Etiqueta: Tortura

Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH

 

El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.

 

PF, la corporación con más quejas de violación a los derechos humanos; 18 son por tortura

De 175 quejas contra autoridades federales presentadas en Guerrero de enero a octubre en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 47 por ciento son a la Policía Federal, en las que destacan 18 casos de tortura.
Según los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, disponibles en su portal web, la Policía Federal es la que más quejas por violación de derechos humanos tiene en el estado. Destaca con dos quejas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En 2015 en Guerrero fueron presentadas 109 quejas contra la Policía Federal, que está un lugar debajo de Tamaulipas con 127 casos, en Michoacán hubo 83, en el Estado de México 82 y en la Ciudad de México 53.
Guerrero está en el lugar 16 nacional con 175 quejas contra autoridades federales, en 2015 hubo un total de 250 quejas y ocupó el lugar 14. En los primero cinco peldaños aparecen Ciudad de México con mil 947 quejas, Estado de México con 636, Chiapas con 465, Tamaulipas con 402 y Veracruz con 391.
Guerrero es el estado que más quejas tiene contra la Policía Federal con 82 de las que 66 siguen en trámite. Destacan 34 quejas por detenciones arbitrarias, 18 por casos de tortura, 11 por trato cruel, inhumano y degradante y nueve por emplear arbitrariamente la fuerza pública.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene 20 quejas (el 11.42%) de las que 19 siguen en trámite. Siete son por integrar mal la averiguación previa y el mismo número por prestar indebidamente el servicio, además de 4 por detenciones arbitrarias.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene 19 (10.85%) de las que 16 siguen en trámite. Ocho son por detenciones arbitrarias, 2 por trato cruel, una por apoderarse de un bien mueble sin consentimiento, y una más por desaparición forzada o involuntaria de persona.
La Secretaría de Marina aparece con cinco quejas, todas en trámite, dos por omitir notificar a la familia del arresto, una por privación de la vida, y una por imputar indebidamente hechos.
Otras dependencias que tienen quejas son el Instituto Mexicano del Seguro Social con 13, el ISSSTE con 10, la Comisión Federal de Electricidad con ocho, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con cinco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene cuatro, al igual que la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Con dos quejas cada una en el estado están Caminos y Puentes Federales, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Antropología, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, el Registro Agrario Nacional, la SAGARPA y la Sedesol.
Con una queja cada una aparecen la Comisión para la regularización de la tenencia de la Tierra de la Sedesol, el Fondo de Vivienda del ISSSTE, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Instituto de Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Junta Especial 43 de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Agraria, la SCT, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y la de Salud.
El total de la suma de las quejas es 193, y 175 corresponden a autoridades federales.

El FUSDEG lo torturó e involucró a la UPOEG en su autosecuestro, se retracta Castro Jaimes

El vecino de Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero, Facundo Castro Jaimes interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), aseguró que mientras estuvo detenido fue torturado y amenazado de muerte por tres comandantes de esa agrupación.
Se retractó de su declaración de este martes ante los medios de comunicación cuando fue liberado por el FUSDEG, cuando aseguró que no sufrió ningún tipo de agresión y que integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) lo obligaron a autosecuestrarse para poder irrumpir en Tierra Colorada.
Ayer en conferencia de prensa en la plaza de la Libertad de Expresión en Chilpancingo, Castro Jaimes informó que fue detenido porque él y un grupo de vecinos de la colonia Ruffo Figueroa en Tierra Colorada, se organizaban para formar una Policía Rural para protegerse de la violencia en la zona, lo que causó inconformidad en el FUSDEG.
Precisó que esa organización lo ha detenido en dos ocasiones, primero el 10 de septiembre y otra el 23 de octubre. Fue liberado este martes 8 de noviembre.
“La segunda vez que estuve detenido por los del FUSDEG me torturaron, me ponían una bolsa con chile, me daban patadas y puñetazos, me dijeron que mi libertad sería si yo le echaba la culpa a Medardo Nava y a Israel Espinosa (ambos simpatizantes de la UPOEG) de convencerme para cometer un autosecuestro”, indicó.
Acusó a Caritino Hernández Dorantes, José Dolores Juárez Tolentino y Rogelio Gerardo Cortés de torturarlo y amenazarlo de muerte, motivo por el que tuvo que decir que no fue golpeado.
Aseguró que su primer declaración el miércoles fue “bajo tortura, porque que si no me retractaba no me iban a dejar libre, además me iban a matar. Tengo temor de que me maten, incluso tuve que salirme junto con mi familia de Tierra Colorada”.
Castro Jaimes comentó que ante las amenazas y la tortura interpuso una denuncia en la Fiscalía para que investigue y detenga a los integrantes del FUSDEG, “tuve que involucrar a los de la UPOEG en algo que no hicieron”. Pidió que todo se desmienta y que “salga la verdad a la luz”.

