El comisario interino de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, Gil Ramírez Cortés (desconocido por el Ayuntamiento), aseguró que en asamblea de comisarios del corredor Petaquillas-Xaltianguis acordaron que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ingrese a todos los pueblos, en “sustitución” del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
De El Ocotito detalló que en asamblea del domingo determinaron respaldar al líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, para con el gobierno estatal “retirar al grupo minoritario de la otra Policía Comunitaria”.
El domingo se publicó en estas páginas que Bruno Plácido dijo que la organización intervendrá en el conflicto para defender al pueblo de “los abusos y el sometimiento” del FUSDEG.
La madrugada de ayer vecinos del valle de El Ocotito y policías comunitarios del FUSDEG bloquearon la carretera federal México-Acapulco frente a la base comunitaria del poblado, para evitar la entrada de policías ciudadanos de la UPOEG.
Los comunitarios explicaron que a la 1 de la madrugada hubo balazos al aire frente a la base del FUSDEG, y también se escucharon balazos en siete colonias durante la madrugada, lo que provocó temor y zozobra en la población.
Vía telefónica Gil Ramírez desacreditó la versión del FUSDEG, dijo que la mayoría del pueblo se “cansó” de sus anomalías, ya que la base comunitaria no fue baleada y tampoco la UPOEG ingresó a la comunidad en la madrugada.
Detalló que se escucharon detonaciones de arma en la base del FUSDEG, pero no fue atacada ya que la UPOEG solo colocó un filtro de “observación” en la comunidad de Buenavista, aledaña a El Ocotito, con el consentimiento de los pobladores.
Indicó que incluso en su revisión la Policía Estatal comprobó que la base comunitaria no fue baleada, “eso fue una farsa, un teatro en redes sociales que fue desmontado por los mismos policías”.
Sin embargo reconoció que los pueblos integrados al corredor Petaquillas-Xaltianguis ahora pertenecen a la UPOEG, “porque tocamos muchas puertas del gobierno y todas las cerraron”.
Aseguró que hace 15 días se reunieron representantes y comisarios de Petaquillas, Mojoneras, Cajelitos, Petaquillas, Xaltianguis, El Ocotito y Buenavista en la comunidad de Palo Blanco, donde acordaron con Bruno Plácido que la UPOEG “retirará por la vía pacífica” al FUSDEG del corredor, con el apoyo del gobierno estatal.
Gil Ramírez externó que incluso los comandantes “ya visten la camiseta verde” de la UPOEG y rechazan la figura de Salvador Alanís como coordinador, porque no acudió a la depuración y reestructuración del sistema comunitario el 14 de agosto.
El comisario calificó al FUSDEG como un “grupo armado más” que mantiene en “sicosis” a los pobladores y que es rechazado por la mayoría de las comunidades.
Reiteró que la UPOEG aún no ha ingresado a El Ocotito, sin embargo serán “bien recibidos” porque en la asamblea del domingo decidieron permitir su ingreso, para dialogar con el gobierno estatal y desmontar la estructura del FUSDEG, “porque sin ellos se acaba el problema”.
En la comunidad na savi de Tototepec, del municipio de Tlapa, se llevó a cabo un desfile del Día de la Independencia crítico de las reformas estructurales del gobierno federal, que pidió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, la libertad de presos políticos y exigió la construcción de obras que necesita el pueblo.
El desfile de protesta fue encabezado por una escolta formada por autoridades municipales que portaban la bandera, el alcalde Abundio Campos, el presidente de bienes comunales y delegados de los anexos de este poblado.
Siguió el contingente de la Policía Comunitaria adscrita a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, padres de familia y alumnos de preescolar, primaria, secundaria, del Colegio de Bachilleres y de educación a distancia, que portaban diversas pancartas en que pedían que muriera el mal gobierno, mejores servicios, apoyos a la educación y que ésta sea gratuita.
Al frente llevaban una lona en la que manifestaban que las instituciones educativas de Tototepec se sentían defraudadas y que no aceptarían imposiciones, y preguntaban si creían en la bondades de la reforma.
Otra lona fue la que llevaban niñas de primaria, en la que se preguntaba, “Por qué nos asesinan, si somos el futuro de México”.
Los participantes en el desfile repetían la consigna de “Tototepec unido jamás sería vencido”, pedían la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la presentación con vida de los 43 estudiantes, entre otras demandas.
Tras recorrer las principales calles de la ciudad, el contingente se reunió en la cancha del poblado, donde dijeron que el desfile fue de lucha contra las autoridades federales, estatales y locales, porque arrebataban y pisoteaban los derechos plasmados en la Constitución, por lo que no era un desfile más de alegría sino de protesta, para exigir que las autoridades volteen a ver a Tototepec, que tiene muchas carencias.
