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Exigen a la SEG que se reinstale a dos profesoras que denunciaron anomalías

Caso del Centro de Maestros 1201 de Acapulco

El secretario de Organización –región Acapulco– de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Seccional Democrático del SNTE, Meinardo Román López Pachuca, pidió ayer al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, y al subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Esteban Espinoza Peza, la reinstalación “inmediata” de dos maestras del Centro de Maestros 1201, a quienes por denunciar “anomalías”, desde noviembre del año pasado docentes les han impedido el acceso a ese plantel.

López Pachuca en una visita a la Redacción de El Sur en esta capital expuso que desde noviembre las docentes del Centro de Maestros 1201 –ubicado en Acapulco– Gabriela Bernal Cotino y Leonor Meza Rivera, debido a una serie de “anomalías e irregularidades” que se estaban suscitando en ese plantel, hicieron la denuncia ante el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Esteban Espinoza Peza.

Las irregularidades que denunciaron las maestras encargadas de impartir cursos del Programa Nacional de Actualización Pedagógica (Pronap), fueron porque el Coordinador Regional del Centro de Maestros, Alfredo Torres Chávez “estaba otorgando cargos a personal sin considerar el perfil”, como fue el caso de una estudiante normalista a quien nombró coordinadora de bibliotecas.

El cargo fue impugnado por la maestra inconforme, Gabriela Bernal Cotino, y el subsecretario de la SEG, Esteban Espinoza Peza, le entrega un nombramiento a ella, dicho nombramiento ocasionó el descontento entre “los institucionales, al grado que le impidieron la entrada, junto con Leonor Meza Rivera”, a quien acusan de desviar recursos de un programa de gestión que coordinaba.

Tras prohibir el acceso a las dos maestras, según López Pachuca, ellas pidieron la intervención de las autoridades de la SEG, así como del Comité Ejecutivo Democrático del SNTE, cuyo acuerdo fue que el 7 de mayo de este año serían reinstaladas, pero “no fue así”.

López Pachuca, dijo que la “presión” hacia la maestra Gabriela Bernal se acrecentó el sábado pasado –cuando se reinstalaría– cuando pretendía comenzar el curso del Pronap, llegaron al plantel representantes del Coordinador Estatal de los Centro de Maestros, Jesús López Baza; el coordinador regional, Alfredo Torres; la representante sindical, Rocío López, para “amenazarla y advertir a los alumnos –profesores– que el curso que tomarían no tendría validez” para hacer puntos en carrera magisterial.

Debido a esta “constante persecución y hostigamiento” hacia las docentes, el también dirigente cetegista regional pidió al titular de la SEG y al subsecretario de Educación Media Superior y Superior que “se reinstale a las compañeras inmediatamente” y “debe de realizarse también una investigación profunda” de las acusaciones que se hacen en su contra.

No se retractará el Invisur de la denuncia ante el MP en contra de los precaristas

“Nos recibían con piedras y machetes”: López Salgado

 Asegura el delegado que se avisó en dos ocasiones a los invasores que debían salir del predio en Metlapil

 Karina Contreras

El delegado del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Alejandro López Salgado, dijo que “de ninguna manera” se va a retractar de la denuncia que interpuso por despojo contra los paracaidistas del predio de Metlapil, pues tiene que servir como “precedente a los líderes infractores que han utilizado la invasión de terrenos como su modus vivendis”.

En declaraciones telefónicas, López Salgado, informó que ayer acudió a la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojo para ampliar las declaraciones, y “perfeccionar” su denuncia por ese delito, la cual está bajo la averiguación previa Tab/V/073/2004.

A las 5 de la madrugada del martes, unos 500 agentes de las policías Motorizada y Judicial del Estado y de la Preventiva municipal, desalojaron a precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas propiedad de Invisur, ubicado en el poblado de Metlapil.

El desalojo violento dejó 26 detenidos, nueve heridos y una niña desaparecida, además de ocho golpeados, según informaron ambos bandos. El enfrentamiento duró una hora y hubo golpes, gases lacrimógenos y macanazos.

Se le preguntó si se justifica la violencia ejercida en el desalojo de los precaristas a lo que López Salgado respondió: “nosotros acudimos a notificar al predio en dos ocasiones, y fuimos recibidos de manera violenta con machetes y piedras. Se comportaron de manera agresiva y retadores”.

