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Marchan 2 mil estudiantes y padres en Tlapa; exigen seguridad o crearán su policía comunitaria

 

Estudiantes, profesores, padres de familia y representantes de organizaciones sociales marcharon para exigir seguridad a las autoridades municipales, estatales y federales luego del secuestro y liberación tras el pago de un rescate de un alumno de la escuela Secundaria Técnica 132 Caritino Maldonado Pérez, ocurrido hace dos semanas cuando salió del plantel.
Los padres manifestaron que si no se brinda seguridad del Ejército y la Policía Estatal que cuentan con un cuartel en la ciudad, y la Policía Municipal recurrirán a la Policía Comunitaria o se creará en las colonias.
En la marcha participaron más de 2 mil ciudadanos, estuvieron los alumnos de los dos turnos de la secundaria técnica acompañados de profesores, padres y madres que convocaron a la movilización, se sumaron las escuelas primarias Benito Juárez, la Adolfo López Mateos, el jardín de niños Rafael Rodríguez y la preparatoria Número 11, así como organizaciones y grupos organizados.
El secuestro del alumno según la información oficial ocurrió el viernes 9 de diciembre, circuló en las redes sociales un mensaje en el que se llamaba a los padres de la secundaria a tomar precauciones porque “al parecer habían secuestrado a algunos niños”, ese rumor fue confirmado el martes 13, y el comité de padres de familia y profesores convocaron a una reunión urgente.
El miércoles 14 en la reunión se planteó lo del secuestro y la falta de seguridad, ante lo que se acordó que se marcharía este lunes para exigir atención de las autoridades.
Otras fuentes informaron que el niño estaba afuera de las instalaciones de la secundaria cuando llegó un carro de donde bajaron hombres armados y lo subieron con violencia. Horas después pidieron rescate a su familia que al parecer reunió el dinero y fue liberado la madrugada del sábado muy golpeado.
Ayer al frente la marcha los manifestantes llevaban una lona en la que se leía, “La escuela secundaria Técnica 132 manifiesta su rechazo a todas las formas de violencia contra nuestros hijos y la sociedad en general, y nos pronunciamos a favor de la paz”.
En otra exigían a las autoridades municipales, estatales y federales mayor seguridad, “queremos vivir en una sociedad libre de violencia y caminar en las calles con confianza”.
Los manifestantes llevaban globos blancos, vestían playeras blancas y pancartas pidiendo seguridad y alto al secuestro.
Desde un carro de sonido se escuchó el llamado a las autoridades a dar seguridad y “si se alían con los delincuentes peor les va a ir”. Llamaron al pueblo tlapaneco a organizarse y dejar de ser atemorizados por los robos, extorsiones, secuestros, asesinatos y todo lo que implica la violencia.
Pidieron una sociedad sin miedo, que se pudiera caminar y no saber de desmembrados o secuestrados y para eso se deben de organizar, ya que en la Montaña y en Guerrero hay muchos ejemplos de policías comunitarios. “Padre de familia incorpórate para que no sea tu hijo el secuestrado o desmembrado”.
La marcha salió de la secundaria al este de la ciudad al Ayuntamiento donde hubo un mitin, los manifestantes pidieron hablar con el presidente municipal priista Jesús Noé Abundiz García quien generalmente no se encuentra en el inmueble, y lo mismo pasó ayer.
Antes del mitin hicieron un alto frente a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Ahí el primer reclamo de los padres de estudiantes que tomaron el micrófono fue que las autoridades municipales se comprometieron a participar en la marcha en la reunión que tuvieron en el plantel la semana pasada, pero “no lo hicieron, los esperamos, son cómplices de los delincuentes”.
Ahí un padre mencionó la paradoja de contar con un cuartel militar y de la Policía Estatal en esta ciudad y que no se tenga seguridad, “y ni hablar de la seguridad pública municipal” porque la violencia aumenta y si no se contiene los jóvenes y padres “nos organizaremos para formar policías comunitarias como se hace en los pueblos para no permitir agresiones”.
Dijo que en diversos momentos han pedido audiencias con el alcalde sin que se les dé una respuesta, “ahora el pueblo ya no tiene miedo”.
Exigió el compromiso de las autoridades a que no habrá más atropellos, y precisó lo único que buscan es justicia y respeto a los derechos humanos de los niños.
El secretario general del Ayuntamiento, Julio César Naranjo Jiménez intentó participar para decir que hacen su trabajo, pero no lo dejaron hablar gritando que querían ver al presidente municipal, el grito se extendió y lo obligó a dejar el micrófono visiblemente molesto.
Una profesora reclamó el incumplimiento de los acuerdos con el Ayuntamiento de poner policías municipales y de tránsito para cuidar el plantel, además de colocar luminarias.
Pidieron al alcalde que diera la cara porque la solución no estaba en los trabajadores, pero éste no llegó, más tarde se supo que repartía láminas a integrantes del movimiento antorchista en la unidad deportiva.
Los padres y profesores se reunieron con el secretario para que firmara la minuta de los compromisos que adquirió en la reunión y se retiraron del Ayuntamiento.

