Trabajadores del Instituto Estatal de Oftamología en su protesta afuera de las instalaciones ubicadas en Ciudad Renacimiento Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
Trabajadores del Instituto Estatal de Oftalmología se manifestaron esta martes para exigir la destitución de la recién nombrada directora, Alejandra León Hernández, a quien señalan de acoso, hostigamiento y persecución laboral.
La manifestación no afectó los servicios en el instituto porque los trabajadores se mantuvieron afuera del lugar sin obstruir la entrada de los pacientes.
Los trabajadores fueron res-paldados por integrantes del Sindi-cato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y del Sindicato Único de Traba-jadores al Servicio de los Orga-nismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado de Gue-rrero y Municipios (Sutsopegm).
Los manifestantes se quejaron que la actual directora les quitó diversas prestaciones como los vales de despensa, incorporación al fondo de ahorro, prima de riesgo sanitario, bono de puntualidad, beca de estudios a trabajadores, beca de excelencia a hijos de trabajadores, entre otras prestaciones.
La líder del Sutsopegm, Guillermina Rodríguez Parra, contó que son 11 trabajadores del instituto que han sido acosados por la directora, por lo que pidió a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, la destitución de la funcionaria porque no está cumpliendo con los acuerdos de la minuta para garantizar los pagos correspondientes, luego de la protesta que hicieron el 2 de septiembre.
Dijo que las prestaciones les fueron retiradas por la directora, lo cual ha “agrabado la situación de nuestros compañeros porque les han afectado su ingreso familiar, son prestaciones contractuales y son sagradas, no deben ser tocadas”.
Señaló que la directora no cumple los acuerdos porque dichos trabajadores no apoyaron el movimiento de destitución del anterior director. Señaló que la directora ha hecho caso omiso a la firma de minutas por sus superiores, “no las acata y está al servicio de un grupo de la sección 57 que mal dirige este instituto”.
Añadió Rodríguez Parra que esas arbitrariedades no las van a permitir y “hemos agotado el diálogo y cuando no hay una respuesta positiva nos hemos obligado para hacer este tipo de acciones que ahorita es de manera pacífica porque las apuestas son abiertas, hay servicio porque no queremos afectar a la ciudadanía, pero sí se cumplan a los compañeros”.
Advirtió que poco a poco irán radicalizado sus acciones si no les hacen caso. Pide la intervención de la gobernadora para que dé la indicación directa de que se cumpla la minuta.
Por su parte, en un comunicado la líder sindical de la sección 57 del SUSPEG, que aglutina a la mayoría de los trabajadores del instituto, Lilia Barrera Martínez, manifestó que la protesta de este martes fue convocada con la finalidad de buscar “una confrontación con esta mesa directiva y los directivos de la institución”.
Indicó también que las ac-ciones de protesta “buscan generar afectaciones no sólo a nuestro orga-nismo, sino a nuestros pacientes, producto del problema político sindical que aún persiste y que pretenden desestabilizar bajo el argumento que es un conflicto laboral con la directora”.
La líder sindical llamó a la unidad y dijo: “debemos actuar con prudencia, inteligencia y sensatez. Reiteremos nuestro compromiso de trabajar a favor de nuestra población”.
Exhortó a trabajar con disciplina y respeto anteponiendo el diálogo ante cualquier circunstancia y “al mismo tiempo defendamos a nuestra institución con nuestra mejor carta de presentación que es el trabajo y la calidad humana en favor de nuestros pacientes que es a quienes nos debemos”.
“Ante las amenazas de estas personas de pretender tomar como rehenes a los trabajadores y a la institución, no debemos caer en provocaciones por ningún motivo. Les reitero mi compromiso de seguir trabajando por nuestros derechos laborales y el bienestar de nuestra institución”, finaliza el comunicado de la líder sindical.
En el 15 aniversario del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (STOOAEG), sindicato independiente en CAPAMA, agremiados de éste exigieron justicia por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, ocurrido en abril de este año.
Uno de los oradores señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene ni un avance en las investigaciones de los hechos por lo que “exigimos el esclarecimiento del crimen y exigimos justicia”. En la asamblea que se llevó a cabo en el hotel del Magisterio, en la calle Hornitos de la avenida Costera, el STOOAEG, que dirige José Martín Martínez, entregó post mortem la presea Juan R. Escudero al dirigente del Cecop, por su solidaridad con los movimientos sociales y a nombre de éste y su familia los recibió su prima Maricela Navidad Dorantes.
En las participaciones de los asistentes recordaron a Suástegui como un luchador que apoyó las causas sociales y si hoy “viviera con nosotros estuviera”. Dijeron que entendía claro que las luchas aisladas no conducían a nada y que se debía tener una vinculación; que siempre estuvo en los momentos más duros de los movimientos y “siempre dispuesto a rifársela con nosotros y jamás nos pidió nada por el apoyo”.
Uno de ellos indicó que fueron aliados y que Marco Suástegui fue un aliado sincero hasta el último momento y “ese era un rasgo de su personalidad”.
La ex alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, dijo que la lucha social no ha sido fácil porque ha costado muchas vidas durante décadas en el país. Gente que ha luchado por años y siguen esperando que llegue la justicia.
