Desde el exilio, denuncia Alanís el saqueo de sus propiedades en El Ocotito

El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo, denunció públicamente el saqueo y robo de su casa y de todas sus propiedades en El Ocotito, después de que salió de Guerrero porque fue amenazado por el fiscal Javier Olea con meterlo a prisión.
Como si fuera un botín de guerra, informa que miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que desplazó al FUSDEG, le quitaron todo su patrimonio. Afirma que cuando estaban saqueando, el 10 de noviembre, habló por teléfono con el comandante de la Policía Estatal, y le respondió que no era cierto.
Muestra un video de su casa saqueada y fotos de la destrucción de su vivero donde producía jitomate, y de la granja donde tenía 500 gallinas ponedoras que también le robaron y la incubadora, una casa de empeño, las herramientas de un taller mecánico, y una cocina que tenía su esposa donde vendía comida. Además, señala que un terreno de su propiedad, de 13 mil 500 metros cuadrados que le costó 100 mil dólares en 2011, fue declarado parte de movimiento de la UPOEG.
En entrevista, Alanís, de 39 años, habla de su historia:
“Yo soy del DF (ahora Ciudad de México), soy chilango, a los 13 años me vine a vivir al Ocotito, y me encantó tanto El Ocotito, un lugar tan bonito para vivir, pero a los 19 años me fui a Estados Unidos, a Clarkton en Carolina del Norte, estuve 12 años trabajando. Yo vengo de una familia muy pobre, de una madre soltera con ocho hijos, cuando yo era joven por las dificultades económicas no pude terminar la carrera de Economía, que estudié en la UAG, me faltó un año y de ahí me regresé al Tecnológico de Buenavista, estudié Administra-ción de Empresas, yo trabajaba y pagaba mi estudio y el de mi hermano.
“Me fui 12 años a Estados Unidos, a trabajar duro, hice una buena cantidad de dinero. Trabajaba en una empresa de empacar cacahuates y era mecánico de carros, en la mañana en la fábrica y en la tarde era mecánico. Me fue muy bien en Estados Unidos, hice muy buen dinero, y me vine en el 2009 debido a que mi madre ya estaba muy enferma, y ya se iba a morir ya no la iba a ver, me vine, y me quedé en México, me puse a sembrar la tierra en El Ocotito, un valle tan bonito y nadie siembra, yo dije voy a contratar gente y a dar empleo. Me puse a sembrar jitomate y me fue muy bien, busqué un ingeniero, en dos años que sembré jitomate ya tenía 50 empleados, producía mil cajas de jitomate por semana y en las aguas, tres meses, sembraba en Huitziltepec”.
–¿Cómo te uniste al FUSDEG?
–Como ya estaba creciendo mi negocio, la gente de Los Rojos ya me tenía en la mira y me metieron una gente, un infiltrado, para investigarme porque me iban a secuestrar, a la semana matan a los muchachos que me iban a secuestrar, en Mohoneras los mataron y aparecieron en Papagayo muertos. Los mataron los mismos del Cártel de Los Rojos porque habían secuestrado a un ciudadano de Mohoneras y no habían dado el dinero, eso era el rumor que se supo ahí.
“En otra ocasión nos mandaron unos fulanos cuando estábamos entregando el jitomate, y me pensaban asaltar y levantar pero uno de mis trabajadores tenía gente que había sido de Los Pelones, y esos muchachos nos cuidaban, ese día que llegan ya los estaban esperando los otros muchachos que tenían sus armitas y ya no pudieron”.
“Entonces nos juntamos un grupo de comerciantes de Ocotito porque queríamos traer a la Policía Comunitaria, y nos organizamos, fueron a ver a Bruno Plácido y a Ernesto Gallardo (los dirigentes de la UPOEG), pero decían que sí y que no, que querían para gasolina, y dijimos vamos a juntar 30 mil cada comerciante y los vamos a dar, era un grupito bien cerrado y bien secreto, porque te mataban por un peso en Ocotito. Y empezamos a hacer un grupo de los equis, donde yo era un equis e invitaba a otro equis, pero sin decir nombres y sin conocernos, yo me busqué mi gente de confianza que eran puros equis y el otro otros equis, para que si nos agarraban a uno no vamos a decir quién era”.
Habla de la entrada de la UPOEG a El Ocotito, la primera vez, el 23 de enero de 2014, con el dirigente Bruno Plácido a la cabeza. Dice que a los tres meses la gente del pueblo corrió a Bruno y a sus seguidores, acusados de estar coludidos con la delincuencia organizada, de corrupción y de irregularidades como la acusación a vecinos de cualquier delito fabricado sólo para quedarse con sus bienes. Pero tras la salida de los líderes de la UPOEG, los comunitarios de El Ocotito siguieron siendo UPOEG, hasta el 5 de enero de 2015, cuando fundaron el FUSDEG.
–Para ser coordinador de la Policía Comunitaria del FUSDEG, ¿sabías de armas?
–Yo no sabía de armas, hasta la vez no sé bien de armas, entonces yo era comerciante y me dedicaba a lo mío, a sembrar jitomate. Entonces un día de repente llegó la UPOEG a Ocotito, y los que estábamos organizados nos quedamos boquiabiertos, dijimos, caray, nosotros éramos los que estábamos organizando y ya llegó la UPOEG. No nos pidieron ni para gasolina, nomás nos dijeron una noche, vamos a llegar mañana alístense. Y una hora después nos dicen que se canceló, ya ni les creíamos. Y al otro día llegó la comunitaria de la UPOEG, la Policía Ciudadana de Bruno.
“Al otro día nos dijeron, los queremos aquí a las 2 a todos los que van a apoyar. Entonces yo les comenté, entre mis trabajadores, a un grupo de confianza, y junté siete, y conseguí armas, escopetas y 22, con la misma gente de nosotros. Ya teníamos siete personas conmigo y siete armas, nos presentamos a las 2 con el grupo, yo iba al frente de mi grupito.
“Empezamos a operar con ellos, el primer día nos juntamos como 30 gentes armadas del puro Ocotito, y fue así como nos metimos, pero mi idea es que yo quería apoyar a que se instalara el sistema bien y me retiro, sólo me quedo con mi cooperación. Pero resulta que a los 10 días de que llega la UPOEG empezamos a ver que a unos delincuentes sí les dejaban recargar toda la mano y a otros los dejaban ir. Y empezamos a pelear con ellos, y les de-cíamos: éste era halcón (espía de la delincuencia organizada), cómo es posible que lo hayan dejado ir. Me acuerdo de un caso que nos dijeron: queremos que dejen ir a estos halcones, eran cuatro, y yo les decía: ¿por qué los vamos a dejar ir, qué no se-gún ustedes reeducan?, y dijeron, es que es un delito muy pequeño y yo les decía: ¡ah qué bonito, entonces ahora todo mundo va ser halcón, buenos días, que te vaya bien halcón¡. No, eso se tiene que castigar o hay que entregarlos a las autoridades. Fue el pleito, al otro día dejaron ir a dos, ya no amanecieron.
“Empezamos a ver que a un grupo delictivo sí se le recargaba y a otro grupo no. Como que ya llevaban una línea.
“Como a los 15 días de que entró la UPOEG ya éramos 13 comandantes, de todos los pueblitos. Nos citaron a la primera reunión de comandantes. Yo les decía que yo no era comandante, y me decían: te tienes que hacer comandante, y yo decía que yo nomás estoy apoyando porque me voy a salir. Me dijeron: te tienes que hacer comandante porque tienes tu grupo y si no eres comandante no puedes traer gente. Total que me tuve que hacer comandante a la fuerza”.