Dijo que “no va haber perdón” contra los invasores y se aplicará la ley contra los infractores “para que sirva como precedente a los líderes infractores que han utilizado la invasión de terrenos su modus vivendi”.

Al preguntarle si no es algo raro que en 19 horas le hayan dado entrada y ejecución a su demanda en el MP, cuando hay varios predios invadidos a los que la dependencia no les hace caso, el funcionario dijo que “no puedo opinar por los demás. Yo puedo decir que siempre he encontrado un buen trato (del MP) y de los más rápidos cuando he pedido el apoyo”.

Al cuestionar nuevamente sobre la veracidad de la posesión del predio de Metlapil por el Invisur, dado que los paracaidistas señalaron que sobre éste tiene intereses Manuel Añorve Baños, el funcionario respondió: “En la agencia del MP están todos los antecedentes que confirman que es propiedad de Invisur, y por eso solicitaba que se actuara contra los invasores”.

–¿No participa ni como prestanombres?, se le inquirió.

–Está es una institución muy seria. Las escrituras están en el Registro de Propiedad, y sólo así le dieron trámite a la demanda. Los comentarios (de que Manuel Añorve tiene interés en el predio) son puras historias para justificar una acción ilegal.

López Salgado dijo que se aplicará la ley así como se hizo con las agresiones de los colonos del Frente Popular Tierra Digna: “No habrá tolerancia, no se permitirá que la gente abuse de la tolerancia del gobierno de René Juárez Cisneros”, dijo.

Sobre las manifestaciones de protesta anunciadas por los desalojados, López Salgado dijo que “pueden protestar ante las instancias que gusten, incluso, en Invisur, siempre y cuando no afecten a terceros”. Insistió que el terreno de Metlapil es una reserva territorial del gobierno del estado para casas de interés social, y no se puede lotificar “para cualquier gente”.

Denuncia el Invisur ante el MP la invasión del terreno en Metlapil

 

 No se puede regularizar el predio porque está destinado como reserva territorial, asegura el delegado del instituto, López Salgado

 Karina Contreras

El delegado de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur),   Alejandro López Salgado, presentó una denuncia por el delito de “despojo contra quien resulte responsable” por la invasión a un predio en propiedad del instituto, ubicado en Metlapil, ante la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojos.

El funcionario descartó una regularización de ese predio, porque está pidiendo al MP que “haga la recuperación de los predios y se los reintegre al Invisur”.

Entrevistado ayer al finalizar una reunión con habitantes de la colonia ex Campo de Tiro, López Salgado informó que la denuncia fue interpuesta ayer a las 10 de la mañana en la quinta agencia del MP y quedó bajo la averiguación previa Tab/V/073/2004.

El 29 de abril alrededor de 500 familias invadieron un predio de 10 hectáreas –14 hectáreas, dice el delegado– que pertenece al gobierno del estado, y fundaron la colonia Unidad Democrática.

El predio ocupado por los paracaidistas se encuentra a orillas de la carretera que lleva a Costa Chica, en la entrada al pueblo de Metlapil y a unos 20 minutos del poblado de Tres Palos y, según los colonos, del mismo terreno se quería apropiar el ex diputado Manuel Añorve Baños.

López Salgado dijo que los invasores se han posesionado de manera ilegal del predio el cual está destinado como reserva territorial de esa dependencia para el desarrollo de programas de la comunidad y que éste es patrimonio de Invisur en Metlapil.

Explicó que esos terrenos fueron adquiridos por esa dependencia a través de una donación del Fideicomiso Acapulco, y 11 hectáreas de 25 fueron “cedidos, donados o pagados, no sé cual sea el termino” a la familia Niño, como parte de la indemnización del gobernador René Juárez Cisneros para solucionar el conflicto que se generó en el Cerro del Tigre.

Informó el funcionario que a la dependencia le quedaron las 14 hectáreas que fueron invadidas el 29 de abril, por lo que interpuso la demanda por despojo contra quien resulte responsable, pues por el “momento desconoce quién es el responsable”.

López Salgado descartó que vaya haber una regularización como lo piden los colonos, “pues se está pidiendo al MP que haga la recuperación de los predios y se los reintegre al Invisur. No sé si van hacer desalojados, reubicados, lo que queremos es que el MP se haga garante del estado de derecho y reintegre la propiedad al Invisur”.

