El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero, dijo que hay una “venganza” del gobierno federal en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), porque se opuso a la aplicación de la reforma educativa.
Consultado vía telefónica sobre el resultado de la huelga nacional, a 15 días de que comenzara el movimiento magisterial en la Ciudad de México, el cual replicaron en el estado integrantes de la CETEG, Ramírez Perulero dijo que “hay una cerrazón casi total de parte del gobierno federal” y que las autoridades tienen como prioridad actual el proceso electoral.
Expresó que los dirigentes de la CNTE “percibimos una especie de venganza, porque tenemos la capacidad de detener la mal llamada reforma educativa”. Abundó que esta situación se notó en el uso de la Policía Federal para vigilar y hostigar a las caravanas que salieron de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, rumbo a la Ciudad de México el 4 de junio pasado, cuando comenzó la huelga nacional.
“Inclusive hubo un encontronazo con nosotros (los integrantes de la CETEG), jaloneos, ellos (las autoridades) quisieran que no hubiera ninguna especie de ruido. Nosotros igual seguimos en nuestra manifestación”, declaró y añadió que el magisterio disidente también está en contra de las reformas estructurales, con las que hubo un retroceso. Ejemplificó con el caso de la privatización del agua y aseguró que el movimiento magisterial es para defender los derechos de los trabajadores del sector, así como los de la sociedad.
Por último, informó que ayer por la noche se instalaría la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE en la Ciudad de México. En la reunión los líderes del magisterio disidente harían un balance de los resultados de la huelga y se determinarían las acciones que se llevarán a cabo los siguientes días, para exigir la reinstalación de las mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN). (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Desde que inició su administración a la fecha, unos 260 maestros y trabajadores administrativos fueron dados de baja definitiva por haber participado en manifestaciones convocadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y en consecuencia incumplieron con sus labores, informó el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero.
Consultado luego de la reunión que tuvo con padres de familia y maestros de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el centro de la cabecera municipal de Tixtla, al respecto de la situación en el sector debido al inicio de la huelga nacional a la que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en contra de la reforma educativa y para exigir la reinstalación de las mesas de diálogo con el gobierno federal, González de la Vega Otero dijo que “no quisiera de ninguna manera ni ofenderme ni retar”, pero hay normalidad en las clases y con esto “no quiero decir que se alboroten más”.
Informó que hay movimiento en las oficinas centrales en la capital, las alternas, pero “se han respetado las aulas” y reconoció esa actitud de los cetegistas, aunque no está de acuerdo con su lucha magisterial; precisó que sólo 8 de las 12 mil 300 escuelas de nivel básico en el estado están cerradas, pero por situaciones administrativas que no están relacionadas con la huelga y que ya son atendidas por la SEG.
A pregunta de si habrá sanciones para los maestros y trabajadores administrativos agremiados en la CETEG que acudieron a la Ciudad de México, para participar en las acciones nacionales, contestó “sí las hay, sí hay descuentos, luego por eso nos andan tomando oficinas y luego por eso entran. Sí las hacemos, de hecho yo he estado firmando cada trimestre alrededor de setenta y tantas bajas, o sea no nada más sanción de descuento (salarial), baja definitiva”.
Recordó que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone) ya no lo manejan los gobiernos estatales, “hoy por hoy la educación tiene un gran porcentaje de centralismo, en ese sentido sí los haremos (los descuentos)”. Precisó que a la fecha hay unas 260 bajas definitivas, es decir despidos y los implicados tuvieron la oportunidad de defenderse, pero perdieron ante las instancias correspondientes.
Por otra parte, al respecto de las manifestaciones de padres de familia y maestros para pedir mejores instalaciones y docentes que hacen falta en las escuelas, informó que se reunió el martes en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, quien se comprometió a apoyar el sector indígena para el que se otorgarán 50 plazas los profesores de nuevo ingreso, a pesar de que no resulten idóneos en la evaluación correspondiente.
Manifestó que el sector indígena es donde más maestros hacen falta y el caso del preescolar Niños Héroes, de Zitlala, se enviarán los que hacen falta este lunes. Lamentó que lleguen cuando el ciclo escolar está a punto de concluir, pero “lo bueno” es que se quedarán en la escuela para el siguiente ciclo. Añadió que de las lenguas originarias que se hablan en Guerrero, que son ñomndaa, na savi, mepha y náhuatl, hay unas 36 variantes y son pocos los maestros que las dominan, por eso es complicado cubrir los espacios vacantes en las escuelas.
