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Se va el Ejército de Petaquillas; la Policía Rural se encarga de la seguridad, acuerda con funcionarios

Vecinos de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, transportistas y policías rurales se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, y con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, y acordaron que la seguridad en esa comunidad estará en manos de la Policía Rural y que con ésta, el Ejército y fuerzas federales y estatales harán operaciones conjuntas.
La reunión fue resultado de más de seis horas de bloqueo el martes a la carretera federal a Acapulco, al sur de Chilpancingo, como medida de presión de los manifestantes que exigieron la salida de un campamento militar instalado frente a la entrada a Petaquillas tras la irrupción de sicarios a la comunidad de Chacotla, municipio de Mochitlán, que ejecutaron a seis jóvenes. Según los inconformes, los militares interrogaron a algunas personas, presuntamente sobre esos hechos.
En la reunión se iba a tratar el retiro del campamento militar, pero horas antes de que comenzara la reunión, éste ya se había levantado.
A las 10:30 de la mañana inició la reunión en la comisaría municipal de Petaquillas, a la que asistieron el comisario Mario Flores Castrejón, el representante de transportistas de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, Romuel Vázquez Vélez, representantes de la Policía Rural y dichos funcionarios.
En la reunión, los funcionarios de los gobiernos federal y estatal informaron a los inconformes que la madrugada del miércoles se retiró el campamento del Ejército, ubicado cerca de la Unidad Académica de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), donde había 50 militares.
Además, acordaron que el Ejército y policías federales y estatales, participen en operaciones de seguridad con la Policía Rural en Petaquillas para evitar intimidaciones y roces.
El transportista Romuel Vázquez Vélez explicó que las corporaciones policiacas avisarán a los policías rurales cuando ingresen a Petaquillas a hacer recorridos u operativos de seguridad cerca de esta comunidad, “para que no haya un mal entendido con nuestros policías y para trabajar tranquilos”.
Comentó que ya no habrá intimidaciones policiacas a los vecinos, “para sacarles información de personas que ni conocemos y no sabemos porqué lo hacen, y en algunos casos encañonaban a la gente, además no dejaban trabajar a la Policía Rural, había roces entre ellos, ese es el problema”.
Vázquez Vélez dijo que los policías rurales trabajan las 24 horas y están al servicio de la comunidad, en la que ofrecen paz y tranquilidad a la población.
Un vecino se quejó de que las autoridades militares, federales y estatales no brindan seguridad, mientras que “nuestra Policía Rural sí atiende nuestras demandas; de qué sirve que los militares sólo se pasean, se van y no pasa nada, y nuestros policías, a la hora que sea atienden las denuncias”.
Otro vecino de Petaquillas reprochó a Ávila Morales y a Maldonado del Moral que, cuando suceden hechos de violencia, llaman al número de emergencia 066, ahora 911, “no nos hacían caso, llamábamos muchas veces, no nos pelaban y la población estaba desprotegida, pero ahora que tenemos nuestra policía estamos más tranquilos”.
La noche del martes, cuando los pobladores de Petaquillas, transportistas y policías rurales bloquearon seis horas la carretera federal México-Acapulco en la entrada del fraccionamiento Río Azul, ahí el delegado de la Segob, Ramiro Ávila Morales dijo que fuerzas federales y militares llegaron a Petaquillas por protocolos de seguridad tras los hechos de violencia que han ocurrido en la región.
La noche del lunes 30 de enero, sicarios irrumpieron en la comunidad de Chacotla, municipio de Mochitlán, se llevaron a ocho vecinos, dos de ellos mujeres, y la mañana del miércoles mataron a los seis hombres. Ávila Morales dijo que “este operativo fue para brindar seguridad y detener a los presuntos responsables”.
Otra demanda de los vecinos de Petaquillas al gobierno del estado es que intervenga para que el Ayuntamiento de Chilpancingo les devuelva el carro de la basura para que se restablezca el servicio, “cuando el Ayuntamiento nos quita el carro de la basura, con nuestros propios vehículos tiramos la basura, lo cual es injusto”.
El transportista Vázquez Vélez pidió la construcción de un puente peatonal en las colonias Agua Zarca y Loma Bonita para beneficiar a los estudiantes la Secundaria Técnica 80, porque “cuando fue la tormenta Manuel, en septiembre 2013, se cayó el puente”.
En la reunión firmaron un documento de acuerdos: “Primero.- Retiro de las fuerzas federales y estatales del pueblo que Petaquillas. Segundo.- La seguridad de Petaquillas y sus colonias queda en manos de su policía. Tercero.- Darle seguimiento a la minuta firmada por autoridades municipales y federales en agosto pasado. Cuarto.- Darle seguimiento a la gestión para la construcción del puente peatonal que comunica a la secundaria técnica No. 80 Australia, ubicada entre las colonias Agua Zarca y Loma Bonita”.
El martes, en el bloqueo total a la carretera federal participaron vecinos de Petaquillas, transportistas de las rutas Tepechicotlán, Colotlipa y Mochitlán, que llegan a la capital y policías rurales.
Entonces, el comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón informó que militares y federales, “la noche del lunes espantaron a la gente y encañonaron a algunos vecinos para sacarles información”.
El comandante de la Policía Rural, quien se reservó su nombre, comentó que tras los hechos de violencia en Chacotla, municipio de Mochitlán, “el gobierno implementó operativos de seguridad en esa zona y las corporaciones policiacas que pasaban por Petaquillas intimidaban a los policías rurales, y esto hubiera ocasionado una balacera”.

