Etiqueta: Florencio Salazar Adame

Acuerdan pescadores de Petacalco dar a Segob la información del derrame de combustóleo al Balsas

 

El dirigente de los pescadores de la comunidad Petacalco en el municipio de La Unión, Gilberto Barrera Reyes, manifestó que “hubo avances muy buenos” en la reunión, que el pasado viernes 20 de enero, tuvieron con funcionarios de la Subsecretaría de Gobernación en la Ciudad de México.
Informó que dialogaron de la indemnización que exigen por la contaminación provocada al río Balsas por el derramamiento de 32 mil litros de combustóleo que derramó una pipa propiedad de la empresa Flensa SA de CV, ocurrido en febrero de 2016.
Una comisión de los pescadores, encabezados por Barrera Reyes, acudió a la Ciudad de México a la reunión organizada por el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, en la que estuvieron autoridades federales y estatales, para solucionar las exigencias de los pescadores.
Ayer, los pescadores que participaron en dicha reunión convocaron a sus compañeros en la plaza principal de Petacalco, para darles a conocer los seis acuerdos pactados con las autoridades en una minuta, de la cual los pescadores dieron una copia a El Sur.
En el documento destaca que los pescadores se comprometen a entregar a la Secretaría General de Gobierno estatal, el estudio de impacto ambiental que realizó el biólogo Arturo Pérez Quiroz en la zona del río Balsas contaminada por el combustóleo, así como la documentación de cada cooperativa pesquera para integrar el expediente del caso.
También señala que la dependencia estatal se encargará de solicitar la información necesaria sobre el caso, a las dependencias gubernamentales involucradas como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), entre otras.
Otro de los acuerdos fue que el próximo 27 de enero, se llevará a cabo una reunión técnica interinstitucional para buscar alternativas de solución a la demanda de los pescadores; a esta reunión se convocará a representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), y a la Procuraduría General de la República (PGR); y ese mismo día, las autoridades se reunirán con los representantes de los pescadores para informarles las propuestas de solución.
Además se acordó que el gobierno estatal ofrecerá orientación legal a los pescadores para que presenten las denuncias legales en contra de quien resulte responsable.
La minuta detalla que el próximo 3 de febrero, se citará a la empresa Flensa SA de CV, en la que los pescadores solicitaron que esté presente el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros y el secretario General de Gobernación, Florencio Salazar Adame.
Vía telefónica ayer, el dirigente de los pescadores dijo que están “contentos con (el subsecretario de Gobernación) René Juárez (Cisneros), porque es un funcionario derecho, lo conocemos desde que era gobernador y venía hasta acá a atendernos personalmente… estamos también agradecidos con el secretario (General de Gobierno) Florencio Salazar (Adame) por el cambio de actitud del subsecretario (de Asunto Políticos de la Secretaría General de Gobierno) José Martín Maldonado (del Moral), estuvo en la reunión en la Ciudad de México y se portó muy bien con nosotros”.
Afirmó que confía en que se cumplan los acuerdos pactados en la minuta y espera que el próximo 3 de febrero, estén presentes en la reunión con la empresa Flensa, Juárez Cisneros y Salazar Adame.

Piden padres de los 43 al relator de la ONU que respalde al mecanismo de seguimiento de la CIDH

