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Sigue impune la ejecución de Juventina Villa, líder de desplazados y de su hijo hace 5 años

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco años de la ejecución de la defensora del bosque y líder de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, los responsables gozan de impunidad, denunciaron el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
También informaron que el gobierno sigue sin cumplir los compromisos que asumió con los desplazados por la violencia en esa zona, a pesar de que abandonaron sus comunidades debido a que el gobierno no les garantizó la seguridad a la que tienen derecho.
Mojica Villa fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynaldo de 12 años. Entonces dirigía a un grupo de desplazados por la violencia de la comunidad de La Laguna, asentada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán.
Antes, entre febrero de 2011 y noviembre del 2012 el mismo grupo  armadoo que la mató ejecutó a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, de apellidos Santana Villa.
La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.
Como consecuencia de esa persecución fueron asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, mientras que tres más fueron desaparecidos y se desconoce su paradero.
Tras esos hechos de violencia los pobladores de La Laguna se vieron obligados a abandonar la comunidad y se refugiaron en Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.
Posteriormente por la presión de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el gobierno del estado inició un proceso de reubicación para las familias en las poblaciones de La Unión y Tepango, municipio de Ayutla, en donde se encuentran 17 familias. Otras más se quedaron en las localidades de La Tondonicua, municipio de Petatlán, en donde se encuentran otras 16 familias.
El Centro Morelos y el Ccti denunciaron que a cinco años de la ejecución de Villa Mojica y su hijo, el caso sigue sin investigarse, y los responsables gozan de impunidad, en la misma situación se encuentran las otras 27 ejecuciones y las tres desapariciones, aun cuando la familia Santana Villa presentó las denuncias correspondientes en las que dieron nombres y la ubicación de los responsables directos de la violencia.
El Centro Morelos y el Ccti han dado seguimiento al caso, y ayer informaron mediante un boletín de prensa con motivo del quinto año de la ejecución de Mojica Villa que de todos los asesinatos y las tres desapariciones sólo se ha detenido a una persona por esa muerte, pero que por las demás ejecuciones no se ha detenido ni sentenciado a nadie.
Denunciaron que las familias desplazadas de La Laguna que se encuentran refugiadas en tres lugares, “viven en condiciones de alta marginación, sin acceso pleno a servicios de salud, trabajo, tierras y educación”.
Afirman que paralelamente las familias enfrentan secuelas profundas y afectaciones biopsicosociales que no han sido atendidas integralmente por el gobierno.
A cinco años de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa los organismos exigieron castigo a los responsables, reparación integral del daño, restitución, rehabilitación e indemnización por los daños.
También exigieron garantías de no repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados por la violencia, “que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como de abuso del poder y de la omisión de las autoridades”.

Demandan ONG protección para los defensores del Centro Morelos ante la violencia en Chilapa

Organismos civiles y de derechos humanos del estado, de Oaxaca y de Morelos demandaron que se respete y se proteja la integridad personal y la seguridad de los defensores del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), ante la ola de violencia que persiste en la región de Chilapa.
En un comunicado firmado por el Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Tequio Jurídico, Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, dan su respaldo al organismo.
Exponen que los recientes hechos violentos que han sacudido a la región, en medio del clima de violencia en el estado han afectado las actividades del Centro Morelos, que trabaja a favor de familiares y víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzoso, y que se le deja expuesto a una situación de vulnerabilidad como defensoras y defensores.
“A esto se ha sumado la inacción e indolencia de las autoridades que no han brindado las condiciones necesarias para que ejerzan su derecho a defender derechos humanos. Como personas defensoras de derechos humanos la labor de los integrantes del Centro Morelos aporta sus esfuerzos para lograr un fortalecimiento del Estado de Derecho y el aumento de la gobernabilidad y el fin de la impunidad de los delitos de alto impacto social”, manifiestan los Organismos no Gubernamentales (ONG).
Agregan que el trabajo de los integrantes del organismo defensor, como denunciantes, coadyuvantes, gestores y representantes legales de víctimas y familiares en la zona, es una confrontación diaria con las autoridades estatales y nacionales, así como ante el actuar impune de perpetradores que sumado a la vulneración de su labor los expone como un blanco propicio para cualquier tipo de agresión directa.
Indican que los organismos firmantes respaldan ampliamente el trabajo del Centro Morelos, hacen un llamado a las autoridades para que lleven a cabo acciones efectivas de prevención, que permitan evitar algún hecho lamentable en contra de los defensores.
Por lo tanto exigieron que se reconozca y respete la labor de los defensores de derechos humanos en su papel de representantes jurídicos de las víctimas y sus familiares, además de que se respete y se proteja su integridad personal y seguridad. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Sin transporte ni servicios de salud viven los desplazados que regresaron a pueblos de Chilapa

