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Denuncia esposa de Vicente Suástegui que juez ordena reponer el proceso a dos detenidos ya sentenciados

Ramón Gracida Gómez

Samantha Valeria Colón Morales, esposa del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, denunció que el juez Juan Carlos Martínez Marchán ordenó reponer el proceso a dos detenidos que ya estaban sentenciados desde el año pasado e informó que ya interpuso un amparo por esta resolución.
Ayer comenzó una nueva jornada de búsqueda del activista y defensor del agua en un terreno baldío de la comunidad de El Bejuco, que se encuentra en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, frente a la entrada del rancho Bonga, otro de los puntos donde ya había sido buscado en jornadas anteriores.
Antes de que partiera el convoy de las instituciones que participaron en la búsqueda de ayer, Colón Morales comentó a El Sur que la semana pasada “llevamos un procedimiento abreviado con uno de los detenidos y pues él aceptó y se declara culpable, ya hubo una sentencia más para él”, quien ha referido al corralón de la colonia 10 de abril donde pudiera estar Vicente Suástegui y que se encuentra cerca del punto de ayer.
Sin embargo, acotó, “lo principal que queremos es encontrar a Vicente porque ayer (domingo) que fue el Día del Padre, mis hijas siguen preguntando dónde está Vicente, cuándo va a regresar su papá”, desaparecido en la colonia Ciudad Renacimiento el 5 de agosto de 2021.
Colón Morales dio a conocer que a principios de mayo el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal, con sede en Acapulco, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, Juan Carlos Martínez Marchán, le mandó una resolución para revocar el juicio contra Jorge Eduardo García Ramírez y José Luis Carrera Vázquez, sentenciados en octubre del año pasado a 25 años de prisión, y que nuevamente se repusiera el proceso.
Colón Morales interpuso un amparo por esta resolución con los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y habló con magistrados porque “todo lo que se ha plasmado en las carpetas es porque así lo han dicho, así pasó, y porque ellos mismo se conocen y saben de qué estaban hablando y por eso están detenidos”.
Adelantó que va a responsabilizar al juez de lo que le fuera a pasar a ella y su familiar si los dos detenidos llegan a quedar libres porque “todo el tiempo hemos estado siendo amenazados”.
La semana pasada empezó el juicio oral contra otro de los cuatro detenidos, pero se complicó porque la carpeta de la desaparición del integrante del Cecop fue atraída por otro Ministerio Público y la fecha de la audiencia cambió para el siguiente mes.
Denunció que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no le ha depositado varios meses de la canasta básica que recibe por formar parte del Registro de Víctimas Indirectas y comentó que la encargada de despacho, Enedina Medrano Serrano, firmó un documento en el que se comprometió a entregar los recursos hace unos 15 días, pero no ha cumplido.
Puntualizó que ese dinero lo utiliza para los insumos de la búsqueda, entonces pidió a Medrano Serrano que “por favor se ponga en nuestros zapatos, que por favor tantito sea sensible ella y vea todo lo que estamos sufriendo nosotros los familiares y todo lo que tenemos que hacer para realizar una búsqueda”.
Colón Morales pudo dar a conocer este problema a la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, quien contestó que el “recurso ya había sido dispersado, nada más para que se depositara, y es la hora que no nos han depositado”.
Lamentó que ayer no participara la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado (FGE), “fundamental para que nosotros podamos ir a los puntos y descartar”, y mostró el oficio de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) que solicita la colaboración de las demás instituciones, para demostrar que fue girado con tiempo.
La también integrante de la Colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero, pidió al nuevo titular de Periciales que facilite la colaboración de la institución, “sabemos que trae una forma de trabajar diferente a la que había, pero que no nos haga más tortuoso el camino más de lo que ya tenemos”.