En Iguala participaron unos 40 funcionarios del Ejército y policías que pueden ser identificados: Anabel Hernández

 

La periodista Anabel Hernández presentó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzianapa su libro La verdadera noche de Iguala, donde destaca la participación del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Ministerial, en los ataques a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes.
En este crimen participaron unos 40 funcionarios del gobierno que pueden ser claramente identificados y sometidos a procesos, incluso pocas horas después de los hechos, ante los dictámenes periciales de balística, videos, bitácoras del C-4 y testimonios de los sobrevinientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos.
De esto dijo que se trata de autoridades de la 35 Zona Militar, del 27 Batallón de Infantería, la PGR, la SSP y la Policía Ministerial del estado, así como policías municipales de Iguala.
La periodista dijo que, durante los dos años que investigó para este libro no encontró ningún indicio de que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado, como quiso mostrar el gobierno.
Anabel Hernández contó que a finales de 2014 inició su investigación, luego de que la PGR integró una averiguación manipulada, porque la intención de la autoridad desde un principio fue esconder la verdad, ocultar las pruebas periciales, forenses, las pruebas de balística que eran fundamentales, para encontrar incluso que soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a los autobuses donde se transportaban los normalistas.
Comentó que el ejemplo de amor de los padres que emprendieron esta lucha fue el que la hizo desde el exilio involuntario en el que se encontraba, y al que la obligó el gobierno de México, regresar al país a investigar lo que realmente pasó la noche de ese 26 de septiembre.
Resaltó que durante este tiempo, el mismo gobierno ha querido dividir a la sociedad mexicana, y que entre algunos sectores lo ha logrado, y aunque localizar a los 43 normalistas es asunto de verdad y justicia, lo hace parecer solamente como un asunto ideológico y político.
“Para mí, que he hecho esta investigación durante más de dos años, y que llevo más de 23 siendo periodista de investigación –que he hecho muchas, muchas investigaciones muy complejas–, he dedicado los últimos 11 años de mi vida a investigar el crimen organizado en este país, cómo funciona, cuáles son los botones que lo detonan; les puedo decir que veo con absoluta claridad que el tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sólo un tema de 43 personas o de sus padres o de sus compañeros, es un tema que condena, que sintetiza lo que hoy es México, y nos involucra a todos”, dijo Anabel Hernández.
La periodista les leyó a los padres de los normalistas una reflexión que preparó para ellos, donde expuso que lo único que los normalistas buscaban era la transformación del país a través de la cultura y la democracia, y que, sin embargo, el Estado mexicano intentó criminalizar la protesta y dividió a la sociedad, haciendo ver las exigencias de los estudiantes como un tema de lucha ideológica y no de justicia social.
“Pareciera que el sistema político mexicano prefiere jóvenes sin educación, sin empleo, ni futuro, que engrosen las filas de la miseria y del crimen organizado, a que haya jóvenes educados como ustedes, que luchen por sus derechos y transformen a este país en una verdadera democracia”, leyó.
Agregó que “para comprender lo que pasó en Iguala y la impunidad de los crímenes había que entender que para el gobierno de México los estudiantes de esta escuela eran más peligrosos que los propios carteles de la droga, quizá porque con los carteles de la droga, el Estado mexicano siempre ha encontrado la maneras de convivir y encontrar intereses en común”.
Explicó que los hechos antes, durante y después de esa noche representan dos crímenes deleznables que pusieron a prueba al sistema político y de justicia de México.
El primero, dijo, fue el de los ataques perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre, del que resultaron muertos seis civiles, entre ellos tres estudiante, 16 normalistas lesionados de armas de fuego y 43 desaparecidos.
El segundo crimen fue el que comenzó en el instante que inició la investigación de las autoridades para encontrar a los 43 y castigar a los responsables.
En este crimen y en su encubrimiento, las instituciones responsables de procurar justicia fabricaron culpables mediante torturas, manipulación y desaparición de pruebas, ejemplificó. Indicó que participaron funcionarios del más alto nivel en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación, la PGR, el Cisen e incluso la Presidencia de la República.
“A todos, periodistas, organizaciones sociales de derechos humanos y a la sociedad en general, nos corresponde que esta tragedia en México no sea una más, que los responsables de los hechos de esa noche y que quienes los han encubierto durante dos años y tres meses sean sometidos a juicio, no sólo por un derecho de los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, sino de toda la sociedad mexicana”, subrayó la periodista.
Añadió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debería ser el primero en estar presente y honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, haciendo que las instituciones encuentren y provean justicia, pero que no ha estado y ni estará.
Anabel Hernández subrayó que, “si el jefe del Ejecutivo no encuentra las condiciones para hallar a los estudiantes desaparecidos, dar verdad y justicia a la sociedad mexicana en este caso, debemos ayudarle y solicitar que se conforme un tribunal internacional especial en este caso que sancione a todos los responsables”.
Ahondó que, como periodista de investigación ha tratado de hacer su contribución, la búsqueda de verdad y justicia. Y que pudo separar la mentira histórica fabricada por el Estado de los hechos reales y que dio visibilidad a las víctimas y a los victimarios en esta historia.
“Hoy, entrego a ustedes el resultado de esta modesta colaboración, esperando sea útil y dé un poco de luz a los hechos que el gobierno de México pretendía ocultar en la obscuridad de la fabricación de la llamada verdad histórica”, dijo.

