, Salvador Herrera Soriano, llamó a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) a que las quejas de acoso y hostigamiento sexual las dirijan al órgano de control del gobierno estatal o a la Fiscalía.
Este jueves, el director Herrera Soriano firmó un convenio con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, para que los estudiantes de esa carrera puedan hacer sus residencias profesionales en despachos contables de los socios y para realizar actividades de capacitación, investigación, culturales y deportivas entre la asociación y el instituto.
En el acto, realizado en las instalaciones del colegio, el director del tecnológico de Acapulco llamó a los alumnos y padres de familia a buscar la solución, así como a no continuar con el cierre de la institución educativa.
“Lamento mucho que se haya cerrado el tecnológico de la Montaña. Hago un llamado a los estudiantes, que están participando en este cierre, a los padres de familia, a que se busque una solución”, indicó.
El director agregó que “ninguna institución educativa debe de ser cerrada nunca jamás. Cualquier problema que se tenga en una institución educativa, tiene que dirimirse a través de las instancias administrativas y legales”.
Dijo que los estudiantes deben de acudir a interponer las quejas de acoso y hostigamiento ante el Órgano de Control del Gobierno del Estado, “o si son fuertes, también dar parte a la Fiscalía General del Estado, pero no cerrando las instalaciones”.
El directivo llamó a buscar una solución, para regresar pronto a las aulas y señaló que el cierre del plantel de Tlapa perjudica la formación profesional de los estudiantes, pues los temas que se dejan de ver en cada una de las materias difícilmente se recuperan, además de que se afecta la imagen de la escuela.
En el encuentro estuvo la presidente del colegio, Guri Carmen Zuluaga Huerta, y el vicepresidente del sector gubernamental de la región Centro-Istmo Peninsular, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ignacio Rendón Romero, estudiantes y docentes de la carrera de contador público.
La Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que encabeza José Alfredo Romero Olea, aseguró que se hace la investigación correspondiente por las cámaras localizadas en los baños de la preparatoria 29 Emiliano Zapata, ubicada en Tixtla, el pasado 23 de febrero.
En un comunicado, la UAG indicó que respecto a la denuncia, relacionada con actos de vulneración a la intimidad de jóvenes estudiantes de la preparatoria, la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, con apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, inició un procedimiento de forma oficiosa, para investigar los hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las estudiantes.
Detalló que se inició la investigación por presuntas vulneraciones a la integridad y seguridad personal de las alumnas, para tal efecto se radicó la queja DDHU/002/2023, en virtud de que se detectó una mini cámara espía en el baño de las mujeres.
Aseguró que la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios dictó medidas cautelares, para proteger la integridad de las estudiantes; asimismo, se han practicado diversas diligencias en las que personal especializado en informática de la UAG, realizó los estudios técnicos del artefacto relacionado con los hechos, para el deslindamiento de las responsabilidades correspondientes.
“En plazo breve se concluirá con la investigación y el caso será turnado al órgano facultado para sancionar, de acuerdo con la legislación universitaria”, se leía en el boletín.
La UAG refrendó el compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos y universitarios de la comunidad universitaria, así como sancionar, de acuerdo con su legislación, cualquier acción u omisión que viole derechos fundamentales.
El miércoles, alumnas de la preparatoria 29, ubicada en Tixtla, denunciaron que no había avances en las investigaciones por las cámaras localizadas en los baños y advirtieron que acudirían a la Agencia del Ministerio Público, por la nula atención del rector José Alfredo Romero.
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
Padres de familia de la primaria urbana Ignacio Manuel Altamirano se confrontaron verbalmente y a golpes, luego de que un grupo cerró la escuela como protesta contra la reinstalación de una directora y dos trabajadoras más.
La escuela está ubicada en la parte alta de la colonia PRD, donde una fracción de padres de familia y maestros cerró el plantel porque la directora, Iris Aparición Villa, fue suspendida en septiembre del año pasado, para ser investigada por abuso de poder y acoso laboral, pero este año fue reinstalada.
Además, indicaron que la conserje Yesenia Calderón Ramos y una trabajadora administrativa, Ana Cecilia Gasparillo, también regresaron a la escuela y estaban inhabilitadas.
