Etiqueta: Autoridades

Bloquean maestros de la CETEG una avenida en la capital; exigen profesores para la sierra

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del sector sierra, bloquearon totalmente la avenida Lázaro Cárdenas de la capital para exigir 35 maestros para esa región, porque unos mil alumnos no tienen clases.
Más de 70 manifestantes, desde las 9 de la mañana, bloquearon ambos sentidos de la vialidad, una de las principales de la ciudad, en el monumento a Las Banderas.
Explicaron que faltan 35 maestros para cinco zonas escolares del sector sierra y que casi mil niños no tienen clases por ese problema.
Agregaron que en algunos casos los maestros faltan desde hace un año y que el problema se debe a que algunos se han jubilado y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha cubierto las plazas que dejan.
Reprocharon que han hecho sus peticiones a la SEG, pero la dependencia no ha enviado a los docentes.
El encargado del área de Gestoría Laboral de la CETEG, José Manuel Venancio Santiago, indicó que el sector sierra se movilizó, donde en cinco zonas escolares hacen falta maestros, porque muchos docentes se han cambiado y otros se han jubilado.
Indicó que la SEG no ha mandado la reposición de los maestros, para que los alumnos que están sin clases puedan ejercer el derecho a la educación. Adelantó que si no hay respuesta protestarían los padres de familia.
José Manuel Venancio precisó que hacen falta 30 docentes de primaria, dos de educación física y tres de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), que cada maestro da clases a más de 35 alumnos.
Precisó que más de mil alumnos que no tienen clases, por lo que la molestia que tienen los padres y maestros es que las zonas más vulnerables son las que no son atendidas por parte de las autoridades educativas.
El maestro expresó que cada ciclo escolar la SEG emite una convocatoria para los maestros que desean acercarse a su lugar de origen, “muchos son beneficiados” y otros se han jubilado, pero no se repone a los que se van.
Indicó que al bloqueo acudieron autoridades de la SEG, les dijeron que aproximadamente en enero les mandarían a los maestros faltantes, sin embargo “no es una respuesta satisfactoria” porque no es un problema actual, ya que desde hace tiempo han solicitado a los maestros.
A las 10:30 de la mañana una comisión de los manifestantes se reunión con autoridades educativas, con quienes se realizó una mesa de negociación, por lo que a esa hora retiraron el bloqueo y algunos manifestantes permanecieron en las banquetas.
A la 1 de la tarde, José Manuel Venancio informó que se acordó con las autoridades que revisarán qué maestro está asignado para que acuda a la sierra, porque ya están comisionados, sólo que no han acudido por su nombramiento.
Dijo que en el transcurso de diciembre valorarán cuántos maestros les envían y si realmente están los nombramientos, porque de lo contrario volverán a bloquear.

Bloquean la carretera México-Acapulco; exigen maestros para una primaria en Tepecoacuilco

Padres y alumnos de la primaria Progreso y Civilización, de la comunidad indígena San Agustín Oapan, municipio de Tepecoacuilco, bloquearon de manera total la carretera federal México-Acapulco, tramo Chilpancingo-Iguala, en la comunidad de Xalitla, ante el incumplimiento de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) de asignar cuatro maestros y un director.
También exigieron un dictamen de las condiciones en las que se encuentra el plantel, que resultó dañado con el sismo del 19 de septiembre. De ser necesario, solicitaron su rehabilitación o reconstrucción.
A partir de las 10:20 de la mañana, unos 400 pobladores, mujeres, hombres y niños, iniciaron el bloqueo total de los dos carriles de la vía federal, en la zona donde están los locales artesanales de Xalitla.
Los manifestantes, encabezados por el ex comisario municipal de San Agustín Oapan y actual presidente del comité de padres de familia de la primaria, Miguel Cabañas Andrés, y el comisario Adrián Valentín Alarcón, entregaron volantes informativos a los automovilistas, en el que exponían su pliego de demandas.
Exigen a la SEG la asignación de cuatro profesores, dos frente a grupo, uno de educación física y otro para la sala de cómputo, además equipamiento para ésta.
También solicitan un dictamen de Protección Civil del estado para la estructura de la escuela indígena. Indicaron que por los daños en la infraestructura de la escuela, actualmente los niños toman clases a la intemperie abajo de árboles.
Se colocó una hilera de alumnos de la escuela, que mostraban cartulinas en las que se leía: “Queremos maestros responsables, que cumplan su trabajo y que respeten a los padres de familia”, “queremos maestros por cada grado. Queremos usar las computadoras con un maestros de computación” y “queremos salones seguros y maestros responsables”.
A las 11 de la mañana, tras dialogar con efectivos de la Policía Federal sector Caminos, los pobladores accedieron a dar el paso de forma intermitente a los automovilistas, en lo que esperaban a que llegara alguna autoridad.
Después de las 11 de la mañana y durante una hora, se instaló una mesa de trabajo entre los pobladores y el delegado de Gobernación en la zona Norte, Felipe Adán de Jesús; el jefe de los servicios estatales de educación en la región Norte, Marcos González Marbán, y un efectivo de la Policía Federal.
A las 12 se firmó un acuerdo, en el que las autoridades se comprometieron a que hoy irá personal del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) para hacer una supervisión de las instalaciones, y se hizo el compromiso de que el lunes será enviado un profesor y para enero los que hagan falta, de acuerdo con la matrícula educativa del plantel. Después los manifestantes se retiraron.