Hay documentos en los que se considera a los normalistas un problema de seguridad nacional, dice

Anabel Hernández contó que, en esta investigación tuvo acceso a un documento secreto del gobierno mexicano en el que considera a los normalista de Ayotzinapa un problema de seguridad nacional.
De los documentos a los que accedió y que dijo que han incomodado al gobierno, detalló que son investigaciones internas que hizo la Visitaduría General de la PGR. Una focalizada en el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, en la que indica que con dolo sembró pruebas de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, y sus restos tirados al río San Juan.
El otro documento es de una auditoría que se hizo a los cientos de tomos que conforman la averiguación previa de lo que pasó en Iguala, un documento de más de mil páginas.
Dijo que uno de los documentos, de 177 fojas, ya está disponible en la página de internet www.laverdaderanochedeiguala.com, y que hará público el segundo documento en enero.

Los ataques pudieron ser para recuperar los autobuses que llevaban droga, indica

Durante la ronda de preguntas de los asistentes, el padre de uno de los normalistas preguntó si los dos autobuses de la Estrella de Oro que fueron atacados realmente llevaban heroína.
Anabel Hernández respondió que, de acuerdo con documentos que consultó en la investigación, entre ellos la denuncia penal que hizo la empresa tras la toma de los dos autobuses, está la hipótesis que el 22 de septiembre, cuando los normalistas tomaron al azar estos autobuses no se percataron del contenido, y se los llevaron a Iguala el 26 de septiembre; en el trayecto fueron monitoreados por el C-4, y sucede el ataque de soldados y policías para, supuestamente, recuperar los camiones.
Los padres agradecieron a la periodista su investigación y aportación en la búsqueda de la verdad y para poder dar con el paradero de sus hijos.
La editorial Grijalbo donó 43 libros para cada uno de los padres, que fueron dedicados por la periodista, que se comprometió a regresar si los padres se lo piden, después de leer el libro, para seguirle planteando sus dudas.

Reportan un soldado y un policía ministerial heridos en un enfrentamiento contra Los Tequileros

La madrugada de este sábado soldados del Ejército y policías ministeriales se enfrentaron a balazos contra civiles armados del grupo criminal Los Tequileros, en la comunidad La Gavia del municipio de San Miguel Totolapan. Se reportaron un militar y un agente ministerial heridos.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la mañana cuando el Ejército y la Policía Ministerial patrullaba cerca de La Gavia, y se dirigía a esa localidad como parte de las acciones para detener al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
Se informó que alrededor de la 1:30 de la mañana se toparon con una camioneta Nissan abandonada en el trayecto, mucho antes de que llegara el convoy, ahí les dispararon y los agentes repelieron la agresión.
No se reportaron detenciones ni heridos de los civiles armados, solamente se informó de que un militar y un policía ministerial fueron lesionados. Al parecer no de gravedad pero fueron trasladados a un médico.
Los disparos se escucharon hasta el centro de San Miguel Totolapan. La autodefensa ya tenía puestos de control en las entradas y en algunos de estos puntos dispararon al aire, porque pensaron que era un ataque a larga distancia contra ellos.
Este sábado en la mañana se confirmó que no hubo muertos, sólo se decomisó la camioneta y ocho armas largas que quedaron en manos del Ejército. El grupo no avanzó más en busca del grupo de Los Tequileros.
El Ejército ha mantenido con hermetismo la estrategia para entrar a la localidad, el camino está lleno de piedras para evitar el ingreso de las fuerzas de seguridad.
No se informó de alguna detención este sábado ni del aumento de medidas del Ejército o la Policía Ministerial luego de este enfrentamiento.
La comunidad La Gavia se ubica a cerca de 5 kilómetros de distancia de la cabecera municipal, es considerada la guarida de El Tequilero.
En esa localidad en el 2010 fueron asesinados tres policías ministeriales en un enfrentamiento contra civiles armados.
En el 2012 mataron a dos policías municipales que intentaron ingresar al pueblo. En noviembre de 2015 hubo un enfrentamiento entre militares y civiles. Se informó del homicidio de un mando militar pero que fue retirado de inmediato de la zona, y no se registró oficialmente, sólo se decomisaron armas y vehículos.
El lunes en San Miguel Totolapan se formó con ciudadanos un movimiento de autodefensa, luego del secuestro el domingo del ingeniero Isauro de Paz Duque, los pobladores retuvieron a la madre de El Tequilero que se encontraba en la iglesia católica como parte de las festividades por el Día de la Virgen de Guadalupe. Junto con ella retuvieron a 24 personas más incluyendo a una regidora priista.
El miércoles intercambiaron al ingeniero por la madre del líder de la banda que lo secuestró pero retuvieron a los demás. Poco a poco fueron liberando a personas, y se quedaron con 20, hasta el viernes, cuando todos fueron liberados pero cuatro, entre ellos la regidora María del Carmen Barrera Navarro, a quien le encontraron una lista con los nombres de 32 vecinos que serían las próximas víctimas de la banda criminal, fueron entregados a la Fiscalía General del Estado.
El resto acordó con sus familiares reivindicarse con la sociedad mediante labores.
Colocan barricadas

El grupo de autodefensa de manera paralela a las labores del Ejército y de las policías del Estado y Ministerial, colocaron barricadas en las entradas de San Miguel Totolapan con más de ocho civiles armados en cada punto, además vigilan los puntos altos y las colindancias con el río Balsas.
Recorren las calles y las diferentes colonias y tienen el control del edificio de la comandancia policiaca, a la que le rotularon Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan. Las camionetas que usa el movimiento son particulares y llevan banderas blancas.
También utilizan una camioneta de Protección Civil y una patrulla que estuvo más de año y medio parada en la calle, cargada de artículos de desecho que tenía la comandancia.
La Policía del Estado mantiene la base tal y como se acordó en la zona, para brindar seguridad en la cabecera municipal y también hay una base del Ejército.

