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Exigen indígenas en Tlapa de la CNPA-MN a gobiernos que cumplan acuerdos de hace cuatro meses

La Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG) que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), exigió a los gobiernos estatal y federal que cumplan los acuerdos políticos, sociales y productivos que plantearon hace cuatro meses.
Adelantó que sus militantes se movilizarán en todo el país el 17 de abril si no los atienden, con marchas, conferencias de prensa, mitines y volanteo informativo, para que se establezca el diálogo efectivo.
En una conferencia de prensa en las instalaciones de Jornaleros Agrícolas, indígenas nahuas y na savi del municipio de Copanatoyac recordaron que se movilizaron en la Ciudad de México en enero y marzo, pero no hay avances ni voluntad política para resolver sus exigencias.
El integrante de la organización, Israel Jiménez exigió libertad para los presos políticos, justicia para los asesinados, presentación con vida de los desparecidos, y un alto al hostigamiento, tortura, persecución y amenazas a los representantes e integrantes de la organización.
Además, pidió garantías para sus actividades de defensores de derechos humanos, y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, pidió atención a los conflictos generados por los megaproyectos y concesiones para explotación y establecimiento de minas e hidroeléctricas, que llevan a la contaminación ambiental y generan conflicto social; aseguró que seguirán luchando por la defensa de la tierra, el agua y el territorio para mantener el tejido social que no ha sido contaminado con la corrupción y la delincuencia, la falta de empleo y las nulas oportunidades de desarrollo que fuerzan el desplazamiento interno.
La na savi Benita Cantú de Jesús dijo que continúan exigiendo que se cancelen las reformas estructurales, la ley de biodiversidad; un alto al alza de los precios de la gasolina y el gas; equipamiento de instalaciones de salud y atención adecuada; servicios básicos para las comunidades e infraestructura productiva.
Pidió una solución inmediata a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017; que se apruebe la ley general de consulta a pueblos indígenas y que cesen el montaje electoral y el desvío de recursos en este sexenio.
Los integrantes de la OPIG entregaron un comunicado y se sumaron a las acciones de lucha de la CETEG del 9 y del 10 de abril.

 

Propone el Congreso Nacional Indígena un frente contra la embestida del gobierno federal

Integrantes del Congreso Nacional Indígena llamaron en una asamblea en la comunidad de La Fátima, municipio de Ayutla, a organizarse para formar un frente contra el gobierno federal ante las embestidas violentas a los pueblos originarios, y denunciaron que el sistema discrimina y pretende dividir al pueblo.
Unos 500 habitantes de la localidad y de otras de la zona indígena de Ayutla acudieron a la asamblea, ayer al mediodía en la cancha techada, donde denunciaron que las autoridades discriminan y despojan de sus tierras a los indígenas bajo un sistema “podrido”.
La Fátima se localiza a una hora de recorrido de la cabecera municipal de Ayutla, en la región Costa Chica. Representantes de al menos 15 comunidades asistieron a la asamblea que se celebró en idiomas tuun savi y me’phaa.
Los participantes denunciaron que autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen olvidados a los pueblos indígenas, pero aseguraron que no están solos, porque están organizados y son “muchos”.
Tres músicos de la comunidad de El Platanar tocaron melodías tradicionales, y mujeres bailaron y mostraron su cultura a los tres integrantes del Congreso Nacional Indígena, quienes manifestaron a los comuneros que la vocera de la organización, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy no pudo asistir, a causa del accidente en carretera que sufrió en febrero en Baja California.
En su participación, el integrante del Congreso Nacional Indígena, Jesús Plácido recordó que la organización se conformó el 27 de mayo del 2017 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con la finalidad de defender los derechos y evitar la desaparición de los pueblos indígenas.
Explicó que el Congreso Nacional Indígena es la casa de todas las lenguas, y criticó que las autoridades siguen discriminando a los indígenas por no expresarse en español, además de que los despojan de sus tierras.
Añadió que el gobierno usa el crimen organizado para desplazar a los habitantes de las comunidades, y les niega el derecho a la educación y la salud, mientras que el dinero se “mal invierte” para crear grupos militares y policías que agreden a los comuneros.
Pidió estar unidos y defenderse del sistema que solamente trae “la muerte” de las personas. Aclaró que el Congreso no va por el poder en estas elecciones, porque “ya sabíamos que allá arriba está podrido”.
Dijo que la organización no viene a entregar dádivas como cemento, lámina, cubetas, tal como se conducen los partidos políticos, sino a dar el mensaje de organización para defenderse de los embates del gobierno.
Criticó que el gobierno federal no resuelve la desaparición de los 43 estudiantes de Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y que, al contrario, no cesa la violencia; ejemplificó con la represión y asesinato de policías comunitarios en La Concepción.
En su intervención, otro integrante del Congreso Nacional Indígena, Amador Cortés expresó que el gobierno federal comenzó una “guerra y exterminio” de la cultura indígena.
Añadió que a los indígenas les “destruyen” su cultura y los despojan de sus tierras, ocasionando una manera de vivir “inhumana”.
Manifestó que los tres poderes hacen leyes a favor del gran capital internacional, y cada vez más recortando el presupuesto del pueblo, por ejemplo en el ámbito del campo, donde sobreviven los indígenas.
Exhortó a los comuneros a defender sus derechos y a conformar un frente, porque el gobierno federal pretende dividir al pueblo indígena.
Ejemplificó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y los jueces se venden por medio de los sobornos de los delincuentes, y pidió a las casas de justicias de las policías comunitarias de Guerrero no corromperse y aplicar el reglamento interno.
Sugirió la instalación de una radio comunitaria para las comunidades indígenas de Ayutla y municipios aledaños.
Otro integrante del CNI, Francisco Ortiz Martínez relató cómo se llevó a cabo la elección de la vocera del Consejo, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.
Añadió que tomaron los parámetros de la violencia contra las mujeres porque son discriminadas y violentadas afuera y adentro de sus casas.
Luego recordó que los integrantes del CNI encabezados por Marichuy recorrieron todas las comunidades del país de octubre de 2017 a febrero de 2018, cuando “pudo escuchar el dolor y sufrimiento”.
Afirmó que el gobierno trata igual a todos los indígenas en el país, “pretende desaparecer a los pueblos originarios, quieren volver a expulsarlos”. Recomendó alzar la voz y decir un “¡ya basta!”, ante los embates constante de las autoridades contra los indígenas.
Sugirió organizarse “para lo que viene”, en referencia a las próximas elecciones, las más “fuertes y grotescas del país en la era moderna”. Criticó que ningún partido político manifestó una postura ante el accidente de Marichuy en Baja California, y que los candidatos no retoman los ideales de la líder indígena, “es una prueba que hay discriminación”.
Posteriormente, hubo la elección de los representantes para el Congreso Nacional Indígena, los integrantes de la organización avalaron la propuesta e invitaron tener delegados regionales.
A la asamblea acudieron 19 autoridades, entre ellas comisarios de las comunidades de Ayutla, representantes del Frente Nacional por la Libración de los Pueblos (FNLP), y comandantes regionales, municipales y de grupo de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

