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La CRAC y la UPOEG acordaron impulsar que se ratifique la Ley 701, informa Martínez Veloz

 

El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz se reunió con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones sociales, acordaron impulsar la ratificación de la Ley 701 del estado de Guerrero, de derecho y cultura indígena.
En declaraciones telefónicas el funcionario federal indicó que el asesor César Flores Maldonado lo comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores vía telefónia, con quien acordaron programar una reunión con ambas organizaciones de seguridad.
De la reunión el viernes en Barra Vieja con ambas organizaciones, Martínez Veloz dijo que acordaron trabajar juntos para apoyar la ratificación de la Ley 701 como punto de partida, para que “quede consolidada como un instrumento de regulación del trabajo y de los derechos indígenas en Guerrero”. Indicó que se busca incorporar otros derechos excluidos del texto legal, y que tienen que ver con los derechos universales de todas las comunidades indígenas.
El segundo punto es apoyar la resolución del Tribunal Federal Electoral en donde se establece que en Ayutla se utilizara el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades, sin la intervención de los partidos.
El otro acuerdo es apoyar los procesos de remunicipalización, “en los municipios o comunidades donde existan las condiciones para realizarse”.
Martínez Veloz indicó que es “la base primera de un acuerdo que quizás en el futuro pueda ser más amplio”.
Comentó que las organizaciones solicitaron su intervención para un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo que “permita encontrar una ruta de encuentro para lograr concretar los acuerdos y construir una relación sólida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Dijo que en la reunión estuvieron Pablo Guzmán de la CRAC y Bruno Plácido de la UPOEG, el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro y Marcos Matías, entre otros.

 

Se reúnen la CRAC y la UPOEG con Martínez Veloz; les preocupa que se derogue la Ley 701

 

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y promotores de la creación de municipios indígenas y afromexicanos, se reunieron con el comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz para construir una agenda común.
El exdiputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro habló del encuentro que se celebró en la Ciudad de México y se hizo público debido a una fotografía publicada en redes sociales, donde aparece con el funcionario federal, el consejero de la CRAC Pablo Guzmán Hernández y el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, entre otros.
Vía telefónica dijo que fue un acercamiento breve a fin de construir una agenda común entre organizaciones del estado de Guerrero. El primer punto de coincidencia, dijo, es la preocupación de que la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura Indígena sea acotada o derogada en el proceso de armonización, que debe concluir en abril.
Agregó que es causa común de la CRAC y la UPOEG trazar una ruta de trabajo para que las modificaciones de la ley no afecten el espíritu original de la legislación, al contrario, exigen que sea más amplia en derechos, que incluya a los pueblos afroguerrerenses y acorde a la constitución mexicana.
Informó que quieren acompañar y defender el proceso que impulsó la UPOEG para que la elección por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los Libres sea una realidad, y se siente un precedente para replicarlo en otros municipios indígenas.
Añadió que seguramente van a surgir otros temas que se van a incorporar a la agenda, con un grupo más amplio de organizaciones, y buscar la interlocución con el congreso estatal y el gobernador, que tienen competencias y obligaciones con los pueblos originarios.
Del comisionado informo que ofreció su respaldo, más que como funcionario, como hombre comprometido con la lucha y con las causas del movimiento indígena.
De Jesús Alejandro recordó que Martínez Velóz en 1994 integró la primera comisión de concordia para impulsar la paz digna en Chiapas, y fue actor fundamental en las negociaciones del gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para que se firmaran acuerdos de paz y se redactara la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz.
Martínez Veloz también fue interlocutor de la federación en el primer intento de regularizar a las policías ciudadanas de los grupos de autodefensa en municipios de Costa Chica en 2013, que luego se adhirieron a la UPOEG. La iniciativa se frustró cuando los pueblos de Tecoanapa retuvieron a militares en la comunidad El Pericón.
De Jesús Alejandro informó que también estuvo una representante del Grupo Plural, de los cafetaleros de la Luz de la Montaña, promotores activos de nuevos municipios indígenas y afros, y el asesor de la Cámara de diputados, Marcos Matías Alonso.
Adelantó que van a convocar a otros actores del estado para hacer causa común por los pueblos indígenas, en otra reunión de acercamiento este viernes en Guerrero.