En el caso de las escuelas que fueron dañadas por los sismos de septiembre pasado y que están en proceso de reconstrucción, González de la Vega Otero dijo que a tres meses de que se cumpla un año de esa situación, hay buenos avances y la mayoría de los planteles serán entregados al inicio del ciclo escolar 2018-2019.
Integrantes de las delegaciones D-III-24 y D-III-25 en la Montaña baja, de la sección 14, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tomaron la Subsecretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir la destitución del delegado de Servicios Educativos, Jerónimo Maurilio Morales.
A las 10:30 de la mañana, los manifestantes marcharon desde el monumento a Las Banderas, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, hasta la subsecretaría conocida como Casa Blanca, en la colonia Universal. Ahí cerraron las instalaciones y colocaron lonas que contenían el retrato de Maurilio Morales, con el mensaje “pedimos la inmediata salida de este criminal contratado por el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero”.
El secretario de Organización de la Montaña baja, de la sección 14 del SNTE, Orlando Gallardo Ramos, informó que hay un conflicto en la delegación de los Servicios Educativos porque Maurilio Morales, quien fue impuesto por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), “no ha entendido que es una autoridad educativa y que ya no está trabajando para su expresión política, debe tener una función para todo el público y debe atendernos de manera imparcial”.
Señaló que Maurilio Morales nombró de manera unilateral a un responsable del Programa de Carrera Magisterial y esto generó inconformidad, que derivó en su desconocimiento y el cierre de la delegación, ubicada en la cabecera municipal de Chilapa; sin embargo, la semana pasada cetegistas “abanderados” por Maurilio Morales abrieron las instalaciones por la fuerza y agredieron a un integrante de la sección 14 del SNTE.
Dijo que el agredido acudió a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, ahí “nos encontramos que nuestro flamante delegado tiene averiguaciones previas de 2011, 2013 y esta de 2018, por el delito de conspiración, motín”. Agregó que el director general de Servicios Regionales de la SEG, Edgar Martín Parra y Bello, es “la principal tapadera” de Maurilio Morales, por lo que cuestionó el motivo, el compromiso que hay por parte de la SEG con el delegado, para que permanezca en el cargo.
Puntualizó que los agremiados de la sección 14 del SNTE ya solicitaron a las instancias correspondientes que retiren a Maurilio Morales del cargo, pero hicieron caso omiso, por lo que ahora exigen a González de la Vega Otero la destitución inmediata del delegado, debido a sus faltas administrativas, que se ven reflejadas en el déficit de maestros en la región, que obligaron a padres de familia de la comunidad de San Marcos, a protestar el miércoles en la capital.
El secretario general de la delegación D-III-24, Galvino García Salazar, señaló que el problema es “interno” y no “externo”, es decir que debe resolverse de manera interna por las autoridades competentes. Añadió que la oficina de pagos ha laborado en la delegación, pero ahora trabajan en los portales del Palacio Municipal de Chilapa, pues temen ser agredidos por la CETEG.
Al lugar llegó el director general de Administración de Personal, Eduardo León Encarnación, para dialogar con los inconformes, quienes insistieron en que González de la Vega Otero debe dar una respuesta a su demanda, mientras tanto, los agremiados de la sección 14 del SNTE continuarán movilizándose.
Padres y madres de familia cuyos hijos estudian en el turno vespertino de la primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Jardines del Sur, protestaron en la Dirección General de Administración de Personal, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y en la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la dependencia, para exigir tres conserjes que hacen falta desde enero.
Cerca de las 10 de la mañana, los manifestantes llegaron a las oficinas de la Dirección General de Administración de Personal, ubicadas en la colonia 20 de noviembre, con pancartas en las que se leyó: “Exigimos conserjes” y “solución inmediata”.
La presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Adriana Nájera Beltrán, informó que las autoridades no dieron respuesta a sus demandas y los cerca de 300 alumnos son afectados, debido a la falta de mantenimiento en las instalaciones. En marzo pasado los padres se manifestaron en la misma oficina, pero no hubo respuesta.
