El trabajador de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en Iguala, Pedro Salazar Trinidad, interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la Comisión Profesionalizada de Caja de Ahorro, la caja de ahorro, Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), la institución y “quien resulte responsable”, por el fraude de 2016.
Salazar Trinidad, quien encabezó las protestas en Rectoría para exigir el pago de la caja de ahorro 2016, acudió a la FGE acompañado de universitarios y sus representantes legales, para presentar la denuncia, en la que no señala directamente a ningún funcionario o trabajador de la UAG como responsables del desfalco, pero sí a la institución y al STTAISUAG, sindicato que administra los ahorros.
La denuncia relata que de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, a Salazar Trinidad se le hicieron descuentos quincenales que corresponden al ahorro que invirtió en la caja. El 7 de diciembre del año pasado recibió el cheque número 13279, de la cuenta 192191563 de Bancomer, para cobrar la cantidad de 28 mil pesos; sin embargo, no lo pudo cobrar “por falta de fondos” y se le informó que la cuenta bancaria había sido bloqueada.
Luego de un año sin recibir los recursos Salazar Trinidad decidió interponer la denuncia en la FGE, la cual estará abierta hasta hoy en caso de que algún otro universitario se sume. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
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Nueva protesta en Rectoría de los defraudados de la caja de ahorro del STTAISUAG
Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) protestaron por segunda ocasión en la explanada de Rectoría, para exigir el pago de la caja de ahorro 2016, que se adeuda a unos 500 trabajadores.
El 14 de noviembre, los defraudados de la caja de ahorro protestaron en las oficinas del rector Javier Saldaña Almazán, luego de que éste no asistió a una reunión programada con ellos.
Este miércoles, a las 8 de la mañana, unos 30 sindicalizados que participan en la manifestación también declararon que están inconformes porque el rector Saldaña Almazán no atiende el problema.
Con una bocina, los manifestantes denunciaron que les fueron entregados cheques sin fondos, por lo que exigen que se aclarare el problema y que además se dé una solución.
“Los cheques que nos entregaron fueron impresos en Finanzas de la universidad y no tenían fondos”, agregó un manifestante.
A las 11 de la mañana, una comisión se reunió, a puerta cerrada en la sala de los ex rectores, con el secretario general de la UAG, José Alfredo Romero Olea, y el coordinador de asesores, Fernando Jiménez, quienes se comprometieron a tratar de pagar los ahorros que se perdieron.
Los manifestantes detallaron que al menos mil 500 ahorradores lograron sumar la cantidad de 20 millones de pesos, por lo que estiman un desfalco de más de 6 millones de pesos, pero refieren que como víctimas del fraude no han tenido acceso a los resultados de la auditoría realizada a la caja de ahorro.
Durante la manifestación exigieron a las autoridades encargadas que se ejerza acción penal en contra de los administradores de la caja de ahorro, que participaron en el periodo 2013-2016, es decir Guadalupe Gutiérrez Campos, Eric Manrique y Felipe Alonso Alonso.
Después de dos horas de reunión, uno de los defraudados informó que se determinó que en breve solicitarán a la dirigencia de la STTAISUAG que informe respecto a la situación jurídica de la demanda interpuesta en contra de los ex dirigentes. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Denuncian maestros de la prepa de Iguala irregularidades del grupo político del rector de la UAG
En conferencia de prensa ofrecida la tarde de este martes, profesores de la Preparatoria 10, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), denunciaron presuntas irregularidades del grupo político del rector Javier Saldaña Almazán y se dio a conocer la renuncia al cargo de la subdirectora de este plantel, con sede en Iguala, Marilú Barrera Olivares, a causa de dichas faltas.
La conferencia en la tarde de un grupo de nueve académicos de la Preparatoria 10, que forman parte del grupo Democracia, se realizó en un restaurante de la avenida Vicente Guerrero.
En ella se denunciaron supuestas irregularidades cometidas desde la Rectoría en beneficio de académicos del grupo afín al rector Javier Saldaña, el Frente por la Reforma Democrática de la Universidad Autónoma de Guerrero (Fredeuag), como es el caso de recategorizaciones y pago de estímulos.
Durante la declaración, la subdirectora académica de la Preparatoria 10, Marilú Barrera, presentó ante los reporteros su renuncia al cargo que ocupaba desde julio de 2014, la cual va dirigida al rector Saldaña y al director de la institución, Rodimiro Méndez Ríos, de quien denunciaron que llegó al cargo por el grupo Democracia y ahora es parte del Fredeuag.
En el documento señala que los motivos de su separación del cargo son que no se han respetado ni cumplido los acuerdos académicos, y porque poco a poco le fueron quitando sus funciones “al grado que estoy de adorno en dicho lugar y confieso que no sirvo para eso”.
Enumeró que le fueron quitando las funciones de coordinar el turno descontinuo, elaboración de horarios, la responsabilidad de las becas alimenticias, la responsabilidad de tramitar el IMSS para los alumnos de los tres turnos, los exámenes extraordinarios, la coordinación de los cursos de regularización, la prueba Planea y la coordinación del curso académico regional de aniversario de la escuela.
