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Entregan los abogados de Nestora los exhortos de reposición de procedimiento a los jueces de Tlapa

Los abogados de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado García, Sandino Rivero y Amanda Rivero presentaron los exhortos en los juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con las declaraciones preparatorias de la procesada, tras ordenarse la reposición del procedimiento que solicitaron hace semanas.
Los abogados dijeron que desde la perspectiva legal y jurídica hay elementos para que se le dicte un auto de libertad, pero serán los jueces quienes lo determinen.
Se espera que lleven a la libertad de Nestora Salgado estos nuevos procedimientos, que se siguen tras la anulación de los anteriores el pasado 23 de febrero con el argumento de que no se respetó su derecho a la asistencia consular, dada su nacionalidad doble, mexicana y estadunidense.
Sandino Rivero dijo que entregaron las declaraciones de Salgado García de la noche del jueves 25 y la madrugada del viernes 26 de febrero en el Juzgado Penal  67 de la Ciudad de México, y que acudieron a entregarlas porque no se habían remitido directamente.
Su intención al dejarlos es agilizar el proceso al reponerse el procedimiento penal que se le sigue por secuestro.
Agregó que una vez entregados los documentos corre el término de  144 horas para que se defina la situación de Nestora  Salgado, y se le dicte auto de libertad o de formal prisión, por lo que acudirán para saber lo que se dictamine de las tres causas penales que se le siguen en los dos juzgados.
Dijo que es un avance que se hayan regularizado las tres causas penales y ordenado la reposición del procedimiento, porque le dio a Nestora una oportunidad  que le habían negado desde que le dictaron el auto de formal prisión.
Mencionó que hay tres causas penales y órdenes de aprehensión  que no le han notificado, y que espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo haga y al hacerlo a ella le tomarán su declaración nuevamente, habrá un desahogo de pruebas y careos.
Consideró que en la semana será notificada para que inicie el término constitucional, porque no hacerlo los mantiene en la incertidumbre. Pidió legalidad y que les notifiquen, o que la Fiscalía se desista por falta de pruebas.
Dijo que lo que retrasaba los procedimientos es que  se pedía ampliación de los supuestos ofendidos y los careos, sin embargo desde que Nestora llegó a la Ciudad de México en  ningún momento se presentaron los ofendidos a carearse con ella y ni ellos como defensores podían ampliar las declaraciones, eso retrasaba los procedimientos y no se respetaba el derecho a la igualdad y la contradicción.
Aclaró que lo que el Ministerio Público en su momento  desahogó en la etapa de averiguación previa  nunca fue de conocimiento de Nestora, “hasta ahorita seguían siendo pruebas todas las acusaciones  sin que ella tuviera la oportunidad hasta el momento de contradecir lo que decían los ofendidos, y eso retrasaba las causas penales”.
Comentó que como defensores de Salgado García y ella, saben que es un asunto creado en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, que no pudo resolver Rogelio Ortega  y es un problema heredado a Héctor Astudillo Flores, pero “es algo que puede resolver si así lo quiere, claro cada quien apegado a su ámbito de competencia y dictar auto de libertad”.
La entrega de los documentos

Los abogados llegaron a los juzgados a las 12 del día, buscaron al primer secretario de acuerdos del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Morelos, Bartolo Guevara, y le entregaron la documentación.
Después se trasladaron a la Oficialía de Partes con el titular Javier Escamilla Ortega, quien recibió los escritos. Aquí está la causa penal 05/2014.
Luego fueron al juzgado Segundo Penal a la Oficialía de Partes, pero antes fueron a su vehículo y sacaron un gran  legajo  de documentos, alrededor de 11 tomos que entregaron a la Oficialía con Antolín Leyva Rivero, que contienen las declaraciones de Salgado García que serán analizadas por la jueza María Celia Fernández Suárez. En este juzgado se lleva la causa penal 196/2013-I y 48/2014.
La entrega de documentos concluyó cuando les firmaron y sellaron los oficios que llevaban y preguntaron en cuántos días se emitirá el auto de formal  prisión o libertad, y les dijeron que podría ser entre del sábado 5 al lunes 7 de marzo.
Los abogados mencionaron que estarán el próximo lunes en esta ciudad para conocer los resultados.

