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Piden al gobierno alemán que incluya la desaparición forzada en la agenda de la visita del presidente Peña

 

En vísperas de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Berlín, el 11 y el 12 de abril, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exigió que en su agenda incluya la desapareción forzada y, como ejemplo emblemático, el caso de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En una carta abierta fechada en Stuttgart, Alemania, los firmanes exigieron al presidente Joachim Gauck, y la canciller federal Angela Merkel, que en la visita del presidente de México incluyan en la agenda a los derechos humanos.
Indicaron que la crisis de derechos humanos “ha adquirido dimensiones catastróficas en este país, pues cifras oficiales mencionan que se desconoce el paradero de casi 27 mil personas”.
Sin embargo, denunciaron que las autoridades casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes, por ejemplo, de la “inacción” gubernamental señalaron el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre del 2014.
Recordaron que la desaparicion forzada de 43 normalistas reveló la colaboración entre las autoridades estatales y el crimen organizado, y “desató un gran desconcierto en México y a nivel internacional”.
Pero precisó que el caso es, “sólo la punta del iceberg” de este grave problema, y sólo ante la presión internacional las autoridades mexicanas comenzaron una investigación con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), subsdidiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Destacaron que el Grupo presentó una serie de resultados que refutaron la tesis principal de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el destino de los normalistas, que sigue sin ser aclarado.

El caso Ayotzinapa y las armas alemanas exportadas ilegalmente

Aunque no lo precisan, el caso Ayotzinapa también fue vinculado a la exportación ilegal de armas de Alemania, que policías usaron contra estudiantes de Ayotzinapa en un desalojo en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011, con un saldo de dos estudiantes muertos, y en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecidas 43.
Se trata de la entrada de 9 mil 652 fusiles de asalto G36 alemanes a Guerrero, entregados a policías entre 2006 y 2009, pese a las prohibiciones de venta de este tipo de armas a estados en conflicto, ante las constantes violaciones a los derechos humanos.
Investigaciones alemanes han dado cuenta del uso de estas armas para reprimir movimientos sociales y estudiantiles, y señalaron el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, encontrado con el rostro desollado pocas horas después de los ataques del 26 de septiembre.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México señaló que, tras los hechos de Iguala, en México se perdió la confianza en las instituciones estatales, porque las desapariciones, afirmó, “no únicamente” están relacionadas con el crimen organizado.
Afirmaron que también las fuerzas estatales de seguridad “son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México”.
Informaron que la corrupción, “alcanza niveles más altos en la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.
También denunció detenciones arbitrarias y tortura ejercidas por policías y soldados, “so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.
Señalaron que, a través de la tortura se consigan las confesiones de delitos, y así se agilizan las averiguaciones; y los polícias y militares que torturan no temen a ser acusados porque, en la mayoría de los casos, la víctima permanece en la cárcel, a pesar de la falta de evidencias del delito.
Señalaron que a partir de la presión internacional, el gobierno mexicano presentó un bosquejo de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas, que no corresponden con los estándares internacionales, y rechaza las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y Comités de las Naciones Unidas, para la mejora de la situación de derechos humanos en México.
Así, se atacó y difamó a expertos como el Relator Especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez, y a los integrantes GIEI, que señalaron irregularidades de la administración estatal.
Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Peña Nieto promociona la inversión de mercados internacionales y promueve nuevas leyes en áreas de energía, minería, extración de gas y petróleo, que tendrán repercusiones considerables en unas 32 mil comunidades agrícolas en México, y en las casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales.

No hay en México mecanismos de protección a periodistas y defensores, acusan

Asimismo, informaron que defensores de derechos humanos y periodistas, que señalan las irregularidades y exigen cambios, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato, y no existen mecanismos de protección suficiente a periodistas amenazados como indican los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos.
De acuerdo con la clasificción mundial de la libertad de prensa, de Reporteros sin Fronteras, México es el quinto país en asesinatos de periodistas, y la organización Artículo 19 tiene a la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero como las entidades mas peligrosas para ejercer el oficio de informar.
Asimismo, exigeron que Alemania pida mejoras de la situación de derechos humanos a Peña Nieto, y en particular en la creación de leyes para que las iniciativas contra la tortura y desapariciones forzada correspondan con los estándares internacionales, y que se disponga de mecanismos efectivos de participación y monitoreo de la sociedad civil, y de las asociaciones de víctimas en la realización y aplicación de estas leyes.
De igual manera, solicitaron que en la práctica se garantice el derecho a las comunidades indígenas de su consentimiento, libre, previo e informado en la planeación y desarrollo de megaproyectos, como está establecido en el Convenio 169 de la OIT, y que se fortalezca el Mecanismo de Protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, basándose en las recomendaciones de la sociedad civil.

