Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa abrieron con los integrantes de la Comisión Política de la sección 22 del sindicato de maestros de Oaxaca la Guelaguetza Popular y Magisterial, que celebran desde 2006 cuando se conformó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), una de las expresiones sociales más fuertes en aquella entidad suriana.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra que forma parte de la caravana que viaja a estados del sur y centro del país, informó que en su intervención en la celebración los padres fijaron su postura sobre el incumplimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en cuatro líneas principales de investigación, claves para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde agentes del Estado atacaron, asesinaron a seis estudiantes y otros civiles y desaparecieron a 43 normalistas.
Señaló que la respuesta de los asistentes demostró que el tema sigue vivo y despertando la indignación de muchos mexicanos, “la gente de Oaxaca es muy receptiva a la denuncia social”.
Añadió que los dirigentes de la sección 22 expresaron preocupación por la falta de verdad y justicia en el caso Iguala, y con otros representantes de organizaciones se solidarizaron con la demanda de presentación con vida de los desaparecidos, “creo que dio mucha fortaleza que la sección abriera este espacio para los padres”.
Mencionó que esta fiesta popular y magisterial comenzó tras el boicot a la Guelaguetza oficial en 2006 con la APPO, y el movimiento organizó una verbena popular como un espacio de denuncia para distintas expresiones sociales que se dan cita cada año en esta conmemoración.
En la tarde se trasladaron a la localidad de Amilcingo, Morelos, donde los esperaban ciudadanos también organizados por la defensa de la tierra, contra la construcción de un gasoducto y termoeléctrica a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.
Las cuatro líneas de investigación que demandan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, son la posible participación de militares, la cooperación de policías federales y de Huitzuco en la desaparición de un grupo de los estudiantes, el análisis de la telefonía de los jóvenes y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago.
Las agresiones al movimiento social en Guerrero encontraron su punto neurálgico en la Normal de Ayotzinapa, porque el Estado la ve como un peligro para sus proyectos mineros y reformas estructurales, dijo anoche el coautor del libro La guerra que nos ocultan, Félix Santana, durante la presentación que fue parte de las actividades del nonagésimo primer aniversario de la escuela.
El investigador insistió en que hubo participación directa del Ejercito en la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. De lo contrario, pidió, que explique por qué robaron y mantuvieron activo el celular de Julio César Mondragón Fontes, el joven que fue desollado del rostro, hasta abril de 2015 y mediante el rastreo de las llamadas se pudo comprobar que tuvieron el aparato en el Campo Militar número Uno, de la Ciudad de México.
De ambos temas se habla en el libro La guerra que nos ocultan, editado por Planeta, de los autores, Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, quienes documentaron los registros de actividades telefónicas posteriores al asesinato de Mondragón Fontes, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, con lo que demostraron que sí participó el Ejército.
Félix Santana destacó que la agresión a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa forma parte de las agresiones al movimiento social en Guerrero, y que encontró en Ayotzinapa el punto neurálgico porque aquí coinciden todos los movimientos sociales. Advirtió que estas agresiones no han terminado, “esto se va a poner peor en los próximos días”, porque están en proceso reformas a cuatro leyes, para lo que han generado todo un “entramado institucional”.
Detalló que han modificado la ley que reglamenta el artículo 29 constitucional que permite a la Presidencia de la República decretar un Estado de excepción en zonas específicas del territorio, y prohibir las libertades de prensa, de expresión y de reunión.
Otra modificación al marco jurídico es el Código de Justicia Militar, que legaliza los patrullajes de la Marina y el Ejército, los cateos a domicilios particulares, instituciones como ayuntamientos, palacios de gobierno, instituciones electorales, “con lo que estamos ante la posibilidad de un golpe militar”, expuso.
Añadió que otra reforma es la ley del uso de la fuerza pública que se aprobó en el Estado de México y que consiste en que, si un jefe policiaco determina que una movilización es ilegal puede utilizar municiones y armamento letal para detenerla. “Es decir nos pueden matar por manifestarnos”, destacó.
También citó la modificación en el Senado de la República a la Ley Orgánica de la Administración Pública para otorgarle a la Secretaría de Marina que controle toda la zona costera del país, “es decir, que en 263 municipios de la zona costera, las fuerzas armadas podrán controlar, particularmente la Marina a partir de la modificación que hicieron a dicha ley”.
Dijo que, “el Estado ha aprovechado su poder para militarizar el país, estamos hablando de la brutalización de la política, y en donde el Estado impone su fuerza”.
Explicó que eso ocurre porque estamos desarticulados como pueblo, e incluso como organizaciones sociales, “la razón es que obedecemos a un modelo neoliberal que nos obliga a ser individualista y a competir, a consumir en lugar de pensar, que te exige a que la educación sea un servicio y no un derecho”.