Al lugar llegó el director de Personal, Eduardo León Encarnación, quien dialogó con los padres y se comprometió a resolver la situación. Nombró a un conserje provisional y dijo que visitaría la escuela hoy, sin embargo, los padres no quedaron conformes con el acuerdo, porque consideraron que el funcionario no cumple sus promesas.
Los manifestantes decidieron marchar hasta la Subsecretaría de Administración y Finanzas, conocida como Casa Blanca, ubicada en la colonia Universal; ahí fueron atendidos por un representante de la dependencia, quien los enlazó mediante una llamada telefónica con León Encarnación, quien reiteró su compromiso de visitar la escuela hoy a las 3 de la tarde para analizar la situación.
Luego de concretar el acuerdo, los padres se retiraron. La situación se agravó debido a la falta de respuesta de la SEG, ya que los padres temen que por la falta de mantenimiento haya acumulación de basura, lo que genere problemas médicos en los alumnos.
Luego de siete días de paro laboral, trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) de Acapulco, que demandan el reconocimiento de su base y la inscripción al ISSSTE y Fovissste, anunciaron que en caso de no se les dé respuesta se van a sumar a las movilizaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación Guerrero (CETEG).
En tanto que en Zihuatanejo permanecen cerradas las oficinas, para demandar que los seis trabajadores de la coordinación 1208 sean reconocidos como trabajadores de base.
Del paro en Acapulco, la coordinadora técnica docente, Gabriela Toledo, reprochó la negativa de las autoridades a dar cumplimiento al laudo, pues no respeta la legalidad, “le pedimos de manera urgente que nos atienda. Si no nos dan una propuesta, el día de mañana nos uniremos a la CETEG para hacer paros laborales en carreteras, cerrar la Autopista del Sol”.
“Si no hay respuesta bloquearemos el viernes la Costera y cerraremos la dirección general, esperamos que el gobernador dé una respuesta, que nos dé solución y que no haga caso omiso o estaremos bloqueando”, dijo la trabajadora, quien recordó que tienen siete días en paro, porque se niegan a reconocer la base de 69 trabajadores y la inscripción al ISSSTE y al Fovissste de manera retroactiva, tal como lo ordena el laudo 662/2013, emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Por su parte, la trabajadora Marisela Flores Memije recordó que el paro es porque las autoridades no quieren cumplir el laudo, “primero alegaban que no era firme, a partir del 9 marzo del 2017 quedó firme y siguen sin cumplir lo que establece: Que el instituto reconozca a 69 trabajadores de base de Ciudad Altamirano, Cruz Grande, Ometepec, Tlapa, Zihuatanejo, Atoyac, Marquelia y nosotros en Acapulco, que somos 14”.
Sobre las declaraciones del director del IEEJAG, Miguel Mayrén Domínguez, quien los calificó como “radicales”, la trabajadora respondió que “no nos están dejando de otra, tenemos que ponernos en esa posición para que cumplan”, porque no han hecho nada para que evitar el paro.
“Si se hubieran hecho las gestiones en oficinas nacionales, nosotros no estaríamos en paro, pero fue hasta que nosotros hicimos el paro que se busco una comunicación con nosotros”, declaró la trabajadora, quien indicó que en el laudo están los 69 trabajadores, pero hay otros procesos a los que todavía no se da una resolución.
Del paro en Zihuatanejo, su representante, Ricardo Corrales Nogueda, dijo que esperan la reunión que se dé entre el director general del IEEJAG, Miguel Ángel Mayrén, y el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, (INEA), Gerardo Molina Álvarez, en la que tratarán el reconocimiento de 69 trabajadores del organismo estatal como trabajadores federales de base.
El director general del IEEJAG, Miguel Mayrén Domínguez (al frente de pie) ayer en el encuentro con trabajadores de base y de confianza de la zona Norte en la sede alterna ubicada en el museo La Pérgola en el centro de Iguala Foto: Alejandro Guerrero
Por segundo día consecutivo los trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) mantienen un paro laboral y toma de oficinas en las coordinaciones regionales del estado, para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores el cumplimiento al laudo 662/2014, emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para el reconocimiento de plazas de base de 69 trabajadores, así como la inscripción al ISSSTE y Fovissste de manera retroactiva.