Recorren comunitarios de Rincón de Chautla pueblos para buscar criminales; no los hallan

 

Policías comunitarios de Rincón de Chautla, Chilapa, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) recorrieron una parte de su zona de influencia para evitar que grupos de la delincuencia entren a sus comunidades.
“Trabajamos con los pueblos y para los pueblos, donde el pueblo manda la autoridad obedece. Exigimos respeto y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”, se leyó en un comunicado en una conferencia al concluir el operativo en las inmediaciones de Rincón de Chautla.
Dieron a conocer que a las 6 de la mañana inició un recorrido por los caminos, veredas, cerros y cuevas de las comunidades de Ayahualtempa, Zacapexco, Rincón de Chautla, Alcozacan, Xicotlán, Acahuehuetlán y Tula, que son el 40 por ciento de su territorio.
El recorrido de vigilancia de la Policía Comunitaria que está integrada por 18 pueblos de Chilapa y José Joaquín de Herrera, se da a una semana del inicio del Operación Chilapa en la que participan 3 mil 500 soldados y 200 policías estatales y federales para combatir a grupos de la delincuencia organizada, anunció el gobernador Héctor Astudillo Flores la semana pasada.
Al finalizar los comandantes informaron que no encontraron a ningún integrante de algún grupo delictivo y los coordinadores anunciaron que programarán un segundo recorrido por las comunidades restantes para que su territorio esté “limpio” y agregaron que hace 4 o 5 días, observaron luces en un cerro.
Comentaron que tras la Operación Chilapa los militares han recorrido la zona pero les han dicho que esas comunidades están resguardadas por sus policías comunitarios por ello los soldados no han intentado desarmarlos.
Aseguraron que hay precencia militar en la región en las comunidades de Hueycantenango y Zelocotitlán, y en la comunidad de Xolotepec los soldados estuvieron la semana pasada.
En una conferencia después del recorrido, uno de los integrantes de la CRAC leyó un pronunciamiento en el que indicó que su Policía Comunitaria tiene pleno conocimiento que el gobierno federal está persiguiendo a los dos grupos delictivos que operan en el municipio de Chilapa.
“La Policía Comunitaria tiene una estructura apegada al reglamento interno y no comparte ideas con grupos delictivos ni con los policías comunitarios (autodenominados) por la Paz y la Justicia”, dijo en referencia al grupo de pobladores que tomó la ciudad de Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015 y que tras su salida vecinos de la cabecera denunciaron que 16 personas habían desaparecido.
En el pronunciamiento se dijo que los dos grupos delictivos que operan en La Montaña baja (en referencia a Los Rojos y Los Ardillos) no pueden ocultar los hechos ocurridos en mayo de 2015 ni los homicidios y secuestros que han hecho aunque se quieran cobijar en la conformación de supuestos policías comunitarios y ciudadanos.
“Recordamos al gobierno municipal, estatal y federal que la actuación de la Policía Comunitaria de la CRAC es legal y legítima, la ley reconoce su función como actos de autoridad. Tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados”.
“Trabajamos con los pueblos y para los pueblos, donde el pueblo manda la autoridad obedece. Exigimos respeto y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.

Solicita el FDP a la ONU un pronunciamiento de medidas cautelares para ocho activistas

El Frente de Defensa Popular (FDP) solicitó en la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pronunciamiento para que el gobierno de México otorgue medidas cautelares a ocho activistas nahuas incriminados en delitos graves, de los municipios de Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango).
La dirigente Clemencia Guevara Tejedor dijo que este jueves los integrantes de esa organización presentaron el escrito en la sede de la Ciudad de México porque en Guerrero no han encontrado eco a su petición, y temen que los activistas sean asesinatos en el clima de violencia que existe en la zona de la Montaña baja, o terminen en prisión como la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González.
Consultada en el mitin de la Jornada Nacional de Lucha que convocaron dos organizaciones y sindicatos en la Ciudad de México, la líder social aseguró que los militantes del FDP no son delincuentes, sin embargo cuatro integrantes de la comunidad de Rincón de Chautla fueron detenidos y ocho de San Jerónimo Palantla tienen órdenes de aprehensión por homicidio.
Se trata de cuatro de los cinco detenidos por la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como sospechosos del ataque armado a una Urvan en Chilapa, donde fueron asesinados un comisario, un consejero de la Casa de Justicia y tres mujeres.
Clemencia Tejedor indicó que buscaron atención en el gobierno del estado y se entrevistaron con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero las autoridades no prestaron atención a su preocupación.
Este jueves a las 8 de la mañana se manifestaron frente a la oficina de la ONU en la colonia Polanco, entregaron un oficio y esperan una respuesta.
Dijo que ella también tiene una orden de aprehensión por despojo de un terreno en un lugar conocido como Campo de Aviación en el municipio de Chilapa, que ocuparon comerciantes y artesanos hace 12 años y es propiedad del gobierno del estado. Los comerciantes fueron desalojados y la propiedad ahora está en manos de un grupo de narcotraficantes, aseguró.
Por otra parte dijo que la Ley 701 da facultades a los pueblos originarios para organizarse pero cuando luchan por sus derechos las autoridades los llaman delincuentes.
Pidió que se revise la situación de todos los involucrados y se dicten medidas de protección a los representantes del FDP en Guerrero.
El Frente de Defensa Popular participó en el
plantón del Zócalo de Chilpancingo por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y en la Ciudad de México pidió a la ONU que se pronuncie por la seguridad de los activistas que están haciendo labor social en Guerrero.
Dijo que el FDP es parte del Frente Popular Francisco Villa siglo XXI, que se manifestó contra las reformas laborales y educativas, la caída del poder adquisitivo, en apoyo a los presos políticos y por la presentación con vida de los normalista de Ayotzinapa.
Del hostigamiento al FDP recordó que hace dos años la Policía Federal entró a su casa en Chilapa y el año pasado les quitaron una camioneta.