Al final, el otro autor presente, Miguel Alvarado mostró una secuencia fotográfica con la que sustentan que Mondragón Fontes fue desollado y torturado vivo por sus victimarios, la noche del 26 de septiembre de 2014, quienes además lo despojaron de su celular, la misma noche que lo mataron y lo mantuvieron activo hasta abril de 2015.
Con ello sustentan la participación del Ejército, porque el aparato fue ubicado en las instalaciones del Campo Militar número Uno.
En la presentación estuvieron la esposa de Mondragón Fontes, Marissa Mendoza, y el tío del joven estudiante, Cuitláhuac Mondragón, quien dijo que los familiares de los estudiantes asesinados y desaparecidos tienen el derecho a conocer la verdad, “tenemos derecho a que se haga justicia y esto implica castigo a los culpables, físicos e intelectuales”.
Añadió que también tienen derecho a una reparación del daño, pero no como el Estado pretende, “que es al revés”, si no como lo establecen los estándares internacionales.
El tío de Mondragón Fontes, quien es egresado de la Normal Rural de Tenería, Estado de México, convocó a los estudiantes a seguir difundiendo pláticas como estas para concientizar a la gente.
Pidió que la lucha por la justicia no sea aislada, “porque no solamente es de Ayotzinapa, ni tampoco sólo de las organizaciones sociales, es una lucha de toda la humanidad porque es un crimen de lesa humanidad”.
Añadió que la lucha debe enfocarse para la no repetición de casos como estos, “porque desgraciadamente, el Estado le está apostando a que se repita y que el caso quede en la impunidad, lo que implicaría que ya no va a pasar nada, nos hagan lo que nos hagan”.
En respuesta a la agresión que sufrieron padres y otros familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, estudiantes de esa escuela incendiaron dos camiones de la tienda departamental Coppel, ocuparon dos cabinas de radiodifusoras para expresar su condena a la agresión a los padres, y tuvieron un breve enfrentamiento con la Policía Estatal.
Un normalista fue lesionado por un impacto de bala de humo lanzado por policías estatales, y fue hospitalizado en Tixtla, informó la dirigencia estudiantil.
El incendio de uno de los dos camiones de Coppel ocurrió a la salida del libramiento de cuota, cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital, cuando el contingente de unos 50 estudiantes se retiraba a la Normal después de haber tomado las dos cabinas de radio en la capital.
Después en su regreso a las instalaciones de la escuela y cerca del entronque del libramiento con la carretera Chilpancingo-Chilapa, en la salida de Tixtla, prendieron fuego a otro camión de la misma tienda departamental, y metros adelante en la estatua a Vicente Guerrero, cerca del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, tuvieron un breve encuentro a pedradas con policías estatales que ya los perseguían, y con otros que los esperaban en el lugar.
Estos hechos que se derivaron del repliegue violento que sufrieron con gas lacrimógeno y toletes de granaderos los padres de los 43 estudiantes que se encontraban afuera de las instalaciones de la Segob, empañaron las actividades culturales en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa con motivo del 91 aniversario de la fundación de esa institución.
Los estudiantes se enteraron al mediodía de la agresión a los padres en la Ciudad de México y de inmediato convocaron a una concentración en la cancha techada de la escuela, a la una de la tarde.
Allí relataron que el plantón en la Ciudad de México comenzó el 20 de abril en la PGR para pedir “investigaciones claras” en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, que se investigue a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala que actuaron esa noche, la participación en esos hechos de la Policía Municipal de Huitzuco, que se dé seguimiento al rastreo de los celulares de los estudiantes que siguieron activos días después de los hechos, e investigar el tráfico de drogas a través de la línea Estrella de Oro que cubre la ruta Iguala-Chicago, debido a que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) habría sido la
Tras la ruptura en la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado sostuvo la tesis oficial del basurero de Cocula como la más sólida de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) han intentado acercarse a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, reveló el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Aclaró que antes de la visita de los comisionados de la CIDH que forman el mecanismo especial del seguimiento de la investigación, del 19 al 22 de abril, será difícil cualquier diálogo con las autoridades.
Sin embargo añadió que mediante la coadyuvancia de los representantes legales están al tanto de cualquier avance en la investigación, y no han recibido ninguna información que indique un adelanto para esclarecer los hechos o determinar el paradero de los normalistas.
Precisó que los abogados en el momento en que lo consideren pueden consultar el expediente en la PGR, y si hay adelantos significativos las autoridades están obligadas a informar antes que a nadie a las víctimas.
Recordó que la última posición de las autoridades, es que todas las líneas de investigación están abiertas, después de que se interpeló la posición en favor de la llamada “verdad histórica”.
