El Tribunal Electoral del Estado (TEE), sancionó al alcalde de Coyuca de Benítez, el morenista Osiel Pacheco Salas, junto con otros servidores públicos y funcionarios del Ayuntamiento, por violencia política en razón de género en contra de la regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.
En sesión pública, los magistrados declararon procedente la demanda porque quedó acreditado que no le permitieron el ejercicio de sus funciones negandole información, retuvieron sus pagos desde mayo de 2022, no dieron de alta al personal de su oficina, entre otros actos que constituyen violencia de tipo verbal, simbólica y económica.
La falta del alcalde fue calificada como “grave ordinaria”, y recibió multa de 10 mil 100 UMA, que equivale a 10 mil 374 pesos, y una amonestacion para los demás infractores. Y motivó en redes sociales críticas de activistas políticas que consideraron muy baja la sanción, porque mencionan su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.
La presidenta de la Red por los Derechos Políticos de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, señaló que la sentencia no es proporcional con el daño causado a la víctima ni garantiza la reparación del daño en medidas efectivas, y pone en duda la imparcialidad del órgano jurisdiccional.
“Desde nuestro punto de víctimas esta sentencia se debe impugnar y la Red ofreció acompañamiento a la víctima para ir a la siguiente instacia”, indicó vía telefónica.
El jucio del Proceso Especial Sancionador 03 de este año que promovió la regidora de Comercio y Abasto Popular contra el alcalde Pacheco Salas, el secretario de Gobierno, Víctor Hugo Catalán Díaz; la secretaria general, Silvia Talavera Organes; la síndica Procuradora, Romana Leonardo Apolonio; la directora del Jurídico, Yamireth Stephany Hernández Mazón, y la secretaria de Administración, Esther Ríos Soberanis, fue turnado a magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.
En el proyecto se acreditaron actos y omisiones que obstruyeron el ejercicio de su cargo como regidora, así como expresiones que implican violencia verbal, simbolica, económica y sicológica.
Señaló que el alcalde omitió a responder a las solicutudes de la denunciante sobre las finanzas de la administración, el número de empleados en nómina, de los laudos laborales, el presupuesto en el último trimeste del ejercicio fiscal de 2021, y el desistimiento de la demanda laboral de la secetaria de Servicios Públicos.
Asimismo, el secetario de Bienestar no le dio información de la demanda laboral de la secretaria Servicios Públicos, de varias actas de cabildo de 2021, y la copia del reglamento inrterno del Ayuntamiento; la sindica y la directora juridica también evadieron su responsabidad.
La Secretaría de Finanzas suspendió sus pagos desde mayo de 2022, el
El oficial mayor y el director de Recursos Materiales omitieron entregar material de papelería a su oficina y tampoco dieron de alta al personal. Además de que la denostraron con la intención de descreditarla ante los demás miembros del cabildo en el ánimo de no atender sus peticiones. En una sesión del cabil, el alcalde le dijo que su participación “era pura demagogia”.
El alcalde fue sancionado con una multa de 10 mil 374 pesos, el resto una amonestación, además de abstenerse de volver a denostar a la regidora y obstaculizar su función. También tendrán que pagar su atención sicológica, cubrir los pagos y cuotas suspendidas hace un año, en un plazo de cinco días hábiles.
Débil sentencia: Red Guerrerense
En consulta, Muriel Salinas Díaz calificó como “débil” esta sentencia porque no garantiza medidas adecuadas de no repetición, por no establecer la inscripción de los infractores en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
En el supuesto de que tenga que hacerlo el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana, advirtió que los magistrados debieron establecer el tiempo que deben permanecer en el listado. No haberlo hecho, vulnera el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia.
“Este tipo de sentencias genera la duda respecto de la imparcialidad del tribunal, porque, aún cuando acreditan la comision de estos actos de VPG, ninguna de las sanciones son equivalentes al daño causado, carecen de fuerza, de contundencia para tener un efecto de no repetición”.
Recordó que la reciente reforma a la ley electoral local se incorporó la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia de género, para evitar que ocupen un cargo público o por designación quien haya sido sancionado VPG contra las mujeres en razón de género, y la única forma de constatarlo es consultar Registro de Personas Sancionadas. “No incluiros, emite mensaje lamentable, parece que protegen al agresor”, denunció.
Además, señaló que el tiempo de permanencia en el registro, tendría que ser razonable, de uno o dos años, para garanizar el acceso a la justicia y reparacion integral del daño, para tenga efecto de exigibilidad la 3 de 3, y no tengan acceso a las candidaturas de la siguiente elección.
“Lo que ha ocurrido en algunas sentencias, donde sí se ordena la inscripcion, es que la permanencia de estas pesonas en el registro es de tiempo breve. Seguimos esperando del TEE que no les tiemble la mano y sean garantistas de la debida diligencia y del acceso a la jsuticia”
Señaló que estas sentencias deben observar también lo dipuesto en artículo 12 de Ley General de Victimas, en las fracciones segunda, sobre la reparación expedita. de manera proporcional y justa, “no lo vemos en esta sentencia”
Consideró “ridicula” la multa para el alcalde, “no es absoluto digamos reparadora del daño causado en cuanto a la violencia económica de la que fue víctima la regidora, aun cuando se le restituyan las pagos que le retuvieron ilegalmente”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, lamentó el ataque a oficinas del gobierno municipal de Iguala, y llamó a que las autoridades del gobierno garanticen la seguridad
Al mediodía del pasado martes, tres hombres armados, cubiertos del rostro, ingresaron a la sede alterna del Ayuntamiento de Iguala, donde se encuentra la Secretaría de Obras Públicas, y dispararon contra las oficinas y una camioneta, aunque no hubo personas heridas.