Asesinan a cinco hombres, cuatro de ellos con huellas de tortura; hallan un cuerpo en una fosa

Cinco hombres fueron asesinados en tres hechos distintos, dos de ellos en la céntrica colonia Progreso por la noche; otros dos hombres fueron hallados torturados, uno de ellos degollado, en la colonia San Isidro; y un joven más ejecutado en la colonia Arroyo Seco.
Asimismo fue hallado el cuerpo, al parecer de una mujer, en una fosa clandestina ubicada en una huerta en El Cayaco, por la tarde.
El primero de los homicidios fue reportado pasada la 1 de la mañana, en la colonia Arroyo Seco, la cual colinda con Ciudad Renacimiento.
Agentes de la policía, del estado y federal, llegaron a la calle Arroyo Seco en la colonia del mismo nombre, rumbo al río, y encontraron el cuerpo de un hombre tirado boca arriba en una zona de terracería.
La víctima, de entre 18 a 20 años, que tenía un disparo en la cabeza, vestía una playera negra con blanco, con un pantalón de mezclilla y tenis blancos.
Durante las diligencias que realizó el agente del Ministerio Público y peritos de la fiscalía, localizaron un solo casquillo percutido calibre 45.
Tres horas después, en la colonia San Isidro, pasando Pie de la Cuesta, fue reportado el homicidios de dos hombres abandonados a orillas de la carretera Acapulco-Zihuatanejo.
De acuerdo con el reporte policiaco, el hecho ocurrió a las 4 de la mañana, en la entrada de la colonia San Isidro, justo en el punto conocido como Ex Campo de Tiro, a unos 15 metros de la gasolinera de Pie de la Cuesta.
Los dos cuerpos fueron encontrados en la banqueta, a orillas de la carretera, tirados boca arriba, a un metro de distancia uno del otro; ambos tenían las manos atadas hacia la espalda, con huellas de tortura y sus camisas hacia atrás, para cubrirles los rostros.
Ambas víctimas tenían disparos en la cabeza y uno de ellos estaba degollado. Una de las víctimas vestía sólo un bóxer y el otro una bermuda de mezclilla.
En el lugar del crimen, los agentes policiacos localizaron casquillos percutidos de calibre 9 milímetros.
Según las autoridades, las víctimas presuntamente eran tío y sobrino; fueron identificados por sus familiares, como Juan Andrés Reséndiz del Carmen y Omar Flores Pineda, de 19 y 40 años respectivamente, ante el Ministerio Público.
En otro hecho distinto, dos hombres fueron ejecutados en la céntrica colonia Progreso, por la noche, y les dejaron un narcomensaje.
El homicidio fue reportado pasada las 7 de la noche, entre las calles Durango y Zacatecas, luego de una llamada al número de emergencias 066.
Los dos hombres fueron encontrados tirados boca abajo, casi uno encima del otro, con las playeras hacia el rostro, y con disparos en la cabeza.
Una de las víctimas vestía una playera azul, con un pantalón de mezclilla y el otro una camiseta blanca, con una bermuda a cuadros.
En los pies de uno de los cuerpos, los agentes policiacos encontraron una cartulina verde con letras escritas a mano, en la que se leía: “siguen ustedes, señora Clara Elena Laborín Archuleta y sus rusitas”, la cual fue retirada por las autoridades.
En los homicidios, los cuerpos fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para los trámites legales correspondientes.
Osamentas