Recordó que en su gobierno hubo mucha resistencia de su propia gente, sin embargo se apoyó con todo al STOOAEG porque conoce a José Martín Martínez desde hace muchos años y siempre lo ha admirado como compañeros de lucha. Román Ocampo dijo que cuando se aprobó el antimonumento a los 43 normalisas en el Cabildo, algunos integrantes de Morena se opusieron y estaban en contra porque “cómo en la Costera iba a ponerse el antimonumento que afectaba al turismo y pusieron una serie de argumentos tan absurdos”.
Recordó que les respondió: “Es precisamente lo que queremos, que se vea, que quede en la memoria colectiva la desaparición de los jóvenes”. Incluso morenistas dijeron que lo llevaran a alguna colonia, pero no en la Costera porque eso dañaba la imagen de Acapulco y señaló: “Si venimos de un movimiento de lucha, democrático, progresista, revolucionario y a la hora de gobernar tenemos esa mentalidad, imagínense pobre pueblo, pobre sociedad”.
Dijo que reconocía la lucha de los movimientos y que no tienen que ser aislados y Marco Antonio Suástegui tenía muy claro que se tenía que ir hermanados porque era la única manera de que los movimientos sociales progresaran y, por eso, los llamó a seguir unidos.
El dirigente José Martín Martínez dijo que las organizaciones y los movimientos necesitan vincularse.
Destacó que se está pensando en un encuentro de organizaciones con la finalidad de empezar a trabajar en una organización en la defensa colectiva de los derechos de cada una, pero con respeto a la autonomía de cada una. Indicó que es necesario y es algo que se estaba construyendo con Marco Antonio Suástegui, pero “no nos alcanzó el tiempo, pero estábamos en esa ruta de que las luchas aisladas traen muy pocos dividendos y urge en Guerrero retomar la lucha bien organizada, estructurada, que lleve a cada una de las organizaciones a resolver sus principales demandas”.
También los asistentes guardaron un minuto de silencio y otro de aplausos por Marco Antonio Suástegui, así como por el dirigente de la Unidad Popular Emiliano Zapata, Arturo Hernández Cardona; el miembro fundador del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad, Bertoldo Martínez Cruz; el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán y por todos los luchadores sociales que ya no están debido a la “herencia y legado que nos han dejado”.
La señora Blanca Iris Corona denuncia el fallecimiento de su hija Karime Posadas por negligencia médica en el Instituto Estatal de Cancerologia (IECAN), afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Afuera del Recinto del Poder Ejecutivo del estado, Blanca Iris Corona Galarce exigió justicia por la muerte de su hija Karime Itzel Posadas Corona, en el Instituto Estatal de Cancerología (Iecan) de Acapulco, luego de recibir una transfusión de sangre contaminada.
Señaló que el médico Miguel Ángel Astudillo, que atendió a la adolescente la noche del 25 de febrero, pidió a sus familiares firmar un documento para autorizar, en caso de ser necesario, resucitación o intubación por un “evento centinela”, debido a una transfusión de sangre contaminada”.
El evento centinela consiste en un imprevisto que no está relacionado con la historia de su enfermedad de la paciente, que puede resultar en la muerte, daño permanente o temporal, y Karime de 17 años de edad murió al siguiente día, el 26 de febrero.
La madre explicó que por el duelo en un primer momento no prestaron atención al documento de la autorización de procedimientos que conservaron en una fotografía, pero la negligencia médica trascendió en redes sociales con un mensaje de justicia para Karime, pues otros pacientes sufren este mismo problema, pero pocos alzan la voz.
Ayer, solicitó hablar con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que separe a los funcionarios que están en el instituto mientras se hace la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), y para garantizar su imparcialidad del proceso con peritos externos.
Blanca Corona señaló que la directora del Banco de Sangre del Iecan, Kora Heziquio Calderón, autorizó la salida de sangre y plaquetas contaminadas que se aplicaron a su hija, lo que no debería ocurrir nunca.
Después del fallecimiento de su hija, denunció que ni Heziquio ni el nuevo director del Iecan, Rael Escoto Hernández, informaron nada a los familiares.
Después, cuando confrontó a Kora Heziquio, ésta le dijo que no podía hacerle nada porque estaba recomendada por el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Consideró que estas fallas son resultado de que no hay personal calificado en el banco de sangre ni en la dirección del Iecan, sino recomendados. Indicó que Kora Heziquio y Real Escoto son médicos sin especialidad para dirigir estos espacios.
Escoto Hernández sustituyó en el cargo hace unos meses a Sandra María Fajardo Hernández, que sí tiene una sub-especialidad en Cirugía Oncológica para Adultos en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México avalada por la UNAM, de acuerdo con una ficha de estudios en línea.
Por la tarde, Pedro Corona, hermano de Blanca, informó que en el Recinto del Poder Ejecutivo fueron atendidos con amabilidad por el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez, quien ofreció hacer lo posible para que se agilice la investigación, y que el expediente clínico que entregue el Iecan a la FGE vaya completo.
El funcionario les recomendó reunirse también con la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, que no mostró la misma disposición, denunció.
A la petición de que se sancione a la titular del Banco de Sangre que autorizó la salida de sangre contaminada, o al menos la separen del área para la investigación, Pedro Corona dijo que la funcionaria respondió que no podía hacer nada, porque el sistema hospitalario de Guerrero ahora es parte del IMSS Bienestar. Sólo ofreció ayuda sicológica.