Se forma la Policía Comunitaria en Alpoyeca de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán

En la cabecera municipal de Alpoyeca  integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán tomaron protesta al grupo de policías comunitarios que resguardarán esta población ubicada en la subregión de la Cañada.
El grupo que rindió protesta como policía comunitaria se integra de 22 elementos  de la comunidad, en  la cancha de básquetbol del barrio de San Diego con la presencia de comunitarios de Olinalá, Huamuxtitlán, Ahuacuotzingo y de San Luis Acatlán.
El coordinador de Enlace de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro, habló de la importancia de la creación de la policía y cómo los comunitarios surgieron ante los robos, extorsiones, violaciones y secuestros y la falta de apoyo de las autoridades “que al final son cómplices de la delincuencia”.
Dijo que los que iban a rendir la protesta “están limpios” y, si no, podían engañar ahora, pero con el tiempo todo se sabe y si andan en cosas ilícitas serían castigados con el mismo sistema de justicia comunitaria por lo que los llamó a trabajar de manera limpia y lograr la seguridad.
Que trabajen con el reglamento y la ley 701 que los ampara y no ceder a la presión del gobierno y la delincuencia que son los mismos y no porten sus armas alcoholizados.
Los llamaron a que no jueguen las armas y que siempre que las porten lo hagan en grupo “porque nos respetan armados en grupo, solos no”, dijo uno de los comunitarios.
Les dijeron que respeten a sus superiores porque muchas veces “unos quieren ser más que otros” y si hay diferencias internas las resuelvan para que perduren.
Un comunitario de Alpoyeca dijo que se conforman porque había intentos de violación en la comunidad, reportes de robos y cuando había detenidos  los dejaban salir por una multa ante la corrupción existente en las autoridades y por eso ellos tienen el derecho de defenderse.
La toma de protesta fue por el consejero Felipe y el asesor Valentín Hernández.
El consejero Felipe Claudio Sánchez  dijo que la CRAC-PC da la seguridad a gente que el gobierno está obligado a brindar y no cumple  porque en todo el estado y país hay violencia e incremento de la delincuencia y por eso ejercen el derecho a la seguridad y a organizarse para defender al pueblo.
Remarcó que al ser elegidos por la ciudadanía son honestos y los llamó a tener en cuenta el reglamento interno ya que  las armas y el uniforme que llevan son para cuidar a las niñas, los ancianos y que ellos no harían daño y que es un trabajo de 24 horas.
Los llamó a no salirse de su territorio comunitario “no vayan a meterse donde no hay, esos son delitos”.
Valentín  Hernández mencionó que deben realizar asambleas para validar la ley 701 que pierde su vigencia el 15 de marzo y que el gobierno pretende no reconocer y están proponiendo que los quieren ver como policía que detiene y entrega a la personas sin ver que el sistema de justicia comunitario es amplio donde los pueblos reeducan a los delincuentes y por eso es necesario hacer una consulta antes de esas fechas para exigir la vigencia de la ley.
Los policías comunitarios de esta región leyeron un documento que entregaron a los enviados de la Casa de San Luis en que piden conocer a todos los coordinadores y saber qué comunidades pertenecen al sistema de justicia,  que los capaciten y conozcan el reglamento y les digan si tienen relación con otras policías comunitarias o ciudadanas y que se prepare un encuentro regional con quienes la integran.
Además, que se generen recursos propios para que no dependan del gobierno y puedan mantener el sistema de justicia.
En la asamblea estuvieron delegados de la cabecera municipal de Alpoyeca, Antonio Pardo, Vicente Policarpo, el presidente de los Bienes Comunales, Artemio Ortiz, el del Consejo de Vigilancia, Francisco Arroyo Palacios, y los integrantes  Margarito Medina, Lucas Cortés y Eugenio Quiroz.
La reunión regional  de la CRAC-PC será el próximo 12 de febrero en la comunidad de San Jerónimo Palantla del municipio de Chilapa.