 

 

Denuncian vecinos de Palantla, Chilapa, que siete mujeres fueron detenidas y amenazadas por criminales

 

Mujeres, niños y hombres nahuas de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, bloquearon 30 minutos el bulevar del río Huacapa frente al Palacio de Gobierno, y denunciaron que siete mujeres fueron retenidas este miércoles en la comisaría de San Jerónimo, las liberaron a las 6 de la tarde del mismo día bajo la condición de que entregaran a sus esposos.
Después se plantaron en el paso peatonal para exigir la intervención del gobierno del estado en el conflicto con habitantes de Rincón de Chautla.
En la protesta en el paso peatonal del Palacio de Gobierno participaron algunas de las siete mujeres retenidas. Una de ellas leyó un documento en el que dice que un grupo de la delincuencia que encabeza Constantino Calvario Merino, uno de los supuestamente emboscados el lunes, retuvo a siete mujeres de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, a las que liberó luego de que prometieron que entregarán a sus maridos, y las amenazaron que si no lo hacen las van a matar.
En la lectura del documento se señaló que el grupo actúa con total impunidad en coordinación con policías estatales y militares, que han asesinado a habitantes de San Jerónimo.
“Este grupo cumple con su función de paramilitares donde el grupo dominante prepara el enfrentamiento entre los hermanos indígenas y entre familiares, y es muy claro que este grupo nos está obligando a abandonar nuestras casas, nuestras parcelas, nuestro pueblo”, leyó.
Las mujeres indígenas llegaron a las 10:30 de la mañana, ataviadas con sus faldas y blusas de colores, cargando a sus hijos con los rebozos, y esperaban la indicación del grupo de hombres que las acompañaba para iniciar el bloqueo.
Ante el anuncio de la movilización, una comisión de trabajadores de Gobernación del estado, escoltó las tres Urvan en las que viajaban hasta su arribo a Palacio de Gobierno, después los siguieron al estacionamiento para disuadir sus intenciones de bloquear.
Una hora después, los inconformes se organizaron para bloquear el carril norte-sur del bulevar del río Huacapa durante 30 minutos, después se plantaron en el paso peatonal para permitir la circulación vehicular.
Los niños portaban cartulinas en las que se leían, “No más secuestro de mujeres indígenas en San Jerónimo Palantla”, “Los grupos delictivos de Constantino mataron a mi mamá el 24 de diciembre” y “Pedimos al gobernador y a César Flores que nos entreguen una solución”.
Durante la protesta, una de las mujeres relató en náhuatl que a ella la retuvieron, sometieron y que le exigían que entregara a su marido, y que si no lo hacia la matarían, por eso tiene miedo de regresar a su casa.
Dijo que su esposo tuvo que irse de su pueblo, dejar todo lo que tenía para que no lo mataran.
Otro joven que participó, dijo que cuando intentaron salir de su comunidad este jueves, un grupo de policías estatales intentó evitar que salieran las tres camionetas en las que viajaban.
“Tuvimos que salir caminando de la comunidad, porque no dejaron que las camionetas entraran para recogernos, tuvimos que correr”, relató.
En el comunicado explicaron que, como resultado de estos abusos, más de 80 familias están siendo desplazadas, ante el temor de ser asesinados y retenidos por los grupos criminales.
Los inconformes exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga de manera urgente para que se evite más hechos de violencia, además de urgir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención para evitar la confrontación.
Los manifestantes se retiraron del lugar a las 5 de la tarde, tras una mesa de negociación con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, para determinar cómo los atenderán. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo). .