Se quedará el campamento militar en la entrada de Petaquillas, advirtió el jefe del Ejército

 

El comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez Mendoza, dijo que el campamento en Chilpancingo se mantendrá, pese a las protestas de vecinos y policías rurales de Petaquillas que denunciaron que fueron intimidados por los soldados.
Consultado al finalizar la sesión del Grupo Aca afirmó que la Ley de Seguridad Interior sobre el papel del Ejército en tareas de seguridad, se debe aprobar en el Congreso porque “es para bien de todos”.
Del marino asesinado en la colonia Emiliano Zapata por hombres armados informó que se comunicó con la Secretaría de Marina “por esa pérdida tan importante. Y es gente que está trabajando para Acapulco y está perdiendo”.
Consideró que independientemente del ataque ocurrido el martes, hay coordinación entre las entidades encargadas de la seguridad.
De Ley de Seguridad Interior, Jiménez Mendoza expuso que se requiere que se emita para delimitar sus acciones “para bien de todos surja esta ley, para que nos marque las responsabilidades que tendrá cada una de las autoridades responsables de proporcionar la seguridad a toda la sociedad, no es una seguridad para las fuerzas armadas, es para todo el país”.
Mencionó que ahí se define cómo participará el Ejército, “en qué momento, en qué área, bajo qué esquemas y cuál sería la responsabilidad de cada ente que tiene que participar para dar ese ambiente de seguridad”.

Hablan de falta de médicos en visita de De la Peña al Hospital de la Madre en la capital

 

El titular de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), Carlos de la Peña Pintos, acudió al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense en la capital, luego de las denuncias de médicos de la falta de personal que cubra las guardias y de no poder atender a todos los pacientes que llegan al hospital.
El secretario de Salud de Guerrero, acompañado del contralor de la dependencia estatal, Eduardo Lorio Casanco, se reunieron en privado con el director del hospital Adiel Molina Bello y personal médico de la sección 61 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg).
Consultado luego de la reunión, De la Peña Pintos informó que platicaron del problema de la saturación de pacientes, que el director señaló que es de un 180 por ciento.
-¿Cómo cuales?- se le preguntó.
-El área de urgencias, que obviamente se satura la terapia intensiva, pediátrica, con los (bebés) prematuros, entonces todo esto condiciona que a veces los bebés tengan que ubicarse en áreas donde no les corresponde, entonces todo esto se está abordando y se está analizando, en cuanto a los recursos de medicamentos y material de curación.
De la Peña Pintos señaló agregó que “los antibióticos son parte de los medicamentos que más se requieren, eso es siempre, como son pacientitos delicados”
El secretario de Salud estatal y el director del hospital aseguraron que hay suficiente medicamente en el hospital. Molina Bello no precisó en qué porcentaje llega a faltar el medicamento, porque son consumibles diariamente.
El titular de Salud agregó que hoy iniciarán reuniones de trabajo junto con el personal, los directivos, el sindicato y de la Dirección de Recursos Humanos del gobierno estatal.
Consultada también luego de la reunión, la secretaria general de la sección 61 del Suspeg, Pilar Guadalupe Cortes Ríos, expuso que ella estuvo en la reunión porque no hay personal para cubrir las guardias, desde hace unos cuatro meses, faltan médicos y enfermeras, aproximadamente unos cien, lo que complica dar el servicio a los pacientes.
Afirmó que les informaron que la nómina del gobierno del estado está lleno y no hay los recursos económicos suficientes, y por eso se harán las mesas de trabajo.
De la Peña Pintos dijo que “se van hacer las mesas de trabajo para analizar la plantilla, para ver los cubre incidencias (personal denominado así porque cubre en casos extraordinarios) en las vacaciones, todo los cubre descansos…Porque no está contemplado dentro del presupuesto, antes no había problema, pero a consecuencia de la saturación comenzó el desajuste”.
El 26 de diciembre familiares que tenían internados a sus bebés, de una semana y hasta hace cinco meses de nacidos, denunciaron que había un brote de candidiasis (cándida), y que sus hijos ya presentaban la infección, que impedía que se recuperaran, además de que no había medicamentos para darles tratamiento, ni batas que necesitaban para visitar a sus hijos.
Luego de la reunión con director del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, y personal médico de la sección 61 del Suspeg, se le preguntó al secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos por las quejas de la falta de medicamento y equipo del personal médico en el centro de salud de la comunidad de Petaquillas, en Chilpancingo.
Respondió que “estamos nosotros trabajando con el presidente municipal (de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena), próximamente este debe también solucionarse, vamos poco a poco, porque verdaderamente nosotros recibimos con varios rezagos en ese aspecto, y como los recursos son limitados tenemos que ir avanzando poco a poco, así lo estamos haciendo y tendremos constancia de los apoyos que vamos dando”.
El 6 de enero de este año, los médicos y enfermeras mostraron las instalaciones y denunciaron la falta de insumos básicos e infraestructura, que hace falta médicos y enfermeras para atender a los más de 16 mil habitantes que se atienden ahí.