De la tesis aseguró que sólo seis personas de 180 en prisión están relacionadas con el basurero de Cocula, el resto fueron detenidos por portación de armas, por pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, por obtener dinero de manera ilícita, por acción y omisión en la responsabilidad y la desaparición forzada de los estudiantes.
De esos seis la mayoría denunció que fue coaccionado para incriminarse mediante tortura, y dos casos fueron debidamente comprobados mediante la aplicación del protocolo de Estambul.
De la visita de los comisionados, indicó que Esmeralda Arosamena de Troitiño llega con otro comisionado y los integrantes del equipo técnico operativo, que se quedarán más tiempo en el país.
En la visita 19 al 22 al país adelantó que habrá actividades públicas, en la que están planteando una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En otro tema opinó sobre los ataques a los periodistas, tema de las reuniones con los padres de familia.
Consideró que la violencia generalizada en el país vuelve turbio el ambiente, genera resquebrajamiento del tejido social, desestabilidad en los ciudadanos que se acostumbran a la muerte reseñada en los diarios todos los días, como a una estadística.
En este mar de violencia e impunidad, se vuelven vulnerables principalmente aquellas personas que promueven o ejercen un derecho y luchan por un cambio en un país.
“Preocupa a los padres esta situación, porque los que salen perdiendo en este clima de violencia al que nos acostumbra el régimen son los defensores y los periodistas, y la muerte de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada es un ataque directo a la libertad de expresión, un ataque artero”.
Mencionó que para que un Estado democrático funcione debe dar garantías a todos los periodistas para ejercer sus derechos, a los defensores, a los que luchan.
Sin embargo señaló que los funcionarios lo pierden de vista y en reuniones ha escuchado expresiones, incluso del secretario de Gobernación, de que no pueden poner policías a cada defensor, porque somos millones los ciudadanos en el país, y reflejan la insensibilidad, falta de visión y de compromiso con los derechos humanos.
Unos 30 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol durante una hora para pedir recursos y trasladarse hoy a la Ciudad de México, donde será la marcha nacional a 30 meses de los ataques en Iguala en los que desaparecieron 43 de sus compañeros.
Cerca de las 3:40 de la tarde los estudiantes de cuarto año de la Normal Rural llegaron a la caseta de Palo Blanco a bordo de dos autobuses de la línea Estrella de Oro. La mayoría de los jóvenes tenía el rostro cubierto.
Tras descender de los autobuses los normalistas se apoderaron de las cabinas de cobro y pidieron a los automovilistas una cooperación voluntaria, dinero que dijeron que usarán para acudir hoy a la Ciudad de México en respaldo a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos.
Unos cien policías federales antimotines y el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Martín Maldonado del Moral llegaron al lugar. El funcionario ofreció a los normalistas proporcionarles cuatro autobuses más para que pudieran asistir a la manifestación en la Ciudad de México, al concluir el diálogo los jóvenes se retiraron.
No hubo incidentes durante la toma de la caseta de Palo Blanco.
La marcha será del antimonumento al hemiciclo a Juárez
Hoy se cumplen 30 meses de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, al respecto Felipe de la Cruz dijo que a las 4 de la tarde en la Ciudad de México se llevará a cabo una marcha, del antimonumento a los 43 al hemiciclo a Juárez, para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes.
Mencionó que el diálogo con el gobierno federal después de la sesión en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, está suspendido y no se han vuelto a retomar las mesas de trabajo, pero eso no significa que los padres dejarán de exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.
Informó que en junio próximo se llevará a cabo la Caravana Peninsular 43 Esperanzas por Ayotzinapa, durante la cual visitarán Campeche, Yucatán y Quintana Roo para seguir informando a la sociedad sobre el caso Iguala, y llevar a todo el país su demanda por la presentación con vida de los normalistas.
Al cumplirse 29 meses de los ataques, los asesinatos de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más, la tarde de ayer padres de los desaparecidos, estudiantes y organizaciones que los acompañan marcharon en las calles y carreteras de Iguala, colocaron ofrendas florales y reiteraron su exigencia de justicia, presentación con vida y castigo a los involucrados en este crimen.
Minutos después de las 5 de la tarde de ayer, más de 100 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una madre de familia y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala que los acompañan, salieron en marcha de la carpa de la Dignidad instalada en la explanada de Las Tres Garantías, caminaron en la calle Juan Álvarez y 40 minutos después llegó a la esquina con el periférico Norte, donde se colocó una ofrenda de flores a los normalistas asesinados la madrugada del 27 de septiembre, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. También se hizo un mitin en este sitio.
Durante el recorrido se vio a policías federales, estatales y municipales en patrullas siguiendo las actividades, tomando fotografías de los participantes y vigilando a corta distancia.
En la marcha, uno de los oradores en un carro de sonido reiteró el llamado a los vecinos de Iguala para dar información de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre, y los convocaron a apoyar a los padres de los 43 desaparecidos.