 

No envía la SEG once maestros de educación indígena a la zona de cuatro municipios, informa el supervisor

El supervisor de la zona escolar 85 de educación indígena región Acapulco, Zihuatanejo, Marquelia y Chilpancingo, Rogelio Solano Lorenzo, dijo que en las escuelas de ese sector faltan once maestros desde el año pasado, diez se jubilaron y uno falleció, y todavía la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no los ha repuesto.
Añadió que los padres de familia, quienes son de muy bajos recursos, tienen que pagar diez pesos a la semana para que un maestro atienda a sus hijos. Indicó que en la zona escolar tienen un problema muy fuerte por la falta de maestros, pues “desde el ciclo escolar pasado y ese ciclo se nos jubilaron diez maestros, uno falleció en julio pasado, por lo que tenemos la necesidad de once docentes”.
El supervisor indicó que han acudido con el director de Educación Indígena de la SEG, Silvio Joel Molina Ruiz, para solicitar los maestros y “en lugar de apoyarnos nos está quitando un maestro, como no estamos aceptando liberar ese maestro, pues ese es el castigo de no mandarnos más a la zona y simplemente está apoyando a un maestro, sabiendo que hay once necesidades en la zona escolar”.
En declaraciones al concluir su participación en el foro Retos para medir la desigualdad étnico-racial indígena y afrodescendiente en México, que se llevó a cabo en el hotel Emporio, el supervisor indicó que han acudido a la delegación también solicitando el apoyo y “dijeron que si teníamos jóvenes que hablen una lengua para que los contraten, le hiciéramos llegar la información; ya entregamos los expedientes de los jóvenes el día 15 de octubre del año pasado y hoy en la actualidad no hemos obtenido una respuesta. Están los jóvenes apoyando y los padres de familia, que son de escasos recursos, pero ellos quieren que sus hijos sean atendidos y desembolsan 10 pesos a la semana, para apoyar a esos maestros con sus pasajes y su comida”.
Señaló que los padres de familia apenas alcanzan a juntar de 80 a cien pesos para pagar a los maestros que están atendiendo a los alumnos, lo que no es justo.
Indicó que en las escuelas indígenas ubicadas en las colonias Ampliación Unidos por Guerrero y Alborada 19, en Acapulco, por esta situación están siendo afectados alrededor de 400 de mil 800 alumnos que se tienen en la zona.
Subrayó Solano Lorenzo que la forma en que está actuando las autoridades educativas es una discriminación y es algo que siempre han sufrido como indígenas, ejemplificó con que “el director de Educación Indígena, en lugar de apoyarnos nos está quitando maestros, eso es una discriminación hacía nosotros que estamos en Acapulco. No vamos a dejar el tema y vamos a seguir exigiendo que se cumpla con estos contratos para los maestros que atienden a los niños”.

 

Terminan el año vecinos de Quetzalcoatlán, Zitlala, sin servicios de salud ni educación y amenazados por criminales

Para los cerca de 40 vecinos de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, todos indígenas y bajo amenaza del crimen organizado, terminar el año fue complicado, de los dos grupos de policías estatales de siete integrantes que los resguardaban sólo hay unos cinco agentes y el gobierno del estado no les garantiza los derechos a la salud y a la educación.
En 2016 los vecinos sufrieron el ataque de un grupo criminal ligado a Los Ardillos, conocido como Paz y Justicia que actúa donde masacraron a seis pobladores, ante la violencia tuvieron que salir del pueblo pero regresaron a sus casas sin tener las condiciones necesarias para vivir.
El 12 de julio de este año dos vecinos de esta comunidad fueron atacados a balazos por hombres armados cerca de las 4 de la tarde, a la salida de Zitlala, uno de ellos murió y el otro resultó herido, a pesar de que ambos contaban con medidas cautelares luego de la masacre del 6 de enero.
Así como estos dos habitantes junto con el resto que habita en Quetzalcoatlán luego de estar desplazados, regresaron con el argumento de que contarían con el reguardo de dos grupos de la Policía Estatal.
“Desgraciadamente para las víctimas… han  tenido una nula respuesta del gobierno, digo nula en el sentido de que no ha habido una atención de fondo a la problemática que genera el desplazamiento forzado, para empezar no hay, pese a que es un hecho que ocurre de grupos de la delincuencia organizada, no hay una investigación, no hay nada con el argumento de que la gente tiene que presentar una denuncia, pero bueno sabemos que el temor, el miedo de la gente lo impide”, expuso vía telefónica el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Agregó que de nada sirve que exista la Ley 487 que es para atender y prevenir el desplazamiento interno, porque nunca se ha atendido de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, tampoco hay protocolos de atención ni prevención, y la gente regresa a sus comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad.
Abundó que los grupos de la delincuencia organizada siguen operando en la región, entonces eso les limita desarrollar actividades  como salir a trabajar, además de que hay necesidades como la educación y la salud, y no las pueden cubrir ante el temor de ser agredidos o atacados en cualquier lugar.
El director dijo que cuando se otorgan medidas cautelares es complejo, muy burocrático que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cumpla puntualmente, principalmente cuando tienen que ver con proporcionarles algún grupo o grupos de policías para que estén resguardando las comunidades.
Dijo que el año termina con los riesgos comunes de un caos que no ha sido atendido, “últimamente son cuatro o seis elementos (policiacos) que están ahí, el problema que se enfrenta es que cuando hacen el relevo los policías vienen hasta Zitlala o hasta Chilapa por el relevo, entonces ahí hay un lapso de tiempo en el que la comunidad queda sin resguardo, estamos hablando de alrededor de cuatro a seis horas”.
–¿Cómo estuvo el derecho a la salud este año en la comunidad?, se le preguntó.
–En ese tema nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Salud, con el doctor Carlos de la Peña Pintos, precisamente para proponerle la organización de brigadas o campañas médicas que pudieran atender a desplazados como a víctimas indirectas de desaparición, pero finalmente nunca se ha podido concretar nada… entonces hasta ahorita no tienen ninguna atención garantizada.
–¿Si hay una emergencia a dónde se tienen que trasladar los vecinos?
–Regularmente hasta Zitlala o a Chilpancingo, aquí lo que nosotros tenemos que asegurar primero es la cita médica, y después gestionar el acompañamiento y el traslado de la policía y el Ayuntamiento.
Olivares Hernández abundó que regularmente el Ayuntamiento cubre el traslado y la policía da el acompañamiento,  y todo eso es un problema porque se tiene que pedir la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), de la Dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos del gobierno del estado, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, además tiene que mandarse un oficio al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame o a la Secretaría de Seguridad Pública.
Dijo que se ha convertido en un problema burocrático, que a veces necesita de hasta 60 llamadas para poder concretar un acompañamiento.
Resaltó que este año se presentaron dos emergencias, una fue cuando una mujer estaba en trabajo de parto y se tuvo que actuar de emergencia, y el otro fue de Salomón y su esposa que sufren de cataratas y tienen casi total pérdida de vista, entonces se hizo todo el trámite de las que se tienen contabilizadas 48 llamadas telefónicas.
De la educación dijo que hay una maestra que está atendiendo a los niños, es una maestra multigrado pero gran parte de la población se fue a trabajar como jornalera y obviamente que los niños se fueron.
Actualmente hay alrededor de 40 personas en la comunidad cuando eran más de 100.
De la última reunión con el gobierno del estado dijo que fue a principios del año, “porque lo único que hemos estado trabajando es el tema de la salud, pero sólo ha sido pedir el acompañamiento, de buscar la atención médica ya sea en los hospitales u otra institución, pero así otras reuniones para tratar el tema no hemos tenido”.

