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Localizan restos humanos en bolsas en la búsqueda de Vicente Suástegui en El Cayaco

Momento del traslado del cuerpo que fue encontrado dentro de una fosa clandestina en una huerta de El Cayaco, durante la jornada de búsqueda del colectivo Fe y Esperanza de Encontrarlos Guerrero Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Durante el quinto día de búsqueda del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, su esposa Samantha Valeria Colón Morales y autoridades encontraron restos humanos dentro de una fosa clandestina en una huerta del poblado de El Cayaco.
Empleados del Servicio Médico Forense (Semefo) recogieron a las 2:20 de la tarde las bolsas de plástico en las que estaban envueltos los restos de los que no se identificó su sexo, con el resguardo de integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal; este hallazgo será integrado a la carpeta de investigación por la desaparición de Vicente Suástegui, informó Colón Morales.
A principio de cada mes del presente año, la esposa del activista desaparecido y autoridades han llevado a cabo una búsqueda semanal en distintos puntos de Acapulco, principalmente en el oriente del municipio, cerca de la laguna de Tres Palos, zona de influencia de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acusada del crimen.
Este viernes se cumplió el quinto día de búsqueda de Vicente Suástegui, desaparecido por hombres armados el 5 de agosto de 2021 en la colonia Ciudad Renacimiento. La jornada empezó el lunes con una inspección de un terreno baldío de la comunidad de El Bejuco y continuó en los siguientes días en la colonia Nuevo Puerto Marqués.
La búsqueda de ayer fue dentro de una huerta del poblado de El Cayaco, a cinco minutos en automóvil del puente del crucero del mismo nombre, con dirección hacia San Marcos en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a unos tres minutos de distancia de las instalaciones de la distribuidora de la refresquera Coca-Cola.
El convoy de autoridades y activistas entró por una angosta calle de nombre Principal, que es de terracería y un par de minutos después estacionaron sus camionetas a la orilla del terreno abandonado y lleno de maleza y árboles caídos, y con pequeñas viviendas alrededor.
La fosa clandestina está a unos 250 metros de la entrada de la huerta, donde Colón Morales comentó a El Sur evidentemente conmovida que por este resultado positivo estaba experimentando “muchos sentimientos encontrados, es mi primer hallazgo, mi primer positivo en mucho tiempo desde que llevo buscando a Vicente”.
“La verdad no sé si sea Vicente, no sé quién pudiera ser, si es un hombre o si es una mujer, lo importante es que encontramos a alguien y va a regresar a su casa” y recordó que las búsquedas de su esposo fueron programadas porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “mandató al Estado que siguiera las jornadas de búsqueda para Vicente y es que hemos estado muy constantes buscando cada mes”.
Precisó que ingresaron a la huerta como a las 10 de la mañana, caminaron unos 30 minutos “y en seguida vimos ese hundimiento en la tierra porque estaba muy marcado, era muy visible y empezamos a ver ahí qué había, empezamos a varillar”.
La tierra estaba “muy compacta”, pero por los cortes en la tierra que han registrado en otras jornadas de búsqueda insistieron en este punto, la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado (FGE) indagó, pero no encontró resultados, entonces los integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) insistieron con la introducción de varillas e hicieron un “pozo de sondeo”.
Escarbaron 30 centímetros, introdujeron una vez más la varilla “y se dio el olor a putrefacción, no se veía ningún resto, nada, se siguió escarbando, ya por último alcanzaron a visualizar como una bolsa negra de plástico”; fueron cinco bolsas en total, “no sabemos si es un solo cuerpo, si son dos, si son tres porque eso se tiene que hacer en Semefo, las condiciones pues aquí no estaban”.
Colón Morales dijo que este hallazgo “nos va a dar más fuerza para seguir buscando, vamos a regresar, vamos a retomar las búsquedas con más ganas porque sabemos que si buscamos, sabemos que sí vamos a tener resultados”.
Después del peritaje, la esposa de Vicente Suástegui será informada de los resultados del peritaje, “nos lo tienen que dar a saber a nosotros como víctimas indirectas principalmente, a nosotros que somos los que venimos al frente de la búsqueda nos tienen que dar el resultado”.
Denunció que el personal de la FGE fue ayer “muy déspota, muy cortante, no sé si sea falta de empatía, falta de sensibilidad o por que las personas que ponen al frente son muy jóvenes y no saben lo que es tener un cargo de servidor público, la verdad me voy un poco decepcionada”.
Colón Morales fue acompañada por integrantes del colectivo Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero y el coordinador del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda.
El primer día de búsqueda, Colón Morales denunció a este periódico que el juez Juan Carlos Martínez Marchán ordenó reponer el proceso a dos detenidos, de un total de cuatro presos por la desaparición de su esposo, que ya estaban sentenciados desde el año pasado e informó que interpuso un amparo por esta resolución.