También fue hallado el cuerpo, al parecer de una mujer, en una fosa clandestina ubicada en una huerta en El Cayaco por la tarde.
Según las autoridades, al mediodía, peritos de la fiscalía realizaron una nueva inspección donde el 6 de marzo fue hallado el carnicero Alejandro Salvador Gómez, y encontraron restos humanos en una fosa clandestina.
Durante la inspección fueron localizadas otras dos fosas clandestinas, en una de ellas encontraron el cuerpo de una persona en estado de descomposición, con pelo largo y envuelto en ropa desecha, al parecer de una mujer. En la otra fosa sólo fue hallada ropa de mujer.
Según la información proporcionada por las autoridades, el hallazgo deriva de la detención de cuatro hombres, acusados de al menos siete homicidios, entre ellos del regidor priista Jesús de la O Gallardo, asesinado el 10 de octubre del año pasado, en Tres Palos.
De igual modo, el homicidio del carnicero Alejandro Salvador Gómez Noriega, secuestrado el 4 de febrero, en el mercado de Llano Largo.
Los presuntos culpables son Roberto González Galván, de 21 años; Isidoro, de 39; Isaías, de 38, y Rodrigo de 18, y fueron detenidos por la policía federal el 5 de marzo, en la colonia Las Cruces, en posesión de droga y armas.

La declaración preparatoria

Estos cuatro hombres fueron consignados al juzgado décimo penal, por el homicidio de tres hombres el 29 de noviembre del año pasado, en una fiesta por el certamen Reina Gay en el poblado de Tres Palos.
Según se informó, en la declaración preparatoria en el juzgado décimo el viernes, uno de los cuatro presuntos culpables aceptó los cargos en su contra, e indicó que los otros tres hombres no habían participado en dicho crimen; estos se reservaron su derecho a declarar.
Los acusados ingresaron al reclusorio el martes, y fueron consignados al juzgado penal, donde se determinará su situación jurídica.
Con estos asesinatos, en lo que va del año en Acapulco, suman ya 181 personas asesinadas en hechos violentos, en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.

Ejecutan a dos jóvenes en Cuetzala; dejan con uno en Chilacachapa narcomensaje de La Burra

 

