Exigen trabajadores del IEEJAG la salida de la directora general por no entregar plazas

Trabajadores de Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) exigieron al gobierno estatal la destitución de la titular de esa dependencia, Haydee Mares Galindo, por no reconocer la entrega de plazas.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, los trabajadores adheridos a la sección 12 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA) denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades.
El secretario general del sindicato, Rafael Aparicio Trigo, recordó que después de protestar el pasado 22 de mayo, el gobierno estatal los atendió y plantearon el problema de las 20 plazas vacantes, de las violaciones al contrato colectivo de trabajo y el acoso laboral que sufren los trabajadores, por lo que dijo que solicitaron la destitución de la directora del IEEJAG.
Denunció que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, les programó una segunda reunión, el 30 de mayo, pero les informaron que no podrían ser atendidos, “nos dijeron que se reprogramaría la mesa de trabajo, pero no tuvimos respuesta”.
Aparicio Trigo manifestó que son unas 20 plazas que no han podido entregarse mediante el corrimiento en el escalafón, con la intención de mejorar su salario, debido a “la negativa de las autoridades, pues dicen que no hay presupuesto. Nosotros argumentamos que no son plazas de nueva creación”.
Entre los que estuvieron presentes, están el representante sindical del departamento educativo, Iván Rodríguez; la secretaria de organización y finanzas, Elizabeth Salmerón Nava; el secretario de Profesionalización, Jorge Meza Medina, entre otros. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Desde el 18 de mayo pidió el Trife al Congreso instalar el ayuntamiento Ñuu Savi

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Pobladores del nuevo municipio Ñuu Savi, informaron que la Sala Regional Ciudad de Méxi(Trife), conminó al Congreso del Estado a que de manera urgente y a la brevedad determine quiénes serán las personas que deberán integrar el ayuntamiento instituyente de ese nuevo municipio.
De acuerdo con la resolución, el Congreso local podría vulnerar los derechos políticos electorales de los pobladores, pues se requiere del gobierno instituyente para que puedan elegir la forma de elección de autoridades municipales bajo el sistema normativo interno en el proceso electoral 2023-2024.
Fue el 31 de agosto de 2021, cuando el Congreso local aprobó el decreto para crear el municipio de Ñuu Savi, así como otros tres más: San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas. Hasta ahora, han pasado 23 meses sin que los diputados les designen gobiernos instituyentes.
Como se informó en El Sur, hace unos días, en una reunión, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, dijo a los promotores de los cuatro nuevos municipios, que hay dos amparos recientes que esperan desahogar en junio, para que revisen los nombramientos de ayuntamientos instituyentes.
Ayer, consultado vía telefónica, un integrante del comité gestor de Ñuu Savi, que pidió no publicar su nombre, dio copia a El Sur del fallo del Tribunal federal con fecha del 18 de mayo de 2023 –del cual recientemente fueron notificados– y que se emitió en el expediente SCM-JDC-133/2023, por un juicio que promovieron los pobladores de esa nueva demarcación para proteger sus derechos político-electorales, el cual, a pesar de su argumento resultó infundado.
No obstante, el documento destaca que el 20 de octubre de 2022, el Congreso local emitió el acuerdo parlamentario que contiene los criterios para la designación de las personas integrantes de los ayuntamientos instituyentes. El 13 de noviembre de 2022, en la comunidad de Ocotlán, los habitantes de Ñuu Savi aprobaron sus propuestas de propietarias y suplentes para la integración de su cabildos instituyente para el periodo de 2022-2024.
Señala que el 16 de febrero de 2023, la Comisión Permanente del Congreso Local aprobó el acuerdo que declara persona elegibles como propuestas para la designación de integrantes de, los ayuntamientos instituyentes. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, ya el Tribunal Elecotral de Estado (TEE) había detectado que desde el 17 de febrero de este año no hay actuación alguna en el procedimiento de designación de las integrantes del gobierno instituyente, por lo que advirtió una omisión de la Jucopo del Congreso Local.
Es por ello, que el Tribunal, a pesar de que calificó como improcedente el juicio de los pobladores que pedían que el TEE diera una fecha límite para que el Congreso local designe un ayuntamiento instituyente, con el argumento de que no tenerlo, les impide solicitar cambiar la forma de elegir su próximo gobierno municipal, al modelo de sistema normativo interno.
El Tribunal federal sostuvo que para reforzar los derechos a la libre determinación y autonomía de las comunidades y de la ciudadanía de Ñuu Savi, y no permitir que su derecho a elegir su próximo gobierno municipal bajo el sistema normativo interno precluya – es decir, se quedaran sin la posibilidad del ejercicio de su derecho en el transcurso del plazo legal establecido– “conminó al Congreso del Estado de Guerrero”, a sus órganos de decisión, es decir, la Jucopo, a integrar el ayuntamiento instituyente.
Expuso que la decisión la tomaba, “ante la evidente omisión en que el Congreso del Estado de Guerrero ha incurrido en nombrar al mencionado ayuntamiento instituyente, y ante la eventual vulneración de los derechos políticos-electorales de la parte actora y de las personas designadas integrantes de dicho ayuntamiento instituyente por la asamblea, para ejercer sus cargos y determinar la forma de elección de sus autoridades municipales bajo el sistema normativo interno”.
Según el documento, el gobierno instituyente de Ñuu Savi tendría como fecha límite para su ejercicio el 29 de septiembre de 2024, es decir, le restarían 16 meses para ejercer sus funciones como autoridades municipales.
El pasado 9 de mayo, los integrantes del comité gestor de Ñuu Savi entregaron ante el IEPC una solicitud para que en el proceso de elección de 2023-2024 se incorpore el sistema normativo interno por usos y costumbres, ante el atraso del los legisladores locales para nombrar el gobierno instituyente.
Fuentes del IEPC informaron que dicha solicitud aún está en proceso y siendo estudiada.