Un vocero de los normalistas reiteró durante el mitin la exigencia de que se investigue a los soldados que participaron esa noche y a los mandos militares que estuvieron detrás de las órdenes que se dieron a los involucrados.
Exigió al alcalde priista de Iguala, Herón Delgado Castañeda, al gobernador Héctor Astudillo Flores, y al presidente Enrique Peña Nieto que encarcelen a todos aquellos que estuvieron vinculados a los crímenes del caso Ayotzinapa.
“Llamamos a la población de Iguala a que se una y comparta esta voz de rabia, de injusticia de los normalistas… las 43 butacas siguen esperando a nuestros compañeros para que sigan estudiando y terminen sus estudios para ir a sus escuelas a dar clases, a llevar educación a los niños y a las niñas”, expuso, y demandó al gobierno “que responda a esta terrible masacre, a este crimen de Estado ocurrido hace 29 meses, dónde participaron los policías municipales, los policías federales, los estatales y los militares”.
El vocero dijo que se sumaban también al rechazo al gasolinazo, los incrementos en el precio de la electricidad, el gas y los productos de la canasta básica que tanto han afectado a las clases más desprotegidas.
Después de las 5 de la tarde la marcha siguió por el periférico norte, en la dirección poniente-oriente, hasta llegar a la estela erigida en honor de Julio César Mondragón Fontes, el normalista torturado y desollado del rostro, donde también colocaron una corona de flores y se hizo un mitin en el que se advirtió que las acciones de protesta no se detendrán hasta que haya justicia, la presentación con vida de los 43 desaparecidos y castigo para todos los implicados.
En el segundo mitin, un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reiteró la exigencia a las autoridades federales para que den a conocer información del proceso y la situación actual del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez y su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, ambos detenidos en penales federales por este caso.
También exigió justicia y castigo al asesinato del maestro jubilado Claudio Castillo Peña, ocurrido hace un año durante el desalojo violento de policías federales en Acapulco, y demandó al gobierno federal que use toda la fuerza que mostró en el desfile militar del viernes, para que se garantice la paz y la tranquilidad de los igualtecos y los guerrerenses ante la imparable ola de violencia.
Minutos antes de las 7 de la noche, las actividades concluyeron sin incidentes, y los normalistas y una de las mamás que participó salieron de Iguala con dirección a la Normal Rural de Ayotzinapa en los dos autobuses Consta Line en los que llegaron.
A seis meses de que se rompió el diálogo, hoy los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reanudarán la comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, para conocer los avances de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como las irregularidades en el proceso señaladas por expertos independientes.
En consulta telefónica el vocero Felipe de la Cruz informó que en esta reunión esperan a integrantes del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.
Antes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que para esta mesa exigieron los resultados de la investigación interna sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no obstante la investigación que lleva a cuestas por obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Dijo que solicitaron información de la consignación pendiente de los policías de Huitzuco que detuvieron a un grupo de los 43 normalistas desaparecidos frente al Tribunal Superior de Justicia, así como de dos policías federales identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron en el lugar y permitieron las atrocidades cometidas contra los estudiantes.
Además las acciones de búsqueda de los normalistas, como las líneas de investigación relacionadas al trasiego de droga en Iguala y del quinto camión, probablemente cargado de droga o dinero, según la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que permitiría entender el nivel de violencia y coordinación de distintas corporaciones policiacas con la delincuencia organizada en la agresión a los normalistas y otros ciudadanos.
El 18 de agosto de 2016 los padres de los estudiantes desaparecidos abandonaron la mesa con la PGR, porque los funcionarios estaban dando largas a la presentación de resultados de la investigación interna contra Zerón de Lucio por la manipulación de evidencia que reveló el GIEI desde finales de abril, del mismo año.
En su informe final como coadyuvante de la investigación, el GIEI mostró una videograbación extraoficial tomada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde se observa a Zerón con peritos de la PGR recogiendo materiales muy parecidos a la evidencia que presentaron al siguiente día con fragmentos de huesos humanos, que permitieron la identificación positiva de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
Sin embargo Zerón sólo documentó la operación del 29 de octubre que también realizó a espaldas de los expertos y peritos independientes, representantes de los familiares. A la fecha no hay certeza del lugar del que se sacaron esos restos humanos.
Felipe de la Cruz informó que después de la reunión en la PGR, el sábado 11 de febrero los padres de familia comenzarán otra caravana en dos rutas, al norte y al sur del país para convocar a la Asamblea Nacional de los Indignados, que será el 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Al norte tendrán actividades en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Michoacán, y en el sur en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Oaxaca, Huamantla (población) y Tlaxcala (capital) así como en Cuernavaca y Amilcingo, Morelos, del 13 al 17 de febrero.