Exigen pobladores de Mixtecapa, San Luis Acatlán, que la SEG envíe una maestra a un kínder

Autoridades municipales de Tierra Colorada, anexo de Mixtecapa del municipio de San Luis Acatlán, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reposición de una maestra del preescolar Xolonantli, porque desde que inició el ciclo escolar no tienen clases.
Mencionaron que son más de 35 niños los que no reciben educación preescolar.
El comisario Lorenzo Portillo Cristino y el presidente del Comité de Padres, Yovani Marcelino Candia, hicieron la denuncia en esta ciudad, ante la espera de la maestra que les dijeron sería en septiembre, luego en noviembre y ahora hasta enero, según les dijeron diversas autoridades que visitaron.
Contó que en septiembre llegó la maestra a anotar a los niños para iniciar el ciclo escolar, pero el supervisor suspendió las inscripciones, diciéndole a la maestra que ya había pedido su jubilación, que ya no debía hacer eso y a ellos les aseguró que llegaría otra maestra, sin que sea cierto hasta la fecha.
Los representantes entregaron oficios a la jefa de sector de preescolar, Guadalupe Vivar, para su intervención; a Gobernación estatal; a la delegación regional de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y a la delegación de los Servicios Educativos de la SEG, para exigir la reposición de la maestra.
Mencionaron que tras dejar los oficios y solicitar la intervención de la delegación regional de derechos humanos, para que intervenga ante el delegado de la SEG, Marciano Anastacio Cano, platicarán con sus vecinos para que tomen acciones “ya que en todos lados nos dijeron que esperemos, y ya se va acabar el año y no hay respuesta”, se quejaron. (Carmen González Benicio / Tlapa).

Rememoran familiares tres años del secuestro y homicidio de cinco empresarios en Chilapa