Se reúne la UPOEG en Las Peñas, Copala; se coordinará con el gobierno “sin ser paleros”

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que habrá una reunión regional en la zona Centro para hablar de la irrupción de sicarios en Chacotla, Mochitlán, donde cinco vecinos fueron ejecutados y testigos señalan a policías ciudadanos de la agresión.
Dijo que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, para hablar de asuntos de coordinación.
En la reunión privada en la comunidad de Las Peñas del municipio de Copala no se permitió la presencia del reportero, “por cuestiones de evitar filtrar información estratégica de las acciones de seguridad”, manifestó Plácido Valerio tras una breve consulta a los más de 200 asistentes en el astillero.
Consultado después vía telefónica indicó que la reunión se enfocó en la estructura de la UPOEG. Además de recordarle a los integrantes de la organización de los márgenes de acción de cada comisario, “para que se conduzcan con la asamblea comunitaria, o sea que ningún comisario pueda tomar decisiones si no convoca a asamblea”.
En la reunión de 5 horas se acordó el funcionamiento de un Consejo de la UPOEG y la coordinación con las autoridades, “sin que caigamos en ser paleros o chalanes del gobierno. Mantenernos en el diálogo con todos los sectores y buscar nuevos mecanismos en todos los municipios que están en este proyecto”.
Al encuentro que se trasladó minutos después a la cancha techada del municipio asistieron representantes de la UPOEG de Tierra Colorada, Copala, Marquelia, Cruz Grande, San Marcos, Ayutla, Tecoanapa y una comisión de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de Barra Vieja, del municipio de Acapulco.
De la supuesta participación de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Chacotla, reiteró que no fueron y que en la reunión de ayer se abordó ese tema, pero se profundizará en una reunión regional “el asunto de la seguridad, se planteó la renovación de estrategias de seguridad y acordamos que nos vamos a ir reuniendo para revisar todos los detalles de lo que está pasando en Xaltianguis, lo que está pasando en el valle de Chilpancingo, entre ellos incluido el asunto de Chacotla que nada tiene que ver con nosotros”.
Anunció que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo “y ahí vamos a tratar el tema de Chacotla”.
Afirmó que la Policía Ciudadana no ha entrado a la comunidad de Chacotla en el municipio de Mochitlán, pero sí tienen presencia en municipios cercanos a Mochitlán.
De la Policía Ciudadana de Lomas de Chapultepec, Acapulco, están por entrar en una tercera etapa que calificó como de “reordenamiento” en la zona”, adelantó que están en la búsqueda de mecanismos para evitar una confrontación con la delincuencia.