Aumenta el comercio en las calles

Aún cuando todavía hay varios negocios fijos cerrados este sábado se estableció como cada fin de semana el tianguis en las calles del centro, y logró mover a cientos de personas que se fueron a surtir de diversos productos que ya no había.
Se observaron camionetas llegando de diferentes pueblos para hacer compras. Según lo que comentaron los comerciantes, no fue como otros fines de semana. Las ventas fueron bajas pero en comparación con el resto de la semana que se vieron todos los negocios cerrados, este sábado hubo más actividad.
En un boletín el gobierno dijo que “derivado de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado realiza con relación al enfrentamiento entre Ejército y tequileros, fueron encontradas ocho armas AK-47 en la zona donde escaparon los agresores”.
El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia señaló que se integró una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades contra quienes se enfrentaron a los militares y policías ministeriales.
Señaló que la operación contra El Tequilero y su banda continuará hasta lograr la detención de los integrantes de este grupo delictivo.

Aumentan robos a casas en la periferia de Chilpancingo pese a Vecino Vigilante, denuncian

Colonos de la periferia de Chilpancingo recriminaron que las policías municipal, estatal y federal no hacen recorridos en las sus colonias, y que a pesar de contar con el programa Vecino Vigilante continúan los robos en las casas.
En un recorrido en las colonias, Anáhuac, Trinchera, La Herradura y Plan de Ayala, los colonos informaron que han aumentado los asaltos a casas habitación.
La colonia Plan de Ayala, en la que se aplica el programa Vecino Vigilante, los vecinos dijeron que han ocurrido robos en las casas y que no interponen denuncias ante la falta de respuesta de las autoridades.
Además, en esa colonia han ocurrido varios asesinatos; en noviembre fueron asesinados en hechos distintos un checador y un chofer de Urvan del transporte público, que fueron ejecutados a balazos.
En la colonia La Herradura, que está lejos del centro de la ciudad, se observó que no hay policías vigilando.
Los vecinos informaron que han ocurrido asaltos, como el de una casa donde los asaltantes se metieron a robar, amarraron a un joven y se llevaron todo lo que tenía.
Dijeron que en varias ocasiones han solicitado el apoyo de las autoridades municipales, quienes sólo les sugieren integrarse al programa Vecino Vigilante.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública municipal, Estaban Espinosa Montoya, el municipio tien 114 policías, pero hacen falta 300 para brindar seguridad, en las 300 colonias que han solicitado el programa.
En el primer cuadro de la capital se ha observado que policías municipales, estatales y federal, además de soldados del Ejército, hacen recorridos de vigilancia, pero en las colonias de la periferia no.

 

Legislar para que los soldados hagan labores de seguridad es militarizar al país: Tlachinollan

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra denunció que si se regula la actuación de los soldados en funciones de seguridad pública, “entraremos en un régimen militarizado”.
Reconoció que la ola de violencia en Guerrero y otras entidades del país tiene a la población desesperada, al gobierno, e incluso diputados de izquierda quieren mantener a los militares en labores de investigación y seguridad pública, porque las corporaciones policiacas y los gobiernos municipales están infiltrados por las bandas del narcotráfico.
Mencionó que en Costa Grande la Familia Michoacana, en la zona Centro Los Ardillos y Los Rojos ponen alcaldes y diputados.
En este escenario, dijo que “nadie confía en los policías y piensan que los únicos que pueden salvarlos en esta desesperación son los militares, pero se comete un error”.
Vía telefónica aclaró que el negocio de las drogas no se limita a los policías, están implicados políticos, empresarios que limpian el dinero sucio, y el modelo económico favorece al crimen organizado.
En tanto esa situación prevalezca, “se le estará dando un cheque en blanco a los militares para el autoritarismo, la mano dura, para que se cancelen los derechos fundamentales de los ciudadanos”, advirtió.
Recordó que los instrumentos internacionales dicen que en sociedades democráticas la seguridad pública no puede estar en manos de los ejércitos, pues esa es una tarea de la policía, y la formación de los soldados es eliminar al enemigo, matar.
Así los soldados no caben en la seguridad pública, donde tienen que interactuar con la población civil, aplicar ciertos protocolos en proporción y racionalidad con las leyes, que no observan los militares.
Indicó que la experiencia de golpes en América Latina, los gobiernos militares representan lo más oscuro de la historia: se formaron las dictaduras, hubo miles de desaparecidos, asesinados, encarcelados, principalmente disidentes políticos.
En Guerrero, en la década de 1960 y 70, el Ejército salió a encargase de la seguridad y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, en la llamada guerra sucia.
De casos recientes señaló el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas, transeúnte del servicio público, asesinado por soldados después de una revisión en un retén de Huamuxtitlán en 2009, “porque en el autobús iba una persona con bota militar, eso ocasionó una discusión y después de que el camión se retiró, a menos de 50 metros de distancia los militares descargaron sus armas”.
Como ese, aseguró que hay muchos casos en el país, además de los ataques directos contra grupos de civiles desarmados, como en Tlatlaya en el Estado de México, y del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa.
Recordó las recomendaciones del relator contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los Grupos de Trabajo sobre desapariciones forzadas, libertad de expresión, detención arbitraria, desplazamiento forzados que llaman al gobierno de México a cesar la actividad militar en seguridad pública, a capacitar a las fuerzas policiales y regresar a los soldados a su función original. Pero en lugar de que regrese a los cuarteles, ahora piden facultades legales para estar en las calles, contradiciendo la propia constitución, se quejó.
Aclaró que hoy el Ejercito es un gobierno paralelo a los poderes formales en el país, “nadie se imagina a un agente del Ministerio Público llamando a comparecer a los soldados o a un policía obligando a militares a comparecer, o implementar una orden contra alto mando de las fuerzas armadas”.
“Es ahí donde el Ejército fija una posición política, a no ser sometido a una investigación, a no rendir cuentas, es la institución más hermética, no está abierto al escrutinio público, sólo ellos saben lo que pasa en las fueras armadas, carece de controles civiles”, explicó.
A pesar de que hay muchos militares en los mandos de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, opinó que no están exentos de infiltración y cooptación del crimen organizado.
“Aún estamos en un régimen civil, porque es ilegal que un militar entre a una casa a hacer un cateo, a detener a una persona, pero si se aprueba un marco legal los ciudadanos no tendrán forma de defenderse de las arbitrariedades, con facultades legales se va convirtiendo en un régimen militarista”, insistió.
Consideró que los foros a los que llaman diputados locales para discutir una ley que regule la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tendría que ser para “arreglar toda esa cloaca en las instituciones, en las policías, qué pasa con los ayuntamientos que se convirtieron en promotores de la droga, precisamente donde la violencia está desbordada”.