 

 

 

La UPOEG surgió con prácticas contrarias a la Policía Comunitaria indígena: CRAC

 

El ex coordinador y actual consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán Hernández rechazó que haya sido por “celos” de un “grupo radical” que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército que se dio la separación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la CRAC, como declaró Bruno Plácido Valerio en entrevista para El Sur el martes pasado.
Guzmán Hernández, quien en el 2013 era coordinador de la Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán, cuando la UPOEG formó una autodefensa que ahora es la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), aclaró que el grupo armado que formó Plácido Valerio en Ayutla, fue desconocido como Policía Comunitaria de la CRAC porque no se apegó a los requisitos, y porque tenían “prácticas inusuales” contrarias a la institución indígena.
El martes Plácido Valerio declaró a El Sur que la separación que se dio con la CRAC el 5 de enero del 2013, cuando surgió lo que ahora es la Policía Ciudadana, fue por “celos” de un grupo “radical” de la CRAC que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército.
“No es exactamente como él lo dice. La división se dio porque ellos no se apegaron a los procedimientos formales de la CRAC para incorporar comunidades y para el nombramiento de autoridades, cuando se conformó la Casa de Justicia (de Ayutla), respondió Guzmán Hernández.
Entrevistado por teléfono declaró, “no sé a qué grupo radical se refiera” pero recordó que fueron los policías de la UPOEG los que enfrentaron al Ejército en la comunidad El Pericón, municipio de Tecoanapa, en agosto de 2013. Mientras que el Ejército a quienes reprimió fue a los de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, en referencia a las detenciones de Nestora Salgado, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y más de 30 autoridades y policías comunitarios de esa casa.
Mencionó que uno de los primeros problemas por los que se dio la división fue que el actual comandante de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande se auto nombró comandante regional, y que sin recibir órdenes de las autoridades, que son los coordinadores, empezó a detener gente.
“Después colocó retenes con encapuchados, que son prácticas inusuales de la CRAC”, dijo el consejero, quien hace cuatro años fungía como vocero de la casa matriz.
Añadió que los de la UPOEG levantaron actas supuestamente de incorporación de las comunidades a la CRAC, pero eran actas que no se levantaban en asambleas públicas, “cuando el requisito es que si una comunidad se incorpora primero se le tiene que dar la suficiente información, las obligaciones y los derechos que tienen al incorporarse a la CRAC, y de manera pública levantar el acta de decisión”.
Informó que usaron formatos que llenaban sin que se cumplieran los requisitos, “ellos traían su propia dinámica”.
Recordó que cuando se pretendía constituir la Casa de Justicia de la CRAC en el municipio de Ayutla, la asamblea estaba programada para la comunidad de Ahuacachahue, pero la gente se dio cuenta que la UPOEG pretendía elegir una dirección “a modo”, con gente nombrada por ellos y no por las comunidades, se cambió la sede a La Concordia, a donde asistieron 23 de 26 comunidades.
Recordó que en esa reunión se nombró a los coordinadores y comandantes de la Casa de Justicia que ahora está en El Paraíso, municipio de Ayutla, y que a partir de entonces, “ellos (los de la UPOEG) tomaron otro rumbo y ya no estuvieron presentes en esa asamblea”.
En la entrevista con Bruno Placido, éste declaró que las entonces autoridades de la CRAC los desconocieron como miembros de esa institución indígena, cuando se armaron el 5 de enero de 2013 en Ayutla.
Al respecto Pablo Guzmán dijo que se trató de un comunicado en el que la CRAC aclaró que la UPOEG no pidió la opinión ni la autorización para surgir y actuar como Policía Comunitaria, y que comenzaron a actuar encapuchados a pesar de que en declaraciones Plácido Valerio aseguró que se trataba de la CRAC.
Añadió que en el comunicado la CRAC aclaró que ante las acciones de la delincuencia los ciudadanos tenían que buscar una salida, y que “estaba bien esa acción, pero que no éramos nosotros”.
Dijo que esa fue otra situación que les molestó y que cree que esa es “la razón fundamental” por la que la gente de la UPOEG se separó definitivamente de la CRAC.
–¿Entonces no es real que existía en la CRAC un grupo radical que pretendía la confrontación con el gobierno y el Ejército?
–Yo no lo ubico, no sé a qué grupo radical se refiera. Salvo que se refiera a Arturo Campos (el promotor de la CRAC en Ayutla actualmente preso). Pero quienes se confrontaron con el Ejército fueron ellos en El Pericón y como represalia el Ejército en lugar de tomar medidas en contra de ellos, lo hizo en contra de la gente de El Paraíso, cuando eran otros los que generaron la confrontación con el Ejército.

