Etiqueta: Gonzalo Molina González

Se recupera Gonzalo Molina de una operación en Iguala; indigna a activistas que esté esposado

El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Gonzalo Molina González se encuentra en recuperación tras una cirugía en la vía urinaria.
Activistas denunciaron que la Policía Estatal mantiene encadenado al policía comunitario a una cama del hospital, lo que provocó indignación de quienes lo acompañan.
El canta autor Lenin Fernández denunció en redes sociales la situación del luchador social detenido desde 2013, “es indignante el trato al vocero de la CRAC Policía Comunitaria, Gonzalo Molina después de su operación con éxito es esposado como si en esas condiciones pudiera escapar, Gonzalo Molina es un preso político, su delito es defender a su comunidad del crimen organizado”.
Su familia, que antes dio a conocer la inadecuada atención a la salud de Molina González, no ha dado declaraciones desde su traslado de la cárcel de Chilpancingo al hospital general Jorge Soberón Acevedo de Iguala por cuestiones de seguridad.
Fuentes del sector Salud y de Seguridad Pública confirmaron que el viernes de la semana pasada se haría la cirugía para extraer cálculos de la vía urinaria y del riñón, por medio de una técnica poco invasiva llamada ureteroscopia con litrotripsia quirúrgica, sin embargo, debido su salud agravada, la operación se pospuso para el miércoles, hasta estabilizar su sistema, para hacer una operación abierta. El paciente será custodiado hasta sea dado de alta y regrese a Chilpancingo.

 

Autorizan que esté con Gonzalo Molina un médico de confianza mientras lo operan, informa su esposa

Autoridades penitenciarias de la cárcel de Chilpancingo autorizaron que durante la cirugía del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia Mi Patria Es Primero de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en este penal, esté presente un médico de su confianza; sin embargo, la operación no sería en un hospital privado, como solicita el luchador social.
El 17 de noviembre, por tercera ocasión en este mes el promotor fue trasladado al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo para suministrarle un analgésico para el dolor que le provocan los cálculos renales que padece.
Consultada telefónicamente, su esposa, Ausencia Honorato Vázquez informó que ya ha sido llevado dos veces antes para “drogarlo”, en referencia al analgésico que le suministran para controlarle el dolor.
La mujer relató, “antier yo me fui rápido porque él se estaba poniendo mal; entonces cuando yo llegué allá se le bajó le presión bien feo, y yo ya no sabía qué hacer, y ya habían cerrado donde lo encierran… yo les grité a los guardias que vinieran, porque él se había puesto mal, se puso bien tembloroso y se veía que se iba a caer. Entonces les grité a los guardias… y ya lo llevaron a la clínica (del penal) y ahí lo tuvieron”.
Dijo que desde hace cuatro meses, cuando se agravó la enfermedad de Molina González, han solicitado a las autoridades de la cárcel que permitan atenderlo en un hospital privado de confianza.
“Así nos han llevado, al principio nos decían que sí, pero ellos querían operarlo así, con los doctores del gobierno, pero pues como él recibió amenazas del médico, se puede decir, del Hospital General, pues nosotros ya no quisimos (que lo atendieran ahí)”.

La CRAC es un proyecto inacabado y hay que mejorarlo, dicen dos consejeros

A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.

Visitan padres de los 43, Tlachinollan, ex presos políticos y la CRAC a Arturo Campos en la cárcel