Diputados de la comisión para Ayotzinapa se reunirán con Murillo y expresarán si apoyan que siga el GIEI

El próximo 6 de abril la comisión especial sobre el caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados se reunirá en privado, fuera de las instalaciones de San Lázaro, con el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, para hablar de la actuación de la dependencia federal.
Durante la sesión ordinaria de la comisión especial que preside la panista Guadalupe Murguía se notificó la fecha del encuentro, y se aclaró que será una “reunión de trabajo”, debido a que no están facultados para llamar a comparecer a funcionarios o ex funcionarios, como Murillo Karam.
El encuentro será en un lugar “rentado” y no se permitirán grabaciones ni el ingreso de celulares.
Ayer también se decidió que el mismo 6 de abril, en reunión extraordinaria, los miembros de cada partido político externen si apoyan la idea de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) continúe en México por un periodo más.
La diputada de Morena, Araceli Damián aclaró que la permanencia o no del GIEI no va aparejada con la disolución de la comisión especial, pues esa instancia, explicó, es para “dar seguimiento” a las recomendaciones de los expertos, “y muchas de ellas aún no se han cumplido”.
Si los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) logran la mayoría de votos para no brindarle apoyo al GIEI, puntualizó, “ello no va a significar de modo alguno la desaparición de la comisión especial”.
Por otro lado, los representantes de partidos afines al gobierno de Enrique Peña Nieto propusieron que la comisión especial “votara” si acepta o no el uso de la tribuna de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La legisladora de Morena calificó de “absurdo” ese hecho, debido a que –subrayó– es la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que debe aceptar o rechazar la petición de los padres de familia.
En enero pasado la Jucopo señaló que la petición del uso de la tribuna debe surgir de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, y no como propuesta del poder Legislativo.
Ese mes, 22 de los 43 padres solicitaron el uso de la tribuna de San Lázaro en un documento que fue entregado a la comisión especial para que lo remitiera a la Jucopo. Ahora la comisión tiene una nueva petición con la firma de los 43 padres, quienes desean exponer desde la “máxima tribuna” los hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ayer el PRI buscó que la comisión especial “votara” de una vez si se les daba la tribuna, pero finalmente el tema se trasladó para la siguiente semana. Y dado que fue la propia Jucopo la que determinó desde un inicio el mecanismo, es esa instancia la que debe aceptar o rechazar la demanda de los 43 padres.
Ayer cuando los coordinadores parlamentarios abordaron el tema y presentaron la carta con la firma de los 43 padres de familia, el priista César Camacho, quien encabeza la Jucopo, dijo que es “inviable jurídicamente” que “comparezcan” en la Cámara de Diputados para exponer su posición respecto de los avances en las indagatorias del caso Ayotzinapa. Añadió: “Se buscará el mecanismo” para que se pueda llevar a cabo un encuentro con los padres, “pero no a manera de comparecencia”.

Exhorta el Congreso a la PGR a apoyar al Comité de los Otros Desaparecidos de Iguala

 

Sin discusión y por unanimidad, 42 diputados locales de un total de 46, exhortaron ayer a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, a que provea de todo apoyo al Comité de los Otros Desaparecidos de Iguala y someta a investigación inmediata y exhaustiva, bajo los mas altos estándares internacionales, todos los casos que sean hechos de su conocimiento.
Asimismo, iniciar los procesos penales correspondientes, dirigir y supervisar las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas, y en su caso la identificación forense.
Y también por unanimidad y sin discusión en esta sesión le aprobaron a la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, adicionar al punto de acuerdo, presentado por el diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, de que la PGR también elabore “un padrón público de personas desaparecidas, con fotos y datos precisos del último lugar que fueron vistos, el lugar, hora y ropa que vestían, e iniciar los procesos penales”.
Este martes hubo dos sesiones, y en la primera, el diputado del MC, Ricardo Mejía Berdeja, quien presentó el punto de acuerdo en tribuna, explicando que los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sucedieron hechos que desembocaron en 6 homicidios, más de 40 heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que aún se encuentran en calidad de desaparecidos.
Añadió que el caso de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, es una clara muestra de que México vive una grave crisis en materia de derechos humanos, que obliga al Estado mexicano a poner énfasis en el tema de seguridad, justicia y el combate a la corrupción e impunidad, para remontarla.
Indicó que con esos hechos acontecidos, “se destapó la cloaca que existía no sólo en México y en Guerrero, sino que de manera muy particular en la ciudad de Iguala, donde decenas y decenas de personas son desaparecidas continuamente, y estas son buscados en los cerros, en los lugares céntricos y apartados del propio municipio”.
Detalló que por esta situación de “grave crisis de derechos humanos en la entidad”, un grupo de personas se vieron en la necesidad de crear el Comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, “teniendo voluntad firme y decididamente suben a los cerros, comunidades, lugares muy apartados del centro de Iguala, para buscar a sus hijos, hermanos, padres y familiares que han sido desparecidos, pero el estado en poco ayuda en encontrar a sus familiares”.
Enfatizó que la respuesta de las autoridades, “pareciera ser repetitiva que no es desaparición forzada y que es culpa de la delincuencia organizada, como si todos los órdenes de gobierno y todos los poderes del estado, se coordinaran para dar la misma respuesta”.
Enseguida dio datos: “Hasta el día domingo 27 de marzo del año que transcurre, el Comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala han localizado 143 cuerpos en más de 90 fosas de los cuales 24 han sido identificadas, y 15 han sido entregadas a sus familiares”.
Además que, “el día 24 del mes y año en curso el comité encontró 124 huesos en dos fosas clandestinas al poniente de Iguala”.