 

Contradice activista cifras oficiales; hay aumento de feminicidios, sostiene

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La peticionaria de la Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida, Marina Reyna Aguilar, advirtió que los feminicidios en Guerrero aumentan, pese al discurso de gobierno de la reducción del delito.
En consulta sobre la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reporta tres feminicidios en Guerrero durante el primer bimestre del año, y 28 muertes dolosas de mujeres -15 en enero y 18 en febrero-, ratificó vía telefónica que la violencia feminicida no se refleja en la estadística oficial porque no se aplican los protocolos del delito, dado que el personal no está capacitado para usarlo, aunque las instituciones digan lo contrario.
Señaló que, a través del monitoreo en la prensa de muertes dolosas de mujeres que realiza la Asociación Guerrerense contra la Violencia contra las mujeres (Agcvim), y que preside Reyna Aguilar, registraron 16 asesinatos en enero, 16 en febrero, y al 25 de marzo de este año se igualó la cifra de 16 muertes dolosas de mujeres. Un total de 48 en lo que va del año.
En 2023, indicó que en enero registraron 10 asesinatos, en febrero 12, y en marzo 9, y con estos datos, confirman que la violencia está incrementando.
“No estoy de acuerdo con lo que reporta el Secretario Ejecutivo, que reporta lo que la Fiscalía General del Estado clasifica como feminicidios, y no se refleja la realidad”.
Incluso, indicó que el Secretariado detalla dos feminicidios, uno en Cocula y otro San Marcos, y el segundo no fue identificado en el monitor de la Agcvim.
Ratificó que la incidencia delictiva no es real porque los agentes ministeriales en el estado no están preparados para aplicar el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, “aunque digan que sí, a nosotros no nos convence, por eso es su incidencia es muy baja”.
Lo anterior, dijo que se agrava con la crisis que existe en la FGE, por los cambios de autoridades, después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, removió a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Incluso, señaló que algunos responsables de las fiscalías especializadas no regresaron a sus puestos cuando la ex fiscal solicitó un permiso y volvió al cargo, antes de la remoción.
La activista de derechos humanos, aclaró que ha podido continuar haciendo acompañamientos de víctimas con algunos contactos en las agencias del ministerio público, pero no puede avanzar si se necesita hablar que buscar funcionarios de mayor jerarquía, por ejemplo, en las fiscalías regionales, también se retiraron los cuadros militares que llegaron con la gestión de Valdovinos Salmerón.

En la FGE, que sea civil o militar, pero que sea sensible a los problemas de Guerrero

Del proceso de selección del titular de la FGE, opinó que lo importante no es que sea militar o civil de carrera, sino que sea sensible antes las particularidades de Guerrero, con población indígena, afromexicana, “que integre un equipo que trabaje con perspectiva de género, intercultural, interseccional, que combata las prácticas de corrupción, que vigilen mucho que no discriminen por ninguna razón a las usuarias que acuden a la agencias del MP, ya sea del fuero común o especializadas a denunciar”.
Subrayó, que no se ejerza violencia institucional, cuando conmina o anima a las víctimas a no presenten denuncias.
Para los casos de feminicidios, insistió en que se revise y evalúe la labor cotidiana del personal de la Fiscalía especializada en feminicidios que se dice que está capacitado para aplicar el protocolo de investigación del delito, y se fortalezca la labor cotidiana de las agencias del MP en cada región dice, con equipo humano preparado con insumos materiales que requiere para realizar sus funciones, y canalicen los asesinatos
“En virtud de que no hay una correspondencia entre los asesinatos de mujeres y el número de feminicidios reportados ante el Secretariado Ejecutivo”.

 

Juicio político para la gobernadora por la violencia en el estado, pide Adrián LeBarón

La madre del normalista asesinado Yanqui Kothan, Liliana Vianey Gómez llega a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, acompañada del padre Filiberto Velázquez Foto: Carlos Carbajal

