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Cierran los padres de los 43 la PGR; exigen una reunión con el procurador y con Osorio Chong

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cerraron la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, para exigir una mesa de diálogo con el procurador Raúl Cervantes Andrade y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que desde las 7:15 de la mañana los padres y manifestantes que desde hace 19 días mantienen un plantón frente a la PGR, cerraron los accesos y clausuraron de manera simbólica las instalaciones, para exigir que las autoridades le den seguimiento a las líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los pasados días de protesta fue cerrada la entrada principal, pero los funcionarios de la PGR podían ingresar a trabajar por accesos aledaños, este lunes sólo se veían guardias al interior del inmueble.
En declaraciones telefónicas, Rosales Sierra dijo que la PGR continuará cerrada hasta que las autoridades respondan a las demandas de los manifestantes.
A las 7:30 de la noche el gobierno federal propuso que la reunión fuera con el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, pero no se llegó a un acuerdo.
En conferencia de prensa a las 10 de la mañana, la madre del normalista desaparecido César González Hernández, Hilda Hernández Rivera exigió que el gobierno federal investigue el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques, además de la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes y de los detenidos por el caso.
Rosales Sierra dijo que tras la conferencia de prensa los padres marcharon acompañados de unos 300 manifestantes desde el plantón frente a la PGR al antimonumento a los 43 ubicado en la avenida Reforma, donde se llevó a cabo un mitin para exigir que las autoridades resuelvan el caso, pues no puede quedar impune.
En su plantón, los padres tienen costales y cajas de papas, cebollas, nopales, hierbas de olor y demás verduras.
También tienen leña para hacer fogatas y usan la reja de la PGR como tendedero de ropa.
Duermen en casas de campaña o en colchonetas sobre un templete de madera en la carpa principal, y cuentan con más de 10 sanitarios móviles.
El bloqueo lo mantienen en las tres entradas del edificio: la principal, sobre Reforma; la del estacionamiento en Río Guadiana, y la de un acceso lateral en Río Neva.
Cientos de empleados no han podido entrar a las instalaciones, por lo que esperan en las inmediaciones a espera de órdenes de sus superiores.

Denuncian agresión a un padre

En la página oficial en Facebook Padres y madres de Ayotzinapa, se denunció que durante el bloqueo de los accesos a la PGR, cerca de las 3 de la tarde un presunto trabajador del gobierno federal intentó entrar por la fuerza a las instalaciones y agredió a Bernardo Campos Santos, padre del normalista desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien es diabético y resultó lesionado en la rodilla izquierda.
“En repetidas ocasiones hemos afirmado que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos lo han arrebatado. Uno de nosotros fue objeto de una agresión el día de hoy. Una persona (probable representante de la Ley) intentó entrar por la fuerza al edificio de la PGR y en su violenta intentona jalonea a Don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, ¡este padre es diabético! Nos faltan 43”, fue el mensaje con el que difundieron fotografías de la lesión de José Ángel Campos.

Tiene un cronograma; en noviembre tendrá resultados de la investigación, dice la PGR

La PGR informó que existe un cronograma elaborado para tener resultados de la investigación en seis meses, es decir, hasta noviembre.
Ordenó realizar vuelos de rastreo con tecnología de última generación en una superficie de 60 kilómetros cuadrados en la zona de Iguala, en busca de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, dieron a conocer que estos vuelos continuarán con el uso de tecnología LiDar, un radar que obtiene imágenes tridimensionales y térmicas.
“En esta ocasión los propios padres pidieron que el área de aplicación del LiDar sea ahora mucho más extensa en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Esto, con independencia de los costos que pudiera tener, el señor procurador lo aprobó de inmediato”, dijo Higuera.
Comentó en conferencia de prensa que desde que la PGR comenzó a utilizar esta tecnología se ha sobrevolado un área de un kilómetro cuadrado, en la que cual encontraron 100 lugares que debían ser sujetos a una revisión de campo.
Después de una inspección del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los representantes de los padres de los normalistas, dijo, no se localizó ningún dato relevante para las investigaciones ministeriales.
Herrerías informó que a más tardar en noviembre próximo la PGR dará cumplimiento a nueve puntos y recomendaciones de líneas de investigación solicitados por organismos internacionales y los padres de los estudiantes.
Se trata de los puntos recomendados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un mensaje leído a la prensa, Sara Irene Herrerías informó que el 20 de abril se realizó una reunión con representantes de los padres, el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y el procurador Raúl Cervantes, en la que les ofrecieron seguir con “todas las líneas de investigación” y presentar un cronograma sobre los puntos que el mecanismo de la CIDH planteó como prioritarios.
La funcionaria agregó que al día siguiente, la dependencia presentó a la CIDH un cronograma con nueve puntos para ir cumpliendo de ahora hasta noviembre.
No obstante recordó que a esa reunión no asistieron los padres de los 43 “por lo que había pasado en la audiencia entre la CIDH, en donde ellos lo consideraron como un rompimiento y nosotros reiteramos en que como PGR teníamos abiertas todas las líneas de investigación”.
Por otra parte, informó que aún faltan por detener a siete personas más relacionadas directamente con la desaparición de los estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Sabemos, comprendemos y tenemos empatía y lo sabemos el dolor de los padres y queremos darle una respuesta a ellos. En este sentido sabemos que lo más importante es la investigación y nos hemos concentrado en eso en este tiempo”, argumentó.
Luego aseguró que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, “está en la mejor disposición de reunirse con ellos dentro de este marco de la Comisión Interamericana, que sería a finales del mes de mayo, cuando toca la siguiente reunión”.