Familiares actuaron ante la incapacidad de las instituciones

Ricardo Mejía recordó que dicho Comité, de manera constante han manifestado la solitud de que las autoridades de los órdenes de gobierno puedan brindarles el apoyo para seguir en la búsqueda de sus familiares, pero han sido nulo los esfuerzos ante las autoridades locales y nacionales, que no les brindan el apoyo necesario y suficiente.

“La CIDH manifiesta su alarma por la información recibida que indica que el 1 de julio de 2013, 30 personas sin aparente conexión entre ellas, de diferentes edades y sexo, y que se encontraban en diversos lugares de Cocula desaparecieron, sin que a la fecha se conozca su paradero, o se tenga alguna información sobre la investigación”, precisó.
Y que durante la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa fueron hallados 60 fosas colectivas clandestinas en dicho municipio (de Cocula).
Al respecto, Ricardo Mejía, consideró que “la incapacidad institucional para atender el problema es la razón por la cual los propios familiares sean quienes están llevando a cabo sus propias búsquedas de fosas clandestinas en Iguala buscando a sus familiares desaparecidos”.
Finalizó su lectura diciendo que “este grave problema se está agudizando en la entidad y sobre todo en Iguala, mientras más de 400 familias piden continuamente apoyo de las autoridades mexicanas y guerrerenses prácticamente nadie las escucha y las defiende, violando el estado de Derecho”.
Y que  por esto, “es urgente que esta Soberanía popular exhorte al gobierno federal a que atienda, apoyo y coadyuve con el Comité de Los Otros Desparecidos de Iguala, para encontrar a las personas desaparecidas”.
Sobre el tema, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, propuso adicionar al exhorto, que la titular de la PGR, “provea de todo el apoyo al Comité de los Otros Desaparecidos de Iguala, elaborando un padrón público de personas desaparecidos, con fotos y datos preciso del último lugar que fueron vistos, lugar, hora y ropa que vestían e iniciar los procesos penales”.

Iniciativas

En la presentación de iniciativas que fueron turnadas Comisiones, la diputada del PVEM, Luisa Vargas Mejía, presentó una ante el pleno, por la cual propone adicionar el numeral 3 al artículo sexto de la Constitución Política del estado, con la intención de elevar la competitividad y el desarrollo de la comunidad.
En este mismo apartado, la diputada del PVEM, Carmen Illiana Castillo Ávila, presentó una iniciativa de Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en el estado.
Y la diputada del PRI, Rosaura Rodríguez, presentó una iniciativa de reformas en materia de asignaciones afirmativas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

Piden libre peaje para de Iguala a Amacuzac, Morelos

Los diputados aprobaron, en esta sesión, por unanimidad y sin discusión, exhortar al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Abraham Zamora Torres, para que la plaza de cobro número 03 del tramo carretero que va de Iguala Guerrero, al poblado de Amacuzac Morelos, quede libre de peaje para los habitantes de los poblados de Iguala y comunidades circunvecinas, o en su caso, se construya una vía alterna que intercomunique a estas localidades, y así contribuir en aumentar la fluidez en las actividades productivas y económicas.
Cabe destacar que antes de iniciar la sesión, a petición del diputado del PRD, Ernesto González, el pleno guardó un minuto de silencio en memoria del gerente de la Capama en Ciudad Renacimiento en Acapulco, Arquímides Guzmán Cisneros, asesinado en su oficina el pasado martes 22.

Condena la CIDH la campaña de desprestigio contra Álvarez Icaza y los expertos independientes

De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.

