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Sufre Gonzalo Molina de dolores tras su operación; la sobrelleva sólo con Paracetamol

 

El promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González sufre dolores como secuela de la operación a la que hace 47 días fue sometido a causa de una hernia y cálculos renales.
Se ve delgado, el color de su piel es amarillento y sus pasos son lentos. El dolor en su cuerpo lo controla con Paracetamol, espera que su familia le lleve más porque ya no tiene.
El 6 de noviembre de 2013 en un retén en la carretera federal en Tixtla, Gonzalo Molina fue detenido acusado de terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones.
Dijo que en tres años encarcelado sólo una vez lo han visitado representantes de organismos de derechos humanos, una semana después de que lo aprehendieron, ahora el único apoyo que tiene es de la Policía Comunitaria de El Fortín, en Tixtla, y de su familia.
Ayer a las 2 de la tarde se vio una fila de unas 10 mujeres y un hombre que esperaban su turno para recibir una papeleta y poder entrar a la cárcel a visitar sus familiares, los visitantes son sometidos a dos filtros de revisión a cargo de policías estatales. Algunos llevan trastes con comida, frutas, pan y otros alimentos para sus esposos, padres o hijos.
Adentro se pudo observar a Gonzalo Molina, su tez morena ahora se ve amarillenta, y su cuerpo delgado y débil debido a la operación. Para llegar a los locutorios su caminar, sus pasos fueron lentos, “ún no me recupero, me duele todavía”, informó.
Viste una playera amarilla desgastada en la que se ven algunos pequeños hoyos y sobre ella encajados unos lentes, pantalón de mezclilla azul y sandalias negras.
Dijo que el dolor lo controla con Paracetamol que le lleva su familia, porque en el penal no le han dado ningún medicamento.
Sólo recibe atención de un médico general, pero quisiera que fuera un especialista. El 30 de enero acudirá al Hospital General de Iguala donde fue operado para una revisión y para que le extraigan un catéter.
Este lunes organizaciones sociales, entre ellas la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), informaron de la conformación del Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero para defender la Ley 701 y exigir la libertad de los presos políticos como Gonzalo Molina.
Al respecto el promotor manifestó que los pueblos tienen que defender esa ley y aprobó que en conjunto se busque que se respete para la libre determinación, el respeto a regirse bajo usos y costumbres, pero que debe darse sin negociar con el gobierno. No descartó que pueda sumarse al Comité por la Libertad de los Presos Políticos para defenderla.
Expuso que estaba bien que se pronunciaran por la libertad de los presos políticos, pero pidió que no hablaran en su nombre con ningún gobernante sin antes dialogar con él, pues dijo que ni siquiera lo han visitado, además de que esas organizaciones han tenido acercamiento con el gobierno y han negociado en su nombre.
Insistió en que no está preso por haber cometido un delito, sino por consigna del Estado.
Se le preguntó si organismos de derechos humanos siguen su caso y lo apoyan para que sea liberado, y manifestó que el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una vez lo visitaron, a la siguiente semana de que fue encarcelado, después ya no.
Dijo que lo único que ha sabido es que se llegan a pronunciar por la libertad de los presos políticos, recientemente acudió la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que le informó que emitiría recomendaciones.
El promotor de la Policía Comunitaria hace hamacas, cinturones, huaraches y pinturas al óleo en el penal, para que sus familiares puedan venderlos en Tixtla.

Asesinan a balazos a ex presidente del PRD municipal en San Luis Acatlán

La noche del viernes el perredista y presidente de la ruta de taxis de San Luis Acatlá-Ometepec, Miguel Ángel Viveros Díaz, fue asesinado en el centro de la cabecera municipal de San Luis Acatlán.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que Viveros Díaz estaba en el local donde hacen sitio los taxis de la ruta que va a Ometepec, y cerca de las 7 de la noche, un hombre que se acercó le disparó en tres ocasiones. En el lugar quedaron cartuchos percutidos de un arma calibre 38 súper.
Al lugar acudieron los servicios de emergencia y fue trasladado a un hospital, pero murió en el trayecto. Vecinos del ex dirigente del PRD municipal manifestaron que la víctima era un hombre intachable.
El 4 de diciembre, la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, detuvo en flagrancia a dos jóvenes de 21 años que estaban extorsionando en los sitios de taxis locales y foráneos, en el centro de ese municipio, a quienes pedían mil 500 pesos de cuota (extorsión por trabajar).