Llevan la basura de la capital al cerro de Las Antenas, zona de mantos acuíferos

Luego de tres días de que unas 70 camionetas recolectoras de basura independientes cargadas con más de 40 toneladas de desechos se estacionaron en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, y de varios conflictos de los recolectores con vecinos de colonias, comunidades e integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que no permitieron que en predios cercanos tiraran los desechos, el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena prestó 80 hectáreas de un terreno propiedad de su papá, Ronaldo Leyva Adame, para que ahí se lleven los residuos.
La zona del cerro de Las Antenas es una cúspide en donde existen mantos acuíferos, ayer en la tarde se observó a decenas de camionetas ir al lugar, incluso cerraron medio carril de la carretera a Tixtla, a 3 kilómetros de la salida de Chilpancingo.
Los malos olores en el centro de la ciudad provocaron que algunos negocios como panaderías y fondas de comida cerraran temporalmente. El dueño de un hotel dijo que el mal olor ahuyentó a los huéspedes, en tanto, los boleros afirmaron que sus ganancias disminuyeron en un 70 por ciento.
En un recorrido en la plaza cívica se observó que algunos peatones al pasar por el lugar escupían y otros vomitaron por el olor que emitía la basura en las camionetas, que tenían gusanos y lixiviados (líquidos residuales).
Debido a la acomulación de basura en el centro de la ciudad, la Secretaría de Salud estatal informó a los vendedores de alimentos y al público en general que en la zona se debían tomar medidas de higiene.
También una brigada de la dependencia arrojó cal en la plaza cívica y en tiraderos clandestinos para que los lixiviados no contaminaran y no hubiera malos olores, sin embargo el olor se mantuvo.
Trabajadores de negocios cercanos y personas que transitaron por la plaza cívica portaron cubrebocas. Algunos pepenadores y recolectores pididieron dinero o alimentos a los vecinos y en los comercios cercanos, porque manifestaron que no tienen dinero para alimentar a sus familias ni para los gastos de la escuela de sus hijos, debido a que no pueden trabajar ante la falta de un tiradero.
Los recolectores mostraron pancartas en las que se leía: “Chilpancingo apóyenos para que nuestras calles estén limpias y no haiga infecciones. Apóyanos con una moneda voluntaria para pagar los víveres, muchas gracias”, y “Pedimos un apoyo voluntarios a la ciudadanía para nuestros compañeros pepenadores y camioneteros para poder sacar la basura de sus colonias que seguimos en pie de lucha, Apóyanos con una monedita para comprar víveres. Muchas gracias”.
Uno de los pepenadores, Juan Valente informó que, “el alcalde nos quiso sobornar, nos dijo que si nos retirábamos de la plaza nos daría dinero, los pepenadores dijimos que no, porque sería dinero pasajero, lo que necesitamos en un basurero de Chilpancingo, porque en otros lugares no nos dejan (depositar los desechos)”.
Algunas vecinos les regalaron comida a los 200 pepenadores y 150 recolectores que estacionaron sus camionetas en la plaza cívica, quienes afirmaron que de las despensas que les dio el alcalde hicieron comida para todos, y que un carnicero les regaló un marrano para alimentarse.
Vecinos que pasaban por el lugar recriminaron que el alcalde Marco Antonio Leyva Mena no hiciera algo para solucionar lo más pronto posible el problema de la basura. Una señora manifestó a los recolectores: “Deberían de tirar la basura en la casa del presidente municipal a ver si iba a soportar el olor”.
Ante la falta de un basurero, las calles del centro de la capital y las banquetas están invadidas con bolsas de basura, lo que ocasiona que los peatones caminen por la vía vehicular.
Consultado en la plaza cívica, uno de los recolectores, Jaime Peralta informó que el alcalde ya no los recibió, ahora fueron atendidos por funcionarios municipales, y afirmó, “Leyva Mena ya no quiere dar la cara porque nos ha engañado en reiteradas ocasiones”.
Agregó que varias veces intentaron depositar los desechos en algún tiradero, y que incluso sus compañeros recolectores fueron “secuestrados y liberados”, por pobladores e integrantes de la UPOEG en Palo Blanco.
Una recolectora de basura, Audencia Sánchez manifestó: “El alcalde nos dio un botecito de aceite medio kilo de azúcar, arroz y frijoles, maseca y papel higiénico, desde el jueves estamos sin recibir dinero, el poco que teníamos ya los gastamos, tengo nueve hijos y necesitamos un basurero para tener ingresos”.
El viernes 27, al alcalde Marco Antonio Leyva Mena anunció el cierre definitivo del basurero capitalino, luego de que firmó un acuerdo con el gobernador y el alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), para que este último reciba la basura de la capital.
Sin embargo, aun no está listo el relleno sanitario de El Platanal, y Leyva Mena dialogó con comisarios, comuneros y vecinos de Zumpango, Palo Blanco, Mazatlán, Buenavista de la Salud y en terrenos de Servicios Públicos municipal para depositar los desechos en predios de esas localidades, pero todos se negaron y no permitieron que las recolectores descargaran la basura.
Ante la presión de los recolectores de basura y de los vecinos de la capital, y la falta de un predio provisional para depositar la basura, Leyva Mena autorizó un predio de 80 hectáreas propiedad de su padre, Rolando Leyva Adame.
A las 6 de la tarde, las camionetas recolectoras se retiraron de la plaza cívica luego de que el secretario de Servicios Públicos municipal, Sergio del Moral Benítez informó que podían descargar la basura en el predio ubicado en un cerro en el lugar conocido como Las Antenas.
Vía telefónica, Del Moral Benítez dijo que el terreno es propiedad del padre del alcalde y que son 80 hectáreas de tierra, que los desechos serán depositados ahí hasta el próximo lunes, mientras se rehabilita el basurero de Eduardo Neri (Zumpango).
“Está muy bien ese terreno, porque no hay casas cerca, es algo temporal, hasta que se tenga habilitado el basurero de Zumpango, (después) el terreno será saneado”, precisó el secretario.
Cuando se retiraron las camionetas recolectoras, trabajadores de Servicio Públicos municipal realizaron labores la limpieza en la plaza cívica.