En la conferencia participaron también los académicos Guadalupe Hernández de la Cruz, Marilú Bustamante, Sergio Moreno de León, Jorge Vicario López, Fernando Flores Méndez, Esteban Díaz Ramírez y Mario Mojica.
Exigen representantes de PRD, Morena y MC la remoción de los siete consejeros del IEPC

Los representantes del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que se agilice la demanda que presentó en marzo pasado el representante de Morena para la remoción de los siete consejeros, por graves y reiteradas violaciones a la ley, omisión de sus responsabilidades, negligencia y opacidad en el manejo de los recursos asignados al organismo.
En conferencia de prensa en las oficinas de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), a las 3 y media de la tarde de este miércoles, los representante del PRD, Nicanor Adame Serrano; de Morena, Sergio Montes Carrillo, y de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, también cuestionaron los altos sueldos que perciben, que, en el caso de la presidenta Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 pesos y los consejeros 237 mil 564 mensuales.
“Son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero, que establece que ningún servidor público debe ganar más que el gobernador”, dijo en su caso el perredista Adame Serrano.
El representante de Morena, Montes Carrillo, presentó el 2 de marzo pasado ante el INE, a través de su vocalía local, una demanda de remoción de los siete consejeros del IEPC, que se recibió con el número de queja 26/72 y una vez radicada en la unidad responsable del INE le asignaron el número de expediente 05/2017, por diversas violaciones a la ley, omisiones de la presidenta y los consejeros del organismo electoral.
Pero Montes Carrillo se quejó de que a más de cuatro meses de que presentó la denuncia no han tenido respuesta, y tampoco el INE ha realizado ninguna acción en contra de los consejeros, ni ha hecho ninguna petición o aclaración a él como promovente, a pesar de que aseguró que ha estado presentado las pruebas supervenientes necesarias para fortalecer el expediente.
Tapia Iturbide, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la exigencia del representante de Morena, para que el INE “le dé respuesta ya” a su demanda y explicó que la denuncia que presentó el representante de Morena en contra de los consejeros fue por realizar una promoción ilegal de funcionarios electorales, explicó que personas que no contaban con el perfil y los lineamientos que establece el INE fueron promovidos a cargos y sueldos superiores.
Mencionó dos ejemplos: el de Margarito Cortés, quien de auxiliar lo ascendieron a titular de la oficialía electoral. Otro caso fue el de Norma Liliana Ramírez Eugenio, quien habiendo sido candidata suplente del PAN en 2012, fue nombrada titular de una unidad técnica del IEPC.
Al respecto, Montes Carrillo explicó que después de que se presentó la denuncia ante el INE, los dos funcionarios electorales que habían sido ascendidos fueron removidos y liquidados, lo que también fue presentado como pruebas supervenientes en el desarrollo del expediente.
Consideró que es importante que el INE resuelva ya la denuncia que presentó, “porque no podemos ir al proceso electoral de 2018 con consejeros señalados de omisiones en sus funciones”.
Asimismo, dijo que los consejeros nombraron a personas que no cumplen con los requisitos que señala el lineamiento del INE para ocupar un cargo de titular de una unidad técnica del IEPC, aunque de éstos no precisó a quienes.
Otra de las causales que planteó Morena en su demanda es la “notoria negligencia en el desempeño de sus funciones, con lo que violaron los principios rectores del organismo electoral”.
Explicó que en diversos órganos distritales en el proceso electoral de 2014-2015, como en los distritos 14, 16, 18 y 28 se cometieron una serie de irregularidades “que quedaron plenamente acreditadas en los expedientes donde se impugnaron las elecciones municipales o distritales”.
Dijo que ante esa situación el órgano electoral nunca hizo nada para sancionar a sus funcionarios, reprochó el representante de MC.
Añadió que esa negligencia está ocasionando que en el nuevo proceso de ratificación y nombramiento de consejeros distritales muchos de ellos se inscribieran, aunque al respecto los representantes de los partidos ya expresaron su oposición, concretamente en contra de algunas personas y los tres representantes partidistas advirtieron que impedirá que no pasen, por haber cometido irregularidades que violentaron la ley en el proceso electoral anterior.
“No podemos iniciar el nuevo proceso electoral con la incertidumbre de que algunos consejeros electorales del máximo órgano local tengan alguna imputación de haber cometido ilegalidades y que conserven el cargo para seguir desempeñando sus funciones”, dijo en su momento el representante de MC.
Exigió al INE que resuelva la denuncia que presentó Morena para iniciar un proceso electoral, “tal y como lo marca la ley, protegiendo siempre los principios rectores que establece la ley electoral”.
Por su parte, el representante del PRD, Adame Serrano, igual que el de Morena y de MC se sumó a la exigencia de que el INE remueva a los consejeros electorales, porque dijo que comparte las causales de remoción.
Pero además añadió que no se puede ir a un proceso electoral “con un órgano que constantemente está violando la legalidad”, como dijo que lo hace con los altos sueldos y prestaciones que perciben. Dijo que en el caso de la presidenta, Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 y los consejeros 237 mil 564 mensuales, “son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero”, cuestionó.