Niega la Secretaría Salud que haya desabasto de medicinas en el centro de salud de Petaquillas

 

A pesar de las denuncias de médicos y trabajadores de la falta de infraestructura y medicamentos en el centro de salud de Petaquillas, el coordinador de Planeación de Salud de la jurisdicción número 3, Marco Aurelio Rodríguez aseguró que el lugar está en buen estado y que además ahí son atendidos los habitantes de El Mirador y las nuevas colonias ubicadas en la entrada de Petaquillas.
En reiteradas ocasiones, los médicos y enfermeras del centro de salud de la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, han denunciado desabasto de medicamentos, que no hay insumos básicos ni infraestructura, y que hace falta personal.
En un recorrido el 6 de enero en el centro de salud de Petaquillas, los médicos y enfermeras mostraron las instalaciones, donde se vio el techo maltratado por la humedad y mobiliario deteriorado e inútil; la cama donde se practican las pruebas de Papanicolaou está oxidada, el autoclave no funciona, las instalaciones son pequeñas y descuidadas y la mayoría de los instrumentos que utilizan están oxidados.
Ante estas denuncias, Marco Aurelio Rodríguez informó que los habitantes de El Mirador y las colonias de reciente creación han generado “un problema” porque se encuentran en los límites de Chilpancingo y Petaquillas y en ese lugar no hay centro de salud.
Aseveró que el año pasado solicitó a las secretarías de Salud estatal y municipal otro centro, porque son más de 3 mil habitantes los que requieren el servicio.
Dijo que, por instrucciones del jefe de la jurisdicción sanitaria 03, Saúl Romero Téllez los vecinos reubicados en las colonias cercanas a Petaquilla son atendidas en el centro de salud de esa comunidad, porque les queda más cerca.
Aseguró que el centro tiene la capacidad, la infraestructura y medicamentos suficientes para atender la demanda de más población, y que “se cuenta con todo lo necesario”.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

A casi dos años de su creación, fue desarticulado el FUSDEG; sólo mantiene un bloque de resistencia en Tierra Colorada

Antes de cumplir dos años de su presentación pública en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) fue básicamente desarticulado y sus representantes obligados a buscar refugio; ahora Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero es donde mantienen un bloque de resistencia ante el avasalle de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), grupo del que es una escisión.
La salida de la organización civil que brindaba seguridad y justicia en comunidades de Chilpancingo no fue tersa. Hubo confrontaciones verbales, a golpes y a balazos que dejaron nueve muertos relacionados con la confrontación con la UPOEG por el control del territorio, que incluye uno de los corredores de droga más importantes de Guerrero: la carretera federal Acapulco-Tierra Colorada.
Pero los enfrentamientos y asesinatos tienen su antecedente en 2015, después de la separación de varios grupos de la Policía Ciudadana de la UPOEG quienes conformaron el FUSDEG, debido a presuntos malos manejos y la falta de rendición de cuentas de los coordinadores provenientes de Costa Chica, sobre lo incautado a presuntos narcotraficantes a la llegada del grupo del dirigente Bruno Plácido Valerio al valle.
La UPOEG comenzó a operar en el valle de El Ocotito porque fue llamada por los vecinos para contrarrestar los asesinatos, secuestros, extorsiones y el cobro de piso.
Los registros periodísticos dan cuenta de 26 muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG en 2015, pero el mayor número de víctimas ocurrió en el enfrentamiento de dos grupos del FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco, con 16 muertos. Por ese evento, el FUSDEG se retiró del Acapulco rural y la UPOEG se volvió a posicionar en algunas comunidades del municipio porteño.