En un comunicado el organismo consideró inadmisible la denuncia contra Álvarez Icaza que interpuso el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, fechada el 15 de marzo, por fraude al gobierno federal y los contribuyentes por un millón 250 mil pesos, que el Estado mexicano aportó para gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica internacional que México solicitó a la CIDH.
El secretario técnico firmó el acuerdo internacional en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisa.
La denuncia fue interpuesta por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal AC, pero el tema fue llevado a debate por la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace hace seis meses, cuando terminó el primer periodo de mandato del GIEI. Entonces la empresaria dijo que Álvarez Icaza cayó en un conflicto de intereses en un caso del que debió excusarse por su nacionalidad.
En el escrito fechado en Washington, DC, la CIDH (órgano autónomo de la OEA) expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre esta base, “porque no constituye ningún delito, (la denuncia) resulta temeraria e infundada”.
Explica que Icaza Longoria firmó el convenio de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, a través de la figura de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, la CIDH no administró los recursos ni lo hizo el secretario Ejecutivo.
Para aclarar el caso el organismo cita el argumento que usó en la querella para desacreditar la labor de los expertos y del funcionario de la CIDH: que Álvarez Icaza “incorporó a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes”.
Sin embargo los quejosos señalaron que Álvarez Icaza “engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
Antes de esta denuncia hubo una campaña dirigida a cada integrante del GIEI para poner en duda su calidad moral y su trabajo en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y en especial en América Latina. Los expertos son Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Carlos Beristáin y Francisco Cox.
La CIDH precisó que las partes que firmaron el acuerdo de asistencia técnica internacional (los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Estado mexicano representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República), estuvieron de acuerdo en la selección de los expertos y expertas.
Recordó que se integró el grupo de trabajo a partir de la solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer una verificación técnica de las acciones de las autoridades y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Durante un periodo de seis meses analizarían las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y harían un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Tras el primer informe de trabajo, el 6 de septiembre de 2015, se renovó su mandato por un periodo adicional de seis meses, que vence el 30 de abril.
Del primer informe y conclusiones del GIEI, la CIDH destacó las irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, de las autoridades estatales.
En particular los cuestionamientos a la tesis oficial “la versión histórica” de los hechos de Iguala que dio a conocer el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (desacreditada científicamente por expertos independientes), y la apertura de nuevas líneas de investigación para llegar a la verdad de los hechos.
La Comisión reiteró su respaldo al trabajo del GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones que presenta, asimismo, al secretario Ejecutivo de la CIDH, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

No ha entregado la PGR los nueve cuerpos identificados, informan familiares de Los Otros Desaparecidos de Iguala

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, informaron en la asamblea de ayer que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha entregado aún los nueve cuerpos de familiares que logró identificar, y hasta ayer los familiares desconocían quiénes son las víctimas.
Desde noviembre de 2014, cuando se integró el grupo de Los Otros Desaparecidos tras el caso Ayotzinapa, familiares de víctimas de desaparición forzada han hallado más de 90 fosas clandestinas, de las que la PGR ha exhumado 143 cuerpos, y de éstos ha identificado 24, de los cuales sólo 15 han sido entregados a sus familiares.
En la asamblea de este martes en el sótano de la parroquia de San Gerardo, un representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó a familiares que en un plazo de cuatro semanas integrará los expedientes de los desaparecidos y sus familias, para que éstas puedan acceder a algunos beneficios como becas o el fondo para la alimentación, el cual se propone a cambio del apoyo para viáticos que les fue suspendido desde enero y que hasta ayer no les daban.
Familiares se inconformaron porque en la reunión del 22 de marzo el director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, Joaquín Torrez Osorno les dijo que ayer les mostraría el catálogo de prendas de los cuerpos que han sido exhumados de fosas clandestinas, por lo que llegaron más de 150 familiares a la asamblea, pero el funcionario de la PGR nunca llegó.
En declaraciones, uno de los coordinadores del comité, Jaime Velázquez dio a conocer que por el pliego de peticiones que le entregaron al alcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, ya les ofrecieron condonarles el pago de agua potable a unas 50 familias de desaparecidos que son de Iguala, y que el beneficio será desde la fecha en que su familiar está ausente.
Informó que también se valora la condonación del pago del impuesto predial a las familias de Iguala, y todo se hará con base en los expedientes de sus denuncias ante el Ministerio Público y la PGR, para evitar que en la lista haya personas que no son del grupo.
También comentó que como parte de las gestiones ante el DIF municipal, les fueron entregadas 150 despensas, las cuales son parte de una remesa que entregó el DIF estatal desde el periodo de Rogelio Ortega Martínez, y se quejó de que la leche que traían ya estaba caducada, por lo que ésta fue retirada de las cajas antes de entregárselas a los familiares.
Jaime Velázquez abundó que en el DIF les informaron que las despensas eran parte de una remesa que el DIF estatal entregó a los DIF municipales en el periodo de Rogelio Ortega, y que les aclararon que el único producto que estaba caducado era la leche, y ante la necesidad de las familias aceptaron las despensas, pues contenían granos básicos, avena y una lata de sardina.
Además indicó que les poyarán con láminas de cartón para los techos de las viviendas de las familias que así lo necesiten.
Sobre las oficinas de la extinta empresa Fertigro que piden para hacer sus oficinas, informó que sólo les han dicho que las gestiones se siguen haciendo ante el gobierno del estado y que va por buen camino.