Algunos policías de la UPOEG tienen nexos con la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio reconoció que dentro de la Policía Ciudadana están ocurriendo cosas “muy delicadas”, como la vinculación de algunos policías con “la maña (la delincuencia organizada)” y otros que se “periquean (drogan)”.
Dijo que en otros casos, hay quienes “se hacen de la vista gorda” y permiten que entren a territorio de la UPOEG carros que son robados en Chilpancingo. Asimismo, admitió que en lugares controlados por la Policía Ciudadana siguen ocurriendo asesinatos, secuestros y extorsiones.
“Todo eso lo sabemos, estoy chaparrito pero lo alcanzo a ver”, dijo en una reunión en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo.
La reunión en esta localidad fue para elegir al comandante municipal de la Policía Ciudadana. Los resultados de la elección favorecieron a Moisés Reynoso y Mario Zamora, como primero y segundo comandante de la Policía Ciudadana para el municipio de Chilpancingo.
Antes de la elección, el dirigente hizo unos reclamos que sonaron a regaño ante más de 200 ciudadanos y policías armados que se reunieron en la cancha techada de la Comisaría Municipal y que venían de las comunidades del municipio de Chilpancingo incorporadas al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), a quienes Plácido Valerio pidió “poner orden” en la Policía Ciudadana.
Al encuentro asistieron comisarios y policías de las comunidades de Mohoneras, Dos Caminos, Acahuizotla, Cajeles, Valle del Ocotito, El Fresno, Mazatlán, Palo Blanco y de Buena Vista de la Salud.
Durante la reunión, el consejo municipal de la UPOEG hizo un balance de sus gestiones a tres años de su ingreso a las comunidades del Valle del Ocotito.
Antes, Plácido Valerio insistió que se deje de ver a la UPOEG como un asunto solamente policiaco, porque agregó que la organización surgió con miras que van más allá de ser una agrupación policiaca.
Explicó que sus objetivos además son el reordenamiento de los pueblos y las comunidades, la lucha contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), gestionar obras y promover el desarrollo de los pueblos.
Se quejó que a la UPOEG se le ha visto solamente como un asunto policiaco y dijo que esa ha sido también la confusión de los políticos, “esos que nos han hecho víctimas”.
Explicó que por eso la organización está promoviendo la integración de los consejos de autoridades comunitarias para que les ayuden a los comisarios a organizar y a gestionar el desarrollo de los pueblos, y reclamó la participación de la gente porque “todos nos quejamos del gobierno sin asumir la responsabilidad que nos corresponde”.
También pidió a los asistentes estar cerca de los policías ciudadanos, “porque luego no sabemos cómo vive (el policía ciudadano), no sabemos si come o no y sólo lo vemos cuando roba o abusa, cuando es la oveja negra, cuando nosotros tampoco asumimos nuestro papel como ciudadanos”, reprochó y pidió a los asistentes que se involucren más en la solución de sus propios problemas.
Antes de la elección de los comandantes, el consejo municipal presentó un balance de las actividades. En este espacio hubo quejas en contra del presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, a quien denunciaron que no ha querido colaborar con la Policía Ciudadana, pues en poco más de un año que lleva sólo los ha apoyado con 600 litros de gasolina en dos ocasiones y con mil 200 en otra ocasión.
Los representantes del organismo se quejaron que en lo que va de enero el presidente Leyva Mena no ha querido recibirlos y les ha mandado decir que por el incremento al precio de la gasolina ya no les autorizará más.
El consejo ciudadano denunció que del total de las obras gestionadas para las comunidades donde tiene presencia la UPOEG, Leyva Mena ha dado respuesta, si acaso, a un 30 por ciento.
Las críticas al alcalde ocurrieron a cuatro días de que éste se quejó que la violencia en la capital “no es un asunto fácil de resolver” porque la ciudad está sitiada por organizaciones criminales y por comunitarios, en referencia a la Policía Ciudadana de la UPOEG que está en las comunidades del Valle del Ocotito.
En una segunda intervención, Plácido Valerio expresó la necesidad de cambiar y poner orden al interior de la Policía Ciudadana y dijo que la inseguridad es un problema serio en la entidad y es consecuencia de la pobreza y la corrupción.
Aceptó que tiene datos de que algunos policías ciudadanos están vinculados con la “maña”, de que hay carros robados en Chilpancingo que los meten en la zona (de influencia de la Policía Ciudadana).
“No nos engañemos, para qué nos hacemos tontos, toleramos algunas cosas, eso es cierto” expresó.
Dijo que también es cierto que hay algunos que se periquean, “a mí no me hacen tonto, estoy chaparrito, pero alcanzo a ver todo, me doy cuenta. Hay cosas muy delicadas que están pasando en el Valle del Ocotito”, admitió.
Expresó que es necesario poner orden porque el asunto de la seguridad es cosa seria, es consecuencia de la pobreza y la corrupción, y necesitamos ponerle orden a la policía y los invitó a combatir en su zona de influencia el robo de carros, las extorsiones y el secuestro.
Enseguida fueron electos los comandantes mediante voto libre de todos los asistentes, ciudadanos y policías. Los aspirantes solamente fueron Moisés Reynoso y Mario Zamora y fueron escogidos de entre más de 20 comandantes de las comunidades del municipio de Chilpancingo donde opera la Policía Ciudadana, la elección fue sólo para definir quién quedaría como primer comandante.
Después de la asamblea, el dirigente de la se reunió a puerta cerrada con los comandantes. Trascendió que allí se ventilaron las irregularidades que expuso Placido Valerio en el encuentro público.