Alejandro Guerrero

Iguala

El activista Adrián LeBarón solicitó a la Cámara de Diputados federal y al Congreso del Estado que inicien un juicio político contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, y otros hechos de violencia en la entidad, en la que “son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad de miedo”.
Este jueves por la tarde, mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter), Julián LeBarón hizo públicas las peticiones de juicio político que entregó ese mismo día y que están fechadas un día antes. Con los oficios entregados y firmados, acompaña un video en el que justifica su solicitud.
“Pedimos juicio político a la gobernadora Evelyn Salgado. Es muy grave lo que ocurre en Guerrero, un lugar donde no existe el Estado de derecho, y son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad de miedo”, dice el activista en un video corto y un texto que acompaña su publicación.
Menciona que este jueves pidió al Congreso local y al federal, que inicie un juicio político contra Evelyn Salgado porque “ya no es posible que la gente esté pagando los costos de una administración omisa, incapaz de brindar seguridad a su población”.
Menciona, además, el homicidio del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez, cometido por agentes de la Policía Estatal la noche del jueves de la semana pasada, y ante las inconsistencias que se evidenciaron desde el inicio de las investigaciones, consideró que “se quería construir otra verdad histórica, y formar una realidad sesgada, para deslindarse de la responsabilidad”.
Agrega que con la fuga del policía que presuntamente habría matado a Yanqui Kothan, “se demostró que la institución del Estado no sirve y no responde a quienes debería servir. Eso es una muy alta traición”.
El miembro de la comunidad LeBarón, asentada en Chihuahua, y que ha apoyado a víctimas de la violencia en Guerrero, agregó: “No podemos dejar solos a nuestros hermanos guerrerenses, no podemos ser omisos ni voltear la mirada ante lo que sucede. No los dejemos solos y espero que el Congreso atienda este llamado”.
La demanda de juicio político contra la gobernadora se da en medio de la crisis política debida al asesinato del estudiante Yanqui Kothan, que este jueves obligó a la separación del cargo de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el general Rolando Solano Rivera, respectivamente, y a la remoción de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Las solicitudes de juicio político

Las demandas de juicio político contra la gobernadora Evelyn Salgado fueron entregadas este jueves a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, y en la oficialía de partes del Congreso del Estado, dirigido a la presidenta de la mesa directiva, Leticia Mosso Hernández.
Es promovida por el activista Adrián LeBarón Soto, en la que se indica que con fundamento a los artículos 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, 6 y 7 fracción VII, 9 y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “comparezco ante usted, para presentar una denuncia contra Evelyn Cecia Salgado Pineda, actual gobernadora del estado libre y soberano de Guerrero, con la finalidad de que se dé inicio al procedimiento de juicio político”.
Justifica que la procedencia de la denuncia, para que se inicie este juicio político, está de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados”.
En el segundo punto de la petición, establece que es procedente que se inicie el procedimiento en contra de la gobernadora Salgado Pineda, en virtud del artículo 110 de la Constitución, que establece que los ejecutivos de las entidades federativas “sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen”.
Asimismo, indica que es procedente, en virtud de que los hechos sobre los que se sustenta la presente denuncia encuadra en la hipótesis reconocida en el supuesto normativo del numeral 5, en relación con el artículo 7 fracciones VI y VII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “los gobernadores de los estados (…) podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen”.
Mientras que en la denuncia ante el Congreso local, Adrián LeBarón fundamenta su petición de juicio político contra Salgado Pineda en los artículos 195 de la Constitución Política del estado de Guerrero, así como los artículos 9, 10, 11, 13 y 14 de la ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Guerrero.

 

Rinde protesta coordinador en Acapulco del PES; “necesitamos caras nuevas”, dice

Dirigentes del Partido Encuentro Solidario (PES) tomaron protesta al coordinador regional en Acapulco, el activista Gustavo Téliz Hernández, quien en su mensaje dijo: “Hoy necesitamos un partido con caras nuevas, personas de la sociedad civil”.
El sábado, en el parque ejidal de Icacos, estuvieron la presidenta estatal de ese partido, Samanta Vega Pérez, y el secretario general, Pablo Segura Balladares; además, se tomó protesta a los coordinadores de los siete distritos electorales.
Durante su mensaje Téliz Hernández dijo que el desafío de presentarse ante la ciudadanía es demostrar que el PES es una opción viable y honesta, en medio de un clima de desconfianza y apatía hacia los partidos tradicionales.
“Hoy necesitamos un partido con caras nuevas, personas de trabajo y gente de la sociedad civil, que esté dispuesta a participar y que estén desilusionados de los partidos políticos que no han dado respuesta a lo que la gente espera”, dijo el coordinador en Acapulco del PES.
Dijo que entre los problemas a abordar se encuentran la inseguridad, la gestión de residuos, la corrupción y la falta de participación ciudadana en Acapulco, por ello, el llamado a la unidad y el cambio ante la desilusión de los ciudadanos de aquellas personas que “brincan de un partido a otro buscando intereses particulares”. (Aurora Harrison).