Se forma la Policía Comunitaria en Alpoyeca de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán

En la cabecera municipal de Alpoyeca  integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán tomaron protesta al grupo de policías comunitarios que resguardarán esta población ubicada en la subregión de la Cañada.
El grupo que rindió protesta como policía comunitaria se integra de 22 elementos  de la comunidad, en  la cancha de básquetbol del barrio de San Diego con la presencia de comunitarios de Olinalá, Huamuxtitlán, Ahuacuotzingo y de San Luis Acatlán.
El coordinador de Enlace de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro, habló de la importancia de la creación de la policía y cómo los comunitarios surgieron ante los robos, extorsiones, violaciones y secuestros y la falta de apoyo de las autoridades “que al final son cómplices de la delincuencia”.
Dijo que los que iban a rendir la protesta “están limpios” y, si no, podían engañar ahora, pero con el tiempo todo se sabe y si andan en cosas ilícitas serían castigados con el mismo sistema de justicia comunitaria por lo que los llamó a trabajar de manera limpia y lograr la seguridad.
Que trabajen con el reglamento y la ley 701 que los ampara y no ceder a la presión del gobierno y la delincuencia que son los mismos y no porten sus armas alcoholizados.
Los llamaron a que no jueguen las armas y que siempre que las porten lo hagan en grupo “porque nos respetan armados en grupo, solos no”, dijo uno de los comunitarios.
Les dijeron que respeten a sus superiores porque muchas veces “unos quieren ser más que otros” y si hay diferencias internas las resuelvan para que perduren.
Un comunitario de Alpoyeca dijo que se conforman porque había intentos de violación en la comunidad, reportes de robos y cuando había detenidos  los dejaban salir por una multa ante la corrupción existente en las autoridades y por eso ellos tienen el derecho de defenderse.
La toma de protesta fue por el consejero Felipe y el asesor Valentín Hernández.
El consejero Felipe Claudio Sánchez  dijo que la CRAC-PC da la seguridad a gente que el gobierno está obligado a brindar y no cumple  porque en todo el estado y país hay violencia e incremento de la delincuencia y por eso ejercen el derecho a la seguridad y a organizarse para defender al pueblo.
Remarcó que al ser elegidos por la ciudadanía son honestos y los llamó a tener en cuenta el reglamento interno ya que  las armas y el uniforme que llevan son para cuidar a las niñas, los ancianos y que ellos no harían daño y que es un trabajo de 24 horas.
Los llamó a no salirse de su territorio comunitario “no vayan a meterse donde no hay, esos son delitos”.
Valentín  Hernández mencionó que deben realizar asambleas para validar la ley 701 que pierde su vigencia el 15 de marzo y que el gobierno pretende no reconocer y están proponiendo que los quieren ver como policía que detiene y entrega a la personas sin ver que el sistema de justicia comunitario es amplio donde los pueblos reeducan a los delincuentes y por eso es necesario hacer una consulta antes de esas fechas para exigir la vigencia de la ley.
Los policías comunitarios de esta región leyeron un documento que entregaron a los enviados de la Casa de San Luis en que piden conocer a todos los coordinadores y saber qué comunidades pertenecen al sistema de justicia,  que los capaciten y conozcan el reglamento y les digan si tienen relación con otras policías comunitarias o ciudadanas y que se prepare un encuentro regional con quienes la integran.
Además, que se generen recursos propios para que no dependan del gobierno y puedan mantener el sistema de justicia.
En la asamblea estuvieron delegados de la cabecera municipal de Alpoyeca, Antonio Pardo, Vicente Policarpo, el presidente de los Bienes Comunales, Artemio Ortiz, el del Consejo de Vigilancia, Francisco Arroyo Palacios, y los integrantes  Margarito Medina, Lucas Cortés y Eugenio Quiroz.
La reunión regional  de la CRAC-PC será el próximo 12 de febrero en la comunidad de San Jerónimo Palantla del municipio de Chilapa.

