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Deja 15 casas destruidas un incendio en Tierra Colorada; eran para los damnificados por Manuel en 2013

 

Ayer, 15 casas que fueron construidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para damnificados por la tormenta tropical Manuel en 2013, fueron destruidas totalmente por un incendio forestal, cerca de los ejidos Plan de Lima y Papagayo, en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada).
Fuentes de la Secretaría de Protección Civil estatal informaron que a las 4:10 de la tarde recibieron un reporte de que en la comunidad de Papagayo había un incendio en las casas para damnificados por la tormenta Manuel.
Brigadistas de la dependencia y vecinos hicieron los trabajos para sofocar el fuego, que dejó 14 viviendas con daño total, una parcial y otra que fue destruida por los brigadistas como técnica para sofocar el incendio.
Las fuentes dijeron que en el predio cerca de la comunidad de Papagayo, había 29 casas construidas por parte de la Sedatu y que serían entregadas a los damnificados.
Más tarde, fuentes de Sedatu informaron que “ese predio está en desuso, (porque) la (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) Profepa, lo calificó como no apto para edificar viviendas, por ello, sumando al error en el método constructivo, el fraccionamiento habrá de edificarse en una nueva ubicación”.

 

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Marchan en la capital organizaciones sociales, cierran el Cecyteg y se plantan en Casa Guerrero

Unos 300 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón afuera de Casa Guerrero para pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Entre sus demandas está la indemnización para los vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, justicia para la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada, Rocío Mesino Mesino, respuesta a los mineros de Taxco que llevan 9 años en huelga, atención para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y la presentación con vida del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia.
También la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia al asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.
Rechazaron la reforma educativa y exigieron la destitución del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero.
Subrayaron que el motivo de salir a la calle a manifestarse es para exigir en conjunto sus demandas. En Casa Guerrero integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) los esperaba en la puerta uno.
El contingente iba encabezado por un carro con sonido por el cual reiteraron sus demandas. Además portaron lonas de sus organizaciones.
Mediante el micrófono los manifestantes externaron su rechazo a las reformas estructurales como la reforma educativa y la reforma al sector salud, señalaron que el gobierno en lugar de dar más apoyo a la educación o al campo habla de reducción de presupuesto.
“No podemos continuar así, nosotros debemos pedir estar de una manera estable con seguridad social, con educación. Imaginen cada uno de estos hechos, nosotros somos ciudadanos, también a parte de que somos trabajadores, vivimos en este lugar y pagamos impuestos. Tenemos derecho del libre tránsito, derecho o a exigir todo lo que nosotros estamos remunerando al estado”, pronunció una profesora.
Exigieron que el gobierno del estado encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores se sentara con ellos en mesas de trabajo, para analizar sus demandas y darles solución.
Cuando el contingente llegó a las oficinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) en la avenida Lázaro Cárdenas, exigieron que los trabajadores desalojaran las instalaciones.
Pidieron la destitución del director de la institución Jaime Carmona Huerta porque les hace retenciones salariales en nómina para pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) préstamos que solicitan, sin embargo el Cecyteg no está haciendo los pagos, por lo que tienen adeudos y padecen de acoso laboral.
Cuando comenzaron a salir los trabajadores se escucharon las consignas: “¡Fuera, fuera por corruptos! ¡Estamos hartos!”.
“Precisamente en esta dirección general hay mucho recurso desviado, aquí hay mucha gente que aparece en nómina y que no tiene un techo financiero, sin embargo ese techo financiero lo toman de los trabajadores de base a los cuales no se les dan las prestaciones”, acusó un profesor.
Los manifestantes cerraron el portón de las instalaciones, colocaron una cartulina y el contingente siguió su trayecto a Casa Guerrero.
Del edificio salió el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, quien dijo a los manifestantes que vería para cuando les programaban una reunión.
La Dirección Colectiva acordó que no se sentarían a dialogar con ningún funcionario porque no resuelven sus demandas, que sólo lo harían con Héctor Astudillo.
Presentaron las calcomanías que pegarán en los parquímetros como muestra simbólica de clausura, ante el rechazo de la población. La calcomanía dice “lo exige el pueblo, no al parquímetro, no a la basura”. Como ejemplo colocaron las primeras calcomanías en el que está afuera de la puerta uno del edificio.
Después, como a las 4:45 de la tarde llegó el secretario particular del gobernador, César Armenta, para programar una cita con el gobernador para este martes, le pidieron que les firmara un documento con el compromiso pero no quiso pero los comunicó telefónicamente con Astudillo Flores.
El gobernador les dijo que con “humildad política” se comprometía a reunirse con ellos el martes a las 10:30 de la mañana. Los manifestantes aceptaron y cerca de las 5:30 de la tarde terminó su protesta.
La Dirección está conformada por organizaciones como los mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), la Universidad Pedagógica Nacional, vecinos del Nuevo Balsas y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP).