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En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.

Los expulsados de la CRAC presos en la capital, Eliseo y Adelaida “están muy mal”, dice la CNPA

 

El integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Héctor Muñoz Guzmán informó que acudió al penal de Chilpancingo con un representante de la Unidad de Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a constatar las condiciones en las que se encuentran los coordinadores de la Policía Comunitaria en la Costa Chica expulsados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, de quienes dijo que física y psicológicamente “están muy mal”.
El representante de la agenda nacional en derechos humanos de la CNPA agregó que están en total desatención las familias de los seis policías comunitarios que murieron en el enfrentamiento contra policías estatales el día de la detención, el 30 de abril de 2015, porque ante organismos de derechos humanos y dependencias estatales no son considerados víctimas.
En consulta telefónica a un año ocho meses de la detención ambos están presos en el penal de Chilpancingo.
Muñoz Guzmán contó que en diciembre visitaron el penal para corroborar el estado físico y psicológico de los reclusos. Adelaida se dedica a la limpieza en ese lugar, mientras que Eliseo se dedica a hacer hamacas.
Dijo que el encuentro duró cerca de 2 horas, además les aplicaron un cuestionario que está siendo evaluado por la Segob para determinar su intervención en el caso, para ver si pueden alcanzar su libertad anticipada.
Resaltó que Eliseo Villar cuenta con 49 averiguaciones previas y Adelaida Hernández está involucrada en 21, ambos por secuestro, robo, sabotaje, motín, lesiones, privación ilegal de la libertad y allanamiento.
De la visita detalló que “Eliseo cuando fue detenido fue golpeado, fue torturado y esas cuestiones, cuando lo llevaron al penal federal entonces él refiere que tiene problemas en la vista un poco y de la columna, que tiene un dolor de espalda”. Sin embargo no le han dado atención médica, que es lo que espera que atienda la Segob.
“Los conocí antes de que los recluyeran, o sea como miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Sicológicamente están muy afectados, imagínate ser policía y acabar en la cárcel, desde ahí para ellos es un impacto muy fuerte, y la otra es la forma en la que se ha dado este encarcelamiento, no ha sido para nada de esto, de rehabilitación social no tiene absolutamente nada, a ellos los detuvo el Ejército, desde ahí era ilegal el asunto”, denunció.
Dijo que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no los reconoce como víctimas ni a las seis familias de los seis policías asesinados, Modesto Alberto Sánchez Cruz, Pascual Mier Bautista, Erick Manuel Paniagua Bernal, Antonio Martínez Hernández, Bertín Villanueva y Fulgencio Baltazar Suástegui. Dijo que algunos dejaron hasta cuatro hijos que viven en el abandono y la pobreza, y que de una de las familias es notoria su desnutrición.
Relató que el 19 de octubre la asesora jurídica de la CEEAV Everarda Pineda Andraca en una reunión le entregó el oficio P012-2016, que supuestamente le hicieron llegar desde julio del que dijo no tenía conocimiento, ahí le informan que no pueden atender a las familias ni a los presos como víctimas.
Entonces le expuso enfrente de las viudas que también estaban en la reunión que les dijera qué se podía hacer, y que le contestó déspota que nada, le insistió que así como estaba el expediente no se podían reconocer como víctimas.
“Mediante el artículo 46 de la ley número 694 de víctimas vigente en el estado de Guerrero, para el reconocimiento de las víctimas el juzgador penal mediante sentencia ejecutoria debe hacerlo, y evidentemente no lo van a hacer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha sido completamente omisa”, reprochó.
La CEEAV dicen que ese reconocimiento en todo caso se los tiene que hacer el juzgador penal, el juzgador en materia de amparo, el Ministerio Público (MP), la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos o los organismos internacionales.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