 

 

 

La UPOEG surgió con prácticas contrarias a la Policía Comunitaria indígena: CRAC

 

El ex coordinador y actual consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán Hernández rechazó que haya sido por “celos” de un “grupo radical” que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército que se dio la separación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la CRAC, como declaró Bruno Plácido Valerio en entrevista para El Sur el martes pasado.
Guzmán Hernández, quien en el 2013 era coordinador de la Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán, cuando la UPOEG formó una autodefensa que ahora es la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), aclaró que el grupo armado que formó Plácido Valerio en Ayutla, fue desconocido como Policía Comunitaria de la CRAC porque no se apegó a los requisitos, y porque tenían “prácticas inusuales” contrarias a la institución indígena.
El martes Plácido Valerio declaró a El Sur que la separación que se dio con la CRAC el 5 de enero del 2013, cuando surgió lo que ahora es la Policía Ciudadana, fue por “celos” de un grupo “radical” de la CRAC que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército.
“No es exactamente como él lo dice. La división se dio porque ellos no se apegaron a los procedimientos formales de la CRAC para incorporar comunidades y para el nombramiento de autoridades, cuando se conformó la Casa de Justicia (de Ayutla), respondió Guzmán Hernández.
Entrevistado por teléfono declaró, “no sé a qué grupo radical se refiera” pero recordó que fueron los policías de la UPOEG los que enfrentaron al Ejército en la comunidad El Pericón, municipio de Tecoanapa, en agosto de 2013. Mientras que el Ejército a quienes reprimió fue a los de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, en referencia a las detenciones de Nestora Salgado, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y más de 30 autoridades y policías comunitarios de esa casa.
Mencionó que uno de los primeros problemas por los que se dio la división fue que el actual comandante de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande se auto nombró comandante regional, y que sin recibir órdenes de las autoridades, que son los coordinadores, empezó a detener gente.
“Después colocó retenes con encapuchados, que son prácticas inusuales de la CRAC”, dijo el consejero, quien hace cuatro años fungía como vocero de la casa matriz.
Añadió que los de la UPOEG levantaron actas supuestamente de incorporación de las comunidades a la CRAC, pero eran actas que no se levantaban en asambleas públicas, “cuando el requisito es que si una comunidad se incorpora primero se le tiene que dar la suficiente información, las obligaciones y los derechos que tienen al incorporarse a la CRAC, y de manera pública levantar el acta de decisión”.
Informó que usaron formatos que llenaban sin que se cumplieran los requisitos, “ellos traían su propia dinámica”.
Recordó que cuando se pretendía constituir la Casa de Justicia de la CRAC en el municipio de Ayutla, la asamblea estaba programada para la comunidad de Ahuacachahue, pero la gente se dio cuenta que la UPOEG pretendía elegir una dirección “a modo”, con gente nombrada por ellos y no por las comunidades, se cambió la sede a La Concordia, a donde asistieron 23 de 26 comunidades.
Recordó que en esa reunión se nombró a los coordinadores y comandantes de la Casa de Justicia que ahora está en El Paraíso, municipio de Ayutla, y que a partir de entonces, “ellos (los de la UPOEG) tomaron otro rumbo y ya no estuvieron presentes en esa asamblea”.
En la entrevista con Bruno Placido, éste declaró que las entonces autoridades de la CRAC los desconocieron como miembros de esa institución indígena, cuando se armaron el 5 de enero de 2013 en Ayutla.
Al respecto Pablo Guzmán dijo que se trató de un comunicado en el que la CRAC aclaró que la UPOEG no pidió la opinión ni la autorización para surgir y actuar como Policía Comunitaria, y que comenzaron a actuar encapuchados a pesar de que en declaraciones Plácido Valerio aseguró que se trataba de la CRAC.
Añadió que en el comunicado la CRAC aclaró que ante las acciones de la delincuencia los ciudadanos tenían que buscar una salida, y que “estaba bien esa acción, pero que no éramos nosotros”.
Dijo que esa fue otra situación que les molestó y que cree que esa es “la razón fundamental” por la que la gente de la UPOEG se separó definitivamente de la CRAC.
–¿Entonces no es real que existía en la CRAC un grupo radical que pretendía la confrontación con el gobierno y el Ejército?
–Yo no lo ubico, no sé a qué grupo radical se refiera. Salvo que se refiera a Arturo Campos (el promotor de la CRAC en Ayutla actualmente preso). Pero quienes se confrontaron con el Ejército fueron ellos en El Pericón y como represalia el Ejército en lugar de tomar medidas en contra de ellos, lo hizo en contra de la gente de El Paraíso, cuando eran otros los que generaron la confrontación con el Ejército.