 

No hay avances en sus demandas y sigue el acoso de la SEG, denuncian en la Normal Urbana

Maestros y directivos de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez denunciaron que continúa el acoso laboral por parte de las autoridades de la SEG y que no hay avances en los procesos de recategorización. En la gráfica: Rayme Bello, Rogelio de la Cruz, Alfredo Bartolo, Josefina Salinas, Delfíno Villalba y Fausto Arturo Cisneros Foto: Jessica Torres Barrera

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Maestros y directivos de la escuela normal urbana federal Rafael Ramírez denunciaron que continúa el acoso laboral por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), así como que no hay avances en el proceso de recategorizaciones.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), los docentes pidieron la destitución de la directora de Operaciones de Servicios Escolares de Educación Media Superior y Superior, Erika Lizeth Urióstegui Cuenca, porque es quien obstaculiza el proceso.
La delegada sindical de la normal, Josefina Hereosay Salinas, dijo que desde 2021 las autoridades de la SEG no han cumplido en el proceso de 11 recategorizaciones, las cuales se obtuvieron por jubilaciones.
“Se sabe que estas claves se están cobrando, ¿quiénes cobran? No sabemos, porque se nos cierra cualquier tipo de información. La SEG no nos da ninguna respuesta”.
Hereosay Salinas detalló que los funcionarios estatales los citan a mesas de trabajo, se firman minutas, pero luego no respetan los acuerdos establecidos.
Indicó que al director Armando González Ramírez “lo han estado hostigando laboralmente”, pues la SEG le levantó un acta administrativa por participar en el movimiento.
La delegada aseguró que es una manera de distraer a los trabajadores, quienes piden las recategorizaciones, “le fincan un proceso administrativo al director, para que nos olvidemos”.
Indicó sobre las dos plazas que quedaron vacantes que cada una tiene un techo presupuestal, de alrededor de 800 mil pesos al año, “ese dinero se lo están quedando las autoridades educativas”.
Por otra parte, los docentes informaron que les afectará que la SEG suspenda algunas licenciaturas, como la de telesecundaria, y que asignen nuevas.
Indicaron que la dependencia estatal “lo maneja” como un receso, debido a que no hay plazas para ubicar a los egresados, por lo que solicitaron que se hiciera un diagnóstico.
Además, informaron que la SEG les asignó nuevas licenciaturas y hay docentes que no cuentan con el perfil con el nuevo programa. Detallaron que eso se debe a que no hubo un análisis previo.