Dos jóvenes fueron ejecutados ayer en el municipio de Cuetzala en diferentes momentos del día. En ambos casos fueron hallados con señales de haber sido torturados y con el tiro de gracia.
En la mañana fue hallado el cuerpo de un joven con el tiro de gracia, con golpes en el cuerpo y con un narcomensaje en la orilla de la carretera estatal Chilacachapa-Tianquizolco.
Según fuentes policiacas, el comisario de la comunidad de Chilacachapa, Cuetzala, reportó el hallazgo del cuerpo minutos después de las 7 de la mañana, pero fue hasta después de las 10 de la mañana que peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público acudieron a la zona del hallazgo.
El cuerpo de un joven de unos 30 años estaba boca arriba completamente desnudo y descalzo, fue hallado a orilla de la carretera estatal Tianquizolco-Chilacachapa, cerca de la cabecera municipal de Cuetzala.
La víctima tenía huellas de haber sido torturado, tenía golpes en la cara y todo el cuerpo, y en la muñeca de la mano derecha tenía atada una cuerda como si hubiera estado atado de las manos y además se le apreciaba el tiro de gracia en el lado derecho de la cabeza.
A medio metro del cuerpo, fue hallada una cartulina blanca con un narcomensaje que en decía “esto les va a pasar a todos los que me traicionaron, los chismosos que andan de lambe (sic) huevos con el gobierno Atte: La Burra”, en aparente alusión a Uriel Vences Delgado, La Burra o El 50, líder de una célula identificada con la organización La Familia Michoacana dedicada al secuestro, la cual es responsable de secuestros masivos y ejecuciones ocurridas en comunidades de los municipios de Cocula y Cuetzala.
Junto al cuerpo, peritos y agentes del Ministerio Público hallaron un casquillo percutido calibre .9 milímetros. La zona fue acordonada por policías estatales.
Cerca de las 6:00 de la tarde, el cuerpo de un segundo joven ejecutado con el tiro de gracia, fue hallado en el cerro Colotlipa de la comunidad de Tianquizolco, en el mismo municipio de Cuetzala de Progreso, en esta zona Norte del estado.
Según reportes de fuentes policiacas de seguridad pública del estado, el comisario de la comunidad de Tianquizolco, Cuetzala, Antonio Díaz Villanueva, reportó el hallazgo del cuerpo de un joven ejecutado de dos disparos en la cabeza cerca de las 6:00 de la tarde de ayer.
Al lugar se trasladó personal de la Fiscalía del estado con base en Teloloapan, con resguardo de efectivos de la policía del estado.
En el cerro Colotlipa, a unos 3 kilómetros del poblado de Tianquizolco, fue hallado en una brecha el cuerpo de un joven de unos 30 años, el cual sólo vestía un pantalón azul de mezclilla, tenis azul con rojo y no tenía playera. Tenía huellas de golpes en la cara y cuerpo y dos impactos de bala en la sien del lado derecho.
En el lugar, agentes del Ministerio Público y perito en criminalística se hicieron cargo de las diligencias de ley y al término, el cuerpo fue trasladado cerca de las 8:00 de la noche a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad de Iguala en calidad de desconocido. Al mismo lugar fue trasladado el joven ejecutado en la mañana, también como desconocido.

Torturan y ejecutan de un disparo a un hombre en la carretera a Telolopan, en Iguala

El cuerpo de un hombre ejecutado de un disparo en la cara y con huellas de tortura fue hallado la madrugada de ayer en la carretera federal 51 de Iguala-Teloloapan, en Iguala, cerca del retén militar de Loma de Coyotes.
Reportes de fuentes de seguridad pública del estado informan que a las 2:30 de la mañana de ayer fue reportado por automovilistas la presencia de un cuerpo humano a mitad de la carretera federal.
Efectivos de la Policía Estatal confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre de unos 60 años, el cual estaba a 1 kilómetro de distancia de la desviación hacia el municipio de Cocula, antes de llegar a la comunidad de Ahuehuepan y cerca del retén militar de Loma de Coyotes.
Los reportes policiacos indican que el cuerpo tenía huellas de haber sido torturado a golpes y fue ejecutado de un disparo de arma de fuego en la cara, la cual tenía cubierta con una playera azul, vestía un pantalón verde y botas de obrero color café.
Minutos después agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales realizaron las diligencias y al finalizar el cuerpo fue trasladado sin ser identificado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.

En Guerrero, Montiel tuvo 13 recomendaciones de la Codehum por detenciones arbitrarias, extorsión y tortura

 En el gobierno de Ruiz Massieu participó en la represión contra el movimiento que dio lugar al PRD

 En Guerrero, durante la década en que trabajó y particularmente durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), José Agustín Montiel López se caracterizó por sus constantes violaciones a la ley desde los cargos en los cuales fungió: comandante de la Policía Motorizada, director de los penales en el estado y subsecretario de Seguridad Pública.

Quedan sospechas de que él haya participado en la guerra sucia contra los dirigentes y militantes del movimiento cardenista, en 1988, que después devino en la formación del PRD. Cerca de un centenar de personas ligadas a este partido fueron asesinados durante ese sexenio, en crímenes relacionados con su actividad política.

No obstante, están los testimonios de ciudadanos guerrerenses de que participó o permitió la tortura, extorsión y violencia en contra de presos recluidos en los diversos penales del estado, los que controló y que utilizó como un negocio particular, pues se dice que controlaba desde las tiendas hasta la venta de drogas y alcohol.