Cuando le preguntaron si estaba enterada del caso, dijo que sí, por medio de una ficha informativa, de la que no precisó fecha, aunque se la requirieron.
El familiar de la víctima señaló que Alondra Carbajal, como el coordinador del IMSS Bienestar en Guerrero, Jesús Adame Reyna, conocieron el caso en una actividad del Congreso del estado, el pasado 1 de septiembre, del Mes de la Concientización sobre el Cáncer Infantil, donde Blanca presentó su testimonio. A pesar de escuchar la gravedad de la denuncia, no hicieron nada.
Trabajadores del Instituto Estatal de Oftalmología de Acapulco protestaron en la sede del Poder Ejecutivo del estado con el apoyo de la secretaria general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adela Hernández Angelito, para exigir la destitución de la directora María Alejandra León Hernández, que retiró prestaciones a 17 sindicalizados y se negaba a restituirlas, pese a los acuerdos en anteriores mesas de trabajo.
De los 17 afectados, señalaron que cuatro fueron expulsados de la sección 57 del SUSPEG que encabeza Lilia Margarita Barrera Martínez, porque no participaron en un paro de labores para la renuncia del anterior director, Roberto Estrada Amaya, el segundo jefe del instituto en lo que va de la actual administración.
En 2022, la Sección 56 presionó por la separación del director Mario de la O Almazán, afirmaron.
Tras una hora de reunión en el ex Palacio de Gobierno, Hernández Angelito informó a los manifestantes que acordaron con el director de Personal del gobierno del estado y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Omar Estrada Bustos, que el 9 de septiembre se cubrirán adeudos de trabajadores.
La Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado de Guerrero y de los Municipios, Guillermina Rodríguez Parra, añadió que dejaron sobre la mesa la petición de la destitución de la directora de Instituto Estatal de Oftalmología, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien la nombró en el cargo.
Los afectados indicaron que desde junio una vez que la nueva directora asumió el cargo, los sacaron del Fondo de Ahorro, les retiraron de la entrega de vales despensa, primas de riesgo sanitario, bono de puntualidad, beca a trabajadores, la beca trimestral de estudios y excelencia para sus hijos y apoyo anual de útiles escolares.
Incluso, aumentó los costos del tabulador de consultas y operaciones, denunciaron.
Explicaron que la directora es secretaria de Comunicación del Comité de la Sección 57, y el sindicato la propuso como directora para castigar a quienes no apoyan sus acciones políticas.
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado de Guerrero y de los Municipios, es filial del SUSPEG. Su líder Guillermina Rodríguez explicó que los secretarios generales de distintas secciones del SUSPEG acompañaron a la protesta a trabajadores de Oftalmología golpeados por su propia sección sindical, la 57, que lidera Lilia Margarita Barrera, donde la directora hace caso al sindicato.
Consideró que la directora, María Alejandra León Hernández, “se debe a la gobernadora, no al sindicato”, tampoco le corresponde aplicar ningún tipo de sanción, menos retirarles prestaciones que han tenido por años.
“Ya habíamos tenido mesas de trabajo con los funcionarios, pero no se habían acatado las resoluciones, pero esta vez ya se acordó la restitución de los derechos de los compañeros, y esperamos que la doctora León asuma su papel, porque no le corresponde hacer ningún tipo de represión o de hostigamiento, y no se vale que por no participar en un movimiento que nada más era para beneficios personales, se tomen represalias”.
De la exigencia de remoción de la directora, indicó que dejaron todos los antecedentes y será la gobernadora quien tome una decisión.
Integrantes del Colectivo en pro de defensa del Jardín del Puerto en declaraciones a reporteros después de salir de una reunión con autoridades de la Asipona en AcapulcoFoto: Jesús Trigo
Aurora Harrison
Integrantes del Colectivo Ciudadano de Recuperación del Jardín del Puerto exigieron la demolición de los locales comerciales porque no se respeta lo dicho por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de que el 90 por ciento de la zona no se va a construir y el 10 por ciento sólo se va a rehabilitar.
Los integrantes del colectivo se reunieron con el director general de la Asipona, el vicealmirante Raymundo Sánchez López. Al final de la reunión, el grupo de ciudadanos informó que la mesa de trabajo la solicitaron para saber en qué consistía tener 90 por ciento de área libre y 10 por ciento impactado.
En un video publicado en la cuenta de Facebook del colectivo, aparece el arquitecto Luis Enrique Ramos Duarte haciendo una explicación con diapositivas del por qué ellos están pidiendo que sea un espacio público con áreas verdes y no con locales comerciales.
Sostuvo que el Jardín del Puerto tiene 4 mil 800 metros cuadrados y si el 90 por ciento no se construye, serían 4 mil 320 metros cuadrados para área libre, y 10 por ciento serían 480 metros cuadrados, y es que mencionó que el área comercial “fracasó” e incluso dijo que “hubo un conflicto por ser centro comercial, se cerró, se demandó y se ganó”.