La búsqueda en El Bejuco

Un convoy de la FGE, la CEBP, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Policía Estatal, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional partió casi a las 11 de la mañana a la comunidad de El Bejuco, donde los integrantes de estas instituciones, Colón Morales, el coordinador del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda, y dos activistas más revisaron un terreno baldío.
La cita fue a las 8 de la mañana en el estacionamiento del supermercado Soriana de la avenida Farallón, pero las instituciones llegaron después de la hora citada y la Policía Estatal hasta las 10 de la mañana, además también se discutió la pertinencia de acudir a esta zona de Acapulco debido a que en la colindante localidad de San Pedro las Playas fue asesinado el alcalde electo de Copala, Salvador Villalva Flores, en la madrugada de ayer.
El terreno inspeccionado está enfrente de la entrada al rancho Bonga, una enorme huerta de palmas colindante con la laguna de Tres Palos y a la que también se ha ingresado para buscar a Vicente Suástegui, hermano del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, porque era la zona de influencia de la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acusada de participar en su desaparición.
La búsqueda se extendió por casi cuatro horas en el extenso terreno que parece ser usado como basurero clandestino porque desde la entrada de la carretera federal se pueden observar varios montones de desechos incinerados y también se pueden ver las huellas de las máquinas que transitan en la tierra, incluso una máquina retroexcavadora se dio la vuelta cuando vio las camionetas de las fuerzas de seguridad estacionadas en el predio.
Un integrante de la CEBP voló un dron para apuntar la trayectoria del recorrido, y la esposa de Vicente Suástegui, los activistas y los funcionarios públicos subieron y bajaron un cerro, enterraron varillas y utilizaron picos y palas, para profundizar en algunos puntos sospechosos de ser fosas clandestinas.
No se obtuvieron resultados positivos, pero la búsqueda continúa hoy en el mismo terreno, donde las viviendas más cercanas se encuentran a 200 metros de distancia, y la jornada terminará el viernes.

Dictan prisión preventiva a implicados en el crimen de José Alfredo Cabrera

El Juez de Control dictó prisión preventiva a los dos presuntos implicados en el asesinato del candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, por la alianza PRI-PAN-PRD, José Alfredo Cabrera Barrientos, hecho ocurrido el miércoles pasado en el poblado de Las Lomas, perteneciente a ese municipio.
En la audiencia inicial, los dos detenidos acusados del delito de homicidio, fueron recluidos en el penal de Las Cruces.
Y la segunda audiencia será el próximo jueves, en los juzgados, ubicados en la zona Diamante de Acapulco.
El Ministerio Público (MP) presentó las pruebas suficientes ante el Juez de Control, quien determinó prisión preventiva a los dos acusados de homicidio.
El miércoles pasado, el candidato José Alfredo Cabrera Barrientos fue ejecutado a balazos en el poblado de Las Lomas, donde cerraría su campaña.
De acuerdo a la investigación ministerial, el agresor iba en silla de ruedas y tenía dos playeras, al parecer para quitarse una cuando huyera.
Los dos presuntos cómplices los ayudaron infiltrarse entre los simpatizantes del priísta, hasta quedar muy cerca su víctima.
Y pasarle por la espalda, el agresor de unos 25 años en sillas de ruedas, se levantó y le disparó en dos ocasiones al candidato hasta privarlo de la vida.
Posteriormente, el agresor fue abatido a balazos por los escoltas del candidato, en medio de la multitud, que corría a refugiarse. (Redacción).

Promueve el gobierno del estado amparo por la adversa sentencia del viaducto Diamante

Daniel Velázquez

El gobierno del estado promovió un amparo contra la sentencia del juez sexto de distrito con sede en Acapulco que falló a favor de que la empresa Fibra Orión recupere la concesión del viaducto Diamante.
El falló a favor de Fibra Orión ocurrió el pasado 26 de marzo. Fue este 25 de abril cuando el gobierno del estado interpuso “el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juez sexto de distrito en el estado, con sede en Acapulco, en el juicio de amparo 499/2023, promovido por Fibra Orión contra la declaratoria de rescate de la concesión del Viaducto Diamante”.
El viaducto Diamante es una carretera de cuota que va de la caseta La Venta hasta el bulevar Las Naciones, frente al desarrollo Vidanta antes Mayan Palace, es una vía de 21.5 kilómetros.
El litigio entre Fibra Orión y el gobierno del estado tiene ya un año. El 29 de abril de 2023 se conoció que el gobierno del estado informó que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado tomó el control y retiró la concesión del viaducto a Fibra Orión por no brindar el mantenimiento a la vía.
El alegato del gobierno estatal para retirar la concesión fue “la falta de atención del estado que guarda la carretera, por parte del concesionario, así como el incumplimiento de los contratos y acuerdos en materia de infraestructura y conservación que contrajo con la administración estatal”.
En noviembre de 2023 el director general de Fibra Orión, Rodolfo Campos, informó que el estado debía pagarles 10 mil millones de pesos como indemnización y que esa empresa buscaba extender la concesión por otro periodo a cambio de una contraprestación de 500 millones de pesos.