Al cierre del desfile habló el representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Melitón Ortega, para invitar a los vecinos a seguirse organizando para defenderse de las acciones del gobierno federal, y los llamó que se sumen a las actividades simultáneas del próximo 25 de septiembre, en la víspera del segundo aniversario de la desaparición y agresión a los estudiantes de la Normal en Iguala.
Invitó también a participar en la acción global del 26 de septiembre en la Ciudad de México, donde marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo, con diversas instituciones de educación, organizaciones sociales y la población en general.
Dijo que los padres de los 43 normalistas ven como una burla e impunidad la designación de Tomás Zerón de Lucio como nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), por lo que no reanudarán el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) si no se castiga al funcionario por ensuciar la investigación.
Los 14 detenidos la mañana del sábado en San Jerónimo Palantla. Fueron arrestados por integrantes de la Policía Comunitaria perteneciente a la Casa de Justicia de la CRAC de Espino Blanco, Malinaltepec, que además asesinaron de un balazo a un comunitario de Chautla en Xochitempa .Foto: El Sur
Viejas rivalidades por conflictos de tierra y cultivo de amapola y mariguana, según las acusaciones que se hacen ambas partes, son el origen de recurrentes enfrentamientos entre habitantes de San Jerónimo Palantla y Rincón de Chautla, municipio de Chilapa y que la noche del viernes y la mañana del sábado derivó en 13 detenidos (de acuerdo con los primeros informes fueron 14, y en las fotos de los arrestados aparecen 14 hombres y en la lista hay 14 nombres), en la primera comunidad y un comunitario del mismo grupo asesinado en Xochitempa.
La confrontación que anteriormente era entre civiles, actualmente se da entre autollamados policías comunitarios: los de Rincón de Chautla agrupados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) que encabeza Cirino Plácido Valerio, y la recién creada Policía Comunitaria de la CRAC de San Jerónimo Palantla, que solicitó su reconocimiento a la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, que promueve el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro.
Los dirigentes de ambos grupos se acusan mutuamente de ser los responsables de la violencia, de la siembra de amapola y de pertenecer al grupo criminal Los Rojos que opera en el municipio de Chilapa.
El dirigente del FDP, Torres Fierro, informó que la PC de Palantla se conformó hace dos meses, pero que apenas el sábado hizo su presentación pública y realizó la primera acción con la detención de 13 personas de esa localidad que habían venido cometiendo delitos.
Torres Fierro aseguró que los policías comunitarios tienen el reconocimiento de la casa de justicia de Espino Blanco, y que los aprobó el pueblo, mientras que los otros policías comunitarios que operaban San Jerónimo Palantla (de la CRAC-PC-PF), no eran reconocidos por el pueblo ni por el comisario municipal, y que se impusieron por medio de las armas, incluso, dijo, “mataron a varios compañeros”.
Dijo que por eso los habitantes decidieron organizarse para hacer respetar sus derechos, porque el gobierno supo de los asesinatos, de los secuestros, de las violaciones y asaltos que se venían cometiendo, porque fueron denunciados, “y nunca hicieron justicia”. Añadió que por eso, los agredidos se sintieron obligados a organizarse en otra Policía Comunitaria, “ante la negligencia y la incapacidad de los gobiernos estatal y federal, para resolver esos problemas”.
Informó que se integró un grupo de 20 policías comunitarios que fueron nombrados por el pueblo y registrados por la Casa de Justicia de Espino Blanco y que usan sus armas con base a la Ley 701.
Explicó que fueron estos 20 integrantes de esta nueva Policía Comunitaria de Palantla los que la noche del viernes y la mañana del sábado, con el apoyo de policías comunitarios que vinieron de comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, detuvieron a 13 hombres que se decían policías comunitarios pero que venían cometiendo diversos delitos en contra de la gente de su mismo pueblo.
El dirigente del FDP detalló que en la acción participaron unos 80 policías comunitarios; 60 que vinieron de las comunidades de Pochutla, Olinalá, Tlatlauquitepec y algunos de Ahuacuotzingo, que aún no están reconocidos pero que ya se están organizados, más los 20 que recientemente se integraron en Palantla.
Pero Torres Fierro aseguró que no tiene conocimiento de que durante las detenciones hayan matado a nadie, como informó el otro grupo y el gobierno del estado, que confirmaron el deceso de Florencio Morales Salgado en la comunidad de Xochitempa. “No sé qué haya pasado allí, yo no puedo reconocerlo ni negarlo, simplemente no lo vi”, expresó.
Sin embargo agregó que ahora que ya están agrupados en la Policía Comunitaria los de San Jerónimo Palantla “van a enfrentar lo que venga, porque les asiste la razón”.
Aseguró que los detenidos traían “azorrillados”, desde hace mucho tiempo, a los habitantes de San Jerónimo Palantla, y que aunque se decían policías comunitarios, “nosotros decimos que son sicarios al servicio de la maña y que se han dedicado al narcotráfico”, declaró Torres Fierro, quien manifestó que “posiblemente” estén al servicio del grupo criminal Los Rojos.