 

Develan mural en Ometepec pro aborto y piden servicio de calidad

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres develaron ayer un mural en Ometepec, sobre el derecho al aborto seguro, de calidad y con información para Costa Chica, donde los estigmas sociales son una barrera para las mujeres que acompañan y quienes solicitan una interrupción, explicó la activista Ana Grabiela Candela Garzón.
En el acto que se transmitió por redes sociales, la feminista denunció la desaparición del módulo de Servicios Especializados en Atención a la Violencia Intrafamiliar (Sepavi) del hospital general de Ometepec, que daba seguimiento a embarazos no deseados.
Indicó que las usuarias sólo tienen acceso al aborto a través a los servicios de urgencias, en donde la privacidad puede verse vulnerada, además de que se revictimiza y estigmatiza a las usuarias.
Añadió que, a la fecha, no hay una sola unidad de salud en los municipios de la región, que dé servicios de calidad. Entonces, cuando las mujeres indígenas y afrodescendientes solicitan información, son reprendidas o desestimadas por el personal de atención médica.
Lo anterior se agrava si se considera que la mayoría de los embarazos no deseados en la región, están relacionados con uniones forzadas y violaciones, afirmó.
La defensora de derechos humanos indicó que esta acción es parte de la continuidad de la campaña Tú decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos, porque preocupa la situación que enfrentan las mujeres en Costa Chica, para ejercer sus derechos reproductivos de forma segura y confidencial.
Pese a la despenalización del aborto, desde el 17 de mayo de 2022, aseguró que el gobierno estatal no ha hecho campañas efectivas de promoción y acceso a los servicios de interrupción del embarazo, que alcancen “a las comunidades y lugares más alejados de la región y que tengan pertinencia cultural”.
“Es importante destacar que el acceso a la información sobre el aborto debe ser un derecho, no un privilegio. Es esencial promover campañas informativas y educativas, que alcancen a toda la población y brinden claridad sobre nuestros derechos reproductivos. En particular, debemos prestar especial atención a las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes a menudo enfrentan desafíos adicionales para acceder a estos servicios, debido a barreras culturales y lingüísticas”.
Por otro lado, señaló que la estigmatización y los prejuicios son otra barrera significativa, para las mujeres que buscan acceder a estos servicios de salud sin discriminación.
En el caso particular de Costa Chica, advirtió que no hay servicios de aborto seguro, ni personal especializado para la atención, que cuando las usuarias solicitan información este mecanismo, son reprendidas y desestimadas.
“Esa condición las lleva a buscar alternativas no seguras, que afectan su bienestar físico, emocional y económico, que puede perpetuar el ciclo de desigualdad y pobreza”.
Reiteró la obligación de la Secretaría de Salud estatal a garantizar servicios de calidad, con calidez y sensibilidad, con métodos seguros, acorde con la edad gestacional, información adecuada y la atención requerida por parte de personal de salud capacitado.
“Es crucial tener en cuenta que los embarazos no deseados en nuestra región, a menudo están relacionados con trasfondos complejos, incluyendo casos alarmantes de uniones forzadas infantiles y abuso sexual. En este sentido, el acceso al aborto seguro y legal adquiere una relevancia fundamental en la atención de estas problemáticas, siendo un paso significativo hacia la restitución de los derechos y la autonomía de las víctimas”.