El relator especial sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, quienes le pidieron que respalde al mecanismo de seguimiento de la investigación.
En la escuela fue recibido con collares de flor cempazúchilt y abrazos de varias madres, con quienes cruzó un breve saludo de bienvenida, él apoyado con un traductor porque no habla español, agradeció la recepción.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó que fue una petición del relator visitar la institución educativa, en la negociación de su primera visita oficial a México con el Estado mexicano.
El relator caminó con los padres y entre las consignas que entonaron los estudiantes, por Ayotzinapa y por la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos, hasta la sala audiovisual en el casco de la escuela donde fue el encuentro cerrado.
Luego de media hora se permitió el acceso a reporteros para tomar fotografías con la mayoría de los 43 padres de familia. Se informó que dos grupos siguen en comisiones fuera del estado.
Después hubo un recorrido por la Normal Rural a los memoriales que dan cuenta de las represiones del Estado a los estudiantes.
En general, el funcionario de la ONU estuvo en las instalaciones casi una hora, de las 5:15 de la tarde a las 6:10 que se retiró con su equipo en una Urvan blanca, sin membrete.
Fue notoria la operación de seguridad en la carretera de cuota y el viejo libramiento, con retenes reforzados de policías y militares.
Del encuentro, Rosales Sierra indicó que el relator tiene suficiente información del caso que han enviado los familiares, y quiso hacer una visita oficial a la escuela.
Los padres en breves testimonios denunciaron que no hay indicios del paradero de sus hijos, y que en dos años de búsqueda de la verdad se han convertido en defensores de derechos humanos.
El abogado explicó que la desaparición forzada de estudiantes en Iguala hizo visible el problema de la desaparición de personas en México en todo el mundo, y los padres reivindican ahora la demanda por la presentación de los 27 mil desaparecidos en el país, y apuntalan muchas otras luchas como la defensa del agua, del territorio y de la educación pública.
Añadió que se hizo énfasis ante el relator sobre las agresiones a los padres, a sus representantes legales y a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su mandato en el país.
Indicó que a los padres se les ha intentado cooptar con dinero, se trató de desprestigiar a los estudiantes desaparecidos desde la investigación cuando se les vinculó con un grupo de la delincuencia organizada, cuando el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda declaró que los padres eran manipulados, y con intervenciones telefónicas ilegales que fueron difundidas para confrontarlos.
Lo llamaron a respaldar al mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dado el antecedente de que se intentó desperstigiar al GIEI desde el Estado, tuvo dificultades y obstáculos que les impidió avanzar más “y no queremos que eso pase con el mecanismo especial de la CIDH”.
En el recorrido, observaron los murales a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, egresados de la Normal que en la década de 1970 encabezaron dos movimientos guerrilleros, y se detuvieron en los espacios dedicados a las víctimas.
Fueron al asta bandera, ícono de la escuela que construyeron los estudiantes cuando fueron acusados de izar una bandera de huelga en lugar del lábaro patrio, lo cual fue considerado traición a la patria y ameritó una incursión de soldados a la institución, se le explicó al relator.
Vieron un mural sobre el asesinato del normalista de Campeche en la escuela Manuel Huikán Huikan por policías estatales, en una jornada de lucha por el retiro del bachillerato pedagógico de la Normal Rural.
Asimismo el memorial del desalojo a balazos de estudiantes el 12 de diciembre de 2011, donde fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y las 43 butacas con fotografías de los desaparecidos en la cancha techada de básquetbol, junto a un altar que cada día se nutre con el tiempo de nuevas imágenes religiosas.

Denuncian ante la Codehum hostigamiento a trabajadoras de Prospera despedidas y a médicos

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para denunciar despidos injustificados de trabajadoras del programa federal Prospera, el hostigamiento a trabajadores que se oponen a la reforma del sistema de salud del país, y el nulo avance en la liberación de Patricio Margarito Rivera, acusado de despojo por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
A las 11 de la mañana, integrantes de las organizaciones que forman parte de la Dirección Colectiva acudieron a la Codehum, donde las trabajadoras de Prospera, Roselia Franco Tranqulino y Mayra Morales contaron que el pasado jueves denunciaron su despido injustificado, por instrucciones del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
En la reunión con el presidente de la Codehum, pidieron que su caso sea remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Denunciaron que fueron despedidas cuando se negaron a ser parte de actos de corrupción, como firmar a nombre de aviadores para avalar que sí trabajan en la delegación. Dijeron que son 29 trabajadores los que fueron despedidos, pero los demás temen denunciar ante la posibilidad de represalias.
A la reunión acudieron también miembros del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud en Guerrero, el médico Hilario Zúñiga y la trabajadora administrativa de la jurisdicción 03 de Chilpancingo, Érika Salgado, quienes denunciaron hostigamiento por participar en el movimiento de los médicos contra la reforma del sistema de salud mexicano.
Érika Salgado manifestó que está siendo hostigada y amenazada por el jefe de la jurisdicción, Saúl Romero Téllez, y el área de Recursos Humanos, por participar en conferencias que impartió un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la universalización de los servicios de salud.
El médico Hilario Zúñiga dijo que también los ha hostigado el jefe jurisdiccional, luego de que el Frente convocó a la marcha del Día del Médico (20 de octubre), y ahora lo acusan de dirigirla.
Ramón Navarrete dijo que buscaría una reunión con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para revisar el caso, y pidió definir una reunión conjunta con otros trabajadores de Salud que están en la misma situación, para que expongan sus casos.
Plantearon el caso de Josefina Margarito Rosendo, hija de Patricio Margarito Rivera, que se unió a la Dirección cuando el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame acusó a su padre de invadir un predio, pese a que existe un contrato de compra-venta.
La joven explicó que su papá lleva ya dos meses recluido en el penal de la capital; y que inicialmente les pidieron una fianza de 124 mil pesos que no pudieron pagar.
Agregó que han intentado exhibir pruebas de la inocencia de su padre en el penal, pero no se las reciben por orden del secretario general Salazar Adame.
Navarrete Magdaleno se comprometió a que abogados de la Codehum se encargarían del acompañamiento, para darle una explicación jurídica clara, y para revisar el expediente que no le han mostrado a la familia.
El ombudsman dijo que también buscará una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y con el juez que lleva el caso, para que el proceso sea transparente y no haya intromisión de terceras personas.

