Los diputados locales de la fracción de Movimiento Ciudadano, Magdalena Camacho Díaz, Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco de Aquino, ratificaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) la denuncia de hechos contra el alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, por nombrar a mandos policiacos sin certificar como fue el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Francisco Sandoval Vázquez.
Poco después del medio día los diputados locales Magdalena Camacho y Ricardo Mejía –no acudió Silvano Blanco– salieron de las oficinas de la Subdelegación de la PGR, luego de ratificar la denuncia de hechos que interpusieron el 1 de febrero por diversos delitos contra el alcalde de Acapulco, entre ellos, el de obstrucción del funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
Mejía Berdeja comentó que con la ratificación ante la PGR, donde ofrecieron pruebas, ya agotaron esa parte y “esperamos que el MP le dé curso a esta denuncia, que integre la averiguación previa, consigne y se ejercite acción penal contra el alcalde; consideramos que en un Estado de derecho no puede haber intocables, no pueden arreglarse los problemas delictivos con acuerdos políticos”.
Señaló que los diputados de MC estarán muy pendientes y vigilarán que el “MP federal haga su trabajo y se consigne (al alcalde) ante un juzgado de distrito”.
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Destruye la PGR más de media tonelada de amapola y mariguana en Chilpancingo
La Procuraduría General de la República (PGR) incendió más de media tonelada de droga en la comunidad de Xocomanatlán, en Chilpancingo.
De acuerdo con un boletín de la dependencia, se informó que destruyeron 512 kilos y 542 gramos de mariguana, 17 kilos y 581 gramos de semilla de mariguana, dos kilos 619 gramos de semilla de amapola, 238 gramos de opio, 221 plantas de amapola, 70 plantas de mariguana, tres gramos y 300 miligramos de carbonato de sodio, 900 miligramos de cocaína y 200 miligramos de sustancia negativa.
La droga está relacionado con 47 expedientes iniciados por delitos contra la salud.
“La destrucción de la droga fue supervisada por el representante del Órgano Interno de Control de la PGR, con la presencia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal del Ejército mexicano y el agente del Ministerio Público de la federación, quien dio fe de las características de la droga”, concluye el comunicado.
Protestan padres de normalistas en la PGR; aún buscan reunirse con el Papa, dice su abogado
Padres y alumnos de la Normal ural de Ayotzinapa protestaron ayer con antorchas frente a la Procuraduría General de la República (PGR), por la intención del gobierno federal de alargar la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y denunciaron que se pretende cerrar el caso con la tesis oficial de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Asimismo, los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dieron a conocer el dictamen del peritaje que hicieron en el basurero de Cocula y desmintieron la versión oficial de la PGR de que los normalistas fueron incinerados en el basurero y las cenizas fueron arrojadas a un río.
Durante la manifestación hicieron un llamado al Papa Francisco para que se reúna con las víctimas de la violencia y no con la clase privilegiada que prepara un escenario irreal para su recibimiento, luego de que se informó que las autoridades eclesiásticas ofrecieron a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que sólo una comisión de ellos participe en la misa por los desparecidos que oficiará el líder de la Iglesia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En una consulta el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, adelantó que los familiares no tienen dinero para trasladarse a Ciudad Juárez , y su intención es reunirse con el pontífice abiertamente, y no acudir a un acto masivo, para el que les ofrecieron algunos pases.
Sin embargo, aclaró que en los siguientes dos días los padres van a insistir para que los integren en la agenda informal del Papa Francisco, es decir, a sus reuniones privadas, y si no se puede, van a buscar la manera de hacerle llegar una carta sobre su sentir y sus demandas.
Ayer, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), presentaron el dictamen del peritaje que hicieron en el basurero de Cocula, y mostraron más elementos de pruebas con base científicas de que en el basurero no hubo tal incendio ni quemaron ahí a los estudiantes desparecidos.
A las 6 de la tarde, después de la conferencia del EAAF, los padres y estudiantes de Ayotzinapa se trasladaron a la PGR, a pocas cuadras del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, para protestar por 43 minutos con antorchas y consignas.
En el mitin sobre la calle lateral del paseo de Reforma, estuvieron los activistas de organizaciones de la Ciudad de México que mantienen desde diciembre de 2014 un plantón frente a la PGR con la consigna “desencuartelen la verdad”, por la negativa del Ejército y de la Marina a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, pese a que hay señalamientos de que algunos soldados intervinieron en los hechos ocurridos en Iguala.