Develan placa de Ulises Nava en el memorial de universitarios ilustres

La hermana y la mamá del profesor de la UAG Ulises Salvador Nava, Fanny Nava Juárez y Gelacia Juárez, se abrazan frente a la placa develada en la explanada de Rectoría; las acompañan el rector electo de la UAG Javier Saldaña y el rector de la UAG Alfredo Romero Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y familiares del jefe del Departamento de Diversidad Sexual, Ulises Salvador Nava Juárez, asesinado hace 12 días en Aguascalientes, develaron la placa con el nombre del activista, en el memorial de universitarios ilustres ubicado en la explanada de la Rectoría.
El acuerdo para su inscripción en el memorial de universitarios destacados, fue aprobado la semana pasada por unanimidad en sesión del Consejo Universitario, junto a Rosalío Wences Reza, Rafael Bonilla Romero, Pablo Sandoval Cruz, Armando Chavarría Barrera y Cecilia Salas Vargas. Como parte del acto, izaron una bandera arcoíris y se pidió un minuto de aplausos en su recuerdo.
Encabezaron el acto el rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea; el rector electo, Javier Saldaña Almazán; la mamá de Ulises Nava, Gelacia Juárez; su papá, Salvador Nava, y sus hermanas, Grecia y Fanny, así como consejeros, funcionarios y académicos de la institución.
En su intervención, Saldaña Almazán recordó a Ulises Nava como un joven activo que abrazó su identidad y por quien la UAG abrió el Departamento de Diversidad Sexual y se implementó el cambio de género en los títulos académicos. Una iniciativa que nadie había impulsado.
Dijo que lo conoció cuando el joven estudiaba la preparatoria y lo acompañó en su crecimiento profesional, hasta su muerte, afuera de un museo en Aguascalientes, donde se celebraba el Primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de la Cuota Arcoíris en México.
Aseguró que tenía pase directo a su oficina de Rectoría. Como anécdota, recordó que un día le pidió que le ayudara a que le dieran su título y dio instrucciones para resolver el problema, donde resultó que el documento estaba traspapelado.
Aclaró que sin importar condición o diferencias, la de los universitarios es “a todas, todos y todes”. Que todos los funcionarios se quiten la arrogancia para servir.
“Eso platicamos con el doctor Olea, por eso hemos hecho equipo hace más de 10 años y vamos a seguir manteniendo la estabilidad con inclusión”, indicó.
Destacó que pese a su juventud, Ulises Nava siempre estuvo para la comunidad LGBT y será dificil reemplazarlo. Llamó a sus compañeros a seguir apoyando a los jóvenes que, muchas veces, desde sus hogares son más frágiles por ser difrerentes.
Dijo que la diferencia no es condición para quitarle la vida a nadie, “no hay rencor más grande para quitarle la vida a alguien. Yo creo que la muerte de Ulises no debe quedar impune y debe haber justicia”.
Señaló que este reconocimiento es un acto de hermandad, de amor entre universitarios, y llamó a seguir trabajando de manera conjunta, para mejorar las condiciones de inclusión.
En la sesión extraordinaria del viernes 21 de julio, el Consejo Universitario acordó enviar una carta a la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, para demandar el esclarecimiento del crimen, así como solicitar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que suscriba el documento.
El rector José Alfredo Romero manifestó que el asesinato de Ulises Nava “dolió, lesionó muchísimo el corazón de la familia universitaria”.
Reconoció “a las, los y les consejeros univertarios” por haber aprobado de manera unánime que el nombre de Ulises Nava quedara inscrito para siempre en el recuerdo de los universitarios.
“Me preguntaban que ¿por qué tan joven? Les comentaba que no es requisito la edad para ser recorado en este memorial, pues fueron los hechos que desarrolló no sólo en favor de los universitarios, porque sus acciones traspasaron nuestras fronteras. Llevó la solidaridad a la sociedad, fue representante de esta politica de universidad pueblo con inclusion social”.

 

Multan al alcalde Osiel Pacheco por violencia política de género; un monto ridículo: activista

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), sancionó al alcalde de Coyuca de Benítez, el morenista Osiel Pacheco Salas, junto con otros servidores públicos y funcionarios del Ayuntamiento, por violencia política en razón de género en contra de la regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.
En sesión pública, los magistrados declararon procedente la demanda porque quedó acreditado que no le permitieron el ejercicio de sus funciones negandole información, retuvieron sus pagos desde mayo de 2022, no dieron de alta al personal de su oficina, entre otros actos que constituyen violencia de tipo verbal, simbólica y económica.
La falta del alcalde fue calificada como “grave ordinaria”, y recibió multa de 10 mil 100 UMA, que equivale a 10 mil 374 pesos, y una amonestacion para  los demás infractores. Y motivó en redes sociales críticas de activistas políticas que consideraron muy baja la sanción, porque mencionan su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.
La presidenta de la Red por los Derechos Políticos de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, señaló que la sentencia no es proporcional con el daño causado a la víctima ni garantiza la reparación del daño en medidas efectivas, y pone en duda la imparcialidad del órgano jurisdiccional.
“Desde nuestro punto de víctimas esta  sentencia se debe impugnar y la Red ofreció acompañamiento a la víctima para ir a la siguiente instacia”, indicó vía telefónica.
El jucio del Proceso Especial Sancionador 03 de este año que promovió la regidora de Comercio y Abasto Popular contra el alcalde Pacheco Salas, el secretario de Gobierno, Víctor Hugo Catalán Díaz; la secretaria general, Silvia Talavera Organes; la síndica Procuradora, Romana Leonardo Apolonio; la directora del Jurídico, Yamireth Stephany Hernández Mazón, y la secretaria de Administración, Esther Ríos Soberanis, fue turnado a magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.
En el proyecto se acreditaron actos y omisiones que obstruyeron el ejercicio de su cargo como regidora, así como expresiones que implican violencia verbal, simbolica, económica y sicológica.
Señaló que el alcalde omitió a responder a las solicutudes de la denunciante sobre las finanzas de la administración, el número de empleados en nómina, de los laudos laborales, el presupuesto en el último trimeste del ejercicio fiscal de 2021, y el desistimiento de la demanda laboral de la secetaria de Servicios Públicos.
Asimismo, el secetario de Bienestar no le dio información de la demanda laboral de la secretaria Servicios Públicos, de varias actas de cabildo de 2021, y la copia del reglamento inrterno del Ayuntamiento; la sindica y la directora juridica también evadieron su responsabidad.
La Secretaría de Finanzas suspendió sus pagos desde mayo de 2022, el
El oficial mayor y el director de Recursos Materiales omitieron entregar material de papelería a su oficina y tampoco dieron de alta al personal. Además de que la denostraron con la intención de descreditarla ante los demás miembros del cabildo en el ánimo de no atender sus peticiones. En una sesión del cabil, el alcalde le dijo que su participación “era pura demagogia”.
El alcalde fue sancionado con una multa de 10 mil 374 pesos, el resto una amonestación, además de abstenerse de volver a denostar a la regidora y obstaculizar su función.  También tendrán que pagar su atención sicológica, cubrir los pagos y cuotas suspendidas hace un año, en un plazo de cinco días hábiles.