Agregó que también violentan el artículo 189 de la ley electoral local, que en su fracción séptima dice que las atribuciones de la consejera presidenta son proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, de los titulares de las unidades técnicas del IEPC; sin embargo, denunció que en las direcciones y unidades técnicas la presidenta ha nombrado a puros encargados, “porque no quiere que el consejo general se los cuestione”.
Acusó a la presidenta de que con ello está incurriendo en ilegalidad y clara violación a la ley electoral, porque ya dejó pasar mucho tiempo con puros encargados en las áreas del organismo.
Mencionó que otra violación es que asuntos que le competen al Consejo General, la presidenta los traslada a la Junta Estatal, en donde tiene a puros encargados y por consecuencia tiene el control, “por eso los lleva allí”.
Destacó que otra irregularidad es la opacidad en el manejo de los recursos, sobre todo, dijo, el relacionado con la nómina.
Por ejemplo, informó que en la nómina de honorarios para los trabajadores eventuales en el presupuesto de 2017, el Consejo General aprobó 18 millones 668 mil 535 pesos, que divididos entre 12 meses, resulta 1 millón 555 mil 711 pesos, “pero esa nómina no sabemos porqué no aparece en la página de Transparencia”. Lo que pasa, explicó, es que en esta nómina la presidenta y los consejeros meten a sus recomendados.
También denunció que los mandos directivos tienen un salario de 132 mil 989 pesos que son los más altos, pero que lo que aparece en la página del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no coincide con el presupuesto que se aprobó en 2016, donde se asignan los salarios, prestaciones y honorarios.
“En lo que no estamos de acuerdo es que se diga que se bajaron el sueldo por un proceso de austeridad, cuando en el presupuesto de egresos de 2016 y 2017, la presidenta y los consejeros se aumentaron considerablemente sus prestaciones y sólo se bajaron el 10 por ciento en el salario base”, denunció.
Explicó: “Se bajaron el sueldo nominal, pero se lo aumentaron en prestaciones y ese es un engaño, porque al público le dicen que se bajaron sus sueldos, pero en los hechos se lo aumentaron, vía prestaciones para evadir impuestos”.
Agregó que los consejeros también incurrieron en la ilegalidad, porque en enero y febrero otorgaron financiamiento a los partidos Nueva Alianza y a Encuentro Social, a pesar de que en las elecciones de 2015 perdieron su registro. Recordó que la ley señala que los partidos que no alcanzan el 3 por ciento de la votación pierden el registro.
Además, acusó que la presidenta y los consejeros no presentaron el proyecto de dictamen de pérdida de registro de esos partidos, como lo establece la ley electoral, “entonces no sólo no presentaron el dictamen, sino que les dieron financiamiento en enero y febrero”, dijo e informó que el organismo electoral erogó por ese concepto 806 mil 581 pesos por los dos partidos en esos dos meses.
Informó que el organismo les suspendió el financiamiento hasta que los partidos políticos recurrieron a los organismos jurisdiccionales, para que se corrigiera esta ilegalidad.
El representante del PRD aseguró que todas las ilegalidades e irregularidades en que ha incurrido la presidenta las han denunciado en las sesiones, pero que no se corrigen los señalamientos.
“En conclusión, es muy grave que saque el proceso electoral este consejo, cuando su presidenta maneja el instituto como su empresa particular y los consejeros son sus cómplices por omisión”, se quejó.
Desconoce Recursos Humanos sobre las plazas de tiempo completo denunciadas por el STAUAG
El director general de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ángel Carrillo Chora, se negó a informar sobre la presunta asignación de plazas de tiempo completo de manera unilateral, con salarios altos, al personal de confianza que denunciaron integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
El jueves pasado, 29 de junio, en el auditorio de la Rectoría se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo General de Representantes (CGR) del STAUAG, en la que los delegados se quejaron de la asignación unilateral de plazas de tiempo completo que beneficia a personal de confianza en “todas” las unidades académicas y oficinas regionales, las cuales autoriza la administración central.
Además, los delegados denunciaron que hay casos de dobles y triples plazas de tiempo completo en la UAG, particularmente en casos de trabajadores auxiliares, que “de la noche a la mañana” aparecen en nómina con plazas de tiempo completo, sin haber dado clases frente a grupo, entre otras irregularidades.
Pese a la situación, Carrillo Chora, quien fue abordado por esta reportera en la Rectoría, se negó a declarar sobre el tema con el argumento de que “apenas tengo ocho días (en el cargo)”, por lo que desconoce la situación y dijo que “cuando tenga más tiempo” estará en condiciones de hablar al respecto de las presuntas irregularidades en la asignación de plazas de tiempo completo.
Carrillo Chora fue director general de Recursos Humanos en el rectorado de Arturo Contreras Gómez, 2006-2010, sin embargo, pese a su conocimiento previo del área que dirigirá en el segundo rectorado de Saldaña se negó a declarar de las denuncias de los delegados.