La coordinadora de actividades en la institución, Yared Bello Nájera, informó que no quieren la reinstalación de Aparición Villa, “se le cerraron las puertas” por el abuso de poder, acoso laboral e intimidación contra el personal que labora en la escuela.
“Las autoridades de la SEG la quieren volver a reinstalar, pese a que ya la habían quitado y ahora por influencias se movió, para que la regresaran a la escuela. Aquí nadie la quiere, son muy pocos los padres de familia que la apoyan”, manifestó.
Otro grupo reducido de padres de familia, que apoya a la directora, llegó a la escuela con una lona para exigir que abrieran, porque debido al problema 398 alumnos se quedaron sin clases.
Los dos grupos se insultaron verbalmente y después se comenzaron a golpear, pese a que había alumnos presentes. Una madre de familia jaló a otra de los cabellos, lo que ocasionó que cayera al suelo.
En el lugar también se observaron dos grupos de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el que encabeza Antonia Morales y el otro de Héctor Torres Solano, cada uno apoyando a su grupo de maestros.
Al lugar acudieron autoridades de educativas, para dialogar con los maestros y tratar de llegar a un acuerdo. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El Ayuntamiento de San Miguel Totolapan recuperó poco más de 4 de los 9 millones que le robaron recientemente, mediante un hackeo a sus cuentas en la sucursal local de Banamex.
El dinero fue regresado por el propio banco, como parte de las investigaciones que realiza y que consideró procedente la denuncia.
En un documento firmado por el presidente municipal Fredy Vázquez Palacios, se informa que el Ayuntamiento perdió 9 millones de pesos, mediante un robo electrónico a sus cuentas bancarias. Se denunció que los hackers sustrajeron el dinero en varios depósitos y que el Ayuntamiento había reportado los hechos ante la Condusef.
El alcalde dijo que había solicitado la investigación correspondiente y aseguraba que se había tratado de un hackeo, que no de un retiro autorizado por el Ayuntamiento.
Solicitó también una investigación a la sucursal de Ciudad Altamirano, en donde se han reportado otros casos similares de robos a cuentahabientes.
El presidente municipal Fredy Vázquez confirmó la versión del regreso del dinero este viernes, al ser consultado en la Feria del Gallo de Cutzamala acerca de la denuncia que presentó.
Dijo entonces que espera que a la brevedad le regresen el resto del dinero hackeado, unos 5 millones de pesos, y que poco a poco se vaya esclareciendo la situación de estos hechos ilícitos, debido a que había quienes consideraban que las mismas autoridades habían realizado el retiro del dinero de cuyos responsables nada se sabe aún.
Alumnas de la Preparatoria 29 Emiliano Zapata de la UAG, ubicada en Tixtla, en la toma de las instalaciones, para exigir que se investigue el origen de las “mini cámaras” que se encontraron en los baños de las mujeres Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Tixtla
En su segundo día de protestas, alumnas de la preparatoria 29 Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en Tixtla, tomaron la escuela para exigir que se investiguen las “mini cámaras” que se encontraron en los baños.
Las manifestantes denunciaron que el director, José Francisco Calvo Hernández, se ha negado a solucionar el problema y que incluso borró los videos en los que se veían partes íntimas de las alumnas.
En el transcurso de la mañana, las estudiantes cerraron la escuela, mientras que un grupo de padres de familia las apoyó permaneciendo en la parte exterior .
En declaraciones, las alumnas omitieron dar su nombre por temor a represalias y recordaron que las cámaras de “espionaje” fueron localizadas el pasado 23 de febrero, cuando una de las alumnas vio que una pequeña luz parpadeaba.
Indicaron que la alumna pidió ayuda a sus demás compañeras, quienes arrancaron la cámara de alrededor de 15 centímetros y que al revisarla encontraron contenido de las partes íntimas de maestras y alumnas.
Además, informaron que el mismo caso ocurrió en el baño de los hombres y que estas cámaras fueron entregadas a la dirección de la escuela, pero que días después les pidieron a las alumnas de tercer grado que firmaran una hoja en blanco, para que se desistieran de toda investigación.
Las inconformes manifestaron que exigen la destitución de Calvo Hernández, porque investigaron y se enteraron que las cámaras fueron manipuladas en la dirección de la escuela.