 

Piden que intervenga la SEG en conflicto entre padres de una primaria bilingüe

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director de la primaria bilingüe El Porvenir, de Xochistlahuaca, Victoriano López Guzmán, pidió a las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la solución de un conflicto que lleva más de nueve años en ese plantel, primero por las instalaciones y ahora por el dinero del programa La Escuela es Nuestra.
En llamada telefónica a El Sur, el director contó que el conflicto inició por el uso de los espacios de la escuela entre la dirección, el personal y los padres de familia del turno matutino, con los del vespertino.
Añadió que su propuesta y la de los maestros de la tarde, para resolver el diferendo, es la fusión y la unificación de los dos turnos; es decir, que exista el turno matutino.
Pero explicó que la propuesta de los padres es que se divida y se separe el terreno con una malla y siga funcionando. Por un lado el turno matutino y por el otro el vespertino, el problema es que la cancha de básquetbol, que es el espacio a discusión, queda del lado del turno matutino y es lo no quieren los maestros y los alumnos.
La primaria bilingüe El Porvenir viene trabajando desde 1994, con dos turnos, al abrirse el de la tarde por el crecimiento de la matrícula y ya no fue suficiente el matutino.
En un inicio compartían todas las instalaciones, incluidos salones, “pero nos echaban la culpa (los de la mañana) que dejábamos sucios los salones o que se perdían los materiales didácticos de los maestros”.
El director López Guzmán informó que hace 15 años la matrícula bajó y los del vespertino ya tenían su propios salones, baños y cocina.
Sin embargo, hace nueve años, los padres de familia del vespertino decidieron ya no mandar a sus hijos y pidieron su cambio al matutino, pero cada quien en sus propias instalaciones, y sólo seguían compartiendo la cancha.
Explicó que, entonces, la SEG se comprometió a realizar un estudio de factibilidad, cuyos resultados daría a conocer en mayo de ese mismo 2014, pero nunca los dio a conocer.
Derivado de ello se volvieron a regresar al turno matutino, logrando una mejor coordinación con el director de la mañana, Isaías García Vázquez.
Victoriano López informó que en marzo pasado las diferencias resurgieron, con la entrega del dinero del programa La Escuela es Nuestra.
En tanto que los de la tarde exigieron el 50 por ciento del recurso, para la construcción de dos aulas, y hasta metieron maquinaria para comenzar a construir, pero los de la mañana tomaron las instalaciones para impedirlo.
Dijo que después de una reunión, ambos grupos en pugna acordaron fusionar los dos turnos, “que el compañero Isaías (el director del matutino) se quedara como director y yo me haría a un lado”.
Pero dijo que los maestros de la tarde no estuvieron de acuerdo y decidieron permanecer en el turno de la tarde.
Informó que se reunieron con los padres y acordaron volver a dividir el terreno, pero los maestros del turno matutino presentaron una denuncia ante el jurídico de la SEG.
Informó que el personal de la tarde se presentó el 3 de mayo al jurídico, a rendir su declaración, y explicaron que fueron los padres quienes colocaron la malla para dividir el terreno.
Agregó que este 9 de mayo tienen otra mesa, ahora con delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Pérez Victoriano; con la Subsecretaría de Planeación Educativa de la SEG y con el jurídico.

 

Logran acuerdos los maestros jubilados de la UAG con representantes de la Rectoría

Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se reunieron y llegaron acuerdos con autoridades de esa institución.
El miércoles, los inconformes se manifestaron en el patio de la Rectoría, para que este jueves se realizara la mesa de trabajo que ya tenían programada con el rector José Alfredo Romero Olea, en la que plantearían el pago de prestaciones, como la prima de antigüedad, despensa familiar, ayuda para renta, aguinaldo y transporte.
En declaraciones, el presidente de la asociación, Justino Rodríguez Téllez, destacó que llegaron a buenos acuerdos con las autoridades de la administración central, pese a que no estuvo presente el rector.
Explicó: “Hubo una buena atención de la administración”. Dijo que la mesa fue presidida por el secretario general de la UAG, Armando Guzmán Zavala; también estuvo el coordinador de Asuntos Políticos, Pablo Valdez; un representante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STAISUAG).
El jubilado informó que el rector estaba en Acapulco, atendiendo “otro asunto”, pero con los que estuvieron en mesa de trabajo este jueves, hubo muy buena disposición.
Detalló que este viernes firmarán la minuta de acuerdos y las autoridades de la UAG les programaron otra reunión el próximo 18 de mayo.
Entre lo que acordaron en la minuta es que trabajarán de manera conjunta, la administración central, los dos sindicatos y los jubilados y pensionados, detalló Rodríguez Téllez.
Detalló que entre todos van a conjuntar la información, respecto a los adeudos y después firmarán un documento para llevárselo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y esperarán los resultados. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Estudiantes del Tec de la Montaña logran la destitución de maestros denunciados por acoso

