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Urgen a armonizar leyes estatales con tratados internacionales sobre violencia hacia mujeres y niñas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos propuso diversas reformas sobre violencia sexual, para armonizar cinco leyes estatales con los tratados internacionales, en el marco de la Iniciativa Spotlight México para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
La presidenta de la Comisión, la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, señaló en la sexual es la violencia que más se ha incrementado en Guerrero en los últimos años, al pasar de 27 por ciento, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, al 40. 9 por ciento en 2021.
Asimismo, indicó que la ENDIREH 2021, indica que casi la mitad de las mujeres de este país -49.7 por ciento- con 15 años o más experimentan al menos una vez a lo largo de su vida violencia sexual; 12.6 porciento de éstas lo hace durante su infancia.
Requirió que el paquete se dictamine lo antes posible, después de que fueron turnadas a las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, y de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El programa Spotlight México, que promueven la ONU y la Unión Europea,  se implementó en mayo de 2019  para varias ciudades de tres entidades del país, incluido Guerrero, con Chilpancingo. Tiene una duración de cuatro años que ya se agotaron, pero el periodo se amplió a diciembre de 2023, de acuerdo con fuentes extraoficiales.
Mosso Hernández recordó que el año pasado el Congreso firmó un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres, para fortalecer las leyes locales en materia de prevención y erradicación de los diferentes tipos de violencia, incluida la violencia sexual, que se ejerce contra las mujeres y las niñas.

Los agravantes

El paquete de iniciativas propone introducir agravantes a la violencia sexual que se ejerza en un medio de transporte público o privado o las víctimas pertenezcan a grupos que requieran especial protección: mujeres, niñas, niños o adolescentes, y cuando se trate de mujeres rurales o indígenas, personas adultas mayores o con alguna discapacidad.
Además de eliminar “el móvil de lascividad en los delitos de hostigamiento y acoso sexual”, para introducir el concepto de “naturaleza sexual” en los términos definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además de reconocer como ámbito de ocurrencia del hostigamiento y acoso sexual el entorno escolar y establecer la oficiosidad en  la investigación del delito cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, incorporando la Perspectiva de Género y el enfoque de Derechos Humanos en las medidas de reparación del daño para las víctimas de la violencia sexual.
Explícitamente, incorporar la perspectiva de género en las medidas de prevención, en el diseño de políticas públicas estatales y municipales, en las medidas de identificación y prevención de la violencia sexual en el ámbito social, comunitario, situacional y sicosocial.
Que la prevención de la violencia contra la mujer sea un elemento explícito en la planificación urbana y rural, e incorporar obligaciones específicas en materia de atención a víctimas en lo referente al diseño de medidas y políticas de atención, en armonía con lo que establece la Ley General de Víctimas.
Finalmente, que se reconozca a hijos de víctimas de feminicidio como víctimas indirectas, sujetas a la protección del sistema estatal, para garantizarles atención especial, integral, y atención en casos de violencia sexual.