Toman damnificados por Manuel la caseta de La Venta; piden entrega de viviendas y apoyo

Damnificados por la tormenta tropical Manuel tomaron la caseta de La Venta y dieron el paso libre por casi tres horas, para exigir la entrega de 80 viviendas a familias, además de reclamar al gobierno del estado 4 millones 700 mil pesos de proyectos para el campo.
A las 11:40 de la mañana, unos 150 damnificados de los municipios Juan R. Escudero, Tixtla y Acapulco, además de ejidatarios de Icacos, tomaron la caseta y dieron el paso libre a los automovilistas, transporte de carga y autobuses, para exigir la presencia de las autoridades del estado y que una comisión fuera atendida en Chilpancingo.
En declaraciones, el secretario estatal de la organización Alianza Ciudadana Democrática (ACD), Wildler Pita Navarrete, informó que 80 familias de las comunidades de Papagayo, Juan R. Escudero y Acatempan, en Tixtla, y de Kilómetro 38, Kilómetro 21 y Los Órganos de San Agustín, de Acapulco, seguían sin ocupar las casas ofrecidas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Además de que no han recibido 4 millones 700 mil pesos para proyectos del campo, que fueron solicitados en tiempo y forma a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado.
Por la tarde, el también integrante de ACD, Demócrito Flores Sonduk, informó que el gobierno del estado liberó 200 mil pesos de los proyectos para el campo.
Al mediodía, el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, llegó a la zona de la protesta y los damnificados le reprocharon que cada vez que dialogan sólo les promete que lo resolverá pero no cumple los acuerdos firmados.
Después, en una reunión improvisada y de forma privada, los damnificados y el delegado platicaron y, según lo informado por Flores Sonduk, una vez más el funcionario les prometió acelerar la construcción y entrega de las casas. En el caso de la comunidad de Papagayo, finiquitar la compra del predio para la reubicación.
Al lugar llegó el delegado de Gobernación federal, Juan Moreno Barrios, que advirtió a los manifestantes que si no retiraban su protesta serían desalojados, lo que no pasó.
También llegó el delegado regional de Gobernación, Osiel Morales Nava, quien pidió a los manifestantes retirarse de la caseta para que una comisión fuera recibida en Chilpancingo.
Después se informó que en la mesa de diálogo en Chilpancingo, el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado, atendió a tres representantes con quienes programó otra reunión el próximo martes.
A las 2:36 de la tarde, los inconformes se replegaron a un costado de la caseta, y a las 4:26 de la tarde se retiraron, luego de la reunión y acuerdos en Chilpancingo.
Durante la manifestación permanecieron entre 15 y 19 patrullas de la Policía Federal en la zona, además acudieron dos patrullas de estatales y dos de municipales.
Los ejidatarios de Icacos que se sumaron a la movilización demandaron al gobierno federal la entrega de los predios expropiados y ocupados por Pemex, la Sedena y el Centro de Convenciones.

 

 

El 90% de casas para damnificados en El Nuevo Capricho, Ometepec, tienen grietas, denuncian