Descarta que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados

Para verificar si hubo tortura el fiscal Alfredo Higuera dijo que la PGR ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, con o sin denuncia de por medio, y hasta ahora sólo ha habido conclusiones en ocho casos.
De ellos, en seis los resultados fueron negativos y en dos hubo datos de tortura contra los detenidos, y en esos casos, los procesados decidieron no continuar la denuncia ante la PGR.
Descartó que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados o el desechamiento del expediente en los tribunales, ya que en caso de comprobarse sólo se anulan las declaraciones de quienes sufrieron los malos tratos.
“Todo eso tendrá las implicaciones y derivaciones que en cada caso concreto corresponda, la consecuencia natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, aseveró.

Sigue el incumplimiento de la SEG del derecho a la educación de niños de El Coyul, denuncian padres

Autoridades de la comunidad na savi de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, denunciaron el incumplimiento de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos(Codehum), de garantizar a la brevedad el derecho a la educación de niños de las escuelas preescolares 30 de Abril y primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano.
Exigieron al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, el envío de los maestros que exigieron o emprenderán acciones que sean necesarias para que el derecho a la educación de los niños indígenas sea garantizado.
En un comunicado firmado en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlahinollan, madres, padres y autoridades comunitarias de El Coyul, informaron de la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que derivó en la recomendación 022/2017, el mes pasado.
Ahí denunciaron la sobrepoblación en las aulas, el déficit de personal docente y falta de infraestructura en los dos únicos centros educativos de la localidad El Coyul, y la desatención de la SEG, a donde acudieron en diferentes momentos madres, padres de familia y autoridades comunitarias, a exigir más personal y ampliación del edificio.
Ante la omisión de las autoridades, el 16 de noviembre de 2016, autoridades municipales y la asociación del comité de padres de familia del plantel 30 de Abril y representantes de la primaria Ignacio Manuel Altamirano interpusieron una queja formal ante la comisión.
La denuncia es “por actos violatorios a los derechos humanos, cometidos de manera directa por el secretario de Educación de Guerrero, el director de educación Guerrero y el delegado regional de los Servicios Educativos de la Montaña alta, en agravio de los pobladores de la comunidad de El Coyul, por conculcar el derecho a la educación”.
Cuatro meses después, el 29 de marzo de 2017, la Codehum notificó a la SEG la recomendación 022/2017, donde dice que por acciones y omisiones la SEG vulneró el derecho a la educación y de petición de la niñez indígena de El Coyul.
Pide al secretario González de la Vega Otero que a la brevedad “se tomen las medidas pertinentes con la finalidad de proveer de forma permanente los docentes que sean necesarios para el preescolar 30 de Abril y primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano” a fin de “restituir a los niños y niñas, el goce de su derecho a la educación”.
Asimismo, que se inicie el procedimiento administrativo que establece la ley, de determinar las responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios, y en particular, en contra del delegado regional de Servicios Educativos de la Montaña alta, con sede en Tlapa, por vulnerar los derechos de petición, de educación e igualdad de los quejosos.
Que se garantice a las escuelas de El Coyul la infraestructura educativa, que asegure a los niños una educación digna y de calidad, en los términos previstos en el artículo tercero constitucional.
Sin embargo, a un mes de la notificación, la SEG no ha respondido a la comisión, ni atendió las recomendaciones, pese a que desde la fundación del jardín de niños, en 1982, sólo la sido atendidos por un maestro, que está a cargo de impartir clases a 80 alumnos, más la dirección, la administración y la intendencia.
Precisaron que en 2012, cuando la matrícula aumentó a 90, la SEG envío un segundo maestro y para el ciclo 2014-2015 se incrementó a 138.
Ese año, de manera arbitraria la SEG emitió un circular para indicar que sino tenían suficientes maestros que prescindieran del primer año, es decir, excluir a 50 niñas y niños del goce pleno al derecho de la educación.
Los docentes mantuvieron el año pasado los tres grados de la escuela, y este año, con 93 alumnos del ciclo escolar 2016-2017, dejaron de brindar el servicio de primer grado.
En el caso de la primaria bilingüe, explicaron que tiene 12 grupos con 279 estudiantes y siete maestros, una docente está a cargo de la dirección y frente a grupo.
Con las asociaciones de padres de familias, urgieron a González de la Vega Otero a aceptar y atender la recomendación del organismo, a tomar las acciones necesarias para garantizar que los niños puedan desarrollarse plenamente, para contribuir a la erradicación del analfabetismo, la marginación, la discriminación, y la pobreza extrema que existe en la región de la Montaña.
Lamentaron el desinterés de la SEG en atender derechos fundamentales, sobre todo en este municipio, que ocupa el primer lugar en rezago social, marginación y pobreza extrema nacional y estatalmente, y 75.81 por ciento de la población es analfabeta.