Muestran propuestas para el memorial de los desaparecidos a los familiares

En la asamblea de ayer, el arquitecto Frumencio Ramírez Cardona, quien fue el encargado de la construcción de las estelas en memoria de los normalistas asesinados de Ayotzinapa, mostró a familiares de desaparecidos dos propuestas para la construcción del Memorial de los Desaparecidos, el cual podría ser construido cerca del Monumento a los Héroes, en el bulevar Heroico Colegio Militar, donde también está el estadio de futbol Ambrosio Figueroa.

Ofrece la PGR 1.5 millones de pesos por el paradero de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista

La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de 1 millón 500 mil pesos por la localización del presidente y la coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, desaparecidos por sicarios protegidos por soldados del Ejército y policías ministeriales el 7 de diciembre de 2011, cerca del poblado de Rodesia, municipio de Tecpan, en la Costa Grande.
A cinco años de su desaparición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se ofrece una recompensa a quien proporcione información para la localización de los dos ecologistas.
También ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos a quien ayude a localizar a los responsables de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y los que resulten, cometidos en agravio de los ecologistas.
En el acuerdo A/037/16 se detalla que el 7 de marzo del 2013 la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC) de la PGR, se inició una investigación por esos delitos contra los activistas.
En la publicación se dan a conocer los números telefónicos a donde se podrán hacer las denuncias: (55) 53 46 15 44 y 53 46 00 00 extensión 4748 y al correo electrónico [email protected].
Con la misma fecha en el Diario Oficial de la Federación fueron aprobadas otras seis recompensas para desaparecidos de otros estados como Veracruz, Tamaulipas y la Ciudad de México.
Marcial Bautista y Eva Alarcón Ortiz fueron bajados del autobús en el que viajaban hacia la Ciudad de México el 7 de diciembre del 2011, por hombres armados que interceptaron el vehículo después de una revisión de soldados del Ejército.
Los ecologistas fueron sacados del autobús alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando iban por la carretera federal Zihuatanejo- Acapulco en la localidad de Rodesia, municipio de Tecpan.
Los testigos relataron que al vehículo se subieron hombres armados y encapuchados, quienes preguntaron por el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Marcial Bautista Valle.
Ambos viajaban a la ciudad de México a una reunión con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Durante su desaparición operaba el Grupo Coordinación Guerrero, el cual no dio información de la ubicación de los ecologistas.
Por el crimen fue detenido el comandante de la Policía Ministerial Cesáreo Espinoza Palma, El Ganso.
Desde la desaparición las hijas de ambos luchadores sociales, Coral Rojas y Victoria Bautista iniciaron una intensa búsqueda y demandaron a las autoridades estatales que agilizaran la investigación.
Más por el trabajo de las jóvenes que por la participación del gobierno, el 27 de diciembre del 2012 fue detenido el comandante de la Policía Ministerial adscrito a Tecpan de Galeana, Cesáreo Espinoza Palma, acusado de participar en la desaparición de los ecologistas.
Ese día la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado) informó en un comunicado de prensa que el jefe policiaco y uno de sus acompañantes, José Jhony López Galván fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) para que rindieran su declaración ministerial al respecto.
El Ganso fue señalado de estar en el retén que detuvo el autobús en el que viajaban la madrugada en que los delincuentes se llevaron a los dos ecologistas.
El 14 de diciembre del 2011 fueron detenidos 28 policías municipales de Tecpan de Galeana para que declararan en torno a los hechos, pero sólo 48 horas y luego fueron puestos en libertad.
Durante las investigaciones fue señalado el Ejército como participante en la desaparición de los ecologistas, y el 12 de diciembre de 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que aseguró que ninguno de sus elementos participó, a pesar de los testigos que relataron que antes de que subieran los sicarios al autobús, en un retén un militar subió y preguntó por Marcial Bautista.
En su declaración ministerial uno de los detenidos, José Jhonny López Galván, El Güero dijo que “los mataron de un balazo y luego los quemaron con gasolina y leña en una huerta de mango”, pero según un peritaje a los restos que señaló el delincuente, éstos no correspondían a Eva Alarcón ni a Marcial Bautista.