 

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

No se hallaron restos humanos en San Vicente en la sierra de la capital, dice el comisariado

 

 

La Dirección Colectiva  de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero desmintió que se hallaran restos humanos cerca de la comunidad de San Vicente en la sierra de Chilpancingo y añadió que desconoce el motivo  del por qué se hizo ese reporte.
Informó que los integrantes de la Dirección acordaron que darán acompañamiento a Patricio Margarito Rivera quien está encarcelado en el penal de la capital acusado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un terreno.
Representantes de las 28 organizaciones que conforman la Dirección ofrecieron una  conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) para informar sobre una reunión que tuvieron la noche del miércoles.
Este   jueves se publicó en El Sur el hallazgo de restos humanos en una carretera de terracería que dirige a San Vicente en la sierra de Chilpancingo, basado en fuentes de la Fiscalía General del Estado.
El comisariado, José Nava Lorenzo hizo una aclaración, “yo totalmente desconozco, no tengo ningún conocimiento que digan las autoridades o quien haya boletinado esa nota que lo digan con precisión y exactitud, no estén señalando nada mas a tientas, dudando”.
Dijo que con esta información que se publicó es una difamación para su comunidad e insistió que es falsa esa información. Señaló que en este caso si hubiera sido cierto las mismas autoridades de San Vicente hubieran comunicado a las autoridades municipales.
Se le preguntó que si prevalece la inseguridad en su comunidad y señaló que tanto él como algunos viajan seguido a la capital, para gestionar las necesidades de la comunidad y sólo dijo “el  que nada debe nada teme”.
—¿Hay resguardo policiaco en San Vicente?
—La verdad hasta ahorita no ha sido necesario y nosotros estamos con el comisario suplente  estamos viajando diario, viniendo, para nosotros estar atendiendo nuestras demandas aquí con nuestros hermanos de lucha. Alomejor ha de tener algún  temor el que anda en malas acciones, nosotros no tenemos de quien escondernos ni a quien temerle porque nosotros andamos luchando para apoyos necesarios.
En otro tema, el representante de la Asamblea Popular Guerrerense (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que se reunieron con la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo, para unirse a la Dirección y demandar justicia por el encarcelamiento de su padre.
Señaló que se sumaron para solicitar la libertad de su padre y que derivado de la marcha que hicieron  el lunes para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores atienda las demandas particulares de cada organización de la Dirección él  los recibirá el martes y que ahí pretenden incluir en el pliego petitorio el encarcelamiento de Margarito Rivera.
Añadió que ahí incluirán el tema de seguridad derivado del repunte de violencia en los últimos días “la mal llamada delincuencia organizada  que tiene en zozobra a toda la ciudadanía, la idea de hoy es hacer un llamado fraterno a todas las organizaciones sociales, civiles, estudiantiles y sindicatos para que se sumen a este esfuerzo”.
Dijo que además del acompañamiento a la familia le darán seguimiento puntual al caso, que en la reunión le pidieron a Josefina Margarito estar este viernes en Atoyac en conmemoración del aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos, para que el problema lo conozcan las 32 organizaciones locales y nacionales  que estarán.
“Ahí se le exigirá al secretario de gobierno el esclarecimiento de estos hechos  vergonzosos que se han dado, nosotros estamos planteando que si el abogado va a demandar al secretario de Gobierno y la otra (pedir)  la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), para que revisara el caso, y que también si ellos consideraban que pudiera meterse ese  punto en el pliego de demandarla y tratarla con el gobernador”, detalló Chávez Adame.
Expuso que le dijeron que lo revisarán, pero que sí  están interesados en integrarse a este planteamiento de colectividad donde fortalecerán el apoyo.
Agregó que la hija del inculpado les indicó  que lo que le preocupa a su familia son dos cosas, una que les puedan hacer algo y otra que su madre está enferma y que esto puede causarle daño.
Dijo que la Dirección Colectiva condena que  el secretario de Gobierno  siendo de Chilpancingo y de “un estatus burgués esté haciendo este tipo de acciones”.