Por las grabaciones, las estudiantes externaron que se sienten hostigadas. Consideraron que a las mujeres y hombres de la escuela se les debería de respetar su privacidad.
Asimismo, indicaron que no es la primera denuncian que tiene el director, “por pedófilo”. Explicaron que desde 2018, cuando Calvo Hernández asumió la dirección, a los alumnos les pide el “pack”, que es un conjunto de fotos del cuerpo de las estudiantes desnudas, para que los pase con buena calificación.
Las inconformes indicaron que en la escuela, por los dos turnos, asisten unos mil estudiantes, quienes ahora están vulnerables; asimismo, las maestras están en riesgo.
Indicaron que se enteraron de que los videos se están difundiendo en redes sociales. En el pliego petitorio que entregaron a la UAG, hacen responsable al director.
Destacaron que la denuncia contra el director no es por “una cuestión política”, porque así lo manifestó Calvo Hernández, y que las alumnas son manipuladas por maestras, “esto no es político, nos están dañando nuestra integridad”.
Al lugar acudieron representantes del Área Jurídica y de Derechos Humanos de la UAG, para tratar de dialogar con las inconformes, quienes exigieron la presencia del rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea.
El lunes, en el aniversario de la escuela, los alumnos se manifestaron para hacer pública su inconformidad.
Alumnas de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia y de la Preparatoria 9 Ernesto Che Guevara (imagen), ambas en Chilpancingo, exhibieron ayer en tendederos denuncias de acoso y hostigamiento por parte de maestros y de alumnos, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Mientras, en Tixtla, fue tomada la Preparatoria 29 por alumnas que denuncian la colocación de mini cámaras de video en los baños, y que el director manipuló las grabaciones Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Alumnas instalan tendederos con denuncias de acoso en dos escuelas de la UAG en la capital
Alumnas de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, así como de la Preparatoria 9 Ernesto Che Guevara, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), instalaron tendederos de denuncias por acoso y hostigamiento por parte de maestros y estudiantes.
La manifestación de las alumnas se realizó por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy.
En ambas escuelas, casi de manera simultánea, las estudiantes colgaron pancartas en las que dieron a conocer el nombre de su acosador y la agresión que sufrieron.
Recriminaron que han solicitado la intervención de los directivos de las escuelas, pero no han tenido respuesta.
En la Preparatoria 9, las alumnas comentaron que sufren acoso sexual por parte de maestros y de sus propios compañeros, y que el tendedero es una forma de evidenciar lo que pasa en las escuelas.
Informaron que no todas las alumnas tienen el valor de enfrentar a su agresor, por eso, muchas no hablan ni tampoco denuncian ante las instancias correspondientes.
En ambas escuelas, las alumnas hicieron un llamado al rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea, para que no pasen desapercibidas las denuncias y que se investigue a sus agresores. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Sigue la protesta de alumnas de la prepa de Tixtla por las cámaras ocultas en el baño
Las inconformes toman la escuela, para exigir que se investiguen las “mini cámaras” y denuncian que el director se niega a solucionar el problema, que incluso borró los videos en los que se veían sus partes íntimas
María Avilez Rodríguez
Tixtla
En su segundo día de protestas, alumnas de la preparatoria 29 Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en Tixtla, tomaron la escuela para exigir que se investiguen las “mini cámaras” que se encontraron en los baños.
Las manifestantes denunciaron que el director, José Francisco Calvo Hernández, se ha negado a solucionar el problema y que incluso borró los videos en los que se veían partes íntimas de las alumnas.
En el transcurso de la mañana, las estudiantes cerraron la escuela, mientras que un grupo de padres de familia las apoyó permaneciendo en la parte exterior .
En declaraciones, las alumnas omitieron dar su nombre por temor a represalias y recordaron que las cámaras de “espionaje” fueron localizadas el pasado 23 de febrero, cuando una de las alumnas vio que una pequeña luz parpadeaba.
Indicaron que la alumna pidió ayuda a sus demás compañeras, quienes arrancaron la cámara de alrededor de 15 centímetros y que al revisarla encontraron contenido de las partes íntimas de maestras y alumnas.