Solicita el alcalde de Ometepec a la CRAC de Cochoapa que deje de operar en la cabecera municipal

El coordinador de la Casa de Justicia de Cochoapa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) afín a Eliseo Villar Castillo, Rolando Romero informó que el alcalde perredista de Ometepec, Omar Estrada Bustos solicitó a la organización que deje de operar en la cabecera municipal.
Vía telefónica el coordinador dijo que el alcalde sostiene su exigencia en quejas y solicitudes de la población, pero manifestó que contrario al argumento del alcalde, comerciantes y vecinos que han sido víctimas de la delincuencia acuden a solicitar apoyo a la organización.
Agregó que buscan desde hace un mes una reunión con el alcalde, pero no hace caso a la solicitud, y reiteró un llamado al diálogo. Expuso que en Tlacoachistlahuaca hay coordinación con las autoridades del Ayuntamiento para la seguridad en las comunidades y la cabecera.
Dijo que desconoce el reingreso de las comunidades de Xochistlahuaca a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. El domingo, representantes de la Policía Comunitaria de Xochistlahuaca solicitaron en asamblea su reincorporación, en desacuerdo con los representantes de la Casa de Justicia de Cochoapa.

Tronarán una carretera si el gobierno no halla al desaparecido, advierten en Zotoltitlán

El martes en la noche en una asamblea en la comunidad nahua de Zotoltitlán, del municipio de Mártir de Cuilapan, se acordó dar un plazo de tres días al gobierno del estado para que encuentre al campesino Antelmo García, desaparecido el 20 de enero.
También se acordó quitar dos retenes rumbo a Apango, sólo mantendrán el que está rumbo a la comunidad La Esperanza.
La noche del martes los vecinos acordaron que si en estos tres días el gobierno del estado no encuentra al campesino desaparecido, “tronarán” (es decir, destruirán) la carretera de Zotoltitlán a La Esperanza, que une las cabeceras de Apango y Zitlala, por donde entran los grupos de la delincuencia organizada.
Ayer se sintió una tensa calma en Zotoltitlán y se observó que quitaron los dos retenes en la entrada del pueblo que instalaron el domingo sobre la carretera a Apango.
La Policía Estatal y Municipal en tres patrullas, dos de la primera corporación y una de la segunda, recorrieron el pueblo y la carretera Apango-Zotoltitlán.
Vecinos del poblado informaron que en la mañana vieron sobrevolar dos helicópteros, mientras que la Policía Estatal con perros amaestrados recorrió los cerros en busca del campesino, pero hasta las 8 de la noche no tenían resultados.
El campesino Antelmo García desapareció el 20 de enero después de que salió a las 11 de la mañana de su casa al campo.
Los vecinos lo buscaron desde el jueves 21 con el apoyo de campesinos de La Esperanza, sin conocer su paradero.
El domingo 24 de enero los vecinos armados con escopetas, machetes y palos instalaron retenes en las entradas y salidas de Zotoltitlán, porque creen que el campesino desaparecido sigue retenido cerca del pueblo.
Ese día auxiliados por la presidenta municipal del partido Movimiento Ciudadano, Felícitas Muñiz Gómez, presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, y el lunes la alcaldesa se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien le ofreció el respaldo del gobierno estatal para localizar al campesino e intervino para que se reuniera también con el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
Por la intervención del gobierno estatal el martes en la noche unos mil vecinos se reunieron en la comisaría municipal y acordaron quitar los retenes que mantenían en la salida del pueblo rumbo a la cabecera municipal, y dar un plazo de tres días a partir de ayer para que el gobierno encuentre al campesino desaparecido.
En caso de no tener resultados volverán a tomar medidas, una de las propuestas es “tronar” el tramo de la carretera La Esperanza-Zotoltitlán.
La Esperanza es una comunidad del municipio de Mártir de Cuilapan, se encuentra en un punto intermedio entre Zitlala y Zotoltitlán.
Ayer los habitantes se mantuvieron reacios a hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Sin embargo algunos vecinos a condición de que no fueran citados como fuente, dijeron que, “los chicos malos están llegando a hacer males a la comunidad”, ya que son desplazados de los municipios de Chilapa y Zitlala, “y aquí no los vamos a dejar llegar”.
Antes de la desaparición del campesino Antelmo García el 20 de diciembre, el campesino Barrios Cuatzinque fue hallado degollado a orillas de la carretera, lo que fue una alerta para los vecinos de La Esperanza, Hueyitlalpan y Zotoltitlán del municipio de Mártir de Cuilapan.