Acuerdan FUSDEG y UPOEG con el gobierno extender su tregua hasta el 15 de enero y arreglar el conflicto

En la segunda reunión con el gobierno del estado, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) acordaron extender su tregua hasta el 15 de enero, la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.
La mañana de este lunes hubo una reunión de 7 horas en Casa Guerrero encabezada por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, en la que se abordaron tres temas y se acordó una segunda reunión para el próximo viernes en la que se fijaran las bases para determinar qué grupo de seguridad operará en el municipio de Juan R. Escudero, cuya cabecera es Tierra Colorada.
En un boletín de prensa el gobierno del Estado dice que como parte de la tregua se advirtió a las dos organizaciones que si sus militantes son sorprendidos portando armas, la Policía Estatal los desarmará.
El jueves pasado los dos grupos se enfrentaron a balazos en la comunidad de Plan de Lima, Tierra Colorada, ante la intención de la UPOEG de entrar a la cabecera municipal.
El FUSDEG y la UPOEG se disputan desde octubre el corredor de Chilpancingo a Acapulco en Petaquillas, El Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, lo que ha provocado movilizaciones y enfrentamientos armados, como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete muertos.
El FUSDEG ya fue desplazado de Petaquillas y El Ocotito pero tiene presencia en Tierra Colorada, a donde el jueves intentó entrar la UPOEG con armas de grueso calibre.
El sábado el FUSDEG se declaró en alerta máxima ante la amenaza de la irrupción de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Ayer en la reunión también participaron el alcalde perredista de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Ramón Navarrete Magdaleno, el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
A las 10:35 de la mañana ingresó el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio a quien le notificó media hora antes el cambio de la sede de la reunión, por lo que se traslado del Auditorio Sentimientos de la Nación a Casa Guerrero.
Media hora después ingresaron por la puerta tres de la residencia oficial 20 delegados y el comisario del municipio de Tierra Colorada.
Para las 11:50 de la mañana llegó a la misma puerta el integrante del FUSDEG, Salvador Catalán Barragán a quien le impidieron el paso 20 minutos, lo que provocó su enojo y advirtió que se retiraría del lugar provocando que se rompiera el diálogo.
Tras varias llamadas salió el subsecretario de Asuntos Políticos, quien reconoció a los integrantes del FUSDEG y autorizó el ingreso.
Tras 5 horas de reunión salió el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia quien informó sobre la minuta de acuerdos entre los dos grupos.
Dijo que uno de los acuerdos es que la tregua entre los dos grupos se extiende hasta el 15 de enero debido a las fiestas decembrinas, así como la integración de la comisión para estudiar la inseguridad en la zona y evitar la confrontación.
Se habló de la desaparición de Inocencio Sánchez Ramírez de 60 años originario de Tlayolapa, quien no oye y no ve bien, y del policía comunitario Jesús Eloíso Contreras quien resultó herido de bala en el enfrentamiento armado el jueves, y se encuentra desaparecido.
Después de 7 horas el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio dijo que no habrá ningún roce porque tiene “una disciplina del respeto” y que espera que el FUSDEG cumpla.
Insistió en que su organización no tiene intenciones de desplazar al FUSDEG, y subrayó que hay un conflicto en el que se perdió la esencia comunitaria, y que se cometieron abusos.