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Los expulsados de la CRAC presos en la capital, Eliseo y Adelaida “están muy mal”, dice la CNPA

 

El integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Héctor Muñoz Guzmán informó que acudió al penal de Chilpancingo con un representante de la Unidad de Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a constatar las condiciones en las que se encuentran los coordinadores de la Policía Comunitaria en la Costa Chica expulsados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, de quienes dijo que física y psicológicamente “están muy mal”.
El representante de la agenda nacional en derechos humanos de la CNPA agregó que están en total desatención las familias de los seis policías comunitarios que murieron en el enfrentamiento contra policías estatales el día de la detención, el 30 de abril de 2015, porque ante organismos de derechos humanos y dependencias estatales no son considerados víctimas.
En consulta telefónica a un año ocho meses de la detención ambos están presos en el penal de Chilpancingo.
Muñoz Guzmán contó que en diciembre visitaron el penal para corroborar el estado físico y psicológico de los reclusos. Adelaida se dedica a la limpieza en ese lugar, mientras que Eliseo se dedica a hacer hamacas.
Dijo que el encuentro duró cerca de 2 horas, además les aplicaron un cuestionario que está siendo evaluado por la Segob para determinar su intervención en el caso, para ver si pueden alcanzar su libertad anticipada.
Resaltó que Eliseo Villar cuenta con 49 averiguaciones previas y Adelaida Hernández está involucrada en 21, ambos por secuestro, robo, sabotaje, motín, lesiones, privación ilegal de la libertad y allanamiento.
De la visita detalló que “Eliseo cuando fue detenido fue golpeado, fue torturado y esas cuestiones, cuando lo llevaron al penal federal entonces él refiere que tiene problemas en la vista un poco y de la columna, que tiene un dolor de espalda”. Sin embargo no le han dado atención médica, que es lo que espera que atienda la Segob.
“Los conocí antes de que los recluyeran, o sea como miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Sicológicamente están muy afectados, imagínate ser policía y acabar en la cárcel, desde ahí para ellos es un impacto muy fuerte, y la otra es la forma en la que se ha dado este encarcelamiento, no ha sido para nada de esto, de rehabilitación social no tiene absolutamente nada, a ellos los detuvo el Ejército, desde ahí era ilegal el asunto”, denunció.
Dijo que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no los reconoce como víctimas ni a las seis familias de los seis policías asesinados, Modesto Alberto Sánchez Cruz, Pascual Mier Bautista, Erick Manuel Paniagua Bernal, Antonio Martínez Hernández, Bertín Villanueva y Fulgencio Baltazar Suástegui. Dijo que algunos dejaron hasta cuatro hijos que viven en el abandono y la pobreza, y que de una de las familias es notoria su desnutrición.
Relató que el 19 de octubre la asesora jurídica de la CEEAV Everarda Pineda Andraca en una reunión le entregó el oficio P012-2016, que supuestamente le hicieron llegar desde julio del que dijo no tenía conocimiento, ahí le informan que no pueden atender a las familias ni a los presos como víctimas.
Entonces le expuso enfrente de las viudas que también estaban en la reunión que les dijera qué se podía hacer, y que le contestó déspota que nada, le insistió que así como estaba el expediente no se podían reconocer como víctimas.
“Mediante el artículo 46 de la ley número 694 de víctimas vigente en el estado de Guerrero, para el reconocimiento de las víctimas el juzgador penal mediante sentencia ejecutoria debe hacerlo, y evidentemente no lo van a hacer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha sido completamente omisa”, reprochó.
La CEEAV dicen que ese reconocimiento en todo caso se los tiene que hacer el juzgador penal, el juzgador en materia de amparo, el Ministerio Público (MP), la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos o los organismos internacionales.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