Denuncian policías despedidos que Seguridad Pública estatal no les pagó la quincena de junio
Agentes de la Policía Estatal que fueron despedidos denunciaron que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, ha tomado represalias contra ellos, porque les retuvieron la primera quincena de junio y viáticos a los 206 policías dados de baja.
Ayer un policía estatal despedido que se reservó su nombre declaró que la solicitud de pago del salario y viáticos es porque la dependencia no les ha notificado por escrito que están dados de baja, que fue sólo verbal y en el amparo que presentaron ante un juzgado federal piden que se les respete su salario hasta que se resuelva su situación laboral.
Explicó que cada policía cobra quincenalmente de 3 mil 800 a 5 mil pesos, más viáticos, unos 3 mil 750 pesos.
Se quejó que Almazán Cervantes, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete, no han dado la cara para tratar su problema laboral.
Comentó que el viernes 16 de junio se cumplió el plazo para dar respuesta al amparo laboral que demandaron los agentes estatales despedidos ante un juzgado federal contra la secretaría y su titular por abuso de autoridad y despido injustificado, pero Almazán Cervantes no ha atendido el proceso laboral.
El 19 de junio, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, que finalmente sumaron 206 estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.
Revisar a la Policía municipal para evitar infiltraciones, pide Meza a las fuerzas federales
El secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, pidió que las fuerzas federales hagan una revisión a la Policía municipal para deslindar cualquier posibilidad de que estén infiltrados por la delincuencia organizada porque no hay certeza en el gobierno municipal, e invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad.
Este martes, en Zihuatanejo, policías estatales y militares del 75 Batallón de Infantería tomaron el control de la Policía municipal y detuvieron a 60 presuntos agentes, 45 de ellos señalados como infiltrados y 15 que no aprobaron los exámenes de control de confianza.
En declaraciones en la avenida Palma Sola, a donde acudió a supervisar la limpieza de los canales pluviales, Meza Loeza festejó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya confirmado que en Acapulco van a la baja los homicidios: “¡qué bueno que lo confirma el secretario!”.
El pasado 18 de abril, Daniel Meza dijo que en la comparativa del primer trimestre de este año con 2016, los resultados indicaban que había disminución en los homicidios. En enero de 2016 hubo 65 homicidios y este año 46; en febrero de 2016, 74, y en febrero de este año 64; en marzo de 2016 hubo 93 y en marzo de este año 88.
Reiteró que cada mes las cifras de los asesinatos van a la baja.
Sobre la posibilidad de que en Acapulco puedan ocurrir acciones similares a las sucedidas en Zihuatanejo, Meza Loeza respondió que “no hay ninguna preocupación sobre eso porque desde que comenzó la administración de Evodio Velázquez hemos solicitado que se haga una revisión a la Secretaría (de Seguridad Pública), nosotros somos los principales interesados en tener una policía sana, completamente confiable, nosotros no tenemos ese temor, no tenemos esa preocupación”.
Indicó que en la Secretaría de Seguridad Pública sólo los agentes que aprobaron los exámenes de control de confianza pueden portar armas, “quienes no han pasado los exámenes por supuesto que no pueden andar armados en la calle y de ninguna manera vamos a darle esa desconfianza a la sociedad”.
Abundó que las fuerzas federales pueden ayudar al gobierno municipal con el uso de equipo de inteligencia para verificar si hay filtraciones de la delincuencia en las fuerzas de seguridad pública municipal.
Meza Loeza agregó que en el municipio hay policías que no aprobaron los exámenes de control de confianza por discapacidad o edad avanzada, pero ellos no están asignados a tareas de responsabilidad.
–¿Hay riesgo de que en Acapulco pase una situación similar a la de Zihuatanejo?– se le insistió.
–De ninguna manera, al contrario, si ellos lo hicieran nosotros lo veríamos muy bien, que se hiciera una revisión en la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco, nosotros no tenemos ningún inconveniente, nosotros no escondemos nada, al contrario, las veces que ha estado nuestro presidente municipal en la secretaría les ha leído de manera clara la cartilla a todos los elementos.
El secretario abundó que el gobierno municipal se ha preocupado por brindar las mejores condiciones laborales para que los policías trabajen a favor de los ciudadanos, y advirtió que “todo aquel que ande al margen de la ley o en actos de corrupción no lo vamos a solapar, no lo vamos a cubrir porque no es esa nuestra intención. Por eso lo digo, no tenemos ningún problema, por eso lo hemos solicitado que se hagan ese tipo de revisiones”.
–¿Se tiene certeza de que no hay infiltrados en la policía municipal?
–No es la certeza porque nosotros no somos una autoridad investigadora, nosotros no tenemos la inteligencia militar por ejemplo, no se ha tenido. Yo invito a todo aquel que tenga conocimiento de algo que lo denuncie porque eso va a ayudar porque si entre todos empujamos, la denuncia es clave porque si yo conozco algo y no lo denuncio por supuesto que me hago cómplice también.
“Nosotros queremos limpiar nuestra policía y hacerla confiable para que los ciudadanos estén tranquilos”, agregó.