Las comunidades de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima del municipio de Chilapa continúan sin servicios básicos, el centro de salud permanece cerrado, no hay transporte público regular y existe incertidumbre sobre el funcionamiento de las escuelas en el siguiente ciclo escolar.
La mitad de los vecinos regresó a más de un mes de que prácticamente todos huyeran por temor tras la amenaza anónima de un ataque armado, sustentado en al menos 45 casos de desapariciones y asesinatos en la región desde el 2015, según cálculos de las autoridades comunitarias.
En Ahuihuiyuco la música que se pone en altavoces para todo el pueblo ha vuelto a escucharse, han abierto las tiendas, se puede ver gente en los patios de sus viviendas, campesinos trabajando y vecinos en el centro.
Con melancolía los jefes de los hogares regresaron a recuperar la poca siembra que les dejaron los animales que en el éxodo fueron liberados, a darles de comer a sus animales desahuciados, a buscarlos o a malbaratarlos para tener dinero para comer.
Algunos pobladores claman por cobijas y colchonetas pues en su ausencia sus casas fueron saqueadas. Cuando el alcalde priista de Chilapa, Jesús Parra llevó una jornada asistencialista y celebró que el problema había concluido, su personal anotó a las personas que necesitaban cobijas pero éstas no han llegado.
Las raquíticas despensas que llevó el alcalde y que sirvieron para la fotografía oficial y un video promocional con la frase “por la tierra que queremos”, se acabaron en unas horas.
La nueva construcción de un centro de salud ni siquiera se puso en funcionamiento y con la zozobra y la crisis social actual no hay para cuándo, dijeron los vecinos.
En condiciones aparentemente normales la población de Ahuihuiyuco iba a la vecina Tepozcuautla al centro de salud, pero desde hace un mes está cerrado. La doctora y las tres enfermeras también abandonaron su centro de trabajo.
Los vecinos informaron que a veces los soldados comparten el poco medicamento básico que tienen, pero no tienen ni suero para el piquete de alacrán.
“Acá nos podemos morir”, diji resignada una señora.
Militares en una base en la Comisaría son los encargados de dar seguridad y no hay policías estatales.
En Tepozcuautla las condiciones son las mismas hay tensión en la población que ha regresado y que intenta recuperar su vida, su trabajo y su cotidianidad. La coincidencia en las dos comunidades es la falta de servicios de salud.
La crisis del transporte público inició desde hace unos dos años. Ahora tienen que caminar a Tepehuizco y Lodo Grande, relataron algunos vecinos.
El camión que surte de refresco ha vuelto a subir.
Los niños que egresarían de las escuelas de Tepozcuautla se quedaron sin clausura, regalos y fiesta. La falta de funcionamiento obligó a las escuelas a dar vacaciones.
Los directivos, dijeron padres de familia, prometieron regresar en el siguiente ciclo escolar pero es sólo una expectativa.

Les prometieron seguridad pública en Ahuihuiyuco

El comisario de Ahuihuiyuco, Ambrosio Vázquez Casarrubias informó que la mitad de los habitantes, de unas 250 familias, ya se encuentran en la localidad, que el alcalde de Chilapa les prometió seguridad pública permanente y que gestionaría la regularización del transporte.
Él salió de la comunidad al siguiente día de la amenaza de ataque, entregó el Bastón de Mando en el Ayuntamiento al síndico procurador Esteban García García.
Dijo que aunque persiste el temor los vecinos van a esperar, “qué vamos hacer, ni modo de salirse nuevamente, hay que esperarse”.
Solicitó al gobierno del estado y al federal patrullajes en los caminos y los alrededores de la comunidad.
El comisario de Tepozcuautla, Joaquín González Leyva informó que hay 180 viviendas habitadas, casi la mitad del total. “Están llegando”.
Dijo que desde las 5 de la tarde la gente ya no sale de sus casas y que no hay transporte público, por lo que tienen que caminar a las vecinas comunidades de Tepehuizco y Lodo Grande.
Pidió que el gobierno los apoye con el Ejército y restablecer los servicios de salud.