Sobre los señalamientos de que el ex diputado federal priísta se quiera quedar con el predio dijo: “No hay fundamentos, pues están destinados por el gobernador para el desarrollo de unidades habitacionales”.

“ No hay posibilidades de que se han vendidos                 a particulares como terrenos lotificados, pues están en resguardo por el Invisur y están destinados para el desarrollo urbano de Acapulco”, precisó.

Finalmente López Salgado dijo que como organismo regularizador no se avalan las invasiones de predios de particulares o del estado, por lo que van actuar “con firmeza en la aplicación de las leyes”.

Presentan denuncia penal contra el síndico del Ayuntamiento de Zihuatanejo

Caso de la demanda de ex empleados

 Brenda Escobar Zihuatanejo

El director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Apolonio Osorio Reyes, presentó ayer una denuncia penal que anunció hace varios días contra el síndico Joaquín González Ramírez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al ocultar una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para indemnizar a tres ex trabajadores y reinstalarlos en sus puestos.

Osorio Reyes, entrevistado al término de la diligencia en las oficinas del Ministerio Público en esta ciudad, dijo que también la denuncia es contra los abogados Marisela Berrum Domínguez, Mario Rivera Bello, Manfredo Amable Vega, Ernesto Muñoz Amable, Liliana Amable Santiago, Alma Rosa López Segura, Ricardo Otero Palacios y Hermenegildo Amable Vega, quienes actuaron como apoderados de los ex trabajadores José Luis Jordan Herrejón, J. Jesús Solís Ramírez y Edgar Salas Téllez, en un juicio laboral que interpusieron estos últimos en contra del Ayuntamiento.

Los tres ex empleados fueron despedidos en julio de 2003, y el laudo dictado por el TCA señaló que les deben de pagar salarios caídos y volver a contratarlos.

Apolonio Osorio explicó del porqué la denuncia contra González Ramírez: “todos sabemos que es el apoderado legal del municipio y quien debió ejercer una defensa en este juicio, y lejos de hacer eso omitió hacerlo, ocultó la demanda, se notificó personalmente la demanda, la ocultó.

Ahora hay un menoscabo patrimonial en contra del municipio muy fuerte de un laudo del orden de 750 mil pesos actualmente, y siguen corriendo los salarios caídos hasta la fecha                 de que se cumpla con el pago y la obligación de reinstalar a los ex trabajadores”.

Consideró que lejos de pensar en un conflicto interno en el ayuntamiento por este juicio “se trata de ver la falta de responsabilidad (del síndico) en el cumplimiento de la función pública, porque cada funcionario tiene encomendada una labor y si no la cumple las penas las propias leyes las tienen establecidas”.

Refirió que el 6 de abril, en sesión de Cabildo, por unanimidad –excepto González Ramírez– los ediles acordaron emprender todas las acciones legales que sean procedentes, “porque también por la propia función pública le nace responsabilidad al síndico”.

Apolonio Osorio dijo que a los abogados se les acusa del delito de fraude procesal, falsedad ante autoridad, “porque señalaron salarios que no les correspondían y al ocultar la demanda se entiende que hay una premeditación para golpear al municipio, y también por el delito de abogados defensores litigantes porque los mismos que aparecen como apoderados son los abogados que ha tenido el síndico procurador”.

Negó que la denuncia sea una represalia por parte del alcalde Amador Campos contra el síndico, porque interpuso las denuncias por nepotismo en su contra ante la Auditoría General del Estado y el Congreso local, “esto no es a iniciativa del propio presidente, esto fue un acuerdo de cabildo que se propició desde el momento que se tuvo conocimiento de esa demanda y ese juicio ya perdido.

Agregó que era obligación del síndico darlo a conocer a cabildo y no lo veo como una revancha, sino como una cuestión en la que cada quien tiene que responder por su responsabilidad (…) Joaquín González por escrito reconoció que no dio contestación a esa demanda porque consideró que los trabajadores fueron despedidos injustificadamente y las prestaciones reclamadas eran justas (…), le ganó el sentimiento”, expresó.