“Hay que revisar de ambos lados y el principio comunitario tiene que ver con asambleas municipales, por eso uno de los puntos de hoy es que se tiene que ir con el consenso de asamblea comunitaria de cada una de las comunidades, para que las policías tengan legitimidad y el consenso de los pueblos, no es un pleito al que nos aferremos, hay gente desde hace dos años en Tierra Colorada que quieren ingresar a sus comunidades y no se les permite”, describió.
Mencionó que se le ha señalado como jefe del grupo criminal Cártel del Sur, pidió que se le investigue y que se reconozca que desde hace años el gobierno federal generó esos conflictos, por lo que hoy hay comunidades que están pagando las consecuencias.
“En su momento tendrán que comparecer para aclarar esa situación, son muchos los desplazados qué hay de San Juan el Reparo, Chacalapa, esa parte. Como promotores de este proyecto comunitario desde hace veinte años tenemos bien claro el objetivo que es trabajar mediante asambleas con las comunidades, lógico que al caminar se encuentra uno con muchos intereses tanto políticos como de delincuentes, entonces empezamos a afectar y se nos empieza a señalar”, dijo.
Agregó que él no puede decir si es bueno o malo, ya que eso le corresponde a las autoridades investigar, ya que es “fácil acusarnos de estar metidos en la maña”, pero tiene derecho a ser investigado.
“He recibido bastantes amenazas, pero lo que buscamos es que si tenemos vínculos con la delincuencia que nos investiguen y no permitamos que llegue otra delincuencia, estoy abierto a que se me investigue”, insistió.
Por su parte la integrante del FUSDEG, Ruth Delgado Bahena explicó que se integró una comisión de cinco personas por cada grupo, las cuales estarán encargadas de establecer las bases para una consulta que defina qué método de seguridad se aplicará en Juan R. Escudero, se planteó que la reunión se celebrará el próximo viernes.
“Que se someta a escrutinio a nuestra organización para ver si tenemos el respaldo de la población”, pidió.
Indicó que la comisión definirá si se hace una consulta o no, ya que enfatizó que se trata de saber qué sistema de seguridad es el adecuado para el municipio, para salvaguardar la integridad de la población.
Comentó que el punto que abrió la mesa de diálogo fue la solicitud con vida de sus dos compañeros desaparecidos, así que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Codehum le darán seguimiento al tema.
“Ellos lo niegan rotundamente, dicen que no los tienen y además la Fiscalía dice que no tiene ningún dato, que han hecho investigaciones y que no tienen ningún dato de la desaparición”, relató.
Insistió en que a pesar de establecer una tregua la organización no se siente segura, ya que el conflicto no se acaba hasta que se concluya la mesa de diálogo.
“Tenemos que platicar, resolver nuestras diferencias y tengamos claro que la prioridad es el bienestar de la comunidad, no de una u otra organización”, detalló.
Agregó que en esta segunda reunión los integrantes de la UPOEG se mostraron más mesurados, aunque la realidad demuestra que esa organización tiene rodeado al municipio.
Detalló que en la reunión se hablo también sobre la incursión de un grupo de la UPOEG durante el sábado por la tarde lo que provocó la alerta por parte de los pobladores del FUSDEG, “negaron que ellos hayan querido incursionar en Tierra Colorada”.
En un boletín de prensa el gobierno del estado confirmó los acuerdos revelados por los integrantes de las dos organizaciones, además de la permanencia de los filtros de la Policía Estatal en el crucero de Tierra Colorada, Los Arcos, el crucero de Michapa y Plan de los Vela en la localidad de La Palma.