Se refugian por sus medios en Iguala desplazados por la violencia de Chilapa, La Gavia e Ixcateopan

Unos 60 integrantes de 20 familias que fueron desplazados por la violencia de la comunidad de Tepozcuautla, municipio de Chilapa, se refugiaron en precarias casas en las que viven hacinados y con carencias en una colonia de esta cabecera municipal, donde además hay refugiados de La Gavia, San Miguel Totolapan, e Ixcateopan.
Los desplazados por la violencia advirtieron que no regresarán a su comunidad “porque si regresamos ya sabemos lo que nos espera, la muerte”, informaron este martes las familias que desmintieron al alcalde de su municipio, el priista Jesús Parra García, quien afirmó que los que huyeron por la violencia ya habían regresado.
La tarde del martes las familias fueron visitadas por el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) de Chilapa, Manuel Olivares Hernández, organismo que está levantando un censo de las familias desplazadas por la violencia de Chilapa.
Las víctimas llegaron a Iguala en diferentes momentos, algunas ya llevan un año, otras desde septiembre y las más recientes, unas siete familias llegaron entre el 7 y el 9 de junio pasado.
El miedo es evidente, no quieren que nadie sepa de su ubicación y dudan en ser parte de la petición de reubicación que se planteó en la reunión con integrantes del Centro Morelos.
Al presentarse ante unas nueve familias que llegaron poco a poco al encuentro, Manuel Olivares dijo que la seguridad de las familias es responsabilidad del Estado, “pero al ser incapaces de dar esas garantías vuelve a las familias víctimas de desplazamiento forzado”.
En la reunión se dijo que las familias huyeron con miedo y a escondidas de la delincuencia organizada, sacaron únicamente ropa y algunas pertenencias que podían llevar cargando, pocos sacaron más cosas porque no tienen vehículo.
Las familias que abandonaron sus casas, pertenencias y animales de corral no sabían cómo estaban sus pertenencias pero dijeron que no regresarán.

A un hombre le desaparecieron a dos hijos; la presencia policiaca y militar no sirve, afirma

Uno de los desplazados, un hombre de unos 65 años dio a conocer que le desaparecieron a dos de sus hijos de 26 y 18 años el 24 de febrero, afirmó que no sirve de nada que el Ejército y la Policía Estatal estén en la comisaría, pues dejan el resto de la comunidad, las carreteras y los caminos desprotegidos. Informó que también fue amenazado por los delincuentes para que saliera del pueblo o lo matarían.
Expuso que los hombres ya no podían salir a trabajar por miedo a ser asesinados al ser confundidos en la disputa en esa zona, entre los grupos de la delincuencia organizada Los Ardillos y Los Rojos, “no podíamos ya salir ni a la esquina a comprar a la tienda y menos a Chilapa o a las tierras de cultivo porque teníamos miedo de ya no regresar, sólo estábamos encerrados en las casas”.
Otro desplazado narró que él con su esposa y sus cuatro hijos dejaron su casa, caballos, aves de corral, algunas reces y puercos, los cuales tuvieron que soltar para que pudieran alimentarse solos. También dejaron el maíz que habían cultivado para autoconsumo.
Dio a conocer que ante la precaria condición en la que viven se apoyan entre las familias con la alimentación, comparten un refrigerador que uno logró sacar de su casa.
Agregó que no regresarán a Chilapa por miedo a que la delincuencia les arrebate sus hijo de 17 y de 14 años, y tiene otros dos de 9 y de seis años y mencionó que antes de que ellos huyeran del lugar los delincuentes se llevaban a los adolescentes de 13 y 14 años para obligarlos a trabajar para ellos, “preferimos salirnos y dejar todo, como quiera la vida es lo más importante”.
Un caso más es el de una familia que también huyó dejando todo luego de que delincuentes querían obligar al jefe de familia a servir como informante de un grupo, dieron a conocer que en los medios de comunicación en Tepozcuautla vieron que en su casa hubo saqueo de pertenencias, aun así no piensan regresar.
Informaron que a otras colonias de Iguala llegaron más familias de desplazados de su comunidad, por lo que la cantidad exacta de cuantas familias están refugiadas en Iguala no se sabe.