Piden a Aidé un informe sobre la atención a embarazadas

En segunda lectura, nueve diputados aprobaron dos exhortos, uno para que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, realice diagnóstico que permita considerar los recursos materiales y humanos, así como con la infraestructura necesaria para proporcionar atención médica oportuna a las mujeres embarazadas.
El otro para el Consejo Estatal de Salud Mental y contra las adicciones, establezca el 10 de octubre, como el Día de la Salud Mental en Guerrero, ambos propuestos por la Comision de Salud.
Asimismo, se aprobó la adhesión del poder legislativo de Guerrero al primer acuerdo del Congreso de Morelos, donde exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, a que implemente un programa presupuestal para la captación de agua de lluvia y ecotecnias; además, que modifique las reglas de operación del programa de agua potable, drenaje y saneamiento (Proagua), a fin de que incorpore a los municipios de baja, muy baja y media marginación.
En la correspondencia, el Con-greso de Morelos envió otra solicitud de adhesión a otro exhorto al gobierno federal para que garantice la adecuada prestación de los servicios, entrega de medicamentos e insumos a los derechohabientes del ISSSTE en todas los estados turnada a la Comisión de Salud.
También se informó que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), envió al Congreso informes de dos recomendaciones no aceptadas o no atendidas por los sujetos obligados, una dirigida al Ayuntamiento de Tixtla. De la segunda no se precisó en la sesión. Las dos se turnaron a la Comisión de Derechos Humanos.
Dieron cuenta de que la Secre-taría de Gobernación respondió a una solicitud de diputados locales sobre el establecimiento de acciones estratégicas y asignación de recursos para la conservación del hábitat del jaguar en Guerrero.
Autoridades del comisariado de San Vicente Zoyatlán de Juárez, de Alcozauca, pidieron la intervención de los diputados para que se atiendan sus demandas de obra pública, que incluye puente vehicular, que se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
El diputado Héctor Apreza Patrón remitió a la mesa Directiva una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sobre Comunicación Social.
En el único punto de la sección de intervenciones, el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez se congratuló con la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN, que señaló “las fallas y atropellos” que cometió el Congreso de la Unión en el proceso legislativo, al aprobar el Plan B de las reformas electorales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Tener la mayoría y ejercerla, no es un argumento ni justifica violar las normas internas del Poder Legislativo, y mucho menos la Constitución”, expresó.
Criticó que el Congreso de la Unión desdeñó “el análisis y deliberación entre pares, de las reformas electorales regresivas que impulsó Morena”, y lo calificó como negación al quehacer parlamentario.
Alertó que con un plan C “se transgreden la Constitución y la ley electoral, cuando desde los espacios del Estado y el propio Poder Ejecutivo, para hacer campaña a favor de sus corcholatas y pedir el voto de las mexicanas y mexicanos, sin importarles que ello constituye la comisión de un delito electoral”.

Aumento en “paridad numérica” incrementó violencia política hacia mujeres: magistrada

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Morelos, Martha Elena Mejía durante la conferencia magistral Violencia política en razón de género: retos y perspectivas, en el auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Durante la conferencia Violencia Política en razón de Género: Retos y perspectivas, la presidenta del Tribunal Electoral de Morelos, Martha Elena Mejía, afirmó que con la paridad “numérica” incrementaron los casos de violencia política en razón de género, porque entre otras razones se siguen dejando los espacios importantes de toma de decisiones a los hombres.
La conferencia fue organizada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE) en el contexto del Día Internacional de la Mujer y la ponente fue Martha Elena Mejía, quien afirmó que las mujeres tendrán que seguir luchando para lograr la paridad en las instituciones y poderes, porque hasta la fecha no se ha logrado tenerlo en su totalidad, porque se ha conseguido sólo de manera numérica.
La ponente señaló que pareciera una generalidad en el país que las comisiones en el caso de los Congresos locales y secretarías de Estado en los gobiernos de las entidades son encabezadas por hombres, “y eso se repite a nivel micro, si se analiza la estructura de cualquier dependencia, o juzgados federales” los espacios “importantes se les dan a los hombres”.
Apuntó “hay un binomio paridad-violencia política, porque a mayor paridad y cumplimiento de la paridad va a haber más violencia, porque las mujeres están ocupando espacios que antes estaban destinados a los hombres y eso genera más resistencia y más violencia”.
Comentó que antes se limitaba a las mujeres para que no llegaran a los cargos, pero ahora que por ley pueden ocuparlos, se busca limitarlas en sus funciones.
Indicó que los tribunales electorales tienen que juzgar con perspectiva de género, ante los nuevos criterios que se ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) “la Sala Superior en sus criterios señala que se tiene que creer lo que dice la mujer en su denuncia, sobre todo si es violencia política en razón de género, lo primero que se tiene que atender es el contexto y ver el asunto con perspectiva de género, y con ello valorar si realmente se está cometiendo o no violencia política”.
La magistrada presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, dijo en su mensaje de bienvenida señaló que el relego de las mujeres, ha provocado la falta de presencia en puestos en los que se toman las decisiones, y que eso genera precisamente políticas públicas que mantienen la costumbre de no tomar en cuenta los intereses de las mujeres.
“La violencia política en razón de género, se suma a este cúmulo de violencias que se presentan como una resistencia al cambio del paradigma, en el que las mujeres han dejado de participar únicamente en la vida privada, para intervenir activamente en el espacio público. La doctrina nos lleva a reflexionar que, es la condición de ser mujer, una de las principales causales de la violencia en razón de género”, dijo Rodríguez Xinol.
En la conferencia estuvieron las magistradas Hilda Rosa Delgado Brito, Alma Delia Eugenio Alcaraz, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama, así como las consejeras Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta, Dulce Merary Villalobos Tlatempa y el consejero Edmar León García.
También la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y el fiscal Electoral del Estado, Miguel Alejandro Guizado Jaimes.