También mediante una página de la red social Facebook, el alcalde David Gama Pérez fue amenazado presuntamente por el grupo delictivo La Familia Michoacana o Familia Guerrerense, para que detenga las obras que realiza la constructora EGMA Construcciones, propiedad de la familia del alcalde.
Consultado por teléfono, Bravo Abarca dijo: “es muy lamentable que se den este tipo de hechos en el estado de Guerrero, no solamente en Iguala; lamentamos y se tienen que hacer las investigaciones por las autoridades correspondientes, que hagan las investigaciones adecuadas para que puedan garantizar que en oficinas gubernamentales no vuelvan a suceder este tipo de eventos”.
Bravo Abarca informó que ya conversó con el alcalde de Iguala David Gama, a quien le expresó su preocupación y solidaridad por lo sucedido, “no se habló más del tema y esperemos que esto sea resuelto de manera efectiva”.
Indicó que en la conversación que tuvo con el alcalde de Iguala “lo sentí tranquilo, no ahondamos en más cosas”.
De la amenaza que hay hacia el alcalde por parte del grupo delictivo La Familia michoacana, el dirigente estatal indicó que no le comentaron nada sobre esa situación.
A pregunta sobre si el ataque estaría ligado a los problemas de violencia que desde finales de abril denunciaron alcaldes de la Tierra Caliente y la Zona Norte, Bravo Abarca opinó que es parte de la inseguridad que hay “en buena parte del estado”.
El ataque a una oficina del gobierno municipal de Iguala, abundó, “demanda la atención de las autoridades que les corresponde garantizar la seguridad de los guerrerenses y garantizar que podamos vivir en paz.
Agregó que no podría decir si el ataque a una oficina del gobierno municipal de Iguala tenga relación con las amenazas que a finales de abril denunciaron los alcaldes de la Tierra Caliente y Zona Norte porque corresponde a las autoridades policiacas determinar esa situación.
Sobre si solicitarán la intervención del gobierno del estado luego del ataque, el líder partidista dijo que de eso no conversó con el edil y que de parte de la dirigencia no tienen previsto buscar al gobierno del estado para solicitar que se refuerce la seguridad en Iguala pues cada que ocurre un hecho de violencia fijan una postura de que se debe garantizar la seguridad a todos los guerrerenses.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, deslindó al partido de la acción que “a título personal” realizó el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios, de encabezar una protesta contra la Fiscalía: “él tendrá sus razones o presiones” para hacerlo, y recordó que “hacer política en la región (Tierra Caliente) y en el municipio tiene sus consecuencias”.
En declaraciones telefónicas, Catalán Bastida lamentó que “se estén dando estas situaciones”, porque no sólo se trató de la protesta de ciudadanos, sino de “actos vandálicos” contra las instalaciones de la Fiscalía. Sin embargo, eso fue resultado de “la fallida comunicación de las autoridades y las instituciones”.
Catalán recordó el contexto en el que Fredy Vázquez Palacios asumió el cargo a partir del asesinato de Conrado Mendoza Almeda junto unos 20 integrantes de su equipo, “y bueno seguramente él tendrá sus razones o presiones, yo no he tenido la posibilidad de hablar con él”.
Dijo también que tras el asesinato de Mendoza, un grupo de ciudadanos “de la estructura política del alcalde” asesinado, entre ellos regidores y la síndica, pidieron ayuda al PRD para “generar las condiciones favorables” para que propusieran el nombre de Fredy Vázquez como alcalde sustituto; “fue una decisión que se tomó allá”, subrayó.
El nombre de Fredy Vázquez se presentó como propuesta del PRD con el compromiso de que estaría participando políticamente en el PRD, pero “es algo que no ha sucedido, no ha pasado”.
Y que después de que Vázquez Palacios rindió protesta ante el Congreso local el 17 de noviembre, “no he vuelto a tener comunicación con el presidente municipal, es un presidente que no sale mucho de su municipio y su región, y al ser un suplente tampoco hay una relación política directa con las expresiones”.
Especificó que el alcalde no tiene “una relación o un trabajo político como tal… obviamente respetamos eso porque son situaciones muy complicadas, en donde hacer política en la región y en el municipio tiene sus consecuencias, en ese sentido nosotros hemos sido muy prudentes”.
El dirigente estatal deslindó al PRD de las acciones que encabezó el edil contra la Policía Ministerial, “esta situación que realizó lo hace a título personal”.
A partir de la falta de comunicación y coordinación del alcalde con el partido, dijo que pidió a la diputada Elzy Camacho Pineda que fuera el vínculo con el edil, pero la perredista también le dijo no había podido platicar mucho con él, “toma las decisiones de manera muy personal, insisto, por las circunstancias en las que se dio su situación, y la verdad que a mí me tiene sorprendido”.
Catalán Bastida dijo que el PRD está por el fortalecimiento de las instituciones y “por hacer valer la ley” y que por eso le sorprenden esas acciones.
Anunció que el tema lo discutirán “al seno de la Comisión Política y en su momento poder tener una charla con el alcalde y saber cuál es la situación y qué es lo que lo motivó a generar esta manifestación en contra de la Fiscalía, que por lo que sabemos es encabezada por él”.
De los alcaldes y diputadas del PRD en las regiones Tierra Caliente y Norte Elzy Camacho Pineda y Susana Paola Juárez Gómez que participaron en las reuniones con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda después de las presuntas amenazas de un grupo criminal Catalán Bastida, dijo que es “un tema sumamente delicado” que no ha podido hablar directamente con los afectados.
“Entiendo que la amenaza como ellos lo manifestaron sigue vigente, y es por eso que no han podido las diputadas asistir a las sesiones del Congreso”, y desconocen los acuerdos y compromisos a los que llegaron con la gobernadora.