Vivir en casas prestadas y sin ayuda del gobierno

Sin la ayuda del gobierno las familias con apenas escolaridad de secundaria, primaria y otros sin ningún estudio, narraron las precarias condiciones en las que viven hasta diez personas en una pequeña vivienda de unos seis metros cuadrados, con piso de tierra, en su mayoría sin camas ni trastes para cocinar porque todo lo dejaron en sus casas que abandonaron.
Padecen hambre a pesar de que los hombres salen todos los días a buscar empleo “de lo que haya”, las casas carecen de los servicios básicos como drenaje y agua que en esta temporada aprovechan las lluvias para captar un poco, y en el caso de la energía eléctrica a algunos les prestan los vecinos.
Los adolescentes tuvieron que dejar la preparatoria y los menores fueron incorporados al kínder y a una primaria cercana a donde están.
Una de las mujeres informó que solicitaron que fuera cambiado a este municipio el lugar para que puedan recibir el apoyo de Prospera, ya que desde que salieron huyendo de su comunidad no lo han recibido.
En el encuentro con integrantes del Centro Morelos la representante del asentamiento al que llegaron la mayor parte de desplazados por la violencia, quien pidió omitir toda información de su ubicación, indicó que según el censo que tiene son unas 100 personas de 40 familias que recibieron de desplazados por la violencia, de estos más de la mitad son niños menores de 9 años y pocos adolescentes de entre 12 y 17 años.
Indicó que son unas 25 familias de Tepozcuautla, Chilapa, siete de La Gavia en San Miguel Totolapan y tres de Ixcateopan, a las que les buscaron algunas casas desocupadas donde podían quedarse.
Informó que las autoridades locales y estatales ya saben de la situación.

Entran empleados municipales a La Gavia, Totolapan, para limpiar de animales muertos

Por primera vez en la actual administración municipal de San Miguel Totolapan del perredista Juan Mendoza Acosta, ingresó a La Gavia un programa de salud que no llegaba por temor al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y en compañía del Ejército sólo encontraron animales muertos y todas las casas abandonadas.
La falta de vecinos y de criminales permitió ingresar a zonas donde todavía hay huellas de violencia, y a la casa de El Tequilero.
El alcalde ordenó una operación de saneamiento de La Gavia después del reporte de animales muertos, y a las 10 de la mañana partió un grupo del Ayuntamiento para la limpieza con un carro de basura, picos, palas, cubrebocas, guantes y cal, además de maquinaria para hacer hoyos en donde sepultaron los animales muertos. Eran cerca de 50 empleados, además de dos patrullas militares que avanzaron en vehículos y a pie.
Encontraron principalmente marranos muertos, chivos que fueron atacados por los perros, algunas vacas y varias aves. Fueron alrededor de 50 animales que sacaron de las casas.
El pueblo está dividido por un arroyo, tiene aproximadamente 100 casas. En la primera sección están las escuelas, del otro lado del arroyo hay un camino que sube a una loma y detrás se ubica la casa de la mamá de El Tequilero, a donde según los reportes llegaba a dormir.
En el trayecto había cartuchos percutidos y útiles de calibre .223 para el rifle de asalto AR-15 con la punta color verde. Casas de concreto con impactos de bala en el mismo camino de subida. Ahí se aprecia un tramo a 100 metros del arroyo, donde las lluvias hacen un charco.
“Ahí se atoraron los federales, no pudieron avanzar con sus unidades pero lo peor es que este no es el camino a la casa de El Tequilero, está por abajo, se entra por una calle antes, se equivocaron”, dijo una fuente del lugar.
Bajando la loma entre las últimas casas está una vivienda humilde de teja con dos cuartos, y un patio amplio, muy al estilo de la región. Ahí estaba una camioneta Jeep negra abandonada con una jeringa en la guantera, al parecer de El Tequilero.
Toda la casa tenía ropa tirada y basura como si antes alguien hubiera entrado y revisado todo. Se vieron juguetes tirados y fotografías familiares.
Según las autoridades ya no hay nadie en el pueblo y el grupo militar que mantenía el control de la localidad se fue.
Ayer todos tomaban sus medidas preventivas en esa loma y con mucha precaución avanzaron casa por casa. Los militares ingresaron con una patrulla pero por el lodo continuaron a pie.
Esa casa tiene otra entrada al fondo del pueblo arroyo arriba, que en esta temporada de lluvias es más complicada por el crecimiento del caudal.
La protección de la loma, lo complicado de los accesos y las casas en la parte alta con amplia visión de los caminos le daba ventaja al grupo criminal Los Tequileros para observar con anticipación a sus enemigos.
Justo frente a la casa de El Tequilero del otro lado del arroyo se vieron dos camionetas. Una Dodge completamente calcinada y otra de redilas de 6 toneladas, al parecer las dos fueron utilizadas en el enfrentamiento de la noche del 10 de mayo cuando se reportó que el grupo que llegó tuvo cinco bajas.
La Gavia huele a mortandad, por todos lados se vio a animales muertos. Algunos atacados por los perros, otros murieron de hambre.
Mientras se limpiaba el lugar llegaron camionetas con vecinos de la localidad, gente que salió y que radica en la cabecera municipal con sus familiares y que aprovechó la presencia militar para ir a sus casas a darle de comer a sus animales. Se les vio hacer todo a prisa como si quisieran irse rápido.