Uno de los testimonios es el del actual presidente del Consejo Estatal del PRD, Adolfo Plancarte Jiménez, quien denunció que durante su detención en marzo de 1990, luego de que el gobierno de Ruiz Massieu disolvió una manifestación perredista –en protesta por el fraude electoral en las elecciones de alcaldes de diciembre de 1989-, fue golpeado personalmente por Montiel López. Cuenta que con sadismo, el hasta ayer director de la Policía Ministerial de Morelos, y hoy preso por su relación con el narcotráfico, le vapuleó con una tabla en la espalda.

Otro de los golpeados por la Policía Motorizada al mando de Montiel, fue el ex diputado federal por el PRD, Eloy Cisneros Guillén, quien también fue torturado durante su traslado de Ometepec al Cereso de Acapulco. Esto, tras el desalojo al plantón perredista en el Palacio de Gobierno de ese municipio costachiquense, instalado en demanda del reconocimiento del triunfo de Cisneros Guillén, quien había sido candidato a la alcaldía.

Durante su permanencia en el penal de Acapulco, Plancarte Jiménez y Cisneros Guillén atestiguaron cómo el propio Montiel permitía y practicaba la tortura a los reos comunes.

En los dos últimos años que Montiel López fue responsable de la Policía Motorizada, como subsecretario de Seguridad, acumuló 13 recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) por violaciones –incluido asesinatos– que el personal a sumando cometió en la entidad.

En 1991 trascendió además en diarios locales el robo de cabezas de ganado que el funcionario trasladaba a Veracruz, caso nunca investigado y desestimado por los jefes de Montiel, entre ellos el gobernador Ruiz Massieu.

Entre las recomendaciones enviadas por la Codehum, en lo que respecta a la actuación del entonces funcionario estatal, están la           21/992, que señala que el 4 de enero de 1991 un grupo de la policía montada asesinó por la espalda a Oscar Mora Nava y a Rogaciano Mora Navarrete, mientras los trasladaban detenidos a Tierra Colorada. La explicación que dieron es que los detenidos desarmaron a dos policías y pretendieron huir.

La Codehum rechazó la explicación y aseguró que los dictámenes periciales y la necropsia de las balas que recibieron los presuntos delincuentes eran de atrás para adelante, lo que descartaba el supuesto enfrentamiento.

En agosto de ese año, la Codehum recomendó que por ese caso se cesara a Artemio Mejía Chávez, el comandante Cobra, bajo las órdenes de Montiel, y actual responsable de la seguridad en el Palacio del Gobierno en Chilpancingo.

En las recomendaciones que recibió Montiel, la constante son las detenciones arbitrarias, la extorsión, la violencia y la tortura. El funcionario en sus contestaciones negó todos los cargos.

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hay quejas, como la 124/91, en la que se le acusó de recluir, torturar y vejar a Francisco Yánez Molina, durante su estancia en los penales de Iguala y Acapulco.

En agosto de 1991 familiares de los internos del Cereso de Chilpancingo se quejaron ante la CNDH por el maltrato que Montiel López daba a los prisioneros. La comisión investigó y concluyó que en el penal se golpeaba y vejaba a los internos, surgiendo la recomendación 115/91 en la que se pidió a Ruiz Massieu el cese de Montiel, aunque éste formalmente nunca lo dio de baja., pues siguió trabajando para el gobierno estatal.

Se integró en esa ocasión la averiguación previa BRA/SC/701/92 para determinar su responsabilidad en las torturas, a la cual el gobierno del estado no dio seguimiento.

Agustín Montiel reaparece en septiembre de 1996 en la gestión de Oscar Espinoza Villarreal, regente del Distrito Federal, cuando se le nombra director de la penitenciaría capitalina, cargo en el que duró unos días, pues la CNDH le envió un extrañamiento al gobierno, y el 14 de octubre presentó su renuncia.