El grupo de El Tequilero podría huir a una ranchería pero está cercado, considera la autodefensa

El grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan investiga la posible ruta de escape del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, de La Gavia a la sierra luego de que el Ejército cercó ese poblado sin que lo pueda detener.
Una versión es que pudiera irse a una ranchería que está aproximadamente a 5 kilómetros de distancia rumbo a la sierra, luego de la presión de la Policía Ministerial y de los soldados en La Gavia.
La autodefensa cree que el grupo criminal Los Tequileros están cercados pues por un lado están ellos vigilando la ruta hacia la parte del centro, del otro lado del río en las comunidades El Remance, El Cubo y La Tinaja hay grupos que también se armaron y vigilan que ese grupo no cruce el río Balsas.
En tanto que en la parte alta de la sierra está la policía comunitaria que también bloqueó.
En la ruta de la sierra se encuentran los puntos más importantes de cruce hacia la Costa Grande bloqueados por la policía comunitaria que es contraria al grupo de El Tequilero en la comunidad de Petlacala, en Encino Amarillo y más arriba en la comunidad Lindavista.
En las colindancias con Ajuchitlán se encuentran levantadas en armas las comunidades El Coco y La Laja que son otra de las rutas de escape desde La Gavia. Estos grupos son afines a los civiles armados de San Miguel Totolapan.
La valoración de un posible escape hacia la sierra surgió luego de que el Ejército y la Policía Ministerial prácticamente rodearon el pueblo de La Gavia así como su cerro en donde detuvieron a cinco delincuentes y liberaron a tres secuestrados, pero no se ha informado de que entre los detenidos esté el líder de la banda.
El ejército recorre puntos cercanos a la comunidad, considerando que parte de la célula podría ubicarse en otro de los cerros cercanos, pero la autodefensa tiene la versión de que podrían haber tomado una ruta a pie para escapar.

A Los Tequileros les gusta caminar

Entre los integrantes de la autodefensa de San Miguel Totolapan hay víctimas del grupo criminal de El Tequilero, unos han sufrido de extorsiones y otros han tenido algún familiar secuestrado y consideran que una de las principales características de estos delincuentes es que les gusta caminar largos tramos de terreno.
Según los testimonios de secuestrados de Arcelia en enero cuando ese grupo se llevó a 23 vecinos, entraron a esta ruta caminando y ahí se llevaron una camioneta.
Los maestros que también fueron secuestrados a principios de año en Santana del Águila municipio de Ajuchitlán, también confirmaron que tomaron una ruta a pie por los cerros cercanos y que todos los días cambiaban de un punto a otro caminando largas distancias. El cansancio fue tal que el director de la escuela falleció el primer día ya que tenía una complicación física.
A la comunidad de San Jerónimo el Grande también en Ajuchitlán, donde recientemente secuestraron a 10 vecinos, éstos informaron que el grupo de Los Tequileros entraron caminando por el río y por un camino que va de Santana del Águila. Estiman que pudieron haber caminado más de 15 kilómetros.
Por eso la mayoría de los secuestrados han sido liberados en las faldas de los cerros, principalmente los cercanos a La Gavia. Suben y bajan en poco tiempo sin que puedan ser detenidos.

