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Absuelven a seis policías comunitarios que estuvieron tres años en prisión y dos en libertad bajo fianza

 

Seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso del municipio de Ayutla recibieron ayer su boleta de libertad con sentencia absolutoria en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa, luego de ser acusados del delito de secuestro, hace cinco años.
Los seis policías comunitarios: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo fueron encarcelados tres años, desde el 2013, por el supuesto delito de secuestro en agravio de 43 personas y dos años en libertad bajo fianza al reclasificarse el delito a privación ilegal de la libertad, tras obtener un amparo en diciembre de 2015, que hoy los dejó libres.
Los seis policías na savi que mostraron sus boletas de libertad con sentencia absolutoria dijeron que están felices porque se acaba el sufrimiento que les tocó vivir desde el 2013 cuando fueron detenidos mientras cuidaban a los reeducados de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Ángel García dijo “fue un sufrimiento y represión por parte del gobierno hacia la Policía Comunitaria, al considerarnos delincuentes cuando no los somos, eso nos deja manchada nuestra reputación y también del sistema comunitario, al que quieren desaparecer porque surge del pueblo y no pudieron, porque somos inocentes, ahora tenemos nuestra boleta de libertad en la mano”, dijo.
Mencionó que ahora no tienen ningún cargo en la CRAC-PC, pero siguen apoyándola.
Florentino García comentó que están contentos de ya no volver a venir a firmar cada mes porque tenían que viajar desde su pueblo por lo que exigirán la reparación del daño al no comprobarles nada, al no cometer ningún delito y el gobierno del estado los sometió a un desgaste físico y económico por sus visitas mensuales al juzgado de Tlapa y con un recorrido de seis horas desde sus comunidad.
Bernardino García agradeció a los abogados de Tlachinollan que representaron a los seis comunitarios, a los medios de comunicación que le dieron seguimiento a su caso y a todos los que los respaldaron, en el penal estuvieron los abogados Isidoro Vicario Aguilar y Rubén Darío Silva Morales, quienes realizaron las gestiones administrativas.
Por esta misma causa penal 196-2013 fueron absueltos también Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrera al no acreditarse las acusaciones y cuando se hicieron los careos con los supuestas víctimas éstas declararon no conocerlos, que no fueron ellos quienes los retuvieron ni que les pidieran dinero.
En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señala que en momentos de campañas políticas en las cuales se desacredita y se descalifica el actuar de la Policía Comunitaria, se dictó sentencia absolutoria a seis integrantes de CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso, detenidos en 2013 en un excesivo operativo en el que participaron elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial.
En lo que demostraron la criminalización de la que es objeto la CRAC-PC al aplicar sus sistemas normativos.
El juez Aurelio Gutiérrez Cruz absolvió a los seis policías comunitarios quienes durante cinco años llevaron un proceso lleno de acusaciones falsas y ahora están libres de toda responsabilidad penal al demostrar que no cometieron delito alguno.
Menciona que la sentencia reconoce los derechos de los pueblos y personas indígenas a la libre determinación, al autogobierno, a elegir a sus propias autoridades y aplicar sus propios sistemas normativos.
Y concluye que los sentenciados son personas indígenas e integrantes de la CRAC-PC bajo el amparo de la Constitución mexicana, la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que su actuar no fue ilegal sino que fueron actos de autoridades comunitarias.
Tlachinollan exige al Estado mexicano: El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal como lo hizo el Poder Judicial Federal en sus fallos de casos de otros policías comunitarios y que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.