IEPC no ejerce sanciones contra pintas
De las quejas que el PRD ha presentado ante el Instituto Electoral y de Participación (IEPC) en contra del dirigente de Morena, Jacinto González Varona por señalar que el PRD, PRI y PAN ganan en municipios controlados por el crimen organizado, señaló que sus abogados están dando seguimiento al tema.
Pero en el caso de la queja por las pintas a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, dijo que el órgano electoral no está ejerciendo sus funciones, por lo que entregarán más elementos y en su caso convocarán a borrar los mensajes a favor de la morenista.
Dijo que el equipo jurídico del partido está atento al avance, aunque a partir de que estas denuncias “afecta a los intereses de quienes están en el poder, en el gobierno estatal y federal, vemos que esta situación está siendo favorable para ellos”, pero no especificó a qué se refería.
Adelantó que valoran presentar nuevos elementos para que las autoridades puedan ya tomar una determinación al respecto, porque recordó que ya no son solo las pintas a favor de Claudia Sheinbaum sino también al canciller Marcelo Ebrard.
De no existir una determinación del IEPC “para hacer valer sus funciones”, convocarán a “la sociedad civil, a quienes gusten, a que vayamos al rescate de estos espacios públicos que han sido vulnerados, además porque no sabemos de dónde se tomaron estos recursos para esta campaña anticipada en favor de estos personajes”.
El diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez, que denunciaron la síndica Carolina Morales Cantú y regidores, por lo que esperan los resultados para actuar en consecuencia.
En consulta telefónica sobre la asamblea de autoridades comunitarias, el domingo 16 de abril, para desconocer a integrantes del Cabildo, incluido el alcalde del PAN, aclaró que el proceso podría concluir en una demanda de juicio político. Sin embargo, hoy siguen siendo gobierno porque son autoridades electas constitucionalmente.
El representante del distrito 26 de la Montaña precisó que, si los regidores y la síndica piden formalmente la intervención del Congreso, intervendría la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.
La asamblea de delegados, comisarios y vecinos del 16 de abril, fue citada para discutir la falsificación de firmas, para justificar los recursos federales destinados a una obra de camino artesanal, además de obras fantasmas, falta de transparencia y acoso sexual.
Señaló que el problema comenzó cuando la síndica y regidores decidieron demandar por la falta de salarios, que en ese proceso encontraron obras no ejecutadas y personas cobrando sin laborar, conocidos como aviadores, en el programa de caminos artesanales, que se hace vía comité, en coordinación con el Ayuntamiento.
“Ellos acudieron a presentar las denuncias y están en espera de que les resuelva la Auditoría Superior del Estado”, dijo.
Explicó que alrededor de noviembre o diciembre los demandantes hablaron con él, porque desconocían los procedimientos, y les comentó que el Congreso no era la instancia para eso.
Aclaró que podría llegar al Congreso, como una demanda de juicio político, pero ahora está en otra etapa.
En caso de que la ASE no resuelva nada, adelantó que se tendría que solicitar la intervención de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, para darle seguimiento.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado ya resolvió a favor de la síndica y regidores, a quienes no se les habían pagado sus salarios, para que se los cubran.
Estimó que, en la medida que se vayan descubriendo más errores, van a estar haciendo las denuncias los funcionarios, y al mismo tiempo, informando a la población como ocurrió en la asamblea de autoridades comunitarias.
El profesor Felipe de la Cruz Sandoval informó que sí está en la terna para ser alcalde en el municipio de nueva creación, San Nicolás, y que se considera afrodescendiente porque su madre es afromexicana y su padre indígena, su esposa es afromexicana y cumple el requisito de haber vivido cinco años en esa localidad.
El nuevo municipio se integrará con las comunidades de San Nicolás, El Pitayo, Tlapetaca, La Bocana, El Carrizo, El Cacalote, El Tamale, El Jícaro, Punta Maldonado y Tejas Crudas, todas con población afro que se desprendieron del municipio de Cuajinicuilapa.
El miércoles en Acapulco, vecinos de San Nicolás solicitaron que no haya imposición de autoridades en el cabildo instituyente que nombrará el Congreso local. En particular rechazan a De la Cruz, pues alegan que no es afromexicano y no tiene legitimidad comunitaria ni identidad territorial.
De la Cruz es maestro identificado con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, pero su momento de activismo mas visible fue como vocero de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, actividad a la que renunció cuando incursionó como aspirante a una candidatura a diputado federal por Morena en 2021.
Consultado vía telefónica, De la Cruz dijo que lo impugnan quienes no fueron designados por las comunidades para la terna.
Sostuvo que su nombre salió de las asambleas que hizo el Congreso el año pasado en las diez comunidades que integran el municipio, y que no es un hecho consumado sino que son tres personas las que están en posibilidades de ocupar la presidencia municipal.
Explicó que de cada asamblea salieron dos nombres y después en una general de las diez comunidades se integró la terna con él, Tania Ávila Magadaá y Omar Román Mariche. El acta fue validada por el sello y firma de cada uno de los comisarios de las diez localidades.
“En vez de estar poniendo piedras en el camino apoyaran para que se instalara de una vez el Ayuntamiento en San Nicolás, porque al fin de cuanta los perjudicados con los pueblos que siguen esperan a que se instituya”, señaló.
Agregó que la ley establece que cualquier vecino de las comunidades que formarán el nuevo municipio tiene la posibilidad de ser designado alcalde. En su caso tiene 32 años de vivir en esa localidad: “yo me autodetermino afro porque es mi decisión como mexicano y como guerrerense, eso no viola la ley, todo lo contrario ellos están violando mis derechos como ciudadano”.
Indicó que su padre es indígena y su madre afrodescendiente y él se considera parte de la raza afrodescendiente.