Intercambia la autodefensa de Totolapan a la mamá de El Tequilero por el ingeniero secuestrado

El ingeniero secuestrado, Isauro de Paz Duque fue liberado la noche de este miércoles tras las negociaciones de las autodefensas con el grupo criminal Los Tequileros, a quien intercambiaron por la madre de Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, pero se quedaron con el resto de los retenidos y piden la presencia del gobernador Héctor Astudillo para entregárselos.
Cerca de las 7 de la noche se anunció el intercambio y la posibilidad de una liberación. Fue en ese momento cuando llegó caminando solo el ingeniero Isauro, a quien dejaron libre cerca de la entrada de la cabecera municipal.
Minutos después llegaron policías ministeriales a pedir la liberación de los 18 retenidos considerando que había un acuerdo de entregar ante las autoridades al grupo y hacer el intercambio, pero la autodefensa sólo liberó a la madre de El Tequilero.
Los ministeriales se la llevaron al poblado La Gavia, pero a pesar de una fuerte discusión no les dieron a los retenidos.
Pidieron la presencia del gobernador para poderlos liberar, con el argumento de que si les entregaban al resto serían liberados inmediatamente, y ellos piden que sean investigados y procesados por sus nexos con la delincuencia organizada.
El personal del gobierno del estado que acudió este miércoles a negociar con el grupo de autodefensa, sólo mantenía la negociación pero para garantizar que los retenidos no fueran maltratados o lastimados, y para pedir su liberación, pero la negociación de la liberación del ingeniero con El Tequilero fue de la familia y del grupo de autodefensa, desde una casa vía telefónica.
El temor también era que una vez que no tuvieran a nadie retenido se viniera un ataque de noche del grupo criminal contra la autodefensa que se encuentra en la comandancia policiaca. Nuevamente rechazó desde muy temprano liberar a los retenidos y dejar las armas, pese a que policías del estado nuevamente se los solicitaron.
Llega sano y salvo el ingeniero

El grupo negociador encabezado por el vicefiscal Alejandro Santos González llegó a la comandancia dondeo los esperaba el ingeniero con su esposa la señora Yadira Guillermo García, quien pidió la palabra. Sacaron a la señora Félix Dealmonte, madre de El Tequilero para entregarla.
La señora Yadira expuso: “sólo le quiero decir al señor gobernador que voy a cumplir mi palabra, soy una mujer de palabra, mi esposo está conmigo a cambio de la mamá del señor Tequilero, le quiero dar las gracias por la intervención que tuvo, mi esposo está sano y salvo”.
Continuó, “muchas gracias, el pueblo está herido, sólo vamos a entregar a la señora, yo quiero entregarle unas palabras al señor gobernador, que hasta el día que él venga a San Miguel le vamos a entregar a los demás. El pueblo ya está unido y no vamos a dar marcha atrás”.
Un representante del gobierno estatal dijo, “hay una circunstancia, las acciones iniciales y los ilícitos que ellos pudieron haber cometido hay que ponerlo en manos de la Fiscalía, desde el primer momento en que platicamos les pedimos que lo pongan a disposición. Es mi deber pedirles que hagan entrega de ellos para proceder”.
La respuesta de la esposa fue: “lo que puedo decirles es que les entrego sana y salva a la mamá del Tequilero”.
Entre los que iban del gobierno estatal empezaron a platicar y a decir, “que eso no fue lo que acordamos”.
En ese momento un señor de la tercera edad pidió la palabra, dijo, “tengo a mi hijo secuestrado desde el 28 de octubre y no sé nada de él”. El hombre acababa de decir su primera frase cuando el grupo del gobierno estatal le dio la espalda y se retiró.
La acción provocó gritos entre la gente, “pongan atención”, y como no regresaron gritaron: “queremos paz, queremos paz”. Los negociadores del gobierno estatal se retiraron en medio de los gritos.