Sobre la inseguridad en la ciudad y las ejecuciones que continúan, Meza Loeza destacó lo dicho por Osorio Chong de que en el municipio hay datos que muestran que los homicidios van a la baja.
Afirmó que los resultados muestran que el Grupo Coordinación Acapulco trabaja de manera responsable, “sin mezquindades” el gobierno federal, estatal y municipal. “Esto está funcionando porque lo hacemos de manera coordinada y con la voluntad de sacar adelante a Acapulco”.
“Me da muchísimo gusto, muchísima alegría reafirmar lo que dijo el secretario Chong en el sentido de Acapulco se esta avanzando”, insistió.
Este martes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que en Acapulco las estadísticas muestran que “la estrategia (contra la inseguridad) está funcionando”. En el caso de Acapulco, recalcó que ha tenido una mayor afluencia de visitantes y de cruceros.
Meza Loeza encabezó ayer un recorrido de supervisión de la limpieza del río El Camarón y el cauce de La Garita, acompañado por el coordinador de Servicios Públicos, Elí Olea Urioste; el director de Salud, Eger Gálvez Pineda y el regidor Amílcar García Estrada.
El secretario general contó que hay 12 brigadas que trabajan en la limpieza de los cauces, y llamó a los vecinos a no arrojar basura en los canales.
Informó que ya se tiene un avance del 50 por ciento en los principales canales que están en el anfiteatro de la ciudad.
No reconstruyó las casas el gobierno federal a tres años de un sismo en Petatlán, se quejan damnificados
Brenda Escobar
Zihuatanejo
A tres años del sismo de 7.2 grados en escala de Richter del 18 de abril de 2014, los damnificados de Petatlán lamentaron que el gobierno nunca cumplió la reconstrucción de sus viviendas.
Uno de los damnificados y comerciante de ropa y huaraches, Rafael Abarca Fernández manifestó que son más de 300 familias sólo de la cabecera municipal de Petatlán las que tuvieron afectaciones en sus casas, y que el gobierno federal mediante la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, prometió que los apoyaría, pero “ni siquiera un grano de arena nos dieron”.
Aseguró que las familias afectadas por el temblor fueron censadas en dos ocasiones por brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero nunca cumplieron la reconstrucción de las viviendas.
El movimiento telúrico dejó afectaciones principalmente en casas de las colonias Centro, Barrio de la Hoja, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Vicente Guerrero; así como en comunidades rurales como Juluchuca, Alpuyeque, Chaveta, La Molonga, Coyuquilla Norte, La Barrita.
Este martes, se cumplieron tres años de que ocurrió el sismo, Abarca Fernández aseveró que las casas están ahí, muchas de ellas inhabitables y las familias tuvieron que irse por temor a que las paredes se les vengan encima.
Agregó que el gobierno federal sólo mintió a los afectados, “supimos que en ese entonces hicieron llegar ayuda para la reconstrucción de algunas de las casas pero no fue directamente a los damnificados sino se la dieron al Ayuntamiento, y quienes estaban de gobierno le dieron el apoyo a quienes quisieron, incluso a gente que ni siquiera fue afectada”.
La parroquia San Pedro Apóstol, santuario del Padre Jesús de Petatlán, resultó severamente dañada, principalmente el campanario, el cual fue completamente reparado a los pocos meses luego de la aportación de casi 2 millones de pesos del gobierno el estado, encabezado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, mientras que más de 700 damnificados sólo se quedaron con una calcomanía pegada en la puerta de su casa como prueba de que fueron censadas, pero la ayuda nunca les llegó.
Denuncia Chávez Adame que a donde va, policías y militares lo acosan
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame denunció que luego de que el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez comunicó que se giró una orden de aprehensión en su contra por un “delito grave”, es vigilado a donde vaya por policías y militares.
“Es más probable que me agarren a mi primero que al Tequilero (Raybel Jacobo de Almonte, líder del grupo criminal Los Tequileros)”, expresó Nicolás Chávez, que aún desconoce por qué le giraron orden de aprehensión.
El martes el fiscal general del estado aseguró que la orden de aprehensión que se giró contra el dirigente no fue porque en 2014 ingresó a un almacén del DIF estatal, donde resguardaban despensas para damnificados por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, y que después serían utilizadas con fines proselitistas, sino que fue por un “delito grave” que no especificó.
En consulta telefónica, Chávez Adame manifestó que está inquieto por esa declaración “irresponsable”, porque eleva el nivel del delito y que significa que hay una persecución constante hacia su persona.
Dijo que a los lugares a los que va, siempre llegan militares o ministeriales, que le queda claro que hay una constante persecución y vigilancia contra él.
Agregó que cuando ve a los militares y ministeriales, no lo intentan detener, desconoce la estrategia que tienen pero lo que sí sabe es que pretenden detenerlo.
-¿Usted no tiene alguna idea de por qué delito grave se le puede acusar?
-No, no tengo ni idea, porque lo único que te digo que revisamos que había quedado en el gobierno de Ángel Aguirre era lo de las despensas, es lo único, yo en todo lo que hemos hecho dentro de la lucha social, a mí se me ha otorgado el desistimiento de la acción penal.