En declaraciones ofrecidas la tarde de este miércoles en Iguala, al asistir a una reunión con trabajadores de base y de confianza de la zona Norte, para establecer las líneas operativas para el desarrollo del trabajo, el director general del IEEJAG, Miguel Mayrén Domínguez, declaró que la dependencia no cuenta con los 14 millones de pesos que se requieren para el pago de los 69 trabajadores que ganaron el juicio laboral y que depende del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) que se les entreguen las basificaciones.
Afirmó que la petición de basificación no depende del IEEJAG, sino de la federación a través del INEA, “y yo, hasta este momento, sé que no tiene plazas disponibles para basificar”.
La reunión con los trabajadores de la región Norte se realizó en las instalaciones del museo La Pérgola, que son ocupadas como sede alterna debido a que sus oficinas están tomadas desde el martes, por los cuatro trabajadores que piden su nombramiento de base.
Mayrén Domínguez declaró que en su momento el abogado del instituto no atendió debidamente este asunto, “por lo que el Instituto perdió el juicio laboral, y ahora hay un laudo que le cuesta 14 millones de pesos, ¿de dónde va agarrar el instituto ese dinero para pagarles? Si el recurso que llegar está etiquetado de la federación, que es quien pone el 80 por ciento de los recursos y el otro 20 por ciento el estado, además de que los trabajadores que demandaron siguen trabajando”.
Señaló que “lamentablemente” los trabajadores están pidiendo otras prestaciones, como el ISSSTE y Fovissste.
Anticipó que hoy jueves tendrá una reunión en Acapulco, a las 12 de la tarde, con una comisión de los paristas, confiando en que puedan llegar a un arreglo “en las mejores condiciones posible”, entre las que anticipó que ofrecerá la reinstalación de los 69 trabajadores.
En el caso de la destitución de funcionarios de confianza que dejó la administración de Jorge Parra, dijo que se están realizado algunos “ajustes” en los cargos administrativos, a través de la revisión de los perfiles.
A petición de la base trabajadora, el titular del IEEJAG ofreció que a partir de este miércoles empezarían a buscar otras instalaciones para cambiar la coordinación regional, ya que las que ocupan tienen goteras y están en malas condiciones; además que ayer entregó mobiliario y material didáctico a la coordinación de la zona Norte.
Antes de esta reunión de trabajo estuvo con los cuatro paristas, a quienes les ofreció que estuvieran en la reunión de Acapulco, para conocer las propuestas que hará el instituto.
Problemas de violencia en Iguala y Taxco
En la reunión de trabajo, algunos capacitadores evidenciaron que han tenido problemas con la inseguridad y la ola de violencia que se vive, principalmente en Taxco y algunas colonias de Iguala, como en la Fermín Rabadán, “donde los malos están instalados y complican nuestro trabajo”.
En el caso de Taxco, el director general del IEEJAG reconoció que “hay una compleja y crítica situación de inseguridad, que afecta directamente en la incorporación de alumnos para alfabetizar”, por lo que pidió a los capacitadores extremar precauciones.
Nadie los atiende, se quejan en Acapulco
Los trabajadores de Acapulco indicaron que no han sido recibidos por ninguna de las autoridades, a pesar de que se cumplieron dos días de paro de labores. Acusaron al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), Celso Venegas Munivis, de negarles el apoyo, pues hace tiempo sostuvieron una reunión y “nos ha negado la afiliación”.
Señaló que los trabajadores sindicalizados del instituto les da el apoyo de manera solidaria, pero no porque se los haya indicado el sindicato. Reiteraron que continuarán en protesta hasta que el gobernador les resuelva.
En Zihuatanejo continúa la toma de oficinas
Este miércoles, por segundo día consecutivo, seis trabajadores del IEEJAG, de la Coordinación Costa Grande Norte, en este puerto, mantuvieron cerradas esas oficinas, para esperar que les den una solución a su demanda de que sea reconocido el laudo que señala que se les debe de reconocer como trabajadores de base.