Llegan policías pero se mantienen sin intervenir

Casi a las 10 de la mañana llegó un convoy de 10 patrullas de la Policía Ministerial, se estacionó en la gasolinera que está abandonada en la entrada de San Miguel Totolapan, bajo una sombra permanecieron el resto del día sin alguna acción.
El Ejército estableció una base de manera formal dentro de San Miguel Totolapan, en el centro, pero a cinco cuadras de distancia de la comandancia donde se encuentra la autodefensa.
En la mañana el grupo de autodefensa grabó un video de la señora donde envía un mensaje a su hijo El Tequilero, pidiendo la liberación del ingeniero Isauro.
“Hijo si es cierto que tu tienes al ingeniero, si de verdad tu lo tienes, te pido que lo liberes que lo entregues porque yo sé que lo vas a hacer”, dijo la señora en un mensaje muy corto, donde incluso le preguntan si la han maltratado pero ya no quiso responder.

Llegaron policías comunitarios de la sierra a sumarse

Policías comunitarios de la sierra de San Miguel Totolapan del poblado de Petlacala llegaron por la tarde de este miércoles a la cabecera municipal para sumarse al movimiento de autodefensa y reforzar el grupo.
Son más de 20 policías comunitarios que bajaron del pueblo de Petlacala, anunciaron que en la sierra harán un bloque para impedir que El Tequilero intente huir por esa ruta.
Además dijeron que reforzarán las acciones en la cabecera municipal y que para este jueves y viernes esperan otros dos grupos que vienen de El Encino Amarillo y Linda Vista, para sumarse al grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan.
Desde principios del año se conformaron grupos comunitarios en la sierra de San Miguel Totolapan, que operan desde la parte media hasta la alta, en donde estiman que son más de 300 que integran el grupo.
Debido a que el movimiento anunció que mantendrán a los retenidos en la cabecera municipal se espera que siga la vigilancia.

Quitan soldados sus retenes en Iguala ante la versión de que habría protestas por Ayotzinapa

Soldados del Ejército quitaron los retenes de las entradas a la ciudad, y la seguridad en los accesos al 27 y 41 batallones de infantería fue reforzada ante la versión de que normalistas y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa protestarían en este lugar.
Antes de las 9 de la mañana de ayer policías militares que mantienen la vigilancia permanente en los retenes de Loma de Coyotes, en la salida a Teloloapan, El Tomatal en la salida a Chilpancingo y El Naranjo en la salida a Taxco abandonaron los puestos y fueron concentrados en el 27 Batallón de Infantería.
En la entrada principal del cuartel militar del 27 Batallón en el periférico oriente, la seguridad fue reforzada con la colocación de vallas metálicas con alambre de púas, además fue cerrado el portón que se colocó después de las protestas de padres de os 43 normalistas desaparecidos y estudiantes, y el acceso a vehículos no oficiales se suspendió.
En el perímetro frente al batallón y en el estacionamiento de la plaza Galerías Tamarindos, propiedad del ex alcalde detenido el perredista José Luis Abarca Velásquez, vinculado con el caso de los ataques y la desaparición de los normalistas, se vio la vigilancia de policías estatales y federales.
En el acceso al 41 batallón en la carretera Iguala-Taxco, ubicado atrás del 27 batallón, la seguridad implementada fue menor, pero también se levantaron vallas metálicas.
Desde la mañana surgió la versión de que normalistas y padres de los 43 desaparecidos vendrían a Iguala a una protesta, lo cual no sucedió pero alertó a las diferentes corporaciones policiacas y militares, a quienes también se les vio en recorridos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad.
Después de la 1 de la tarde fuentes del Ayuntamiento informaron que ante la versión de que vendrían normalistas y padres de los desaparecidos, personal de la Secretaría de Finanzas de las áreas de ingresos y egresos sacaron cajas de papelería, las cuales estaban subiendo a una camioneta de alquiler, presuntamente como parte del desalojo y resguardo de material ante una posible protesta.
Más tarde otras versiones indicaron que la papelería extraída del edificio de gobierno municipal es parte del informe de ingresos y egresos del ejercicio 2016, el cual trasladaron a un lugar que no se informó.

Se acordó con la autodefensa cambiar a la mamá de El Tequilero por el ingeniero, dice el gobierno