Más de 50 casas de víctimas de secuestros o asesinatos siguen abandonadas en el centro de San Miguel Totolapan

En el centro de San Miguel Totolapan hay más de 50 casas abandonadas porque las familias fueron desplazadas, los dueños ya no quieren volver porque sufrieron secuestros o les mataron a algún familiar en los últimos tres años.
Según la estimación del grupo de autodefensa, esta semana regresaron cerca de 60 integrantes de familias que estaban viviendo en otros municipios o en comunidades alejadas de Tierra Caliente o en otras partes del estado.
Hay todavía una lista de personas que terminaron en los Estados Unidos o en el Distrito Federal huyendo de la violencia de San Miguel Totolapan.
Se estima que son más de 50 casas sólo en la parte del centro que se encuentran abandonadas, y que la mayoría de ellas representan negocios que fueron cerrados desde hace tres años y no volvieron a funcionar.
Por lo menos tres familias de dueños de comercios grandes de materiales y de abarrotes que estaban en el centro, no han regresado y no lo quieren hacer.

Liberan al hijo y al sobrino de un adulto mayor que se sumó a la autodefensa

El miércoles el señor Abacuc de 77 años se sumó a la autodefensa, a pesar de su avanzada edad llevó víveres con la esperanza de que el movimiento le regresaría con vida a su hijo y a su sobrino secuestrados, quienes fueron liberados la tarde de este lunes.
A casi una semana de sus mensaje de apoyo, el movimiento de autodefensa celebró con el señor Abacuc la libertdad de sus dos parientes y la de un amigo de ellos, quienes fueron secuestrados el 28 de octubre en la carretera de San Francisco a Valle Luz, que son dos pueblos muy cercanos La Gavia.
La familia no quiere hacer declaraciones pero su felicidad no la esconde. Hablan una y otra vez con la gente que mantiene la seguridad en San Miguel Totolapan, porque “de no haberse iniciado esto ellos no estarían libres. Sabemos que el gobierno le entró, pero si ellos no se hubieran movido el gobierno no hubiera hecho nada. Fíjese cuánto tiempo llevaban secuestrados y nadie nos hacía justicia”, dicen.
Habacuc dijo el 14 de diciembre “vengo a sumarme a este movimiento para pedirles su apoyo, porque creo que así podrá regresar mi hijo”.
Su mensaje no quiso ser escuchado por la comisión negociadora que envió el gobierno del estado, pero la presión del grupo de autodefensa hizo crecer el movimiento y la exigiencia de que ingresaran al pueblo de La Gavia en busca de El Tequilero.
“Yo soy de los Guajes, me vine caminando desde haya (14 kilómetros), vine a sumarme a este movimiento porque creo que pueden rescatar a mi hijo Abacuc y mi sobrino Tomás. No sé nada de mi hijo desde esa fecha. Me vine andando porque con la ayuda de todos creo que se puede. Yo no sé porque motivo no hacen nada, hay gente que dice que los mataron pero no aparecen. Las autoridades no han dicho nada, no sé nada de mi hijo y de mi sobrino. Ya no quiero que ande por allá, quiero a mi hijo por favor”, suplicó el señor entre lágrimas el miércoles 14, justo después de la liberación del ingeniero Isauro que fue intercambiado por la mamá de El Tequilero.
El lunes oficialmente se anunció la liberación de tres secuestrados, Pedro, Tomás y Abacuc, y la detención de cinco integrantes del grupo criminal Los Tequileros, que los tenían cautivos en el cerro de La Gavia.

Marchan 2 mil estudiantes y padres en Tlapa; exigen seguridad o crearán su policía comunitaria

 