Libera la CRAC a cuatro hombres que tenía retenidos en Malinaltepec

El gobierno estatal informó la liberación de cuatro hombres retenidos por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en la comunidad de Paraje Montero, del municipio de Malinaltepec, en la región de la Montaña.
En un comunicado la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (Saica), encabezada por Gilberto Solano Arreaga, dio a conocer el hecho, sin embargo no se precisó cuando ocurrió la retención, las razones por las que la Policía Comunitaria retuvo a esas personas, ni los acuerdos que se lograron para su liberación.
Se informó que los retenidos se llaman Sebastián, Gabriel, Óscar y Raciel, no se aclaró de dónde son originarios.
“Gracias al diálogo franco y abierto que sostuvo Gilberto Solano con autoridades de la comunidad y la CRAC, Sebastián,  Gabriel, Óscar y Raciel podrán reunirse con sus familias para celebrar estas fechas tan especiales”, se lee en el boletín.
El funcionario llamó a que resuelvan sus conflictos por la vía del diálogo pues “crear mayores problemas” desgasta “el tejido social de los pueblos originarios”.
La dependencia informó que la negociación se inició por instrucciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y que participaron representantes de Paraje Montero y de la Policía Comunitaria de la CRAC.

Liberan a los tres policías de la CRAC retenidos en Chapultepec, Azoyú; fueron agredidos

 

El coordinador regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia matriz, Joaquín Rentería Guevara informó que el comandante y los dos policías comunitarios retenidos tres días por vecinos de Chapultepec, municipio de Azoyú, fueron liberados la tarde del viernes.
El miércoles en la tarde los tres integrantes de la Policía Comunitaria fueron retenidos en la comunidad de Chapultepec cuando acudieron a dejar notificaciones a dos grupos de ejidatarios en conflicto por el cierre de un callejón. La CRAC informó que los vecinos iban encabezados por Hermenegildo Alvarado Nazario.
Ayer en la noche el coordinador regional informó que los tres integrantes de la CRAC fueron liberados y que se encuentran en San Luis Acatlán, de manera breve indicó que los policías comunitarios fueron agredidos a golpes y también verbalmente.
El viernes la CRAC informó que liberó al ejidatario Valentín García Guzmán acusado por las autoridades ejidales de la comunidad de Chapultepec, de impedir el paso por un callejón y que se midiera su terreno para ampliarlo. Las autoridades pidieron apoyo a la organización para solucionar el problema.
Rentería Guevara indicó que en una próxima asamblea se definirá cómo procederá la CRAC contra las personas que retuvieron a los policías comunitarios, y si será bajo el sistema de justicia comunitaria o en el Ministerio Público.

 

Libera la CRAC a un hombre que cerró un callejón en Azoyú; siguen retenidos tres comunitarios

Jacob Morales Antonio

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán informó que ayer fue liberado el ejidatario, Valentín García Guzmán, acusado por las autoridades ejidales de la comunidad de Chapultepec, Azoyú, de impedir el pasó por un callejón y que se midiera su terreno para ampliarlo.
No fueron liberados los tres policías comunitarios retenidos por hombres encabezados por Hermenegildo Alvarado Nazario.
A las 10 de la mañana de ayer en la Casa de Justicia Matriz se hizo una reunión entre las partes. Las autoridades ejidales solicitaron la intervención de la CRAC luego de que García Guzmán cerró un callejón y se negó a que las autoridades ejidales hicieran una nueva medición de su terreno para poder ampliar el callejón.
Las autoridades también exigieron un pago al demandado de 35 mil pesos, argumentando que es el gasto hecho por la oposición del señor García Guzmán a la ampliación del callejón.
Además fue asentado en el acta de acuerdo de la cual El Sur tiene una copia que García Guzmán se compromete a llamarle la atención a su nuera, hija del señor Hermenegildo Alvarado Nazario, quien amenaza e insulta a las autoridades ejidales y a los vecinos.
Mientras el acusado García Guzmán solicitó pleno reconocimiento de las autoridades ejidales de su terreno. También se acordó la prohibición de la caza del venado en los terrenos ejidales para su venta, y sólo se puede hacer para el consumo. Al término de la reunión el señor fue liberado por parte de la CRAC, comprometiéndose a cumplir lo establecido en el acta de lo contrario será enviado al proceso de reeducación comunitario.
Consultado por teléfono, el consejero de la CRAC, Valentín Hernández informó que hasta la tarde de ayer los vecinos de Chapultepec encabezados por Alvarado Nazario no habían liberado a un comandante y a dos policías comunitarios que fueron retenidos desde el miércoles por la tarde en la localidad de Chapultepec, cuando iban a dejar los oficios de notificación para la reunión que se hizo ayer.