Resuelve juez a favor de la Ssa en la Jurisdicción Sanitaria de Tecpan, afirma Aidé Ibarez

La secretaria de Salud, Aidé Ibárez Castro, informó que un juez resolvió un recurso a favor de la dependencia, para recuperar las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 05, con sede en Tecpan de Galeana, tomada hace tres meses por trabajadores sindicalizados en demanda de la destitución de la jefa jurisdiccional.
La funcionaria aclaró que desconoce el procedimiento judicial para recuperar el inmueble y las camionetas “llenas de medicamentos” que están ahí encerradas, porque es la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones, pero el procedimiento está en curso.
La Jurisdicción fue tomada el 5 de octubre por trabajadores que denunciaron incumplimiento de los acuerdos que firmó el área jurídica con la líder sindical, Beatriz Vélez Núñez.
Consultada sobre los conflictos laborales en el sector, después de la firma de la estrategia nacional de buen gobierno con la Cofepris, informó que en el hospital comunitario de San Luis Acatlán, están agotando el diálogo para restablecer la normalidad, luego de que también fue tomado a principios de octubre por trabajadores inconformes con nuevo director, Genaro Lara Calixto, a quien le impiden el acceso al nosocomio, porque señaló robo de materiales y medicamentos.
Incluso, en declaraciones anteriores de la secretaria denunció que ahí se negó el servicio a una niña, que fue trasladada de emergencia al hospital Raymundo Abarca Alarcón, donde al final perdió la vida. Aunque los inconformes aseguraban que seguían laborando.
“Se terminó la auditoria en San Luis Acatlán, se realizó la reunión en acompañamiento de persona de la Comisión de Derechos Humanos, y de la Secretaría de Gobierno, estamos agotando todo el diálogo.
Aunque el director aún no tiene acceso al hospital comunitario. Justificó que se prepara su traslado al nuevo hospital del mismo municipio.
Del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, y el de Teloloapan, donde enfermeras demandaron el cambio de coordinadora del área, Ibárez Castro aclaró que el tema fue atendido con el cambio de director y de administrador de cada lugar.
Al pedirle más detalles del conflicto en la capital del estado, respondió que el nuevo director puede responder a las preguntas, no obstante que la política de comunicación prohíbe a los operativos hacer declaraciones. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Reinicia el gobierno estatal la persecución contra el Cecop, advierte Marco Suástegui