El desaparecido es activista por la conformación de una policía comunitaria

El desaparecido es un activista que desde hace un año participa en la conformación de una policía comunitaria, pero los vecinos no habían decidido si incorporarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Sus vecinos dicen que, “es un señor tranquilo y sin vicios, que se dedica a chambear en un invernadero de jitomate que tiene cerca de la comunidad”.
El Ayuntamiento informó que 34 policías estatales a bordo de seis patrullas participan en la búsqueda del campesino, así como agentes municipales en una patrulla.
La fuente municipal confirmó que la mañana de ayer sobrevolaron dos helicópteros del gobierno del estado para sumarse a la búsqueda de Antelmo García, y al mediodía elementos de la Policía Estatal con perros amaestrados recorrieron los cerros cercanos, pero hasta las 8 de la noche no tenían resultados.

Exige el coordinador de la CRAC de San Luis Acatlán a diputados que respeten la Ley 701

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Abad García García exigió a los diputados locales que respeten la decisión de los pueblos originarios, y que las modificaciones de la Ley 701 no sean regresivas y en contra del sistema comunitario.
Consultado por teléfono luego de que los diputados locales aprobaron (con el voto en contra de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez) una prórroga hasta el 15 de marzo del 2017 para que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y otras leyes secundarias se adecuen a la nueva Constitución del estado.
Dijo que los diputados locales deben respetar la Ley 701 tal y como se encuentra, y si hacen cambios que sean para mejorar y no para restringir los derechos de los pueblos indígenas, que desde hace 20 años mantienen un sistema comunitario que ha funcionado y ha dado resultados en garantizar la seguridad y la paz en las comunidades y municipios donde opera.
Reiteró que la CRAC defenderá la Ley 701, y llamó a los diputados locales a respetar las decisiones de los pueblos originarios que participarán en foros a finales de febrero, porque son ellos quienes tienen la última palabra como comunidades y no los legisladores.
El domingo en la Asamblea Regional de la CRAC en San Luis Acatlán, los representantes acordaron defender la Ley 701 que los reconoce como sistema de seguridad en el estado y llamaron a la unidad con otras organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Suspenden la ampliación de la declaración de Gonzalo Molina; no hubo traductor del náhuatl

El juez Séptimo de Distrito suspendió la audiencia para la ampliación de la declaración del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina González, porque no había un traductor del náhuatl.
El abogado del promotor de la CRAC, Hegel Mariano Ramírez informó que al iniciar la audiencia de Molina González dijo que pertenece al pueblo indígena y es miembro de la Policía Comunitaria, entonces el juez determinó suspender la audiencia para no violentar sus derechos.
Gonzalo Molina aclaró que entiende el español, pero pidió un traductor del náhuatl para rendir su declaración, “no vayan a ordenar una reposición de procedimientos”.
Dijo que la causa penal 59/2013 en la que lo acusan de terrorismo ya se han desahogado las pruebas, sólo quedan pendientes algunos interrogatorios de los policías municipales que no han sido localizados, “a uno ya lo encontramos y está pendiente otro, pero se está haciendo la revisión”. El abogado no precisó cuándo se reanudará la audiencia para la ampliación de la declaración del promotor de la CRAC del barrio de El Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina.
El 27 de agosto de 2013 policías comunitarios de Tixtla tomaron el Palacio Municipal, y cuando llegaron al inmueble se pelearon con policías municipales, al punto de que miembros de ambas corporaciones se apuntaron con sus armas.