De la gestoría para el rastrilleo de caminos, dijo que es cierto que él lo hace pero eso no afecta ningún derecho pues lo que se busca es ayudar a las comunidades.
A pregunta expresa sobre si tiene el respaldo de Morena, dijo que él es de izquierda pero como tal no tiene el respaldo del partido. Indicó que los inconformes con la posibilidad de que sea alcalde también son de Morena, pero David Bracamontes es de Copala, no es de San Nicolás, y “él es el que siempre ha insistido en que yo no debo ser (alcalde) porque no soy afro”. (Daniel Velázquez)
Habitantes del recién creado municipio afromexicano de San Nicolás en la región de Costa Chica, David Bracamontes Chona, Josué Villarreal Silva, Juan Domingo Magadán Torres, María Eduarda Noyola Morga y Enrique Cisneros Parral, en la conferencia de prensa en dónde denunciaron que pretenden imponer como presidente municipal al ex vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
Vecinos de San Nicolás, municipio que está en proceso de constitución, solicitaron que no haya imposición de autoridades en el cabildo instituyente que nombrará el Congreso local. En particular, rechazan al profesor Felipe de la Cruz Sandoval, el promotor del nuevo municipio, pues alegan que no es afromexicano y no tiene legitimidad comunitaria ni identidad territorial.
Un grupo de vecinos dieron una conferencia de prensa en el Instituto Tecnológico de Acapulco en la que llamaron al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Yoloczin Domínguez Serna, para que no se imponga una autoridad que no reconocen.
Los inconformes dijeron que su llamado a las autoridades es porque no quieren confrontación y su petición es que se elija a un hombre o una mujer que sea originario de la comunidad de San Nicolás.
El nuevo municipio se integrara con las comunidades de San Nicolás, El Pitayo, Tlapetaca, La Bocana, El Carrizo, El Cacalote, El Tamale, El Jícaro, Punta Maldonado y Tejas Crudas, todas con población afrodescendiente que se desprendieron del municipio de Cuajinicuilapa.
“Rechazamos la posibilidad de que el profesor Felipe de la Cruz Sandoval sea designado presidente municipal porque no nació ni se crio en San Nicolás, no tiene autoadscripción efectiva, ni legitimidad comunitaria, tampoco identidad territorial, cultural y etnolingüística ni ha prestado servicio comunitario en cargos tradicionales además ha demostrado deshonestidad al corromper el proceso de consulta manipulando al comité gestor”.
“Pedimos que realice una consulta para decidir quiénes serán nuestras autoridades en conformidad con el marco legal constitucional y las resoluciones emitidas por la SCJN que reconocen nuestro derecho fundamental a participar en la toma de decisiones que nos afecten o sean susceptibles de afectarnos”.
En la conferencia estuvieron Juan Domingo Mandalan Torres, Josué Villareal Silva, María Eduarda Noyola Morga, Enrique Cisneros Pagano y David Bracamontes Chona, quienes manifestaron su rechazo a Felipe de la Cruz. Dijeron que desde febrero de este año empezó a hacer gestiones a favor de la comunidad como rastrilleo de caminos, lo que consideran se debe a que tiene el apoyo de alguna autoridad.
Se quejaron de que se hicieron propuestas para las autoridades instituyentes pero no hubo asambleas para elegir a esas personas por lo que no participaron los vecinos en esa decisión.
También leyeron un escrito enviado al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, a quien le piden su intervención para la elegibilidad de los integrantes del ayuntamiento instituyente de San Nicolás.
El presidente municipal de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, consideró que detrás de la queja de un grupo de maestros y padres de familia por la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), hay grupos políticos contrarios a su gobierno.
También afirmó que es urgente la construcción del cuartel de la GN por la inseguridad que llega a su municipio “por olas”, violencia en la que está inmerso Huitzuco, el estado y país, que “no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”.
El pasado jueves 16 de marzo, padres de familia y maestros de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, se manifestaron en el Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, en Chilpancingo, contra la construcción del cuartel de la GN en los terrenos del plantel educativo. La tarde de ayer, los inconformes marcharon en la cabecera municipal, expresando su inconformidad en contra de la construcción.
El martes, en un video en vivo, el alcalde de Huitzuco (Morena) contó que desde noviembre de 2021, cuando el municipio vivió una crisis de inseguridad, el gobierno federal decidió instalar cinco cuarteles de la GN en Guerrero, que construirá el Ejército, uno de ellos en su demarcación, por lo que él acompañó a las autoridades encargadas en un recorrido por tres primeros terrenos, pero que no convencieron a los enviados de la GN, porque no cumplían los requisitos.
Sin embargo, fueron la GN y el Ejército los que observaron el predio de la secundaria y le pidieron que investigara, por ello, Éder Nájera dijo buscó al director, quien a cambio del terreno pidió obras en el área de talleres, una cisterna y una barda ; en tanto, los militares solicitaron la donación de predio al gobierno estatal.
Expuso que fue el 28 de febrero de este 2023, cuando el Ejército, GN y el gobierno del estado valuó el terreno, el último de los requisitos para la donación, pero comenzaron los disgustos de maestras y padres de familia, quienes argumentaban que estaban en contra del cuartel, porque los efectivos embarazarán a las estudiantes y habrá ataques armados en la zona.
La tarde de este miércoles, contactado vía telefónica, Éder Nájera afirmó que las protestas son un asunto político, porque no fue una gestión oculta, que el avance de la construcción del cuartel lo difundió en su página de Facebook, y que incluso, hace ocho días se reunió con los padres de familia, donde le dijeron que no sabían nada, un año después de haber iniciado el proceso de construcción.
Reiteró que el director de la escuela siempre estuvo informado de la construcción del cuartel, pero ahora está en contra porque no esperaba el reclamo de los padres de familia, o “tiene alguien detrás que esté meneándole la cintura. Sí es un asunto político, o la otra es que ya no sepa qué hacer con la decisión que tomó en su momento, puesto que no lo había consensuado con sus maestros”.