Jacob Morales Antonio

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, advirtió que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón iniciaron, como en los gobiernos pasados, una persecución en contra de los opositores a la hidroeléctrica.
En declaraciones por teléfono, el dirigente informó que fue notificado de que el juez segundo del distrito de Tabares lo sentenció a más de ocho años de cárcel por el delito de homicidio, hechos que ocurrieron en 2013; sin embargo, él recurrió a una apelación y ahora su caso será revisado por tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia. “Yo podría regresar a la cárcel”.
Suástegui Muñoz dijo que en este contexto de persecución contra el Cecop y su lucha contra la hidroeléctrica fueron detenidos el jueves pasado, con violencia, por policías ministeriales en la comunidad de Huamuchitos, Rodrigo León Jacinto, de 70 años, y Modesto León Jacinto, de 27 años; además lesionaron de un disparo en la pierna a la señora Rosibel Suástegui Jacinto y golpearon a tres menores de 4, 7 años y un bebé.
Recordó que ese día los policías ministeriales irrumpieron a las 3:30 de la madrugada en la casa de la familia, sin embargo, en la carpeta de investigación se estipuló que los detuvieron en la cancha de la comunidad lo que es falso, y tan fue así que el sábado se les dio su libertad de la comandancia de El Coloso, pero al salir fueron detenidos nuevamente ahora con unas órdenes de aprehensión de 2013, acusados de intento de homicidio y lesiones, y fueron recluidos en la cárcel de Las Cruces.
Reprochó a la fiscal Valdovinos Salmerón que junto con la gobernadora “usan los mismos vicios y prácticas oscuras del pasado. Concluimos que hay una persecución total para eliminar al Cecop, porque tal vez el movimiento le hace estorbo a la 4T, porque nosotros mandamos al diablo al PRI, al PRD, para poner a un movimiento en el poder como lo es Morena, donde nosotros decidimos abiertamente apoyar en campaña política a la gobernadora, pero vemos que lamentablemente nos equivocamos”.
El vocero dijo que tiene conocimiento de que se están desempolvando las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Cecop, “estamos procesados 30 compañeros, también surgen nuevas órdenes de aprehensión, que este gobierno está sacando de cuando se fabricaban los delitos”.
Luego, se volvió a lanzar contra la gobernadora “nos está mintiendo, diciendo que son amigos de los que menos tienen, pregonan eso, y que en este gobinero no se reprime. Todo lo contrario, sí se persigue, se encarcela, actualmente tenemos a toda la fiscalía en Huamuchitos, a los que llevan sus cosechas de jamaica y de maíz los están deteniendo, hay filtros y retenes, además, la Fiscalía entró a robar como delincuentes y amenazando de manera cobarde a la gente”.
“La gobernadora dice que Guerrero es un santuario de derechos humanos, la Fiscalía viene y tortura y le mete unos balazos a una mujer y la amenazan con quitarle a los hijos para declarar contra su esposo, diciendo que él fue quien le disparó”.
Ante estos hechos, dijo que el domingo en asamblea se acordó pedir el apoyo nacional de las organizaciones sociales, una comisión acudirá a Palacio Nacional, para plantear la situación al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se va a instalar un plantón en Huamuchitos y El Cantón, para evitar que la Policía Ministerial entre, “además estamos pensando que vamos a cerrar la Autopista del Sol, porque tal parece que les importa recibir turistas y crear una imagen falsa, cuando hay un mar de sangre en Acapulco, y cuando el Ejército y la Guardia Nacional están metidos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.
Suástegui Muñoz también afirmó que “nos mintieron cuando dijeron que iba a haber un cambio” e informó que se cancelaron todos los apoyos a los pobladores de Cacahuatepec, “nos huele como una trampa del gobierno del estado, municipio y federal”.
El dirigente recordó que Maximino Solís Valeriano sigue preso en el penal de Las Cruces, desde 2018, por un delito que no cometió y que se le atribuye a él, pero todo es parte de la persecución contra el movimiento.

Reabren padres el kínder Gabriela Mistral en Zihuatanejo; permitirán trabajos de un actuario

Este jueves, padres de familia del jardín de niños Gabriela Mistral, ubicado en la unidad habitacional Infonavit El Hujal, en este puerto, abrieron el plantel luego de poco más de dos semanas que permaneció cerrado para exigir que cinco maestras cumplan con el horario de Tiempo Completo.
El 23 de enero pasado, los padres de familia de cinco de los 12 grupos que hay en esa escuela tomaron la decisión de cerrarla de manera definitiva, pues desde el inicio del actual ciclo escolar, sus hijos no han tenido el servicio de tiempo completo porque sus maestras argumentan que tienen problemas de salud y que, además, es muy poco el dinero que les pagan por hacer su trabajo.
Por su parte, las cinco maestras interpusieron una demanda de amparo en contra de las autoridades educativas federales y estatales, por lo que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha podido determinar la situación laboral de las educadoras, porque no hay todavía una resolución judicial.
Este jueves, poco antes de que iniciara la hora de entrada, los padres retiraron las pancartas que desde el 23 de enero colocaron en la entrada al plantel, así como también quitaron el candado especial que tenía el portón, y permitieron que los niños retomaran sus clases.
El delegado de la SEG en Costa Grande, Fernando Leyva Sotelo, informó vía telefónica que debido a que no se ha resuelto la demanda de amparo, el juez federal que lleva el caso de las maestras determinó que enviará a un actuario a que lleve a cabo una diligencia, en la que se espera constatar que las maestras incumplen con el horario de tiempo completo.
Leyva Sotelo aseguró que fue una determinación de los propios padres de familia, que mantenían cerrado el jardín de niños, volver a abrirlo para que el actuario que vendrá a hacer esa diligencia pueda llevarla a cabo.
A pregunta, el funcionario señaló que el hecho de que se hayan retomado las clases no es indicativo de que el conflicto ya esté resuelto, “hasta que el juez que lleva la demanda de amparo de las cinco maestras emita su veredicto, hasta entonces la SEG podrá estar en condiciones de determinar qué va a pasar con las maestras que se han mantenido renuentes”. (Redacción)