 

Promoverá el TSJ que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género

Irinea Buendía Cortez madre de Mariana Lima víctima de feminicidio, en la conferencia en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia; la flanquean las magistradas Indalecia Pacheco y Norma Leticia Méndez y la acompañan las feministas Lourdes Juárez, Marina Reyna y Rosa María Gómez Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norma Leticia Méndez Abarca, quien asistió ayer en representación del magistrado presidente Raymundo Casarrubias Vásquez a la conferencia Sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se realizó en el auditorio del TSJ, anunció que esta sentencia será distribuida en todos los distritos judiciales para que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género.
La conferencia que disertó Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, asesinada en junio del 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, por su esposo, el policía ministerial Julio César Hernández, se realizó en el auditorio del TSJ.
Asistieron las magistradas Norma Leticia Méndez, representante del magistrado Casarrubias Vázquez, e Indalecia Pacheco León, integrante de la Comisión de Gé-nero, así como la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la integrante de la Red Estatal de Mujeres Guerreren-ses por una Vida Libre de Violencia, Rosa María Gómez Saavedra, y la coordinadora de Obvio Guerrero, Lourdes Juárez Díaz.
La magistrada Méndez Abarca explicó que la Sentencia Mariana Lima Buendía, como un parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, marca los pasos que los juzgadores deben de seguir en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas.
Dijo que estos casos deben ser atendidos con debida diligencia para prevenir la más grave que es la violencia feminicida y que los parámetros de dicha sentencia estén acordes al marco normativo internacional.
“El reconocimiento de los derechos de las mujeres mandata la obligación del Estado para prevenir, atender y sancionar todas las violencias cometidas en razón de género, priorizando la protección de su libertad, seguridad y vida a través de políticas públicas que nos permitan fortalecer las instituciones para el acceso a la justicia”, dijo.
En función de ello, anunció que la Comisión de Igualdad de Género del TSJ, llevará esta sentencia a todos los distritos judiciales para que sea conocida.
“Esta sentencia sirve como un parámetro y un parteaguas en las investigaciones y averiguaciones previas a efecto de que las carpetas de investigación queden bien integradas”, dijo.

La sentencia Mariana Lima

La Sentencia Mariana Lima Buendía fue emitida el 25 de marzo del 2015 y constituye el primer pronunciamiento de la SCJN relacionado con feminicidio.
Irinea Buendía, madre de la víctima, cuyo nombre se impuso a la sentencia, realiza un recorrido por el país dando a conocer el contenido de la sentencia, y con Guerrero ha visitado siete estados.
Por la mañana, se reunió en privado con magistrados, jueces, proyectistas y personal administrativo del TSJ a quienes dio a conocer el contenido de la sentencia.
Después, en la conferencia explicó que el documento cuenta con todos los pasos que deben seguir los investigadores y jueces en los casos de violencia hacia las mujeres.
Argumentó que cuando no hay perspectiva de género se desconocen las razones y motivos que hay para acreditar un feminicidio.
“Qué bueno que ganamos la sentencia Mariana Lima Buendía porque con ello ganamos que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género y debida diligencia, no solo en el caso de Mariana Lima Buendía sino de todas las muertes violentas de mujeres”, dijo.
Antes, había reseñado la historia de su hija asesinada por su esposo, la negligencia y las trabas por la negligencia de las autoridades judiciales que tuvo que pasar durante cinco años, antes de la sentencia.
“Por eso esta sentencia es histórica y viene a sentar precedentes no solamente en el Estado de México sino en toda la República”, dijo.
Añadió que, ahora, cada estado tiene la obligación de integrar a su Código de Procedimientos Penales lo que se tiene que hacer y que ganamos en la sentencia de la SCJN”.
Por ejemplo, agregó que con ella se ganó que se sancionará a los servidores públicos que intervienen en una carpeta de investigación, y son omisos, negligentes, que cometen falencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia.
“Ganamos, también, la reparación del daño” y que todas las autoridades de los tres niveles y principalmente los que están en las áreas de equidad de género deben conocer qué es la perspectiva de género”.
A su vez la magistrada Indalecia Pacheco, aseguró que el Poder Judicial “está haciendo todo su esfuerzo para que se juzgue con perspectiva de género utilizando no solo esa sentencia, sino la que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) donde se establecen los estándares tanto para investigar como para juzgar.
“Esa sentencia es importante porque de manera técnica da el lineamiento federal para que las agencias del Ministerio Público entiendan que están obligadas a hacer una investigación bajo la perspectiva de género porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se deja mucho que desear porque se siguen arrastrando vicios enormemente malos”, reconoció la magistrada.