Estudiantes, profesores, padres de familia y representantes de organizaciones sociales marcharon para exigir seguridad a las autoridades municipales, estatales y federales luego del secuestro y liberación tras el pago de un rescate de un alumno de la escuela Secundaria Técnica 132 Caritino Maldonado Pérez, ocurrido hace dos semanas cuando salió del plantel.
Los padres manifestaron que si no se brinda seguridad del Ejército y la Policía Estatal que cuentan con un cuartel en la ciudad, y la Policía Municipal recurrirán a la Policía Comunitaria o se creará en las colonias.
En la marcha participaron más de 2 mil ciudadanos, estuvieron los alumnos de los dos turnos de la secundaria técnica acompañados de profesores, padres y madres que convocaron a la movilización, se sumaron las escuelas primarias Benito Juárez, la Adolfo López Mateos, el jardín de niños Rafael Rodríguez y la preparatoria Número 11, así como organizaciones y grupos organizados.
El secuestro del alumno según la información oficial ocurrió el viernes 9 de diciembre, circuló en las redes sociales un mensaje en el que se llamaba a los padres de la secundaria a tomar precauciones porque “al parecer habían secuestrado a algunos niños”, ese rumor fue confirmado el martes 13, y el comité de padres de familia y profesores convocaron a una reunión urgente.
El miércoles 14 en la reunión se planteó lo del secuestro y la falta de seguridad, ante lo que se acordó que se marcharía este lunes para exigir atención de las autoridades.
Otras fuentes informaron que el niño estaba afuera de las instalaciones de la secundaria cuando llegó un carro de donde bajaron hombres armados y lo subieron con violencia. Horas después pidieron rescate a su familia que al parecer reunió el dinero y fue liberado la madrugada del sábado muy golpeado.
Ayer al frente la marcha los manifestantes llevaban una lona en la que se leía, “La escuela secundaria Técnica 132 manifiesta su rechazo a todas las formas de violencia contra nuestros hijos y la sociedad en general, y nos pronunciamos a favor de la paz”.
En otra exigían a las autoridades municipales, estatales y federales mayor seguridad, “queremos vivir en una sociedad libre de violencia y caminar en las calles con confianza”.
Los manifestantes llevaban globos blancos, vestían playeras blancas y pancartas pidiendo seguridad y alto al secuestro.
Desde un carro de sonido se escuchó el llamado a las autoridades a dar seguridad y “si se alían con los delincuentes peor les va a ir”. Llamaron al pueblo tlapaneco a organizarse y dejar de ser atemorizados por los robos, extorsiones, secuestros, asesinatos y todo lo que implica la violencia.
Pidieron una sociedad sin miedo, que se pudiera caminar y no saber de desmembrados o secuestrados y para eso se deben de organizar, ya que en la Montaña y en Guerrero hay muchos ejemplos de policías comunitarios. “Padre de familia incorpórate para que no sea tu hijo el secuestrado o desmembrado”.
La marcha salió de la secundaria al este de la ciudad al Ayuntamiento donde hubo un mitin, los manifestantes pidieron hablar con el presidente municipal priista Jesús Noé Abundiz García quien generalmente no se encuentra en el inmueble, y lo mismo pasó ayer.
Antes del mitin hicieron un alto frente a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Ahí el primer reclamo de los padres de estudiantes que tomaron el micrófono fue que las autoridades municipales se comprometieron a participar en la marcha en la reunión que tuvieron en el plantel la semana pasada, pero “no lo hicieron, los esperamos, son cómplices de los delincuentes”.
Ahí un padre mencionó la paradoja de contar con un cuartel militar y de la Policía Estatal en esta ciudad y que no se tenga seguridad, “y ni hablar de la seguridad pública municipal” porque la violencia aumenta y si no se contiene los jóvenes y padres “nos organizaremos para formar policías comunitarias como se hace en los pueblos para no permitir agresiones”.
Dijo que en diversos momentos han pedido audiencias con el alcalde sin que se les dé una respuesta, “ahora el pueblo ya no tiene miedo”.
Exigió el compromiso de las autoridades a que no habrá más atropellos, y precisó lo único que buscan es justicia y respeto a los derechos humanos de los niños.
El secretario general del Ayuntamiento, Julio César Naranjo Jiménez intentó participar para decir que hacen su trabajo, pero no lo dejaron hablar gritando que querían ver al presidente municipal, el grito se extendió y lo obligó a dejar el micrófono visiblemente molesto.
Una profesora reclamó el incumplimiento de los acuerdos con el Ayuntamiento de poner policías municipales y de tránsito para cuidar el plantel, además de colocar luminarias.
Pidieron al alcalde que diera la cara porque la solución no estaba en los trabajadores, pero éste no llegó, más tarde se supo que repartía láminas a integrantes del movimiento antorchista en la unidad deportiva.
Los padres y profesores se reunieron con el secretario para que firmara la minuta de los compromisos que adquirió en la reunión y se retiraron del Ayuntamiento.