No obstante, el 13 de marzo de 1997 el gobernador panista de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, lo designó director de Readaptación Social de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del estado.

Luego, en mayo del 2001 aparece nuevamente en un gobierno panista, esta vez en el de Morelos, en donde el gobernador Sergio Estrada Cajigal lo nombra director de la Policía Ministerial.

Cuando a Estrada Cajigal se le mencionó el pasado de Montiel, dijo: “Conocemos diversas acusaciones, de una campaña contra el comandante Montiel. Vamos a dejarlo trabajar y déjenme demostrar que estamos en una lucha frontal contra la delincuencia organizada, donde se maneja mucho dinero y se pueden comprar muchas conciencias”.

En Morelos, los reporteros preguntaron al nuevo funcionario acerca de su pasado represor en Guerrero: “En ningún momento de mi vida he violado los derechos de nadie. Es muy fácil acusar, pero cuando se tengan pruebas. Estoy limpio, durante 12 años realicé mi trabajo en Guerrero siempre apegado a la ley, ni más ni menos”, dijo.

Montiel mandó construir la puerta negra, un lugar de tortura en la cárcel de Acapulco

 

 Testimonios de los ex presos políticos Eloy Cisneros Guillén, Arturo Gallegos Nájera, Juan García Costilla y Rosa María Gómez Saavedra

 Los ex presos políticos Eloy Cisneros Guillén, Arturo Gallegos Nájera, Juan García Costilla y Rosa María Gómez Saavedra, señalaron al ex director de reclusorios en Guerrero, Agustín Montiel López, como responsable de haber torturado y desaparecido a luchadores sociales durante la época conocida como la guerra sucia.

Agustín Montiel –quien fue subdirector de Seguridad Pública con José Francisco Ruiz Massieu, además de ser el responsable de los reclusorios en Guerrero de 1987 a 1993– fue señalado por los ex presos de la entidad de orquestar desapariciones y torturas a quienes participaban en luchas sociales.

El martes, Montiel López –que actualmente ocupaba la Dirección de la Policía Ministerial de Morelos– fue detenido por la PGR y puesto a disposición de un juez federal.

Eloy Cisneros –quien asegura haber sido torturado directamente por Agustín Montiel en el Cereso de Acapulco– informó que la Asociación Nacional de Luchadores Sociales ya puso una querella en la Procuraduría General de la República, además de que buscarán entrevistarse con el fiscal especial para los Movimientos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, a quien le solicitarán se amplíe la investigación sobre los delitos que Agustín Montiel cometió en Guerrero.

“Desde que lo iban a nombrar jefe de la policía en Morelos, algunos guerrerenses les dijimos que era un delincuente, que no podía estar en ese puesto, que tenía que estar encarcelado”.

Recordó que Agustín Montiel fue parte importante en la represión del 16 de marzo de 1990 ocurrida en Ometepec, tras las elecciones municipales de un año antes. “Ahí hubo desaparecidos, varios detenidos. Aquí también está ligado al narcotráfico”.

Eloy Cisneros comentó que en ese desalojo fue golpeado y traslado en una camioneta, “debajo de una llanta de refacción y con un custodio encima de mí. Cuando llegué al Cereso fui recibido por Agustín Montiel. Ahí me suturaron la cabeza sin anestesia, sin atención médica y el comandante Oscar Cruz Anguiano me siguió golpeando”.

Añadió que entre los desaparecidos en ese hecho están Andrés de la Cruz Zacapala y Daniel López Alvarez, además de la muerte de Román de la Cruz Zacapala, la que atribuye al propio Montiel.

Por su parte, Arturo Gallegos señaló que conoció a Agustín Montiel por 1989 cuando era director de la cárcel regional en Acapulco. Dijo que en ese entonces acudía como parte del PRT a ver a dos presos políticos. Uno de ellos, Jesús Real Dimas, quien acusó a Montiel de corrupción, además de ser homosexual, lo que ocasionó que lo llevaran a “la puerta negra” –un lugar que aún existe en el reclusorio, debajo de los puentes–.