Varios vecinos refugiados en la cabecera quieren regresar

El presidente municipal perredista, Juan Mendoza Acosta no acudió a La Gavia pero dio una conferencia de prensa en la que precisó que varios vecinos quieren regresar, aunque la localidad “aún no es segura”.
El alcalde dijo que la limpieza en la localidad es porque es un foco rojo de infección y no quiere una epidemia.
“El 50 por ciento de las familias que se salieron están aquí en San Miguel, me han preguntado que si pueden regresar, y la verdad yo lo que les he dicho que es que yo no les puedo garantizar la seguridad, yo les he dicho que me gustaría que vuelvan pero vamos a esperar un poco más para que el gobierno estatal y federal nos den garantías”, dijo el alcalde.
“Los primeros que se salieron sufrieron saqueos del grupo delincuencial. Sabemos que los delincuentes se salieron de ahí y vemos que el Ejército hace su parte pero la verdad, la verdad yo creo que aun no es segura La Gavia”, señaló.
“Pienso que un mes, mes y medio o dos meses puede que haya condiciones con las acciones emprendidas por el Ejército, la Policía del Estado y hasta la PGR, yo creo que pronto habrá esas condiciones”, consideró.

 

Están en cuatro ciudades 29 familias que huyeron de la violencia de Chilapa, dice el Centro Morelos

Diseminadas en al menos cuatro ciudades del estado se encuentran unas 29 familias (más de 100 personas) de las comunidades de Ahuhuiyuco, Tepozcoautla y Tetitlán de la Lima, municipio de Chilapa y todas han decidido no regresar a sus comunidades por temor a la violencia.
El presidente del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández declaró que la cifra es mucho mayor porque muchas familias se dispersaron sin apoyo del gobierno y no están registradas por los organismos de derechos humanos, ni por los gobiernos federal y estatal.
El martes el presidente municipal de Chilapa, el priista Jesús Parra García dijo que la mayoría de los desplazados de esas tres comunidades ya regresaron, que hay garantías de seguridad por la presencia de la Policía Estatal y del Ejército.
Sin embargo datos del Centro Morelos indican que existen decenas de familias que se encuentran diseminadas en municipios como Juan R. Escudero, en Chilapa, Tixtla y Taxco refugiados con familiares o amigos y sin el apoyo de ninguna instancia de gobierno.
El presidente del organismo dijo que lo peor es que no quieren regresar porque la presencia del Ejército y de la Policía Estatal no garantiza su seguridad, debido a que la operación es en un solo punto y las familias necesitan desplazarse de sus casas al campo o a la cabecera municipal, y que en el trayecto no hay vigilancia para ellos.
Según datos del organismo 23 personas, niños y adultos de siete familias se encuentran refugiadas en localidades de Chilapa.
Otros 41 integrantes de 10 familias se encuentran en el municipio de Juan R. Escudero, en donde apenas la semana pasada se contaron nueve familias y 36 personas, lo que indica que en los últimos ocho días llegó una familia más.
Asimismo tres familias más con un número indeterminado de personas se encuentran refugiadas en el municipio de Tixtla. Otras cuatro personas en el municipio de Taxco y la tarde de ayer el Centro Morelos contabilizaba los refugiados en el municipio de Iguala. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Piden vecinos de La Laguna, Coyuca de Catalán, que el gobierno reconozca a los desplazados