Chávez Adame declaró que regularmente a quienes están en la lucha social los acusan por motín, sabotaje, obstrucción a las vías de comunicación, conspiración y terrorismo. Recordó que durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo sumó 27 órdenes de aprehensión del fuero común y 13 del fuero federal, que después se desvanecieron porque prescribieron.
Un pacto con el gobernador, que no cumplió, llevó al FUSDEG casi a su extinción, denuncian

Segunda parte
Según el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís, éste casi se extinguió debido a la confrontación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a “un plan” del gobernador, Héctor Astudillo Flores, que hizo que la Policía Comunitaria saliera de El Ocotito, mediante un acuerdo con los dirigentes de la organización, que consideran que fue “un engaño”.
Desde 2014 hasta finales de 2016 el FUSDEG tuvo presencia con la Policía Comunitaria en una extensa área que comenzaba en Xaltianguis, municipio de Acapulco, y llegaba a Petaquillas en Chilpancingo, considerado como un corredor para el trasiego de enervantes, principalmente de goma de amapola. Su combate fue contra todos los delitos, incluido el narcotráfico. Pero ahora sólo está en Tierra Colorada.
El FUSDEG tenía acuerdos con las autoridades de todos los niveles, y la ruptura con el gobernador comenzó después de un bloqueo que hicieron miembros de la organización a la Autopista del Sol y a la carretera federal a Acapulco, en vísperas de un puente vacacional que afectaría la economía del puerto, informó el coordinador del Frente en el municipio de Chilpancingo, Salvador Alanís Trujillo.
En entrevista por teléfono, dice que el FUSDEG “es un movimiento muy pobre, se mantiene de la verdadera voluntad del pueblo, nosotros le pedíamos 30 pesos cada mes a cada casa para pagar la comida y la gasolina, nunca tuvimos dinero para comprar armas”.
En el municipio de Chilpancingo, el FUSDEG llegó a tener 300 policías comunitarios en los poblados de Dos Caminos, Mohoneras, El Ocotito, Cajelitos, Mazatlán y Petaquillas, y actualmente 50 se cambiaron a la UPOEG –que según Alanís está aliado con el Cártel del Sur– 20 fueron obligados por el grupo del narcotráfico Los Ardillos a sumarse a la policía de Petaquillas, otros 200 están fuera de sus comunidades, desplazados por la violencia, y unos 30 están replegados en sus pueblos.
Informa que actualmente también están fuera de sus pueblos unas 150 familias, desplazadas por los ataques de la UPOEG y otros grupos delictivos.
El FUSDEG tuvo ocho enfrentamientos armados en los que murieron 21 policías comunitarios de esta organización, 17 bajas fueron causadas por la UPOEG, y cayeron 20 personas contrarias al Frente, de las cuales siete son de la UPOEG.
Además, los seis principales líderes de los pueblos del Valle del Ocotito tuvieron que salir de Guerrero, porque fueron amenazados de muerte por los grupos contrarios o amenazados por el gobierno con llevarlos a prisión.
Uno de los seis líderes es Alanís, coordinador de la Policía Comunitaria, es decir, la parte armada del FUSDEG.
En entrevista, la primera que da desde su salida de Guerrero, Alanís narra cómo intervino el gobernador en la desaparición del FUSDEG.
Informa que el FUSDEG considera que su repliegue fue un error, derivado de “un engaño” de Astudillo, y que la organización ya rectificó, y actualmente busca fortalecerse, y “acopiar armas y aumentar su membresía”.
De la comunicación directa a la ruptura y las órdenes de aprehensión
Ante el conflicto con la UPOEG, que desde mediados del año pasado emprendió una ofensiva para desplazar al FUSDEG del corredor donde operaba, éste tuvo acuerdos con el gobierno del estado que se comprometió a impedir las acciones de la UPOEG, con el fin de mantener la paz y evitar enfrentamientos entre esas organizaciones, porque el gobernador no quería “ni un muerto”.
Alanís dice que el gobernador se había comprometido a intervenir con la Policía Estatal para mantener inmovilizados a los dos grupos, pero los del FUSDEG veían que mientras a sus integrantes los tenían encerrados en su base y no les permitían salir, a los de la UPOEG los dejaban avanzar y ocupar casas de seguridad y amenazar y hostigar a familias del FUSDEG.
Alanís cuenta que reportaba por Whatsapp al gobernador esos movimientos de la UPOEG. “Yo tenía línea directa con el gobernador, con el fiscal Olea y con el general Almazán”, dice.
Ahí comenzó la ruptura: “Llegó un momento en que el gobernador se molestó conmigo porque decía que yo le estaba diciendo puras mentiras, que no era cierto, que la Policía Estatal no veía a la gente armada que yo decía, y que mandaban helicópteros y no veían hombres armados”.