“Será importante que se remitan a su historial negro en Guerrero”. dijo.

Acerca de Montiel, Juan García Costilla –actual diputado federal por el PRD- confirmó que tuvo “mucho que ver” en la represión en Ometepec, entre varios otros delitos como narcotráfico y desapariciones, por lo que cuando fue diputado local informaron a sus homólogos de Morelos sobre el historial de Agustín Montiel.

“A él le exigimos la presentación de los hermanos De la Cruz Zacapala de Ometepec. También ordenó la detención de Adolfo Plancarte –hoy presidente del Consejo Estatal del PRD-”.

En tanto, Rosa María Gómez Saavedra –actual coordinadora de Servicios Públicos Municipales– comentó que estuvo dentro del primer grupo de presos políticos en el penal de Las Cruces, ocho meses después de que fue inaugurado, en marzo de 1983.

“El tenía un doble discurso. Por un lado nos hablaba que era una persona democrática, que reconocía nuestros derechos como universitarios. Pero por otro lado hacía labor en contra de nosotros, nos confrontaba con los demás reclusos”.

Señaló que a las mujeres las quería recluir en el área de hospital. “Nos quería aislar. Inclusive mandamos una carta a Amnistía Internacional y a los hombres sí los tuvo aislados los nueve meses que estuvimos en el penal”.

Mencionó que el periodo en que Montiel estuvo en el reclusorio de Las Cruces mandó a construir el cuarto de tortura conocida como “puerta negra”. “Ese lugar lo hizo para castigar a quienes meses antes intentaron fugarse, porque él se ufanaba de que era la cárcel más segura”, concluyó.

El Esmeralda, utilizado por la Armada de Chile como centro de detención y tortura en Valparaíso

Visita Acapulco este sábado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Amnistía Internacional documentaron actos represivos en el buque cometidos por la dictadura de Pinochet

Aurelio Peláez

El buque escuela chileno Esmeralda, que este sábado visitaría Acapulco, fue uno de los centros de tortura de la dictadura pinochetista denunciados por Amnistía Internacional, de acuerdo al reporte de este organismo del 26 de junio del 2003.

Luego de la restauración del gobierno civil en Chile en 1990, el gobierno del centrista Patricio Alwin promovió los primeros organismos oficiales de recabar información para esclarecer la verdad en torno a las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y muertes por tortura cometidas por agentes del Estado durante el gobierno militar del país, encabezado por Augusto Pinochet, de 1973 a 1990.

En el Esmeralda, de acuerdo con el testimonio de Germán F. Westphal, un prisionero político de esa época, y según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “se instaló en su interior con el objeto de interrogar a los detenidos que se encontraban en la misma nave y a los que eran traídos de otros recintos de reclusión de la Armada”, tras el golpe de estado en contra el gobierno democrático de la Unidad Popular de Salvador Allende.

Así, los interrogatorios incluían torturas y malos tratos. El número de detenidos a bordo del Esmeralda varía, según los testimonios pues se los trasladaba de un barco a otro a medida que iban siendo interrogados. El Senado norteamericano, en 1986, indica que llegó a haber 112. Según la evidencia disponible, en un momento hubo unas 40 mujeres detenidas, las cuales fueron sometidas a todo tipo de maltratos, como torturas, vejaciones y violaciones.

El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet da un golpe de Estado al gobierno constitucional democrático de Salvador Allende. Durante los 17 años de su dictadura, según datos oficiales, fueron asesinadas por agentes del Estado chileno unas 3 mil 197 personas. La cifra incluye 49 niños, 126 mujeres, algunas de ellas embarazadas, y una cincuentena de extranjeros entre los cuales hay varios ciudadanos brasileños, uruguayos y argentinos.

El Esmeralda fue utilizado por la Armada de Chile como centro de detención y tortura en el puerto de Valparaíso, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Amnistía Internacional.