A tres años de la desaparición y homicidio de cinco empresarios y profesionistas en Chilapa, familiares y colectivos de desaparecidos exigieron justicia y alto a la masacre.
El coordinador del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, hermano de dos de las víctimas, adelantó que ya tienen algunas respuestas del caso: “Se va aclarando la ruta de la información, quiénes fueron, dónde, porqué y cuándo”.
En tanto, los colectivos de Chilpancingo y Acapulco señalaron que las autoridades están demostrando que están coludidas con el crimen organizado, al no querer hacer su trabajo, y demandaron la reparación del daño para las familias de las víctimas.
La familia Díaz Navarro y el colectivo de familiares de desaparecidos en municipios de la Montaña baja, Siempre Vivos, conmemoraron los tres años del rapto y el homicidio de los empresarios Hugo y Alejandrino Díaz Navarro; el dueño de una constructora de Olinalá, Vicente Apreza García, y los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, de Cuautla, Morelos.
Al mediodía acudieron a una misa en la catedral y luego se trasladaron al lugar donde fueron encontrados los cuerpos, en el crucero que conduce a la comunidad de Tecoyutla en la carretera Chilapa-Acatlán, donde colocaron flores, realizaron una pequeña oración e hicieron pronunciamientos.
Se sumaron los colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo y Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
En ese lugar, José Díaz Navarro, coordinador de Siempre Vivos, colectivo creado a partir del múltiple crimen de sus familiares, narró la desaparición y el último contacto por medio de una llamada telefónica con sus hermanos, el mediodía del 26 de noviembre de 2014.
Además de la denuncia que interpusieron dando información a las autoridades y el reporte del hallazgo tres días después, el sábado 29 de noviembre de 2014, después de las 8 de la noche; así como su posterior identificación por muestras de ADN, pues los cuerpos aparecieron desmembrados y calcinados.
A tres años, dijo que poco a poco, van teniendo información de lo que pasó. “Estamos llegando a tener respuestas, hoy se va aclarando la ruta de esta información, que nos está llevando a tener la certeza de mi familia de quiénes fueron, dónde, porqué y cuándo. Esas incógnitas que teníamos se van aclarando”.
“Hay datos muy fidedignos y confiables que esa camioneta (donde aparecieron los cuerpos) pertenecía a Celso Ortega Jiménez, estaba en posesión de él, porque mis hermanos estuvieron precisamente en las casas de seguridad que tiene esta familia de Celso Ortega”.
“Tenemos que seguir, queremos llegar a la verdad, ojalá un día lleguemos a la justicia y a la reparación del daño”. Dijo que después del hecho, muchas familias de Chilapa y sus alrededores empezaron a vivir situaciones similares.
También denunció que los familiares de los desaparecidos tuvieron que costear sus gastos de traslado, hospedaje y alimentación, debido a que la Comisión de Atención a Víctimas en el estado y federación, no dieron respuesta a la petición.
Lamberto Castillo de la Cruz, del colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, reclamó justicia y exigió un alto a la masacre en Chilapa, así como en todo Guerrero.
“Necesitamos seguir en este esfuerzo, luchar mano a mano y alzar una sola voz, para que las autoridades se pongan a trabajar”.
La titular del mismo colectivo, María Guadalupe Rodríguez Narciso, cuyo hijo Josué Molina desapareció hace cuatro años y del que no hay información hasta ahora, dijo que acudió en solidaridad porque el dolor lo están viviendo todos.
Sobre el caso de su hijo, dijo que no se ha hecho justicia ni investigación porque las autoridades no quieren hacer su trabajo, “porque nos están demostrando que están coludidos con el crimen organizado, por eso no se pueden investigar a ellos mismos”.
Pidió atención a las familias de las víctimas porque, dijo, hay muchos niños sin comer, muchas madres que están enfermas y necesitan atención especializada.

Sigue cerrado el kínder de San Agustín, Acapulco, esperan las maestras la vigilancia del Ejército: SEG

El delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alfredo Miranda Vergara, se reunió con las docentes del jardín de niños José Vasconcelos, de San Agustín, con quienes acordó esperar que las autoridades de seguridad pública den una respuesta a su petición de que haya vigilancia fija del Ejército.
En declaraciones, el delegado dijo que las maestras le comentaron sobre la intranquilidad que tienen por la inseguridad que se da en la zona y que ellas no se niegan a regresar a las aulas, pero sí quieren garantías para hacerlo.
La reunión fue privada y añadió que por el momento las maestras se seguirán concentrando en la supervisión, como lo han hecho desde hace un par de semanas.
Agregó que siguen en espera de la determinación de las autoridades de seguridad pública, “el acuerdo fue que en equipo vamos a trabajar para lograr este objetivo, el salvaguardar la seguridad con vigilancia de alguna autoridad de estos planteles educativos. Estamos en la espera, creo que estaríamos en condiciones en los próximos días de tener una respuesta y se generen las condiciones para poder regresar a clases”.
Aseguró el funcionario que las maestras no se están negando a regresar a las aulas, sino que simplemente quieren que se garantice la seguridad, por lo que insistió en que van a esperar la respuesta para poder reiniciar las actividades en el jardín, así como en la primaria del lugar.
Como ha venido informando El Sur, el jardín, la primaria y la secundaria de San Agustín suspendieron clases los días 6 y 9 de noviembre, respectivamente, por problemas de inseguridad.
Este lunes, luego de ocho días sin clases, reanudaron las labores de la secundaria Bicentenario de la Independencia 2010, a la cual se le puso vigilancia fija con dos militares, mientras que el jardín de niños José Vasconcelos y la primaria Niños Héroes cumplieron trece días sin clases, porque hombres estuvieron rondando los planteles.
La colonia San Agustín es considerada foco rojo por las autoridades, por la inseguridad que ahí se vive.