En declaraciones posteriores a la reunión Ramos Duarte dijo que “la conclusión del análisis es que para respetar el mandato de la presidenta se tiene que demoler todos los locales comerciales y sólo dejar el Marinabús, con los comercios aledaños y todo lo demás tendría que funcionar como un espacio público sin techo”.
Agregó que hay apertura de funcionarios de Asipona, “pero no podemos decir lo mismo de Sebastián Ramírez, que aunque ellos tienen la apertura, es clara la decisión, ellos acatan una orden, y si la presidenta mandata un 90-10 los acapulqueños queremos verlo reflejado en el proyecto y la solución es demoler los locales comerciales”.
Ramos Duarte mencionó que los trabajos de rehabilitación continúan y no mostraron una modificación en los proyectos que refleje la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La directora de proyectos Habla Bien de Aca, Vivían Heredia, explicó que el área del Jardín del Puerto son 4 mil 800 metros y eso 90-10, a los que se refería la presidenta es solo el área del jardín, y “nosotros nos hemos ofrecido a colaborar con la Asipona y dar soluciones, porque esto necesita una justificación económica y el que sea un jardín tiene una justificación económica mejor si nada más están los locales”.
“Los locales se tienen que derrumbar para que se cumpla con la palabra de la presidenta”, dijo, al tiempo que consideró que si se hace la demolición en estos momentos “es económicamente mejor, que una vez que ya estén terminados, por eso se tienen que derrumbar; la exigencia es que se cumpla la palabra de la presidenta 90-10 para el Jardín del Puerto”.
Advirtió que si los problemas no se resuelven estos escalan y “creemos que es evidente que no nada más es un grupo, es la ciudadanía de Acapulco, todos queremos una ciudad mejor, y confiamos que las autoridades también quieren una ciudad mejor, y no descartamos que el diálogo todavía es una herramienta”.
El arquitecto Manuel Ruz dijo que los “locales se construyeron de una manera indebida y si se va a dar continuidad rehabilitándolos se está legalizando lo ilegal, y lo que nosotros queremos es que ese espacio vuelva a ser un espacio público de área libre”.
“Lo que pugnamos es por la vista, no queremos macetas, sino árboles que den sombra, pero también queremos caminar tendiendo está vista al mar, porque es increíble que Acapulco está desapareciendo con esas ventanas ecológicas, cada vez es un bulevar no hay acceso a la playa, cuando el mar nos dio vida”, dijo.
Consideró que el edificio que por mucho tiempo fue estacionamiento, que está junto a las oficinas de la Asipona se puede poner los locales comerciales y “es altamente rentable, porque será de alta gama esos espacios”.
Las obras del muelle del Marinabús en Puerto Marqués que fueron detenidas por pobladores que se oponen al proyecto Foto: Carlos Carbajal
Jacob Morales Antonio
Vecinos de Puerto Marqués pararon los trabajos de reconstrucción del muelle y la construcción de la taquilla del nuevo sistema de transporte acuático Marinabús, para pedir la presencia de los responsables del proyecto a cargo de la Secretaría de Marina, y el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza.
Ante la demanda de los vecinos encabezados por el comisario municipal, Martín Carmona Salinas, por medio del gobierno del estado se ofreció una reunión con una comisión de 10 personas en la Base Naval a las 3 de la tarde y donde estarían supuestamente los encargados del proyecto y el director general de Fonatur, pero fue rechazada, para evitar malos entendidos y pidieron que fuera en el poblado, para que lo que se diga sea público.
En tanto. el director general de Fonatur, Ramírez Mendoza, y el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco, en sus redes sociales difundieron que se encontraban en Zihuatanejo con la alcaldesa Lizette Tapia Castro, haciendo un recorrido en áreas que requieren de mejoramiento de la infraestructura en la zona turística.
A las 10:30 de la mañana, unos 30 vecinos llegaron junto con el comisario municipal, y pidieron a los trabajadores suspender los trabajos en el muelle y la construcción de las taquillas del Marinabús, hasta que acudieran los responsables del proyecto.
Luego llegaron más vecinos y prestadores de servicios turísticos, quienes interrumpieron sus actividades en la zona de playa, y permanecieron hasta las 2 de la tarde, cuando se le informó que se quedaría una comisión a vigilar que los trabajos no continuaran, hasta que acudieran los funcionarios a una reunión con el pueblo.
En declaraciones, el comisario Carmona Salinas reclamó que la acción obedece al incumplimiento del gobierno federal, para hacer el dragado de la Laguna Negra de Puerto Marqués, habilitar la planta tratadora de aguas residuales, así como la audiencia con el director general de Fonatur, Mendoza Ramírez.
“Nosotros lo que solicitamos es platicar con el director general de Fonatur, que nos dé la cara, porque no nos quieren cumplir los compromisos que hemos hecho”.
Dijo que el gobierno federal los está tratando de engañar con el programa de pinta de fachadas de las casas ubicadas en la avenida principal, cuando ese programa se lanzó desde el paso del huracán Otis, y que no llegó al poblado en su momento.
El comisario solicitó públicamente una reunión con el director general en Puerto Marqués con todo el pueblo, “tiene que dar la cara, porque si no los trabajos del Marinabús desde este momento los vamos a parar”, y advirtió que en caso de no ser escuchado van a ir hasta la Ciudad de México a protestar.