Negó un juez al fiscal detener a miembros del ERPI por el caso Chavarría, revelan

El diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco reveló que el fiscal Javier Olea Peláez solicitó a un juez la detención de presuntos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), como los responsables del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, pero que la autoridad judicial rechazó la petición.
En tribuna en la sesión de ayer, dijo que “nuevamente tenemos información corroborada el día 14 de este mes de que el juez primero de lo penal de este distrito negó la orden de aprehensión de estas personas que fueron consignadas por el fiscal”.
Enseguida, recordando lo que ocurrió al término del gobierno de Zeferino Torreblanca, quien también intentó atribuir al ERPI el asesinato de quien fue su secretario de Gobierno, Silvano Blanco dijo que la decisión del juez penal se basó en un “argumento idéntico al del juzgado federal, es decir, no había elementos de prueba suficiente para acreditar que ellos eran los probables responsables, que efectivamente hubiesen intervenido en el crimen de Armando Chavarría y eso se lo dijimos al fiscal en su momento, que no se atreviera a hacer eso porque ya se había desechado esa línea de investigación”.
Después de cuestionar que el fiscal insiste en la versión de que Chavarría fue asesinado por integrantes del ERPI, a pesar de que un juzgado federal determinó en 2010 que no había elementos para sostener esta hipótesis, consideró que es “prudente” que el Congreso se pronuncie por la renuncia del fiscal, de lo contrario incurriría en una negligencia.
“El ánimo del fiscal fue quizás el hecho de pretender ya liberarse de esa enorme responsabilidad que tiene con esa investigación, quizás de una forma para ya cerrar totalmente el asunto y decir que se hizo un esfuerzo pero al final fue el juez el que negó la orden de aprehensión en contra de los responsables”, expuso. (Rosalba Ramírez / Chilpancingo).

Ordena un juez federal que se deseche un auto de prisión contra Arturo Campos de la CRAC

En una sentencia de amparo un juez federal ordenó a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que deseche el auto de formal prisión contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera por secuestro, ya que en la causa penal 031/2013 no está acreditada su responsabilidad.
Aunque sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguraron que el amparo obliga al juez local a dictar un auto de libertad inmediata e incondicional, Campos Herrera no saldrá de prisión porque está señalado en otra denuncia de secuestro radicada en Olinalá, que confían que también será desechada en unos meses.
En la sentencia, el juez sexto de distrito, Benito Zurita Infante consideró “desacertado” que la cuarta sala del TSJE haya establecido que la Ley 701 de Reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas no ampara los actos de la CRAC-PC como si fueran de una autoridad.
El juzgador federal aclaró que el artículo segundo de la Constitución Política reconoce que el país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y en ese sentido “el reconocimiento jurídico se desprende de un decálogo de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas cuya justiciabilidad resulta trascendental en el modelo de Estado pluricultural que perfila la Carta Magna”.
Señaló que el derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de los que el Estado mexicano es parte”, y reconoce a favor de los pueblos el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.
En sintonía con esos instrumentos señaló que en Guerrero se creó la Ley 701 cuyos artículos disponen, entre otras garantías, el ejercicio de los pueblos de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia, y los reconoce como “sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley”.
En el análisis del delito señaló que las privaciones de la libertad por las que Campos Herrera fue acusado de secuestro no pueden ser tipificadas como tal, porque se generaron a partir de conductas de los presuntos agraviados.
El señor Pedro Gil Apreza Salmerón fue acusado en el sistema de justicia comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, y a Karla Espinoza Bolaños de ser cómplice del primero, cuando le entregó el arma de fuego y fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
No obstante la Cuarta Sala confirmó el auto de formal prisión por secuestro agravado contra Campos Herrera, el 17 de julio del año pasado, al resolver un recurso de apelación.
El 9 de febrero el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Acapulco concedió el amparo a Arturo Campos, para que la cuarta Sala penal deje “insubsistente la resolución del 17 de julio del año pasado, y dicte una nueva resolución en la que determine que en la causa penal no se acredita el segundo de los elementos de secuestro agravado”.