Desde San Diego, California, en Estados Unidos, la mamá del normalista de Ayotzinapa desaparecido Benjamín Ascencio, Cristina Bautista Salvador aseguró que no van a descansar hasta que el mundo entero sepa que los madres y padres no se rendirán hasta saber la verdad de dónde se encuentran sus hijos.
Las madres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa se unieron a la caravana Contra la Represión en México desde mediados de octubre, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca, el movimiento de jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, la asociación Luchando Contra el Feminicidio en Ciudad Juárez, y la comunidad Otomí de Xochicuatla del Estado de México. La caravana recorre 12 estados de la unión americana y regresa a México la próxima semana.
Ayer la señora Cristina Bautista informó que participaron en protestas, foros en universidades, acudieron a entrevistas en estaciones de radio, se reunieron con “paisanos” en aquel país y organizaciones sociales para denunciar las violaciones a los derechos humanos. En Chicago hicieron un mitin en el Consulado de México el 25 de octubre.
Relató que en su mensaje las madres llaman a los jóvenes a hacer acciones en el extranjero, en particular los días 26 de cada mes para recordar los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes en Iguala, y exigir que el gobierno mexicano no ponga más obstáculos al Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como hicieron con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contra el que también hubo una campaña de desprestigio.
Asimismo denunciaron que no confían en las autoridades y solicitaron que sus abogados se entrevistaran con uno de los detenidos claves en los hechos de Iguala, el exdirector de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores, pero la petición no fue aceptada.
De los temas recientes mencionó el rechazo al nombramiento del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Hamid García Harfuch, por sus probables nexos con el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Destacó el recibimiento solidario en Estados Unidos, “los jóvenes nos preguntan cómo nos pueden ayudar, qué queremos que realicen, los estamos invitando a hacer reuniones para dar a conocer el tema y el 26 de cada mes a realizar una actividad pública, distribuir volantes, que se de a conocer y que no se cierren, nosotros nos abrazamos con todos porque necesitamos la unión, porque la unidad es la fuerza yo les aseguro a los jóvenes que van a participar, que queremos que lo sepa todo el mundo entero, que los madres y padres no descansamos, que sepan que no nos rendiremos hasta saber la verdad de donde andan nuestros hijos”.
Consideró que las autoridades no comparten esta idea y obstaculizan todo esfuerzo de llegar a la verdad. Recordó que los padres se trasladaron para pedir los expedientes del caso en Matamoros, Tamaulipas, y en Chilpancingo exigieron en el Tribunal Superior de Justicia rinda cuentas de las videograbaciones que guardan evidencia de los hechos criminales de Iguala, y que no fueron investigados sino destruidos, cuando la responsabilidad era de la PGR.
Además, indicó que cuando los padres se encontraban en plantón en la Cámara de diputados en la Ciudad de México, antes de la llegada del mecanismo internacional de la CIDH que dará seguimiento a las investigaciones, se cambió de puesto a la procuradora Arely Gómez, y el presidente nombró en su lugar a Raúl Cervantes Andrade, “eso nos da a entender que no quieren que se avance, (pero) no descansaremos hasta saber donde están nuestros hijos”.
La caravana estuvo en Seattle y Olympia en el estado de Washington y recorrerá varias ciudades de California, antes de regresar a México.
La caravana de padres y familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa llegó al municipio de Atoyac, donde permanecerá dos días.
Ayer estuvo en la colonia 18 de Mayo de la comunidad de San Juan de las Flores, y hoy sábado estará en El Ticuí para dar a conocer la verdad sobre las investigaciones del paradero de los estudiantes, y para anunciar la conformación de comités de información y apoyo en comunidades de donde son cuatro jóvenes detenidos desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares llegaron a la ciudad de Atoyac en un autobús de la empresa Estrella de Oro y fueron recibidos por representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Frente de Defensa Popular (FDP), de la Preparatoria Popular de El Quemado y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Nuevo Horizonte, de la entrada de la ciudad.
La primera actividad de los padres de los normalistas fue el trasplante de 43 ceibas en el bulevar Juan Álvarez, en memoria y demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En la primera ceiba pusieron la leyenda “quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas, nos falta 43”.
El contingente caminó los 3 kilómetros del bulevar donde fueron plantados los arboles hasta llegar a la colonia Zapata, donde hubo una conferencia de prensa y un almuerzo para los integrantes de la caravana.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que el FDP, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Preparatoria Popular de El Quemado y la CETEG respaldan la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Por su parte, el vocero de los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que el plantado de los 43 árboles es un acto simbólico con el que representan que, para ellos, los jóvenes están vivos.
Destacó que el movimiento ha crecido en todo el país, donde la gente ha estado pendiente del caso, y ahora con la muestra de dignidad y resistencia de los maestros, el apoyo es mucho mayor.