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, seis ex presos políticos y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso acudieron al reclusorio de Ayutla, a visitar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera para mostrarle su solidaridad y explicarle su situación jurídica actual.
Además le informaron que el 1 de diciembre arrancará una campaña para exigir su libertad, a tres años de que fue encarcelado.
En consulta telefónica su abogado Rogelio Téliz García recordó que el 1 de diciembre de 2013 detuvieron en Chilpancingo a Arturo Campos, cuando a los 12 días por la libertad de los presos políticos en Chilpancingo fue detenido y llevado al penal de Acapulco, después al del Altiplano, y el año pasado lo regresaron a Ayutla por un amparo que se promovió.
Informó que acudieron al reclusorio a visitarlo unas 3 horas junto al director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coordinadores y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Dijo que fueron a recordarle su solidaridad, que están pendientes de su proceso penal y que el pasado 9 de noviembre el Juzgado Sexto de Distrito en Acapulco se celebró la audiencia constitucional del amparo 7462016, que promovió en contra de la resolución que emitió la Sala Penal, donde se confirma el auto de formal prisión por secuestro.
Resaltó, “recordemos que el Juzgado Séptimo de Distrito en Acapulco fue el mismo que concedió un amparo a favor de Bernardino Francisco y los otros compañeros, donde hace un estudio minucioso y reconoce la función de la policía comunitaria. Y además precisamente dice que la policía en si no puede cometer ni el delito de privación ilegal de la libertad y el delito de secuestro. Y recordemos que esta misma resolución sirviera de base para que Nestora se acogiera a la misma y pudiera obtener su libertad junto con la causa penal de Tlapa y de Ayutla”.
Téliz García agregó que entonces el juzgado ya tiene un precedente de que hay antes una resolución que emitió, por lo que dijo se confía en que Arturo ganará un amparo y va a obtener su libertad.
Añadió que si gana ganaría con el proceso penal de Ayutla. Sin embargo aún está el de Tlapa donde se siguen desahogando pruebas, y donde el 7 de diciembre habrá un careo con los agraviados.
El abogado recordó que en Tlapa está acusado de secuestro contra 43 agraviados en la causa penal 1962012 del Juzgado Segundo Penal, mientras que en Ayutla es en el expediente 592015 y que esta es la resolución que tiene el juzgado, donde a partir del 9 de noviembre entró en estudio.
Manifestó que confía en que se resuelva antes de vacaciones de diciembre y que si no es así en los primeros días de enero.
Téliz García sostuvo que en Tlapa se promovió un incidente de libertad y la jueza de manera “dolosa e irresponsable” y respondiendo a intereses políticos negó el incidente de libertad, argumentando que no era procedente, porque las resoluciones de Juzgado de Distrito, incluso la propia resolución para la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García no le favorece a Arturo Campos, algo que no comparten porque por lógica y por cuestiones legales tendría que beneficiar al promotor de la CRAC, ya que son los delitos de los que se les acusa, los mismos agraviados y las mismas consideraciones que le dieron la libertad a la dirigente.
“Le tienen que dar su libertad, Arturo no es secuestrador, Arturo es un defensor comunitario que lo único que hizo fue organizarse con las comunidades, frenar la delincuencia que el Estado no ha podido hacer”, explicó.
Contó que esta visita que hicieron Arturo no cambia su convicción de que el día que obtenga su libertad seguirá organizando y participando en la Policía Comunitaria.
“Él no claudica, en el tema de continuar defendiendo los derechos él dice yo estoy aquí y no cometí secuestro, yo sé que soy un preso político, que el Estado me mantiene aquí por intereses más políticos que legales”, recalcó el defensor.
Además dijo que mostró su respaldo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y pidió que se respete la Ley 701 que el estado pretende derogar o adecuar al nuevo Sistema Penal Acusatorio. También solicitó a las comunidades que estén pendientes de alguna movilización o protesta para defender la ley. En cuanto a su salud aseguró que está estable.
Por otro lado los visitantes informaron al promotor que “el primero de diciembre va a arrancar una campaña de exigencia de libertad hacia su persona. La campaña va a consistir en que ese día organizaciones harán acto de presencia fuera del penal y visitarlo para arrancar la campaña, justo en el marco de los tres años de estar privado de la libertad”.

Exige la esposa de Gonzalo Molina que Astudillo ordene que sea operado en un hospital privado

 

La esposa del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) preso en Chilpancingo, Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato Vázquez denunció que las autoridades del sistema penitenciario insisten en que su esposo sea atendido en un hospital público, y que este miércoles intentaron nuevamente trasladarlo al hospital general Raymundo Abarca Alarcón.
Consultada luego de que visitó al promotor de la CRAC, Ausencia Honorato informó que este miércoles policías del reclusorio nuevamente quisieron trasladar a Gonzalo Molina al hospital general Raymundo Abarca para que le controlaran los dolores, debido a que toda la noche tuvo la presión alta.
“Fue controlado con una pastilla que le dieron las enfermeras que están en la enfermería del reclusorio, además tenía dolor en los riñones por los cálculos renales”, indicó.
Dijo que las autoridades penitenciarias quisieron trasladar a Gonzalo Molina para aplicarle una inyección para el dolor, sin embargo no lo permitieron debido a que “sólo lo están controlando, yo quiero que ya sea operado pero con un médico particular que las organizaciones sociales han propuesto”.
Mencionó que este lunes fue trasladado al hospital general de Chilpancingo para que fuera internado, pero el promotor de la CRAC se negó a ser atendido porque tiene miedo a que lo maten, por lo que tuvieron que hablar con el director del hospital para que no lo internaran.
La esposa del promotor de la CRAC exigió al gobernador priista Héctor Astudillo Flores que ordene que su esposo sea atendido en un hospital privado.
Resaltó: “lo único que le estoy pidiendo a las autoridades es que autorice que mi esposo sea operado por un médico privado, las organizaciones sociales se harán cargo de los gastos, ya tenemos al especialista que lo va a operar, ya no quiero que sólo le den medicamento para que se le pase el dolor”.