Resaltó que el dueño del terreno no es el centro educativo, sino el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). También afirmó que no es un juego y el Ejército podría llevarse el cuartel a otro municipio.
Manifestó que si se hiciera una encuesta o un sondeo a la ciudadanía, se priorizaría la seguridad por encima de un terreno que representa una cuarta parte de la secundaria, y reprochó que el comité de padres de familia no le ha permitido reunirse con todos los padres de familia de la secundaria, para explicarles, que no es su decisión, sino del gobierno estatal y del Ejército.
“Yo creo que sí es político el asunto, y pues algunos nos quieren detener, ojalá y espero que no sea el caso, de que haya gente que prefiera que siga habiendo bajas ciudadanas (muertos) aquí en nuestro municipio, a que se resuelva lo más importante que es la seguridad, y que a lo mejor los créditos se los lleve un servidor. Yo creo que están apostando a eso y ojalá y no sea el caso”, aseveró.
Afirmó que actualmente no hay más propuestas de otros terrenos, porque buscar otras opciones, como las bodegas ocupadas anteriormente por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) sería un conflicto con el ejido; además, afirmó que el municipio no tiene recursos para comprar un predio con las condiciones de 2.5 hectáreas, como lo solicita la GN.
Afirmó que la discusión la podría llevar a una consulta popular en la cabecera, para saber si se prioriza “el dominio de un bien que no es de la secundaria o se priorizaría la seguridad pública”.
Sobre si es urgente la instalación del cuartel por la violencia en su municipio, respondió que sí, y que ha calificado el fenómeno de la inseguridad como olas, “cuando llega la ola se dan casos de enfrentamientos entre grupos criminales, cuando se va la ola, tal vez por así decirlo, y quiero imaginar, porque también no soy especialista. Sin embargo, trato de ser analista, cuando se van, cambian a veces de ring, y esas confrontaciones se trasladan hacia Atenango, Tepecoauilco, Iguala”.
“Creo que Huitzuco está inmerso, igualmente el estado y la nación, en un resultado de una estrategia fallida de hace mucho tiempo y esa estrategia aun cuando se han atacado con políticas públicas, en materia desarrollo social y bienestar social, y acciones inmediatas como la creación de la Guardia Nacional, no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”, precisó.
Aseguró que es necesario realizar acciones de contención, porque “nadie está salvo, yo mismo soy susceptible de que me pase algo, todos somos susceptibles. Pero teniendo el cuartel creo que nos vamos a sentir y vamos a estar mejor, porque no creo que vengan de vacaciones o a encerrarse en los cuarteles, tienen que hacer acciones de patrullaje y de contención”.
Dijo que esperará “el humo blanco” que emita el Ejército, que tendrá que ver no con sus opiniones, sino con lo que decida la federación con su estrategia de seguridad nacional y que esa decisión la respetará, al igual que lo diga la ciudadanía.
Unos 300 miembros de la CETEG bloquearon los cuatro carriles centrales y las laterales, en Chilpancingo (imagen), para exigir a la SEG la entrega de nombramientos de recategorizaciones. En tanto, pobladores y padres de familia de la comunidad Xalitla, Tepecoacuilco, bloquearon ocho horas la carretera federal México-Acapulco para exigir la destitución de directivos y docentes de un plantel en el que, aseguran, hay tráfico de drogas. Además, habitantes de Huitzuco protestaron afuera del Palacio Municipal para oponerse a la donación de un terreno escolar para un cuartel de la Guardia Nacional; el alcalde aseguró que en la queja hay intereses políticos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Bloquea CETEG por completo la Autopista del Sol; exige a la SEG que dé nuevas categorías
Los cetegistas denuncian que tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, pero la reunión fue cancelada y eso originó que bloquearan la vía más de dos horas
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Unos 300 miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que encabeza Héctor Torres Solano, bloquearon los cuatro carriles centrales de la Autopista del Sol y las laterales, en Chilpancingo, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la entrega de nombramientos de recategorizaciones.
El bloqueo inició a las 12:40 del día, en el sentido norte-sur, pero minutos después se extendió y el cierre fue total, a unos metros del restaurante Vips, y de la calle Recursos Hidráulicos, cerca del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado. La protesta duró alrededor de dos horas.
Los cetegistas denunciaron que este miércoles tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, para avanzar en la entrega y corrección de nombramientos a docentes con claves bajas, los que tienen un salario bajo, porque a más de un mes que fueron autorizados no han sido entregados, pero la reunión fue cancelada, lo que originó que bloquearan.
En la protesta, Héctor Torres informó que son unas 900 claves bajas de trabajadores que son aspirantes a docentes, que cumplieron con el perfil de licenciados en educación y se deben recategorizar a una clave docente superior, para que aumente su salario.
Dijo que, además, solicitaban el pago de la quincena de los docentes de la primera lista de recategorizados, “el problema que tenemos con las autoridades educativas es la entrega de nombramientos y las correcciones. Hemos sido muy tolerantes, pero por la falta de respuesta tenemos que protestar”.
A las 2 de la tarde, una comisión encabezada por Torres Solano fue recibida en el Recinto Estatal; en tanto, el bloqueo continuó hasta las 3 de la tarde, como medida de presión contra las autoridades educativas.
A las 3 de la tarde, los manifestantes se retiraron de la vialidad, luego de que se enteraron de que la mesa de trabajo fue instalada y en ella estaba presente el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, y parte de su estructura.
Por el bloqueo, cientos de automovilistas se quedaron varados y algunos, por la desesperación de llegar a su destino, optaron por transitar dentro del encauzamiento del río Huacapa.