Pobladores de la comunidad de El Capricho, en el municipio de Ometepec, denunciaron que al menos el “90 por ciento” de las 117 viviendas que destinó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para El Nuevo Capricho tienen grietas en las paredes y techos, filtraciones de agua y fallas técnicas en el suministro de los servicios básicos, y “las puertas se están cayendo”.
El comisario de El Nuevo Capricho, Víctor Osorio Flores denunció que desde abril el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello se comprometió a acudir al poblado para corroborar las fallas de las casas y brindar una solución, “sin embargo, no acudió al pueblo, y cuando fuimos  a sus oficinas argumentó que no hay presupuesto para construir las 27 casas (restantes) y arreglar los desperfectos”.
El comisario informó que al menos 27 familias viven en una zona de riesgo en El Capricho, mientras que la constructora encargada de la construcción de las viviendas se retiró tras alegar una millonaria deuda de la Sedatu.
Para finales de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto entregó las primeras obras de reubicación en El Nuevo Capricho, donde serían reubicados los damnificados de El Capricho afectados por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Manuel, con una inversión de mil millones de pesos.
En ese entonces, Peña Nieto felicitó a los pobladores que accederían a la reubicación  de la comunidad ya que la tormenta dañó viviendas, comercios y los campos de cultivo.
En una llamada el comisario denunció que las 27 casas restantes siguen sin construirse y las 117 viviendas tienen desperfectos considerables y riesgos de deslave ante las lluvias.
El comisario informó que, además de las casas que faltan en el predio, hay tres templos y una unidad deportiva pendientes de construir, los cuales el Presidente prometió en su visita a la comunidad.
Agregó que debido a la desatención de la dependencia federal, los pobladores solicitarán una audiencia con entonces titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, al no tener respuesta de la delegación estatal y para revertir los problemas. (Alfonso Marín Amezcua / Chilpancingo).

Acuerdan damnificados de Chilapa y gobierno comenzar el próximo lunes 267 casas que faltan

Vecinos de las comunidades San Marcos Majada de Toro, 3 de Mayo, Ocotito y Tierra Blanca del municipio de Chilapa, informaron que a casi tres años de las contingencias provocadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en septiembre de 2013, autoridades federales y estatales les dijeron que el próximo lunes iniciará la construcción de las 267 casas que faltan en el predio Loma de los Pinos, en Xicaixtlahuac, en donde serán reubicados.
El 7 de junio unos 100 damnificados de esas comunidades protestaron en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), en la capital, para exigir la conclusión de las 267 casas que faltan en el predio Loma de los Pinos, y tras una reunión con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, acordaron una mesa de trabajo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y con delegados de las dependencias federales involucrados en la construcción del fraccionamiento, la cual se llevaría a cabo la semana pasada, pero fue pospuesta en dos ocasiones.
Ayer al mediodía, una comisión de representantes de las comunidades se reunió con Héctor Astudillo Flores, Florencio Salazar Adame; el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello; el delegado federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona Omaña, y con representantes del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), y del Instituto Guerrerense de la Infraestructura, Física y Educativa (IGIFE), para agilizar y planificar la obra que está pendiente.
En Loma de los Pinos habrá 317 viviendas, de las cuales la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ya construyó 50 casas, a cargo por la empresa Grupo de Oro, además de un centro de salud, un preescolar, una primaria y una telesecundaria.
Por otra parte, el gobierno del estado emitió un boletín en el que dice que “el gobernador Astudillo también atendió las necesidades para coadyuvar en la reconstrucción de dos escuelas y un jardín de niños, así como diversos tramos carreteros que se encuentran en malas condiciones desde el paso de los citados fenómenos meteorológicos ocurridos en 2013”.
La reunión de ayer, que fue cerrada, duró casi dos horas. Al término se consultó al gestor de las comunidades, Carlos de Jesús Alejandro, quien informó que se acordó que la construcción de las casas que faltan se iniciará el próximo lunes, y que las autoridades se comprometieron a culminar los trabajos a finales de año.
Detalló que la Cdi construirá 50 casas y la Sedatu 57 durante la primera etapa, y que avanzarán en la construcción de acuerdo con las plataformas que se instalen en el terreno.
Respecto al kínder y la telesecundaria que están en obra negra, De Jesús Alejandro dijo que el Inifed y el IGIFE determinarán tras un diagnóstico el presupuesto para culminar esas obras, y que se prevé que serán unos 2 millones de pesos.
Recordó que a casi tres años de Ingrid y Manuel, los pobladores habitan en casas de madera, láminas obsoletas y cartón, a un costado del terreno donde serán reubicados  ante el temor de un posible deslave, pues esas comunidades fueron dictaminadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) como zonas de alto riesgo.
No obstante, aseguró que al menos 80 familias siguen viviendo en San Marcos Majada de Toro, porque no cuentan, “ni con las viviendas ni los servicios educativos y de salud operando donde serán reubicados”.
Agregó que en la zona donde habita la mayoría de pobladores, hay únicamente una cocina comunitaria y albergues provisionales que son usados como salones temporales de clases para al menos 600 niños.
De Jesús Alejandro enfatizó que las viviendas tendrán una inversión de alrededor de 130 mil pesos, que serán costeadas con recursos extraordinarios de los que dispondrá el gobierno estatal, la Cdi y la Sedatu, con presupuesto etiquetado para el rubro de vivienda en el ejercicio 2016.