Repondrán procedimiento de Gonzalo Molina por “violación flagrante” al debido proceso

 

El abogado del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla Gonzalo Molina González, quien se encuentra recluido en la cárcel de Chilpancingo, Hegel Mariano Ramírez informó que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) determinó reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria de su cliente, porque se cometió en su perjuicio una “violación flagrante a las garantías de adecuada defensa y debido proceso”.
En un boletín el abogado precisa que se dio al resolver el recurso de apelación que Gonzalo y su defensa interpusieron en contra del auto de formal prisión que le decretó el juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo.
Dentro de la causa penal 157/2013-II que se tramita ante el juez Avimael Rodríguez Nava se instruye un proceso penal en contra de Gonzalo Molina por lesiones agravadas, privación de la libertad personal, robo específico y terrorismo.
Acusan al dirigente a raíz de una confrontación entre policías comunitarios y municipales ocurrida el 26 de agosto del 2013, cuando los primeros hacían un mitin frente al Ayuntamiento de Tixtla para exigir la liberación de la coordinadora Nestora Salgado García, detenida por marinos días antes.
Inconforme con el auto de formal prisión, Gonzalo y su defensa interpusieron el recurso de apelación, el cual se turnó a la Primera Sala Penal del TSJ.
Mariano Ramírez informó que el 4 de febrero del 2016 se celebró la audiencia de vista en la cual la defensa presentó los agravios del auto de formal prisión que le decretó el juez Cuarto Penal.
Al emitir su resolución, misma que le fue notificada a Gonzalo y a su defensa este jueves, la Primera Sala Penal determinó que lo procedente es reponer el procedimiento a partir de la declaración de Gonzalo Molina González, debido a que dentro del plazo constitucional de 72 horas el juez omitió admitir y desahogar las pruebas que ofrecieron el inculpado y su defensa.
Las pruebas son: los careos con quienes lo acusan, el entonces director de Seguridad Pública Rubén Reyes Cepeda, los policías municipales Raúl Castejón Temelo, Gabriel Morales Ramírez, Martín Cebrero Martínez, Rosendo Morales Demetrio, Bonifacio García Portillo y el entonces síndico municipal David Martínez Valadez; el interrogatorio que la defensa formulará a los denunciantes y presuntos agraviados, testimonios a favor de Molina González y algunas documentales de buena conducta y de su pertenencia a la CRAC.
Por lo tanto ordena al juez penal a que admita y desahogue las pruebas referidas y dentro del plazo de 72 horas vuelva a resolver la situación jurídica de Molina González, que además de éste enfrenta otros tres procesos penales.
El abogado manifestó que con la resolución de la sala y los términos en que debe reponerse el procedimiento, es una oportunidad para aportar mayores elementos probatorios al juez que desvirtúen los señalamientos dolosos en contra de Gonzalo, “debido a que la Policía Comunitaria siempre ha actuado con espíritu de servicio al pueblo, no con actos terroristas ni con fines delincuenciales”.
Agregó que es una oportunidad política para que las autoridades propicien un acercamiento con los actores que intervinieron en estos hechos, para buscar canales de diálogo y reconciliación, en lugar de judicializar los conflictos sociales que motivan procesos absurdos como el que enfrenta el promotor comunitario y otros integrantes de la CRAC, de modo que cuando resuelvan su situación jurídica le decreten la libertad, pero al mismo tiempo se creen las condiciones para que el sistema comunitario deje de ser criminalizado a capricho de los gobernantes en turno.

Confirman libertad de Aurora Molina

Por otro lado, dentro del Toca Penal I-38/2016, la misma Primera Sala Penal confirmó el Auto de libertad que con fecha 25 de marzo de 2014, el juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dictó a favor de Aurora Molina González, hermana de Gonzalo, dentro del expediente 157/2013-II, por los mismo delitos por los que se procesa a Gonzalo.