Denuncian jubilados del SNTE que funcionarios de la SEG desvían el dinero de sus prestaciones


Jubilados de la delegación D-IV-14, adherida a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), denunciaron que el gobierno estatal pretende despojarlos de las prestaciones que les corresponden, con el argumento de que no hay recursos, pero en realidad éstos son desviados por funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en colusión con dirigentes del sindicato.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el secretario general de la delegación D-IV-14, Ángel Silva Narciso, acompañado de unos 20 jubilados del sector educativo que se retiraron hace más de tres años, acusó a “los mal paridos gobernantes” de adueñarse de los recursos que le corresponden al gremio.
Señaló que el responsable directo del fraude a los jubilados es el gobierno estatal, ya que las prestaciones “son pocas y hoy nos las quieren arrebatar, nos las quieren quitar poco a poco”.
Precisó que las prestaciones en riesgo son por parte del Programa de Previsión Social, mediante el cual los jubilados recibían un bono de 300 pesos mensuales, que se les adeuda desde hace seis meses por la presunta falta de recursos; un bono que se entrega en noviembre, de 2 mil pesos, del que tampoco se ha informado sobre el pago, y otro más en mayo.
Denunció que el bono de indemnización por jubilación, de 30 mil pesos, se adeuda a unos 5 mil trabajadores que se retiraron en 2015 y 2016. Aseguró que es extranjera la empresa que maneja los recursos que se generan por los intereses de los préstamos y no hay un responsable directo que pueda informarles sobre los procesos. Aunque saben que sí se hacen los depósitos correspondientes.
Por otra parte, expresó que le preocupa que el bono decembrino, que entrega el gobierno federal y asciende a 9 mil pesos para los jubilados, no se pague el 19 de diciembre de este año, como se acostumbra.
Reclamó que la Comisión de Jubilados y Pensionados del SNTE y el secretario general de la sección 14, Javier San Martín Jaramillo, no han hecho nada para exigir los pagos que se le adeudan a los trabajadores que ya se retiraron del Servicio Profesional Docente.
Añadió que desde que el ex alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, está al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hay procesos burocráticos de un municipio a otro.
Por último, aseguró que los recursos que se les adeudan a los jubilados son cerca de 2 mil millones de pesos, pero éstos han sido desviados con fines políticos por los dirigentes de la sección 14 del SNTE, como el subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román, y el ex secretario general, José Hilario Ruiz Estrada, por lo que llamó al gobierno estatal a regularizar los pagos pendientes, de lo contrario “tendremos que movilizarnos”.

Impiden vigilantes la entrada al Palacio de Gobierno a comisarios indígenas que exigen una carretera