Una comisión de desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, se reunieron este jueves con el subsecretario de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, David Sotelo Rosas, a quien plantearon sus demandas.
El director del Centro Morelos, informó que también solicitaron al subsecretario que el gobierno del estado, “se pronuncie y reconozca públicamente a las familias desplazadas como víctimas de desplazamiento”.
Explicó que es importante que el gobierno del estado dé ese reconocimiento, porque “hoy parece que existe una postura de mantener invisibilizado el problema de desplazamientos por la violencia que se vive en la entidad”.
Recordó que la Ley 487 reconoce que hay en Guerrero el problema de desplazados, pero que se requiere un pronunciamiento explícito del gobierno, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está tratando de incorporar el problema del desplazamiento para que las familias puedan acceder como víctimas a los apoyos que desde esa comisión se dan.
Asimismo, a nombre de los habitantes de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, Olivares Hernández planteó un pliego petitorio de las 11 familias de esa localidad que tienen que ver con apoyos para su sobrevivencia y garantías de seguridad.
A la reunión de ayer acudirían dos representantes de esa localidad nahua, pero a última hora decidieron no viajar debido a que el gobierno del estado no les proporcionó las medidas cautelares que solicitaron ante el riesgo de ser atacados en el camino por sus vecinos de Tlaltempanapa, que los tienen amenazados y que ya irrumpieron el 6 de enero del año pasado, cuando mataron a seis vecinos.
Entrevistado al final de la reunión en la oficina del funcionario, el director del Centro Morelos, Olivares Hernández informó que plantearon las necesidades que tienen los distintos grupos de desplazados en el estado, “en primer lugar expusimos las necesidades de las familias de Quetzalcoatlán, la alta vulnerabilidad en que se encuentran y el inminente riesgo de que pudieran sufrir algún ataque del grupo que ya los agredió una vez”, dijo.
Explicó que le manifestaron al funcionario, principalmente, la falta de agua y víveres para su sobrevivencia.
En la reunión estuvieron los representantes de las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, una de ellas, Catalina Pérez Duque, quien encabeza a los refugiados en las comunidades de Tepango y La Unión, municipio de Ayutla.
Olivares Hernández informó que las familias reclamaron su derecho a la educación, vivienda, tierras para sembrar, empleos y proyectos, “planteamos de manera muy precisa las necesidades urgentes que tiene cada familia”, dijo.
Sin embargo, se quejó de que no hubo respuestas puntuales y precisas del funcionario, y que sólo se comprometió a gestionar ante las diferentes secretarías del gobierno estatal para que sean las dependencias correspondientes las que respondan en otra reunión interinstitucional que se programará después.
“Cada una de las demandas se van a tratar en las diferentes secretarías y finalmente terminaremos recibiendo respuesta en una reunión interinstitucional, donde estarán presentes cada una de las dependencias”, dijo Olivares.
Aclaró que no se definió una fecha para esta reunión porque todo dependerá de la agilidad con que contacte a los funcionarios la subsecretaría de Asuntos Políticos, “ojalá no pase de unos 15 días, para que podamos reunirnos nuevamente”, declaró.

No se les garantiza ni el agua a los desplazados por la violencia de Zitlala, denuncia ONG