Cierran carreteras 93 preparatorias populares

Marchan 93 prepas populares y cierran carreteras en Chilpancingo y Tlapa;?exigen más presupuesto

Más de mil manifestantes participan en la movilización, con el objetivo de exigir que la coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso, Flor Añorve, cumpla con el pacto en el que se comprometía a incrementar el presupuesto de 35 a 50 millones de pesos

Anarsis Pacheco Pólito y Antonia Ramírez

Chilpancingo y Tlapa

Directores, maestros, comisarios y estudiantes de 93 preparatorias populares marcharon este miércoles en la capital del estado y bloquearon una hora el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal México-Acapulco; además, las carreteras que conducen a Puebla y Chilapa, para exigir un aumento en su presupuesto.
Más de mil personas participaron en la movilización, con el objetivo de exigir que la coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso, Flore Añorve Ocampo, cumpla con el pacto en el que se comprometía a incrementar el presupuesto de 35 a 50 millones para las 93 escuelas.
En el lugar, el director Arturo Guerrero Caballero señaló que la movilización era una visita de cortesía, para que el gobernador Héctor Astudillo Flores los atendiera y así entablar un diálogo.
“Nos mintieron, nos engañaron, nos citaron para después del 19 y nos dimos cuenta de que el Congreso ya se fue de vacaciones, creemos que no se trata de hacerle a la educación, y más a la popular, ese desaire, pediremos su destitución (de la diputada priista Flor Añorve)”, enfatizó.
El profesor explicó que por la mañana de este miércoles el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado del Moral, lo amenazó diciendo que los meterían a la cárcel si se llegaban a movilizar.
Insistió en que los directores, padres de familia, maestros y comisarios solo están exigiendo lo que les corresponde para mejorar la atención educativas de sus comunidades.
Guerrero Caballero reiteró que el subsecretario no contó con el tacto suficiente, ya que provocó la movilización de más de mil personas, por lo que no cumple con la orden de “ayuda del gobernador”.
“No nos vamos a ir de aquí, porque se hacen de odios sordos, saben que estamos aquí, estamos bloqueando y no nos toman en cuenta, estaremos aquí hasta que se dignen a recibir a los pobres”, agregó.
Indicó que la marcha y bloqueo no era en contra del gobernador, sino de los funcionarios que los han atendido pero poco les han solucionado en definir el aumento que requieren.
Detalló que de recibir los 50 millones, 10 de ellos serían para la infraestructura, otros 10 millones de pesos para la adquisición de material didáctico y computadoras, y los 30 millones restantes para los salarios.
“Hay muchos maestros que aun no reciben su salario y están creciendo las preparatorias, cada año aumenta más la matrícula”, señaló.
Comentó que en los 93 planteles educativos que hay en el estado se atiende a una población estudiantil de 19 mil.
Tras los primeros minutos de bloqueo, llegó al lugar el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui, y el subsecretario Martín Maldonado, a quienes les reclamaron al falta de atención.
Los manifestantes partieron en marcha en dos contingentes, uno desde monumento a Las Banderas y el segundo del museo La Avispa.
El primer contingente comenzó a bloquear los carriles en dirección a Acapulco a las 11:10 de la mañana, mismo que se retiró luego de que Maldonado del Moral les prometió una mesa de trabajo en el Palacio de Gobierno; pero alrededor de las 11:40 de la mañana el segundo contingente llegó y comenzó a bloquear totalmente la autopista en ambos sentidos.
Los manifestantes retiraron el bloqueo a las 12:10 del día, se trasladaron al Palacio de Gobierno también para una reunión, y comenzaron un bloqueo en los carriles norte-sur del bulevar del río Huacapa.
A las 5:30 de la tarde salió una comisión encabezada por Arturo Guerrero Caballero, quien detalló que se acordó que se les entregarían 5 millones de pesos en el próximo presupuesto, además de la promesa de una reunión para el próximo mes, entre 10 y 12 de enero.