El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX

El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.

La marcha

La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.

Viola la SEG el derecho a la educación de los niños na savi de El Coyul, Cochoapa, dice la Codehum

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan informó a los padres de familia, autoridades comunitarias y alumnos del nivel preescolar y primaria de la comunidad de El Coyul, del municipio de Cochoapa el Grande, que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) emitió la recomendación contra la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por violar el derecho a la educación y derecho a la petición.
La asesora jurídica de Tlachinollan, Dulce María Gatica Nava, explicó primero a los de educación preescolar que la Comisión de Derechos Humanos emitió la recomendación 022/2017 a favor de la niñez na savi de El Coyul, por negarles profesores y no hacer caso a las solicitudes hechas para pedirlos.
Les dijo que la recomendación es contra la SEG, el director de Educación Indígena y el delegado regional de los Servicios Educativos Montaña alta.
La recomendación es resultado de la queja puesta por los padres de la comunidad, al no contar con profesores suficientes para atender a sus hijos en el preescolar indígena 30 de Abril y en la primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano desde 2013.
Recordó que la queja se interpuso el 16 de noviembre de 2016. El 29 de noviembre se brindaron las pruebas y el 8 de diciembre se hizo la inspección en ambos planteles por la Comisión de Derechos Humanos.
Mencionó que en ambos planteles había un déficit de profesores y sobrecupo de niños, pues en la primaria había 12 grupos atendidos por siete docentes, del cual uno era director y profesor de grupo, con 279 alumnos.
En el preescolar no se cubre el primer año porque sólo hay dos profesores y uno cumple también funciones de director y atienden a 120 niños.
Dijo que aunque la SEG no ha aceptado la recomendación por el periodo vacacional, se determinó que provea de forma permanente a los docentes de ambos planteles, para que no se vulnere el derecho de los niños.
Además de que el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, gire instrucciones y determine el procedimiento administrativo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en contra del delegado regional de Servicios Educativos de la Montaña alta.
Además de que deben dotar de infraestructura educativa para el buen desarrollo de los niños.
La información fue recibida por el comisario, Justo Comonfort de la Cruz, quien convocó a los padres de familia a los planteles para informarles que la queja fue favorable y esperarán el tiempo que marca la ley para que la SEG cumpla con el envío de profesores.
Pidieron que se concluyan los techados, porque desde hace años llegó una empresa que ofreció sus servicios para hacerlos, pero sólo colocó los metales y ya no volvió para concluir la obra, pagada con recursos de la SEG, y al acudir a reclamar les dijeron que estaba como obra concluida por lo que creen que hubo acuerdos entre autoridades y empresa.
Los padres pidieron que les envíen profesores de base y no de contrato, porque de ser así cuando se acabe el ciclo volverán a la dinámica de exigirlos nuevamente, lo que genera un desgaste en la población, porque al no ser atendidos en las supervisiones o sectores tienen que recurrir a Tlapa, lo que significa viajar más de cuatro horas si cuentan con un carro o esperar la única pasajera que llega a El Coyul.
Lo anterior es posible en temporada de secas, pero en lluvias se cierra la carretera Tlacoachistlahuca a Metlatónoc, así como las que comunican con esta cabecera y tienen que salir a pie.
La recomendación fue emitida el pasado 28 de marzo.
La traducción al tu’un savi fue realizada por el integrante de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes.