Maestros integrantes de la CETEG intentan derribar la puerta del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, durante la protesta que realizaran como parte de la jornada de lucha de 72 horas convocada por la CNTE, para exigir la abrogación de la reforma educativa Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Como parte del paro laboral de 72 horas al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para exigir la reinstalación de las mesas de diálogo con el gobierno federal y la Comisión Única Negociadora, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) marchó en la capital y protestó en el Palacio de Gobierno.
Los maestros denunciaron que las autoridades estatales no tienen la intención de resolver sus demandas, como la incorporación de todos los trabajadores al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone), así como los docentes que hacen falta en escuelas de nivel básico, seguridad, la abrogación de la reforma educativa y la evaluación del Servicio Profesional Docente; también la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y libertad a los presos políticos.
A las 11:30 de la mañana, unos mil integrantes de la CETEG, junto con jubilados y pensionados, marcharon desde el edificio magisterial, ubicado en la colonia Burócratas, hasta el Palacio de Gobierno. En el recorrido corearon consignas como “aquí y ahora con la coordinadora”, “la CETEG no se vende, la CETEG no se da, porque tiene maestros con mucha dignidad” y “no somos todos, nos faltan 43”, en referencia a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La avanzada de la CETEG estuvo integrada por maestros hombres, algunos con el rostro cubierto y que portaban palos, además de banderas rojas con las siglas de la organización. Fue seguida por los jubilados y pensionados del sector educativo, “ejemplo de lucha” según los manifestantes; el secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero, y la Comisión Política. Por último, marcharon los docentes que conforman “la base trabajadora” de las distintas regiones del estado, quienes se organizaron para marchar en filas de tres, las mujeres en medio, resguardadas a los lados por sus compañeros hombres.
En el Palacio de Gobierno intentaron abrir por la fuerza la puerta principal; entre varios maestros la golpearon varias veces con barreras de fierro que arrancaron del frente del edificio. Pero no pudieron derribarla y no ingresaron al edificio.
El acceso principal del Palacio de Gobierno fue reforzado en octubre de 2014, luego de la irrupción de normalistas de Ayotzinapa y maestros, que incendiaron el edificio Tierra Caliente. Primero se colocó un portón completamente cerrado, con apenas una ventanilla, y luego se colocaron vallas metálicas permanentes para evitar el acceso a las escalinatas; también policías estatales y trabajadores de gobierno vigilan la entrada y salida.
Mientras los maestros avanzaban con paso firme hacia el acceso principal del Palacio de Gobierno, los vigilantes ingresaron a las instalaciones y cerraron el portón.
Por su parte, los manifestantes encabezados por la avanzada rompieron las cadenas que unían las vallas y tiraron algunas al encauzamiento del río Huacapa, otras las usaron para golpear el portón principal y una más intentaron lanzarla dentro de las instalaciones. A través de una rendija, entre el piso y el portón, se observó que los policías estatales corrieron a formarse frente a la entrada con sus escudos; en respuesta, los manifestantes se las ingeniaron para pegarles con palos que metieron en el hueco.
Maestras, que se encontraban recargadas en el lado izquierdo del enrejado que cubre el perímetro del Palacio de Gobierno, al ver que sus compañeros no tuvieron éxito en su intento de derribar el portón, comenzaron a jalar la reja que aunque parecía que iba a ceder, no se dobló. Fue entonces que los manifestantes optaron por arrojar piedras a los edificios.
Todo esto ocurrió durante unos 30 minutos.
“Repudiamos la amenaza del gobernador”
Después del intento fallido de entrar al Palacio de Gobierno, se llevó a cabo un mitin en el que los representantes de las distintas regiones coincidieron en que la CETEG debe permanecer unida, para enfrentarse a la represión y la cerrazón de las autoridades, que sólo ofrecen mesas de diálogo para platicar pero no para resolver sus demandas.
En su intervención, Ramírez Perulero dijo que “repudiamos la amenaza del gobernador del estado de Guerrero, así no se resuelven los problemas, así nunca va a haber orden y paz, lo que prometió cuando andaba en campaña. Los problemas se van a agudizar en Guerrero y que no estén evadiendo su responsabilidad, queriendo culpar a otros por la situación de efervescencia y protesta social que no nada más existe en Guerrero, sino en todo el país”.