Personal de seguridad de Palacio de Gobierno impidió el paso a comisarios indígenas de Tlacoapa y Tlacoachistlahuaca que demandan la reparación de una carretera que resultó dañada por las lluvias del huracán Max.
Después, en conferencia de prensa denunciaron que fueron citados este martes para dar seguimiento a una minuta de acuerdos que firmaron funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Denunciaron que las autoridades estatales y federales no han cumplido losacuerdos, y que los trabajos de la reconstrucción de su carretera sólo comenzaron, pero que la obra fue abandonada. También denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han apoyado a las familias afectadas por las lluvias del huracán Max en varias comunidades de esos dos municipios.
La comisión de autoridades indígenas estuvo integrada por el comisario municipal de Terrero Venado, municipio de Cochoapa, José Cirilo Gallardo; el comisariado de la misma localidad, José Vázquez Pérez; el comisario municipal de Jiquimilla, municipio de Tlacoachixtlahuaca, Jaime López Gallardo; el comisariado de la misma localidad, Ignacio Martínez; el representante de la comunidad de El Ciruelo, municipio de Cochochoapa, Maurilio Librado Martínez; el delegado de Joya de Oro, municipio de Cochoapa, Palemón Primo Liborio; el representante de Guadalupe la Joya, municipio de Cochoapa, Ignacio Martínez Tiburcio; y el representante de Dos Arroyos, municipio de Cochoapa, Juan González Ruíz.
Las autoridades municipales y agrarias fueron acompañadas por la vocera de la “instancia de gestoría”, Petra Martínez Vásquez, vecina de la comunidad de Joya Real, y por el presidente de la Federación Nacional de Núcleos Agrarios (Fenagro), Jesús Basilio Goitia.
Las autoridades comunitarias llegaron a las 9 de la mañana a la entrada del Palacio de Gobierno, donde, sin ninguna explicación, el personal de seguridad les impidió la entrada. Dos horas después llegó Basilio Goitia, a quien sí le permitieron pasar, “seguramente porque me vieron vestido distinto”, dijo, porque a la comisión de indígenas no la dejaron pasar debido a su aspecto, y denunció que evidentemente no los dejaron pasar por discriminación.
Basilio Goitia informó que esta misma comisión de indígenas se reunió el 20 de octubre en la secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado con Gustavo Mendoza Justo, auxiliar del secretario Rafael Navarrete Quezada. También estuvieron representantes de la CICAEG, la SCT, y los presidentes municipales de Cochoapa el Grande, la perredista Rosa Lorenzo de la Cruz; el de Tlachoachistlahuaca, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio; y de Ometepec, el perredista Omar Estrada Bustos.
Martínez Vásquez, informó que, en esta reunión acordaron que Obras Públicas del gobierno del estado, la CICAEG y la SCT aportarían la maquinaria pesada, y los tres ayuntamientos el combustible para que se rastreara el camino que pasa por las comunidades de Tierra Blanca, Terrero Venado, San Pedro el Viejo, Dos Ríos y Joya Real, y que comunica a Cochoapa el Grande y Tlacoachistlahuaca.
Explicó que con este tramo carretero se beneficiarían cuando menos otras 45 comunidades que se encuentran en la parte baja del municipio de Cochoapa el Grande.
Dijo que la gestión se viene realizando desde los primeros días de septiembre, cuando la carretera se dañó por las lluvias del huracán Max.
Denunció que desde un principio les dijeron que no hay recursos para Cochoapa el Grande, porque no fue considerado entre los municipios dañados, “nos parece imposible que no se hayan destinado recursos para un municipio que es el más pobre y marginado de Guerrero. Yo creo que hemos sido discriminados por ser indígenas”, se quejó.
Reprochó que las autoridades, “no escogen a los indígenas, mestizos y colores cuando quieren los votos, nosotros como militantes también les damos nuestro voto igual para que ellos ocupen el poder y el gobierno”, reclamó la indígena.
Basilio Goitia denunció que el 20 de octubre, en la primera reunión, los representantes de las autoridades declararon un receso y les pidieron que regresaran a las 4 de la tarde de ese día, pero a esa hora ya no les permitieron entrar al Palacio de Gobierno, solamente salió el auxiliar del secretario de Obras, Rafael Navarrete, quien les firmó una improvisada minuta de acuerdos, en la que se estableció que la reunión continuaría este 7 de noviembre.
Pero ayer, cuando llegaron al Palacio de Gobierno no les permitieron la entrada, “cuando llegué yo, me dijeron ‘usted si puede pasar’”, recordó Basilio Goitia. Agregó que en la secretaría de Obras le dijeron que el secretario estaba en una reunión y que era difícil que los pudiera atender, que regresaran después, “lo que demuestra que no solamente no tienen la voluntad de cumplir la minuta, sino que ni siquiera de atenderlos y platicar con ellos”.
Dijo que es injusto, “porque los integrantes de la comisión de indígenas tuvieron que destinar más de 12 horas para llegar a la capital desde sus comunidades, gastando un dinero que no tienen, sin almorzar y sin comer, sólo para que, al llegar a Palacio de Gobierno, les dieran un portazo y no los dejaran entrar”.
Petra Martínez dijo por su parte que le dio mucha tristeza lo que les hicieron, porque fue ella la que invitó a los comisarios para que vinieran a esta segunda reunión en la que esperaban que se resolviera la reconstrucción de su carretera.
Dijo que en la primera reunión, el 20 de octubre, mejor les hubieran dicho que no los iban a ayudar para que no vinieran, “pero no nos dijeron eso, nos dijeron que sí que Obras Públicas, la CICAEG y la SCT pondrían la maquinaria, y los ayuntamientos el combustible, pero nos engañaron”.
Contó que en la minuta improvisada que firmó el auxiliar del secretario de Obras Públicas, se estableció que el 23 de octubre llegaría la maquinaria, y que los habitantes de las comunidades se reunieron en el tramo en donde iban a comenzar los trabajos, pero que no llegó nadie, continuaron esperando el 24, y llegaron hasta la 1 de la tarde del 25, comenzaron a trabajar a las 2 de la tarde y a las 5 detuvieron los trabajos, al día siguiente se descompuso la máquina y se suspendió la obra. Dijo que el 30 de octubre se llevaron las máquinas y ya no regresaron.
Informó que trabajaron en el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, en donde solamente rehabilitaron unos 10 de kilómetros de ese tramo. Además dijo que hace falta que rehabiliten de todo el tramo de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa.
Informó que los trabajadores que fueron a trabajar los dos días les dijeron que ellos llevaban la instrucción de que rehabilitaran sólo el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, que es del municipio de Tlacoachistlahuaca, pero no de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa, “lo cual nos parece injusto porque no fue lo que quedamos en la reunión”, se quejó.
Denunció que también fueron discriminados en ese municipio con los paquetes de apoyo para los damnificados del huracán Max. Denunció que muchas familias perdieron sus casas y cosechas, pero ninguno ha sido apoyado.
“Sabemos que en otros lugares les están dando apoyos, pero a nosotros no nos han apoyado”, denunció y aseguró que entregaron el reporte de los daños al Ayuntamiento y al gobierno del estado.