Ataques y enfrentamientos

En 2016 el FUSDEG perdió espacios en Petaquillas a partir del conflicto político de la elección de comisario que arrastraba de 2015, y en la comunidad El Ocotito, con el surgimiento de un grupo disidente de policías comunitarios en febrero que habrían sido expulsados en asamblea de la organización.
En medio de estos conflictos el 17 de abril fue asesinado Edilberto Santiago, hermano de un fundador del FUSDEG de Tierra Colorada, Romualdo Santiago. Sus familiares denunciaron que fue emboscado por integrantes de la UPOEG en el camino hacia la comunidad de San Juan del Reparo en el municipio Juan R. Escudero, donde era coordinador del grupo de la Policía Comunitaria.
El antecedente de este homicidio es la agresión del 30 de marzo de 2015 en el crucero de San Juan del Reparo, cuando los grupos se enfrentaron con un saldo de 12 muertos: 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
El 16 de octubre fue asesinado a balazos el comandante del FUSDEG en Petaquillas, José Julio Alarcón Astudillo cuando iba a estacionar una Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, donde trabajaba como chofer, a pleno día y en el centro de Chilpancingo.
El alcalde de la capital, Marco Antonio Leyva Mena atribuyó el homicidio al conflicto interno de Petaquillas por el control de la Comisaría, ya que la autoridad constitucional de la que dependen las policías comunitarias es el comisario, y el respaldo y legitimidad la otorgan las asambleas. Así que quien tiene al comisario tiene el mando de la Policía Comunitaria.
El 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero ocurrió otro ataque con un saldo de siete hombres muertos. De los hechos el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes dijo que “ocurrió a las 4:30 de la madrugada a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Según Plácido Valerio los muertos de la UPOEG en Tlayolapa eran originarios de Ayutla y Tecoanapa, enviados a apoyar acciones de seguridad en el municipio de Chilpancingo, fueron atacados cuando regresaban a sus comunidades (en el cambio de guardia), iban por un camino distinto a la carretera federal donde generalmente hay un retén militar que impide el paso de grupos de civiles armados.
El comandante del FUSDEG de Tierra Colorada, Maximino Alejo aseguró que esa madrugada la UPOEG se alistaba a tomar por asalto la cabecera municipal de Juan R. Escudero, y el FUSDEG estaba listo para impedir su paso, así que los grupos de Costa Chica regresaron sus pasos y se dirigieron a Tlayolapa, pero la población también había sido alertada.
A partir de este evento y dada la tensión entre los grupos, el gobierno del estado anunció que más de 200 policías estatales distribuidos en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, iban a patrullar el territorio entre El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar otro enfrentamiento.
Según los reportes oficiales se aglutinaban en defensa y ofensiva 200 integrantes de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, 350 del FUSDEG en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas sobre la carretera federal. En los dos bloques “hombres armados portaban armas exclusivas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional”.
No obstante el despliegue policiaco, el 24 de noviembre grupos armados de la UPOEG intentaron tomar la cabecera municipal de Tierra Colorada y se suscitaron cuatro nuevos enfrentamientos en las inmediaciones de la población. Reporteros y agentes de gobierno desarmados quedaron en medio del fuego cruzado.
Resultó muerto el policía del FUSDEG Jesús Eloíso Contreras de 22 años. Se presume que su cuerpo fue levantado por el grupo contrario, porque no lo encontraron sus compañeros y familiares. Lo que cuenta del hecho del deceso era una fotografía tomada por reporteros. Sin embargo las autoridades y ambas organizaciones en disputa lo consideran desaparecido.
Al siguiente día el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se reunió con los representantes de la UPOEG y del FUSDEG, y anunció un acuerdo para solucionar “el evento” del 24 de noviembre en Tierra Colorada: el repliegue de la UPOEG hacia la comunidad de Xolapa, municipio de Acapulco, y del FUSDEG a su base en Tierra Colorada, que la zona quedaría en resguardo de la Policía Estatal y una tregua del 28 de noviembre de este año al 15 de enero de 2017, para no afectar el flujo de turistas, en las fechas decembrinas.
Para el 20 de diciembre el gobernador Héctor Astudillo anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona, con cinco retenes más de policías estatales, así como la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.