Fue la respuesta al mensaje del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien informó que se procederá conforme a la ley en contra de los responsables de los destrozos en el Congreso del Estado y del bloqueo en la Autopista del Sol, que se llevó a cabo el martes. En la toma de protesta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Astudillo Flores dijo: “Tenemos que, al final de cuentas, actuar dentro de la ley. Por eso, lo que sucedió ayer en el Congreso y en la autopista deberá ser atendido conforme a las leyes, (contra) quienes han transgredido y ocasionado un daño”.
Ramírez Perulero dijo que ante la cerrazón del gobierno de Héctor Astudillo “esta es la respuesta que le damos”, en relación con las protestas que se llevaron a cabo el lunes, martes y miércoles de esta semana, como parte del paro laboral nacional de 72 horas.
“Así nos recibieron ayer en el Congreso. No recibieron a la comisión que iba a solicitar su intervención (de los diputados locales), para que se abra la mesa de negociación nacional. Ese el recibimiento, esa es la respuesta a las demandas del magisterio”, aseguró, mientras señalaba los accesos del Palacio de Gobierno, reforzados y cerrados.
Declaró que la CNTE está por definir el inicio del paro laboral indefinido y que las amenazas del gobernador “no nos amedrentan”, pues los maestros responderán ante ellas “con la dignidad que nos ha caracterizado”.
Al concluir el mitin, los manifestantes marcharon hasta el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa con el bulevar Vicente Guerrero, a unos metros del museo La Avispa y la tienda comercial Aurrerá. Ahí bloquearon de manera total el paso vehicular de la 1:30 a las 3 de la tarde, con lo que dieron por terminada la jornada de lucha.
Antes, en conferencia de prensa en el edificio de la CETEG, Ramírez Perulero aclaró que los maestros acudieron al Congreso del Estado para pedir la intervención de los diputados locales, para la reapertura de las mesas de diálogo nacional, pero las puertas estaban cerradas con candados y por eso los destrozos, “la reacción de los compañeros de base, ante esa actitud”. Reclamó que los diputados hayan condenado los hechos “cuando se dicen ser de puertas abiertas”.
Condenó la actitud amenazante del subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Morán, y del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, a quienes acusó de no contribuir al diálogo, sino de dar largas y evadir la solución a las demandas del magisterio disidente. Resaltó que una de las principales es que se repongan los maestros que faltan en las escuelas y que es una contradicción que las autoridades impulsen la reforma educativa, pero no la calidad.
Dijo que en la mesa de diálogo, que se instaló el martes con las autoridades, no hubo acuerdos y por ello los maestros abandonaron la reunión.
Respecto de la presunta relación de la CETEG con Morena, Ramírez Perulero aseguró que “es una justificación ante el hartazgo social, es algo parecido a lo que pasó en Oaxaca”, donde ante el repudio a un candidato se vinculó al magisterio disidente con un partido. Recordó que la CNTE acordó en un congreso nacional que la organización, y sus respectivas secciones en los estados, no apoyarán a ningún partido político.
Sobre el número de escuelas que pararon labores para unirse a las manifestaciones, dijo que no contaban con la cifra exacta, pero que en Chilpancingo “hay varias cerradas”. Explicó que “es complicado definir las escuelas, puesto que algunos compañeros sí llegan a la actividad, otros se quedan allá en el centro de trabajo, hacen reuniones con compañeros, con padres de familia y no llegan hasta acá”, en referencia al edificio de la CETEG, que fue el punto de concentración durante el paro laboral de 72 horas.
Una de las primarias en las que no hubo labores en la capital, como parte de la jornada de lucha de la CETEG, fue la primaria Primer Congreso de Anáhuac, en la colonia Universal, en la que estudian unos 900 niños.