Llama la asamblea de la CRAC a unir fuerzas con organizaciones como la UPOEG para defender la Ley 701

En la Asamblea Regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los representantes acordaron defender la Ley 701 que los reconoce como sistema de seguridad en el

estado y llamaron a la unidad para su defensa, además fue votada la convocatoria para la renovación de los coordinadores y comandantes regionales de la organización.
Ayer unos 200 integrantes de la CRAC: comisarios, comisariados ejidales, consejeros, comandantes regionales, delegados y policías comunitarios, de 34 comunidades de la Costa Chica y Montaña se reunieron en una terreno cercano a la casa de Justicia de San Luis Acatlán, donde la asamblea llamó a unificar fuerzas con otras organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para la defender la Ley 701.
Durante la asamblea que inició a las 11 de la mañana y terminó poco antes de las 6 de la tarde, intervino el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo y dirigente del partido Morena, Rubén Cay

etano, quien advirtió que hoy los diputados del Congreso local propondrán en la sesión extraordinaria la ampliación un año más de la vigencia de la Ley 701, para poder hacer foros de consulta y cambios en su estructura.
Señaló que la ampliación del plazo de la Ley no garantiza que subsista y afirmó que pone en riesgo el sistema de justicia como la CRAC que es reconocida como parte del Sistema de Seguridad en el estado.
El también asesor de la diputada de Morena, María de Jesús Quintero, indicó que la Ley no requiere cambios en su estructura, sino que los diputados deben realizar una reforma al artículo primero, para que la Ley 701 no quede en un vacío legal, como lo propuso la diputada de Morena.
Afirmó que el argumento de los diputados para realizar cambios a la Ley 701 es la integración de las comunidades afromexicanas asentadas en el estado. Sin embargo señaló que los diputados pretenden que en el año de ampliación se realicen foros de consulta para cambiar la estructura de la Ley. Sostuvo que para las comunidades afromexicanas se pueden realizar leyes propias.
“Si se amplía el plazo, van a tener tiempo de meterle mano (a la Ley), el objetivo es la autoridad comunitaria. El ampliarlo no garantiza que subsista la Ley 701”, y podrían hacer desaparecer a los sistemas de justicia comunitaria” como CRAC, sostuvo.
El presidente de la mesa de debates, S

abás Aburto Espinobarros, informó de la integración de una comisión para representar a la CRAC como asociación civil en la defensa de la Ley 701, que será integrada en una asamblea extraordinaria. La asamblea conformada por los representantes comunitarios acordó un plan de acción para la defensa de la Ley, que incluye un foro a finales de febrero para abordar el tema.
Los comisarios y delegados en sus participaciones llamaron a reforzar el compromiso para lograr juntar el mayor número de firmas para defender la Ley en el Congreso del Estado. Además de unir fueras con las organizaciones como la Policía Ciudadana de la UPOEG porque el objetivo que existe es común. Durante la asamblea no se abundó en el tema porqu

e los propios integrantes de la CRAC señalaron que el tema se había aborda

do con anterioridad. No obstante se llamó para que los representantes llevaran la información a sus pueblos y que la gente tenga mejor información.
En la reunión se acordó mandar un extrañamiento al Congreso del Estado por no haber integrado a la diputada de Morena a la Comisión Permanente, porque ha sido la única que ha defendido la Ley 701.
En la asamblea por mayoría de votos fueron reintegradas las comunidades de Tlaxcalistlahuaca, San Luis Acatlán; Chapultepec, Marquelia; y las comunidades de Plan de Pierna, Guadalupe Victoria, Colonia Luis Donaldo Colosio, Los Lirios, pertenecientes al municipio amuzgo de Xochistlahuaca.
Durante la participación unos diez  integrantes de las comunidades del municipio amuzgo manifestaron que por irregularidades cometidas en la Casa de Justicia de Cochoapa, Ometepec, que dirigía Eliseo Villar Castillo (preso desde el 30 de abril del 2015) la dejaron.
Además denunciaron que en Xochistlahuaca la alcaldesa priista, Aceadeth Rocha Ramírez, impuso a comisarios afines a ella en las comunidades, lo que ha provocado división entre los pobladores, y reiteraron que en el caso de Guadalupe Victoria, a ellos los eligieron más de 600 personas en una asamblea comunitaria.