No se puede reubicar a damnificados de la sierra de Chilpancingo en Coapanguito, dice la Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que las 578 familias que habitan en la comunidad de San Vicente y que solicitan trasladarse al predio Coapanguito, no podrán ser reubicados debido a que la comunidad no se registró en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) luego de las contingencias por Ingrid y Manuel en 2013.
El sábado, dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y representantes del comisariado ejidal de San Vicente, de la zona serrana capitalina, exigieron al Ayuntamiento la reubicación de las 578 familias damnificadas al predio nuevo en Coapanguito antes de reforestar el terreno Los Amates, donde se prevé que construirán el parque ecológico Nicolás Bravo.
Consultado vía telefónica para conocer el motivo del atraso en la reubicación de San Vicente, Armenta Tello detalló que la comunidad no forma parte del padrón de beneficiarios con cobertura del Fonden, pese a los desastres que causó la contingencia en 2013, y que por ello está clasificada con un subregistro en los programas de la Sedatu.
Explicó que la comunidad cuenta con un dictamen previo de Protección Civil (PC) estatal, sin embargo, para avalar la reubicación total se requiere de un nuevo diagnóstico del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de un análisis detallado del predio donde serían reubicados, “ya que debe haber las condiciones justificadas”, dijo.
Explicó que en la pasada administración el entonces delegado, Héctor Vicario Castrejón argumentó que esa comunidad serrana no se incluyó en el Fonden “porque no cumplía la condición de reubicación; nos argumentaron que el daño en esa comunidad fue anterior a Manuel e Ingrid, pero que si en las contingencias prevalecía esa condición, se debieron haber reubicado”.
Reiteró que de acuerdo con la postura de las autoridades de San Vicente, es necesario trasladar a las familias al predio de Coapanguito, por lo que es necesario emitir el dictamen del Cenapred para determinar si la reubicación es total o parcial.
Agregó que dicho diagnóstico ya fue solicitado a nivel federal y que el Cenapred hará una visita a la comunidad de Chicahuales y que posiblemente también dictamine las condiciones de San Vicente, aunque indicó que desconocía la fecha específica de los trabajos.
A Armenta se le preguntó si los pobladores tienen conocimiento del problema, y expuso que ha platicado con el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez, para analizar la posibilidad de que mediante otro programa se pudiera colaborar en la reubicación de la comunidad.
Reconoció que la exigencia de los pobladores es justificada, pues a casi tres años de las contingencias, siguen sin tener respuestas.
Mencionó que originalmente la comunidad estaba considerada para ser reubicada, esto de acuerdo con el ex presidente municipal priista, Mario Moreno Arcos, “pero por una razón que no se explica no estamos incluidos en el Fonden, así como Chicahuales”.
José Manuel Armenta agregó que en caso de que se traslade al pueblo de manera total, significaría el proyecto de reubicación más amplio después del fraccionamiento El Mirador, donde habitarán 598 familias.
No obstante, indicó que no hay un desacuerdo para reubicar a la comunidad, “conozco San Vicente, su tipo de suelo, con laderas inestables, pero habrá que diagnosticar la proporción, para conocer si el traslado es parcial o general”, expresó.