El ex comisario, y líder de prestadores de servicios turísticos, Rafael Cisneros, en su intervención informó que renunciaba como integrante del comité de las obras de rehabilitación del poblado, para que no se mal interprete por parte del gobierno federal, o en su caso se diga que está avalando los proyecto que se pretenden hacer como el Marinabús.
El presidente de la Sociedad Cooperativa Piedra del Gallo, Eloy Figueroa Roque, quien desde hace 50 años se dedica a la renta de servicios acuáticos, expresó que el Marinabús los dejará sin sustento económico, porque las familias que lleguen a Acapulco van a preferir usar este transporte y ya no rentar las embarcaciones para pasear en la bahía.
Dijo que creció en el poblado, ahí crió a sus hijos, que hoy también trabajan en la playa, y donde sus nietos son la nueva generación. Las autoridades “se están olvidando de los prestadores de servicios turísticos, nosotros tenemos que llevar el alimento a nuestras familias, y queremos seguir llevando los alimentos a nuestras familias”.
Ficha de la desaparición de Pablo César Maganda Hernández t Foto: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
Ramón Gracida Gómez
La Fiscalía General del Estado (FGE) le ocultó a Gloria Maganda información de los presuntos perpetradores de la desaparición de su hijo Pablo César ocurrida hace 18 años, la madre de la víctima recibió por primera vez la carpeta de investigación apenas en mayo pasado y exige que las autoridades den con su paradero. El Sur publicó el 28 de marzo pasado la
denuncia de Gloria Maganda de 18 años sin recibir nunca la carpeta de investigación, la cual reiteró en el tercer aniversario de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia el 3 de mayo, su caso fue replicado en la conferencia matutina del 16 del mismo mes y la FGE le entregó la carpeta el 27 por “presión” de Presidencia.
“¿Cómo es posible que las autoridades me tengan 18 años escondiéndome la carpeta y en una semana la encuentran?”, preguntó en la entrevista de ayer con este periódico.
Quien se la entregó fue Jorge Iván Ignacio Gutiérrez, integrante de la Fiscalía de Delitos Graves en Chilpancingo y encargado del resguardo de la carpeta, el mismo funcionario que le dijo hace tres años que no existía la carpeta de investigación.
Fue una respuesta similar que recibió en abril pasado de un amparo que presentó en 2024 para pedir una copia de la carpeta de investigación en el Juzgado de Control del Distrito de Tabares ubicado en el poblado de La Poza, en la zona Diamante, la resolución dicta que “no había ni siquiera una denuncia de parte mía”.
“Yo me sentí muy mal, muy mal, casi me ando volviendo loca y digo cómo es posible, entonces qué, no tuve hijo, no me lo desaparecieron, o sea, estoy loca o qué”.
Al leer la carpeta de investigación de su hijo Pablo César Maganda Hernández, la mujer de 62 años se dio cuenta que “en la poca, poquita investigación que hicieron resulta que ahí dice que a los tres meses ya sabían quién se había llevado a mi hijo y a mí me lo ocultaron, yo no sé si ése haya sido el motivo por el que me hayan escondido tantos años la carpeta”.
Encontró que los perpetradores del secuestro y el asesinato de una vecina suya de San Andrés Playa Encantada, a un costado de Barra Vieja, plagiada el mismo 27 de julio de 2007 que fue desaparecido Pablo César, confesaron que desaparecieron a su hijo de entonces 22 años.
Pablo César era chofer de taxi colectivo de la ruta Puerto Marqués-Lomas de Chapultepec, la señora secuestrada fue su pasajera ese día en el que ambos fueron desaparecidos, sólo que el cuerpo de la mujer fue encontrado 15 días después y el hijo de Gloria Maganda nunca fue hallado.
“Como a los tres meses agarraron a esas personas, era el mismo esposo de la señora con sus cómplices, en la investigación que hicieron ahí decía que ellos eran responsables del secuestro de la señora y de la desaparición del taxista, incluso dicen que el taxista era vecino de San Andrés y sí es cierto, pues ahí mi hijo vivía con su abuela”.
Gloria Maganda compartió el recorte de un periódico de su denuncia en 2007, cuando el Ministerio Público de Costa Azul “hasta me cerraban la puerta, no me recibían, me decían que no estaba el titular en ese tiempo, un día lo tuve que esperar afuera sentada en la banqueta hasta que salió él como a las 3 de la tarde y ahí lo abordé, y me dice, no, señora, ya la carpeta la mandé para Chilpancingo”.
La madre de Pablo César desconoce si los presuntos responsables de la desaparición de su hijo se encuentran libres o detenidos, “a ellos no los agarraron por secuestro, no los agarraron por la desaparición de mi hijo, a ellos los agarraron porque vendían droga”; conoce sus nombres, pero evitó compartirlos por una razón de seguridad.
Son nueve personas acusadas de vender droga y que estarían involucradas en el secuestro de la vecina de Pablo César, el hermano de Gloria Maganda, Armando Maganda Hernández, fue testigo de que la mujer plagiada iba en el taxi colectivo que manejaba su sobrino; Armando Maganda fue desaparecido el 26 de enero de 2008.