Ya atiende un juez federal desacato local a fallo a su favor, dice la alcaldesa de Apango

La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, informó que acudió con un juez contralor del poder Judicial federal para informarle del desacato de las autoridades estatales a la resolución a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que acreditó la violencia política y de género en su contra.
Después de una reunión de la presidenta municipal y el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, en el Congreso local, Muñiz Gómez dijo que las autoridades estatales siguen sin acatar la resolución federal que ordenó a las autoridades locales, entre ellos a los poderes Ejecutivo y Legislativo así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), que la reinstalaran en su cargo.
El Ayuntamiento de su municipio está tomado desde hace casi un año por un grupo de ediles y pobladores que la acusan de desvíos de recursos y nepotismo.
A pesar de que desde el 19 de octubre, la Sala Superior del Tribunal resolvió restablecer Felícitas Muñiz “en su derecho político constitucional”, y ordenó al síndico, un regidor y dos regidoras que encabezan la toma del Ayuntamiento, que se abstengan de realizar actos de violencia política y de género que afecten el ejercicio del cargo de la presidenta, esto no ha sucedido.
Informó que ya se reunió con un “juez contralor federal” a quien le reportaron la falta de cumplimiento de las autoridades locales y se volverán a reunir próximo 23 de marzo en Acapulco, Recordó que “el caso ya está judicializado”.
La alcaldesa no supo precisar el cargo y nombre del “juez contralor federal”, pero dijo que posterior a la visita del 23 de marzo visitarán también la cabecera municipal.
Felicitas Muñiz recordó que esta es la segunda ocasión que es presidenta municipal, y en 2018 será la primera vez que los presidentes municipales se podrán reelegir y por “el machismo que existe en el municipio” quieren evitar que se reelija.
A la presidenta municipal se le preguntó por las observaciones que le hizo la Auditoría General del Estado (AGE) en su cuenta pública por más de cuatro millones de pesos y comentó que en dos días (mañana) se vence el plazo para que ella pueda presentar sus justificaciones.
Explicó que muchas de las observaciones fueron por recursos que utilizó para resolver problemas o necesidades urgentes de las comunidades para las que no se etiquetó, “a veces tenemos que ver qué es más necesario”.

Comparece ante el juez la ex comandante acusada de lesiones contra un albañil

Jorge Nava

aLa ex comandante de la Policía Municipal, Maribel Marcial Angelito, compareció en el Juzgado cuarto penal donde está acusada de lesiones y abuso de autoridad en agravio de un albañil.
Asimismo ayer le dictaron formal prisión por ese caso al ex agente preventivo Sabino Olea Salgado, quien estuvo al mando de la agente denunciada.
De acuerdo con el expediente penal 16-1/2006, el 28 de agosto del año pasado, el agraviado Ángel Palma García entró al bar La Güera después de cobrar 4 mil pesos como oficial de albañil, cuando en el interior fue detenido por policías que después le exigieron el pago de 500 pesos por su libertad.
Amparada con una suspensión de la orden de detención que le otorgó el juez octavo de distrito, Marcial Angelito argumentó que ese día no iba en la operación donde arrestaron al agraviado, que se enteró en la noche, a las 9:30 o 10, cuando llegó a la guardia.
Agregó que siempre apoya a la gente y les sugiere que denuncien.
En su queja, Ángel Palma mencionó que viajaba en una patrulla con los policías que lo arrestaron pero no era la señalada.
El denunciante contó que ese día lo tuvieron en los separos de El Coloso, después de que lo golpearon.
Recordó que allí llegó su hija María Palma Zamora, quien tuvo que pagar 500 pesos para su libertad.
La diligencia se llevó a cabo ante el primer secretario de acuerdos, Edilberto Calderón Juárez.