Explicó que incluso por eso la mayoría del pueblo tomó la decisión de no incluirse a ese grupo de policías comunitarios “porque allí se manejaba droga, tenían todos ellos sembradíos de mariguana, los comandantes eran los que tenían más y los policías tenían menos, pero todos tenían sembradíos”, aseguró.
Añadió que el grupo de gente que se decía policías comunitarios no fue aceptado y sí rechazado por el pueblo y que fue la causa de que comenzaron a golpear a la gente, “primero al anterior comisario Alfonso Orgín Castro, a quien golpearon, amarraron y se los llevaron secuestrado”.
Añadió que el año pasado mataron también el hijo de éste y el 8 de abril a un auxiliar del comisario actual Fransico Chautla Zizinteco. Detalló que la víctima apenas había sido nombrado policía comunitario. Recordó que en esa acción también mataron a una mujer embarazada de tres meses.
“Estos hechos se denunciaron ante las autoridades, y les pedimos justicia para todos nuestros compañeros, que se hiciera una investigación, que se detuviera a los asesinos de todas estas personas, y el gobierno no hizo caso”.
Explicó que, entonces, los habitantes tomaron el acuerdo de hacer algo para que esa violencia no siguiera adelante, “determinaron no seguir aceptando esta situación y dijeron que si el gobierno no los detiene, y cuando los detenía luego los liberaba, lo que significaba una burla, decidieron conformar su Policía Comunitaria para detenerlos ellos mismos”.
Explicó que primero buscaron el reconocimiento de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán pero que les pusieron muchos obstáculos, después acudieron a Espino Blanco “y ellos dijeron que sí los aceptaban, todas las cosas las hicimos legalmente y el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, conocen el proceso, estuvieron enterados del problema y le planteamos que queríamos justicia, pero nunca hicieron nada por detenerlos”.
Torres Fierro confirmó que los 13 detenidos fueron trasladados a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
–¿Existe la posibilidad de que los dos grupos estén siendo utilizados por el crimen organizado, y sea la causa de los enfrentamientos? –se le preguntó a Torres Fierro.
–Eso se pudiera dar, pero yo les he dicho a los compañeros que yo no me voy a meter en esa bronca y que el compa que ande de ese lado, yo lo voy a entregar. Ellos dijeron que no están metidos en esos problemas, y es más, pidieron que se destruyan todos los sembradíos de mariguana que hay en el pueblo.
Conflictos agrarios, siembra y venta de amapola y además el FDP: Cirino Plácido
El representante de la CRAC-PC-PF, Cirino Plácido Valerio, declaró que el origen de la violencia interna en San Jerónimo Palantla es por conflictos de tierra, siembra y venta de amapola, y por el “abuso del fuerte contra el débil” y acusó que en esto tiene mucho que ver el Frente de Defensa Popular (FDP).
Explicó que lo que pasó el viernes y el sábado fue un “acto de provocación” de la gente del FDP con el apoyo de comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Acusó a esa Casa de Justicia de la CRAC de no haber sido “muy prudentes” al autorizar la incursión de cuatro camionetas con comunitarios, aunque sabían que había comunitarios allí (los de la CRAC-PC-PF) y que debieron haber pedido información antes de proceder.
Denunció que los que vinieron de Espino Blanco a respaldar a la gente de San Jerónimo Palantla no actuaron como policías sino como delincuentes, “ejecutaron a un policía comunitario desarmado”, dijo en referencia a Florencio Morales Salgado en la comunidad de Xochitempa.
“En el sistema comunitario se detiene a la gente, no se le asesina y así no actuaron como policías comunitarios, sino como verdaderos asesinos”, acusó.
Criticó que estas acciones y errores que se vienen cometiendo desde el 2010 en la Policía Comunitaria, “deja muy mal parado al sistema comunitario”.
Dijo que ese tipo de grupos que se dicen comunitarios “están haciendo exactamente lo que quiere el gobierno, porque sólo a él le conviene ese tipo de acciones”.
Añadió que si actuaron porque dicen que el grupo de comunitarios de la CRAC-PC-PF (que él encabeza) están metidos en la mafia, que lo demuestren, “nosotros queremos pruebas, si demuestran que alguno de ellos está metido en la mafia, lo detenemos y lo reeducamos, porque quien se mete a la delincuencia siendo comunitario es un traidor”.
Plácido Valerio explicó que en San Jerónimo Palantla todos los comisariados que han pasado, entre ellos Antonio Bolaños y los dirigentes que lo apoyan, han abusado de su propia gente, “ha habido despojo de tierras, pero también tiene que ver la siembra y la venta de amapola, eso fue lo que dividió y confrontó a los compañeros”, dijo Cirino Plácido.