Veinte días después lleva Astudillo ayuda a damnificados de los vientos en la Montaña

Después de 20 días de haber sido afectados por los vientos y lluvias del pasado 8, 9 y 10 de marzo, los indígenas na savi y me´phaa recibieron ayer apoyos del gobernador Héctor Astudillo Flores, aunque muchas familias damnificadas no fueron contabilizadas.
El gobernador se comprometió a concluir las obras pendientes en el municipio de Malinaltepec, como escuelas y viviendas, luego de las afectaciones de la tormenta Manuel del 2013, y concluir la construcción del Ayuntamiento que fue demolido.
En el evento habló la presidenta de DIF, Mercedes Calvo, quien dijo a los asistentes que cuentan con ella y con el gobernador, y que tiene la autorización para continuar recorriendo los municipios y entregar despensas a las familias.
Por su parte, el gobernador explicó que no pudo estar el domingo pasado porque tenía que despedir a los turistas en Acapulco, pero que su equipo ha estado revisando los daños en la zona.
“Me siento muy complacido de visitar este pueblo y he estado pendiente de las comunidades que fueron dañados por los vientos y las lluvias”, dijo.
Anunció que les entregaría los apoyos que el presidente Enrique Peña Nieto ha enviado al estado, colchonetas, láminas, despensas, cobertores, kits de limpieza (jabón, cloro, cubetas y escobas) y que estará en esta comunidad las veces que sean necesarias.
También adelantó que en los siguientes meses será entregado el fertilizante de manera gratuita y que los productores ya no pondrán su parte, sólo el gobierno estatal y municipal pondrán el cien por ciento.
Agradeció al presidente municipal de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, y se comprometió a concluir las obras inconclusas, como las aulas.
Anticipó que apoyará para que la región tenga pronto la cobertura de telefonía celular para que los pueblos estén comunicados, y verá cómo apoyará con las viviendas junto con la Secretaría de Desarrollo Social.
Anunció que seguirá visitando La Montaña y que la próxima semana acudirá al municipio de Copanatoyac a entregar despensas.
Por su parte, el alcalde de Malinaltepec dijo al gobernador que no iba con reclamos y sí con propuestas concretas para combatir la marginación, y enumeró exigencias como pavimentación de carreteras, conclusión de la obra del Ayuntamiento, y centros de salud con equipo médico y medicinas a tiempo.
También solicitó apoyo a los productores de café, porque en el 70 por ciento del municipio los cafetales están dañados y el 80 por ciento de los campesinos dependen totalmente de la producción del café.
En cuanto a la educación dijo que le lastima que en las comunidades de Tilapa, Moyotepec, Unión de las Peras, la Lucerna y El Tepeyac estén las aulas inconclusas que inició el Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (INIFED), y le hizo un llamado porque hay niños —como en Tilapa— que reciben clases bajo el sol.

Pidió la señal de celular para que las comunidades estén comunicadas, y dijo que tienen muchas necesidades y que si reciben apoyo del gobierno las comunidades tomarán otras medidas, pero que le apuesta al diálogo.
En breve entrevista, el gobernador Héctor Astudillo pidió que no se desprestigie al estado de Guerrero, pues si bien hay problemas hay que enfrentarlos y se necesita la participación ciudadana para salir adelante.
Sobre el retraso de los apoyos a las comunidades respondió que se debió a que los materiales ape- nas llegaron de la federación a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), aunque el gobierno estatal ya había hecho lo propio con sus recursos.
De acuerdo con un boletín del gobierno del estado, ayer se entregaron 24 mil insumos distribuidos en 6 municipios para beneficiar a 93 comunidades, mediante el padrón que levantó Protección Civil del estado y el DIF estatal.
También se ofrecieron consultas médicas y atención del Registro Civil con el programa gratuito de aclaraciones y correcciones de actas.
También hubo queja de ciudadanos y autoridades, como el delegado de la colonia San Lorenzo, anexo de la comunidad de San Miguel El Progreso, quien se quejó de los llevaron con engaños porque personal del presidente municipal de Malinaltepec le entregó un oficio donde le indicaba que llevara a toda su comunidad a recibir láminas, despensas y cobijas.

Pero cuando llegaron al lugar le dijeron que no les entregarían los apoyos porque no se encuentran en la lista y que esperaran para ver si sobraban despensas.
Lamentó la falta de apoyos pues dijo que le sale más caro pagar 200 pesos de pasaje que las despensas que tal vez les entrega- rían, pero sólo si sobraban.