Hacer equipo con la autoridad para reconstruir el tejido social, insiste Evodio a ciudadanos

 

Al supervisar el trabajo de bacheo en diferentes calles, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre nuevamente convocó a los ciudadanos a hacer equipo con las autoridades para reconstruir el tejido social en el municipio, recuperando espacios públicos y mejorando las condiciones de vida de los habitantes.
A su paso, vecinos y taxistas se quejaron con Velázquez Aguirre de la falta de alumbrado público y de las coladeras abiertas.
En declaraciones a reporteros, el alcalde informó que el jueves tendrá una mesa de trabajo con el secretario de Finanzas del estado, Héctor Apreza Patrón, y representantes del ISSSPEG.
El alcalde estuvo brevemente en la calle Mexicali y esquina con Bernal Díaz del Castillo, de la colonia Progreso, y después en la calle Navegante Juan Pérez, del fraccionamiento Rodrigo de Triana, donde supervisó a las brigadas de bacheo.
En la calle Navegante Juan Pérez el bacheo comenzó en el área que se hundió con las lluvias, donde el Ayuntamiento rellenó el socavón y del lado del canal pluvial colocó cemento para evitar que nuevamente el agua se filtre por debajo del muro de contención. En esa vía se utilizarán de 60 a 70 metros cúbicos de asfalto para la rehabilitación.
Ahí la vecina Marina Castañeda se acercó al alcalde para quejarse de la falta de alumbrado público, e indicó que los colonos enviaron un escrito al Ayuntamiento y se cambió una lámpara, pero a los dos meses dejó de funcionar.
En el acto oficial, el taxista Javier Gallegos Rodríguez pidió al alcalde que repare los baches de las calles porque al caer en ellos se rompen las llantas de los vehículos. “Lo mismo ha pasado con las alcantarillas sin tapadera, como la de la esquina de la calle Monte Blanco con la avenida Cuauhtémoc”, y comentó que también la falta de recolección de basura en las colonias da mal aspecto.
El alcalde reiteró que se pretende rehabilitar el mayor número de calles, que estaba ahí para escuchar a a gente y mejorar las condiciones de las vialidades de Acapulco.
Se comprometió con la vecina de la calle Navegante Juan Pérez a regresar en una semana para supervisar que ya funcione el alumbrado y ver cómo quedó el bacheo.
Velázquez Aguirre insistió en que tiene que hacer equipo con los ciudadanos para resolver los grandes rezagos de Acapulco: “no tengo ningún problema en que la gente diga lo que siente, estar viviendo en la idea que todo está bien es equivocado”.
Recordó a los vecinos que “la ciudad no se ensucia por casualidad, la ensuciamos nosotros”, y reiteró el llamado a hacer equipo para mejorar las condiciones de vida de toda la población.
En declaraciones a reporteros, nuevamente reprochó que fue “irresponsable” el contrato que se hizo con la empresa Optima para que se encargara del alumbrado público de la ciudad, y justificó que eso es lo que ha impedido que el Ayuntamiento entre a rehabilitar las lámparas en algunas calles.
Aseguró que en donde han intervenido para reparar las lámparas se hace un escrito, debido a que hay un procedimiento legal pendiente.
Sobre si iría a Chilpancingo, como lo ofreció el lunes con los trabajadores del SUSPEG, luego de la protesta por el adeudo que tiene el Ayuntamiento con el ISSSPEG, el alcalde informó que el jueves se reunirá con el secretario de Finanzas, Apreza Patrón, y el director del instituto para revisar el adeudo.
Velázquez Aguirre indicó que son 95 millones de pesos los que se deben de su administración más los 140 del adeudo histórico, pero aseguró que el gobierno que encabeza ha pagado 75 millones de pesos, que son los que quiere que se le reconozcan y no se mande al adeudo de administraciones anteriores.
Aseguró que se cumplirá el compromiso de pago de 200 mil pesos diarios al ISSSPEG, pero que la condición es que se utilicen los recursos en préstamos para Acapulco, pero dejará el adeudo histórico que recibió con la administración.
De la salida de las calandrias de la Costera, como lo anunció el director de Salud municipal, Eger Gálvez Pineda, que supuestamente se haría ayer, indicó que están esperando la reglamentación completa, “nosotros apoyar por si esto se tiene que hacer a la brevedad, estamos abiertos a fortalecer lo institucional con el estado y la federación en el tema ecológico”.
Respecto a la inseguridad y homicidios que continúan, Velázquez Aguirre insistió en que se sigue trabajando en lo que le compete y que está coordinado con los gobiernos federal y estatal “para hacer frente a un problema que tenemos, hacerle frente con gran determinación todos los días”.
Sobre si se ha relajado la vigilancia, respondió que están en colaboración con el estado: “hay una directriz que nosotros llevamos a cabo con el Grupo de Coordinación Guerrero y con el Grupo de Coordinación Acapulco nos sentamos todas las semanas”.