Durante el mitin, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra señaló que “la visita del Papa no debe servir para el lisonjeo de políticos ni para que los católicos de alcurnia le rindan pleitesía, su palabra debe servir para dar aliento a los pobres, a los desvalidos, a lo que sufren en este país”.
Asimismo, dijo que su visita “tampoco debe ser para remozar las calles, ni para invisibilizarnos, (a ese movimiento) pero les decimos que aquí estamos presente, y en cada acto del Papa habrá un símbolo de los 43”.
Antes, en la conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Miguel Pro Juárez, Santiago Aguirre, informó que las autoridades eclesiásticas que preparan la visita del Papa Francisco en México, propusieron a los padres de Ayotzinapa asistir a una misa por los desaparecidos del país en Ciudad de Juárez. Precisó que aún no hay nada definido, y continua el diálogo con el episcopado.
El defensor de derechos humanos añadió que el Papa viene a México en un contexto de crisis de derechos humanos y de violencia, y tiene múltiples solicitudes de audiencia, entre ellas la de los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana
En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.
El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz
Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.
Dan cinco organizaciones nacionales respaldo jurídico a Los Otros Desaparecidos de Iguala
Representantes de cinco organizaciones nacionales de defensa de derechos humanos dan su respaldo jurídico a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala que ha logrado, en 14 meses, el hallazgo y recuperación de 123 cuerpos.
En la asamblea de ayer en el sótano de la parroquia de San Gerardo, representantes de las organizaciones Red de Enlaces Nacionales y la asociación Familias en Búsqueda María Herrera, se reunieron con unos 100 familiares de desaparecidos del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala.
“Ustedes son los expertos en las búsquedas, no la PGR”, les dijo a Los Otros Desaparecidos el representante de la Red de Enlaces Nacionales, Juan Carlos Trujillo Herrera en referencia a los 123 cuerpos que han hallado y recuperado de fosas clandestinas en 14 meses desde su integración.
En la asamblea, las organizaciones de familiares de desaparecidos en el país y de defensores de derechos humanos Red de Enlaces Nacionales, la asociación Familiares en Búsqueda María Herrera, la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos, Idheas, Litigio Estratégico y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron su respaldo a Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Trujillo Herrera dijo que el comité de Iguala tiene lo que ningún otro comité de víctimas en el país tiene, que es la fuerza y el respaldo jurídico de cinco organizaciones de defensa de derechos humanos, “que ustedes les pueden sacar una muy buena ruta jurídica en base a sus principales necesidades que tengan”.
Informó que la reunión del jueves en la ciudad de México, que se realizará cada dos meses, incluyó a organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos con funcionarios del gobierno de Guerrero encabezados por su secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, y representantes de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Dijo que con el “arropamiento” de las cinco organizaciones de defensa de derechos humanos se buscará que sean autorizados como asesores jurídicos externos de Los Otros Desaparecidos, para que los puedan representar y obligar al gobierno mexicano a que hagan una ruta jurídica de investigación en vida de los desaparecidos, y se les sigan generando las condiciones para continuar su búsqueda de fosas clandestinas.
Dio a conocer que, “la PGR, en voz de Joaquín (Torrez Osorno), reconoció que los expertos son ustedes, ante todas las instituciones, en las búsquedas de fosas, por esa desobediencia marcada, y que ellos están muy atrás de la realidad de buscar y encontrar”.
Informó que, a partir de este lunes la ex subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna se integró a la asociación Familiares en Búsqueda, “para seguir dando la batalla”.
Ayer, en el patio de la parroquia de San Gerardo, las organizaciones entregaron una camioneta pick up a los familiares de Los Otros Desaparecidos, que se adquirió con recursos donados en la parroquia de Cuajimalpa, estado de México, y que servirá a los familiares para continuar su búsqueda de fosas clandestinas; también se anunció la entrega de una segunda camioneta, adicional a la que la PGR dará en comodato cada domingo, con chofer y gasolina, para su búsqueda de fosas.
Desacata Salud una resolución judicial para reinstalar a una doctora en el hospital de Huitzuco
Funcionarios de la Secretaría de Salud desacataron una resolución judicial federal, que ordena la reinstalación de la doctora Julieta Álvarez Álvarez, adscrita al hospital de Huitzuco, quien fue suspendida tras denunciar a una trabajadora por falsificación de documentos y usurpación de funciones.