Incendian normalistas de Ayotzinapa dos camiones y los persiguen policías en Chilpancingo y Tixtla

 

En respuesta a la agresión que sufrieron padres y otros familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, estudiantes de esa escuela incendiaron dos camiones de la tienda departamental Coppel, ocuparon dos cabinas de radiodifusoras para expresar su condena a la agresión a los padres, y tuvieron un breve enfrentamiento con la Policía Estatal.
Un normalista fue lesionado por un impacto de bala de humo lanzado por policías estatales, y fue hospitalizado en Tixtla, informó la dirigencia estudiantil.
El incendio de uno de los dos camiones de Coppel ocurrió a la salida del libramiento de cuota, cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital, cuando el contingente de unos 50 estudiantes se retiraba a la Normal después de haber tomado las dos cabinas de radio en la capital.
Después en su regreso a las instalaciones de la escuela y cerca del entronque del libramiento con la carretera Chilpancingo-Chilapa, en la salida de Tixtla, prendieron fuego a otro camión de la misma tienda departamental, y metros adelante en la estatua a Vicente Guerrero, cerca del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, tuvieron un breve encuentro a pedradas con policías estatales que ya los perseguían, y con otros que los esperaban en el lugar.
Estos hechos que se derivaron del repliegue violento que sufrieron con gas lacrimógeno y toletes de granaderos los padres de los 43 estudiantes que se encontraban afuera de las instalaciones de la Segob, empañaron las actividades culturales en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa con motivo del 91 aniversario de la fundación de esa institución.
Los estudiantes se enteraron al mediodía de la agresión a los padres en la Ciudad de México y de inmediato convocaron a una concentración en la cancha techada de la escuela, a la una de la tarde.
Allí relataron que el plantón en la Ciudad de México comenzó el 20 de abril en la PGR para pedir “investigaciones claras” en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, que se investigue a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala que actuaron esa noche, la participación en esos hechos de la Policía Municipal de Huitzuco, que se dé seguimiento al rastreo de los celulares de los estudiantes que siguieron activos días después de los hechos, e investigar el tráfico de drogas a través de la línea Estrella de Oro que cubre la ruta Iguala-Chicago, debido a que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) habría sido la

 

Bloquean padres de un kínder el bulevar en La Sabana, en Acapulco; exigen la salida de supervisor

Jacob Morales Antonio

Padres de familia del jardín de niños Federico Froebel bloquearon de manera intermitente, por casi dos horas, el bulevar Lázaro Cárdenas frente al mercado del poblado La Sabana, para exigir la salida del supervisor de la zona 39 de Preescolar, Pedro Arizmendi Palacios, a quien acusaron de hostigar laboralmente a las maestras.
El 1 de febrero los inconformes se reunieron con el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alfredo Miranda Vergara, a quien le exigieron la salida del supervisor, al que acusaron de interponer una demanda penal por robo, luego de que los padres de familia desocuparon una aula que ocupaba como oficina, que por el aumento de la matrícula necesitaban y desalojaron sus cosas.
Ante la desatención de las autoridades para resolver el conflicto, minutos antes de las 10 de la mañana, unos 30 padres de familia se apostaron en ambos carriles de la transitada vía, frente al mercado del poblado, donde bloquearon la circulación de los vehículos cada cinco minutos.
El bulevar comunica la zona de Las Cruces con la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional y la zona Diamante del municipio.
En declaraciones, una de la madres de familia enojada exigió al delegado de la SEG una respuesta y atención, a quien se le dio una prorroga que incumplió. La madre de familia dijo que el supervisor, en vez de apoyar a la educación quería reducir la matrícula para ocupar un salón, donde estudian unos 70 niños.
Por la protesta las filas de automóviles detenidos se extendió del mercado de La Sabana hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, ubicado a unos dos kilómetros, mientras del lado de Cayaco, la fila fue hasta de 4 kilómetros.
Por la tarde, uno de los padres de familia informó que por la protesta personal del jurídico de la SEG llegó y retiró las pertenencias del supervisor de la zona. La manifestación se retiró del lugar a las 11:30 de la mañana.