Capacitará la Fiscalía a la UPOEG en Costa Chica; sólo atenderá delitos menores, acuerdan

 

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) coordinación con su estructura de seguridad comunitaria, capacitación, la creación de una oficina para la investigación del abigeato y dos morgues para la región Costa Chica, porque la inseguridad “desplazó” a las instituciones y a los ciudadanos, según el dirigente Bruno Plácido Valerio.
Ayer en la tarde la Fiscalía informó en un boletín de la reunión de representantes de la UPOEG con el fiscal Xavier Olea Peláez, para establecer los lineamientos de coordinación entre la dependencia y “un grupo importante de comisarios municipales”, pero no se precisó cuántos ni de qué comunidades ni municipios.
Dijo que acordaron mantener una capacitación permanente de los comisarios, policías, comandantes, promotores y defensores comunitarios en el nuevo Sistema de Justicia Penal y en el combate al abigeato.
Además, mantener reuniones de coordinación, evaluación de comisarios con fiscales regionales en seguridad y dar seguimiento a los hechos delictivos, así como la habilitación de una funeraria como Servicio Médico Forense en la región Costa Chica.
Al respecto se consultó vía telefónica al dirigente de la UPOEG, quien informó que la inseguridad desplazó a las instituciones y a los ciudadanos en esa región, por eso la UPOEG busca coordinación con las autoridades.
Por ejemplo, cuando la Policía Ciudadana detenga a delincuentes que no son la región pero fueron a extorsionar a sus comunidades, serán entregados a la FGE. Asimismo, se notificará de personas que se encuentren desaparecidas o se estime que se fueron del estado por su cuenta, y que se denuncian como secuestros, para que la Fiscalía trate de localizarlos en otras entidades de la República.
Agregó que los delitos menores se pueden resolver en las comunidades pero los secuestros y homicidios que ocurran en las comunidades serán turnados a la FGE.
Confirmó que la UPOEG va a entrar a una etapa de capacitación en juicios orales, sólo como información, y solicitó la creación de una Fiscalía para investigar el robo de ganado.
También solicitó una reunión con autoridades del sector salud y de la FGE para la creación de rastros porque en la región se introduce ganado robado o enfermo, no apto para el consumo humano, y el tema compete a las dos instituciones de gobierno.
Dijo que se pidió la creación de dos morgues para que la gente que muere en un accidente o por homicidio no sea trasladada al Semefo de Acapulco. Indicó que es muy costoso para las familias el traslado del cuerpo de vuelta a las comunidades.
Subrayó que es necesario el diálogo y coordinación de autoridades comunitarias con el gobierno estatal, pero “que nadie suplante a nadie, por ejercer una acción en su función que no lo persigan”.
Informó que hay más de 100 carpetas de investigación contra integrantes del sistema comunitario de seguridad que están atendiendo legalmente, presentando pruebas para agotar los procesos penales.
Adelantó que entre hoy y mañana continuará la mesa de trabajo con la Fiscalía para diseñar una agenda de reuniones y capacitaciones en municipios de Costa Chica.
De la denuncia de un desaparecido el 26 de noviembre en la carretera Ayutla-Tierra Colorada en el entronque de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, en un acto público el domingo, en las acciones contra el alza al precio de la gasolina donde se culpó a la UPOEG, dijo que no le han informado al respecto.
Se trata de un comerciante de la comunidad de El Pericón, Ayutla de Libres, quien fue privado de su libertad y señaló a grupos de la región. Su hermana aseguró que la policía de la UPOEG se lo llevó porque tenía tres grupos operando en la zona, aunque presentó la denuncia en la oficina antisecuestros indicó que las autoridades les exigen que ellos lleven las pruebas.

 

Marchan vecinos del valle del Ocotito y policías ciudadanos a tres años de la llegada de la UPOEG para brindar seguridad