El sábado pasado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero emitió una ficha para localizar a Pablo César Maganda Hernández, “pero en la carpeta dice que me lo desaparecieron esa gente, o sea, no entiendo por qué esa ficha, por qué de búsqueda, por qué no van las autoridades y le preguntan a ese señor si está preso, que le pregunten dónde dejó a mi hijo”.
Gloria Maganda acudió hace un mes a la FGE de Acapulco para pedir que busquen a estas personas y un fiscal, del que no sabe su nombre, le respondió “cínicamente” que no pueden hacer nada porque los secuestradores, de quienes no supo decirle si siguen presos o no, “si quieren, hablan, y si no quieren no hablan porque es su derecho”.
“¿Mis derechos o los derechos de mi hijo dónde quedan?”, preguntó la madre del joven desaparecido que sollozó varias veces durante la entrevista de 25 minutos.
“Yo le dije: ahora me van a traer igual como me traían hace 18 años, como pelota nomás rebotando de un lado para otro”.
El 18 de agosto, Gloria Maganda tendrá una mesa de trabajo en Chilpancingo con integrantes de la Fiscalía de Delitos Graves, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y otras instituciones.
“Yo estoy exigiendo que ellos investiguen, han sido 18 años que han violado mis derechos y ya recibí la carpeta y ya se quedaron todos bien tranquilos, o sea, ellos piensan que solamente quería yo el papel, la carpeta para adorarla o qué; no, siempre la quise para que investigaran”.
Gloria Maganda también denunció la falta de seguimiento al hallazgo de cuerpos que ocurrió seis meses después de la desaparición de su hermano Armando, concesionario de taxis colectivos, uno de sus choferes también fue desaparecido, pero luego fue encontrado en una huerta.
El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, el representante del Consejo de Cacahuatepec, Guadalupe Delgado del Carmen, de Huamuchitos Mario Estrada Bailón y el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García en la asamblea por el 22 aniversario del Cecop, en El Fraile, en Cacahuatepec Foto: Jesús Trigo
Ramón Gracida Gómez
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) conmemoró ayer 22 años de lucha y exigió justicia por el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz y la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico mediante un decreto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que a tres meses del crimen consumado el 25 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) “no tiene avances en las investigaciones y los autores materiales e intelectuales siguen libres”.
El acto se llevó a cabo bajo una techumbre del embarcadero de El Fraile, cruce del río Papagayo a la localidad de Cacahuatepec, y fue moderado por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, quien leyó después de un minuto de silencio y consignas, una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de pedirle una reunión.
La misiva que será entregada al jefe de asesores de Sheinbaum, le dice que el Cecop “valora positivamente” su afirmación de que el proyecto de la presa está cancelado, pero “debe concretarse mediante un decreto que cancele de manera definitiva la construcción de la presa y por lo tanto el despojo y el desastre ecológico. De acuerdo con los protocolos internacionales, hasta ahora el proyecto sólo está suspendido”.
Además, “pedimos se dé continuidad a los esfuerzos realizados por su gabinete de Seguridad, para esclarecer el asesinato de nuestro vocero y dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz hasta alcanzar la justicia y superar todo resquicio de impunidad”.
La carta recuerda que López Obrador dijo que el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, “pero sabemos ahora hay otro grupo de poder que no es exactamente el Estado y que son quienes están haciendo el trabajo sucio al Estado porque eso es lo que pasó con Marco”, apuntó Rodolfo Chávez.
La misiva pide justicia “para que no se repitan actos de represión como el operativo policiaco-militar ejecutado por el último gobernador priista (Héctor Astudillo Flores) el 7 de enero de 2018 que por medio de ejecuciones extrajudiciales elevó a 10 el número de compañeros asesinados y 38 los encarcelados”.
Como vía para alcanzar la justicia y la paz, el Cecop respalda la iniciativa de ley de castigo a la extorsión “y eso toca precisamente al esclarecimiento de Marco”, expuso Rodolfo Chávez, quien externó después la petición de justicia que le decía por teléfono uno de los tres presos políticos del Cecop, Modesto León Jacinto; los otros dos encarcelados en Las Cruces son Maximino Solís Valeriano y Rodrigo León Jacinto.
Frente a unas 100 personas, la mitad de fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, lamentó la asistencia “poquititos compañeros de las comunidades, quiero pensar que están cansados, quiero pensar que tienen miedo y no quiero pensar que ya no quieren seguir la lucha porque eso sí es una derrota”.
Leyó una carta de Tlachinollan dirigida al finado vocero del Cecop en la que dice que el movimiento se extendió por toda América Latina “porque transmitía la buena vibra de su lucha, porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar las organizaciones comunitarias, el Cecop se conformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio”.
“No hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y que cotidianamente asesina sin que las autoridades den golpes certeros a los responsables para desmantelar las estructuras delictivas que desangran la vida en Acapulco”.
Tlachinollan menciona que “al principio culpaban a la familia de los nulos avances, hoy que han colaborado y aportado elementos decisivos para el esclarecimiento, las investigaciones siguen estancadas”.
Los primeros oradores fueron consejeros de algunas comunidades que “están llevando adelante el trabajo que por muchos años llevó Marco Antonio Suástegui”, un consejo del Cecop, expuso Rodolfo Chávez.