 

Libera el Ayuntamiento, las tiendas y 200 camiones la Tecampanera en Teloloapan; les ofrecen una reunión

En su tercer día de protestas para pedir mayor seguridad para el municipio integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera mantuvieron hasta la tarde de ayer la toma del Ayuntamiento y el cierre de tiendas de autoservicio, y por segundo día mantuvieron retenidos unos 200 camiones y tráileres de productos que iban hacia la región Tierra Caliente.
A las 4:30 de la tarde luego de pactar una mesa de trabajo a las 10 de la mañana de hoy viernes con el secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame, los comunitarios liberaron el Palacio Municipal y las tiendas de autoservicio que mantenían tomadas desde el martes, y permitieron el paso a más de 200 camiones y tráileres de empresas, de carga y de servicios que retuvieron desde el miércoles a orilla de la carretera federal que iban hacia la región Tierra Caliente.
En declaraciones por teléfono cerca del mediodía de ayer, uno de los coordinadores de la Comunitaria Tecampanera advirtió que no dejarán las armas ni su movimiento como lo ha sugerido el gobernador Héctor Astudillo Flores.
La mañana del martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento, tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales, también cerraron los juzgados y el Ministerio Público, y el miércoles ante la falta de respuesta de las autoridades a su petición de una mesa de trabajo retuvieron por más de 24 horas camiones y tráileres que pasaron por el municipio y que iban para la región Tierra Caliente.
Ayer cerca de las 4:30 de la tarde, tras acordar una mesa de trabajo en la que el alcalde Robell Urióstegui Patiño ha servido como mediador, los comunitarios cesaron su protesta para que se dé la mesa de trabajo que fue una condicionante, según informó un comunitario.
En declaraciones por teléfono uno de los coordinadores del movimiento de autodefensa de Teloloapan, advirtió que no dejarán las armas ni su movimiento, “eso no puede ser porque imagina que dejemos las armas ¿qué pasaría?… el gobernador está haciendo declaraciones muy a la ligera porque él es el primer responsable de todo esto de la seguridad, tiene que brindarle seguridad a todo Guerrero, imagínate, en tres días veintitantos muertos en el estado, no nada más en Teloloapan, y eso es porque no hay seguridad en Guerrero”.
“Al contrario, se está fortaleciendo más porque cada día se suma más gente, cada día el pueblo está brindando más apoyo a los comunitarios”, agregó respecto del movimiento.
A esa hora dijo que levantarían sus protestas en el momento en que el gobierno del estado y el federal envíen más seguridad “para hacer lo que les corresponde”.
Dijo que la demanda principal es seguridad, sin dejar otras peticiones como la de detener a los líderes de la organización criminal La Familia Michoacana, y abrir una investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán por posibles nexos con este grupo.
Del señalamiento de supuestos miembros de la organización La Familia Michoacana, quienes en videos difundidos en redes sociales los señalan de apoyar y ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos, respondió “es totalmente falso, tú viste cuando marchamos, tienes las fotos, estuvo lleno de mujeres, niños y varios ciudadanos, no podrían ser todos Guerreros Unidos… en la comunitaria esta toda la sociedad, maestros, comerciantes, transportistas”.
Consideró que los videos difundidos son para “confundir” a la población y a la autoridad.

Analiza la Policía Ciudadana Independiente de Petaquillas integrarse a la Rural: comisario

 

El comisario municipal de Petaquillas, Mario Flores Castrejón dijo que analiza la propuesta del gobierno del estado para que la Policía Ciudadana Independiente de Petaquillas se integre como Policía Rural de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y se regularice.
El martes en su comparecencia ante el Congreso local, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame indicó que si no se convence a los policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y a los de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de regularizarse e integrarse a la Policía Rural, se procederá a su desarme.
Consultado en la comisaria municipal de Petaquillas, el comisario Mario Flores Castrejón comentó que al surgir el movimiento de autodefensa en la comunidad, el 8 de noviembre, para brindar seguridad ante el conflicto entre el FUSDEG y la UPOEG por la disputa del territorio, la nueva Policía Ciudadana ha tenido la aceptación de la población.
Flores Castrejón señaló que, junto con la Policía Ciudadana de Petaquillas analizarán la propuesta de integrarse a la Policía Rural y regularse, “nuestros policías están trabajando bien; no han bajado los hechos delictivos en esta zona, por lo que tendremos que valorar si nos conviene la petición de gobierno estatal”.
Comentó que el gobierno del estado y el municipal no han atendido sus demandas para que envíe seguridad a la comunidad de Petaquillas, ubicada al sur de la capital, “lo cual fue el motivo de que los vecinos se armaran para proteger su integridad física”.
Agregó que tiene un registro de 30 policías ciudadanos que continúan con los recorridos de vigilancia y retenes de revisión en las entradas y salidas de Petaquillas, para atender delitos del fuero común, y que los delitos graves los atenderán las autoridades correspondientes.
Asimismo, se observó un retén de unos ocho policías ciudadanos en el puente peatonal en la entrada del fraccionamiento Zolamaitic, al sur de la capital, en la carretera federal México-Acapulco.
Hace 10 días, vecinos de Petaquillas que encabeza el comisario Mario Flores Castrejón bloquearon más de dos horas los dos carriles de la carretera federal a Acapulco, en la salida de Chilpancingo, para exigir que se quite el retén de la Policía Estatal y se instale uno de la Policía Ciudadana de la comunidad de Petaquillas.
Un día después, en Petaquillas surgió un nuevo grupo de autodefensa de hombres armados que se autodenominan Policía Ciudadana Independiente, y que se deslindó de la UPOEG y del FUSDEG, que se disputan el territorio en el corredor de Xaltianguis, en Acapulco, a Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo.