Informó que cuando se creó la CRAC-PC-PF en Rincón de Chautla, un grupo de San Jerónimo Palantla se adhirió a la agrupación y que esta división detonó el 9 de febrero del 2015 cuando el entonces comisario Alfonso Orgín Calvario, “que pertenece a Los Rojos” (dijo), preparó una emboscada a la Policía Comunitaria y detuvieron al consejero Isaac Xochitempa Chautla, a quien pretendieron quemar vivo por el simple hecho de formar parte de la Policía Comunitaria.
Recordó que a Xochitempa Chautla, finalmente lo mataron el 24 de noviembre cerca de Atzacoaloya, en donde hubo cinco muertos.
Y luego se preguntó: ¿por qué odian tanto a la Policía Comunitaria?, después aseguró que ese odio es por la siembra de amapola.
Recordó que incluso, cuando la Policía Comunitaria fue emboscada en San Jerónimo Palantla el 9 de febrero y logró detener a varios de los agresores, a él le tocó tomar la declaración a Antonio Bolaños, uno de los dirigentes del otro grupo, ex comisario municipal y ex presidente del comisariado de Bienes Comunales.
“Le llamé la atención y él reconoció que estaba equivocado, le dije que no sólo eso, sino que estaba llevando a su pueblo por un camino equivocado, sembrando odio y confrontación, en vez de promover el diálogo”.
Cirino Plácido contó que le preguntó quiénes eran los responsables de promover esa división, “y él me respondió que pertenecía a Los Rojos y el entonces comisario municipal, Alfonso Orgín Calvario, también pertenecía a Los Rojos, entonces nos dejaron claro que ellos se coordinaban con el líder de la plaza en Chilapa, Zenén Nava, y que el plan era justificar una represión contra la Comunitaria para desarticularla”.
Recordó que a pesar del encono entre los dos grupos, en marzo pasado las autoridades les impusieron un acta conciliatoria, pero que después se vino otra emboscada contra consejeros y que promovieron 52 órdenes de aprehensión, de las cuales ocho se ejecutaron, pero siete de los detenidos ya fueron liberados y uno sigue detenido, “y sigue la persecución de la Fiscalía, el Estado y de estos grupos”, dijo en referencia a la nueva agrupación de comunitarios.
Mientras tanto, el coordinador de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán de la CRAC, Hipólito Moso Emiliano, con la que se coordina la Casa de Justicia de Espino Blanco, de plano se deslindó del conflicto, consultado por teléfono dijo que desconocía el caso, que quienes tendrían que responder eran los coordinadores de esa casa.
El presidente del Consejo de vigilancia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mauricio Velarde Hernández, respondió que los integrantes del Cecop no fueron sacados del Proagro, sino que no realizaron el trámite para recibir ese beneficio porque no “confían en nosotros”.
En una llamada a la redacción de El Sur, Velarde Hernández negó que se cobraran 80 pesos por el trámite del programa federal, y explicó que cada pueblo tuvo un representante para la recepción de documentos.
Abundó que los comuneros dieron una cooperación “voluntaria” a su representante de pueblo –de 10 a 20 pesos– para los pasajes; “hay que ser consciente, a la persona no la llevan de gratis a la ciudad y además las vueltas que da”.
Anunció que los integrantes del Consejo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec recorrerán las comunidades para reunirse con los comisarios y pedir la expulsión de los integrantes del Cecop y de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Indicó que ex integrantes del Cecop tienen la intención de conformar otra organización porque ese consejo “ha recibido mucho dinero por parte de las organizaciones sociales y en los Bienes Comunales no hay desarrollo, al contrario va para abajo”.
Reclamó que la Policía Comunitaria no está avalada por la CRAC y solamente es exclusiva para los opositores a La Parota y no para la comunidad; “ellos (los policías comunitarios) cobran el material, si va la empresa Lala le cobran, si pasa la Coca-Cola le cobran”.
Velarde Hernández explicó que los campesinos que no ingresaron al programa federal, “unos no quisieron inscribirse, otros no creen en el comisariado”, aunque resaltó que la mayoría tiene ese beneficio, “entró el 80 por ciento de los comuneros”.
Dijo que la impugnación del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec no procede porque fue elegido correctamente, “tenemos toda la documentación”.
Señaló que el Cecop y su vocero están perdiendo simpatizantes porque “el señor (Suástegui Muñoz) ha ocasionado muchos problemas en los Bienes Comunales, se ha quedado sin gente, ya no tiene gente, anda desesperado”.
Negó que el comisariado entregue actas de posesión de terrenos en blanco a personas externas, “no hemos pedido firmas a nadie”.
Velarde Hernández consideró que la protesta del miércoles en las oficinas de Sagarpa obedece a la desesperación de Suástegui Muñoz, “ya no tiene seguidores, lo comuneros ni hablan en los movimientos”.
El miércoles, comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec protestaron en las oficinas de la Sagarpa para denunciar que fueron expulsados del programa Proagro.