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Tlapa

Este jueves 20 de abril, alrededor de las 9 de la noche, concluyó la mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la que, después de intensas negociaciones, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) lograron la destitución provisional de ocho profesores acusados de hostigamiento sexual.
Por parte de las autoridades de la SEG participaron en el diálogo Marco Antonio Marbán Galván, subsecretario de Educación Media y Superior; Moisés Olivares Mendoza, jefe de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la SEP; Israel Robles Castro, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP; Jorge Rodríguez Ponce, delegado de Gobernación en la Montaña, y José Ángel Martínez García, director del ITSM.
La reunión se desarrolló en un marco de tensiones, por el conflicto que estalló hace un mes, por varias irregularidades que persisten en el instituto, así como el señalamiento de hostigamiento sexual sistemático que sufren las alumnas por parte de los profesores.
Durante el diálogo, estudiantes y padres de familia denunciaron la inacción e insensibilidad de las autoridades para atender sus demandas, en razón de que durante un mes nunca se estableció una mesa de diálogo seria. Recordaron que el 28 de marzo, el subsecretario de Educación Media y Superior no asistió a una reunión que ya estaba pactada, para dar continuidad al diálogo y atender el problema. También refirieron que la entonces directora, Fredislinda Vázquez Paz, nunca los atendió y prefirió desviar la atención, acusando que los estudiantes tenían otros intereses.
Este 19 abril, estaba programado iniciar la reunión a las 10 de la mañana, sin embargo, los funcionarios llegaron al plantel con dos horas de retraso. Después de varias propuestas y contrapropuestas de las partes, a las 3 de la mañana del día siguiente se lograron los primeros acuerdos: dar posesión al nuevo director de la escuela, José Ángel Martínez García, e iniciar los procesos de investigación contra los profesores señalados de agredir a las estudiantes, luego de lo cual se hizo un receso y se reinició la mesa a las 10 de la mañana, ese mismo día, concluyendo a las 9 de la noche con los acuerdos definitivos, mediante los cuales se destituye provisionalmente a ocho profesores y se inician los procesos de investigación para que, en un lapso de 15 días, se emitan los dictámenes de su destitución definitiva.
Se acordó también continuar el diálogo entre estudiantes y el director de la escuela, para dar respuestas a otros puntos secundarios del pliego petitorio. Mientras tanto, la dirección de la escuela se mantendrá abierta, para que el director pueda hacer todas sus gestiones y trámites administrativos. Estudiantes y funcionarios expresaron su satisfacción por los acuerdos logrados. Los primeros dijeron que es un triunfo obtenido por su movimiento y es ejemplo de que las alumnas no deben permitir estas agresiones. Expresaron que nunca más se dejarán ni permitirán estos atropellos.
Por su parte, el nuevo director refirió que tomará medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir y que iniciará un diálogo permanente, para crear un ambiente propicio para la educación.

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

El Ejército y la GN se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan gobierno, alcaldesa y CRAC

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

Desconfía el gobierno de los ciudadanos, resignados a la violencia: Jesús Mendoza

El padre Jesús Mendoza Zaragoza en entrevista en la iglesia San Isidro Labrador del poblado de La Sabana en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