La doctora informó ayer que, el 21 de enero se presentó a la 1:30 de la tarde al hospital, respetando el acuerdo con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, pero el director José Félix Anaya Castro le impidió checar, “me dijo que no me podía presentar a laborar, porque era una orden de Herón Delgado Castañeda subsecretario de prestaciones médicas de la Secretaría de Salud”.
El director del hospital le dijo que fuera a platicar con Delgado Castañeda, porque no quería que fuera restituida en el hospital de Huitzuco, “pero no me dan ningún argumento sólido, dicen que quieren evitar un conflicto, pero yo no provoqué ningún conflicto, sólo denuncié a una usurpadora”, dijo.
En 2010, Julieta Álvarez denunció a la trabajadora Carolina Nava Laureano por falsificación de documentos y por usurpar funciones de médico, con un título falso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Se hizo pasar como médico general y laboró más de 10 años con una cédula apócrifa”, dijo ayer la doctora.
Denunció y fue despedida, porque Nava Laureano es la dirigente sindical del hospital y cuenta con la protección de la secretaria general de la Sección 36 del sindicato de Salud, la diputada federal del PRI, Beatriz Vélez Núñez, y los distintos secretarios de Salud.
En octubre de 2012, el Juzgado Cuarto penal de Primera Instancia emitió una sentencia de tres años y seis meses de prisión y 275 días de multa, la reparación del daño y una amonestación pública a Carolina Nava Laureano porque se comprobó que ejerció como médico sin haber estudiado medicina.
En la investigación la PGR también descubrió que un paciente falleció en manos de Carolina Nava, sin que haya recibido sanción alguna.
En la causa penal 165/2009-II del Juzgado Cuarto penal de Primera Instancia se explica que Carolina Nava Laureano ingresó como enfermera general en el Hospital General de Huitzuco en 1998 y en 1999 entregó un título y una cédula profesional expedidos por la Escuela de Medicina General, institución privada pero incorporada a la UNAM, con domicilio en la calle Guadalupe del Moral número 31, delegación Iztapalapa.
Además en 1999 falleció un paciente que estaba bajo su responsabilidad, “murió de infarto y el diagnóstico de Carolina fue que padecía de gastritis”, declaró Julieta Álvarez, quien fue testigo en el juicio.
Agregó que después el director Tomás Adame Pérez la cambió a consulta externa.
En 2006 el departamento de Recursos Humanos del hospital solicitó al jurídico de la Secretaría de Salud que investigara los documentos, y determinó que eran apócrifos y el departamento de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública entabló una demanda en su contra.
La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y descubrió que la Escuela de Medicina General, incorporada a la UNAM, no existe.
Además, las investigaciones arrojaron que la cédula 2461532 que ostenta como médico general, en realidad fue expedida por la UNAM a nombre de Manuel Chávez Álvarez como ingeniero químico.
Sin embargo, la PGR turnó el caso a la Procuraduría de Justicia del estado, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) “limpió” el expediente y sólo dejó documentos que la acreditan como enfermera, en 2008, también participó el director del hospital, Francisco Castrejón Hernández, dijo Álvarez Álvarez.
Además desaparecieron el expediente del paciente que murió en 1999, agregó.
Mientras que la secretaria general de la sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez presionó al entonces secretario de Salud, Luís Barrera Ríos para no continuar con la demanda.
“Al ver estos sucesos, tres médicos, Guillermo Galeana Ortíz, Alan García Castro, la química, Juana Hernández Cabrera y Julieta Álvarez Álvarez acudimos como testigos ante la SEP para testificar que trabajó y cobró como médico general”.
El 24 de diciembre del 2009 se dictó prisión en contra de Carolina Nava, saliendo bajo caución.
Julieta Álvarez denunció que después vinieron las represalias en su contra, “en enero de 2010 me despidieron del hospital por haber sido testigo, mientras que el sindicato la siguió protegiendo y la hizo delegada sindical del hospital”.
Dijo que en contubernio con el director del hospital, la dirigente de la sección 36 Beatriz Vélez presionó al secretario de Salud, Rubén Padilla Fierro, a Antonio Jaimes Herrera y a Lázaro Mazón Alonso para que no la reinstalen en su centro de trabajo.