Además, informaron que el mismo caso ocurrió en el baño de los hombres y que estas cámaras fueron entregadas a la dirección de la escuela, pero que días después les pidieron a las alumnas de tercer grado que firmaran una hoja en blanco, para que se desistieran de toda investigación.
Las inconformes manifestaron que exigen la destitución de Calvo Hernández, porque investigaron y se enteraron que las cámaras fueron manipuladas en la dirección de la escuela.
Por las grabaciones, las estudiantes externaron que se sienten hostigadas. Consideraron que a las mujeres y hombres de la escuela se les debería de respetar su privacidad.
Asimismo, indicaron que no es la primera denuncian que tiene el director, “por pedófilo”. Explicaron que desde 2018, cuando Calvo Hernández asumió la dirección, a los alumnos les pide el “pack”, que es un conjunto de fotos del cuerpo de las estudiantes desnudas, para que los pase con buena calificación.
Las inconformes indicaron que en la escuela, por los dos turnos, asisten unos mil estudiantes, quienes ahora están vulnerables; asimismo, las maestras están en riesgo.
Indicaron que se enteraron de que los videos se están difundiendo en redes sociales. En el pliego petitorio que entregaron a la UAG, hacen responsable al director.
Destacaron que la denuncia contra el director no es por “una cuestión política”, porque así lo manifestó Calvo Hernández, y que las alumnas son manipuladas por maestras, “esto no es político, nos están dañando nuestra integridad”.
Al lugar acudieron representantes del Área Jurídica y de Derechos Humanos de la UAG, para tratar de dialogar con las inconformes, quienes exigieron la presencia del rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea.
El lunes, en el aniversario de la escuela, los alumnos se manifestaron para hacer pública su inconformidad.
La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, en una imagen de video del forcejeo durante el cual la escolta de la gobernadora Evelyn Salgado le impidió acercarse a un acto en la Secundaria 6 Foto: Carlos Carbajal
Redacción
Un elemento del personal de seguridad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda empujó y obstruyó el paso a la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez durante el lanzamiento del programa Territorio Violeta que pretende asistir a las mujeres en caso de sufrir una agresión o sentirse en peligro, dio a conocer el Ayuntamiento en un comunicado de prensa en el que señala que no es la primera vez que ocurre.
También en un comunicado de prensa, el gobierno del estado dijo que “en todo momento” la alcaldesa fue tratada con respeto y negó “categóricamente” que haya existido agresión alguna del personal de seguridad de la gobernadora, pero dijo que de todos modos se investigará para verificar que no haya ocurrido una “situación extraordinaria”.
El hecho ocurrió una vez que culminó el acto protocolario de los discursos oficiales, y luego de la improvisada conferencia que dio la gobernadora, en compañía de la alcaldesa y el secretario de seguridad pública Evelio Mendez.
Cuando la gobernadora y el senador Félix Salgado Macedonio se trasladaron a la zona de murales pintados en la barda de la Secundaria Federal 6, la alcaldesa quedó metros atrás en el tumulto de personas, y entonces trató de abrirse paso, pero fue ahí cuando un elemento de seguridad se interpuso para impedirle avanzar.
Acto seguido y según lo que se aprecia en un video, la alcaldesa le dice al hombre: “¡cálmate, cálmate!, estás en territorio de Acapulco. Maldita la forma que tienen siempre”.
Luego de esto la alcaldesa optó por no seguir hacia donde se daría el banderazo de las unidades pintadas de violeta para uso exclusivo de mujeres y se retiró hacia su camioneta.
En un comunicado, la vocería del Ayuntamiento señaló que desde el inicio y durante el evento “no se aplicaron los protocolos de entrada y salida de las autoridades invitadas al mismo”.
Después del acto y la entrevista que se ofreció a los medios de comunicación, fue complicada la salida hacia los murales que se ubicaron en el lugar, toda vez que se colocaron vallas para evitar el paso de la gente. Sin embargo, la aglomeración fue incontrolable para el equipo de logística del gobierno del estado.
“El equipo de escoltas del gobierno del estado, en todo momento complicó y entorpeció el paso de las demás autoridades, pero se enfocaron personalmente en el recorrido que hizo la alcaldesa y la bloquearon durante su trayecto, lo que provocó la reacción que se observa en las imágenes”, dice en alusión al brevísimo video que circuló en redes.