Aumenta la violencia digita

Activistas del Frente Amplio Feminista de Guerrero denunciaron que hay omisión en atender el problema de violencia digital en las escuelas de nivel medio superior y superior. El coordinador de comunicación de la organización, Enrique Solano López, indicó que el año pasado registraron 120 casos y en lo que va de este 2023 van 37.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, Solano López indicó que la violencia digital consiste en el uso de los teléfonos celulares como medios para agredir a mujeres. Precisó que se puede manifestar con el envío de mensajes con palabras ofensivas o invitaciones a tener relaciones sexuales o imágenes de penes hacia la víctima.
El Frente informó que como parte de sus actividades realiza un monitoreo sobre el uso de la tecnología y su impacto en la violencia de género, lo que les arrojó que hay un aumento en el problema.
Añadió que las redes sociales son útiles en diferentes sentidos, pero también son la causa de nuevos problemas como robo de identidad y hasta secuestro, siendo las víctimas mujeres adolescentes. “La preocupación es que se recrudezcan este tipo de situaciones ante la omisión de una estrategia adecuada oficial”.
De Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina pidió que la Secretaría de la Mujer dé acompañamiento a las víctimas de violencia y que no las deje solas, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que revise el protocolo violeta.
El Frente llamó al secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña, y a la secretaria de la Mujer Violeta Pino Girón, a que sus campañas no se queden solo en anuncios, lonas o fotografías.
También llamó a la Fiscalía General del Estado, al TSJ y a la Secretaría de Seguridad Pública a que atiendan este problema y den cuenta de las carpetas de investigación que tienen y que avances llevan. (Daniel Velázquez).

 

Aumenta 5% la ocupación hospitalaria por casos de Covid en el estado, informa la Ssa

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Secretaría de Salud (Ssa) estatal informó que este martes se registraron nueve contagios confirmados nuevos de Covid-19 y se reportó una disminución de casos activos respecto al día anterior, al contabilizar 322 en 20 municipios.
La dependencia en su informe técnico diario, destacó que ayer subió a 5 por ciento la ocupación hospitalaria de pacientes internados por coronavirus, respecto al 3 por ciento de un día antes. Precisó que son cuatro mujeres y un hombre internados, de los cuales dos se reportan con estado de salud estable, dos graves y uno crítico e intubado.
De nuevos contagios confirmados, ayer la Ssa estatal registró nueve casos pero corresponden a diciembre. Aún no se ha reportado el primer contagio de 2023. Indicó que desde el inicio de la epidemia suman un acumulado de 117 mil 408 personas enfermas.
Por tercer día consecutivo la dependencia no reportó ninguna defunción a causa de la pandemia en la entidad, y mantiene el acumulado de 6 mil 862 fallecimientos por complicaciones con el virus.
La Ssa estatal precisó que este martes se reportaron 39 casos activos menos que el día anterior; es decir, 322 contagios que se ubicaron principalmente en Acapulco con 102 enfermos, Chilpancingo con 73, Taxco con 69, Iguala con 29, Zihuatanejo con 23, Ometepec con seis, Eduardo Neri con cinco, Cocula y Tecoanapa con dos cada uno y Atoyac con un caso.
Reiteró su llamado a mantener las medidas preventivas para evitar el aumento de Covid-19, cómo evitar aglomeraciones, el uso correcto de cubrebocas en espacios cerrados y abiertos, el lavado de manos constante con agua y jabón o desinfección con alcohol en gel al 70 por ciento y la sana distancia de 1.5 metros.