En un escueto comunicado, se informó que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, tuvo una reunión de trabajo con representantes de la CETEG, con quienes llegó a acuerdos sobre la recategorización de 918 docentes con claves bajas.
Rodríguez Saldaña manifestó que la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es la de atender, “con respeto, a todos los integrantes del sector educativo: trabajadores, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, y concentrarse fundamentalmente en elevar los indicadores educativos en la entidad”.
Normalistas bloquean avenidas en la capital; la SEG les niega sus plazas, aseguran
Egresados de las normales públicas y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), de la generación 2018-2022, bloquearon avenidas en la capital, debido que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, se niega a darles sus plazas.
A las 11:30 de la mañana, unos 50 inconformes salieron en marcha desde el monumento Las Banderas, realizaron pintas en la fachada de la Subsecretaría de Administración y Finanzas: “Fuera corruptos” y “queremos plazas”.
Los egresados llegaron al cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, así como las laterales de la Autopista del Sol, frente al museo interactivo La Avispa, donde bloquearon.
Uno de los inconformes, Saúl Efigenio García, detalló que son egresados del nivel secundaria, principalmente, y que en todo el estado son 170 afectados, quienes a pesar de que pasaron el examen, la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Uesicamm) se niega entregarles las plazas.
“Las autoridades estatales han roto las mesas de diálogo”, porque incluso el pasado viernes tenían una mesa de trabajo, pero los funcionarios estatales no se presentaron, dijo Efigenio García.
Indicó que este miércoles acudieron a la Subsecretaría de Finanzas, porque el titular, Alejandro Moreno Lira, les aseguró que sí había presupuesto para las plazas, “por eso exigimos que ejerzan ese presupuesto, porque ya cumplimos con el proceso de evaluación”.
Los egresados reanudaron la marcha y volvieron a bloquear los dos sentidos del encauzamiento del río Huacapa, a unos metros del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Minutos después cerraron una de las puertas principales de las oficinas del poder Ejecutivo. Funcionarios del gobierno estatal dialogaron con los manifestantes y les propusieron una mesa de trabajo, los egresados aceptaron y se retiraron del lugar. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Bloquean padres la carretera federal en Xalitla; denuncian tráfico de drogas en una secundaria
Los vecinos exigen la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de estupefacientes entre la comunidad escolar. También solicitan la reconstrucción de la escuela
Alejandro Guerrero
Iguala
Pobladores de la comunidad Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, con padres de familia de la secundaria técnica 111 Carlos Darwin, bloquearon durante ocho horas la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala, junto al parador turístico de esa comunidad.
Los vecinos exigieron la reconstrucción de la escuela, que fue tomada el martes, así como la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de drogas entre la comunidad escolar.
El bloqueo total a la carretera federal, que inició alrededor de las 9:30 de la mañana, contó con la participación de unas 100 personas y se levantó a las 5:20 de la tarde, luego de la firma de una minuta de acuerdos entre padres de familia y autoridades estatales, en la que se determinó la implementación de un proceso de investigación y la separación del cargo del director José Luis Pineda, la subdirectora Soraya Arellano y los profesores Fidel Álvarez García, Christopher Salgado Gante, Diego Rubén Alejo y Ángel de la Cruz Andrade.
Debido al bloqueo, decenas de automovilistas, que viajaban hacia Chilpancingo o Iguala, quedaron varados en ambos lados de la carretera. Los manifestantes instalaron una carpa a media carretera, atravesaron una cuerda en la que colocaron cartulinas, con sus exigencias, y pusieron piedras para evitar el paso de automóviles.
El martes los padres de familia tomaron la secundaria técnica Carlos Darwin, denunciando problemas dentro del plantel por la venta y consumo de drogas entre el alumnado, con la omisión de directivos y docentes.
Este miércoles, además de demandar la destitución de directivos y cuatro profesores, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reconstrucción de su escuela y la asignación de conserjes.
Al bloqueo llegaron agentes de la Guardia Nacional, quienes dialogaron con los manifestantes, pero éstos rechazaron retirar el bloqueo. También llegó el delegado de Gobernación, Felipe Adán Ramírez, y el director del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava, con quienes se realizó un recorrido de supervisión de las condiciones de la escuela y se entabló una mesa de negociaciones, pero sin retirar el bloqueo a la carretera.
Fuentes consultadas, informaron que además se acordó con los padres y madres de familia la aplicación de una auditoría administrativa integral, a los recursos financieros, materiales y humanos de la institución. También se ofreció que el próximo miércoles se le dará una fecha a la audiencia que los padres solicitaron con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
También se ofreció la asignación de dos conserjes, y en una primera etapa, la ejecución de un estudio técnico de las necesidades con las que cuenta el edificio de la escuela, por parte del IGIFE; además de la remodelación de tres aulas y el cableado de la institución.
Mientras, se harán las gestiones ante la SEG para dar continuidad a la atención de necesidades de la escuela, y en una segunda etapa con dinero del ejercicio fiscal 2024, así como evitar que haya represalias contra padres de familia y alumnos que participaron en la movilización.
Protestan en Huitzuco padres de la secundaria donde se quiere construir un cuartel de la GN
Alejandro Guerrero
Iguala
Unos 400 padres de familia, docentes, alumnos y ex alumnos de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, de Huitzuco, marcharon por la tarde y protestaron afuera del Palacio Municipal, contra la donación de 2.5 hectáreas de terreno que hizo el gobierno del alcalde Eder Nájera Nájera y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN).
La marcha de protesta salió de las instalaciones de la escuela, ubicada a orilla de la carretera estatal a Iguala y recorrió varias calles hasta llegar afuera del Palacio Municipal, donde realizaron un mitin.