Unos mil 500 vecinos de comunidades de Chilpancingo y policías ciudadanos de La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon de Mohoneras a Buena Vista de la Salud para la celebración del tercer aniversario de la llegada de la Policía Ciudadana a los pueblos del Valle del Ocotito, cercanos a la capital del estado, para bajar los índices delictivos en esta zona.
A las 10 de la mañana, una cabalgata del Consejo de Autotransportistas del Estado de Guerrero salió de Dos Caminos a Mohoneras para sumarse a la marcha en la carretera federal México-Acapulco hasta llegar a Buena Vista de la Salud.
Después de un hora la cabalgata se sumó a la marcha de los vecinos y policías ciudadanos que inició en Mohoneras caminaron por la carretera federal, pasaron por la comunidad de El Ocotito, frente a la comisaría de esa comunidad hicieron una parada de 10 minutos, los participantes agradecieron a la población apoyar el movimiento de seguridad que brinda la UPOEG.
El contingente de vecinos de Chicahuales, El Fresno, Coacoyulillo, Tejocote, Petaquillas, Palo Blanco, Acahuizotla, Rincón de la Vía, Cajeles, Ocotito, Dos Caminos, Carrizal de la Vía y Haciendita, policías ciudadanos, danzas y estudiantes de primaria con su banda de guerra, y bandas de chile frito reanudaron la marcha hasta llegar a la cancha de basquetbol de Buena Vista de la Salud.
Además había contingentes de policías ciudadanos que portaban armas cortas y rifles.
Los participantes de la marcha llegaron a la cancha, ahí realizaron un acto protocolario en el tercer aniversario de la llegada de la UPOEG al Valle del Ocotito, donde realizaron honores a la bandera, y después hubo una misa en acción de gracias por este movimiento en esta zona.
Un integrante de la UPOEG, Nicol Sandra Mendoza de 13 años en su participación recordó que la UPOEG llegó a brindar seguridad a los pueblos que comprenden al Valle del Ocotito el 23 de enero del 2014, “porque antes vivíamos con la inseguridad, miedo, la presión que teníamos al no tener libertad”.
Dijo que la presencia de la delincuencia organizada en esta zona era una limitación porque los pobladores no podían ser libres y agradeció a los policías ciudadanos de la UPOEG que al brindar seguridad hay paz y tranquilidad, “nosotros vivimos en paz y sin temor gracias al apoyo de esta organización”.
Pidió a su familia, compañeros de escuela y vecinos no dejar caer el movimiento de seguridad para mejorar las condiciones de vida en el Valle del Ocotito y así bajar los índices delictivos.
Asimismo brindaron un minuto de aplausos a los policías ciudadanos desparecidos y caídos por la lucha de seguridad y bienestar de las comunidades de Chilpancingo que fueron víctimas de la inseguridad.
Por otro lado, en la misa celebrada en la cancha de basquetbol de Buena Vista de la Salud, el  obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, comentó que está a favor de la iniciativa del movimiento de seguridad en los pueblos del Valle del Ocotito para que regrese la paz común a la población.
Dijo que la marcha que participaron pobladores y policías ciudadanos, no es para perder la fe y la esperanza, “es para seguir trabajando en nuestra comunidades para que haya paz, tranquilidad, justicia y tolerancia”.
Pidió por el policía ciudadano desaparecido Gilberto Chilapa León para que regrese con vida y agregó que está en desacuerdo con el alza a la gasolina porque afecta a los bolsillos de los mexicanos, “por eso exijo a los tres niveles de gobierno echar atrás esta iniciativa y que baje el precio del combustible”.
Por su parte, el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, dijo que la presencia de la organización en Chilpancingo fue en respuesta a la inseguridad que vivía la población y agregó que tienen presencia en 17comunidades en este municipio.
“Nosotros vamos ingresando en la comunidades cuando las autoridades y la población nos los piden para apoyarlos con seguridad, se está expandiendo el movimiento pero es cuando nos piden la ayuda”.
Recordó que la división de la UPOEG cuando se formó el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en el 2015, fue realizado por el gobierno federal, que pretendía afectar el movimiento de la organización, “pero por el momento trabajamos normal brindando seguridad”.
Hace tres años, unos mil policías ciudadanos del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) entraron a El Ocotito, Mojoneras, El Rincón, Cajeles, Carrizal de la Vía, Dos Caminos, Buena Vista de la Salud y La Haciendita municipio de Chilpancingo, catearon casas y detuvieron a presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Ese día a las 8:00 de la noche, armados con armas de bajo calibre y caseras, habían cateado unas 15 casas y mantenían detenidos al menos a 10 presuntos integrantes del crimen organizado que opera en esos pueblos, ubicados al sur de la capital.
La autodefensa comenzó sus operaciones primero discretamente, cientos de policías ciudadanos llegaron de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y Ayutla para reforzar la acción, y más de mil hombres armados recorrían todas las comunidades del Valle de El Ocotito.

 

 

La CRAC y la UPOEG acordaron impulsar que se ratifique la Ley 701, informa Martínez Veloz

 

El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz se reunió con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones sociales, acordaron impulsar la ratificación de la Ley 701 del estado de Guerrero, de derecho y cultura indígena.
En declaraciones telefónicas el funcionario federal indicó que el asesor César Flores Maldonado lo comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores vía telefónia, con quien acordaron programar una reunión con ambas organizaciones de seguridad.
De la reunión el viernes en Barra Vieja con ambas organizaciones, Martínez Veloz dijo que acordaron trabajar juntos para apoyar la ratificación de la Ley 701 como punto de partida, para que “quede consolidada como un instrumento de regulación del trabajo y de los derechos indígenas en Guerrero”. Indicó que se busca incorporar otros derechos excluidos del texto legal, y que tienen que ver con los derechos universales de todas las comunidades indígenas.
El segundo punto es apoyar la resolución del Tribunal Federal Electoral en donde se establece que en Ayutla se utilizara el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades, sin la intervención de los partidos.
El otro acuerdo es apoyar los procesos de remunicipalización, “en los municipios o comunidades donde existan las condiciones para realizarse”.
Martínez Veloz indicó que es “la base primera de un acuerdo que quizás en el futuro pueda ser más amplio”.
Comentó que las organizaciones solicitaron su intervención para un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo que “permita encontrar una ruta de encuentro para lograr concretar los acuerdos y construir una relación sólida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Dijo que en la reunión estuvieron Pablo Guzmán de la CRAC y Bruno Plácido de la UPOEG, el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro y Marcos Matías, entre otros.