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) dijo en un comunicado que el gobierno no ha garantizado las necesidades como agua, alimentación, educación y salud a los desplazados por la violencia de la comunidad nahua de Quetzalcoatlán de las Palmas, Zitlala.
El 6 de enero se cumplió un año de que hombres armados ingresaron a dicha comunidad donde asesinaron a seis personas, por lo que las familias se tuvieron que desplazar a la cabecera municipal.
En el comunicado se explicó que el 15 de julio las familias que estaban en el albergue temporal regresaron a su comunidad después de reunirse con funcionarios del gobierno estatal, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) y de autoridades municipales, donde firmaron un acta circunstanciada donde el estado se deslinda de los desplazados.
En esta reunión “como alternativa para dar una solución duradera” a los desplazados, el gobierno del estado entregó a las familias la cantidad de 8 mil pesos, también se dejaron 60 colchonetas bajo resguardo del Ayuntamiento con el compromiso de hacer entrega a las familias además de 60 cobertores y 48 despensas, mismas que a más de medio año no se les ha entregado, se detalló el escrito.
Ese día también el presidente municipal, Roberto Zapoteco Castro verbalmente se comprometió en apoyarlos con dinero pero tampoco ha sido entregado.
En el documento se señaló que “los desplazados nahua-hablantes firmaron la acta circunstanciada sin entender los términos donde renuncian a sus derechos”.
Actualmente los pobladores aún estando en su comunidad permanecen como si estuvieran desplazados porque el gobierno incumplió con la Ley 487 donde establece que para prevenir y atender el desplazamiento interno deben gozar de todos sus derechos plasmados en la Constitución Mexicana conforme al Artículo 1 fracción cuarta, quinta y sexta, manifestó el centro en el comunicado
También aclaró que los menores deben vivir en un lugar libre de maltrato y de cualquier tipo de violencia y tener acceso a educación básica, que los desplazados tienen derecho a transitar libremente en su territorio y que se les dará un lugar para su reubicación, que en caso contrario podrán estar en su territorio si se les garantizan las condiciones de vida digna y seguridad.
“Sin embargo en la comunidad de difícil acceso carecen de agua potable, educación, personal de salud y medicamentos”, reprocha.

Los desplazados por la violencia desconocen que una ley obliga al gobierno a velar por ellos: Ccti

 

Por desconocimiento de sus derechos las comunidades desplazadas por la violencia no reclaman vivienda y salud al gobierno federal y estatal hasta que existan garantías de regresar a sus localidades, denunció el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Sánchez Taboada sobre los desplazamientos de comunidades en la zona Norte y Tierra Caliente del estado.
Sobre los casos de comunidades desoladas por la violencia del narcotráfico en Teloloapan y Apaxtla, defensor dijo que a partir de la experiencia con los desplazados de La Laguna, sisrra de Coyuca de Catalán y de Chilapa, “sí sabemos que es un problema muy fuerte en el estado, un fenómeno social de desplazamiento que viene de años atrás”.
Recordó que los primeros casos visibles fueron en la sierra de Petatlán, provocados por el ganadero Rogaciano Alba quien fue detenido por delincuencia organizada hasta febrero de 2010. “Hubo un desplazamiento hormiga, integrantes de una familia, luego de familias completas hasta desplazar comunidades”.
Añadió que en el periodo del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, antes de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa que llevaron a su separación del cargo, se creó una ley para atender este conflicto, dicha ley no ha funcionado, denunció.
Señaló que el Estado oculta a los desplazados para no atenderlos, porque las instituciones no están preparadas para atenderlos, sólo se refieren al crimen organizado como la causa de este conflicto “para dejar a la gente a su suerte”.
Opinó que las víctimas no están pensando que el gobierno federal o estatal es responsable de atenderlos, de mantener seguridad y las condiciones para que la gente pueda dedicarse a sus actividades cotidianas en paz y armonía. “La gente está tan preocupada por mantenerse a salvo, su vida su integridad, dejan de ver que los responsables de que deban irse de sus tierras, es también el gobierno que no da seguridad”. Señaló que esto no sucede con las comunidades organizadas que tienen alguna forma de resistir y hay reclamado de sus derechos. Dijo que la población sólo pide seguridad para volver a sus pueblos, “pero se están quedando cortos”.
Señaló que la Ley de Desplazamiento Interno obliga al gobierno a darle condiciones a la gente que se vio obligada a huir de sus domicilios durante los primeros tres meses de que han sido desplazadas, y en ese tiempo generar las condiciones para reinsertar a los desplazados en sus comunidades.
Señaló que en el caso de La Laguna siguen viviendo la inseguridad, esta semana uno de sus vecinos fue asesinado. “La mayor parte de los desplazados ni saben que existe la ley y sobresalen más las amargas experiencias de quienes salen a pedir refugio, porque las autoridades dejan de pagar un hotel donde inicialmente los hospedan y les dicen luego de un tiempo que ya pasó el peligro.