Llega la Caravana por la vida a Xoxocotla, Morelos; reclama la liberación de Gonzalo Molina

 

Las organizaciones aglutinadas en el Frente Indígena de Campesinos de México (Ficam) y en el Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, que encabezan la Caravana por la vida y la justicia, llegaron este viernes a Xoxocotla, Morelos, en su recorrido rumbo a la ciudad de Cuautla, en ese mismo estado, y de ahí a la Ciudad de México.
En una consulta telefónica, la líder del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor explicó que hoy viernes llegaron a la ciudad de Xoxocotla, en donde exigieron la libertad del promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del barrio del Fortín de Tixtla, Gonzalo Molina González.
Detalló que se tiene programado esperar en el lugar a la caravana que viene de Oaxaca, para que este 10 de abril, juntas las organizaciones sociales conmemoren el 97 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata.
Describió que la Caravana por la vida, que salió en la mañana de Iguala, fue recibida por la organización Rubén Jaramillo, organizaciones defensoras del Maíz y el Frente Popular Francisco Villa.
“Ahorita estamos en descanso para que mañana podamos ir a Cuautla”, donde conmemorarán el asesinato de Emiliano Zapata.
Dijo que en la visita hubo diálogos con las organizaciones del estado de Morelos, que hicieron suya la lucha por la libertad de los presos políticos de Guerrero.
Agregó que hablaron de las agresiones a los líderes sociales en el estado, y recordó que la intención de la Caravana es exigir justicia para todos los presos, como Arturo Campos.
Criticó que la postura del gobierno del estado de Guerrero es identificar a los líderes sociales y señalarlos como terroristas, secuestradores y delincuentes, para enviarlos a la cárcel.
Este 10 de abril, las organizaciones sociales recordarán un año más del asesinato del caudillo del sur, en Cuautla Morelos, como parte de la movilización nacional para pedir respeto de los pueblos indígenas.

La liberación de Nestora es parte de la lucha por los comunitarios presos, dice antropóloga

 

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y perito de la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Rosalva Aida Hernández Castillo confió en que la libertad de la luchadora social es una parte de la lucha por la libertad de otros siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), recluidos en Guerrero.
Explicó que el peritaje en el que ella participó, planteó que las acciones de Nestora Salgado ?por las cuales fue acusada de distintos delitos?, se encuentran en el marco del reconocimiento de la justicia indígena.
En general, explicó que en el peritaje denunció que hay una perspectiva, “bastante existencialista y limitada de lo que es indígena; mi peritaje consistió en explicar el concepto, lo qué es la justicia indígena y el marco legal local, nacional e internacional que la ampara”.
En el documento, dijo, explicaron a jueces porqué “todas las acciones de Nestora, como autoridad de la CRAC, estaban reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y en el artículo segundo Constitucional”.
Sin embargo, señaló que ahora (en el Poder Judicial) predomina una visión heredada de la antropología clásica de lo que implica ser indígena (lengua, cultura, sistemas normativos, entre otros), pero “las identidades culturales son identidades históricas, cambiantes”.
En el documento, indicó que hay una reivindicación de una memoria propia de la gente de Olinalá.
Asimismo, indicaron en su trabajo los criterios a tomar en cuenta para determinar quién es indígena y quién no, porque lo que caracteriza a la CRAC es una perspectiva bastante amplia; incluye a los pueblos afrodescendientes y a los campesinos que reivindican una historia indígena pero no hablan ningún idioma y tampoco tiene sistemas de cargos.
Señaló que también participó en la investigación de tres peritajes el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo, para los casos de cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de una red de criminales, un caso de abigeato y de 43 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Opinó que la liberación de la luchadora social es fundamental para la liberación de los siete integrantes de la CRAC que siguen presos por las demandas de secuestro, “tienen que ser la puerta, ahora para voltear los ojos a los siete compañeros que están ahí, no es el cierre de una lucha, sino la continuidad”.
Entre los detenidos en Ayutla están el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, el consejero Arturo Campos y el primer comandante, Ángel García García, entre otros. En Chilpancingo, el promotor, Gonzalo Molina así como Samuel Ramírez Gálvez.