Denuncian ejidatarios de El Podrido apoyo de autoridades a inversionistas

 

 Se quieren apropiar del patrimonio de los campesinos con ayuda de los gobiernos federal, estatal y municipal, afirman y anuncian diversas movilizaciones

 Líderes de organizaciones políticas, representantes de organizaciones sociales y productivas, los presidentes de comisariados ejidales, ejidatarios, comisarios municipales e integrantes del PRD municipal, anunciaron que a partir del 19 de abril comenzarán movilizaciones en el estado, “en defensa de la tierra, por una vivienda digna y en defensa de los dirigentes campesinos”.

En un desplegado público denuncian que “los inversionistas, con ayuda de sus abogados se quieren apropiar del patrimonio de los campesinos con el consentimiento de los gobiernos federal, estatal y municipal”, por lo que dichas movilizaciones empezarán con una marcha del monumento del general Vicente Guerrero, en Plan de los Amates, hasta la colonia 13 de diciembre del ejido El Podrido.

A la marcha fueron invitados los dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, “para que transmitan sus experiencias, en virtud de que a nivel mundial son pilares en la lucha por la obtención y defensa de la tierra”.

Los inconformes también invitaron a la marcha a los “compañeros de Atenco, estado de México y de los ejidos de Puebla, Oaxaca, Chiapas, y demás estados en donde campesinos estén luchando por sus tierras”.

En el mismo desplegado se denunció también el incio de una “perversa campaña” de desprestigio en contra de dirigentes campesinos y luchadores sociales, y que “nuevamente se están fabricando delitos del fuero común y federal” contra algunos de sus compañeros, y mencionan como ejemplo el caso del asesor jurídico del ejido El Podrido, Humberto Sevilla García.

En el desplegado se informó que fue en la Asamblea Regional de Organizaciones Sociales y Productivas, llevada a cabo el pasado 4 de abril en el ejido El Prodido, “donde se se instaló en asamblea permanente el Frente de Defensa Campesino de Acapulco y se determinaron las acciones para defender a los dirigentes de esa organización, de posibles acciones de los empresarios en su contra”.

Dicho desplegado está dirigido “al gobernador René Juárez Cisneros, al Congreso del estado y al pueblo en general”, y lo firman Sevilla García; el asesor general, Félix Castellanos Hernández; el presidente del Frente de Defensa Campesino de Acapulco, Eloy Benítez Zúñiga; la dirigente municipal del PRD, Beatriz González Hurtado; la diputada local, Adela Román Ocampo; la secretaria del Consejo estatal del PRD, Rosario Merlín García; el dirigente del Frente Popular, Omar Garibay Guerra; de la Corriente Crítica de México, Leopoldo Calderón Caballero; el Comité Ejidal en Defensa de los Campesinos en general de la Sabana, Donaciano Martínez González; la secretaria general de la Asociación Civil Tierra Digna, Joaquina Hernández Agüero; de la Unión de Indígenas radicados en Acapulco, Arturo Santiago Candelaria, y del ejido El Cayaco, Alberto Ávila González.

Formalizan denuncia los familiares de los petroquímocos desaparecidos

 

Jorge Nava

Familiares de dos ingenieros petroquímicos que desaparecieron desde el sábado, luego de que viajaron a este puerto a una convención, acudieron ayer con el agente determinador de la tercera Agencia del Ministerio Público, Alberto Ortiz Miranda, donde formalizaron su denuncia.

En declaraciones a reporteros, Ortiz Miranda explicó que los familiares le pidieron que no se informe nada sobre el caso de los desaparecidos, Margarita Patricia García Rojas y Sergio Hugo Villareal Rodríguez, de 44 y 52 años de edad, que la semana pasada acudieron al Congreso Nacional de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México.

Ortiz Miranda dijo que no se sabe con precisión qué sucedió con los turistas, quienes de acuerdo con sus familiares debieron llegar a la ciudad de México el sábado pasado.

De acuerdo con una nota periodística publicada ayer en un diario local, policías de Tránsito encontraron abandonado, el lunes, el vehículo Honda CRYV con placas de circulación del estado de México, en el mirador ubicado en la avenida Escénica, a 250 metros de la entrada al hotel Camino Real.

Los familiares de los ingenieros no quisieron hablar sobre la desaparición.