Bloquean padres del Cetmar la calzada Pie de la Cuesta; piden reductores de velocidad y semáforos

Argenis Salmerón

Unos 50 padres de familia del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) bloquearon de manera intermitente la calzada Pie de la Cuesta, frente a la colonia Jardín Palmas, ubicada en la zona poniente de la ciudad.
Los quejosos pidieron a los tres órdenes de gobierno la construcción de reductores de velocidad y colocación de semáforos en la carretera federal.
Los familiares se congregaron a las 8 de la mañana frente al Cetmar, y hasta las 9:40 concluyeron su manifestación. Ninguna autoridad atendió a los manifestantes.
Ante esta situación, los manifestantes advirtieron que bloquearan de nuevo la vía federal, para colocar los topes peatones por la omisión de la autoridad.
“Los padres de familia del Cetmar exigimos al señor presidente Evodio Velázquez los señalamientos y reductores de velocidad por la seguridad de nuestros hijos”, “Evodio no más burocracia” y “urgen topes y señalamientos”, fueron las pancartas que se podían leer.
En declaraciones a reporteros, la presidenta del comité de padres de familia del Cetmar, María del Socorro Alvarado Vera, pidió a los tres órdenes de gobierno semáforos, topes peatonales y señalamientos viales para evitar atropellados en la vía federal.
Se quejó de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), los gobiernos del estado y municipal son omisos a la petición, desde hace más de ocho años, es decir antes de su modernización y ampliación.
Denunció que ya son cinco los estudiantes muertos por atropellamiento en la carretera federal, y un “sinnúmero” de vecinos embestidos por los automovilistas, que circulan a exceso de velocidad.
Criticó que las autoridades colocaron en la tienda Soriana y tiendas de muebles semáforos para el cruce de peatones, y para una escuela no quieren hacer la obra.
“Es una vergüenza manifestarnos de esta manera, pero lo hacemos por la falta de atención de las autoridades”, puntualizó.
Alvarado Vera solicitó reductores de velocidad antes y después de la institución educativa, asimismo la colocación de un semáforo, “la semana pasada chocó un taxi contra una camioneta de los soldados”.
“Nos mandan con la SCT, nos mandan con el gobierno del estado y también con Evodio, ¡digo ya! Alguien se tiene que hacer cargo”, acotó.
Advirtió que los padres de familia y vecinos bloquearán sin permitir la circulación de los automóviles, para colocar unos topes de manera improvisada, “ya no queremos más accidentes”.

Bloquean padres la vía México-Acapulco en El Ocotito; piden la destitución de una directora

Padres de familia del jardín de niños Simón Bolívar, ubicado en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, bloquearon la carretera federal México-Acapulco, de manera intermitente durante tres horas, para exigir la destitución de la directora Yaramérica Vélez García y sanciones a las maestras que suspendieron labores de manera arbitraria.
A las 12 del día, los padres de familia comenzaron el bloqueo en la carretera federal, frente a la colonia Palo María. Ahí colocaron llantas y tablas con clavos para impedir el tránsito, aunque decidieron que la acción sería intermitente para evitar la molestia de los automovilistas.
Los manifestantes portaban carteles en los que se leyó: “Queremos maestros con ganas de trabajar” y “los niños no merecen maltrato psicológico ni que los maestros les griten o los corran”.
Una madre de familia dijo que las maestras Elibeth Navarrete y María Lizbeth Blanco Flores, de primer año; Nubia Arroyo Morales, de segundo; Rosa Ángela Tolentino Alarcón, de tercero; las intendentes Esther Espino Lira y Gabriela Gutiérrez, no se presentaron en el plantel el jueves pasado y ayer volvieron a ausentarse, sin notificar de manera previa a los padres.
Aseguró que las trabajadores no acudieron al plantel porque apoyan a Vélez García para que permanezca en la dirección, pese a que el 16 de marzo los padres tomaron las instalaciones y denunciaron que la directora discutió con una maestra frente a los alumnos, empuñando un lapicero en contra de ella.
“Se pidió la destitución (de la directora), pero las maestras la defendieron y apoyaron las anomalías, así como la prepotencia y lo autoritario en el plantel. Ellas quieren que hagamos lo que piden y no debe ser así, ellas no tienen derecho a hacer todo lo que digan”, expresó.
Al bloqueo llegaron policías federales que vigilaron la protesta. Más tarde acudieron representantes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para atender a los manifestantes.
Luego de una reunión, los padres informaron que hoy serán atendidos por la directora de Educación Inicial y Preescolar, Abril Téllez Hernández, en la cancha ubicada en la colonia Cuauhtémoc alta, en El Ocotito, pero advirtieron que si no tienen una respuesta favorable, continuarán manifestándose.