Tlapa

El bloqueo sobre las carreteras que comunican a Tlapa con Chilapa y Puebla inició a las 10 de la mañana. En él participaron personas provenientes de los municipios de Acatepec, Atlixtac y Zapotitlán Tablas, quienes durante una hora permitieron el paso en la carretera al centro del estado, luego de que sus dirigente, quienes estaban en la mesa de negociación en Chilpancingo, se los indicaran.
El maestro encargado de la preparatoria de la comunidad de Apetzuca, Timoteo Espinoza Julio, informó que están atendiendo a más de 80 alumnos y por eso se necesita más presupuesto, ya que algunos planteles llevan 30 años funcionando.
El director de la preparatoria de la comunidad de Tlatlauquitepec informó que las escuelas son una alternativa para que los jóvenes puedan continuar estudiando y que eso estaban manifestando, para poder acceder a más recursos.
Además de que las autoridades educativas reconozcan a estas escuelas, para que puedan acceder a infraestructura, porque las aulas que tiene las han hecho los ayuntamientos o los mismos padres de familia, que se han cooperado para construirlas.
Dijo que apenas en 2012 empezaron a recibir recursos por parte del gobierno estatal, porque anteriormente las comunidades se hacían cargo de pagar el salario de los maestros.
El bloqueo fue levantado como a las 5 de la tarde, luego de que sus representante les avisaron que ya había acuerdos.

Bloquean estudiantes indígenas dos calles en la capital; exigen sus becas

Integrantes de la Unión de Estudiantes Indígenas del Estado de Guerrero bloquearon cerca de cuatro horas y media la avenida Juan N. Álvarez, esquina con calle Cristóbal Colón, para exigir a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) el segundo pago de sus becas, que debieron ser solventadas desde hace un mes.
Cerca de las 11:30 de la mañana unos 30 estudiantes indígenas de licenciatura bloquearon las vialidades, siendo miembros agrupados en la organización, que representaron a unos 485 estudiantes de todo el estado, a quienes también les adeudan.
Los manifestantes portaron pancartas en las que se leyeron: “Héctor Astudillo exigimos el segundo pago de las becas indígenas”, “Héctor Astudillo ya cumple con el segundo pago” y “exigimos el segundo pago inmediato, beca indígena”.
El dirigente de la organización, Eduardo Bautista Flores, en consulta expuso: “Nuestra protesta es porque no les han pagado a los compañeros la segunda parte de una beca, que corresponde a 4 mil pesos por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas. La primera sale la convocatoria en febrero, se paga en junio y ya después se renueva en este periodo del ciclo escolar, de agosto a diciembre, pero en este caso se renovó en septiembre y hasta ahorita no nos han dado fecha para que les den el segundo pago”.
Señaló que a las 10 de la mañana buscaron al secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, para exigirle la segunda parte, que debieron darles desde hace un mes, pero no les dieron respuesta.
Dijo que el principal reclamo es que la Secretaría de Asuntos Indígenas les dice que ya están los cheques, pero que la Secretaría de Finanzas aún no libera el dinero, que entonces ahí hay una contradicción, porque van a Finanzas y les dicen que el problema es en la SAICA.
Abundó que les preocupa que ya salen a vacaciones el viernes, que por eso se vieron en la necesidad de protestar, porque no les hacen caso, que por lo tanto necesitan que les den hora y fecha para que les paguen.
Señaló que desde hace semanas han buscado el diálogo, sin tener éxito, tanto en Finanzas como en la SAICA.
Recordó que estas becas se dieron gracias a una lucha social que emprendieron, pues interpusieron un amparo hace cinco años y se ganó, motivo por el que el gobierno del estado fue obligado a que otorgaran becas indígenas.
Hace cinco meses a los alumnos les informaron que se iban a aumentar a mil becas indígenas, pero eso no ha sido posible.
Los alumnos estuvieron bloqueando hasta las 4 de la tarde, hasta que autoridades del gobierno del estado acudieron a la manifestación, pues antes sólo estaban recibiendo llamadas de la Secretaría de Finanzas, donde argumentaban de que se estaba trabajando en sus pagos.
Cuando las autoridades llegaron a la manifestación, prometieron a los jóvenes que este jueves les estarían pagando sus becas, motivo por el cual terminaron el bloqueo. (Beatriz García / Chilpancingo).

Piden artesanos indígenas que los reubiquen en el kiosco del Centro de Iguala ante las bajas ventas