El abogado del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González, Hegel Mariano Ramírez, declaró ayer que los gobiernos estatal y federal no muestran la misma voluntad política que tuvieron con Nestora Salgado a los otros ocho presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Aseguró que hay una intención de los gobiernos federal y estatal de mantener en prisión a los otros miembros de la CRAC que fueron detenidos después de Nestora Salgado, que tienen acusaciones por los mismos delitos que ella pero que se los han reclasificado, en otros casos han retrasado la resolución de amparos o han dilatado la resolución de la sentencia más allá del plazo establecido legalmente.
A Gonzalo Molina le han acumulado 12 delitos en cuatro causas penales, dos de ellas del fuero federal y dos del fuero común, lo que dificulta su defensa, y el procesado carece de recursos hasta para sacar copias de su expediente.
El abogado que lleva el caso de dos de las cuatro causas penales de Molina González informó que una de ellas, la 76/2013 por delincuencia organizada es por la que fue absuelta la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, por el Segundo Tribunal Unitario del 21 Circuito, con sede en Chilpancingo.
Informó que otra causa penal es la 196/2013 que lleva el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tlapa por secuestro agravado, por el que también fue absuelta Nestora.
La otra causa es la 157/2013 que lleva el Juzgado Cuarto Penal de Chilpancingo por terrorismo, robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas, por acusaciones del síndico de Tixtla, el director de la Policía Municipal, el secretario general del Ayuntamiento y cinco policías municipales.
Otro proceso penal en contra de Gonzalo Molina es el 59/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito federal por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, y delitos contra servidores públicos.
Asimismo existe en su contra la 678/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito por portación de arma de fuego sin licencia.
Derivado de todos estos procesos penales que enfrenta en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina, otros 14 integrantes de la CRAC tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque algunos de ellos enfrentan los procesos en libertad.
La mayoría de estas causas penales se integraron contra los policías comunitarios luego de que el 26 de agosto del 2013 protestaron frente al Ayuntamiento de Tixtla, para exigir que el gobierno diera a conocer la detención de Nestora Salgado.
Hegel Mariano señaló que tras la resolución que la semana pasada dictaron los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, que absuelven a Nestora Salgado de secuestro y por lo cual sale en libertad, se espera que en los próximos días el resto de los comunitarios presos también sean beneficiados con esta resolución.
Dijo que también se prevé que cuando menos ocho miembros de la CRAC, entre ellos Arturo Campos Herrera (quien está preso en el penal de Ayutla) y Gonzalo Molina, salgan en libertad aunque el 29 de diciembre se les reclasificó el delito de secuestro agravado por privación ilegal de la libertad personal.
Reconoció que el caso de Gonzalo Molina es más complicado jurídicamente porque enfrenta causas penales del fuero común y otra por el fuero federal.
Aunque Hegel Mariano consideró que si las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta la resolución que dictó en el 2014 el Juez 6 de Distrito de Acapulco que dejó en libertad a varios comunitarios de Ayutla, estableciendo que la Policía Comunitaria es una institución protegida por la Ley 701 de usos y costumbres de los pueblos originarios en Guerrero, Gonzalo tiene que abandonar la cárcel.
En opinión del abogado la detención de los policías comunitarios durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue una estrategia para desaparecer a este sistema de justicia de los pueblos originarios.
No descartó que en Tixtla, Ayutla y Olinalá la delincuencia organizada haya presionado al gobierno para detener el avance de las policías comunitarias, porque afectaba sus intereses económicos.
El abogado declaró que esta hipótesis de complicidad es porque durante la administración de Aguirre Rivero los procesos judiciales de los comunitarios presos eran demasiado lentos.
“Como que veíamos que había mala fe de los jueces para una serie de trámites, e incluso era muy complicado realizar audiencias porque los presos estaban en cárceles de máxima seguridad en distintos estados del país”, recordó.
Indicó que si bien durante el mandato interino de Rogelio Ortega a los comunitarios se les trasladó a penales de Guerrero (en el caso de Nestora Salgado a la cárcel femenil de Tepepan, en la Ciudad de México desde Nayarit) de todos modos los procesos penales van en forma lenta.
Agregó que desde hace más de dos años la Primera Sala Penal del Poder Judicial que es integrada por los magistrados Vicente Rodríguez, Miguel Barreto Sedeño y Julio Jáuregui siguen sin dictar una resolución sobre una apelación sobre el auto de formal prisión que dictó el juez penal de esta ciudad, Abimael Rodríguez en contra de Gonzalo Molina acusado de diversos delitos del fuero común.
Hoy, alrededor de las 7 de la mañana, la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García, partirá rumbo a Estados Unidos del aeropuerto de la Ciudad de México. Hasta tarde, con su equipo de apoyo, aún valoraba si daría un mensaje final.
La luchadora social declaró con anticipación que iría al país vecino –cuenta con la nacionalidad estadounidense–, para atender su salud física y emocional, tras dos años y siete meses de prisión. Incluso, dijo que llegaría a su residencia en Seattle, en el estado de Washington.