El comunicado señala que “el momento que se muestra en el video, es cuando uno de los escoltas de la gobernadora empuja y encara a la presidenta municipal durante su complicada salida, por lo cual, la alcaldesa reacciona defendiéndose de la agresión sufrida, a pesar que se había identificado”.
Y subraya que “no es la primera ocasión en que la presidenta municipal y su equipo de trabajo son víctimas de alguna agresión o discriminación por parte de los escoltas de la gobernadora o del personal de logística y avanzada del gobierno del estado, por lo que queremos dejar constancia de ello”.
Por eso “luego de los hechos, la presidenta municipal optó por retirarse del lugar y no participar en el banderazo de inicio del programa para salvaguardar su integridad física, sin embargo algunos escoltas lejos de la posición de la gobernadora hostigaron y agredieron a la alcaldesa provocando su reacción”.
Se subraya que López Rodríguez “reitera su rechazo total a cualquier tipo de agresión, violencia u hostigamiento contra cualquier persona y lamentamos profundamente que se presente en el marco de un evento que tiene como objetivo erradicar estas prácticas, principalmente contra las mujeres”.
Además se informó que el Ayuntamiento a través de la Secretaría General del Ayuntamiento ha iniciado los procedimientos administrativos correspondientes ante los organismos protectores de los derechos humanos para que se lleve a cabo una investigación y se sancione a los responsables de esta agresión.
Se investigará promete el gobierno del estado
En un comunicado de respuesta, el gobierno del estado negó que haya existido una mala intención o algún ánimo de complicar la presencia de la alcaldesa López Rodríguez o de alguno de sus colaboradores durante el evento realizado en la colonia Emiliano Zapata, “por el contrario en todo momento la autoridad municipal fue tratada con el respeto que su investidura merece”.
El gobierno del estado reconoció que la organización del evento se vio por momentos “comprometida por la algarabía de la ciudadanía que buscaba acercarse tanto a la gobernadora como a la alcaldesa” lo que provocó en algunos momentos complicaciones en el trayecto para todos los asistentes.
Y “desmiente categóricamente que en algún momento hay existido una agresión por parte del personal de seguridad del gobierno del estado”, no obstante informó que se iniciará un proceso de investigación interno para verificar que no haya ocurrido alguna “situación extraordinaria a lo que se ve en las fotos y videos que registran el momento en el que la alcaldesa refiere sufrir una agresión”.
El gobierno del estado reiteró su respeto para todas las autoridades municipales con quienes ha trabajado a lo largo de este primer año “de manera coordinada y respetuosa” y “manifiesta su total disposición para deslindar responsabilidades sobre el tema en cuestión ante las instancias competentes”.
Por último señala “la absoluta coordinación, apertura al diálogo, la cordialidad, el humanismo y el pleno respeto a la autonomía municipal, y a los poderes del Estado, son principios que rigen a la presente administración estatal que reitera su compromiso irrestricto de servir con transparencia honestidad al pueblo de Guerrero”.
Familiares y amigos de la joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UAG, Lesli Berenice Palacios Pérez bloquean la avenida Costera en la glorieta de La Diana Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
Familiares, amigos y compañeros de Lesli Berenice Palacios Pérez, la alumna desaparecida de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), realizaron un bloqueo en La Diana e hicieron una marcha a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que se agilice su búsqueda, porque llevan seis días sin saber de su paradero.
Alrededor de 100 manifestantes iniciaron su jornada de movilización en la glorieta de La Diana a las 8 de la mañana, donde primero dieron declaraciones a los medios de comunicación, para denunciar la incapacidad de la FGE, que dirige Sandra Luz Valdominos Salmerón, en la investigación de la desaparición de Palacios Pérez. Exigieron la intervención de la gobernadora, porque en el Ministerio Público nada más les dijeron que esperen y que tengan fe en que regresará.
Minutos antes de las 9 de la mañana, inició el bloqueo total a la avenida Costera, donde desplegaron grandes mantas con la foto de Lesli Berenice, para pedir a la ciudadanía su ayuda para localizarla.