Artesanos indígenas que instalaron sus puestos en la calle Juan Ruiz de Alarcón del centro de Iguala durante el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, pidieron ayer su reubicación al kiosco de la ciudad durante esta temporada, ante las escasas ventas que han estado teniendo.
Debido a una obra de introducción de drenaje, la noche del lunes fue cerrada la circulación vehicular e inició la perforación de la calle para iniciar la zanja en la que se meterá el drenaje.
Pero la mañana de ayer, la obra fue detenida ante la oposición de comerciantes de comida que están en esta misma zona, que se quejan del polvo, y se acordó que los trabajos de la Dirección de Obras Públicas se reanuden el 7 de enero.
El hecho generó diferencias entre vendedores de comida y los artesanos indígenas, ya que estos pedían la apertura de la calle para el paso de los carros, que en muchos casos son quienes les compran sus artículos.
En declaraciones a reporteros, la presidenta de la Cooperativa Comunitaria de Artesanos Migrantes Indígenas, Bernadita Crescencio López pidió a las autoridades locales que los reubiquen en el kiosco de la ciudad, donde estuvieron hasta 2012, con el gobierno priista de Raúl Tovar Tavera, pero que después fueron movidos a esta calle con el perredista José Luis Abarca Velázquez.
Dijo que son 20 artesanos indígenas que vienen de Xalitla, Tlapa y Xochistlahuaca, pero que desde que fueron reubicados en este lugar con la promesa de reubicarlos en otra zona, sus ventas han caído considerablemente.
Señaló que, pese a que no dan ninguna aportación al Ayuntamiento, sus ventas diarias en días buenos son de entre 100 y 150 peros, pero hay días en que no venden nada o sólo 20 pesos, lo que no les alcanza ni para la alimentación de sus familias.
Ante esta situación difícil para los artesanos indígenas, planteó la necesidad de que en temporadas altas, como ésta de diciembre, sean reubicados en zonas donde haya más flujo de transeúntes, como el kiosco de la ciudad, donde estuvieron durante varios años.

Impiden vigilantes la entrada al Palacio de Gobierno a comisarios indígenas que exigen una carretera

Personal de seguridad de Palacio de Gobierno impidió el paso a comisarios indígenas de Tlacoapa y Tlacoachistlahuaca que demandan la reparación de una carretera que resultó dañada por las lluvias del huracán Max.
Después, en conferencia de prensa denunciaron que fueron citados este martes para dar seguimiento a una minuta de acuerdos que firmaron funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Denunciaron que las autoridades estatales y federales no han cumplido losacuerdos, y que los trabajos de la reconstrucción de su carretera sólo comenzaron, pero que la obra fue abandonada. También denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han apoyado a las familias afectadas por las lluvias del huracán Max en varias comunidades de esos dos municipios.
La comisión de autoridades indígenas estuvo integrada por el comisario municipal de Terrero Venado, municipio de Cochoapa, José Cirilo Gallardo; el comisariado de la misma localidad, José Vázquez Pérez; el comisario municipal de Jiquimilla, municipio de Tlacoachixtlahuaca, Jaime López Gallardo; el comisariado de la misma localidad, Ignacio Martínez; el representante de la comunidad de El Ciruelo, municipio de Cochochoapa, Maurilio Librado Martínez; el delegado de Joya de Oro, municipio de Cochoapa, Palemón Primo Liborio; el representante de Guadalupe la Joya, municipio de Cochoapa, Ignacio Martínez Tiburcio; y el representante de Dos Arroyos, municipio de Cochoapa, Juan González Ruíz.
Las autoridades municipales y agrarias fueron acompañadas por la vocera de la “instancia de gestoría”, Petra Martínez Vásquez, vecina de la comunidad de Joya Real, y por el presidente de la Federación Nacional de Núcleos Agrarios (Fenagro), Jesús Basilio Goitia.
Las autoridades comunitarias llegaron a las 9 de la mañana a la entrada del Palacio de Gobierno, donde, sin ninguna explicación, el personal de seguridad les impidió la entrada. Dos horas después llegó Basilio Goitia, a quien sí le permitieron pasar, “seguramente porque me vieron vestido distinto”, dijo, porque a la comisión de indígenas no la dejaron pasar debido a su aspecto, y denunció que evidentemente no los dejaron pasar por discriminación.
Basilio Goitia informó que esta misma comisión de indígenas se reunió el 20 de octubre en la secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado con Gustavo Mendoza Justo, auxiliar del secretario Rafael Navarrete Quezada. También estuvieron representantes de la CICAEG, la SCT, y los presidentes municipales de Cochoapa el Grande, la perredista Rosa Lorenzo de la Cruz; el de Tlachoachistlahuaca, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio; y de Ometepec, el perredista Omar Estrada Bustos.
Martínez Vásquez, informó que, en esta reunión acordaron que Obras Públicas del gobierno del estado, la CICAEG y la SCT aportarían la maquinaria pesada, y los tres ayuntamientos el combustible para que se rastreara el camino que pasa por las comunidades de Tierra Blanca, Terrero Venado, San Pedro el Viejo, Dos Ríos y Joya Real, y que comunica a Cochoapa el Grande y Tlacoachistlahuaca.
Explicó que con este tramo carretero se beneficiarían cuando menos otras 45 comunidades que se encuentran en la parte baja del municipio de Cochoapa el Grande.
Dijo que la gestión se viene realizando desde los primeros días de septiembre, cuando la carretera se dañó por las lluvias del huracán Max.
Denunció que desde un principio les dijeron que no hay recursos para Cochoapa el Grande, porque no fue considerado entre los municipios dañados, “nos parece imposible que no se hayan destinado recursos para un municipio que es el más pobre y marginado de Guerrero. Yo creo que hemos sido discriminados por ser indígenas”, se quejó.
Reprochó que las autoridades, “no escogen a los indígenas, mestizos y colores cuando quieren los votos, nosotros como militantes también les damos nuestro voto igual para que ellos ocupen el poder y el gobierno”, reclamó la indígena.
Basilio Goitia denunció que el 20 de octubre, en la primera reunión, los representantes de las autoridades declararon un receso y les pidieron que regresaran a las 4 de la tarde de ese día, pero a esa hora ya no les permitieron entrar al Palacio de Gobierno, solamente salió el auxiliar del secretario de Obras, Rafael Navarrete, quien les firmó una improvisada minuta de acuerdos, en la que se estableció que la reunión continuaría este 7 de noviembre.
Pero ayer, cuando llegaron al Palacio de Gobierno no les permitieron la entrada, “cuando llegué yo, me dijeron ‘usted si puede pasar’”, recordó Basilio Goitia. Agregó que en la secretaría de Obras le dijeron que el secretario estaba en una reunión y que era difícil que los pudiera atender, que regresaran después, “lo que demuestra que no solamente no tienen la voluntad de cumplir la minuta, sino que ni siquiera de atenderlos y platicar con ellos”.
Dijo que es injusto, “porque los integrantes de la comisión de indígenas tuvieron que destinar más de 12 horas para llegar a la capital desde sus comunidades, gastando un dinero que no tienen, sin almorzar y sin comer, sólo para que, al llegar a Palacio de Gobierno, les dieran un portazo y no los dejaran entrar”.
Petra Martínez dijo por su parte que le dio mucha tristeza lo que les hicieron, porque fue ella la que invitó a los comisarios para que vinieran a esta segunda reunión en la que esperaban que se resolviera la reconstrucción de su carretera.
Dijo que en la primera reunión, el 20 de octubre, mejor les hubieran dicho que no los iban a ayudar para que no vinieran, “pero no nos dijeron eso, nos dijeron que sí que Obras Públicas, la CICAEG y la SCT pondrían la maquinaria, y los ayuntamientos el combustible, pero nos engañaron”.
Contó que en la minuta improvisada que firmó el auxiliar del secretario de Obras Públicas, se estableció que el 23 de octubre llegaría la maquinaria, y que los habitantes de las comunidades se reunieron en el tramo en donde iban a comenzar los trabajos, pero que no llegó nadie, continuaron esperando el 24, y llegaron hasta la 1 de la tarde del 25, comenzaron a trabajar a las 2 de la tarde y a las 5 detuvieron los trabajos, al día siguiente se descompuso la máquina y se suspendió la obra. Dijo que el 30 de octubre se llevaron las máquinas y ya no regresaron.
Informó que trabajaron en el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, en donde solamente rehabilitaron unos 10 de kilómetros de ese tramo. Además dijo que hace falta que rehabiliten de todo el tramo de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa.
Informó que los trabajadores que fueron a trabajar los dos días les dijeron que ellos llevaban la instrucción de que rehabilitaran sólo el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, que es del municipio de Tlacoachistlahuaca, pero no de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa, “lo cual nos parece injusto porque no fue lo que quedamos en la reunión”, se quejó.
Denunció que también fueron discriminados en ese municipio con los paquetes de apoyo para los damnificados del huracán Max. Denunció que muchas familias perdieron sus casas y cosechas, pero ninguno ha sido apoyado.
“Sabemos que en otros lugares les están dando apoyos, pero a nosotros no nos han apoyado”, denunció y aseguró que entregaron el reporte de los daños al Ayuntamiento y al gobierno del estado.