En la marcha, los inconformes llevaron mantas y cartulinas con su postura de rechazo a la donación de este terreno, de 25 mil 942 metros cuadrados, para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, y puntualizan que no se oponen a esa obra, pero que se realice en otro lugar.
En el mitin afuera del edificio sede del Ayuntamiento, una representante de los padres de familia advirtió que no van a permitir que el cuartel se construya en terrenos que pertenecen a la escuela, y subrayó que no se oponen a la llegada de este cuartel, pero sí a que se despoje de los terrenos que pertenecen a la técnica.
Mencionó que iban llegando de Chilpancingo, de una reunión que tuvieron con autoridades educativas, en la que presentaron otras opciones donde ese cuartel puede ser construido, “no nos negamos a que la construcción del cuartel se realice en nuestra ciudad, simplemente no lo vamos a permitir dentro de nuestra escuela”, advirtió.
De acuerdo con oficios compartidos por los padres de familia y docentes, el 6 de mayo pasado, luego de que el alcalde presentó el proyecto a la comunidad escolar, en una asamblea realizada dentro de la escuela, por unanimidad, los padres de familia y docentes rechazaron que la donación del terreno y la construcción del cuartel.
A pesar del rechazo de los padres y docentes, el gobierno de Nájera Nájera y la SEG hicieron la donación del terreno, bajo el argumento de que “ese predio no pertenece a la técnica sino a la SEG, por lo que esa dependencia decide la utilización del inmueble y espacios que tiene las instituciones”, por lo que el 17 presentaron una queja ante la coordinación regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
El terreno donde se pretende construir el cuartel de la Guardia Nacional está en la entrada a la cabecera municipal, entre la técnica y el CBTIS, y de acuerdo con los padres y docentes, esas parcelas además tener las canchas de fútbol y básquetbol, también son utilizadas para el cultivo de maíz de autoconsumo y pastoreo de ganado, además de que “con este proyecto se obstruye el aprendizaje de los alumnos de Tecnologías de Agricultura y Pecuarias” de nivel medio superior del CBTIS 175 y el Centro de Estudios Tecnológicos (CET).
Durante la marcha mostraron cartulinas con textos como: “No nos oponemos a la construcción del cuartel, pero no en nuestra institución”, “no a la construcción del cuartel militar en mi escuela” y “Guardia sí…en mi escuela no”. Mientras que en la marcha y mitin corearon: “Sí queremos el batallón, pero no en nuestra institución”, “sin respeto y con mentiras, nos quitan las canchas deportivas” y “a favor del batallón, pero no en nuestra institución”.
Al finalizar la protesta, a la que no se presentó el alcalde Eder Nájera, los manifestantes tapizaron la puerta principal y la fachada del edificio con las cartulinas que llevaban.
Hay intereses políticos detrás de las protestas por la obra del cuartel, asegura el alcalde
El morenista Eder Nájera afirma que es urgente la construcción de la infraestructura para la GN, por la inseguridad en Huitzuco y que dice que es parte de la violencia en la que están inmersos el estado y país
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El presidente municipal de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, consideró que detrás de la queja de un grupo de maestros y padres de familia por la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), hay grupos políticos contrarios a su gobierno.
También afirmó que es urgente la construcción del cuartel de la GN por la inseguridad que llega a su municipio “por olas”, violencia en la que está inmerso Huitzuco, el estado y país, que “no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”.
El pasado jueves 16 de marzo, padres de familia y maestros de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, se manifestaron en el Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, en Chilpancingo, contra la construcción del cuartel de la GN en los terrenos del plantel educativo. La tarde de ayer, los inconformes marcharon en la cabecera municipal, expresando su inconformidad en contra de la construcción.
El martes, en un video en vivo, el alcalde de Huitzuco (Morena) contó que desde noviembre de 2021, cuando el municipio vivió una crisis de inseguridad, el gobierno federal decidió instalar cinco cuarteles de la GN en Guerrero, que construirá el Ejército, uno de ellos en su demarcación, por lo que él acompañó a las autoridades encargadas en un recorrido por tres primeros terrenos, pero que no convencieron a los enviados de la GN, porque no cumplían los requisitos.
Sin embargo, fueron la GN y el Ejército los que observaron el predio de la secundaria y le pidieron que investigara, por ello, Éder Nájera dijo buscó al director, quien a cambio del terreno pidió obras en el área de talleres, una cisterna y una barda ; en tanto, los militares solicitaron la donación de predio al gobierno estatal.
Expuso que fue el 28 de febrero de este 2023, cuando el Ejército, GN y el gobierno del estado valuó el terreno, el último de los requisitos para la donación, pero comenzaron los disgustos de maestras y padres de familia, quienes argumentaban que estaban en contra del cuartel, porque los efectivos embarazarán a las estudiantes y habrá ataques armados en la zona.
La tarde de este miércoles, contactado vía telefónica, Éder Nájera afirmó que las protestas son un asunto político, porque no fue una gestión oculta, que el avance de la construcción del cuartel lo difundió en su página de Facebook, y que incluso, hace ocho días se reunió con los padres de familia, donde le dijeron que no sabían nada, un año después de haber iniciado el proceso de construcción.
Reiteró que el director de la escuela siempre estuvo informado de la construcción del cuartel, pero ahora está en contra porque no esperaba el reclamo de los padres de familia, o “tiene alguien detrás que esté meneándole la cintura. Sí es un asunto político, o la otra es que ya no sepa qué hacer con la decisión que tomó en su momento, puesto que no lo había consensuado con sus maestros”.
Resaltó que el dueño del terreno no es el centro educativo, sino el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). También afirmó que no es un juego y el Ejército podría llevarse el cuartel a otro municipio.