Una de ellas es Martha Hernández, de la comunidad El Cantón, quien recordó el inició del movimiento el 28 de julio de 2003 con un plantón contra el proyecto hidroeléctrico en el que participaron las comunidades proyectadas a ser desplazadas como Garrapatas y Arroyo Verde, y la resistencia contra los gobiernos estatales, por ejemplo, del perredista Zeferino Torreblanca.
A un costado del altar con la foto de Suástegui Muñoz, Mario Estrada, de Huamuchitos, lamentó la ausencia del vocero del Cecop, pero afirmó que el movimiento “está de pie y no vamos a dar marcha atrás”.
Maricela Navidad Dorantes, de Salsipuedes, pidió a las organizaciones sociales presentes que no los abandonen “porque lo que queremos es justicia para nuestro compañero”.
Con una lona con el rostro de Suástegui, sonriendo, Gimeldo Morales, de Rancho las Marías, expuso que es nuevo en el movimiento al que se unió porque el vocero del Cecop siempre buscaba lo mejor de las comunidades y evitar que “los gobiernos, los ricos, se apoderaran de nosotros”.
Acudieron campesinos de Cacahuatepec, El Campanario, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Las Parotas, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Amatillo y Las Chanecas; la Policía Comunitaria vigiló el perímetro, y la Guardia Nacional estuvo en el inicio del acto.
Con machete en mano, la integrante del movimiento de San Salvador Atenco, Hortencia Ramos, reivindicó la participación de las mujeres de distintas comunidades con la comida que llevaron, “cuando una resistencia, un pueblo es masacrado, criminalizado por el gobierno, y nuestros compañeros son detenidos, las que damos la cara somos las mujeres”.
Antes del inicio formal del evento casi a las 12 del día, el histórico dirigente de Atenco, Ignacio del Valle, remarcó la hermandad de este pueblo del Estado de México con los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la lucha de ambos contra proyectos que les quitarían sus tierras.
El responsable de la comisión política en Acapulco de la CETEG, Walter Añorve Rodríguez, pidió la presentación con vida del hermano de Marco Antonio, Vicente Suástegui, desaparecido en 2021.
Del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Eloy del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde destacó la lucha del Cecop por defender los ríos de México alzando “su voz para seguir fluyendo libres de megaproyectos de muerte y limpios de tóxicos”.
Gloria, de Cooperación Comunitaria, indicó que junto con el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y las comunidades, tienen la responsabilidad de “transitar de la defensa del territorio a la producción del mismo”.
El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón, subrayó que los gobiernos del PRI y el PAN persiguieron y torturaron al vocero del Cecop, pero su asesinato ocurrió cuando los tres órdenes de gobierno son de Morena.
Rosalinda Gutiérrez Terrones, del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, dijo al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas trasnacionales, “que se siguen afilando sus pezuñas para rapiñar nuestras riquezas naturales, que estas tierras surianas y el río no se venden, se respetan y se defienden”.
Del Movimiento Socialista del Poder Popular, Héctor Valadez, dijo que la muerte de Suástegui “es un gran golpe para el movimiento ecosocialista a nivel mundial y nacional, unos días antes de su asesinato había firmado un pronunciamiento internacional para un encuentro de todas las organizaciones que luchan en contra de la depredación capitalista”.
Estuvieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Fomento Social Banamex y Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos.
Organizaciones sociales marchan en la avenida Costera de Acapulco por el Día Internacional del Trabajo y exigen justicia en el asesinato del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui MuñozFoto: Jesús Trigo
Karina Contreras
Diversas organizaciones sociales marcharon en la avenida Costera por el Día Internacional del Trabajo donde exigieron justicia por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Los más de mil 500 manifestantes partieron del Asta Bandera al Zócalo, ocupando todo el carril sentido Base-Centro, donde hicieron un mitin. Al frente de la marcha iban campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec con pancartas donde se leía: “Justicia, basta de impunidad. Cecop”, “Marco Antonio vive, la lucha sigue y sigue. Castigo a los asesinos” y “Cecop reclama justicia para Marco”.
Mientras la marcha avanzaba el grito de “justicia, justicia” retumbaba en el contingente, y los oradores exigían al gobierno de Evelyn Salgado Pineda un alto al hostigamiento y asesinato de los líderes sociales.
Exigieron que no se violenten los derechos laborales ya ganados, también demandaron la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la incorporación al Fone de los más de 2 mil 500 trabajadores que faltan y pago del adeudo de horas.
Aumento al presupuesto para las jubilaciones y solución a las demandas de medicamentos y médicos en los centros de salud.
El representante de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, en su intervención pidió un minuto de aplausos para “el compañero que no pudo caminar con nosotros, no pudo estar presente porque balas arteras lo asesinaron el 25 de abril”, en referencia a Marco Antonio Suástegui Muñoz y gritaron: “Gobierno represor mataste a un luchador”.
El dirigente cetegista subrayó que tienen la responsabilidad y el compromiso moral de seguir acompañando a los campesinos del Cecop y seguir exigiendo la justicia que se merece Marco Antonio Suástegui.
También “denunciar este proceso sistemático de persecución y acoso contra la lucha social, contra los luchadores sociales o representantes sindicales de manera general. Decir que no nos vamos a quedar callados y no vamos a bajar la cabeza y que esto no lo vamos a tomar de lectura para rebajarnos al embate del neoliberalismo moderno”.