Termina el ciclo escolar y la SEG no envió seis maestros que faltan para los niños de El Coyul

Está por culminar el ciclo del preescolar 30 de Abril y la primaria bilingüe Ignacio Manuel Altamirano, de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande y los niños no tuvieron los seis maestros que necesitan.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha cumplido con la recomendación 022/2017 que emitió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para garantizar en estas escuelas el derecho a la educación con personal e infraestructura necesaria.
“Que el gobernador (Héctor Astudillo Flores) se entere de que el secretario (de Educación) José Luis González de la Vega Otero no está cumpliendo con esta recomendación, y que más bien ni siquiera la tiene dentro de su agenda prioritaria, para darle respuesta a una demanda legítima, que en justicia están planteando los papás, los maestros y los mismos niños”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
En consulta telefónica, el director lamentó que no se haya cumplido la recomendación de la Codehum.
El 2 de mayo, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, expuso que la SEG había pedido una prórroga por el periodo vacacional de Semana Santa para cumplir con la recomendación, y dijo que ya estaba por vencerse.
Abel Barrera abundó que no se ha recibido ninguna respuesta formal de la SEG, y dijo que entendía que todo quedó por parte de la dependencia estatal en un mero trámite burocrático, que para las autoridades no les representa ninguna prioridad, ningún interés, ni mucho menos les preocupa que los niños y niñas estén cerrando este ciclo escolar sin haber contado con los maestros y maestras que recomendó la Codehum.
“Tampoco sabemos formalmente cuál es la postura en términos de cómo dar cumplimiento a la recomendación, lo que sí hemos percibido de la autoridades es que no tienen pues el dato así muy claro, muy preciso de lo que significa esta recomendación, de lo que implica en términos de atender un planteamiento de una comisión pública de derechos humanos. Eso es clave porque está muy distante el sentir de la gente, el sentir de los niños y pues la manera en cómo está atendiendo y entendiendo la autoridad educativa del estado esta urgencia”, detalló el director.
Contó que el miércoles estará en El Coyul en las clausuras de las escuelas, porque el organismo será el padrino, y que aprovechará para decirles que tiene que redoblar esfuerzos, porque la autoridad educativa hasta el momento no ha dicho cuándo va a mandar a los docentes.
Resaltó que el llamado que hace a González de la Vega Otero es que la mejor forma de mostrar compromiso es asignar personal docente para este nuevo ciclo escolar, porque también le debe quedar claro que van a entrar nuevos niños y que esto implica que se requerirán más docentes, y lamentó que eso no se estaba previendo.
Recordó que el preescolar mínimo necesita dos maestros y en la primaria cuatro.
Barrera Hernández indicó que se ve una dilación y desinterés de las autoridades por atender hasta las mínimas recomendaciones públicas de derechos humanos, que serían precisamente unos planteamientos que hay que darle solución, que son para niños indígenas que ya llevan años sin tener maestros.
Dijo que se ve que no se está viendo cómo ir resolviendo estas necesidades urgentes en las regiones más olvidadas, que es algo grave, que habla del trato discriminatorio que se le da a estos niños.
“Vamos a seguir buscando los recursos jurídicos que están a nuestro alcance para hacer valer este derecho, porque no podemos continuar con esa indolencia de las autoridades, ser cómplices de este trato desigual y discriminatorio”, sostuvo.