Destruyó la Policía Federal 8 hectáreas de cultivo de amapola en Tierra Caliente

 

La Policía Federal reportó la destrucción el lunes de 8 hectáreas sembradas de amapola en las colindancias entre Arcelia y Acapetlahuaya, cerca de la comunidad conocida como Los Sabinos.
De acuerdo con el reporte oficial, lo destruido tenía una extensión de 8.2 hectáreas con 20 o 23 plantas por metro cuadrado. De esta forma fueron cortadas e incineradas aproximadamente 164 mil plantas.
La Policía Federal precisó que las plantas fueron quemadas, pero además algunas de ellas fueron aseguradas como evidencia que más tarde fueron puestas a disposición del ministerio público federal con sede en Altamirano.
Los agentes federales se encontraban en un recorrido cuando llegaron hasta el cultivo de amapola, entre los municipios de Canuto Neri, con cabecera en Acapetlahuaya, y las colindancias con Arcelia, donde converge la región Norte con la Tierra Caliente.
La corporación anunció que el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la mañana del lunes, cuando unos agentes recorrían un camino que conduce al poblado conocido como Los Sabinos.
No se reportaron personas detenidas, solamente la destrucción de las plantas. El informe señala que la amapola sembrada estaba destinada a producir fuertes cantidades de goma para la elaboración de drogas como la heroína.

Incineran 140 kilos de droga en Xocomanatlán, Chilpancingo

La PGR por medio de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), informó que incineró más de 140 kilogramos de droga en la comunidad de Xocomanatlán, en Chilpancingo.
La dependencia informó en un boletín de prensa que incineraron “135 kilos 889 gramos de mariguana (…) un kilo 600 miligramos de plantas de amapola, 439 gramos de semilla de amapola, 137 gramos 565 miligramos de clorhidrato de cocaína, 11 gramos 700 miligramos de goma de opio, 50 plantas de amapola, 16 plantas de marihuana”. (Redacción/Chilpancingo).

Enfocarán padres de los 43 normalistas su lucha en la investigación del quinto autobús

La próxima etapa de lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, se enfocará en la línea de investigación del quinto autobús en el que viajaban 14 de los 43 normalistas, y del que no ha informado la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que seguir esta línea de investigación es clave para saber el paradero de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, y que para ello también es clave conocer qué pasó con los videos que fueron grabados por el sistema de vigilancia del Poder Judicial de Iguala, que captó la detención con violencia de este autobús en donde viajaban 14 de los desaparecidos, pues persiste la sospecha de que el material videográfico no existe porque fue destruido.
Adelantó que para esclarecer estas dudas van a pedir la permanencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuando menos por otros 6 meses, para que se pueda esclarecer que pasó con el quinto autobús.
El abogado declaró ayer a los medios de comunicación durante un mitin afuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo en donde familiares de los detenidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), padres de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, exigieron la libertad de todos los presos de la Policía Comunitaria tras la liberación de la coordinadora de esa organización en Olinalá, Nestora Salgado García.
El abogado de los padres reiteró que persiste la percepción de que la PGR y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) destruyeron el material videográfico con las imágenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, tomadas por el circuito cerrado instalado en la sede de Poder Judicial en la salida de la ciudad de Iguala, donde fue detenido con violencia este quinto autobús del que bajaron a los 14 estudiantes.
“Para nosotros allí debemos enfocarnos, allí debe estar nuestra lucha y también exigir que se amplíe el plazo de los expertos, porque creemos que sólo ellos nos pueden ayudar a esclarecer esta línea de investigación”, dijo Rosales Sierra.
Expuso que por lo menos debe ampliarse otros seis meses y que la petición la plantearán en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza los primeros días de abril.
De los videos tomados afuera del Poder Judicial de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles Hurtado declaró el 9 de marzo que entregó a la PGR un respaldo en una memoria USB y que forma parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Dijo que el original está instalado “completito”, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, aseguró en referencia al original.
Sin embargo Rosales Sierra reiteró que en la memoria que entregó a la PGR, igual que en el original del que habla Robles Hurtado, no hay imágenes que hayan sido tomadas los días 26 y 27, “sí hay imágenes anteriores y posteriores, menos de esos dos días”.
Añadió que eso implica que desaparecieron o destruyeron esos videos, puesto que hay constancia también de que cuando la PGR no encontró ninguna imagen en el USB que le entregó el TSJ, se constituyó en el Palacio de Justicia de Iguala para buscar en la base de datos que tiene el área de informática para realizar una inspección.
“De la inspección encontró que, efectivamente, en esos días hubo de tres a cuatro ingresos de personas para revisar esos videos que por alguna razón ya no están allí, entonces eso es lo que tenemos y no nos queda hoy la menor duda de que no existen esos videos, porque los desaparecieron”.
Insistió que por eso ahora enfocarán su lucha a exigir una investigación exhaustiva de la cadena de mando y la cadena de custodia de los videos, “para saber quién del personal del Tribunal Superior de Justicia ingresó, dónde están esos videos y que se sancione a esas personas”.