Dijo que con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del país y del caso, el gobierno mexicano demuestra que se estaba descubriendo la verdad, “por eso los corrieron cuando estaban cerca de encontrar quiénes son los responsables de ese crimen”.
Sostuvo que seguirán defendiendo el mecanismo de seguimiento que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no confían en las investigaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Cruz dijo que están visitando las comunidades de donde son originarios los normalistas desaparecidos, cuatro de ellos de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, de la comunidad serrana de San Juan de las Flores; Israel Jacinto Rebolledo, de la colonia 18 de Mayo, y Jonás Trujillo Gonzales, de El Ticuí.
Reiteró que están informando de viva voz a las comunidades porque las televisoras y los medios oficiales desinforman y mienten presentando la verdad histórica de la PGR, que asegura que los 43 normalistas están muertos.
Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional
A dos años de los ataques, se promoverá una movilización nacional y en otros países, para lo cual Atoyac se propone como sede de la marcha regional, porque tiene cuatro normalistas desaparecidos.
Sostuvo que seguirán defendiendo y exigiendo pruebas científicas que sus hijos están muertos, como ha querido el gobierno hacer creer a la sociedad, mientras que para ellos siguen vivos y exigen su presentación.
Denunció que los resultados que dejaron los expertos deja claro el tipo de gobierno que hay en el país, “por eso no les permitieron terminar las investigaciones, por eso es importante para nosotros que las investigaciones sigan abiertas; exigimos que se acepte el mecanismo de seguimiento especial y esperamos a que llegue ese equipo de seguimiento”.
Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero
Lamento que se esté buscando el regreso del ex gobernador Ángel Aguirre a la actividad política, “nosotros pedimos que primero nos regrese a los 43 jóvenes, porque sabemos que él forma parte de esa mafia de poder, y él sabe lo que sucedió el 26 (de septiembre de 2014) y lo ha ocultado, como todos los políticos, protegiéndose entre ellos”.
El regreso de Aguirre Rivero que sea, dijo, pero para que lo metan a la cárcel por ser cómplice y haber formado parte de ese crimen.
Aclaró que ignoran cuáles son los intereses del PRD de que regrese a sus fila el ex gobernador, aunque a ellos, “los partidos no nos generan confianza, al contrario, le pedimos a la comunidad, al pueblo, que deje de creer en los partidos, que son una de las máscaras para seguir hundiendo al pueblo en la miseria y seguir vendiendo lo poquito que tenemos”.
Asimismo, el padre del normalista desaparecido Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Máximo Hernández Cruz agradeció el apoyo de los vecinos del municipio, que fueron desde un inicio a los que les dijo, “sigamos caminando junto hasta saber la verdad y nos los entreguen vivos, porque vivo se los llevaron, ellos –el gobierno–, dicen que se los llevó la delincuencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que la policía fue la que los desaparecido”.
Por otro lado, María Elena Guerrero dijo que su hijo, Giovanny, fue desaparecido, y “a 20 meses no hemos parado, no hemos descansado y no nos vamos a rendir hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos, porque fueron policías quienes se los llevaron”.
Advirtió que si ellos, los familiares, abandonan el movimiento, condenarían a otros jóvenes a que vuelva a pasar lo mismo, “no queremos que otra familia, otros padres sufran, porque es muy duro este dolor, pero no es imposible, no es que no queramos la verdad histórica que inventó el gobierno, pero no hay pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos no están, seguiremos luchando junto con los maestros y organizaciones, porque no podemos dejarles este México podrido a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
La caravana se dirigió a la comunidad de San Juan de las Flores, en el brazo serrano de Pie de la Cuesta, donde fueron recibidos por el comisario municipal, Juan Castro Gervasio.
Ahí el vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo que es importante que se una la comunidad y no sigan permitiendo que desaparezcan los jóvenes, “si en otros países marchan y protestan por ellos, porque aquí, de donde son dos de ellos, aquí nacieron aquí estudiaron primaria y secundaria, aquí por qué no”.
En su turno, Carmen Cruz dijo que su hijo, Jesús Mendoza, es uno de los estudiantes desaparecidos, y como madre no lo va a dejar como perdido, aun cuando hay desgaste físico y enfermedad.
Sostuvo que el amor a sus hijos la mantiene en pie, “me da coraje con esa gente que antes les desaparecían, les asesinaban a sus familiares, y nadie decía nada porque tenían miedo, son unos cobardes, nosotros no seguiremos hasta las últimas consecuencias, al menos mi corazón de madre no me falla, me dice que mi hijo está vivo, y todos sus compañeros”.
Narró que viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan hambre y desvelos, pensando qué les hacen a sus hijos.