Liberan a los tres policías de la CRAC retenidos en Chapultepec, Azoyú; fueron agredidos

 

El coordinador regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia matriz, Joaquín Rentería Guevara informó que el comandante y los dos policías comunitarios retenidos tres días por vecinos de Chapultepec, municipio de Azoyú, fueron liberados la tarde del viernes.
El miércoles en la tarde los tres integrantes de la Policía Comunitaria fueron retenidos en la comunidad de Chapultepec cuando acudieron a dejar notificaciones a dos grupos de ejidatarios en conflicto por el cierre de un callejón. La CRAC informó que los vecinos iban encabezados por Hermenegildo Alvarado Nazario.
Ayer en la noche el coordinador regional informó que los tres integrantes de la CRAC fueron liberados y que se encuentran en San Luis Acatlán, de manera breve indicó que los policías comunitarios fueron agredidos a golpes y también verbalmente.
El viernes la CRAC informó que liberó al ejidatario Valentín García Guzmán acusado por las autoridades ejidales de la comunidad de Chapultepec, de impedir el paso por un callejón y que se midiera su terreno para ampliarlo. Las autoridades pidieron apoyo a la organización para solucionar el problema.
Rentería Guevara indicó que en una próxima asamblea se definirá cómo procederá la CRAC contra las personas que retuvieron a los policías comunitarios, y si será bajo el sistema de justicia comunitaria o en el Ministerio Público.

 

Denuncia la esposa de Gonzalo Molina que no le dan atención médica en la cárcel

La esposa del preso político Ausencia Honorato denunció que después de que operaron en un hospital de Iguala a su esposo,el promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla, Gonzalo Molina González, y fue trasladado al penal de la capital ningún médico ni enfermera lo ha revisado, quien le hace las curaciones es ella.
El 10 de diciembre el promotor fue dado de alta del hospital general Jorge Soberón Acevedo de esa ciudad, después de que se le practicó una ureterolitotomía del uréter derecho por laparoscopía, que es un procedimiento para extraer cálculos del uréter que es el conducto del riñón a la vejiga.
Consultada telefónicamente la esposa del coordinador reprochó que desde que dieron de alta a Molina González en el penal no lo ha revisado un médico o una enfermera, que sólo ella ha estado pendiente de él haciéndole las curaciones pertinentes.
Mencionó que en el hospital de Iguala no le dieron un buen trato, pues dijo que el 2 de diciembre le intentaron extraer los cálculos renales, pero se complicó porque los médicos no le hicieron estudios previos, usaron estudios de meses antes.
Agregó que después de ese intento de extraer los cálculos le dijeron que lo darían de alta y que ingresaría nuevamente el 7 de diciembre para hacerle estudios, y ahora sí operarlo definitivamente, sin embargo dijo que la familia alegó para que no lo sacaran hasta que terminaran las cirugías definitivas, “porque lo trajimos para llevárnoslos bien”. Finalmente se quedó internado para la operación quirúrgica.
El 7 de diciembre operaron a Gonzalo Molina y el 10 de diciembre lo dieron de alta y regresó al penal.
“Está tranquilo, está recuperándose, pues nosotros vemos nuevamente aquí la mala atención que dan aquí en el Cereso (Centro de Readaptación Social), porque yo digo desde que él llegó no lo ha revisado ninguna enfermera, ningún médico, ahí yo estoy sirviendo como enfermera porque ahí yo estoy curando las heridas”, relató sobre su recuperación.
También se quejó que cuando el promotor estuvo en el hospital de Iguala “se portaron muy mal las enfermeras, jamás le limpiaron las heridas, jamás lo curaron, pues ahí también la hice de enfermera”.
Agregó que hubo ocasiones que el suero se le tapaba y tenía que llamarle a las enfermeras, dijo no era la atención médica que esperaba.
Expuso que probablemente este jueves lo lleven al Hospital General porque ya le toca que le retiren los puntos de la cirugía.
Además manifestó que le dejaron un catéter dentro, debido a la extracción de los cálculos, y que le programarán una cita para la revisión que no saben aún cuando.