Maestros y trabajadores administrativos de la escuela, desde las 7 de la mañana acudieron de manera normal a la escuela, pero no abrieron las puertas. La secretaria general de la zona escolar 02, que aglutina a nueve primarias ubicadas en el municipio de Chilpancingo, Concepción Neves Mendoza, informó que los trabajadores decidieron unirse al paro laboral de 72 horas
El subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Emiliano Díaz Román, aseguró que las distintas expresiones sindicales del sector educativo plantean a la dependencia demandas “fuera de la norma, irregulares, que no deben de ser” para conseguir más agremiados, como en el caso de la región Montaña baja, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Consultado durante la feria de Inglés en la primaria José María Morelos, en la capital, al respecto de los dos días de bloqueo en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa y la retención de 14 funcionarios y funcionarias de la SEG en Tixtla, entre ellos el secretario técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta, que hicieron maestros de la región Montaña baja para exigir cambios de adscripción por inseguridad, docentes que hacen falta y mejores instalaciones, Díaz Román dijo que los grupos políticos “de las diferentes expresiones sindicales” hacen solicitudes “que para ellos son convenientes, son necesarias, pero que trastocan los derechos de otros compañeros, incluso de la misma zona escolar o del mismo municipio”.
“Al recibir una negativa da como consecuencia la reacción bélica de ellos y hacen las manifestaciones, con toma de escuelas, bloqueo de las carreteras, pero no es porque no haya una desatención, sino que es porque las exigencias que ellos tienen se salen de la norma, no son con base en derecho y sí trastocan los derechos de los demás compañeros”, dijo.
Declaró que no es la primera vez que manifestantes retienen a funcionarios de la SEG, “cuando se les da una negativa a una petición que no debe ser, con base en la norma” y que está enterado de que el área jurídica “tendrá que tomar las acciones pertinentes, para la propia seguridad de los funcionarios”.
Sobre el caso de los maestros idóneos de telesecundaria, dijo que la SEG les ofreció interinatos pero no aceptaron y prefirieron esperar a obtener su plaza. Se trata de 82 docentes cuya idoneidad vence el 31 de mayo de este año.
Sobre la convocatoria para la evaluación de Ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD) 2018-2019 que ya se publicó y ya se registraron los aspirantes, Díaz Román dijo que ésta es cerrada, pues sólo se otorgarán las plazas disponibles.
Aseguró que la Coordinación Estatal del SPD solicita recursos a la federación antes del proceso, para garantizar los nombramientos de los que resulten idóneos, pero no envía los recursos necesarios, “ahí es cuando el estado se mete en complicaciones”.
Los maestros idóneos son enviados a las zonas marginadas del estado, ya que una vez que obtienen su plaza, la Comisión de Cambios de Adscripción de la SEG autoriza que los docentes con mayor antigüedad en esas zonas puedan reubicarse en otras preferenciales y de esta manera se cubren los espacios.
Sin embargo, Díaz Román dijo que no hay un apoyo económico, además del salario, para que los idóneos puedan trasladarse a las zonas marginadas, en las que también hay inseguridad, para que puedan arraigarse donde se encuentran sus centros de trabajo. Identificó como zonas de inseguridad “los casos sonados” de Acapulco, “algunos” de Chilapa y comunidades de San Miguel Totolapan.
Explicó que cuando hay inseguridad en el trayecto de su hogar a las escuelas y los maestros deciden quedarse en las comunidades, no hay incentivos, y cuando hay problemas por seguridad o inseguridad, son atendidos con la intención de acercarlos a su lugar de origen o “donde se sientan más seguros”.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hizo 46 diagnósticos luego de las protestas e inconformidades de los habitantes de Ciudad Altamirano y Coyuca de Benítez ante los altos cobros en los recibos.
En un boletín, la CFE indica que, junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), revisó 46 servicios que registraron alta facturación, y se encontró que la causa común del incremento en el importe de los recibos, “es el uso intensivo de los aires acondicionados por parte de los clientes, además de encontrar, en uno de los casos, una fuga de energía”.
La dependencia informa también que, de acuerdo con la Profeco, no suspenderá temporalmente los servicios, en tanto se revisan los casos que se presenten, para “mejorar y ampliar la atención a clientes en el centro de atención y continuar con los diagnósticos de los servicios que presentan inconformidad”.
La CFE señala que, la tarifa eléctrica que se aplica en la Tierra Caliente a casas habitación es la 1F, que no se ha incrementado en tres años, además de que la región cuenta con uno de los “mayores subsidios que concede la estructura tarifaria, por ser una zona con mucho calor”.