El párroco Jesús Mendoza Zaragoza opinó que la difusión de un mapa sobre la presencia de grupos delictivos en la entidad es el reconocimiento de cómo se han repartido el territorio. En contraste la estrategia de seguridad de las autoridades ha sido insuficiente pues se necesita vigilancia de calidad, pero también acciones que mejoren el tejido social, el cultural y el desarrollo económico.
En entrevista en la parroquia de San Isidro Labrador de La Sabana, Mendoza Zaragoza consideró que el tener un mapa que identifique en qué regiones del estado operan los grupos de violencia es “un avance”.
El lunes 3 de abril se publicó en El Sur un mapa en el que se identifican 16 grupos delictivos que operan en Guerrero. Uno de los grupos dominantes es La Familia Michoacana, con presencia en Tierra Caliente, zona Norte y Costa Grande; Los Tlacos en la región Centro, zona Norte y la Montaña,y Los Ardillos que operan en la región Centro, Montaña y Costa Chica. En Acapulco, sólo se mencionan a los grupos Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) y Los Rusos.
El padre Jesús Mendoza reflexionó que los grupos delictivos operan donde pueden obtener dinero y los ciudadanos que están en la indefensión sólo tienen la opción de someterse para preservar su integridad a costa de afectar su salud mental con el miedo y la frustración. “Si no hay una estrategia que vincule a la sociedad con los gobiernos vamos a seguir estacionados” en el problema de la violencia.
Señaló que hay una descomposición en la entidad debido a que hay desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades y de las autoridades hacia los ciudadanos y eso provoca que el problema de la violencia y la inseguridad esté estacionado y a las autoridades “les parece aceptable cuando sigue desarrollándose”.
–¿Qué opina de este mapa que habla de 16 grupos delictivos en la entidad?
–Yo creo que al menos el gobierno del estado reconoce la existencia de una serie de grupos que se han repartido el estado y que en ocasiones son generadores de diferentes tipos de violencia, y al menos que hayan reconocido eso es un avance y el hecho de que también reconozcan que implícitamente hay territorios, aunque no lo hacen explícitamente, territorios que están bajo su control. Zona Norte, La Sierra, son los ms castigados, también Tierra Caliente pues tienen control territorial.
–¿Qué significa que haya 16 grupos delictivos en Guerrero?
–Creo que esto es resultado de la política gubernamental desarrollada ante el narcotráfico y ante las drogas. Yo creo que por ahí viene esa dinámica. Los Estados Unidos han desarrollado el prohibicionismo, de alguna manera ha llevado que grandes cárteles tengan mucho poder y que el gobierno mexicano con esa misma política prohibicionista la haya emprendido con la guerra con los cárteles. Como resultado de esa guerra se ha desarrollado toda una fragmentación de los mismos al grado de que todos estos grupos son herencia de algunos grupos que en el pasado, Cartel de Sinaloa, Cartel de Beltrán Leyva, tuvieron el control del terreno, pero ahora ya se fragmentaron y ahora es más complicado porque cada grupo tiene ya su propia estructura, sus propias dinámicas y sus propias rutas. Este es el resultado de todas esas dinámicas que se han llevado hace mas de 20 años.
–¿Este reconocimiento que hace el gobierno de estos grupos, cómo lo debemos entender?
–Es bastante complicado y complejo en el sentido de que hay espacios donde el Estado no actúa. No está presente y hay espacios donde hay serias sospechas de que autoridades del estado están involucradas en algunas regiones.
Puso como ejemplo lo ocurrido en El Parotal, en la sierra de Petatlán que llevaban a elementos de La Familia Michoacana disfrazados de policías. “Eso hace pensar a la población de que el gobierno no es confiable, por eso la población busca salidas a esta situación de capos y contrarios. Los grupos que se arman en la sierra o los grupos desplazados que llegaron a Tecpan, entonces cada quien va a resolver su situación por sí mismo. Hay una seria desconfianza. Los ciudadanos no confían en el Estado y las autoridades no confían en la población, por eso no permite que la población intervenga mas allá de una denuncia.