 

Señalan deficiente registro del Estado de casos de violencia hacia las mujeres

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La violencia hacia las mujeres no ha disminuido, pero las instituciones pueden manipular cifras, separando los asesinatos en homicidios dolosos y feminicidios, y excluyendo las muertes culposas, que también deben ser investigadas bajo protocolos especiales antes de descartar un crimen, denunció la directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar.
Consultada vía telefónica sobre el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP, que reporta en Guerrero diez víctimas de homicidio dolosos de mujeres y un feminicidio en noviembre, de un total anual de 108 víctimas de homicidios dolosos y 13 feminicidios.
Reyna Aguilar denunció que si las instituciones clasificaran como delitos de feminicidios los homicidios dolosos y culposos (fuera de accidentes viales), la cantidad se triplicaría. Ante el reclamo constante de las organizaciones feministas, desde la administración anterior sólo agregaron a las fichas policiacas de los casos, la leyenda que los casos se investigarían bajo el protocolo de feminicidio, a modo de justificación. Ahora sabe que “algunos casos” son turnados a la Fiscalía Especializada en feminicidios.
A partir de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida en Guerrero, en 2017, la Agcvim realiza un monitoreo de feminicidios en los medios de comunicación, que le permite decir que la violencia no ha disminuido, no obstante que no todas las muertes dolosas ni culposas son publicadas por la prensa impresa y digital.
“El SESNSP quiere disfrazar y juega con las cifras. Tampoco veo que la violencia se reduzca, a pesar de que estamos con dos AVG (en 2020 se aprobó la segunda por Agravio Comparado). Lo que observamos es más demanda de las mujeres pidiendo justicia”.
De los datos oficiales resaltó el de sobrevivientes de violencia familiar, a quienes la FGE debe evaluar el grado de riesgo en que se encuentran las mujeres, y en su caso, emitidas medidas cautelares. Además de tener georreferencias de los casos para que haya políticas públicas adecuadas para diferentes áreas. La estadística señala 3 mil 175 delitos por violencia familiar de enero a noviembre de este año, y 251 mil 159 el país.
“No basta emitir medidas, sino darles seguimiento y eso no lo hacen, monitorear a las víctimas”.
Reconoció la intención del gobierno del estado, de impulsar acciones para levantar algunas medidas de las Alertas de Violencia de Género, que informó la directora Estatal para Prevenir la Violencia hacia las mujeres, Yenedith Barrientos Santiago,
También como integrarte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la Alerta de Género por violencia feminicida, que evalúa los informes de trabajo que envía el gobierno del estado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (Conavim), Reyna Aguilar dijo que estarán muy pendientes del reporte y del seguimiento que haya a las medidas.
Confirmó que la entrega de un diagnóstico de modalidades de violencias elaborado por una institución como es la UNAM, podría hacer posible el levantamiento de la primera medida de la alerta por violencia feminicida.
“Hay rumores de que en un municipio se va a levantar la Alerta, y no es así de simple, todas las demás acciones deben tener seguimiento y sostenerse en el tiempo”.
Asimismo, señaló la importancia de que haya una georreferencias de las violencias, para que en las regiones se hagan acciones a la medida, conforme a las necesidades que se requieran y que sean compatibles a lo que está ocurriendo en cada parte del estado”.
Recordó que los indicadores también revelan que, con las fiestas de fin de año suben las violencias, por las reuniones familiares y mayor consumo de alcohol.

 

 

Protesta el Sutcobach en Casa Guerrero; pide el Estímulo a la Jubilación

Maestros y administrativos del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) protestaron en Casa Guerrero por la falta de pago del Estímulo a la Jubilación para 150 trabajadores de los periodos 2016, 2017 y 2018, así como la falta de pago de gratificaciones.
El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, detalló que la movilización se dio para exigirle al gobierno del estado la entrega del Estímulo a la Jubilación de 7 millones de pesos, que se adeuda del programa de previsión social de Fondos de Inversión Alternativos Reservados (FIAR).
Agregó que también se está pidiendo que se pague la aportación que le corresponde al gobierno del estado, para entregar gratificaciones a los compañero que ya se jubilaron, ya que existe un adeudo de más de 30 mil millones de pesos.
“Se está exigiendo que el gobierno vaya a portando cada tres meses, 3 millones de pesos, para ir pagando las gratificaciones, entonces ese es el planteamiento principal”, agregó.
La movilización, que se realizó frente a la puerta dos de Casa Guerrero, duro poco más de dos horas, y llegó al lugar el subsecretario de Finanzas, Jaime Ramírez Solís, con quien se llegó al acuerdo de que se pagaría 2 millones de pesos a los jubilados. Recordó que la falta de pago del Estímulo a la Jubilación afecta a mas de 150 trabajadores que pertenecen a los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018, que quedaron pendientes. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Los feminicidios son ya un problema de salud pública, advierte Marina Reyna