El gobierno del estado informó que el equipo negociador que envió a San Miguel Totolapan acordó, con la autodefensa que se creó en esa cabecera municipal, un intercambio entre el ingeniero levantado Isauro de Paz Duque y la madre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, además de la liberación y poner a disposición de las autoridades a los retenidos por los ciudadanos armados.
En el comunicado no dice cómo se logrará que la banda de Los Tequileros libere al ingeniero, para que se pueda hacer el intercambio, o si alguna de las partes ya tiene comunicación con esa organización delincuencial.
Ayer en la mañana el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) integrado por policías federales, estatales, el Ejército y el gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que fue un equipo negociador a San Miguel Totolapan y que se enviaron 220 agentes de diferentes corporaciones para una operación de búsqueda. 120 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 60 policías federales y 40 estatales.
En un boletín del gobierno del estado se informó anoche de los acuerdos entre una comisión de funcionarios y de personal de la Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos (Codehum) con siete vecinos de San Miguel Totolapan.
El comunicado fue distribuido anoche a los medios de comunicación. A algunos les llegó mediante la Secretaría de Seguridad Pública, a otros por la Secretaría de Gobierno o por la oficina de comunicación del gobernador.
Según el boletín la mesa de trabajo concluyó con el acuerdo con los pobladores de San Miguel Totolapan de “liberar y poner a disposición de las autoridades correspondientes a una veintena de prsuntos integrantes del grupo delictivo Los Tequileros, ahora retenidos por autodefensas, así como a la madre de Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero”.
Agrega: “se hará un intercambio entre el ingeniero Isauro de la Paz Duque por la señora Felix de Almonte, madre del presunto delincuente apodado El Tequilero, ante esta acción los funcionarios de gobierno y policías estatales permanecerán en el lugar hasta que se concreten esos resultados”.
Agrega que trasladará a los retenidos al Ministerio Público de Arcelia, “bajo la observancia de todas las medidas de seguridad”, “respetando en todo momento sus derechos humanos”.
Se informó que la reunión fue en la Secundaria Técnica No 38 de San Miguel Totolapan y que participaron el director de Gobernación del estado Jesús Vargas, el vicefiscal de Prevención Alejandro Santos, la primera visitadora de la Codehum Violeta Carolina Parra, así como siete pobladores de esa localidad de la región Tierra Caliente.
Antes al mediodía el gobierno estatal envió otro boletín en el que informó que acordó la integración de un equipo de negociación que “establezca contacto inmediato con familiares de un ingeniero reportado como desaparecido y con la autodefensa que se conformó en su búsqueda en la cabecera de San Miguel Totolapan”.
En este comunicado el gobierno estatal dice que la fuerza conjunta de 220 agentes busca que no lastimen a las personas reportadas como desaparecidas, “ni tampoco a la madre del jefe de la banda de Los Tequileros que al parecer se encuentra en manos del grupo de autodefensa”.

Tiene la autodefensa de Totolapan a 18 retenidos; se armaron ante la violencia, justifica el alcalde

 

La recién formada autodefensa de San Miguel Totolapan mantuvo retenidas ayer a 18 personas incluyendo a la mamá del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, con la intención de intercambiarlas por el ingeniero secuestrado Isauro de Paz Duque, con vida, lo que se asentó como acuerdo en una mesa de negociación con representantes del gobierno del estado que acudieron al punto del conflicto para dialogar.
Ayer cerca de las 10 y media de la mañana llegaron agentes del gobierno del estado a San Miguel Totolapan para dialogar con el movimiento que se levantó en armas este lunes, y para pedirles la liberación de las 18 personas que mantienen retenidas.
Por otra parte según un informe oficial, la noche del lunes, los integrantes de las autodefensas soltaron a seis personas de las 24 que mantenían retenidas en la comandancia, a quienes acusan de nexos con la delincuencia organizada y de trabajar para el grupo criminal Los Tequileros.
Entre los retenidos acusados de vínculos con criminales está la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro y la madre de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, la señora Félix de Almonte.

Los acuerdos

La mesa de negociación se canceló casi al mediodía y se retiró el grupo del gobierno una vez que escuchó las inconformidades.
La postura de la autodefensa fue clara desde el principio: no liberar a ningún otro retenido hasta que estuviera libre el ingeniero.
Cerca de las 4 de la tarde se reanudó la mesa de negociación y las demandas de la autodefensa quedaron como acuerdos: Primero que se hará el intercambio de la señora Félix de Almonte, madre de El Tequilero a cambio de la vida del ingeniero Isauro de Paz.
El resto de los retenidos serán puestos en manos del agente del Ministerio Público de Arcelia para su investigación una vez que se haga el intercambio, se respetará la integridad de cada uno y se mantendrá la policía en el lugar como refuerzo a la seguridad.
En la reunión estuvieron Jesús Vargas Vargas director general de Gobernación del Estado, Alejandro Santos González vicefiscal de Prevención, Violeta Carolina Parra Reyna primera visitadora general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, además de una comitiva de siete vecinos de San Miguel Totolapan.
La autodefensa se mantuvo armada, en la tarde hubo reportes de camionetas con civiles armados de El Tequilero muy cerca del centro y eso puso en alerta a todo el grupo que resguarda dos cuadras a la redonda de la comandancia de la policía, donde están los retenidos, pero no hubo ningún enfrentamiento.
Ayer en la reunión hubo versiones de que hay negociaciones con El Tequilero para el intercambio.

“Dónde está mi marido”; se suman al movimiento familiares de víctimas de secuestrados

La presencia militar y policiaca en la cabecera municipal es intermitente, los agentes salen y entran. El argumento es que están buscando al ingeniero en recorridos foráneos.
San Miguel Totolapan está desierto, todos los negocios están cerrados, las casas cerradas, casi no se ve gente en las calles sólo patrullajes de las autodefensas. Algunas viviendas lucen banderas blancas del mismo grupo.
A la zona están llegando personas a sumarse desde muy temprano al movimiento.
Sonia es una mujer de 30 años de edad aproximadamente, acudió con familiares a sumarse al movimiento y expresó, “quiero que me digan dónde está mi marido, lo secuestró El Tequilero”.
Informó que recientemente secuestraron a su esposo, pagó 40 mil pesos por él cuando le pedían 200 mil.
“Estoy embarazada y me hicieron subir una loma para dejar el dinero y a la fecha no sé nada de mi marido, quiero que me lo entreguen por eso estoy aquí, porque quiero que ellos me ayuden a encontrar a mi marido”, dijo la mujer mientras lloraba.