Se plantan padres de la Montaña en la CETEG para exigir a la SEG 57 maestros y trabajadores


Padres de familia de distintas comunidades de Acatepec, Zapotitlán, Tlapa, Xalpatláhuac y Copanatoyac, denunciaron que hacen falta 57 maestros, trabajadores administrativos e intendentes en distintas escuelas de educación básica, que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se comprometió a enviar en septiembre pasado.
Unos 150 padres de familia, algunos con sus hijos, acudieron al edificio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), ubicado en la colonia Burócratas, donde se instalaron en plantón a la espera de una llamada de las autoridades para resolver sus demandas.
En conferencia de prensa, los padres Félix Cruz Díaz, Gregorio Salgado Flores, Moisés Vázquez Villanueva y Albino Ortega Cantú, declararon que los gobiernos municipal y estatal los obligaron a trasladarse a la capital para exigir solución a sus demandas, porque las autoridades no respetaron los acuerdos firmados.
Cruz Díaz mostró la copia de una minuta que el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado; el director de Educación Indígena, Silvio Joel Molina Cruz, y el jefe del departamento de Selección y Contratación de Personal, Aurelio Luna Tepeyac, firmaron el 12 de septiembre pasado, en la que se comprometieron a enviar 57 maestros y trabajadores administrativos a los municipios.
En la minuta se precisó que hacen falta 13 maestros de preescolar indígena, 19 de primaria indígena y 25 administrativos, intendentes, directores y docentes de educación especial para dos zonas escolares que pertenecen a distintos municipios.
Sin embargo, casi dos meses después del compromiso de que los maestros serían enviados de manera inmediata, la SEG no se ha comunicado con los padres de familia ni con los comisarios, además los funcionarios ignoran sus llamadas telefónicas.
La preocupación de los padres es que los pocos maestros que están en las comunidades tienen que atender grupos de más de 36 alumnos y algunas escuelas son multigrado, por lo que no hay suficientes docentes para atender sus necesidades.
Se quejaron de que por ser indígenas las autoridades les niegan un trato igualitario, como en otros municipios del estado, en los que se ha resuelto la falta de maestros luego de protestas en la capital o con bloqueos carreteros, por lo que están dispuestos a manifestarse de esa manera si no se cumplen los acuerdos.
Cruz Díaz dijo que los presidentes municipales no han intervenido para solucionar la situación, al igual que la SEG, por lo que los padres permanecerán en el edificio de la CETEG y si es necesario llamarán al resto de las familias para protestar en la capital.