Ante el incremento de las muertes de mujeres en la entidad, la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, denunció que los feminicidios en Guerrero son un problema de derechos humanos, de salud pública, de justicia y un problema de carácter social.
Señaló que el problema persiste, no obstante que entre varias acciones hay una ley general y otra ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que se decretó una Alerta de Violencia de Género en Guerrero y se diseñó un programa de atención para el seguimiento de la declaratoria.
En lo que del año se ha documentado 94 casos de homicidios dolosos contra mujeres, con presunción de feminicidio.
“A las mujeres las siguen matando y se observa que hay impunidad ante estos graves hechos, que hay una ausencia de la reparación integral del daño para ellas y su familia, principalmente, para sus hijas e hijos menores de edad, a quienes se les trunca de manera violenta todo su proyecto de vida, su bienestar y desarrollo integral, al que todo niño y niña tienen derecho”.
La activista fue consultada sobre la última racha de asesinatos de mujeres, donde el viernes hubo dos casos en Tlapa: una mujer muerta en un hospital tras ser agredida en su domicilio, y otra hallada en la carretera dentro de un bolsa; así como la ejecución de una mujer en Chilpancingo, en una calle céntrica de la ciudad, y el asesinato de una mujer más en Acapulco.
Recordó que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Guerrero, emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, dice que de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se debe diseñar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios.
También establece que, para estos efectos, se deberán considerar los estándares básicos en materia de reparación del daño, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guerrero.
En este mismo sentido, dijo que la Ley 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 14, señala que las medidas de reparación integral serán las de restitución, rehabilitación, compensación y no repetición de hechos, entre otras.
Pero en 2018 se han contabilizado 94 casos documentados de homicidios dolosos contra mujeres, con presunción de feminicidio, “mujeres que en su mayoría se encontraba en edad reproductiva y muchas de ellas tenían hijos. En este sentido, una vez iniciada la carpeta de investigación de los casos, debería estarse dando seguimiento por las autoridades competentes. Pues no hay un seguimiento puntual, ni una articulación interinstitucional para dar atención integral a las hijas e hijos de víctimas de esto casos. Lo cual deja a los menores de edad en total desamparo, riesgo e indefensión”.
Destacó el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, de 25 años de edad, asesinada por su pareja en Taxco en enero, que dejó a dos menores, uno de seis y una niña de cuatro años de edad. De Gladis, de 30 años, asesinada en febrero de este año por su pareja en Tlalchapa, quien dejó a una bebé de ocho meses.

 

La UAG integrará toda la información de la violencia contra universitarios, anuncia el rector

 