Situación de otras escuelas en la Montaña

El director de Tlachinollan manifestó que hay problemas como en El Coyul en otras escuelas de la región, en términos de quejas no se han formalizado, que en la mayoría de las escuelas han apelado más a la movilización social, a la presión pública y a los plantones.
Dijo que así está sucediendo con las escuelas de Atlixtac, de Acatepec, que ya llevan tres años movilizándose para ir desahogando sus demandas, y que hasta la fecha todavía no han sido satisfactoriamente cumplidas.
Dijo que igual pasa en Tlapa, que son varias escuelas, que también ha sido por la manifestación por donde han encontrado solución.
“Hemos planteado la necesidad de documentar los casos, hay maestros que sí la han solicitado, pero el procedimiento que es lento, que es burocrático y que pues al final concluyen con una recomendación como pasó con las de El Coyul, que es en verdad reconocer que se está violentando el derechos a los niños a la educación, sin embargo para las autoridades esta recomendación es letra muerta”, indicó.
Agregó que eso pasa porque no son vinculantes, no se les obliga por ley a que cumplan las recomendaciones, sino que son recomendaciones de índole moral.
La autoridad no hace caso a estos planteamientos, por eso es lamentable que la gente deje de creer en los recursos jurídicos y en las mismas instituciones, porque las mismas autoridades se encargan de denostarlas, de ignorarlas, de no cumplir con el mandato que tienen y de hacer ver al ciudadano que de nada sirve que hagan el procedimiento, recalcó.

Marchan familias y amigos del estudiante Darwin Barrientos y de Isaac Peralta; exigen justicia

Unos 30 amigos y familiares de Isaac Peralta Salinas, quien fue asesinado junto con el estudiante de la Escuela Superior de Artes, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Darwin Raymundo Barrientos Miranda, el 24 de mayo, marcharon en la capital para exigir el esclarecimiento de los hechos y justicia.
A las 4:30 de la tarde, los manifestantes marcharon desde el monumento Las Banderas hasta el Palacio Municipal, donde protestaron y exigieron a las autoridades castigo a los responsables de la muerte de Isaac Peralta y Darwin Barrientos. También reprobaron la actitud de los policías estatales y agentes ministeriales, que no auxiliaron a los jóvenes luego de que recibieron impactos de bala en la lateral del bulevar Vicente Guerrero, a unos 300 metros de la 35 Zona Militar.
Los manifestantes vestían playeras blancas, portaban globos del mismo color y pancartas en las que se leyó: “Justicia” y “señor gobernador, Héctor Astudillo Flores, y licenciado Marco Antonio Leyva Mena (presidente municipal de Chilpancingo), exigimos justicia por el asesinato de Isaac Peralta (Tiki) y Darwin Barrientos, sanción penal para los servidores públicos y policías por incumplimiento al protocolo de atención a víctimas, que por normatividad deben implementar las autoridades denominadas primeros respondientes, Chilpancingo indignado por el trato inhumano a las víctimas y familiares”.
Isaac Peralta tenía 28 años de edad, trabajaba en el departamento de Formación Docente de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y tenía un negocio propio donde vendía micheladas, el Tiki Baar, ubicado en la colonia Tribuna Nacional, donde residía junto con su esposa, Jovita Leyva Hernández, y sus dos hijos, de nueve años y un año nueve meses.
En la marcha, los familiares de Isaac Peralta se quejaron de la falta de apoyo de parte de los policías y agentes ministeriales, que no respetaron el protocolo de atención a víctimas, “fueron muy indiferentes ante la situación, estamos muy consternados por la falta de empatía, por lo inhumano que se vieron, porque el trato hacia ellos fue muy lamentable”, dijo Blanca Pineda.
Jovita Leyva dijo que los compañeros de trabajo de Isaac Peralta y la SEG han sido solidarios con su familia, pero ninguna de las autoridades competentes ha informado sobre la investigación de su asesinato, tampoco han actuado al respecto del trato que su esposo y Darwin Barrientos recibieron de parte de los policías y agentes ministeriales.
La marcha concluyó con un mitin frente al Palacio Municipal, donde los manifestantes exigieron justicia y que las autoridades resuelvan el caso.