 

Se reúnen la CRAC y la UPOEG con Martínez Veloz; les preocupa que se derogue la Ley 701

 

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y promotores de la creación de municipios indígenas y afromexicanos, se reunieron con el comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz para construir una agenda común.
El exdiputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro habló del encuentro que se celebró en la Ciudad de México y se hizo público debido a una fotografía publicada en redes sociales, donde aparece con el funcionario federal, el consejero de la CRAC Pablo Guzmán Hernández y el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, entre otros.
Vía telefónica dijo que fue un acercamiento breve a fin de construir una agenda común entre organizaciones del estado de Guerrero. El primer punto de coincidencia, dijo, es la preocupación de que la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura Indígena sea acotada o derogada en el proceso de armonización, que debe concluir en abril.
Agregó que es causa común de la CRAC y la UPOEG trazar una ruta de trabajo para que las modificaciones de la ley no afecten el espíritu original de la legislación, al contrario, exigen que sea más amplia en derechos, que incluya a los pueblos afroguerrerenses y acorde a la constitución mexicana.
Informó que quieren acompañar y defender el proceso que impulsó la UPOEG para que la elección por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los Libres sea una realidad, y se siente un precedente para replicarlo en otros municipios indígenas.
Añadió que seguramente van a surgir otros temas que se van a incorporar a la agenda, con un grupo más amplio de organizaciones, y buscar la interlocución con el congreso estatal y el gobernador, que tienen competencias y obligaciones con los pueblos originarios.
Del comisionado informo que ofreció su respaldo, más que como funcionario, como hombre comprometido con la lucha y con las causas del movimiento indígena.
De Jesús Alejandro recordó que Martínez Velóz en 1994 integró la primera comisión de concordia para impulsar la paz digna en Chiapas, y fue actor fundamental en las negociaciones del gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para que se firmaran acuerdos de paz y se redactara la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz.
Martínez Veloz también fue interlocutor de la federación en el primer intento de regularizar a las policías ciudadanas de los grupos de autodefensa en municipios de Costa Chica en 2013, que luego se adhirieron a la UPOEG. La iniciativa se frustró cuando los pueblos de Tecoanapa retuvieron a militares en la comunidad El Pericón.
De Jesús Alejandro informó que también estuvo una representante del Grupo Plural, de los cafetaleros de la Luz de la Montaña, promotores activos de nuevos municipios indígenas y afros, y el asesor de la Cámara de diputados, Marcos Matías Alonso.
Adelantó que van a convocar a otros actores del estado para hacer causa común por los pueblos indígenas, en otra reunión de acercamiento este viernes en Guerrero.

La violencia y las reformas son para justificar la militarización, advierte Cirino Plácido

 

El delegado en el Congreso Nacional Indígena (CNI), Cirino Plácido Valerio dijo que la violencia generalizada y las reformas que atentan contra el pueblo son estrategias para destruir el tejido social y justificar la militarización del país, para que el actual régimen político se mantenga en el poder.
Sin embargo, el también asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF) expresó en entrevista que el levantamiento armado no es la solución, sino que debe de existir una transición política donde todos los sectores sociales participen, y se pronunció a favor de la creación del Concejo Indígena de Gobierno impulsado por el CNI.
El na’savi asistió al Cuarto Congreso de la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Cruz Grande el 4 y 5 de enero. El dirigente a quien no se le había visto en actividades de su hermano Bruno Plácido, llamó a la unidad en su participación.
Abordado, el fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, dijo que ante el escenario del país los indígenas han propuesto un concejo para reconstruir la nación, “para empujar juntos y rescatar este país que está siendo destruido”, ponderando los principios del CNI: servir y no servirse, representar no suplantar, construir no destruir, donde el pueblo manda el gobierno obedece.
Opinó que es mejor apostar por la salida política que la militar, al considerar que “no tiene caso quitar una dictadura y poner otra dictadura. El que toma el poder por las armas no deja de ser una dictadura, pero entonces nosotros tenemos que transitar por la vía política, construir”.
“¿Por qué tenemos que hacer todo esto?, porque 100 años después es la misma política que aplicó Porfirio Díaz, la misma explotación y pobreza, la misma persecución, la misma traición al país, el mismo uso del Ejército para hacer un papel que no le corresponde. Se repite la historia 100 años después, con la misma política represiva”, sostuvo.
Abundó que la violencia generalizada “es propiciada como una estrategia para destruir todo el tejido social, para justificar la militarización y justificar una guerra civil de pobres entre pobres, para que se mantenga este régimen que está destruyendo al país, y estar otros 100 años en el poder, que no está dispuesto a cometer el mismo error que en 1917 cuando la burguesía fue derrotada por los revolucionarios”.
“Hoy –el régimen político– se está preparando a no ceder el poder, mediante la guerra sucia, mediante la represión, mediante la explotación y mediante el uso del Ejército. Nosotros lo que planteamos es el diálogo, respeto y tolerancia y un análisis para reconstruir el país”.
Dijo que inicia un proceso de lucha, de recuperación de pensamiento y forma de gobierno del pueblo originario, “vemos muy bien esa iniciativa del Congreso del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de incursionar en la vía política para reconstruir este país”, en un concejo de gobierno que estará constituido por una mujer y un hombre de cada región, para que haya equidad, porque es un sistema colectivo que se rige por usos y costumbres.
Recordó que los pueblos indígenas aglutinados al CNI han buscado el reconocimiento real constitucional de los pueblos originarios.
Mencionó que en la segunda sesión del Quinto Congreso celebrado del 29 diciembre al 2 de enero, se acordó que para el 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, será constituido el Concejo Indígena de Gobierno, y de ahí se definirá la candidata para las elecciones de 2018, quien será vocera del Consejo Indígena que a la vez será subordinada del Congreso Nacional Indígena y éste será subordinado al pueblo de México .
El delegado opinó que la propuesta del Partido Obrero Social de México, de postular como candidata a la esposa del preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, Agustina García, fue una “imprudencia”, una estrategia del gobierno para dividir a las organizaciones sociales, “nosotros esperamos que no se sigan cometiendo esos errores, porque tenemos que ser prudentes y no hacerle el juego al gobierno”