 

Toman el Palacio de Teloloapan comunitarios de la Tecampanera en su segundo día de protestas

En su segundo día de protestas y el bloqueo de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, policías comunitarios y autodefensas cerraron la tarde de ayer el Palacio municipal de Teloloapan, para presionar a las autoridades estatales a que atiendan sus exigencias de seguridad de la Marina y la Policía Federal, el rescate de los tres herreros secuestrados y permitir que las comunitarios sigan operando armados.
En el segundo día de protestas, los comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala cumplieron más de 33 horas del cierre de los accesos a Teloloapan con los dos bloqueos a la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano, en las salidas hacia Arcelia e Iguala, en el primer bloqueo total que se mantuvo desde la 1:30 de la tarde del jueves, y el segundo intermitente, que se abría cada dos horas para dar paso a algunos automovilistas.
A las 3:30 de la tarde y ante la desatención del gobierno estatal, unos 100 comunitarios armados tomaron la sede del Ayuntamiento de Teloloapan, el cual ya había sido desalojado por trabajadores y funcionarios, y al llegar ya estaba cerrado.
Afuera del Palacio, comunitarios en su mayoría armados, se quedaron en plantón, en tanto que los otros grupos en los que participan integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y la autodefensa de Cuetzala, se mantuvieron en los bloqueos de la carretera.
En la tarde, uno de los coordinadores de la Tecampanera informó de la integración de una comisión que había salido a las 7 de la noche de Teloloapan para reunirse en Chilpancingo con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Minutos antes de las 10 de la noche, informó que ya habían entrado a la mesa de negociaciones en la que también estaba el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño y otros funcionarios del gabinete estatal.
En el segundo día de protestas, las calles quedaron vacías, casi dos mil negocios cerrados, las clases suspendidas en 30 escuelas de diferentes niveles y el transporte paralizado.
El jueves, unos 3 mil comunitarios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan, marcharon en esa cabecera municipal, hicieron un mitin y bloquearon la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que también es la entrada desde la región Norte a la Tierra Caliente, lo que dejó varios vehículos varados.

El pliego de peticiones

En su pliego de peticiones, los comunitarios exigen el recate con vida de los tres herreros secuestrados hace una semana en Totoltepec, a manos de un grupo armado de la organización La Familia Michoacana. Piden también la captura de los principales líderes de la organización criminal y la investigación al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de proteger a la organización.
En las demandas también exigen que brinden seguridad la Marina y la Policía Federal, ante la falta de resultados del Ejército.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la mañana de ayer, uno de los comunitarios advirtió que no dejarán las armas, y dijo que entre sus exigencia está que el gobierno deje trabajando a los comunitarios, ante la exigencia y la amenaza del gobernador Héctor Astudillo Flores de desarmarlos.
En ese momento, había advertido que no levantarían sus protestas hasta que se firme un acuerdo en el que el gobierno se comprometa a dejar a los comunitarios seguir trabajando.
Por la tarde, después de la toma del Palacio otro comunitario dijo, también vía telefónica, que esa determinación fue porque, “el señor gobernador no ha resuelto nada de nuestras peticiones, no ha tomado cartas en el asunto y ayer (jueves) quedó que mandaría a alguien para hablar con nosotros, su secretario no llegó y hoy nos mandó un comunicado que en una hora estaba en Teloloapan, y volvió a pasar lo mismo, no llegó nadie”, dijo molesto.
Dijo que su lucha no es contra el gobierno ni la ciudadanía, “queremos que nos entiendan, que la desesperación en Teloloapan es grande, nuestros tres compañeros herreros son personas que salieron a buscar la vida, fueron a buscar el pan de cada día para su familia y fueron secuestrados por la Familia Michoacana”.
Señaló que, “creemos justo que el gobernador tome cartas en el asunto, que ya busque a estas personas que se dedican a secuestrar y a hacerle daño a muchas personas. Como vecinos de Teloloapan hemos vivido años de terror a causa de esa gente”.
Dijo al gobernador Astudillo y a la población que, “nosotros nos hemos visto en la necesidad de levantarnos en armas porque los que somos parte de la Policía Comunitaria somos comerciantes, campesinos, maestros o transportistas, y todos tenemos familia que han sido víctimas del crimen organizado con secuestros, extorsiones, desapariciones o asesinatos”.
“Hoy lo estamos haciendo por nuestros tres hermanos herreros, y después si hay necesidad, lo haremos por cualquier ciudadano de Teloloapan, aquí ya no se le va a dejar solo a ningún ciudadano de Teloloapan”, sostuvo.
A las 12 de la noche, aún no concluía la reunión de integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, en Palacio de Gobierno, con el secretario general, Florencio Salazar Adame, y con el fiscal general de estado, Xavier Olea Peláez.
Tampoco se daban a conocer todavía los acuerdos entre la organización que exige que se respete su derecho a usar armas.