La movilización generó molestia en algunos automovilistas, mientras otros optaban por buscar vías alternas. Otros se tuvieron que bajar del transporte público. El flujo fue cortado frente al hotel María Eugenia, hasta pasado el mercado de artesanías, para pasar caminando el bloqueo.
En declaraciones, Amayrani Palacios Pérez, hermana de Lesli, pidió agilidad en las investigaciones porque ya han pasado muchos días sin saber de ella. Indicó que el último contacto que se tuvo fue el jueves a las 11 de la mañana, cuando se despidió de su mamá y salió de su domicilio en la calle Almendros, en la unidad habitacional El Coloso, para dirigirse a una cita de trabajo, pero que no saben dónde era.
La joven desaparecida tiene 20 años, estudia el segundo año de derecho y tiene un hijo de tres años.
Informó que el viernes 9 de diciembre se hizo la denuncia en el Ministerio Público, donde les dijeron que iban a resolver, pero todavía no hay nada, “nosotros esperamos algo de respuesta, pero todavía no sabemos nada de mi hermana Lesli”, pese a que hicieron todos los requerimientos para su búsqueda.
Señaló que además han acudido a los hospitales, a los penales y “lugares donde se puede encontrar fallecida (Semefo) y no hay nada”.
Con lágrimas, Amayrani Palacios dijo que la familia y ella se encuentran desesperadas, que es su hermana pequeña y sólo quieren que vuelva, porque tiene un bebé de tres años, “tiene que volver, es una buena chica, con buenas calificaciones. Es entregada a su hijo, le dedica tiempo y yo sólo quiero que vuelva porque la extrañamos demasiado. Todos estamos preocupados por ti, sólo queremos que vuelva. No estamos completos sin ella”.
Dijo que necesitan una respuesta pronto, por parte de las autoridades de la FGE, y que hagan su trabajo, que a muchos no les parece que bloqueen, que se manifiesten, pero “les aseguro que si no lo hacemos, quién nos escucha. No estaríamos aquí si la seguridad de Acapulco fuera otra, eso es evidente. Nosotros no queremos molestar, pero ya van para ocho días que no sabemos nada de mi hermana ¿qué se supone que tenemos que hacer, quedarnos sentados esperando de brazos cruzados?”.
Indicó que ellos, como familia, fueron a la escuela y nadie la vio llegar, que cuando preguntó por la calle donde vive, le dijeron que sí la vieron pasar, pero nadie recuerda exactamente cómo iba vestida, pero de ahí en adelante, nadie sabe nada y es toda la información.
Los manifestantes portaban una gran manta que decía: “Exigimos a la Fiscalía del Estado la aparición con vida de Lesli Berencie Palacios Pérez”. Gritaron consignas como: “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “mujer escucha, esta es tu lucha”, “porque viva se la llevaron, viva la queremos”, “el gobierno decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería” y “Lesli escucha, tu familia está en la lucha”.
Los manifestantes portaban cartulinas donde se leía: “Viva se la llevaron, viva la queremos”, “tu familia y la FDA te estamos esperando”, “no estamos completas, nos faltas tú”, “exigimos a las autoridades competentes búsqueda y aparición de Leslie Berenice Palacios”, “Fiscalía del estado, no seas incompetente exigimos la busqueda inmeadta de Lesli Berenice”, “gobernadora, cada día somos más. No sé da cuenta” y “señora fiscal, si no puede garantizar seguridad a las mujeres, renuncie”.
Luego del bloqueo de dos horas a la avenida Costera, los manifestantes tomaron el carril con sentido al centro, para iniciar una marcha rumbo a la FGE, para exigir saber sobre las investigaciones. Durante el trayecto hicieron una parada en las escalinatas del Ayuntamiento, donde bloquearon por media hora y exigieron a la alcadesa Abelina López que dé seguridad en el puerto.
Los manifestantes siguieron rumbo a la Fiscalía. En el acceso de entrada de los carros de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, se pusieron seis policías con equipo antimotines, pero los manifestantes siguieron su camino.
Al llegar al lugar, se pidió formar una comisión de seis personas para entrar y hablar con los funcionarios, la cual fue integrada por la familia y amigos de Lesli Berenice. La reunión tardó alrededor de 40 minutos, donde se acordó que este mismo miércoles se haría una búsqueda con perros entrenados en el área de El Coloso, junto con familiares.