Ante funcionarios federales denunciarán antorchistas al gobierno estatal, advierten

 

 Integrantes de Antorcha Campesina, quienes ayer cumplieron 14 días en plantón frente al Palacio de Gobierno, podrían trasladar su movimiento a la ciudad de México esta semana, para denunciar ante funcionarios federales “la cerrazón” que han encontrado en el gobierno estatal, advirtió el dirigente estatal Júpiter Tapia Cazales.

Los más de 100 campesinos, que se encuentran desde hace dos semanas en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, demandan más de 100 obras sociales y servicios públicos para localidades de 12 municipios de la región de La Montaña y de la Costa Chica, pero no han sido atendidos por ningún funcionario estatal.

Ayer, el dirigente de Antorcha Campesina dijo que debido a que no han obtenido respuesta analizan el trasladar su movimiento a la ciudad de México, para denunciar allá la cerrazón que han encontrado.

Tapia Cazales indicó que sus demandas son justas, pues se trata de obras y servicios públicos que carecen los habitantes de comunidades marginadas.

Informó que las obras que demandan son redes de agua potable, drenaje, arreglo de caminos, pavimentación de calles, canchas deportivas, construcción de comisarías y delegaciones.

Presentan cinco ediles denuncia por lesiones contra el alcalde de Cuetzala

* Síndico y regidores lo acusan de desviar recursos

 Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * El síndico y tres regidores del municipio de Cuetzala del Progreso presentaron formal denuncia contra el presidente municipal de extracción perredista, Miguel Villanueva González, por los delitos de lesiones y lo que resulte.

La denuncia fue presentada por el síndico Miguel Sandoval Bahena y los regidores Yolanda Segura Calixto, Erika Manjarrez Moreno, Horacio Hernández Salinas y Eulogio Quezada, ante la agencia del Ministerio Público de esta ciudad.

Antes de su comparecencia ante el MP, en conferencia de prensa el síndico y los regidores indicaron que al mediodía de ayer, tras la llegada de la regidora de Educación, Segura Calixto, afuera de Palacio Municipal se encontraban seguidores del alcalde.

“Apenas si estuve sentada ante el presidente municipal y le solicitaba una audiencia donde le pediríamos la transparencia de los recursos aplicados en 2003 y lo que va de éste, cuando mujeres encabezadas por María Santana Trejo se abalanzaron contra mí, me golpearon y me sacaron de la Presidencia, sin que el alcalde interviniera. Dijo que allí también se encontraban el director de Seguridad Pública, Canuto Román; el secretario Adán Arce Nájera y el tesoreroVenancio Vázquez Romualdo, “quienes sólo se miraron entre sí”.

Por su parte, la edil Manjarrez Moreno indicó: “yo intenté impedir la agresión, pero las mujeres me dijeron que no me metiera en lo que no me importaba, que yo era del PRI y me tenía que mantener al margen de los problemas de los perredistas”.

Pero no se trata sólo de perredistas –añadió– sino de la integridad de una persona con fuero, a quien además de golpearla le tironearon su ropa.

En ese momento la regidora de educación mostró a los medios de información una blusa de manta de dos partes, prácticamente separada por mitad.

Esteban Godínez Flores, esposo de la regidora de Educación, dijo quetambién intentó rescatar a su esposa, pero recibió un varillazo en el brazo derecho.

Sandoval Bahena aseguró que esto se debe a que el alcalde quiere gobernar sólo y sin tomar en cuenta al resto de los ediles, “pero tras él está el tesorero Vázquez Romualdo, asesino confeso de un chofer de una empresa refresquera, ocurrido hace 8 años en el centro de Chilacachapa”.

El problema es político: Villanueva

Vía telefónica, el alcalde dijo que el problema empezó porque el síndico procurador Miguel Sandoval Bahena le solicitó, la mañana de este lunes, la camioneta que está al servicio del Ayuntamiento para hacer algunos trabajos, “pero le comuniqué que tenía que viajar a Iguala a una reunión de trabajo, lo cual le molestó, pero finalmente se retiró”.

A los pocos minutos –indicó– regresó con su camioneta y la estacionó en la entrada de Palacio Municipal, lo que impedía el acceso a la gente, quienes protestaron por la acción.