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que se reunió con la comisión que nombró el Consejo Universitario para dar seguimiento a los hechos violentos contra los universitarios y se acordó integrar en una sola toda la información, porque eso va a ser como una herramienta, un soporte para “establecer las estrategias que debamos tomar los universitarios como protocolos dentro de la universidad y también hacía afuera”.
En declaraciones en el Centro de Enfermedades Tropicales (CIET), donde se reunió con el Grupo Universidad, Saldaña Almazán explicó que si un universitario sufre una extorsión, robo, secuestro u homicidio (se va a) saber “cuáles fueron las razones, se están haciendo grupo focales, en ellos habrá de determinarse los instrumentos de medición”. Dijo que se aplicarán cuestionarios que van a dar como un horizonte, una media y que dicha información “por supuesto la compartiremos, una vez que se sistematice, con las autoridades, sobre todo tener el diagnóstico real de las cosas de cómo están”.
El rector no descartó que hoy en la sesión del Consejo Universitario se dará un pronunciamiento sobre estos casos, que “lastiman mucho como universitarios y la verdad deseamos que no estén pasando”. Al CIET llegó el coordinador de la Policía Investigadora Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, y sobre ello el rector Saldaña Almazán respondió: “Ahorita la atención del director de la ministerial es que me trae información sobre los casos, estos mismos, su grado de avance y cuáles son los motivos, las pesquisas que tiene, indagatorias, los avances para que con base en ello podamos ir tomando decisiones que permitan salvaguardar la seguridad de todos los universitarios”.
Indicó que la comisión hará un recuento de años pasados, un conteo porque es una situación de fondo no es una cuestión sencilla, “con está información coadyuvar, dar una propuesta para seguir un protocolo de trabajo y evitar más cuestiones de inseguridad en los universitarios”. En otro tema, sobre el Consejo Universitario que se llevará a cabo hoy, el rector comentó que uno de los puntos es la calificación del proceso de elección de los consejeros.
También se va tomar protesta a los nuevos consejeros, reconoció que hay escuelas en donde se va reponer el proceso como es en el IIEPA y en Filosofía y Letras, pues lo que “ellos suscribieron en sus acuerdos eso respetará el Consejo Universitario, no vamos a extralimitar al consejo, hay que respetar la soberanía y los acuerdos para que haya armonía en todas las escuelas”.
Indicó que los universitarios deben tener la tranquilidad de que se respetará lo que la Comisión Electoral lleve como dictamen y se hará la toma de protesta de los nuevos consejeros. Adelantó que también serán presentados los nuevos funcionarios. Agregó que hasta este jueves ya se tenía definido el 50 por ciento, donde muchos de los funcionarios serán ratificados, aunque habrá enroques.
Aseguró el rector que nadie será desplazado y será un trato igual para todo el equipo de trabajo, “es lo que tengo en mente, no desplazar a nadie, son tiempos de la Universidad, no son tiempos de pensar en cosas que no convengan, todos pensando en la unidad y todos van estar representados”.

Por la reforma laboral hay en Guerrero 20 mil casos retrasados, informa Oscar Rangel

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Oscar Rangel Miravete, informó que hay unos 20 mil casos laborales retrasados, debido a que la reforma laboral que este año entró en vigor, establece la desaparición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
Informó que comenzó un programa para vigilar el pago de utilidades de las empresas a los trabajadores, cuya fecha límite es el 31 de mayo.
Recordó que el rezago que hay en la Primera y Segunda juntas locales en Acapulco, ameritaba una tercera junta de conciliación, “pero con la reforma laboral serán los tribunales federales laborales los que tendrán que abarcar que las juntas cuentan con mayor personal dada la demanda”.
“Ya no podrían abrir una tercera junta porque los congresos local y federal aprobaron la desaparición de las juntas y la creación de los juzgados laborales. Lo que hice fue hablar con el presidente magistrado y comentarle lo que es la atención de los usuarios en Acapulco, que cuenten con más personal, porque tendrá que emplearse la cobertura por el tamaño de los asuntos que representan esta zona del estado”, dijo por teléfono.
Mencionó que tan solo en las juntas de Acapulco, hay un rezago de poco más de 7 mil expedientes, sin embargo acotó que algunos casos son resueltos fuera de la junta, pero no han sido notificados, por tanto aún los mantienen como un expediente vigente.
“La reforma laboral, que fue aprobada principios de año por el número de congresos para que fuera una reforma constitucional, y establece que las juntas locales de Conciliación y Arbitraje desaparezcan y la justicia laboral dependerá ahora no de los poderes ejecutivos, como está ahora, sino de los poderes judiciales, tanto de la federación como del estado”, explicó Rangel Miravete.
Los estados, dijo, tendrán que crear los tribunales laborales según las cargas.
“En el caso de Guerrero tenemos siete, pero hace falta una en Acapulco y de alguna manera la Junta Especial de la universidad, tiende a desaparecer”, advirtió.
Mencionó que serán siete tribunales laborales, pero con mayor cantidad de trabajadores para que atiendan los problemas que enfrenta el ámbito laboral, pues tan sólo en las juntas de Acapulco suman unos 7 mil casos; en otras hay mil, 2 mil.
Respecto al reparto de utilidades, explicó que como dependencia estatal se vigila el cumplimiento de esa obligación por parte de los patrones, pues es un derecho que los trabajadores tienen por ley.
“Hasta mayo tienen como plazo para cumplir con esta prestación y nosotros vamos a hacer una inspección. Estamos en contacto con los representantes sindicales, para que nos digan en qué establecimientos no cumplieron con esta obligación y de no cumplirlos, emplazaremos a que cumplan en los términos que indica la ley”, concluyó.