Se unen dos secundarias técnicas más al paro de labores en Costa Grande para exigir maestros

 

Este martes, dos secundarias técnicas más fueron cerradas por padres de familia de Zihuatanejo, Petatlán, La Unión y Coahuayutla, que exigen a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) les asigne los maestros que les hacen falta, que les den nombramientos y que les paguen a los maestros que por años han trabajado horas sin cobrar.
El jueves 30 de marzo, las secundarias técnicas 186 Adolfo López Mateos, ubicada en la unidad habitacional Infonavit El Hujal; la secundaria 52 Caritino Maldonado Pérez, ubicada en la colonia El Embalse; la secundaria 99 Ignacio Zaragoza, de la comunidad Vallecitos de Zaragoza; así como la número 100 Héroes Guerrerenses, de la localidad Pantla; secundaria 106 España, de la comunidad El Coaocoyul y la 219 Luis Donaldo Colosio Murrieta, de Los Almendros, fueron cerradas por los padres de familia.
La molestia de los padres es porque a mediados de febrero pasado, durante tres días, el jefe de Personal de la SEG, Eduardo León Encarnación, junto con el delegado de Servicios Educativos, Fernando Leyva Sotelo, estuvieron en Zihuatanejo previo a la visita que hizo en ese entonces el gobernador Héctor Astudillo Flores, para que los padres y los maestros no hicieran una protesta frente al mandatario.
Según los padres de familia en esa última reunión, León Encarnación se comprometió a resolver la demanda de maestros, a entregar nombramientos a los maestros que han trabajado horas sin cobrar, así como a pagarles, pero no cumplió.
Al día siguiente, viernes 31 de marzo, los padres de familia de la secundaria técnica 14 Vicente Guerrero, de Petatlán, se sumaron al movimiento de los papás de las seis primeras secundarias.
El lunes 3 de abril, los padres de la secundaria técnica 37 Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en la cabecera municipal de La Unión, se sumaron al cierre de los planteles.
Este martes, hicieron lo propio los padres de las secundarias 119 Juan Ruiz de Alarcón, de la comunidad San José Ixtapa, en el municipio de Zihuatanejo, y la secundaria 74 José María Izazaga, en la cabecera municipal de Coahuayutla, con lo que aumentaron a diez las escuelas técnicas cerradas, de un total de 14 que hay en la zona escolar 7 de secundarias técnicas.
La postura en la que coinciden los papás que tienen cerradas las secundarias, es que no permitirán que sean abiertos estos planteles hasta que las autoridades educativas resuelvan por completo la necesidad de maestros.
Los directores de nueve de las diez escuelas cerradas ofrecieron una conferencia de prensa en el vestíbulo del Palacio Municipal, para dar a conocer que pese al problema que existe en estas diez escuelas, las autoridades de la SEG no han dado muestras de querer atender y resolver el problema de la falta de maestros.
El director de la secundaria técnica 186, Saúl Cabrera Antonio, dijo que el único funcionario de la SEG que se ha comunicado con ellos es el delegado de esa dependencia, Fernando Leyva Sotelo, “pero no tiene la capacidad de solucionar esto, la necesidad de maestros rebasa su competencia. A nosotros como directores nos preocupa que el ciclo escolar está a pocos meses de terminar y no ha habido una respuesta positiva a las necesidades de cada escuela”.
Adelantó que los directores se reunirían con sus respectivos padres de familia, para determinar qué acciones pueden llevar a cabo para que sean atendidos por la SEG, “le hacemos el llamado al gobernador Héctor Astudillo Flores para que nos atiendan, no es una sola escuela la que está cerrada, son diez, estamos hablando de más de 2 mil niños que no tienen clases en cuatro municipios”.