Asimismo, Margarito Ramírez Rodríguez dijo que son gente de pueblo, no como los del gobierno de alto nivel, “pero no por eso vamos a dejar que otras familias pasen los mismo que nosotros, por eso andamos en las comunidades transmitiéndoles (nuestro mensaje) de viva voz”.
En declaraciones la madre de Bernardo Flores Alcaraz, María Isabel Alcaraz, se dijo motivada porque hayan llegado los padres a su comunidad, a estar en la cancha de su pueblo, a informar al pueblo lo que está pasando.
Dijo que a dos años es angustioso no saber nada de las investigaciones que hace el gobierno, “ellos no hacen su trabajo como debe ser, las autoridades de nuestros país, encontraron al Chapo, que es una persona, y nuestros hijos son 43 y siguen perdidos, no sabemos qué pasa con ellos”.
Añadió que ha sido difícil la vida en este país donde no hay seguridad ni confianza en las autoridades que gobiernan, ni en las corporaciones policiacas que están coludidas con los delincuentes.
A raíz de la desaparición de su hijo, la situación emocional ha impactado en toda su familia, al grado de que han tenido que ser atendidos por especialistas, “tengo resentimiento y coraje con el gobierno por lo que ha pasado, veo a otros jóvenes y pienso que podría ser mi hijo”.
La caravana regresó a la ciudad de Atoyac para una velada cultural en la colonia 18 de Mayo, donde se integraron desde su llegada la madre y dos hermanas del joven desaparecido originario de ese lugar.
Organizaciones sociales de Atoyac y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sembraron ayer el mismo número de ceibas en el bulevar Juan Álvarez de Atoyac y exigieron la presentación con vida de los normalistas . Foto: Francisco Magaña
Organizaciones sociales de Atoyac y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sembraron ayer el mismo número de ceibas en el bulevar Juan Álvarez de Atoyac y exigieron la presentación con vida de los normalistas
Francisco Magaña
Atoyac
La caravana de padres y familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa llegó al municipio de Atoyac, donde permanecerá dos días.
Ayer estuvo en la colonia 18 de Mayo de la comunidad de San Juan de las Flores, y hoy sábado estará en El Ticuí para dar a conocer la verdad sobre las investigaciones del paradero de los estudiantes, y para anunciar la conformación de comités de información y apoyo en comunidades de donde son cuatro jóvenes detenidos desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares llegaron a la ciudad de Atoyac en un autobús de la empresa Estrella de Oro y fueron recibidos por representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Frente de Defensa Popular (FDP), de la Preparatoria Popular de El Quemado y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Nuevo Horizonte, de la entrada de la ciudad.
La primera actividad de los padres de los normalistas fue el trasplante de 43 ceibas en el bulevar Juan Álvarez, en memoria y demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En la primera ceiba pusieron la leyenda “quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas, nos falta 43”.
El contingente caminó los 3 kilómetros del bulevar donde fueron plantados los arboles hasta llegar a la colonia Zapata, donde hubo una conferencia de prensa y un almuerzo para los integrantes de la caravana.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que el FDP, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Preparatoria Popular de El Quemado y la CETEG respaldan la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Por su parte, el vocero de los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que el plantado de los 43 árboles es un acto simbólico con el que representan que, para ellos, los jóvenes están vivos.
Destacó que el movimiento ha crecido en todo el país, donde la gente ha estado pendiente del caso, y ahora con la muestra de dignidad y resistencia de los maestros, el apoyo es mucho mayor.
Dijo que con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del país y del caso, el gobierno mexicano demuestra que se estaba descubriendo la verdad, “por eso los corrieron cuando estaban cerca de encontrar quiénes son los responsables de ese crimen”.
Sostuvo que seguirán defendiendo el mecanismo de seguimiento que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no confían en las investigaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Cruz dijo que están visitando las comunidades de donde son originarios los normalistas desaparecidos, cuatro de ellos de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, de la comunidad serrana de San Juan de las Flores; Israel Jacinto Rebolledo, de la colonia 18 de Mayo, y Jonás Trujillo Gonzales, de El Ticuí.
Reiteró que están informando de viva voz a las comunidades porque las televisoras y los medios oficiales desinforman y mienten presentando la verdad histórica de la PGR, que asegura que los 43 normalistas están muertos.
Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional
A dos años de los ataques, se promoverá una movilización nacional y en otros países, para lo cual Atoyac se propone como sede de la marcha regional, porque tiene cuatro normalistas desaparecidos.
Sostuvo que seguirán defendiendo y exigiendo pruebas científicas que sus hijos están muertos, como ha querido el gobierno hacer creer a la sociedad, mientras que para ellos siguen vivos y exigen su presentación.
Denunció que los resultados que dejaron los expertos deja claro el tipo de gobierno que hay en el país, “por eso no les permitieron terminar las investigaciones, por eso es importante para nosotros que las investigaciones sigan abiertas; exigimos que se acepte el mecanismo de seguimiento especial y esperamos a que llegue ese equipo de seguimiento”.
Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero
Lamento que se esté buscando el regreso del ex gobernador Ángel Aguirre a la actividad política, “nosotros pedimos que primero nos regrese a los 43 jóvenes, porque sabemos que él forma parte de esa mafia de poder, y él sabe lo que sucedió el 26 (de septiembre de 2014) y lo ha ocultado, como todos los políticos, protegiéndose entre ellos”.
El regreso de Aguirre Rivero que sea, dijo, pero para que lo metan a la cárcel por ser cómplice y haber formado parte de ese crimen.
Aclaró que ignoran cuáles son los intereses del PRD de que regrese a sus fila el ex gobernador, aunque a ellos, “los partidos no nos generan confianza, al contrario, le pedimos a la comunidad, al pueblo, que deje de creer en los partidos, que son una de las máscaras para seguir hundiendo al pueblo en la miseria y seguir vendiendo lo poquito que tenemos”.
Asimismo, el padre del normalista desaparecido Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Máximo Hernández Cruz agradeció el apoyo de los vecinos del municipio, que fueron desde un inicio a los que les dijo, “sigamos caminando junto hasta saber la verdad y nos los entreguen vivos, porque vivo se los llevaron, ellos –el gobierno–, dicen que se los llevó la delincuencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que la policía fue la que los desaparecido”.
Por otro lado, María Elena Guerrero dijo que su hijo, Giovanny, fue desaparecido, y “a 20 meses no hemos parado, no hemos descansado y no nos vamos a rendir hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos, porque fueron policías quienes se los llevaron”.
Advirtió que si ellos, los familiares, abandonan el movimiento, condenarían a otros jóvenes a que vuelva a pasar lo mismo, “no queremos que otra familia, otros padres sufran, porque es muy duro este dolor, pero no es imposible, no es que no queramos la verdad histórica que inventó el gobierno, pero no hay pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos no están, seguiremos luchando junto con los maestros y organizaciones, porque no podemos dejarles este México podrido a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
La caravana se dirigió a la comunidad de San Juan de las Flores, en el brazo serrano de Pie de la Cuesta, donde fueron recibidos por el comisario municipal, Juan Castro Gervasio.
Ahí el vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo que es importante que se una la comunidad y no sigan permitiendo que desaparezcan los jóvenes, “si en otros países marchan y protestan por ellos, porque aquí, de donde son dos de ellos, aquí nacieron aquí estudiaron primaria y secundaria, aquí por qué no”.
En su turno, Carmen Cruz dijo que su hijo, Jesús Mendoza, es uno de los estudiantes desaparecidos, y como madre no lo va a dejar como perdido, aun cuando hay desgaste físico y enfermedad.
Sostuvo que el amor a sus hijos la mantiene en pie, “me da coraje con esa gente que antes les desaparecían, les asesinaban a sus familiares, y nadie decía nada porque tenían miedo, son unos cobardes, nosotros no seguiremos hasta las últimas consecuencias, al menos mi corazón de madre no me falla, me dice que mi hijo está vivo, y todos sus compañeros”.
Narró que viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan hambre y desvelos, pensando qué les hacen a sus hijos.
Asimismo, Margarito Ramírez Rodríguez dijo que son gente de pueblo, no como los del gobierno de alto nivel, “pero no por eso vamos a dejar que otras familias pasen los mismo que nosotros, por eso andamos en las comunidades transmitiéndoles (nuestro mensaje) de viva voz”.
En declaraciones la madre de Bernardo Flores Alcaraz, María Isabel Alcaraz, se dijo motivada porque hayan llegado los padres a su comunidad, a estar en la cancha de su pueblo, a informar al pueblo lo que está pasando.
Dijo que a dos años es angustioso no saber nada de las investigaciones que hace el gobierno, “ellos no hacen su trabajo como debe ser, las autoridades de nuestros país, encontraron al Chapo, que es una persona, y nuestros hijos son 43 y siguen perdidos, no sabemos qué pasa con ellos”.
Añadió que ha sido difícil la vida en este país donde no hay seguridad ni confianza en las autoridades que gobiernan, ni en las corporaciones policiacas que están coludidas con los delincuentes.
A raíz de la desaparición de su hijo, la situación emocional ha impactado en toda su familia, al grado de que han tenido que ser atendidos por especialistas, “tengo resentimiento y coraje con el gobierno por lo que ha pasado, veo a otros jóvenes y pienso que podría ser mi hijo”.
La caravana regresó a la ciudad de Atoyac para una velada cultural en la colonia 18 de Mayo, donde se integraron desde su llegada la madre y dos hermanas del joven desaparecido originario de ese lugar.