“Si la compañera sale absuelta, también nosotros”, dice Gonzalo Molina tras la liberación

El promotor de la Policía Comunitaria del barrio de El Fortín, de la Casa de Justicia La Patria es Primero de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en la cárcel de Chilpancingo, dijo que una vez liberada la dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, deberán liberar a todos los policías comunitarios porque los acusan de los mismos delitos; de no hacerlo, los jueces estarán violando el proceso legal, sus derechos y la Ley 701, detalló.
Luego de dos años y siete meses, Nestora Salgado García salió de la prisión femenil de Tepepan. Al respecto, Gonzalo Molina dijo que desde que fueron detenidos, los policías comunitarios ha dicho que no han cometido ningún delito porque actuaban dentro del marco legal de la Ley 701, y que no hay causas que perseguir.
Dijo que Nestora Salgado sale absuelta de todas las causas que se le imputaron, “desde luego, los policías comunitarios que estamos presos debemos salir porque se nos acusa de los mismos delitos; si la compañera sale absuelta, también nosotros”.
El promotor indicó que el gobierno quiso justificar la salida de Salgado García diciendo que tenía doble nacionalidad, pero la verdad es que no cometió ningún delito.
Gonzalo Molina expresó que, automáticamente, en cuanto Nestora sale deberían salir los policías comunitarios, pero “no sé qué está pasando”, he hizo un llamado a los jueces para que dicten los auto de libertad, ya que si no los han notificado están violando el proceso legal, sus derechos y la Ley 701.
Dijo que espera que Nestora Salgado no deje la lucha por la libertad de los presos políticos, “sé que no la dejará, confío en ella por todo lo que ha pasado, no la doblaron ni la pudieron comprar”.
El luchador social manifestó que la salida de Nestora es importante para los policías comunitarios y para todos los ciudadanos, porque deben seguir construyendo una sociedad más justa para todo el pueblo de México.
Molina González añadió que, “le hago un llamado a todos los pueblos y comunidades indígenas, que con la liberación de la compañera no hay delito que perseguir, por lo que pueden organizarse haciendo uso de la Ley 701, pueden hacer seguridad y justica de acuerdo a como marca la constitución y el Convenio 169 de la OIT”.

Exigen en un mitin en la Ciudad Judicial en la capital la libertad de los presos de la CRAC

Familiares de los policías comunitarios presos en Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron ayer en un mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, la libertad de todos los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La protesta comenzó a las 12 y media de la tarde, mientras en el interior, en la Cuarta Sala penal, había una audiencia de vista relacionada con el proceso que se sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, por el delito de secuestro en agravio de Katia Espinoza Bolaños y Pedro Gil Apreza Salmerón.
La causa penal 59-I/2015 y las presuntas víctimas que acusan a Campos Herreras son las mismas que acusaron a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien la mañana de ayer quedó en libertad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, quien da seguimiento al caso de Campos Herrera, informó que la Cuarta Sala Penal deberá resolver en 15 días el auto de formal prisión o de libertad.
Otro de los abogados de Tlachiniollan, Vidulfo Rosales Sierra reclamó a las autoridades que manifiesten la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los otros ocho presos de la CRAC, y que también sean liberados, puesto que los delitos de los que se les acusa y los supuestos agraviados son los mismos que enfrentó Nestora Salgado, que ya fue liberada.
Los ocho presos a los que se refirió Rosales Sierra son Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, así como el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, y cinco policías comunitarios de esta misma casa, presos en el penal de Ayutla.
Arturo Campos Herrera es consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla y fue detenido el 1 de diciembre de 2013, al final de un acto con el que Tlachinollan inició la campaña 12 días por la libertad de los presos políticos, en la Alameda de Chilpancingo. El detenido fue trasladado inmediatamente al penal del Altiplano, en el Estado de México.
El 28 de mayo de 2015 el juez Cuarto penal de Acapulco le dictó el auto de formal prisión, pero la defensa interpuso el recurso de apelación, del que derivó la audiencia de vista en la Cuarta Sala penal de ayer.
El abogado Téliz García, quien entró a la audiencia, informó que los supuestos agraviados que la administración de Ángel Aguirre Rivero presentó como víctimas para acusar a Campos Herrera son Pedro Gil Apresa Salmerón y Katia Espinoza Bolaños, quienes no acudieron ayer a la audiencia.
“Esperábamos que vinieran; ellos presentaron un escrito en el que manifestaron que iban a estar pendientes en el desahogo de la audiencia, pero no estuvieron, porque saben que son falsas sus acusaciones”, dijo.
Pero informó que la audiencia tuvo lugar y que él presentó un escrito de agravios “donde combatimos el auto de formal prisión; decimos que en ningún momento hay el delito de secuestro, que él (Campos Herrera) como perteneciente a la Policía Comunitaria, todos los actos que realiza se asemejan a actos de autoridad amparados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, además, por la Constitución federal en su artículo 2º, que establece que los pueblos indígenas pueden organizarse, ver y resolver la forma interna de sus pueblos.