De acuerdo con la información obtenida, hubo reclamos de los familiares porque no se ha activado la Alerta Amber, a pesar de que ya han pasado más de seis días de la desaparición de la universitaria.
La maestra Georgina Carreón Gómez, quien formó parte de la comisión que ingresó, dijo que hay irregularidades y cero avances en la investigación, pues no se ha emitido la Alerta Amber y tampoco se ha investigado a la ex pareja de la joven, no han revisado los celulares y no es que se le eche la culpa, pero eso se hace en las investigaciones.
Otro comentó que la carpeta de investigación es un “cagadero” y los funcionarios de la Fiscalía nada más se pasan el expediente, pero nadie dio una respuesta concreta de los avances que se tienen desde que se interpuso la denuncia.
Los manifestantes abandonaron las oficinas casi a la 1 de la tarde, pero con la advertencia de que si no ven resultados en las próximas horas, regresarán a las calles para exigir con más fuerza la presentación con vida de la joven de 20 años.
Integrantes de la CETEG, de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la marcha en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos, a 45 meses de los ataques en Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Luego de 45 meses de los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, maestros, normalistas, activistas y defensores de derechos humanos marcharon en la capital e hicieron un mitin en el antimonumento a los 43 jóvenes desaparecidos, para exigir su presentación con vida y el esclarecimiento de los hechos.
En las acciones participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y normalistas de Ayotzinapa, quienes se reunieron en la alameda Granados Maldonado, para marchar hasta el antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.
“Porque el color de la sangre no se olvida, los masacrados serán vengados”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “no somos todos, nos faltan 43”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon al unísono durante el recorrido. Al llegar al antimonumento, un agente de Gobernación que tomó fotos de la protesta fue ubicado por los inconformes, quienes exigieron a las autoridades que cese el hostigamiento en su contra.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, expresó que durante 45 meses la lucha es por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los más de 36 mil desaparecidos en el país, que llevan más de 5 años sin volver a sus hogares, por ello “las luchas deben hermanarse” y lamentó que en la protesta hubo pocos participantes.
Señaló que la mayoría de las personas están concentradas en el proceso electoral y tienen la esperanza de que con un nuevo gobierno cambiará la situación en el país, pero “la lucha de las madres, padres y los hijos de los desaparecidos va más allá de las urnas electorales”. Dijo que cuando terminen las elecciones “volverán a la realidad, se darán cuenta de que las urnas no dan libertad ni igualdad social, nunca nos van a hacer iguales unos con unos”, la burguesía será la que mandará, mientras el pueblo no se decida a movilizarse.
Declaró que en la lucha “están los que realmente sienten el compromiso con las mamás, con los papás, con todos los que han sufrido los estragos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la corrupción y la impunidad que han sembrado los gobernantes”.
Consideró que “es realmente indignante” que los procuradores y fiscales del país estén en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la reposición de la investigación y la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, porque los detenidos fueron torturados para declarar “lo que al gobierno le convenía”. Aseguró que “con esto” se acaban los intentos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de cerrar el caso.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que “la tarea fundamental es la unidad”, pues a pesar de la actual efervescencia política, “gane quien gane habrá necesidades, habrá pobrezas, habrá perseguidos, habrá encarcelamientos y habrá asesinatos”, por ello es necesario que todos los sectores actúen de manera conjunta.
Recordó que ya viene la conmemoración de las matanzas de El Charco y Aguas Blancas, y en ese sentido reconoció la labor del Centro Morelos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; así como “los compañeros que a nivel internacional han evidenciado al Estado” pues la exigencia de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es legítima”, pues el Ejército y el Estado están involucrados en los hechos.
Por su parte, un representante de la Normal Rural de Ayotzinapa expresó que “no es posible” que el sexenio de Peña Nieto esté por terminar, sin que haya resuelto el caso de la desaparición “de nuestros 43 hermanos”. Coincidió en que es necesaria la unidad de las organizaciones sociales y que es lamentable que la sociedad esté enfocada en el proceso electoral y se olvide de lo que está pasando en México, donde “ya sólo falta que nos privaticen el derecho a la vida”. Al concluir el mitin, los manifestantes entonaron el himno Venceremos.