Sobre la acusación de desvío de recursos, dijo que “ya está prevista una sesión de Cabildo abierto, y ahí se presentará con promenores la aplicación de cada uno de los programas estatales y federales”.

–¿Esto significa que no teme a nada?

–No. Tan es así en los próximos días la Contraloría estatal me liberará la carta de no adeudos de recursos del año anterior.

Vecinos de Xoltotitlán denuncian que los de Apango se niegan a respetar linderos

* Dicen que poseen un decreto presidencial de 1929

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * Vecinos de la comunidad de Xoltotitlán denunciaron ayer que pequeños propietarios de la cabecera municipal de Mártir de Cuilapan –Apango– “se niegan a respetar los linderos” que por un decreto presidencial de 1929 “quedaron establecidos”.

Uno de los representantes de los vecinos de Xoltotitlán, Arturo Morales Alarcón, dijo en conferencia de prensa que desde hace unos días se ha intensificado la discusión por la “disputa” de los linderos entre esa comunidad, y Apango, que es la cabecera municipal de Mártir de Cuilapan.

El representante responsabilizó de los posibles enfrentamientos al alcalde Antonio Viliulfo Morales, porque a pesar de que entre Xoltotilán –el municipio más cercano y más numeroso de Mártir de Cuilapan– y Apango se integró una comisión representativa, “él creó otra comisión según para dar fin a esto, pero se agravó más porque ahora los de Apango se niegan a respetar los linderos dentro de los cuales se encuentran 100 hectáreas en disputa”.

Aseguró Morales Alarcón que a pesar de que hay un decreto presidencial de 1929 en el cual se establece “que son nuestras las 100 hectáreas, estamos tratando de negociar con la gente de Apango, sobre todo porque ahora con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) intentamos obtener los títulos de propiedad”.

Destacó el representante que recientemente los pequeños propietarios de Apango también muestran un documentos que marca el límite que supuestamente existe entre las dos partes”, pero insistió “que ellos se niegan a respetar los linderos a partir de que Viliulfo Morales nombró una nueva comisión”.

Apreza: se denunciará en el MP al “grupúsculo de agitadores”

* Desliga a Sánchez Barrios de una eventual sanción

 Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo * el presidente estatal del PRI, Héctor Apreza Patrón insistió en que se aplicarán los estatutos “al grupúsculo de agitadores” que violentaron la sesión del Consejo Político Estatal (CPE).

Y confirmó que además el CDE del PRI presentará una denuncia de hechos ante el Ministerio Público correspondiente.

En el noticiero radiofónico de La Explosiva, Apreza Patrón dijo que desconoce si el diputado Carlos Sánchez Barrios estuvo enterado de lo que harían miembros de su grupo político y aseguro que sólo se actuará en contra de las personas que agredieron con huevos a miembros del CPE del PRI en el teatro María Luisa Ocampo.

En tanto, la secretaria general del PRI estatal, Silvia Romero Suárez adelantó que una vez que se recaben las pruebas             necesarias, la Comisión de Justicia Partidaria sancionará a los responsables de la irrupción violenta durante la sesión del CPE en la que se decidió que una convención de delegados seleccionará al candidato a gobernador.

Ese órgano, precisó, determinará si los integrantes de la Alianza por Guerrero, que apoya la precandidatura de Sánchez Barrios “son priístas y sancionarlos por consecuencia”.

Entrevistada al término de la ceremonia oficial por el Día Internacional de la Mujer realizada en Casa Guerrero, la secretaria general del PRI aseguró que la dirigencia estatal tenía conocimiento de que seguidores de Sánchez Barrios intentarían boicotear la sesión del CPE.

“Es por eso que ya se tenía previsto la sede alterna”, afirmó la dirigente partidista, al referirse al cinema Jacarandas en donde se eligió la Convención de Delegados como método de selección del candidato a gobernador por el PRI.

–¿Es decir que la presencia de policías del estado también lo tenían previsto? –se le preguntó.

–¿Policías? ¿Cuáles Policías? Yo no me di             cuenta de eso. Si hubiera sabido que había policías les hubiera solicitado su protección, ya ves que había el rumor de que             me querían agredir –respondió Romero Suárez en tono relajado en referencia a que a a su salida del Jacarandos jóvenes sanchistas miembros de casas de estudiantes de la UAG la persiguieron y le gritaron insultos.