Las autoridades desconfían entre sí

–¿Cómo entender la existencia de 16 grupos delictivos en la entidad, no los combaten, permiten que se expandan?
–Tengo entendido que los equipos de inteligencia que tiene el Ejército y quizá también la Guardia Nacional son suficientes como para reconocer la presencia de estos grupos, para detectarlos, para definir sus movimientos, sus dinámicas. Ahora, no sé qué tanto estas fuerzas armadas compartan la información con los gobiernos estatales y estos a su vez compartan la información con los gobiernos municipales y en particular entre policías. Creo que en el ámbito político no hay una suficiente confianza entre ellos para que haya una verdadera coordinación. Dicen que hay Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz pero yo no creo que no tengan entre ellos la suficiente confianza para manejar la información. De tal forma que en cada municipio las policías actúan de acuerdo a instrucciones de los presidentes municipales, que son de distinto carácter, y entiendo que en los municipios hay autoridades digamos sometidas, que no tienen margen porque la delincuencia tiene más poder en cuanto a las armas, y también hay municipios en que al parecer las autoridades han sido puestas de acuerdo con los grupos delincuenciales. Hay una relación muy diferenciada, municipio por municipio y región por región y eso hay que tomarlo en cuenta en las distintas formas como se dan están relaciones entre los policías, Ejército y los distintos grupos de población.
–Esta desconfianza que hay entre autoridades y ciudadanos, habla de una descomposición…
–Desde luego hay una descomposición política y a esa le juntamos la descomposición social que tenemos, porque en la misma sociedad hay segmentos que viven de la economía del narcotráfico o de la delincuencia organizada o que viven sometidos y que asumen ese sometimiento. Por ejemplo, cuando los delincuentes llevan a los comerciantes o a los transportistas a hacer manifestaciones públicas, están sometidos y de alguna manera reciben un beneficio, el beneficio de la protección. En ese sentido yo veo que hay una descomposición política y social y de la descomposición política no se habla. Tienen sus mesas de coordinación pero es evidente que no hay confianza entre las distintas autoridades y se ha visto en algunas ocasiones en las que la federación actúa en algún estado y ni siquiera avisa.

La descomposición social es tremenda

–¿Qué hacer con la descomposición que hay?
–En el ámbito político es muy complicado. Yo no podría decir gran cosa de lo que sucede allá y lo que tendrían que hacer porque corresponde a una estrategia que ya se ha definido y no la van a querer cambiar. En el ámbito social es posible hacer caminos, es decir que todos los sectores que de alguna forma se sientan afectados, llegue al momento en que confluyan en una plataforma social para dar pasos. La descomposición social es tremenda porque en el mismo corazón de la sociedad hay una participación de la delincuencia, la delincuencia se genera en la vida de la misma sociedad y de la mano de autoridades. Toda esa parte tenemos que reconocerla. En los sicarios hay un drama económico y para que esto se resuelva tiene que intervenir el Estado, pero la iniciativa depende de los ciudadanos. En el Estado se ve que están empantanados, ni para adelante ni para atrás, como si se hubieran estacionado en una situación de violencia y ya les parece aceptable cuando sigue desarrollándose. La sociedad se siente abandonada, en la indefensión y cada quien resuelve sus broncas, un taxista, un comerciante la resuelve a su modo.
Un grupo delictivo busca donde hay dinero, donde puede sacar dinero y en ese sentido ensayan digamos mil formas de… donde no hay dinero no llegan entonces si ven una mina de dinero en la producción del campo o en la cuestión forestal o en el comercio o en el transporte o en las ferias de los pueblos y ahí están entonces le quitan a la autoridad competente la responsabilidad y la asumen ellos. Y en muchos casos a las autoridades municipales no les queda de otra, tienen que someterse.
–Los grupos delictivos disputan territorios no solo por la venta de droga, ahora es explotación de recursos naturales, cobro de cuotas, extorsiones y los ciudadanos siguen con ellos. ¿Por qué?
–Porque no les queda de otra. Hay gente que dice, ‘yo no estoy de acuerdo con esto pero está es la opción que tengo para sobrevivir’. Es la situación de indefensión, si tu sabes que nadie te va a proteger, que nadie te va defender, bueno, doblas las manos.
–¿Esto de qué manera repercute en los ciudadanos?
–La salud mental de los ciudadanos va en declive. El miedo, la frustración, todas estas situaciones empeoran la situación de la gente. Después de la pandemia que nos dejó con muchas arañas en la cabeza, toda la situación de la delincuencia sigue permeando el miedo, el miedo está, nomás que a veces lo arrinconamos, pero el miedo ahí está. Luego otro impacto que no es menor, la fragilidad del tejido social. Cada quien busca solucionar las cosas y crece la desconfianza en los vecinos, crece el número de víctimas y el crecimiento de formas de victimizar. El hecho de que haya control de ciertos territorios y ciertas cosas, por ejemplo que en un territorio esté controlado el cobro de piso, que el comercio esté cooptado, que el transporte esté sometido. Esto llega hasta el hecho de que la vida democrática va en declive, las poblaciones pequeñas que tienen ciertas características democráticas hasta ahí se van abajo, porque el que decide es arriba, y esto lo vamos a ver ahora que vengan las campañas electorales, habrá candidatos puestos por ellos (los grupos delictivos).