Informó que por una resolución judicial federal llegó a un acuerdo con el secretario Carlos de la Peña Pintos para que se reincorpore a su centro de trabajo este 21 de enero, pero que el director José Félix Anaya Castro le impidió checar tarjeta por instrucciones del subsecretario de prestaciones médicas de la Secretaría de Salud, Herón Delgado Castañeda.
Encabeza Osorio Chong la sesión del gabinete de Seguridad en Chilapa
14:03. Integrantes del gabinete de seguridad nacional encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Héctor Astudillo Flores se reúnen este jueves en Chilapa para evaluar las estrategias contra la violencia.
Aproximadamente a la 1:30 de la tarde, Osorio Chong llegó al restaurante Casa Pilla acompañado de Astudillo Flores; el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; el de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz; la procuradora general de la República, Arely Gómez González; y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Se supo que por la mañana el gobernador se reunió en privado con familiares de las personas desaparecidas en el municipio, y en declaraciones dijo que hoy el gabinete de seguridad nacional analizará los resultados de las estrategias que se han emprendido y la situación que se vive en la región Tierra Caliente y este municipio.
Por la presencia de los funcionarios federales y el gobernador, hoy la ciudad es resguardada por policías estatales, federales, militares y marinos. El primer cuadro está cerrado a la circulación vehicular, en la avenida Revolución donde se ubica el restaurante hay unos diez efectivos y se observó un retén en la entrada principal.
En la última reunión del gabinete de seguridad nacional en Guerrero, el 9 de diciembre pasado en un salón del Grand Hotel de Acapulco, Osorio Chong adelantó que estaría cada mes en el estado para evaluar y corregir las estrategias.
Y en su última visita a puerto el 12 de enero, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió a revertir la inseguridad en el estado y que el gabinete se reuniría “con las autoridades locales al menos una vez cada mes” para hacer un balance en las distintas regiones.
En Chilapa la organización civil Siempre Vivos tiene un registro de 57 personas desaparecidas entre 2014 y 2015, de los cuales, 16 casos ocurrieron del 9 al 14 de mayo del año pasado cuando unos 300 habitantes, comisarios y civiles armados de comunidades tomaron las calles de Chilapa en busca de líderes de la delincuencia.
Además, en el municipio han ocurrido constantes hechos delictivos y ejecuciones que según las autoridades son resultado de la disputa de dos grupos criminales, Los Rojos y Los Ardillos.
Da ultimátum el MP federal para recoger los cuerpos de dos víctimas de secuestro en Chilapa
El Ministerio Público federal dio un ultimátum a familiares para que recojan los cuerpos de los hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, asesinados y calcinados en noviembre de 2014.
Los familiares dijeron que no acudirán hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) les entregue un informe de la investigación, los cuerpos completos y detenga a los responsables del homicidio.
Los familiares de las víctimas denunciaron en su momento que el 26 de noviembre de 2014 los empresarios y hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro fueron secuestrados por un comando armado en la zona rural de Chilapa, junto a su primo el empresario constructor Vicente Apreza García y los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer.
El 29 de noviembre corporaciones policiacas después de recibir un reporte hallaron cinco cuerpos decapitados, desmembrados y calcinados a las afueras de la ciudad, en el crucero que conduce a la Universidad Tecnológica, los cuerpos estaban en una camioneta Pick Up.
El caso lo atrajo la PGR y los restos de los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la Ciudad de México.
El 29 de noviembre en una marcha para conmemorar un año del trágico hecho, los familiares revelaron que la PGR ya había entregado los cuerpos de Vicente Apreza, Jesús Romero y Mario Montiel a sus parientes, y en el caso de los hermanos Díaz Navarro no habían aceptado recibirlos porque estaban incompletos y no les habían dado los resultados de la investigación.
Los familiares dijeron que la PGR les entregó un paquete de hojas, pero no correspondían con las indagaciones que hizo la familia por cuenta propia incluido el rastreo satelital de la camioneta en que viajaban las víctimas el día del secuestro.
Los familiares informaron que el monitoreo del vehículo donde viajaban las víctimas se ubicó en la cabecera de Quechultenango, pero fuerzas federales no quisieron entrar porque temían una emboscada.
Ayer el profesor José Díaz Navarro informó que hace una semana la titular de la Cuarta Agencia Investigadora en Guerrero de la PGR, María del Refugio Almazán Ávila, les dijo que hasta el 31 de diciembre podían recoger los cuerpos de sus familiares en la Ciudad de México o serían arrojados a una fosa común.