Acuerdan reducir periodo de sus dirigentes

En la asamblea por votación unánime se aprobó la reducción del periodo de los coordinadores, comandantes y consejeros regionales de tres a dos años en los cargos, además por mayoría de votos fue acordado que las comunidades reintegradas a la Casa Matriz no tendrán el derecho a proponer representantes.
La propuesta de modificación la hizo el ex asesor Valentín Hernández Chapa y el ex coordinador Pablo Guzmán Hernández se sumó a su propuesta para que el periodo sea más corto, bajo el argumento de que la carga laboral es muy grande y para evitar vicios en los coordinadores.
También se votó para que sean cinco los coordinadores regionales y no tres como actualmente está. Otra de las propuestas f

ue la integración de hasta ocho coordinadores regionales.
El llamado entre los comisarios y delegados insistentemente fue para que en los pueblos sean nombradas personas con honorabilidad y evitar integrantes como el ex coordinador Villar Castillo, fracturen y causen divisiones en la organización. La asamblea de cambio de autoridades será el 21 de febrero.

Presentan resultados de una investigación de robo de autos y homicidio

En la reunión por mayoría de votos se decidió la expulsión de la organización de Demetrio Rendón Flores porque no cumplió sus funciones en la comisión de la investigación a Edilberto Rosas Clemente y Jaime Rosas Álvarez detenidos el 16 de enero del 2015 a quienes se les comprobó robo de vehículos, asaltos y el asesinato de una persona.
Además se aprobó por unanimidad la detención del integrante de la CRAC para su reeducación de Guadalupe García Piza, por no entregar los documentos de la investigación. En el lugar se esperaba la llegada de un representante de la Fiscalía General del Estado, pero no llegó.
En la asamblea se dio lectura a la investigación realizada por la CRAC y se mostraron las pruebas como placas de los carros robados, la ropa de una de las víctimas que fue asesinada, además de los testigos y dos víctimas quienes acusaron y reconocieron a los dos delincuentes.

Las autoridades comunitarias recriminaron que la Fiscalía del Estado haya solicitado la liberación de las dos personas cuando existen pruebas sustentadas que los incriminan en los hechos delictivos. Llamaron a la autoridad a respetar a la institución de justicia que representan, porque cuando la Fiscalía actúa la CRAC es respetuosa, y recordaron que existe un convenio de respeto y colaboración.
En la reunión fueron acusados los policías municipales, los elementos de Protección Civil, Tránsito municipal y la Policía Ministerial de cómplices con la delincuencia, pues no detuvieron a los delincuentes cuando éstos siempre se trasladaban en un vehículo sin placas, contrario lo que pasaba con la población que era revisada de manera rigurosa.

Le quitan las medidas cautelares a la hija de Nestora Salgado; “temo por mi vida”, declara

 

La hija de Nestora Salgado García, Saira Rodríguez Salgado denunció que el 15 de diciembre de 2015 la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), le quitó las medidas cautelares.
“Temo por mi vida, por las condiciones de violencia que hay el estado”, dijo, y denunció que constantemente recibe amenazas.
Consultada vía telefónica, Rodríguez Salgado explicó que le quitaron las medidas cautelares de protección desde diciembre porque argumentaron que ha disminuido el nivel de riesgo, sin embargo, las autoridades “no toman en cuenta el peligro por ser hija de Nestora, además de la situación crítica que se vive en Guerrero”.
Dijo que tenía resguardo de policías federales.
La hija de Nestora consideró que necesita las medidas cautelares federales porque así no puede salir de Guerrero, “es un modo del gobierno porque quiere aplacar la lucha para que liberen a mi mamá, prácticamente no podré salir de Guerrero”.
Agregó que es urgente que le regresen las medidas cautelares de protección por la inseguridad del estado, principalmente en la región de La Montaña, ya que el camino es inseguro y en esa zona han levantado a varios vecinos, incluso el presidente municipal de Olinalá, Saúl Apreza Patrón fue secuestrado.
Dijo que sólo tiene medidas cautelares en el estado pero no puede salir a otras partes de la república, y que insistirá ya que es la única hija de Nestora Salgado.
Agregó, “yo hago responsable de mi integridad física a la Junta de Gobierno”.
Además desde hace un año ha recibido amenazas, “me dicen que le baje a las críticas, que no sé en lo que me estoy metiendo”.
Por otra parte informó que el 25 de enero habrá una visita colectiva en el penal de Tepepan, a donde acudirán artistas para brindar apoyo moral a Nestora.