Exigen estudiantes del Tec de la Montaña al gobernador que resuelva la falta de director


Estudiantes del  Instituto Tecnológico Superior de La Montaña (ITSM) exigieron solución a la designación del director y al pliego petitorio que acordaron el 22 de febrero, cuando se movilizaron para pedir que el directivo tuviera perfil académico y no respondiera a favores políticos.
Anunciaron que si este viernes no les dan una fecha de reunión con carácter resolutivo, el lunes se movilizarán en autobuses a Chilpancingo hasta que les resuelvan la designación del director, luego de que el acuerdo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, fue que el gobierno enviaría una terna y ellos otra, y que ésta sería evaluada por integrantes de Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Los estudiantes, en conferencia de prensa frente a las instalaciones del Tecnológico, que tienen tomadas hace más de 20 días, dijeron que se sienten engañados por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien les dijo que resolvería el problema y les programó una reunión para el 8 de noviembre, que fue cancelada.
Los estudiantes contaron que se reunieron con Astudillo Flores el 31 de octubre durante sólo tres minutos, y les dijo que el problema sería resuelto en una semana, sin que hasta la fecha se haya concretado, “les falta voluntad porque desde marzo debieron hacer las gestiones con los del IPN y presentar la terna, es un tema académico que no necesita dinero”, dijeron.
Contaron que debieron estar el martes en Chilpancingo, pero les cancelaron la reunión, y esperan que este viernes les den una cita con carácter resolutivo, ya que el secretario de Educación, el de Gobierno y el gobernador, “nos prometieron solución y hasta difundieron en periódicos que estaba resuelto, sin ser cierto”, se quejaron.
Mencionaron que en su pliego está la implementación de un comedor, de una casa de estudiantes para los cientos de jóvenes indígenas que acuden a esta ciudad a estudiar en el ITSM, y un autobús para sus prácticas.
La movilización de los estudiantes inició en enero de 2016, cuando comenzó el semestre y el gobernador designó a Eugenio González Rodríguez como director del plantel, pero este fue recibió con un paro de profesores  y luego rechazado por los alumnos, al entrar  por la fuerza  a tomar posesión de la dirección con apoyo de algunos maestros y alumnos.
A eso se sumó que es hermano del diputado local Eusebio González Rodríguez y no tiene ninguna experiencia laboral, por lo que su designación es un favor político y eso no abonaba a la vida académica del Tecnológico, por lo que salió del lugar entre gritos.
Esa movilización duró más de un mes, y el 22 de febrero firmaron una minuta con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar y, como interlocutor, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, estableciendo que la designación sería mediante una terna para que se eligiera al que tuviera mejor perfil académico.
Sin embargo, a más de siete meses del acuerdo no les dieron repuesta para cambiar al director interino Rafael Rojas Herrera con quien no pudieron establecer acuerdos, por lo que reiniciaron su movilización el 11 de octubre para exigir que se cumpla la minuta y se designe al director.
Los jóvenes acusaron al director y a algunos profesores de hostigamiento ante la toma de las instalaciones, y los hicieron responsables de su integridad.
Más tarde, informaron por teléfono que se entrevistaron en esta ciudad con el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Arreaga Solano, quien les dijo que les tendría una fecha para atenderlos, y que quien se negaba a acatar los cambios era el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, porque el gobernador ya había dado indicaciones de que se atendieran de manera resolutiva las demandas de los estudiantes.