Impulsar candidaturas independientes y la defensa de la Ley 701, acuerda la UPOEG en su cuarto congreso

El cuarto congreso de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) culminó ayer con una misa, en la que se pidió a los integrantes de la organización no corromperse.
El asesor de la Policía Comunitaria de los Pueblos Originarios, Cirino Plácido Valerio llamó a la unidad para impedir que el gobierno siga entregando en charola de plata las riquezas del país.
Unos 300 integrantes de la organización, comisarios, presidentes de comisariados, delegados, promotores, y policías comunitarios armados con escopetas volvieron ayer a la cancha de la unidad deportiva de Cruz Grande, cabecera del municipio Florencio Villareal, donde fueron leídas y aprobadas las discusiones y las propuestas de las mesas de trabajo: Cuarto orden de gobierno, Derecho a la consulta y la representación popular, y Defensa de los derechos de los pueblos originarios.
A la actividad acudió el Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.
En una misa celebrada a la 1 de la tarde el padre de la parroquia de Santa Cruz, Daniel Martínez López llamó a los integrantes de la UPOEG a no corromperse, porque es el mayor mal que enfrentan luego de lograr la organización en las comunidades marginadas y abandonadas del estado. Además oró por los integrantes de la organización.
En su participación en la clausura el promotor de la Policía Comunitaria de los Pueblos Originarios y hermano del dirigente de la UPOEG Bruno Plácido, Cirino llamó a crear un frente y a la unidad, porque “divididos no llegamos a ningún lado, juntos no hay quién nos pare”.
Dijo que el gobierno prepara y trabaja con militares y narcomilitares contra la población que se organiza, que “el gobierno, el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) siempre ha buscado por dónde chingarnos, nos acusa que somos guerrilla, que somos narcos, buscan por dónde y nosotros no vamos a dar ningún motivo. Si es delito luchar por un proyecto alternativo, un proyecto de vida, pues entonces que nos metan a la cárcel a todos, pero nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de la muerte”.
“Por eso esta lucha de ustedes y de los pueblos originarios, en el camino vamos a ir mejorando muchas cosas, hablar de la restitución de derechos y caminar como pueblos, para que su soberanía resida en el pueblo”, agregó.
El dirigente recriminó la política actual de gobierno, “este régimen que está destruyendo el destino del país y a todos nosotros. Por lo tanto todos los guerrerenses tenemos el derecho de organizarnos y plantear un nuevo modelo o de comunidad, de pueblo, un nuevo modelo de Estado, de país, en nuestra mano está la solución”.

El poder debe residir en el pueblo

Luego de las participaciones fueron compartidos los resultados de las tres mesas de análisis. De la discusión de la mesa Cuarto orden de gobierno, los integrantes se pronunciaron por un cambio de la forma de elegir a las autoridades, al considerar que el sistema de partidos políticos no cumple los objetivos para el que fue creado, y darle vida a social a los pueblos, hacerlos más participativos en la toma de decisiones porque los partidos se han convertidos en “delincuentes autorizados para someter a la población”.
Manifestaron que uno de los casos más visibles de éxito de los gobiernos nacidos desde el pueblo es el caso de Cherán, Michoacán, que su autoridad está conformada por un concejo de gobierno elegido por el pueblo y que puede ser revocado cuando no cumple sus funciones.
Los integrantes de la mesa Derecho a la consulta y a la representación popular, ponderaron que se debe de devolver el poder al pueblo, pero para ello se debe de organizar a las comunidades y estar unificados en una visión.
Esto permitirá el empoderamiento del pueblo sobre sus autoridades para que no se dé autoritarismo, además de tener un mejor control del dinero público y el sueldo de las autoridades, porque en el actual sistema ser gobernante significa enriquecerse, además este modelo permitirá una cultura de iguales entre hombres y mujeres.
También se propuso impulsar las candidaturas independientes como una forma de empoderar el sistema de elecciones por usos y costumbres, para ir quitando fuerza a los partidos políticos.
En la mesa Defensa de los derechos de los pueblos originarios, los participantes insistieron en que el Estado debe de garantizar los derechos básicos a las comunidades que no cuentan con centros de salud, y tampoco se les garantiza la educación.
En la mesa acordaron la defensa de la Ley 701, impulsar la educación bilingüe, el fortalecimiento de las policías ciudadanas y comunitarias, la autorización y el funcionamiento de una radio y televisión comunitaria para la difusión de la lengua materna que ayude a la comunicación entre las comunidades.