Atribuyen seis de cada 10 homicidios y los secuestros masivos en Tierra Caliente a Los Tequileros

 

 

En Tierra Caliente, seis de cada 10 homicidios de este año son atribuidos al grupo criminal Los Tequileros, que mantienen una lucha por la zona entre Arcelia y Ajuchitlán y tienen bajo control el municipio de San Miguel Totolapan.
El gobierno federal desde el año 2014 oficializó que en esta región del estado operan grupos criminales que se distribuyeron el territorio. En una parte de Zirándaro están Los Caballeros Templarios y en otra el cártel de Jalisco.
A Pungarabato, Cutzamala y Coyuca de Catalán lo controlan los Templarios. La familia Michoacana controla Tlalchapa, Arcelia, Tlapehuala y Ajuchitlán y hay una tregua entre estos grupos.
Pero en San Miguel Totolapan se formó un grupo criminal independiente, Los Tequileros.
En 2013 recrudeció la violencia en el municipio de San Miguel Totolapan, pueblos enteros fueron desplazados por los criminales, 16 comunidades quedaron abandonadas. Algunas familias pidieron apoyo del gobierno, otras huyeron a casa de sus familiares y no regresaron.
La disputa el territorio y la ruta de San Miguel Totolapan que conecta con la Costa Grande incrementó la cantidad de pueblos desplazados.
Raibel Jacobo de Almonte era el sicario encargado de la plaza, es apodado El Tequilero por su gusto por el tequila y su apodo le dio nombre al grupo criminal que formó. Era el responsable de la plaza de San Miguel Totolapan de La Familia Michoacana y trabajaba para Jonny Hurtado Olascoaga, El Pez. Una diferencia por el cobro de secuestros provocó la división, según fuentes militares.
En enero del 2016 el Ejército emitió un reporte oficial en el que ubicaban a Raibel en la comunidad La Gavia como su pueblo sede. Desde esa fecha hasta 2016 en La Gavia han muerto en enfrentamiento dos militares, tres policías municipales y se han dado por lo menos ocho enfrentamientos sin que lo puedan detener.
Según informes del departamento de seguridad pública, El Tequilero comenzó controlando la cabecera municipal de San Miguel Totolapan y algunas poblaciones rurales en la frontera del río Balsas. En el 2016 su poder se extendió a poblaciones de los municipios de Ajuchitlán, Tlapehuala y Arcelia.
El motivo del crecimiento lo atribuyen al cobro de extorsiones y secuestros. Tanto a negocios, empresas constructoras y los secuestros masivos. También le atribuyen cobros de cuota a empleados municipales.
En 2015 apareció en un video bebiendo alcohol con el alcalde Juan Mendoza Acosta, quien posteriormente dijo que había sido amenazado.
Mantiene una constante lucha territorial contra La Familia Michoacana, quienes controlan los municipios de Arcelia, Ajuchitlán y Tlapehuala en Tierra Caliente. El poder de, El Pez, considerado uno de los líderes más fuertes del grupo que controlan parte del Estado de México, se ha visto amenazado por las incursiones de la célula de El Tequilero a su territorio.
En el otro extremo, del lado de la sierra, mantiene una disputa con grupos que ingresan de la costa y de la región Norte, principalmente con Guerreros Unidos.

Los homicidios y secuestros más relevantes

Al grupo de Los Tequileros se les atribuye el homicidio del sacerdote de San Miguel Totolapan ocurrido en el 2014. El del Padre Goyo de Altamirano en diciembre de ese año. El de un regidor y un funcionario del Ayuntamiento de Ajuchitlán del 2015.
También en enero secuestraron a 23 personas en Arcelia. Dos aparecieron muertas y a las otras las liberaron.
También en enero secuestraron a cinco maestros de la secundaria de Santana del Águila municipio de Ajuchitlán, muy cerca de San Miguel Totolapan. Uno de los maestros murió en el cautiverio.
En septiembre en  Temixco, Arcelia, secuestraron a ocho trabajadores de la mina, de los cuales uno apareció muerto y los otros fueron liberados. En todos los casos los familiares pagaron un rescate.
A finales de junio en San Cristóbal municipio de Ajuchitlán, cerca de la cabecera pero del otro lado del río Balsas, secuestraron a 10 personas.
Ahora el gobierno estatal acusa a ese grupo del secuestro de 10 personas de San Jerónimo el Grande municipio de Ajuchitlán, de los cuales tres ya fueron liberados y de siete más no se conoce su paradero.
En este año fueron detenidos sólo dos de sus subalternos, además de dos policías municipales a quienes señalaron como parte del mismo grupo.