Año y medio después de los ataques en Iguala cita la SEIDO a policías municipales a declarar

 

A casi año y medio de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) empezó esta semana a girar órdenes de presentación, en calidad de testigos, a policías inactivos y ex policías municipales de Iguala que formaban parte de la corporación hasta septiembre de 2014 cuando ocurrió el ataque a los estudiantes.
La SEIDO empezó a entregar las órdenes de presentación a los ex agentes así como a los que siguen en la nómina del Ayuntamiento, informaron policías y ex policías.
Los citatorios llegaron a las casas de algunos policías inactivos (que siguen en la nómina del Ayuntamiento), así como a otros que desde el 2015 renunciaron y fueron liquidados de la corporación en el periodo del alcalde interino Silviano Mendiola Pérez.
Un policía que renunció y fue liquidado dijo que a él y a algunos de sus ex compañeros les llegaron los citatorios para que de un día a otro se presentaran a declarar en la ciudad de México y les advierten que en caso de no presentarse se librará en contra de ellos una orden de captura por desacato.
Consideró que la medida de la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) es una campaña de hostigamiento del gobierno federal, también en contra de efectivos que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 estuvieron inactivos.
Por separado, un policía inactivo pero que aún sigue en la nómina del Ayuntamiento, al igual que unos 85 de sus compañeros de los más de 300 que había en la corporación, confirmó que la SEIDO envía cada día un citatorio a diferentes compañeros suyos.
Dijo que esta medida de la PGR ha generado que los cerca de 85 policías inactivos que aún siguen en la nómina del Ayuntamiento, pero que realizan funciones en otras áreas del gobierno, ya no se quieran presentar a los pases de lista que les hacen periódicamente, ante el temor de que allí agentes de la PGR los detengan.
De los más de 300 efectivos que había en la nómina de Seguridad Pública, entre administrativos y agentes operativos, unos 50 están detenidos por el caso Ayotzinapa, 86 siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento sin ser operativos y unos 165 aceptaron su liquidación y renunciaron a la corporación durante en interinato de Mendiola Pérez, aseguró la fuente.
Informó que mediante “engaños” para poder permanecer en la corporación al inicio de la administración estatal de Héctor Astudillo Flores, les pidieron la actualización de sus expedientes, donde muchos que habían cambiado de domicilio pusieron sus datos personales actualizados, que son los que la SEIDO utiliza para ubicarlos y hacerles llegar las notificaciones de presentación.
Agregó que el temor de los agentes, tanto de los que siguen en la nómina como los que renunciaron, es que al momento de presentarse a rendir su declaración sobre los ataques de septiembre de 2014 los quieran detener, por lo que algunos de los que han sido citados y se han presentado acuden con un abogado.
Reclamó que el gobierno municipal del priista Esteban Albarrán Mendoza se ha desentendido de ellos a pesar de ser sus empleados, y les han negado audiencia, así como asesoría legal.
Además de que les ha negado a través de su oficial Mayor “su incondicional”, Manuel Martínez Carreón, el cambio de área a los ex policías al calificarlos como personas “no confiables”.
El policía que accedió a hablar con El Sur dijo que los 86 que aún siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento son capacitados y evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en programas como Policía de Primer Respondiente, habilidades y destrezas y de la licencia 110, que es para el uso de armas, a pesar de que no están activos, no andan uniformados ni portan armas tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Se reúnen padres de Ayotzinapa con la PGR; sigue obstaculizando a los expertos, denuncian

 