Desde allá, acompañaría y empujaría las acciones para lanzar una campaña internacional por los presos políticos, en alianza con organizaciones nacionales, el próximo 10 de abril. En encuentro cerrado el sábado, con organizaciones sociales, también acordaron promover el Tercer Encuentro Nacional de presos políticos en su natal Olinalá, en La Montaña alta de Guerrero, y ofreció hacer lo posible por estar presente.
Hace cuatro días, el 18 de marzo, la luchadora social abandonó la torre médica del penal femenil de Tepepan en la Ciudad de México, luego que tres jueces de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla decretaron su libertad, porque las acciones por las que la acusaron de secuestro, estaban bajo el amparo de la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura Indígena, y ella actuó como autoridad comunitaria.
Sin embargo, el caso aún no está cerrado, siguen en proceso tres apelaciones de presuntas víctimas contra los autos de libertad, en primeras tres causas penales, de seis demandas en total.
El día de su libertad, Salgado García tuvo un encuentro con los grupos de policías comunitarios de Huamuxtitlán y Olinalá –en los que participó en su conformación antes de su aprehensión por militares el 21 de agosto de 2013–, y ofreció una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En lo particular, concedió una entrevista a la periodista Carmen Aristegui, y vía telefónica, la noche de ayer a Milenio televisión.
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández condenó la detención del ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, detenido este viernes en Chilapa.
Dijo que las autoridades estatales y federales se colocan en una postura de confrontación a los policías comunitarios para seguir desgastando la relación de los pueblos y la CRAC.
Consultado vía telefónica mencionó que la Ley 701 reconoce al sistema de los policías comunitarios, y consideró que de nada sirven las leyes y compromisos que se asumen con las autoridades cuando se tienen reuniones regionales, entre la Policía Comunitaria, jueces y agentes de los ministerios públicos, porque en los hechos siempre existe una postura de sometimiento, de no reconocimiento y de criminalización contra quienes trabajan a favor de la comunidad.
Manifestó que es preocupante que las autoridades tengan una postura ambigua, que digan una cosa y hagan otra, “las autoridades no son coherentes con lo que dicen y hacen, es lo que ha dañado y desgastado al movimiento social”.
Agregó que “en estos momentos que se logró la libertad de Nestora Salgado y que se cometió una injusticia por parte de las mismas autoridades, quienes hicieron la investigación y dictaron la orden de aprehensión, haya consigna política, es desafiar al movimiento y lucha legítima de la Policía Comunitaria, es como decir que el gobierno tiene el control de la ley y que no va a reconocer y a ceder a las conquistas que han logrado los pueblos indígenas”.
Indicó que las autoridades echan por la borda los esfuerzos de la Policía Comunitaria, por lo que las autoridades se colocan en una postura de confrontación para seguir desgastando la relación con los pueblos y la CRAC.
Expuso que con la detención de Leobardo Galeana “se está viviendo más de lo que se conquistó este viernes, del gran triunfo que se obtuvo del caso de Nestora”.
Su liberación ayudaría a allanar el camino para establecer una nueva ruta de diálogo y de búsqueda de acuerdos, dentro del marco legal y procedimientos jurídicos pero con voluntad política, indicó.
Aseveró que no hay voluntad de las autoridades, ya que hay una postura de fuerza y de intolerancia, que no se quiere abonar para que haya un ambiente de distención y que las autoridades deben de reconocer las conquistas y avances de la sociedad, y la detención no abona para que la autoridad adquiera ese reconocimiento y legitimidad que se necesita.
El defensor reiteró que lo que sucedió con la liberación de Nestora marca un momento clave para demostrar que la Policía Comunitaria está haciendo un trabajo ejemplar, “ya quisiéramos que eso hicieran los policías de los tres niveles, pero estamos viendo que son los mismos policías municipales y estatales los que están violentando los derechos de la población”.
Dijo que las violaciones de los policías municipales y estatales está demostrado como en el caso Ayotzinapa, donde se utilizaron policías para reprimir a la población, por lo que el gobierno debe entender que se debe cambiar la política que no funciona.
El director agregó que las autoridades tienen que terminar con el pacto de impunidad que prevalece para proteger a los policías municipales y estatales, y por otro lado darle el reconcomiendo y respeto a la Policía Comunitaria.
Sin embargo la manera en la que actúa el gobierno es mediante el uso de la fuerza y la detención de los defensores, pero no de los delincuentes, criticó.
Tres jueces –de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla– decretaron anoche la libertad absolutoria para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que pasó dos años y siete meses en prision.
Se espera que este viernes a las 9:30 la dirigente comunitaria salga de la prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida luego de haber sido trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Los jueces de Tlapa y de Ayutla consideraron que no se acreditó el cuerpo de delito en la acusación de secuestro, ni el de privación de la libertad y robo específico que se atribuyeron a Nestora Salgado García, porque actuó como autoridad de la Policía Comunitaria, al amparo de la Ley 701.