El territorio

La versión extraoficial más extendida de este conflicto es la búsqueda del control del territorio por su importancia en el trasiego de droga.
La banda de narcotraficantes Los Ardillos que tiene sede en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, en la zona centro del estado y que disputa Chilapa a Los Rojos, habría buscado recuperar el paso obligado hacia Chilpancingo por Petaquillas. En tanto, el cártel de la Sierra (de nueva creación), habría buscado infiltrar a los grupos de El Ocotito (UPOEG) para tener el control en los pueblos del valle.
De finales de 2015 a agosto de 2016, hay registros de conflictos en Petaquillas y El Ocotito por el control de las comisarías municipales que llevó a enfrentamientos verbales, jaloneos, amagos con armas y detenidos de los grupos de la comunidad confrontados por el control de la Comisaría municipal, cuando el FUSDEG perdió las dos comisarías e intentó mantener la organización de seguridad en la zona.
El 15 de enero el Ayuntamiento emitió la convocatoria para la elección de comisario de Petaquillas, a fin de terminar un conflicto político de los dos grupos. El 18 de enero resultó electo Mario Flores, a quien el FUSDEG acusó de vínculos con la delincuencia, pero en agosto fue ratificado en una asamblea. En tanto operaron dos policías comunitarias, la del FUSDEG y la del comisario vinculado a la UPOEG.
La situación se complicó en octubre debido al asesinato del comandante del FUSDEG de Petaquillas en Chilpancingo, y el comisario Flores Castrejón reconoció que buscó asesoría de la UPOEG “para saber cómo resolver el conflicto y tener mayor seguridad en el pueblo”, dado que el grupo contrario quería detenerlo acusado del homicidio.
El 10 de septiembre hubo una confrontación verbal, golpes y amagos de rifles de asalto de ambos grupos porque los policías del comisario Mario Flores Castrejón desarmaron a policías comunitarios del FUSDEG, del incidente resultaron seis heridos y ocho retenidos. Continuó el diálogo con el Ayuntamiento y el repliegue total de la organización de seguridad. A la fecha la Policía Comunitaria de Petaquillas se deslindó de las dos organizaciones y mantiene retenes con hombres armados en su territorio.
En enero también hubo elecciones de comisario en El Ocotito que ganó el candidato contrario al FUSDEG, Audifred Benítez. En febrero la autoridad cobijó a un nuevo grupo de policías comunitarios separado del FUSDEG que se alió con algunos grupos de la UPOEG que seguían operando en el valle de forma discreta, sin la cobertura de los medios.
Recibieron apoyo los grupos de Ayutla y Tecoanapa y en octubre ocurrió el enfrentamiento de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, paso obligado para llegar de la Costa a la zona Centro. También había ocurrido la confrontación en Petaquillas, donde sólo hubo amagos y golpes y ante este ambiente tenso el comisario denunció amenazas, se declaró incompetente para solucionar el conflicto e informó que tendría que huir de la población.
Mientras, el coordinador de la policía del FUSDEG en El Ocotito, Salvador Alanís denunció una alianza de Plácido Valerio con el diputado local del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y el cartel del Sur para destruir a la organización.
Afirmó que José Deivid Barrientos, conocido como El Carioca, separado de las filas del FUSDEG con el comisario Audifred Benítez Visoso y el comisario de Petaquillas Mario Flores Castrejón, eran financiados por el diputado para poner a las comunidades del valle y del corredor de Acapulco a Tierra Colorada en su contra.
Para el 7 de noviembre policías de la UPOEG ocuparon la comandancia del FUSDEG en El Ocotito, aún con la vigilancia de patrullas de la Policía Estatal, mientras los integrantes de la organización se replegaron a Tierra Colorada. No hubo inventario de lo hallado en la comandancia porque no hubo autoridades municipales para dar constancia.
El alcalde de Chilpancingo reconoció que intervino porque juntas, las organizaciones suman más de 600 hombres armados y el Ayuntamiento sólo tiene 119 policías. Versiones de los vecinos señalaron que había un calabozo, droga y personas detenidas en el inmueble.
Los principales líderes del FUSDEG de El Ocotito huyeron con sus familias, otros pidieron refugio en Juan R. Escudero, el municipio donde mantiene presencia. Aunque algunos grupos se han manifestado en apoyo a la organización, otro sector se pronunció por el retiro de las dos organizaciones armadas.

Se reúnen por cuarta ocasión el FUSDEG, la UPOEG y el gobierno; no informan acuerdos

Sin dar detalles el gobierno del estado dio a conocer que se cumplió con la cuarta reunión entre representantes de las organizaciones Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) para solucionar la confrontación surgida desde hace un mes entre ambas organizaciones.
Este viernes se hizo en Casa Guerrero la cuarta reunión privada entre las dos organizaciones y por segunda vez participó el gobernador, Héctor Astudillo Flores, acompañado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la misma dependencia,  David Augusto Sotelo Rosas.
Una hora después de la hora acordada fueron recibidos en la puerta tres de Casa Guerrero los representantes de cada organización, en esta ocasión no asistió el líder de la UPOEG, Bruno Plácido.
En la tercera reunión se acordó por parte del gobierno del estado y de las dos organizaciones que no se darían declaraciones a los medios de comunicación, y sólo sería por medio de Comunicación Social del gobierno del estado.
En un boletín de prensa de seis párrafos se explicó que “se revisaron avances de los acuerdos relativos a la seguridad de esas comunidades donde ambos grupos cuentan con injerencia y acerca de los avances para la localización de personas reportadas como desaparecidas en últimas fechas”.
Las autoridades del estado tampoco informaron como van las investigaciones de los dos integrantes de FUSDEG que ya cumplieron más de 15 días de desaparecidos.
En el comunicado se informó que el gobernador Héctor Astudillo manifestó a los dos grupos su interés por continuar el diálogo con un ambiente de armonía en las comunidades de Tierra Colorada municipio de Juan R Escudero y Ocotito, municipio de Chilpancingo.
En el mismo encuentro se recordó que el compromiso por llegar a acuerdos que logren el regreso de la paz a sus comunidades, mientras que la Policía Estatal apoya reforzando con al menos cinco retenes de seguridad en el municipio de Juan R Escudero.
En la segunda reunión hecha el 28 de noviembre se anunció extender su tregua hasta el 15 de enero, la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.
El FUSDEG y la UPOEG se disputan desde octubre el corredor de Chilpancingo a Acapulco en Petaquillas, El Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, lo que ha provocado movilizaciones y enfrentamientos armados.