La Procuraduría General de la República (PGR) sigue retrasando las diligencias que propone el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de Ayotzinapa, denunció al abogado de os padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, al salir de la reunión mensual de seguimiento con la procuradora Arely Gómez.
Acompañado de los padres, advirtió que la intención de las autoridades es que al final del segundo mandato de los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –el 30 de abril–, digan que sin avances, tampoco es necesaria la coadyuvancia de los expertos en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural.
Al mismo tiempo, denunció, hay una estrategia mediática contra cada integrante del GIEI, y hace dos días contra el secretario técnico de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por el financiamiento público que México aporta al organismo internacional. Rosales Sierra aclaró que los países de Latinoamérica que tienen acompañamiento internacional en temas de justicia, financian los procesos. En todo caso, llamó a cuestionar a las autoridades cuánto aportan a Naciones Unidas, y a la a Organización de Estados Americanos (OEA) de las que forman parte.
Dejó ver que sigue una andanada de ataques para adjudicar al GIEI la falta de resultados y de impartición de justicia en el caso. Pero recordó que es facultad del Estado la investigación y la aplicación de la justicia.
También denunció que la PGR se ha negado a hacer 120 diligencias relacionadas con el mismo número de personas implicadas en los crímenes de Iguala, ya sea por testimonios de las víctimas, de detenidos o señalados en las mantas que se coloraron en Iguala, entre éstas hay soldados, policías federales, políticos y alcaldes de la región Norte de Guerrero.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, denunció que para dar trámite a la petición de los padres, los funcionarios de la Unidad de investigación exigieron que ratifiquen la solicitud que llevaron a la mesa hace un mes, para que comiencen a revisarla.
En el plantón de organizaciones sociales, frente a la PGR en el Paseo de Reforma, Rosales Sierra también dijo que los padres de los desaparecidos, sólo van a aceptar los resultados del cuarto peritaje (en fuego) en la basurero de Cocula, si hay consenso entre los seis expertos que intervienen en la investigación.
Indicó que los trabajos comenzaron a finales de enero, y a la fecha los peritos encargados hacen trabajo de campo, y se espera que entreguen resultados el 31 de marzo.
Enfatizó que no van a aceptar resultados por mayoría, y el vocero insistió: “nosotros decimos que es un teatro (el cuarto peritaje) para dilatar la búsqueda de los estudiantes y hacer una nueva verdad histórica.
Aclaró que para los padres, el peritaje del primer informe de expertos independientes desacreditó la versión oficial de los hechos, porque de acuerdo a la evidencia y las pruebas científicas aplicadas en el lugar, es imposible. Lo mismo hicieron las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense, que se presentó este año.
Demandó una reunión inmediata con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que ratifique su compromiso con los padres de los desaparecidos, de la última reunión el año pasado en Acapulco.
Recordó que entonces llamó a los padres a no seguir especulando (por los señalamientos contra el Ejército, como implicado en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014), pidió que dejaran hablar al trabajo de los expertos de la CIDH, y que para el fin de su periodo ya habría resultados concretos; si no fuera así, les aseguró que extenderían su mandato a un tercer periodo.
Aunque en lugar de colaborar con los expertos para esclarecer los hechos, hay una línea clara para desacreditar su labor, De la Cruz recordó que sin ellos no se habría descubierto la existencia del quinto camión, que no sólo omitió la PGR de las investigación, se estima que manipuló y desapareció evidencia de esta línea de investigación.
Tampoco de la videograbación del circuito cerrado de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Iguala, de la última vez que se supo de 14 normalistas desaparecidos; aunque autoridades reconocen que existe, nadie a la fecha sabe dónde quedó.
Sobre todo, señaló que los expertos invalidaron la tesis oficial, de que los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados y quemados hasta las cenizas en el basurero de Cocula, y sus restos lanzados a un río, en cuestión de horas.
El primer peritaje en el basurero fue presentado por el procurador Jesús Murillo Karam, y lo declaró “la verdad histórica”, de los hechos. El segundo peritaje fue del GIEI, el tercero del Grupo Argentino de Antropología Forense (GAAF). El cuarto, ha dicho la PGR que será definitivo.
En este escenario, Rosales Sierra advirtió que los padres van a analizar si siguen asistiendo a las reuniones si no hay avances, no hay atención a sus peticiones y se siguen obstruyendo la labor de los expertos independientes.

La búsqueda sin vida

Como ejemplo de los lentitud y los obstáculos en la investigación, explicó que la única de cuatro líneas de investigación que ha trabajado la PGR es la búsqueda sin vida de los normalistas desaparecidos.
Ayer les informaron de cuatro operativos en los cuatro parajes: Tianquizolco (ya habían informado de este caso el mes pasado), Huerta Vieja, Loma del Coyote y Cerro Las Parotas, todo en Iguala.
Sin embargo, agregó que las autoridades han incumplido el calendario de visitas con los expertos a los lugares, argumentando que no tienen el equipo adecuado cuando se acerca la fecha prevista, o porque la Policía Federal anda en otras actividades. En consecuencia los expertos no han ido a las inspecciones.
También denunció que para iniciar cada búsqueda, la Policía Federal les pide las coordinadas exactas, como si fuera obligación de los coadyuvantes tener esa información, aunado a otras irregularidades señaladas con anterioridad: la fragmentación de expedientes y que la SEIDO sigue teniendo buena parte de la investigación en su poder.
Por ejemplo, indicó que el cerca del basurero de Cocula, hay un lugar conocido como La Carnicería, que los expertos pidieron revisar, porque se menciona a menudo en el expediente, cuando van a hacer el trabajo de campo, resulta que la SEIDO ya estuvo ahí.
Para justificar la intromisión, dice que recibió una denuncia específica de otro caso, cosas como esa obstaculiza el trabajo de los expertos, “nos preocupa cómo caminan las cosas, la lentitud de las investigaciones y los obstáculos al GIEI, cómo están apostando al tiempo”, para agotar el periodo del acompañamiento internacional.