Describe cómo se dio el avance de la UPOEG dentro de El Ocotito: “el avance de ellos es que llegaban a casa de un compañero policía comunitario, entraban, saqueaban las cosas y amenazaban a la mujer y a los niños, que estaban solos porque todos los policías estaban en la base replegados, no estaban en su casa, porque teníamos un acuerdo con el gobernador de que íbamos a estar replegados. Entonces los compañeros se empezaron a ir de uno, de tres, y de los 150 que éramos quedamos 50”.
Alanís precisa que la incursión de la UPOEG al valle de El Ocotito se dio el 24 de octubre del año pasado, y ese día llegó la Policía Estatal, que mantenía inmovilizados a los policías comunitarios del FUSDEG mientras permitían el avance de la UPOEG.
Ante este problema, el 27 de octubre, la gente civil del FUSDEG cerró la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, para exigir al gobernador el desarme de la UPOEG y la detención de sus miembros que tenían orden de aprehensión.
La toma de la Autopista, en la que fue destacada la participación de mujeres y niños, comenzó a las 7:40 de la noche y terminó a las 2 de la mañana del día siguiente.
Ese día, Alanís, en los medios, exigió al gobierno federal y al estatal “el desarme del grupo delictivo Cártel del Sur que somete a los pueblos del corredor Tierra Colorada-El Ocotito-Petaquillas en alianza con el líder de la UPOEG”, Bruno Plácido Valerio.
El 30 de octubre tres dirigentes del FUSDEG fueron trasladados a Acapulco donde se reunieron con el gobernador en la oficina de la Protur, el secretario general de gobierno Florencio Salazar y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
“El gobernador se molesta mucho porque era el inicio del puente vacacional, me mandó traer, me mandó una (camioneta) blindada con César Flores Maldonado para que fuéramos”.
“Nosotros le explicamos al gobernador cómo estaban operando y cómo nos estaban destruyendo, y el gobernador se comprometió y dijo, le voy a entrar, vamos a hacer acuerdos, lo único que les pido es que se replieguen, que se salgan, que no se metan en nada, no quiero ni un muerto, y la segunda es que quiero que convenzan a la población para que no tape la autopista porque viene el fin de semana largo y van a destruir la economía de Acapulco. A cambio, dice, voy a detener a los líderes de esa gente, pero para que no se vea que yo estoy de un lado voy a detener a uno de ustedes también, pero con el de ustedes yo me comprometo a que en 72 horas esté libre y a aquellos los vamos a llevar a la de alta seguridad”.
El gobernador anunció que entrarían el martes siguiente a El Ocotito ocho BOM, con militares, policías federales, estatales y ministeriales, para detener a todos los hombres armados de la UPOEG y del FUSDEG, y pidió a los dirigentes que sacaran a sus comunitarios para que no fueran detenidos.
Los dirigentes del FUSDEG estuvieron de acuerdo, y después las bases también. Al lunes siguiente, 7 de noviembre, una comisión fue a reunirse con el fiscal Javier Olea, para darle el nombre del miembro del FUSDEG que sería detenido, y el fiscal les dijo que ya estaba todo listo para la entrada a El Ocotito al día siguiente.
La madrugada del 7 de noviembre el FUSDEG sacó a todos sus policías comunitarios de El Ocotito.
“El martes después de que nos salimos, manda el fiscal a traer a una comisión del FUSDEG, va la comisión y les dice el fiscal Javier Olea, que dice mi mamá que siempre no, que ya no iba a haber nada porque ya El Ocotito estaba bien, o sea que ya no había conflicto y que ellos no tenían gente suficiente para ir a hacer un operativo de ese tamaño, y que Carioca (uno de los líderes de la UPOEG, Marco Antonio Salgado Pineda) tenía mejores armas que él y que no iban a hacer operativo.
“Entonces ahí nos dejó embarcados el gobernador, sacamos a casi 100 familias de El Ocotito y ahora las familias están fuera, unas refugiadas en Tierra Colorada, están regadas en muchos lugares de Guerrero y de fuera de Guerrero, y ya no han podido regresar porque el gobernador no cumplió su palabra, ni el fiscal ni el general Almazán ni el secretario de Gobierno. Nos engañaron como tontos y se aprovecharon de la nobleza de la gente buena y ahí está la consecuencia de que ya tienen una narco UPOEG ahí aliada con Los Ardillos, con el Cártel del Sur y con el mismo gobierno. Es una alianza de los cuatro”.
Después de El Ocotito, afirma Alanís, siguió la misma operación en otros pueblos: “Ahí no paró la cosa, sino que una vez que nos sacan de Ocotito sigue el mismo plan para Xaltianguis, toman Xaltianguis, detienen a muchos compañeros, hacen la misma operación, los rodean, los empiezan a amenazar, amenazar, amenazar, y ellos presumen de que no tiraron ni una bala, y pues sí, no tiraban balas porque agarraban a las familias, a las mujeres y a los niños, y todos los hombres comenzaron a dudar con esas amenazas. Tomaron Xaltianguis, Las Marías, El Playón, Xolapa, en todos los pueblitos que teníamos del lado de Xaltianguis hicieron lo mismo y los convierten en UPOEG”.