Acuerdan el alcalde y el Grupo de Coordinación recorridos de la Policía Federal en la capital

El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena informó que este viernes se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores y mandos militares para hacer una evaluación de la estrategia de seguridad.
En declaraciones a reporteros, luego de la entrega de certificados de bachillerato en la sala de juntas del Ayuntamiento, explicó que el acuerdo fue mantener las operaciones de revisión a automovilistas y motociclistas, así como los recorridos que de la Policía Federal.
Además dijo que las bases de operaciones del gobierno municipal que se encuentran en Petaquillas y Amojileca, ya no serán “estáticas” y se van a desplegar en diferentes puntos de Chilpancingo.
Para reforzar la seguridad en Chilpancingo, donde han ocurrido 226 asesinatos en lo que va del año, expuso que las autoridades municipales seguirán impulsando el programa de Vecino Vigilante.
Agregó que ha logrado la integración de 122 comités de Vecino Vigilante y que el objetivo en 2017 será incrementar la cifra a 200, además de que se contratará más personal para la policía de proximidad, dando prioridad a jóvenes que hayan realizado recientemente su servicio militar.
Informó que Chilpancingo cuenta con 112 policías municipales evaluados y certificados, y 24 reprobados que serán dados de baja, pero aclaró que esto no afectará las finanzas del Ayuntamiento.
De la postura del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD y algunos regidores que le pidieron que hable del problema de violencia en la ciudad para que el gobierno estatal y federal lo atiendan, y aseguraron que la capital enfrenta una situación grave de inseguridad, dijo que comprendía su postura porque son oposición.
En cuanto a la declaración del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda quien el jueves manifestó que se necesita legislar para generar un marco jurídico que defina el papel del Ejército en las labores de seguridad pública, y que los soldados no estudiaron para perseguir a delincuentes, Leyva Mena se limitó a decir que sí es necesario legislar para ofrecerle a esa institución certeza en su labor.
“El Estado mexicano le ha pedido la colaboración a una institución como el Ejército para enfrentar temas de inseguridad, temas en los que el marco legal no es el apropiado para las funciones de la Secretaría (de la Defensa) y él dice que no pueden dar los resultados que se quieren sin el marco jurídico legal, por eso se requiere la intervención del (poder) Legislativo”.
En cuanto a los trabajos de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán aseguró que han concluido, y sólo falta terminar las banquetas, pero aclaró que esto se debe a que las empresas de Izzi y Telmex no han resuelto el cableado, pero aseguró que todo estará listo para el 18 de diciembre, cuando se celebrará el tradicional paseo del Pendón.

La UPOEG no va a entrar con fuerza a Tierra Colorada; acordó una consulta, dice Bruno

 

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio rechazó que la Policía Ciudadana pretenda entrar mediante la fuerza a Tierra Colorada, y aseguró que en los acuerdos con el gobierno del estado la organización que encabeza pidió que se consulte a la gente.
Plácido Valerio denunció que quien dividió a la UPOEG fue el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda Nava, para evitar que se expandiera a otros municipios después de la retención de militares en El Pericón, municipio de Tecoanapa, en 2013.
Ayer ofreció una conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), para responder a los diputados locales del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y Raymundo García Gutiérrez, quienes acusaron que la UPOEG pretende entrar por la fuerza a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
Aseguró que la Policía Ciudadana no ha intentado entrar por la fuerza a esa cabecera municipal y que a los pueblos siempre entra con el consentimiento de los pueblos, mediante las asambleas comunitarias.
Declaró que la Policía Ciudadana y la UPOEG no pelean el corredor Petaquilas-Xaltianguis ni territorio alguno, y que el acuerdo en las reuniones con el gobierno del estado es que se respete el proyecto comunitario, y que las decisiones se tomen con el consentimiento de los ciudadanos mediante las asambleas.
En las intervenciones en la sesión del Congreso local del martes, el diputado del PRD Sebastián de la Rosa Peláez, llevó el tema a la tribuna. Ahí expresó su rechazo a la intención de la UPOEG de “querer imponer su fuerza” en comunidades donde hay presencia del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), aunque esta organización ha denunciado el contubernio entre el perredista y el líder comunitario para apoderarse del corredor.
En respuesta Plácido Valerio contestó que no es la intención de la Policía Ciudadana entrar a Tierra Colorada ni a ningún pueblo, sino que se consense la opinión de los ciudadanos y que su propuesta llegue a acuerdos con el gobierno del estado.
El diputado García Gutiérrez dijo que es indígena y siempre estuvo en contra del proyecto comunitario desde que se fundó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), así que dijo que carece de autoridad moral para hablar al respecto.
Por otra parte Plácido Valerio recordó que la UPOEG comenzó a tener problemas “cuando vino alguien a dividir” para evitar que se siguiera expandiendo a otros municipios a raíz del bloqueo al Ejército mexicano en El Pericón, municipio de Ayutla.
Ante la pregunta de ese “alguien” respondió que “ahí están los acuerdos a los que llegó” con el otro grupo, en referencia al ex secretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava que fue el funcionario federal que se reunió y llegó a acuerdos con los dirigentes del FUSDEG (que es una escisión de la UPOEG), para que se establecieran en el corredor de el valle de El Ocotito, y luego a Petaquillas, de donde ya fueron desplazados por la vías de las armas por la UPOEG.