Las autoridades deben confiar en la gente

–¿Hay trabajo del gobierno en reconstruir el tejido social?
–Creo que la autoridad tiene que confiar en la gente, porque no confía en la gente por eso la abandona y por eso suceden tantas situaciones de conflicto que no se resuelven. Esta situación del tejido social nos toca básicamente a la sociedad, nos toca a nosotros que podamos desarrollar procesos en colonias, en zonas de la ciudad porque no lo vamos a esperar de quienes no confían en nosotros.
–¿Como podemos identificar esta desconfianza de las autoridades en los ciudadanos?
–A nivel federal, a nivel estatal en las mesas de Coordinación de Construcción de la Paz no hay ciudadanos: hay militares, hay Guardia Nacional, hay policías, hay autoridades, pero no hay  gente que represente a la sociedad. ¿Entonces quién es el que lleva la estrategia? Ellos. Los ciudadanos no importan. El ciudadano lo único que tiene que hacer es denunciar pero no denuncia porque sale mal parado, no hay confianza. Para mí esa parte de la estrategia es la que hace que las cosas no funcionen y que estemos estacionados en una situación de violencia que pareciera aceptable.
–En Acapulco hay mucha vigilancia, está la presencia constante de militares, marinos pero siguen ocurriendo asesinatos, no inhiben a los delincuentes.
–Creo que es una estrategia insuficiente. Sí necesitamos vigilancia, vigilancia de calidad, pero esta no es suficiente. Creo que debe haber estrategias de carácter social, cultural, económico. En el asunto económico que bajen las condiciones que dan pie a la inseguridad, que las familias tengan lo que necesitan para comer al menos. El asunto de la redistribución de la riqueza. En lo cultural, el individualismo que tenemos que permea en toda la vida de la sociedad no nos permite eso. El hecho de que cada quien quiera resolver lo suyo nada más. Si en una de estas colonias hay un desaparecido, se resigna y se repliega, nadie le ayuda, se siente señalado, acusado, una victimización tremenda, él tiene que resolver su asunto y lo resuelve recluyéndose en su casa y todos los lazos comunitarios se rompen. Estas historias dan una radiografía de lo que está sucediendo en las familias, en las colonias.
–¿Y en lo social qué se puede hacer para mejorar la estrategia de seguridad?
–Hubo intentos en años pasados en la reconstrucción del tejido social en algunos perímetros de la Zapata, Renacimiento, Jardín, Progreso pero… sé que se gastó mucho dinero pero quedó en nada. Cada gobierno va a lo suyo. Mira solamente hasta tres años y no le interesa lo que suceda después de tres años. Entonces eso no funciona, cuando es la sociedad la que tiene la posibilidad de darle seguimiento, pero si no hay ese vínculo entre sociedad y gobierno todo queda en tiradero de dinero, tiradero de recursos.
De los programas sociales, dijo que están ayudando a contener la pobreza pero no sirven para un proyecto de reactivación económica: “no se han desarrollado respuestas para que la gente se desarrolle a sí misma en el plano económico. Lo que hace el gobierno es dar dinero, eso no resuelve, contiene los niveles de pobreza y resuelve algunas necesidades de subsistencia pero no es igual a desarrollar una economía de la gente”.
Del problema de la violencia en las playas de Acapulco, el párroco deseo que esas ejecuciones no provoquen un problema como el que sucedió en 2011 en el municipio que la Costera estaba vacía y fue cuando inició la operación Guerrero Seguro que no ha terminado.