Débil sentencia: Red Guerrerense

En consulta, Muriel Salinas Díaz calificó como “débil” esta sentencia porque no garantiza medidas adecuadas de no repetición, por no establecer la inscripción de los infractores en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
En el supuesto de que tenga que hacerlo el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana, advirtió que los magistrados debieron establecer el tiempo que deben permanecer en el listado. No haberlo hecho, vulnera el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia.
“Este tipo de sentencias genera la duda respecto de la imparcialidad del tribunal, porque, aún cuando acreditan  la comision de estos actos de VPG, ninguna de las sanciones son equivalentes al daño causado, carecen de fuerza, de contundencia para tener un efecto de no repetición”.
Recordó que la reciente reforma a la ley electoral local se incorporó la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia de género, para evitar que ocupen un cargo público o por designación quien haya sido sancionado VPG contra las mujeres en razón de género, y la única forma de constatarlo es consultar Registro de Personas Sancionadas. “No incluiros, emite mensaje lamentable, parece que protegen al agresor”, denunció.
Además, señaló que el tiempo de permanencia en el registro, tendría que ser razonable, de uno o dos años, para garanizar el acceso a la justicia y reparacion integral del daño, para tenga efecto de exigibilidad la 3 de 3, y no tengan acceso a las candidaturas de la siguiente elección.
“Lo que ha ocurrido en algunas sentencias, donde sí se ordena la inscripcion, es que la permanencia de estas pesonas en el registro es de tiempo breve. Seguimos esperando del TEE que no les tiemble la mano y sean garantistas de la debida diligencia y del acceso a la jsuticia”
Señaló que estas sentencias deben observar también lo dipuesto en artículo 12 de Ley General de Victimas, en las fracciones segunda, sobre la reparación expedita. de manera proporcional y justa, “no lo vemos en esta sentencia”
Consideró “ridicula” la multa para el alcalde, “no es absoluto digamos reparadora del daño causado en cuanto a la violencia económica de la que fue víctima la regidora, aun cuando se le restituyan las pagos que le retuvieron ilegalmente”.

 

Reconocen a Sánchez Nava en la entrega en Los Pinos del Premio Nacional Carlos Montemayor