Ejemplifica que el consumo de 500 kilowatts/hora en periodo normal cuesta 823 pesos, pero en periodo de verano, que inicia en abril, sólo paga 376 pesos si mantiene el mismo consumo de 500 kilowatts/hora, es decir, 60 por ciento menos.
De la solicitud de que el periodo de verano se anticipe para que el cobro sea menos, la CFE indica que, a pesar de no ser de su competencia la modificación de este periodo, informará ante sus autoridades regionales de la propuesta, aunque aclaró que esa facultad corresponde a la Secretaría de Energía.
La CFE llama a sus clientes a cuidar el consumo de energía durante la temporada de calor, dando mantenimiento y verificando el buen funcionamiento de sus aparatos de aire acondicionado y refrigerador, y darles un uso racional.
El miércoles pasado unos 100 inconformes marcharon contra el aumento de las tarifas de energía eléctrica, para exigir que disminuyan las tarifas, que aumentaron hasta tres veces en relación al último recibo, y por encima de lo que les cobraron hace un año. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).
En la segunda manifestación en menos de una semana, maestros jubilados de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) del periodo 2016, lograron que el subsecretario de Finanzas, Jaime Ramírez Solís, se comprometiera a que dentro de 15 días se inicie con el pago escalonado del Plan de Previsión Social (PPS).
“Las autoridades son difíciles de tratar, pero finalmente se logró que mediante la calendarización de pagos se vayan haciendo, se vayan realizando a partir de 15 días”, informó la representante de los maestros jubilados en 2016, Guadalupe Eugenio Feliciano.
Este martes, más de 600 maestros jubilados de las siete regiones se movilizaron en la capital del estado, para presionar al gobierno estatal y que cumpla con su responsabilidad de pagar a cada uno de los afectados.
A la 1 de la tarde, el grupo de jubilados bloqueó de manera total los dos carriles del bulevar río Huacapa, frente a Palacio de Gobierno, como medida de presión para que fueran recibidos, pues la mesa de negociación que planteó el mismo gobierno no iniciaba.
Desde 2016, los maestros jubilados de la SEG iniciaron su lucha para acceder a su derecho laboral que es el PPS, ya que se trata de un ahorro que se le va descontando directamente sobre su salario y que se entrega hasta el final de su vida laboral, la cual dura 30 años.
A pesar de que las autoridades debieron cumplir con el pago en 2016, se les informó en aquel año que se pospondría algunos meses, pero no se cumplió con la fecha pactada. A partir de entonces, los maestros jubilados iniciaron una lucha por su derecho laboral.
Las autoridades educativas y del gobierno del estado no les informaban sobre la situación de ese dinero, que les fue retirado con la excusa es que no había en efectivo para pagarles, a pesar de que se suponía que el dinero descontado sólo se iba ahorrando.
Los jubilados, durante estos tres años del gobierno de Héctor Astudillo Flores, se han movilizado más de siete veces para exigir que se cumpla con su derecho, pero sólo hasta este martes se les informó sobre cuándo se iniciaría con los pagos.
Durante estos tres años de lucha, se les han unido jubilados de 2017 y 2018, quienes estarán a la espera de que también a ellos se les cubra el dinero, lo que llega a afectar en el estado a más de 2 mil jubilados.
El dinero que se les da es en una sola exhibición, según lo relatado por algunos de los maestros, quienes lo emplearían para su vejez, como compra de prótesis, medicamentos o inversiones para mejorar sus casas.
El bloqueo se quitó a las 5 de la tarde, cuando la comisión negociadora, integrada por maestros de cada una de las regiones, en la que incluyen la sierra como octava región, informó sobre el acuerdo pactado.
Consultada vía telefónica, Guadalupe Eugenio Feliciano detalló que el pago se realizará de manera escalonada, a partir del 8 de mayo, cuando se cumplirían los 15 días pactados, por lo que se pagaría a 100 jubilados por semana.
La reunión se realizó en las oficinas de Finanzas y Administración de la SEG, conocidas como Casa Blanca, y fue encabezada por el subsecretario de Finanzas, Jaime Ramírez Solís, y el contralor, Ramón Apreza Patrón.
La líder advirtió que los jubilados están preparados para movilizarse, en caso de que las autoridades no cumplan con lo pactado en la minuta de acuerdos.