 

Que la información que lleven al Papa la den también a autoridades: líder de Morena a obispos

El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González en la ceremonia litúrgica de lavatorio de pies en la misa de Jueves Santo en la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad en el Zócalo de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, negó que en Guerrero los ciudadanos se consideren “colectivamente secuestrados”, como lo señaló el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, y planteó que además de llevar su informe ante el Papa Francisco, también se lo proporcionen a las autoridades encargadas de la impartición de justicia.
Después de que obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González informó que en junio los obispos de Guerrero, y sus pares del sur del país, acudirán al Vaticano para reunirse con el
Papa Francisco, a quien entregarán un informe que incluye la situación de inseguridad que se vive en la entidad, ayer se consultó a los dirigentes de Morena y PRI.
Jacinto González consideró que la iglesia como una religión más en el estado tiene el “derecho a decir lo que a ellos convengan” opinión que respeta.
“Ojalá y vayan a proponer algo a la Iglesia que ayude a mejorar la percepción de la seguridad en el estado”, porque todos deben colaborar a mejorar las condiciones que se viven en Guerrero.
Jacinto González señaló que “ojalá ese informe que tienen ellos, detallado, lo presenten a las instancias que se encargan de la impartición de justicia en nuestro estado y colaboren también con las autoridades competentes”.
Como partido político, dijo que respetan las expresiones religiosas y a su máximo líder que es el Papa Francisco, “sabemos que es a él a quien tienen que rendirle cuentas, pero sería importante que informaran que está haciendo la religión para orientar a sus feligreses a que nos ayudemos a que haya paz en nuestro estado”.
A pregunta hecha afirmó que no comparten la opinión del obispo en el sentido de que en Guerrero los ciudadanos se sienten “colectivamente secuestrados” por los grupos criminales, y reconoció en que hay lugares o zonas en el estado en las que la delincuencia organizada tiene mayor presencia, pero aseguró que el Estado está actuando: “la gobernadora está haciendo su trabajo y estamos dándole al máximo como Estado, pero no podemos decir que la sociedad está secuestrada”.
Consideró que afirmar que de manera colectiva la sociedad se siente secuestrada es una mentira y una falta de respeto a las “instituciones y al mismo pueblo que no está diciendo eso”.
De violencia en la capital, dijo que son normales los repuntes “y ahora estamos padeciendo uno”, pero insistió en defender la estrategia de seguridad “estamos afianzándola”, y “se trabaja para que mejore la situación en Chilpancingo”
Dijo que “no quiere decir que sea para siempre, es parte de las acciones de seguridad que se hacen y eso levanta repuntes en las zonas y las regiones, siempre voy a decir que es el efecto cucaracha, que levantas el tapete y corren para todos lados, y ahorita intentan refugiarse y se encuentran con otros criminales”.
A pregunta, el dirigente de Morena dijo que el Ejército no acompaña o pide a pobladores salir de sus comunidades y por el contrario “ayudan a que regresen a sus comunidades los ciudadanos desplazados, las labores del Ejército son la contención de la violencia que se vive, es un fenómeno viene desde administraciones pasadas y no se ha podido controlar, es parte de toda esta pobreza que se vive en las regiones”.
Jacinto González dijo que “el obispo no puede decir que se indigna por que el Ejército acompaña a los desplazados, yo no he visto que el Ejército vaya a los pueblos y les digan ‘sálganse, nosotros los vamos a acompañar’, lo que he notado es que acompañan a que los ciudadanos regresen a sus lugares de origen y los apoyan con seguridad”.
Ayer se buscó al dirigente estatal del PRI Alejandro Bravo Abarca para tener una postura al respecto, y respondió con un breve texto en el que destacó que el que los obispos lleven el tema ante el Papa puede ayudar a que los gobiernos federal y estatal den resultados en seguridad.
“La situación que estamos viviendo en Guerrero requiere del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, pero también de la suma de todos los sectores de la sociedad; todas las voces que se sumen para erradicar grave problema de inseguridad que vivimos en el estado son bienvenidas”, dijo el dirigente priista en el texto.
Bravo Abarca consideró que “ningún ámbito de la sociedad está a salvo de la violencia. Que los sacerdotes lleven esta problemática al Papa quizá le de la fuerza necesaria para que las autoridades correspondientes realicen su trabajo y se tengan resultados positivos en este rubro”.