Manifestó que si se hiciera una encuesta o un sondeo a la ciudadanía, se priorizaría la seguridad por encima de un terreno que representa una cuarta parte de la secundaria, y reprochó que el comité de padres de familia no le ha permitido reunirse con todos los padres de familia de la secundaria, para explicarles, que no es su decisión, sino del gobierno estatal y del Ejército.
“Yo creo que sí es político el asunto, y pues algunos nos quieren detener, ojalá y espero que no sea el caso, de que haya gente que prefiera que siga habiendo bajas ciudadanas (muertos) aquí en nuestro municipio, a que se resuelva lo más importante que es la seguridad, y que a lo mejor los créditos se los lleve un servidor. Yo creo que están apostando a eso y ojalá y no sea el caso”, aseveró.
Afirmó que actualmente no hay más propuestas de otros terrenos, porque buscar otras opciones, como las bodegas ocupadas anteriormente por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) sería un conflicto con el ejido; además, afirmó que el municipio no tiene recursos para comprar un predio con las condiciones de 2.5 hectáreas, como lo solicita la GN.
Afirmó que la discusión la podría llevar a una consulta popular en la cabecera, para saber si se prioriza “el dominio de un bien que no es de la secundaria o se priorizaría la seguridad pública”.
Sobre si es urgente la instalación del cuartel por la violencia en su municipio, respondió que sí, y que ha calificado el fenómeno de la inseguridad como olas, “cuando llega la ola se dan casos de enfrentamientos entre grupos criminales, cuando se va la ola, tal vez por así decirlo, y quiero imaginar, porque también no soy especialista. Sin embargo, trato de ser analista, cuando se van, cambian a veces de ring, y esas confrontaciones se trasladan hacia Atenango, Tepecoauilco, Iguala”.
“Creo que Huitzuco está inmerso, igualmente el estado y la nación, en un resultado de una estrategia fallida de hace mucho tiempo y esa estrategia aun cuando se han atacado con políticas públicas, en materia desarrollo social y bienestar social, y acciones inmediatas como la creación de la Guardia Nacional, no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”, precisó.
Aseguró que es necesario realizar acciones de contención, porque “nadie está salvo, yo mismo soy susceptible de que me pase algo, todos somos susceptibles. Pero teniendo el cuartel creo que nos vamos a sentir y vamos a estar mejor, porque no creo que vengan de vacaciones o a encerrarse en los cuarteles, tienen que hacer acciones de patrullaje y de contención”.
Dijo que esperará “el humo blanco” que emita el Ejército, que tendrá que ver no con sus opiniones, sino con lo que decida la federación con su estrategia de seguridad nacional y que esa decisión la respetará, al igual que lo diga la ciudadanía.
El director de la primaria Redención Tropical, turno matutino, ubicada en el municipio de Zihuatanejo, José Refugio Solorio Huato, dio a conocer que este martes fueron atendidos por el alcalde Jorge Sánchez Allec, quien se comprometió a enviar policías para que hagan recorridos e inhibir que se metan al plantel a robar.
El lunes de esta semana, maestros de este plantel suspendieron clases para informar a los padres de familia que, debido a los constantes robos que ha sufrido el plantel, este martes y miércoles pararían labores como medida de presión para que las autoridades atiendan estos ilícitos, que se han cometido tanto en el interior como en el exterior de la escuela; los más recientes ocurridos la semana pasada, cuando robaron 500 metros de cable, por lo que desde entonces se encuentran sin electricidad.
Este martes, los maestros pararon labores, pero una comisión de ellos, acompañados por la mesa directiva de la sociedad de padres de familia, el supervisor de la zona escolar y el comisario municipal de San José Ixtapa, acudió al Ayuntamiento para tener una reunión con el alcalde Jorge Sánchez, la cual fue privada.
Al término, vía telefónica, el director José Refugio Solorio dio a conocer que Sánchez Allec les entregó parte del equipo de cómputo que fue sustraído de la escuela la semana pasada. Dijo que les entregó una computadora y una impresora, que además, hizo el compromiso de que este miércoles trabajadores del Ayuntamiento estarían en la escuela, para colocar los 500 metros de cableado que les robaron, para que de esa manera vuelvan a tener el servicio de energía eléctrica y regresen a dar clases.
Otro de los compromisos que Sánchez Allec hizo con los maestros y padres de familia es que hará la gestión correspondiente, para que haya constantes rondines policiacos en las inmediaciones de la escuela. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
El Ayuntamiento de San Miguel Totolapan recuperó poco más de 4 de los 9 millones que le robaron recientemente, mediante un hackeo a sus cuentas en la sucursal local de Banamex.
El dinero fue regresado por el propio banco, como parte de las investigaciones que realiza y que consideró procedente la denuncia.
En un documento firmado por el presidente municipal Fredy Vázquez Palacios, se informa que el Ayuntamiento perdió 9 millones de pesos, mediante un robo electrónico a sus cuentas bancarias. Se denunció que los hackers sustrajeron el dinero en varios depósitos y que el Ayuntamiento había reportado los hechos ante la Condusef.
El alcalde dijo que había solicitado la investigación correspondiente y aseguraba que se había tratado de un hackeo, que no de un retiro autorizado por el Ayuntamiento.
Solicitó también una investigación a la sucursal de Ciudad Altamirano, en donde se han reportado otros casos similares de robos a cuentahabientes.
El presidente municipal Fredy Vázquez confirmó la versión del regreso del dinero este viernes, al ser consultado en la Feria del Gallo de Cutzamala acerca de la denuncia que presentó.
Dijo entonces que espera que a la brevedad le regresen el resto del dinero hackeado, unos 5 millones de pesos, y que poco a poco se vaya esclareciendo la situación de estos hechos ilícitos, debido a que había quienes consideraban que las mismas autoridades habían realizado el retiro del dinero de cuyos responsables nada se sabe aún.