Tampoco se acreditó la probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado de Huamuxtitlán, porque se presentaron pruebas de que cuando ocurrieron los hechos ella se encontraba a kilómetros de distancia del lugar.
Ayer a las 9 de noche, el juzgado 67 del reclusorio de Santa Martha Acatitla, le notificó los auto de libertad en las tres causas penales que la mantenían en prisión.
Este viernes, entre 9 y 10 de la mañana, la luchadora social saldrá de la torre médica del penal de Tepepan al sur de la Ciudad de México, donde la esperan representantes de organizaciones nacionales y de Guerrero, para trasladarse al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde habrá una conferencia de prensa conjunta.
Seguida de una comida con los policías comunitarios de Guerrero y representantes de distintas Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Confirmó su asistencia, el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, que también fue preso político, Bertoldo Martínez Cruz, y se mencionaba entre los asistentes al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, también preso con motivo de la lucha en defensa de sus tierras, y a las esposas de los presos de la CRAC de Ayutla y Chilpancingo.
Salgado García aclaró que ella solicitó que acudieran todos los que pudieran acompañarla, sin distinción.
En el lugar, la menor de sus hijas, Grisela Rodríguez Salgado, adelantó que con sus hermanas van a llevarse a su mamá a Estados Unidos, para atender su salud, deteriorada por las condiciones de reclusión. Consideró que ha empeorado mucho por el encierro.
En tanto, la luchadora social habló de las iniciativas que desea emprender en esta nueva etapa de su vida, y dejar atrás dos años y medio en prisión, de los cuales, un año ocho meses fue en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Mientras esperaban la resolución final de los jueces que se esperaba a favor, habló de las cartas que recibió de todo el país donde le contaron de las injusticias que padecen los más pobres en las prisiones de México, y su anhelo de trabajar por los presos políticos.
Pero Grisel se negaba a echar las campañas al vuelo, hasta que su mamá tuviera las constancias de libertad en las manos, aún tenía desconfianza, “sabemos que es inocente, pero nos han jugado tan chueco tantas veces, hasta que la vea (libre), han sido casi tres años y de cierta manera como que te preparas mentalmente para lo peor”.
Una, tras la rejilla de los acusados, la otra viéndola desde afuera del edificio, a través de un cristal, estallaron en risa cuando se confirmó la noticia.
El abogado Leonel Rivero Rodríguez, explicó que los jueces de Guerrero determinaron que en la acusación de secuestro no se acreditó el cuerpo del delito, porque Nestora Salgado estaba en funciones en la Policía Comunitaria de Olinalá cuando sometió a un proceso de reeducación a la presunta víctima.
Tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de privación de la libertad de policías municipales, y robo específico, porque es una autoridad comunitaria y se devolvió el equipo retenido a la autoridad civil.
Nestora Salgado destacó en este largo proceso, el reconocimiento pleno a la Policía Comunitaria de Olinalá como autoridad, porque inicialmente, el gobierno de Guerrero y los juzgados cuestionaron su integración a la CRAC, ya que entonces eran de los grupos de más reciente creación.
Unos 250 vecinos de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) bloquearon la Autopista del Sol y protestaron casi cinco horas en distintos lugares del municipio en contra del alcalde perredista, Leonel Leyva Muñoz, quien se ha negado a dialogar sobre el apoyo y coordinación con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que funciona en el municipio.
Los vecinos y el Consejo Coordinador del FUSDEG organizaron un mitin en la cancha de basquetbol de Tierra Colorada, que se encuentra a unos 20 metros del Ayuntamiento, donde por medio de bocinas convocaron a los vecinos a unirse a la protesta.
A las 11:40 de la tarde, unos 150 vecinos de la cabecera municipal marcharon al Ayuntamiento para exigir una audiencia con el alcalde. Al frente portaron una lona de unos tres metros de largo donde se leía: “Marcha ciudadana por la paz y la seguridad de nuestro municipio. En apoyo a la Policía Comunitaria de el FUSDEG, Frente Ciudadano de Juan R. Escudero”.
También llevaban pancartas con leyendas como, “Presidente municipal inepto”, “Porque la presidencia no quiere FUSDEG”, “El pueblo unido en pie de lucha” y “El FUSDEG en contra del crimen organizado”.
Al llegar al Palacio municipal, se encontraron con unos 10 policías preventivos resguardando la entrada.
El consejero del FUSDEG, Salvador Catalán Barragán dijo con ayuda del aparato de sonido que desde que Leonel Leyva inició su administración están solicitando una audiencia con él, y que se ha negado a atenderlos, además de que saben que quieren quitar a la Policía Comunitaria.
Detalló que querían reunirse con él para dialogar sobre el trabajo de la Policía Comunitaria, y de la coordinación con el Ayuntamiento para que apoye a la organización.