Tienen que aplicar en el caso de Campos Herrera el mismo criterio que usaron en el de Nestora, insiste el abogado

El abogado dijo que el delito y quienes acusan a su defendido son los mismos que acusaron de secuestro a Nestora Salgado, a quien el juzgado de Ayutla le resolvió el auto de libertad, “y ese mismo criterio tiene que aplicar la Cuarta Sala penal y emitir la resolución inmediatamente”.
Explicó que existe un plazo de 15 días para que la Sala emita su resolución, “pero no podemos esperar más ante un hecho de injusticia, cruel e inhumano y la Sala penal tiene que emitir un fallo rápidamente para que Arturo Campos pueda recobrar su libertad y se una a la impartición de justicia en sus pueblos”.
Dijo que los agravios están bien sustentados y que está seguro de que “se va a caer” el auto de formal prisión, porque no se tipificó el delito de secuestro; “el secuestro tiene la finalidad de que se prive a una persona de su libertad con el objeto de pedir un rescate, y aquí no se dio esto”, dijo.
Mientras se realizaba la audiencia de vista, afuera, en la entrada principal de la Ciudad Judicial, más de 50 personas, entre familiares de los presos en el penal de Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, participaron en un mitin y exigieron la libertad de todos los presos de la CRAC.
En declaraciones afuera, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra expresó que esperan que la resolución de la Cuarta Sala penal sea por el auto de libertad de Arturo Campos, como ocurrió con Nestora Salgado.
Reclamó a las autoridades la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los ocho presos de la CRAC, dijo que los magistrados y jueces deben ceñirse a los mismos criterios que utilizaron en el caso Nestora, pero que pareciera que, por el contrario, “hay consigna” para que los otros ocho presos de la CRAC sigan en prisión.
Recordó que los miembros de la CRAC fueron detenidos por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando el movimiento iba en ascenso y la Policía Comunitaria mantenía sus vínculos con ese movimiento en contra de las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Añadió que, por eso los gobiernos federal y estatal pretenden mantener presos a los miembros de la CRAC.
Explicó que en el caso de Nestora Salgado pesó más la presión política, porque se convirtió en un emblema nacional e internacional, y por eso el gobierno determinó su libertad, pero que la están condicionando para que abandone el país, “al parecer ella ha aceptado, aunque dice que sale por motivos de salud”.
Rosales Sierra explicó que, en el caso de los ocho presos de la CRAC siguen su propio procedimiento jurídico, y que aunque con la libertad de Nestora se abre una posibilidad para que salgan libres, “si en términos políticos no hay una voluntad como la hubo con Nestora, no saldrán libres”, dijo.
Reconoció que se han dificultado la liberación de estos ocho presos, porque no han sido “visibilizados” como Nestora, a quien benefició la presión de los organismos nacionales e internacionales, por lo que el gobierno se vio obligado a liberarla.
En el mitin también habló Minerva Donaciano de Jesús, esposa del comandante de la Policía Comunitaria preso en Ayutla, Ángel García García, que dijo que es injusto el encarcelamiento de su compañero y del resto de los policías comunitarios, “no porque sean indígenas y nos humillan, sino porque los detuvieron cuando buscaban justicia y seguridad para los pueblos, lo que no puede ofrecer este maldito gobierno”.
Agregó que, si el gobierno pensaba que con su detención “ya no nos íbamos a levantar, se equivocó, seguimos luchando ahora también por la libertad de nuestros esposos porque sabemos que son inocentes”.
Denunció que para mantenerlos presos les fabricaron delitos, “los acusan de delitos que nunca cometieron”.
Añadió que, como indígenas se sienten orgullosos y felices de que haya salido libre Nestora Salgado, “pero si ya reconocieron que ella es inocente, ahora también que liberen a nuestros esposos, acusados de lo mismo que ella”, dijo.