Familiares, amigos y compañeros de Guillermo Sánchez Nava, con él, el el Complejo Cultural Los Pinos, donde fue reconocido por su labor en favor de la izquierda mexicana Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Este domingo le fue entregado al luchador social y político de izquierda Guillermo Sánchez Nava un reconocimiento del Comité del Premio Nacional Carlos Montemayor, por su labor en la lucha en favor de la izquierda mexicana.
Acompañado de familiares, amigos y compañeros de lucha, el activista, también conocido como Sam, recibió el reconocimiento, además de aplausos y ovaciones de pie.
En el salón Adolfo López Mateos, del Complejo Cultural Los Pinos, se leyó la semblanza del dirigente estudiantil de la Universidad Autónoma de Guerrero a fines de los años 1970, fundador de la nueva Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y del PRD.
“Guillermo Sánchez Nava, Sam, por su vasta trayectoria de lucha, por su formación y principios, por sus ideales revolucionarios, es un referente en la lucha histórica de la izquierda mexicana y ha sido parte fundamental en el proceso de democratización de Guerrero y el país”.
Recordaron que el día en que Rubén Figueroa Figueroa tomó protesta como gobernador del estado, Sánchez Nava denunció violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano contra pobladores de la sierra.
“En 1975, el día de la toma de posesión del gobernador Rubén Figueroa Figueroa, Sam subió un equipo de sonido al edificio de la Rectoría, con el fin de denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que cometía el Ejército contra la población en la sierra de Guerrero; además, exigió la presentación de cientos de desaparecidos, acto que le costó una feroz persecución por parte de la temible brigada blanca y la policía judicial”, se dijo en el acto de reconocimiento.
Se informó que en 2011, un grupo de presuntos integrantes del PRI agredieron a Sánchez Nava, provocando un traumatismo craneoencefálico.
“Fue en 2011 cuando un grupo de priistas agredió brutalmente a Guillermo, hasta darlo por muerto, provocándole un grave traumatismo craneoencefálico. Aunque sobrevivió al bestial ataque, hasta estos días permanece cuadripléjico, sin ninguna función motriz. De estos hechos, el PRI y sus esbirros gozan de absoluta impunidad”.
A pesar de encontrarse en silla de ruedas, Sánchez Nava estuvo presente en la entrega del reconocimiento y su hija, Patricia Sánchez Carrera, ofreció unas palabras de aceptación del galardón.
“Su esposa e hijos le damos el agradecimiento a este comité organizador, por este reconocimiento que se le hace a mi padre, en vida. Mi padre fue un hombre de izquierda, un organizador de masas, un formador de cuadros políticos, un dirigente que siempre luchó por la unidad”, destacó Patricia Sánchez.
Indicó que en aquellos momentos en los que Guillermo Sánchez era perseguido por distintos grupos, a causa de su activismo, la familia también era afectada debido a que debían protegerse.
“La persecución no sólo fue para mi padre en estos tiempos, la persecución también fue para la familia. Mi madre nos cuenta que tenían que cambiar constantemente de domicilio, no podían salir como una familia, tenían que siempre andarse escondiendo”, relató.
En tanto que, debido a la condición de salud en la que se encuentra su padre, señaló que actualmente la familia vive un momento complejo, debido a los cuidados que se deben brindar a Sánchez Nava.
“Ahora, a la familia nos está tocando vivir una etapa difícil y complicada. Ésta no es de persecución, es una lucha día a día con mi padre, es de salud física, emocional y espiritual”, comentó.
Agradeció que se tomara en cuenta a su padre en el Premio Nacional Carlos Montemayor, pero cuestionó si todo el esfuerzo que realizó ha sido redituable. “El tenerlo en cuenta, para este reconocimiento Carlos Montemayor, por su trayectoria, nos llena de orgullo, pero también de reflexión, la pregunta es ¿valió la pena? ¿Valió la pena tanto sacrifico? Una y otra vez me pregunto eso y no hay respuesta”, dijo Patricia Sánchez.
De igual forma, pidió a la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda que exhorte al Congreso local para que brinde una pensión vitalicia a Sánchez Nava, para costear medicamentos y tratamiento.
Señaló: “Que se le pudiera otorgar una pensión vitalicia, creo que ya es tiempo. Hemos peregrinado 12 años, entonces desde aquí pedimos y solicitaremos a la gobernadora de Guerrero que mande una iniciativa al Congreso del Estado, para que se le otorgue una pensión vitalicia y pueda seguir con sus medicamentos y el tratamiento que necesita”.
Los galardonados con el Premio Nacional Carlos Montemayor 2023 son la luchadora social Josefina Martínez, el director del periódico ¿Por Esto?, Mario Menéndez Rodríguez, el periodista Luis Hernández Navarro y el antropólogo Leonel Durán Solís; y un reconocimiento a la sobreviviente de la guerra sucia, Silvia Valdez García; el luchador social José Manuel Alapizco Lizárraga y de manera póstuma a Alberto Guillermo López Limón y Efraín Calderón Lara.

 

Pondera activista la ley 3 de 3, que implica “muerte civil y política” a agresores de mujeres

Daniel Velázquez

La activista Yndira Sandoval Sánchez destacó que la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres es para dar “muerte civil y política” a los hombres violentos en el servicio público, pero las llamó a denunciar, porque sin ello no se podrá actuar contra los agresores.
La ley establece que quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres o sean deudores alimentarios, tendrán suspendidos sus derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público. Con la ley se busca garantizar que todo ciudadano que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los alimentos de los menores.
Sandoval Sánchez dio ayer en la Universidad Americana de Acapul-co la conferencia La Reforma Fe-minista que está Transformando la Democracia Mexicana en la que convocó a las mujeres a defender la reforma constitucional que se logró, “porque a cada avance de las mujeres hay una resistencia del patriarcado para que no avancemos”.
Y dijo a las mujeres que la reforma aprobada no es una ley contra los hombres sino contra los agresores.
En su intervención también alertó que la reforma no debe usarse como guerra sucia en las campañas políticas para quitar adversarios y se debe vigilar que quien haga señalamientos contra un agresor tenga en cuenta el respeto a los derechos humanos de las víctimas.
“La 3 de 3 no quiere acabar con la carrera política, administrativa, judicial de nadie. No es cacería de brujas ni le hacemos la chamba a nadie y menos la chamba sucia”.
“Que (la ley) sea un gran muro de contención, que sea un filtro de contención, de confianza y no una coladera cómplice, porque tan culpable es el que haya cometido un delito como el que le abra la puerta y lo postule y le dé el boleto para que participe y entre al poder. Tiene que ser sancionado el partido que lo postule, la instancia gubernamental que lo contrate o aquel gobernante que le dé un nombramiento directo”.