Resaltó que ellos no quieren dinero del presupuesto del Ayuntamiento, como se ha rumorado, pero sí un apoyo, que podría ser de vales para gasolina, ejemplificó. En el mitin resaltaron los logros que han obtenido con la presencia del FUSDEG, como la baja de los índices delictivos.
Al no obtener respuestas del Ayuntamiento, los manifestantes determinaron bloquear la Autopista del Sol en dirección a Chilpancingo, antes del entronque a Tierra Colorada, y que el gobierno del estado llamaría la atención al alcalde por no atenderlos, pero que sería “con justa razón”. En la marcha rumbo a la autopista se unieron unos 100 vecinos más al contingente.
Al llegar la base del FUSDEG, gritaron consignas, y desde ahí se trasladaron en camionetas particulares y de la Policía Comunitaria hasta el lugar del bloqueo.
En el bloqueo, el gobernador Héctor Astudillo Flores se comunicó con el Consejo Coordinador, al que le pidió que abrieran un carril de la Autopista, y se comprometió a hablar con el alcalde para que los atendiera.
Los manifestantes no aceptaron, pero permitieron el paso de carros cada 20 minutos, aunque lo hicieron unos 40 minutos después, ante la postura de algunos vecinos que se empeñaban en no permitir el paso hasta que los atendieran.
Al bloqueo también llegó el delegado de la Secretaría de Gobernación, Dante Apátiga Sosa, que intentó llegar a un acuerdo con los inconformes.
Más tarde, al lugar llegó el director de Gobernación estatal Jesús Vargas, que también dialogó con los inconformes, también les pidió retirar el bloqueo y les ofreció que buscaría una reunión con el alcalde. Los vecinos pidieron que la reunión fuera en ese momento y en ese lugar.
Después de unos 40 minutos, el director de Gobernación se acercó para informarles que había pactado una reunión con el alcalde a las 3 de la tarde, en el restaurante Tierra Colorada.
Los vecinos y el Consejo aceptaron, y el acuerdo fue que cuando la comisión estuviera en la reunión con el alcalde presente llamarían al grupo que se quedó bloqueando la autopista, para liberarla.
A las 3 de la tarde, el alcalde llegó a la reunión, y unos 20 minutos después los manifestantes desbloquearon la autopista.
La reunión duró poco menos de dos horas. La comisión reclamó al alcalde que no ha querido atenderlos, pese a que es su obligación. Le explicaron sus demandas y reclamaron que el 12 de febrero solicitaron una audiencia mediante un oficio, la cual se programó pero les cancelaron con el argumento de las múltiples actividades del alcalde.
Finalmente Leonel Leyva aceptó dialogar con la comisión, y acordaron mesas de trabajo, la primera el próximo martes al mediodía.
En la reunión también se comprometió a estar Jesús Vargas, y la comisión expuso que redactarán una minuta de acuerdos para presentarla el martes y analizar punto por punto.
Al final de la reunión, la comisión se trasladó al lugar donde los pobladores esperaban las conclusiones de la reunión.
Coordinadores de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) solicitaron seguridad y apoyo para los familiares de las cuatro personas asesinadas el pasado 24 de noviembre.
Ayer, un grupo de policías comunitarios de la CRAC de Chilapa y José Joaquín de Herrera, acompañados de familiares de las víctimas mortales de noviembre de 2015 de San Jerónimo Palantla, acudieron al edificio de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para solicitar al organismo su intervención ante el gobierno del estado para que otorgue seguridad y apoyos esas familias.
En tanto la Codehum por medio de un comunicado informó que aceptó hacer la gestión por lo que el presidente, Ramón Navarrete Magdaleno, se comunicó con personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para instalar una mesa de trabajo con los pobladores.
También ofreció ser enlace con la Secretaría General de Gobierno para garantizar la atención a las familias de las víctimas.
Coordinadores de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla dijeron además que su compañero que permanece recluido en el penal de Chilapa, Godofedro Cortés Reyes, podría ser liberado la siguiente semana; además de que, aseguraron, aún no han sido suspendidas las 41 órdenes de aprehensión.
Como se informó en estas páginas, el 24 de noviembre de 2015, en la carretera Hueycantenango–Chilapa un comando armado asesinó a cuatro personas cuando se dirigían en una Urvan de pasajeros a Chilapa; falleció el conductor y consejero de justicia de la Policía Comunitaria, Isaac Xochitempa Chautla y tres mujeres pasajeras, y hubo al menos otras dos personas heridas.
Por lo anterior, la Policía Comunitaria detuvo al entonces comisario de San Jerónimo Palantla, Alfonso Orgín y otras tres personas como probables responsables del ataque y permanecieron detenidos hasta el sábado pasado, luego de que integrantes de la CRAC aceptaron liberarlos a cambio de que los familiares de otras víctimas mortales del enfrentamiento de febrero de 2015 se desistieran de las acusaciones por homicidio contra ocho personas.