Entre los testimonios de que el Esmeralda fue usado como centro de tortura flotante están los del abogado chileno Luis Vega, fallecido en el exilio en Israel (2001); el ex-funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Claudio Correa, actualmente residente en Inglaterra; y el profesor universitario y ex-alcalde de Valparaíso, Sergio Vuscovic, actualmente residente en Chile.

Está además el caso del padre Miguel Woodward, un sacerdote chileno-británico, quien falleció a consecuencia de las torturas cuando el 22 de septiembre de 1973 se le llevó al Hospital Naval de Valparaíso por indicación de un médico de la misma Armada. Aunque la Iglesia Católica reclamó su cuerpo, nunca le fue entregado y se le sepultó en una fosa común.

En 1986 fue rechazado en una ceremonia en Nueva York

Con el gobierno del presidente Patricio Aylwin, en 1990, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, que publicó su informe en marzo de 1991. El Informe Rettig nombra una serie de buques que la Armada chilena usó como centros de detención y tortura en la época en que se produjo el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet.

El informe menciona el buque escuela Esmeralda y otros dos más. Indica que en el primero, de acuerdo a un documento de Amnistía Internacional, “una unidad especializada de la Armada se instaló en su interior con el objeto de interrogar a los detenidos. Esos interrogatorios, por regla general, incluían torturas y malos tratos”.

Actualmente, el buque escuela efectúa cruceros anuales de instrucción naval durante los cuales visita puertos de todo el mundo, actuando como “embajador itinerante” de Chile. En junio de 1986, mientras se hallaba en uno de sus viajes por el mundo, la alcaldía de Nueva York y la Asamblea y el Senado de dicho estado aprobaron resoluciones para expresar su oposición a la participación del buque escuela en los actos previstos para el fin de semana del 4 de julio, día en que Estados Unidos conmemora la firma de la Declaración de Independencia, y solicitaron que se retirara la invitación cursada al buque.

Un senador estadunidense dijo que en vez de representar el orgullo de la nación chilena, el Esmeralda evocaba recuerdos de amigos muertos y familiares en paradero desconocido, de detenciones a media noche y desapariciones, de reclusión en lugares secretos y represión de una nación democrática.

En los últimos años, el interés internacional de los medios de comunicación sobre el buque y sobre Chile en general, ha aumentado considerablemente a partir de la detención de Augusto Pinochet y el procedimiento de extradición instituido en su contra en el Reino Unido en 1998.

Hasta la fecha, las autoridades militares no han admitido los hechos. Miles de personas que fueron víctimas de torturas durante el periodo de gobierno militar y sobrevivieron a esta terrible experiencia, incluidas personas torturadas a bordo del Esmeralda, siguen reclamando el reconocimiento oficial de su caso y justicia por los hechos. Tanto el gobierno como la cúpula oficial de la Armada de Chile continúan negando que se utilizasen buques e instalaciones de la Armada como centros de tortura.

El Proyecto Internacional de Derechos Humanos de Londres refiere: “El arresto de Pinochet en Londres constituyó un hito importante en la lucha por los derechos humanos y la justicia. El punto central es que toda persona debe responder por sus crímenes, independientemente de su posición de poder. Aunque el gobierno británico cedió a las presiones, permitiendo al dictador retornar a Chile, el arresto envió una clara señal al mundo que la aplicación justicia a nivel internacional, estaba a nuestro alcance.

A su vuelta a Chile, solamente gracias al trabajo de las víctimas y sus familiares, de los abogados de derechos humanos y a la presión internacional, se logró el desafuero de Pinochet para que enfrentara la justicia. Finalmente, las cortes chilenas, en perfecto acuerdo con la derecha, el gobierno chileno y la Iglesia, sobreseyeron el caso, y dejaron a Pinochet, libre y sin cargos.

“Esto demuestra que aún queda mucho por hacer si queremos llevar a la justicia a todos aquellos responsables de violaciones a los derechos humanos en Chile, que en el día de hoy, en su vasta mayoría, se pasean impunes en Chile”.