 

Intenta la UPOEG entrar a Tierra Colorada, se enfrenta al FUSDEG y mata a un comunitario

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El policía comunitario del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Jesús Eloíso Contreras de 22 años fue asesinado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en uno de los cuatro enfrentamientos de ayer en Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero.
El FUSDEG y la UPOEG se disputan desde octubre el corredor de Chilpancingo a Acapulco en las comunidades Petaquillas, El Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, lo que ha provocado movilizaciones y enfrentamiento armados como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete hombres muertos.
El FUSDEG ya fue desplazado de Petaquillas y El Ocotito pero tiene presencia en Tierra Colorada, a donde ayer intentó irrumpir la UPOEG con armas de grueso calibre.

En Plan de Lima, la primera
balacera

Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a las 9:10 de la mañana reportaron un enfrentamiento entre los dos grupos en la comunidad de Plan de Lima, Tierra Colorada, sin embargo policías comunitarios informaron que fueron balazos al aire porque había tensión, ya que la UPOEG pretendía entrar a la cabecera municipal.
Ante la amenaza de irrupción de la Policía Ciudadana a Tierra Colorada, unos 100 policías comunitarios se desplegaron entre los cerros en las entradas y salidas a Acapulco y Chilpancingo para resguardar la cabecera municipal.
Después de las 11:40 de la mañana ocurrió un enfrentamiento armado en la entrada del entronque de Tierra Colorada y la Autopista del Sol, que duró más de una hora y media.
Un grupo de unos 10 policías comunitarios estaban dispersos en la loma de un cerro cerca del restaurante El Mexicano para contener al otro grupo, los comunitarios se refugiaron entre piedras y matorrales.
Mientras que unos 10 policías ciudadanos de la UPOEG a bordo de tres camionetas estaban en la entrada de la carretera federal México-Acapulco con dirección a la comunidad Papagayo.
Durante una hora y media se escucharon detonaciones de armas de fuego y cuatro patrullas de la Policía Federal de Caminos impidieron el paso de los automovilistas, particulares y del transporte público para que las personas no quedaran entre el fuego cruzado. Además había un helicóptero del gobierno estatal sobrevolando el lugar.
Cuando ocurrió este enfrentamiento armado, a las 12 del día, vecinos y promotores del FUSDEG bloquearon la carretera federal México-Acapulco frente a su comandancia en la colonia San José para impedir la entrada de la UPOEG, además sonaron las campanas de la Iglesia para que alertar a los vecinos.
En el bloqueo los pobladores impidieron el paso a los automovilistas como forma de presión para que las autoridades de los gobiernos del estado y federal intervinieran en el conflicto de los grupos de civiles armados.
Después de la 1:30 de la tarde terminó el segundo enfrentamiento, no se reportaron heridos ni muertos. Los policías comunitarios del FUSDEG se replegaron y cuidaron los límites de Tierra Colorada pero poco a poco los integrantes de la UPOEG se acercaron a la cabecera municipal.
A las 3:50 de la tarde comenzó otra balacera cerca de donde ocurrió el segundo enfrentamiento, más cerca a Tierra Colorada, donde fue asesinado el policía comunitario del FUSDEG Jesús Eloíso Contreras de 22 años, su cuerpo quedó tendido boca abajo en la carretera federal México-Acapulco cerca del entronque de Tierra Colorada.
Los policías ciudadanos de la UPOEG recogieron el cuerpo de la víctima y hasta las 12 de la noche se desconocía en dónde estaba.
El tercer enfrentamiento duró más de 20 minutos cuando los policías ciudadanos estaban más cerca de la cabecera municipal, en este hecho no había policías federales, estatales, ministeriales ni militares para resguardar la zona.