Otro vecino de la comunidad de Huehuetepec, del municipio de Atlamajalcingo del Monte, dijo que las láminas que entregaron no son suficientes porque hubo casas que se daña- ron totalmente y ocho placas no le ayudarán mucho.
Dijo que este municipio reportó 136 viviendas afectadas, lo que consideró una cifra irreal porque a su comunidad no llegó nadie para levantar el censo.
El lugar estuvo resguardado por policías municipales, estales y hasta policías comunitarios; hubo un gran número de asistentes por la cuota exigida a los seis municipios que recibirían los apoyos, aunque sólo fuera una despensa, un kit de limpieza o una torta.
Se observó que personal que entregó las despensas se reía de los indígenas cuando corrían de un lugar a otro siguiendo sus indicaciones para formarse; “pónganse aquí, no, mejor para acá, no, mejor del otro lado”, les decían.
Durante más de dos horas la carretera Tlapa-Marquelia fue cerrada al tránsito vehicular por el acto encabezado por el gobernador Héctor Astudillo.

Sigue parada la construcción de casas de damnificados en El Mirador, en la capital

Las obras para la construcción de viviendas para familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en el fraccionamiento El Mirador, al sur de la capital, siguen suspendidos debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) emitió una sanción porque la obra carece de un estudio de impacto ambiental.
Mientras tanto, un grupo de ingenieros civiles revisa las viviendas ya construidas y el terreno para verificar el riesgo, tras la denuncia de los beneficiarios de las casas ya entregadas ante la inestabilidad del suelo.
A dos años y medio de los daños provocados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, no han sido terminadas las mil 200 viviendas que se comprometió a construir la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para igual número de familias damnificadas, y por el contrario, las que ya fueron construidas están siendo valoradas por ingenieros encabezados por el universitario Roberto Arroyo Matus.
Consultados al respecto, los ingenieros se negaron a adelantar los resultados del trabajo, pues argumentaron que no están autorizados hasta que concluyan la revisión.
Mientras tanto, cientos de familias siguen en espera de que se les asigne su casa, pues de las mil 200 viviendas que se comprometió a entregar allí la Sedatu, a las familias damnificadas, sólo unas 300 han sido reubicadas.
Sin embargo, tras la denuncia del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, en el sentido de que las familias beneficiadas con las casas corren riesgo por la inestabilidad del terreno, se comenzó una revisión de las casas y del terreno, pero aún no se ha concluido el trabajo.
La denuncia también motivó que la Profepa suspendiera la obra, debido a que no encontró que se haya hecho un estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó la suspensión de la entrega de viviendas a las familias damnificadas, según fuentes oficiales de la dependencia.
En estas circunstancias, a dos años y medio de la devastación ocasionada por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, el resto de las casas que se construyen en ese predio podrían no entregarse, pues se ha determinado que el suelo no es factible para la construcción, según insistió el dirigente de la APPG Chávez Adame.
Y es que el predio en el que se edifican las casas para las más de mil familias afectadas por los fenómenos de 2013, presenta deficiencias, y corren el riesgo de deslaves y grietas que afecten a las familias, por lo que las casas ya no serán entregadas en ese lugar.
Actualmente están habitando sólo unas 300 familias de las mil 200 que serían reubicas allí, según informó inicialmente la Sedatu.
El dirigente cuestionó, que si tardaron casi tres años en construir las viviendas, entonces qué tiempo requerirán ahora para iniciar desde cero las casas para cientos de familias que perdieron sus hogares.
Mientras tanto, los vecinos que ya habitan algunas de las casas informaron que no tienen conocimiento de cuál es el siguiente paso de las autoridades luego del anuncio sobre la inestabilidad del predio. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Protesta de damnificados por Manuel en La Diana; exigen apoyo a la Sedatu

Unas 20 personas damnificadas por la tormenta tropical Manuel en 2013, se manifestaron en la glorieta de La Diana para exigir el apoyo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues han pasado más de dos año y no han recibido nada por parte de las autoridades.
Los manifestantes llegaron al medio día a la glorieta de La Diana, encabezados por su vocero Gregorio Nava Valenzo, con unas cruces de madera para hacer la representación de su Vía crucis. Ahí dieron varias vueltas a las glorieta para pedir la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El vocero Nava Valenzo dijo que estaba ahí porque el 9 de febrero tuvieron una reunión con funcionarios de la Sedatu y la Sedesol, quienes se comprometieron a dar una respuesta a su demanda y no lo han hecho.
Indicó que ya no quieren engaños, que quieren saber qué pasó con el apoyo; que saben que en todo el estado hay gente que vive la misma situación que ellos y no hay claridad por parte de las autoridades; que los apoyos fueron entregados de manera selectiva.