Si el gobernador no atiende San Miguel habrá un enfrentamiento, advierte el alcalde

El presidente municipal Juan Mendoza Acosta, de extracción perredista, dijo a la prensa nacional y estatal que acudió al lugar que si el gobernador Héctor Astudillo Flores no atiende San Miguel Totolapan podría haber un enfrentamiento.
“El pueblo está haciendo su deber, el pueblo se está levantando porque la gente está cansada, mi postura es que lleguemos a un diálogo y que reine la paz, a un término bueno pero que al pueblo se le haga justicia”, dijo.
También expresó que “el tema es la inseguridad, quieren paz, quieren tranquilidad, si el gobierno les garantiza eso desistirán pero además que los tequileros se entreguen”.
“Yo no me he acercado al movimiento pero la situación es así hace 15 días que se levantaron a dos contadoras de aquí, (empleadas municipales), hace ocho días mataron a un tránsito municipal, el domingo se levantan a un ingeniero, eso derramó la gota, la gente se levantó”, relató.
“Yo le pido al gobernador que mire a San Miguel Totolapan porque puede haber un enfrentamiento”.

 

Atacan con cuerno de chivo a cuatro policías de Taxco desarmados que trabajaban con militares; tres están heridos

Hombres armados a bordo de dos vehículos atacaron la tarde de ayer con fusiles AK-47 a cuatro policías municipales de Taxco desarmados, hirieron a tres de los cuales dos fueron reportados graves.
Los agentes iban en una patrulla en el barrio Reforma en la avenida de Los Plateros cerca del centro de la ciudad.
El alcalde priista Omar Jalil Flores Majul dijo que el ataque a los uniformados que hacen funciones de proximidad social, es en respuesta al trabajo con el Ejército y dio a conocer que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad.
Según reportes de fuentes policiacas de seguridad pública del estado y vecinos de la cabecera municipal de Taxco, minutos después de las 12 de la tarde ocurrió una fuerte balacera en la avenida de Los Plateros, en el punto conocido como La Curva del Manguito, lo que generó caos entre automovilistas, comerciantes y en escuelas cercanas a la zona donde padres de familia fueron por sus hijos.
Minutos después las autoridades supieron que dos grupos de hombres armados a bordo de dos vehículos, un Sentra gris y un Jetta negro atacaron con armas de grueso calibre a cuatro policías desarmados, que iban en la patrulla de la Policía Municipal 57016.
El ataque a los policías fue cuando circulaban en la avenida Los Plateros de norte a sur, afuera de la Clínica de Especialidades, cerca de una sucursal de la cadena de tiendas Oxxo. Algunas balas impactaron en la fachada de la clínica y un automóvil Volkswagen Sedan rojo que estaba estacionado afuera.
Tras la balacera la patrulla se impactó con la barda del estacionamiento del hotel Real de San Diego, a unos 50 metros de donde inició el ataque. En seguida los sicarios huyeron.
En el ataque resultaron lesionados por los impactos de bala los policías Cristian de 30 años, Mario de 35 y José Alonso de 35 años.
También se dio a conocer que iba una mujer policía que salió ilesa y que sólo tuvo una crisis nerviosa. Los tres lesionados fueron trasladados para su atención al hospital general de esa ciudad.
En la patrulla de los policías se observaron más de 30 impactos de bala, principalmente en el cofre, el parabrisas y la puerta del lado del chofer.
Según las fuentes, en la zona encontraron más de 50 casquillos percutidos de diferentes calibres, entre estos 7.62 para fusil AK-47.
Tras la agresión se dio a conocer el despliegue de un dispositivo de búsqueda de los sicarios sin que hasta la noche de ayer se hayan dado a conocer resultados.
En declaraciones vía telefónicas tras el ataque a sus policías, el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores Majúl atribuyó el hecho a una respuesta de delincuentes al trabajo coordinado que de los policías con soldados del Ejército.
Adelantó que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad en su municipio, que tiene 76 policías municipales certificados desarmados que hacen funciones de proximidad social.
También tiene el apoyo de militares y policías estatales, estos últimos que son quienes están al frente de la seguridad.
Minutos después de las 2 de la tarde el alcalde informó que sus 76 policías municipales, los cuales tienen acreditados sus exámenes de control de confianza desde 2014 –tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala- están desarmados.
Dio a conocer que a los policías les había estado pidiendo resultados en algunos ilícitos como el robo de vehículos, por lo que se coordinaron soldados del Ejército, así que cree que el ataque de ayer fue en respuesta a esas labores.
Del estado de salud de los tres policías lesionados informó que dos estaban en quirófano, “ya que les dispararon con AK-47”, otro tuvo una lesión en un brazo y la mujer fue dada de alta.
Dijo que pedirá al gobierno del estado el reforzamiento de la seguridad “porque los policías no van a querer salir a las calles después de esto”.
La zona fue vigilada por policías estatales y soldados del Ejército en tanto que la circulación vehicular fue cerrada durante la práctica de las diligencias por peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del estado.