Los familiares dijeron que no lo harán porque siguen esperando los resultados de la investigación y los cuerpos completos de sus parientes para incinerarlos, pero no por partes.
El profesor José Díaz, integrante de la asociación civil Siempre Vivos, exigió la presentación de 57 personas desaparecidas desde 2014 a la fecha, e insistó a la PGR que les entregue los cuerpos de sus hermanos completos, un informe de la investigación y se detengan a los responsables.
Además, que la PGR decomise las casas de donde estuvo la camioneta las horas posteriores al secuestro, de las cuales los familiares entregaron los resultados del rastreo satelital a la PGR.
Sin la PGR, excavan familiares diez fosas más en el ejido Tijeritas de Iguala; no hallan cuerpos, informan
Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala excavaron ayer diez posibles entierros clandestinos pero no encontraron restos humanos; la búsqueda de cuerpos se llevó a cabo sin el acompañamiento del agente del Ministerio Público (MP) y los peritos que la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a enviar para ayudar en las labores de investigación.
Cerca de las 10:30 de la mañana una comisión de 16 familiares de desaparecidos salió de la parroquia de San Gerardo acompañada por un grupo de cuatro efectivos de la Policía Federal y se trasladaron al ejido de Tijeritas, al norte de la ciudad, en una zona de sembradíos de maíz.
Ante el incumplimiento del compromiso que hizo la PGR de acompañar a los familiares de los desaparecidos todos los domingos en la localización de fosas con un agente y peritos del MP para hacer las excavaciones de posibles entierros clandestinas, ayer los familiares hicieron solos este trabajo.
Durante la búsqueda de fosas, familiares de desaparecidos que llevaban picos y palas, determinaron las hacer las excavaciones para confirmar o descartar la presencia de restos humanos en los 10 posibles entierros clandestinos, y no esperar a los peritos y antropólogos de la PGR que harían ese trabajo después del 5 de enero.
En total fueron halladas y excavadas 10 posibles fosas pero no encontraron restos humanos.
En esta zona del ejido de Tijeritas, los familiares de desaparecidos han hallado cinco fosas en las que la PGR ha exhumado 12 cuerpos entre el 18 de noviembre y el 17 de diciembre, ocho de los cuerpos tenían uniformes de la Policía Municipal y uno era de una mujer.
Desde el 23 de noviembre los familiares de desaparecidos del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, que surgió después del caso Ayotzinapa, han hallado más de 80 fosas clandestinas en cerros al poniente y el norte de la ciudad, de las que la PGR ha exhumado 116 cuerpos y después de un año sólo ha identificado y entregado 15 cuerpos.
Localiza Los Otros Desaparecidos de Iguala otras cuatro posibles fosas en el ejido Tijeritas
Ayer, familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala hallaron cuatro posibles fosas clandestinas en el ejido Tijeritas, al norte de la ciudad, zona en la que ya fueron recuperados 12 cuerpos de los 116 que se han encontrado en un año.
Ayer, una comisión de 17 familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, bajo el resguardo de efectivos de la Policía Federal, se trasladaron en vehículos particulares al ejido Tijeritas, cerca de los linderos de la comunidad de El Naranjo, al norte de la ciudad.
En la falda de una loma, cerca del punto en el que el 8 de noviembre hallaron restos de una osamenta humana a la intemperie, fueron localizadas cuatro posibles fosas clandestinas y se prevé que pueda ser excavadas este día por peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Cerca de una de las fosas también fue hallado un casquillo percutido calibre .223 para fusil AR-15.
En la búsqueda de ayer no participaron los peritos ni agentes del Ministerio Público federal que acompañan a la PGR, como se acordó el viernes con el director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Joaquín Torres Osorno.
En la zona del ejido de Tijeritas, al norte de Iguala, los familiares de desaparecidos han localizado cinco fosas clandestinas de las que la PGR exhumó 12 cuerpos entre el 18 de noviembre y el 17 de diciembre, de los cuales, ocho cuerpos vestían uniformes de la Policía Municipal.
En un año los familiares de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala han localizado más de 80 entierros clandestinos de los que la PGR ha exhumado 116 cuerpos, y en un año han identificado y entregado sólo 15.