Urgen PRD, MC y Morena al PRI que dictamine la reforma en materia de derechos indígenas

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el perredista Ociel García Trujillo, pidió en tribuna a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos dictamine la iniciativa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que presentaron el PRD, MC y Morena y que reforma los artículos 8 y 14, que conservan y amplían los derechos de los pueblos originarios.
En la sesión, el diputado perredista Ociel García Trujillo dijo en tribuna que ha enviado tres exhortos para que se dictaminen las reformas constitucionales en materia indígena.
En el Poder Legislativo, las fracciones del PRI y PVEM pretenden que primero sea dictaminada y aprobada la reforma constitucional a los artículos 8 y 14 enviadas por el gobernador, y después se realice la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la ley federal a la Constitución local.
La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 14 constitucional enviado por el gobernador al Congreso local elimina las palabras “Policía Comunitaria o Rural” y se elimina el reconocimiento y garantiza las acciones de seguridad pública prevención del delito de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a través de su Policía Comunitaria. En tanto, circunscribe su accionar a la Constitución federal. Mientras que la propuesta de la CRAC presentada por PRD, MC y Morena, conserva y amplia los derechos de los pueblos originarios y reconoce a las policías comunitarias.
El diputado perredista pidió a la comisione de Asuntos Constitucionales y Jurídicos que presiden los priista Cuauhtémoc Salgado Romero, para que “ya dictamine” las iniciativas de las fracciones de MC, PRD y Morena así como la que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ahí recordó que la Comisión de Asuntos Indígenas, Justicia y de Estudios Constitucionales acordaron que antes de realizar la homologación de la Ley 701, esperarían la reforma constitucional del artículo 14.
Sin embargo, adelantó que “si continúa la demora, el rezago, como comisión realizaremos las adecuaciones pertinentes que nos tocan y de una vez dictaminar lo consecuente, lo que apelamos es que caminemos en una ruta de buenas voluntades, donde ponderemos sean los derechos reales y específicos de la gente que más lo necesita”.
El perredista lamentó que los partidos políticos utilicen a la población indígena como generadores de votos “pero ya para hacerles justicia en este recinto legislativo, son los mas olvidados”.
En el mismo tema, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros reprochó que se mantenga en “la congeladora” la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, a los artículos del 8 al 14.
Lamentó que en el Congreso local se insista en no dictaminar la iniciativa que de manera conjunta presentaron las fracciones del PRD, MC y la representación de Morena, que fue exactamente la que les presentó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
“Le han puesto hielo al resultado de un esfuerzo extraordinario de pueblos de la Costa Chica y Montaña, que buscan la legalidad para no continuar en estado de indefensión y dejar de ser presa de arbitrariedades y persecuciones derivadas del vacío e incertidumbre jurídica”, dijo María de Jesús Cisneros.
Afirmó que en ese tema, el gobierno de Guerrero y esta Legislatura “se han convertido en un estorbo para las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas, por su actuar discriminatorio y fascista”.
A los priistas les dijo que aún están a tiempo de rectificar y realizar las reformas constitucionales que los pueblos originarios del estado han planteado al Congreso local.

“Para liquidar la deuda histórica con nuestros hermanos y estar a la altura de lo que mandata el artículo segundo de la Carta Magna y también reconocer que ante la falta de gobiernos eficientes, solo el pueblo puede salvar al pueblo”.
Por su parte el coordinador de la bancada de MC Ricardo Mejía Berdeja le dijo al presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos Cuauhtémoc Salgado romero que “ya no hay tiempo que perder, hacemos una respetuosa excitativa a la comisión para desahogar de inmediato este tema”.
En el mismo tema intervino la diputada del PVEM Carmen Iliana Castillo Ávila y también condenó los hechos ocurridos ayer el municipio de Juan R. Escudero y pidió a la Fiscalía General del Estado que a la brevedad inicie las investigaciones y se castigue a los responsables. Además hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que “a través del diálogo se busque una solución al problema”.

La sesión

En la sesión se presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada para Prevenir e Investigar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como establecer medidas específicas de atención, asistencia y protección integral de las víctimas de estos delitos.
La iniciativa de reforma al Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado fue presentada la diputada priista Isabel Rodríguez Córdoba.
Explicó que La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado prevé la creación de Fiscalías Especializadas o Unidades Administrativas que se encarguen de prevenir y sancionar temas particulares de interés general, ya sea por iniciativa social, por mandamiento constitucional o legal.
Al pleno se le informó del acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la designación de Citlali Díaz Fuentes, Edmar León García y Vicenta Molina Revuelta como nuevos consejeros del IEPC.
El alcalde de Alcozauca Nicolás Diego Herrera solicitó al Congreso local que le autoricen al municipio una partida presupuestal especial para el pago de laudos laborales.
También se informó de que comisarios auxiliares y comisariado de bienes comunales de la zona indígena de Temalacatzingo en Olinalá, por el que exhortan a “diversos ciudadanos a efecto de que se abstengan de inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia”, además de que rechazan cualquier gestión que no tenga el consenso y el respaldo de la totalidad de comunidades del área náhuatl.
También comerciantes del mercado de Ayutla de los Libres solicitaron la intervención del Congreso para solucionar “la problemática” en la entrega del nuevo mercado así como un dictamen que avale el cien por ciento la seguridad estructural o en su defecto la ejecución de algunas obras complementarias.