Llamó a la unidad porque “debemos entender que uno solo no va a poder contra este embate, que necesitamos de la unidad, hacer a un lado mezquindades y compromisos, soberbias y egos para poder enfrentar juntos el embate neoliberal”.
Mientras que el secretario general del Sindicto Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobch), José Antonio Salvador López, dijo que como todos los años salen a la calles para exigir mejores condiciones laborales de los trabajadores del país.
Destacó que estaban en la marcha para exigir a la gobernadora que se reúna con todas las organizaciones para que “nos atienda y dé solución a nuestras demandas porque son justas. No estamos pidiendo más de lo que está en nuestros Contratos Colectivos de Trabajo”.
Exigió un alto a la represión contra los líderes sociales y sindicales, porque todos los días son amenazados, por lo que exigen un alto a la represión y persecución política, así como las amenazas de muerte a los líderes de las organizaciones.
Mientras la secretaria general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Beatriz Angélica Radilla Alarcón, dijo que estaba en esa marcha para unir fuerzas y luchar por las conquistas sindicales ganadas. Hizo un llamado a la gobernadora para atender las demandas del magisterio estatal las cuales ya han sido trabajadas, pero “no nos están haciendo caso, en donde no han sido escuchados y sólo dan largas, lo que no puede seguir así. Ya estamos hartos de que nos digan fechas y no se cumpla”.
Pidió atender de manera urgente las recategorizaciones y salarios igual que a los docentes federales. Llamó a pedir justicia por Marco Antonio Suástegui porque ahora fue él y el día de mañana puede ser otro y no es sorpresa en Acapulco y Guerrero donde asesinan a los ciudadanos.
Los participantes en sus intervenciones pidieron a las autoriades castigo a los responsables del crimen de Marco Antonio Suástegui y un alto a la represión a los luchadores sociales.
En la marcha participan integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), del Sindicato de Trabajadores Administrativos e Intendencia al Servicio de la UAG (STAISUAG).
Otras fueron del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (Sutcobach), de la Sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (STOOAEG), del Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma de Guerrero (SITAUAG), del Sindicato Independiente del Sector Salud y trabajadores del Instituto Estatal de Oftamología.
Pacientes del Instituto Estatal de Oftamología exigen a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que solucioné el conflicto que hay, pues les están cancelando las citas, lo que es grave porque algunas están programadas para cirugías de retina.
Por la mañana, pacientes y trabajadores tuvieron un desacuerdo y se rompieron pancartas. Los trabajadores señalaron que los pacientes de la Asociación de Discapacitados Leonardo Bravo fueron enviados por el director Roberto Estrada Amaya para provocar un enfrentamiento y denunciaron que los de dicha asociación cobran a las personas que llevan al hospital.
El presidente de la Asociación Leonardo Bravo, Manuel García Navarrete, indicó que les han cancelado alrededor de 20 citas, unas de cirugías, lo que no se le hace justo porque mucha gente viene de otros municipios.
Señaló que cuando llegaron, alrededor de 7 de la mañana, protestaron por algunos minutos con algunas pancartas, que les fueron arrebatadas por los paristas, aunque los trabajadores dijeron que fueron los de la asociación los que llegaron para romperles las pancartas y que fueron enviados por el director Roberto Estrada Amaya.
El líder dijo que son varios los que se inscribieron en la campaña gratuita de cataratas, pero no alcanzaron todos a operarse y se les dijo que se les iban a respetar sus citas, pero ahora se las están cancelando y varios traen problemas de la retina, por lo que “a nosotros no nos interesan los problemas que tengan con el director, sino queremos que no nos quiten las citas”.
Aseguró que la asociación es sin fines de lucro y llamó a la gobernadora para intervenir en el asunto y que en el instituto que ponga gente que quiera trabajar y que de verdad tenga la sensibilidad para ayudar a la gente.
Los paristas cumplieron cuatro días de paro laboraral y en un comunicado denunciaron que los líderes de la asociación incurrieron en actos de provocación y para ello, amparados en una supuesta defensa de sus beneficiarios, utilizaron a personas vulnerables como discapacitados y ancianos.
Señalaron que desde que está el movimiento no han dejado de atender a los pacientes, pues se dieron en la semana 203 consultas y 13 cirugías programadas, además de atender urgencias médicas hasta este viernes.
Señalaron que recibieron agresiones físicas y verbales por parte de la Asociación Leonardo Bravo y que los hechos no fueron casuales porque “esta organización goza de un trato preferencial por parte del director general del Instituto Estatal de Oftalmología, Roberto Estrada Amaya”.
Señalaron que no van a tolerar dicha situaciones al director, por lo que insisten en que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, intervenga y se destituya al director para que no haya más abusos, no más hostigamiento y no más atropellos a sus derechos laborales y humanos.
Pidieron a la Fiscalía del Estado y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que actúen con responsabilidad y atiendan esta situación que vulnera a los trabajadores y a las instituciones, y señalaron directamente a Roxana Benítez Cansino, que ha coordinado a la organización en la Costa Grande y de Manuel García Navarrete, “ambos dirigentes que han sido denunciados que están lucrando con los servicios que presta nuestra institución”, señaló.