La factura se cobra en urnas

Sandoval narró que para lograr la reforma tuvieron que presionar a los diputados que planeaban enviarla a la congeladora en el Senado.
Contó que en la Cámara de Diputados la reforma se aprobó en marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer y “todo mundo se pone moños violetas, naranjas, rosas y ‘bravo, bravo’”. Pero la envió un escrito al Senado donde manifestaban su inconformidad con el dictamen y pedían que lo mandaran a la congeladora.
Dijo que las activistas pasaron 40 horas en el Senado en medio de la disputa de los senadores del PRI-PAN-PRD que tomaron la tribuna, y se aprobó por unanimidad la noche del 28 de abril, y la protege de cualquier impugnación. Ya fue avalada por 31 Congresos estatales, aunque eran necesarios 17.
Agregó que el siguiente reto es que la reforma avance para replicarse en otras áreas de la vida pública, para que los agresores tengan vergüenza, y destacó que la reforma es única en el mundo y por eso van a impulsar que se incluya en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Un parteaguas

En declaraciones a reporteros, destacó que la reforma ya está vigente y deberá aplicarse en el proceso electoral de 2024, federal y local.
Recordó que la 3 de 3 colocó la linterna para que violadores no fueran gobernadores y ahora establece que ese escrutinio deberá pasar por lo municipal, estatal, federal y órganos autónomos.
Precisó que para que se haga efectivo el derecho los acusados tienen que tener una sentencia firme por tanto ahora corresponde al Tribunal Superior de Justicia sancionar omisiones de quienes intencionalmente dilaten un caso de violencia, y ahora corresponde armonizar las leyes con la reforma aprobada que va dirigida a todos los que reciban un salario del erario.
Yndira Sandoval es la defensora de los derechos de las mujeres que en septiembre de 2017 fue agredida sexualmente por una agente en los separos de la policía de Tlapa, y por ese abuso en junio de 2021 las autoridades del municipio le dieron una disculpa pública.
En la conferencia estuvo acompañada por la dirigente de Nueva Izquierda en Guerrero, Azucena Salazar Pineda y la directora académica de la UAA Carolina Jaspe López. Y asistieron las diputadas locales Gabriela Bernal Reséndiz y Julieta Fernández Márquez y la ex diputada Guadalupe Gómez Maganda.

 

Ejecutan en Iguala a funcionario de Salud estatal; también era activista de Morena

El jefe de Recursos Humanos de la Jurisdicción Sanitaria Norte, de la Secretaría de Salud estatal, Jorge Isaías Ávalos Montalva, fue asesinado a balazos la noche de este martes en su casa de la colonia Magisterial, al poniente de la cabecera municipal de Iguala.
En una esquela publicada en su cuenta personal de Facebook, donde dio su pésame a familiares y amigos, la gobernadora ofreció el compromiso para solicitar que “estos condenables hechos se esclarezcan y no queden en impunidad”.
El ataque a balazos contra el funcionario de la secretaría de Salud, ocurrió poco después de las 10 de la noche en este asentamiento ubicado al poniente de la ciudad, cerca de la carretera federal a Ciudad Altamirano.
En un primer momento se informó de una persecución a balazos a bordo de su automóvil, pero más tarde fuentes policiacas dieron a conocer que los agresores llegaron a la casa del funcionario y luego de salir cuando tocaron a la puerta, le dispararon en al menos ocho ocasiones.
Los agresores huyeron y sus familiares lo metieron a la casa, pero cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja, se informó que ya había muerto a causa de las heridas.
Jorge Isaías, de unos 40 años, era esposo de la ex directora del Conalep 112 de Iguala, Priscila Rivera, destituida en febrero pasado luego de protestas de trabajadores. Los dos eran parte del grupo político de Morena Toritos de Guerrero, que coordina Celeste Salgado, hermana de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
“Para la familia de nuestro compañero y amigo Jorge Isaías Ávalos Montalva, envío mis más sentidas condolencias y les expreso mi compromiso para solicitar que estos condenables hechos se esclarezcan y no queden en impunidad”, condenó Salgado Pineda. (Redacción / Chilpancingo).