Reporteros y agentes de gobierno quedan en el fuego cruzado

Un grupo de 15 reporteros y agentes de gobierno infiltrados en el gremio quedaron atrapados en el fuego cruzado durante unos 20 minutos, cuando ocurrió el cuarto enfrentamiento entre los dos grupos, más cerca de la cabecera municipal.
Los comunicadores escucharon un balazo cerca del lugar donde se refugiaban en la orilla de la carretera federal México- Acapulco, se tiraron al suelo pecho a tierra a un lado de una camioneta para protegerse de las balas. Fue a las 4:10 de la tarde cuando comenzó este último enfrentamiento armado entre la UPOEG y el FUSDEG.
Los comunicadores que estaban tendidos en el suelo y junto a una camioneta blanca para refugiarse de las balas gritaban, “amigos nos vamos a mover, somos prensa no disparen, por favor confirmen”, “estamos en un fuego cruzado” y “la prensa se va mover”.
Algunos transmitieron en vivo mediante la red social Facebook. Después de 20 minutos, en un lapso de un minuto no se escucharon disparos y los reporteros corrieron unos 200 metros a refugiarse a sus vehículos para dirigirse a una zona más segura cerca de la cabecera municipal.
Cuando los trabajadores de los diferentes medios de comunicación llegaron a sus vehículos se escucharon otros balazos, parecía una agresión directa pero no se pudo determinar qué grupo era el que les disparaba.
Ahí el vehículo del agente de gobierno, al parecer de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Rodríguez quien se presenta como fotógrafo de Expresión Popular, recibió dos impactos de bala en el medallón y dos en el techo del i10 Dodge Hyundai gris.

El bloqueo y la marcha de vecinos de Tierra Colorada

Unos 150 vecinos de Tierra Colorada bloquearon de manera intermitente la carretera federal México–Acapulco frente a la base comunitaria del FUSDEG en la colonia San José desde el mediodía, cuando se enteraron que había muerto uno de los policías comunitarios y que la UPOEG intentaba entrar a la cabecera municipal.
A las 4:30 de la tarde marcharon vecinos y otro grupo a bordo de un autobús fue a la entrada del crucero de la Autopista del Sol, donde ocurrió una de las balaceras, ahí bloquearon de manera intermitente y rescataron a un policía comunitario que estaba escondido en la loma de un cerro.
Después llegaron a donde estaba el cuerpo del comunitario caído pero el cadáver ya no se encontraba, “los policías de la UPOEG se llevaron el cuerpo del compañero que murió defendiendo su pueblo”, declaró un testigo.
Ante el nulo apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal y de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) los pobladores avanzaron otros 500 metros, y a las 6 de la tarde bloquearon un carril a la Autopista del Sol.
Los manifestantes estaban a unos 200 metros de 50 policías ciudadanos de la UPOEG en la carretera federal que se dirige a Acapulco.
Uno de los inconformes pidió “somos pueblo y si no hay condiciones nos vamos a armar, nosotros queremos paz y tranquilidad, la Policía Ciudadana que se vaya a Chilpancingo y a Acapulco para hacer limpieza”.
Comentó que están satisfechos con el FUSDEG, “estamos bien con los comunitarios, no queremos a Bruno Plácido Valerio (el dirigente de la UPOEG), para brindar seguridad que se vaya a otros lugares”.
Después de 8 horas de enfrentamientos armados entre la UPOEG y el FUSDEG llegaron unos 70 policías estatales al bloqueo para intervenir en el conflicto y resguardar la zona.
Llegó el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral y se reunió con los vecinos de Tierra Colorada que se manifestaron.
Una vecina que se reservó su nombre informó que los acuerdos fueron que hoy se reunirán integrantes del FUSDEG y la UPOEG en Palacio de Gobierno, además que los policías estatales pedirán a los policías ciudadanos de la UPOEG que se replieguen a Xolapa en Acapulco, y no invadan el territorio de Tierra Colorada donde opera el FUSDEG, para evitar otra confrontación.
A las 7:30 de la noche los inconformes se retiraron del bloqueo en la entrada de la Autopista del Sol en Tierra Colorada y se restableció la circulación vial, sin embargo los comunitarios del FUSDEG se quedaron desplegados en la cabecera municipal para evitar la entrada de la UPOEG.
La Policía Ciudadana de la UPOEG avanza poco a poco al territorio donde opera el FUSDEG, el 7 de noviembre policías ciudadanos y pobladores de El Ocotito tomaron la base de esa organización y ésta se replegó a Tierra Colorada.
Hace seis días policías ciudadanos de la UPOEG instalaron un retén en la salida de Xaltianguis hacia Tierra Colorada.
El lunes pobladores, comisarios municipales y autoridades agrarias de la comunidad de Xaltianguis y poblados cercanos, en una asamblea acordaron dejar las filas del FUSDEG y regresaron a la UPOEG.

No hay reportes de muertos en el enfrentamiento de Tierra Colorada, dice el vocero

El gobierno del estado mediante el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que no se tiene confirmada la muerte de un integrante del FUSDEG en el enfrentamiento.
Álvarez Heredia dijo que la única información sobre los hechos es que hubo un enfrentamiento y que no hay una postura del gobierno al respecto.