“La gente empezó a correr a Colorada porque era el centro, porque la intención de ellos eran rodear nuevamente Colorada también. Y fue ahí donde buscamos otra vez al gobernador, pero ya no nos dio la cara”.
“El gobernador me dio la orden de que te detenga”
El 10 de noviembre Alanís le mandó al gobernador un mensaje por Whatsapp en el que le reclama que está actuando mal con el pueblo, dice que ahora sí cree que esté vinculado con el narcotráfico, y señala: “Hoy sé que nos tenemos que levantar nuevamente como pueblo y nuestros enemigos serán la delincuencia organizada y el narcogobierno”.
Este mensaje motivó la amenaza de detención para Alanís, y su salida de Guerrero para protegerse. Dice en entrevista:
“El gobernador vio el Whatsapp como a la una de la mañana, a esa hora el fiscal me marcó, pero yo ya había apagado mis celulares, y le habló al maestro Plancarte (el coordinador de la parte no armada del FUSDEG), a las 3 de la mañana, y lo amenazó, dijo que nos iba a detener porque eran órdenes del gobernador, y quería que yo le hablara para que le bajara de huevos, el fiscal me mandó un mensaje, me dijo que le bajara de huevos porque no le podía hablar así al gobernador”. “Yo me tuve que salir del estado, porque me iban a detener, yo tenía orden de aprehensión pero salía con 3 mil pesos porque es un delito que nunca se comprobó, la persona nunca se presentó, fue algo inventado por alguien que nos quería perjudicar, y lógicamente el gobierno le dio seguimiento, como para agarrarme.
“Y le contesté al fiscal a los dos o tres días, le marqué, y me contestó el fiscal y me dijo, sabes qué, tú eres el número uno ahorita para mí, el gobernador ya me dio órdenes de que te detenga y ¿sí sabes que tienes orden de aprehensión?, y le dije, ¿sí sabes cuál es mi delito, y sabes que con 3 mil pesos voy a salir?, y se empezó a reír el fiscal y le dije, bueno, solamente que me vayas a poner unos 3 kilos de goma y unos tres AR-15 para que puedas justificar porqué me detuviste, así como le hacen a todos. Y me dijo, bueno, pues ahí tú sabes, lo único que te digo es que le bajes de huevos, ahorita eres el número uno para mí para detenerte, y son órdenes del gobernador, así que si quieres arreglar esto habla con él, habla con Florencio y sólo ellos van a poder cambiar la orden que yo traigo”.
–¿Has regresado a Guerrero, qué vas a hacer?
–Yo sí he regresado pero me salí de Guerrero, todos los compañeros líderes nos salimos, no nada más yo, dijimos, no, ni madres, vamos a arreglar nuestra situación jurídica porque éstos no nos van a detener como a Mireles, como a todos los líderes políticos, Nestora, Eliseo del Villar, Gonzalo Molina. Nosotros nos salimos, nos pusimos a ver la situación jurídica, ahorita la orden de aprehensión ya cumplió su término, y ya el juez nos avisó. Ya nosotros estamos libres, no tenemos ninguna cuenta con la justicia”.
Cambiamos de postura y ya no permitiremos que entren a Tierra Colorada
Dice que los dirigentes del FUSDEG que salieron de Guerrero en noviembre han regresado a organizar y que el Frente ha cambiado su postura.
“Fue ahí cuando ya cambiamos la postura, después de que me amenaza el fiscal y que ahora nos van a detener después de que el gobernador hizo un acuerdo, no nos cumplió y ahora nos quiere detener. Entonces ya cambiamos la postura, porque nosotros teníamos la postura de que no hubiera muertos, de que no nos podíamos matar entre la gente del pueblo”.
–Ahora el FUSDEG sólo está en Tierra Colorada.
–Sí, toda la gente del FUSDEG que ha sido exiliada de sus pueblos se refugia en Tierra Colorada, la misma gente de Ocotito, Mohoneras, Xaltianguis, están en Tierra Colorada.
–¿Y están en peligro ahí?
–No por ahora, porque cambiamos de postura y cuando iban a tomar Colorada dijimos, aquí ya no van a entrar, y si no quiere muertos que cumpla el gobernador con su parte que nos prometió y si no aquí se van a morir los de UPOEG que entren.
–¿El cambio de postura es que se van a defender?
–Sí, y fue ahí en Colorada donde se suscitó la balacera que duró casi un día, fue donde quedaron los reporteros atrapados. Porque nosotros nos hemos dedicado a fortalecer la parte armada, ya tenemos muchas armas y balas y el que entre ahí se va morir, porque ya estuvo bueno, se supone que la Policía Comunitaria se hizo para defender al pueblo de los crímenes de los cárteles y del crimen organizado, no para que sea parte de la delincuencia como la UPOEG, para nosotros la UPOEG es parte del crimen organizado, son enemigos de nosotros y son delincuentes, no vamos a permitir que entren, y ya no han intentado entrar, porque ellos saben que estamos reforzados y tenemos gente y armas.
–¿Tú sigues en el FUSDEG, aunque ya no puedes estar aquí?
–Sí, yo sigo organizando a la gente y apoyando en lo que puedo.