 

Ingresan militares en helicóptero a territorio de la CRAC en Ayutla, informan autoridades

Autoridades de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), denunciaron que este lunes 35 militares del 48 Batallón de Infantería llegaron a la comunidad La Concordia, municipio de Ayutla, supuestamente para erradicar plantíos de amapola.
Una de las autoridades comunitarias informó que al mediodía del lunes un helicóptero aterrizó en la comunidad y se retiró a las 4 de la tarde.
Indicó que los soldados fueron abordados por los comisarios municipales de las comunidades de La Concordia y San Felipe, para que informaran del por qué de su presencia.
En una llamada telefónica una de las autoridades comunitarias dijo que el mando militar a cargo les señaló en un mapa que había tres comunidades de la zona donde opera la CRAC, que sus habitantes siembrab amapola y mariguana.
Los comisarios municipales de San Felipe y La Concordia se pronunciaron en contra de la presencia de los militares, porque en la zona funciona la CRAC que se encarga de revisar la zona para evitar ese tipo de sembradíos, y en caso de que se compruebe los comisarios de las tres comunidades de los que no se revelaron sus nombres serán detenidos y reeducados, y en una asamblea se decidirá si las comunidades son expulsadas del sistema de justicia comunitario.
La autoridad comunitaria que denunció la llegada de los militares indicó que fueron insistentes en que, los soldados “dicen que quieren colaborar con los pueblos, pero las autoridades (locales) no quisieron”, porque los militares han agredido a los pobladores y matado a vecinos, como en El Charco, municipio de Ayutla, en 1998 donde fueron asesinadas 11 personas.
“El acuerdo que se tomó es que no queremos a los militares ni policías federales, estatales y menos a la Policía Municipal de Ayutla en las comunidades donde opera la CRAC, porque ya tienen sus autoridades y tienen suficiente capacidad para actuar contra delitos, y la delincuencia organizada que poco se da por acá”, dijo la autoridad comunitaria.

 

Esta semana esperan una resolución de libertad para Arturo Campos pero no saldrá de prisión

El jueves o viernes de esta semana la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberá dictar una resolución de libertad al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, preso en la cárcel de Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz, dijo que el Juzgado de Distrito Sexto el martes pasado envió la notificación a la Cuarta Sala Penal, pero como se atravesaron los días de asueto de Semana Santa,  hoy o mañana será entregada.
Explicó que el Juzgado Sexto ordenó a la Sala Penal dictar una nueva resolución del amparo 746-2016 promovido por Campos Herrera, luego de que ninguna de las partes interpuso un recurso de revisión, y después de que no se acreditó el delito de secuestro de la causa penal 031/2013, promovido por los agraviados Pedro Gil Apreza Salmerón  y Katia Espinoza Bolaños.
Agregó que en 24 horas se  tendrá que dictar una nueva resolución de libertad a Campos Herrera, porque no se acredita el delito de secuestro.
Afirmó que con la resolución del amparo se demostró que la Cuarta Sala Penal actuó de manera dolosa y respondiendo a intereses políticos en la sentencia condenatoria contra Campos Herrera, el 17 de julio pasado, cuando confirmó el auto de formal prisión.
Téliz García afirmó que queda evidenciada la criminalización que hace mediante las instituciones que imparten justicia para mantener a los líderes comunitarios en la cárcel.
El 2 de abril, el abogado  informó que a pesar de que quedara libre en este expediente, Campos no saldrá de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa”.
De este caso en el Juzgado Penal de Tlapa por el delito de secuestro, promovido por Abraham Ortega Zamora y otros 43 agraviados, del mismo caso que se le siguió a Nestora Salgado y del que fue absuelta en marzo de 2016, el abogado indicó que se solicitó una nueva fecha para que se interrogue a 10 agraviadas.
Añadió que en la nueva fecha también se presentaría una prueba de antropología social para acreditar que Campos Herrera es indígena y que en la comunidad donde nació se rige por usos y costumbres y que está integrada a la CRAC, además de que fue electo como consejero regional en una  asamblea para poder desempeñar un cargo comunitario. ((Jacob Morales Antonio).

Aceptan acusadores de Arturo Campos en su careo que no lo conocen y que no les ha pedido dinero

En el careo del consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera con sus acusadores por el delito de secuestro, éstos aceptaron no conocerlo y negaron que les haya pedido dinero para que los liberara, por lo que hay elementos para que se le dicte libertad, dijo su abogado Rogelio Téliz.
El careo fue la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia, adonde comparecieron cinco acusadores para el careo de la causa penal 196-2013, y por lo cual trasladaron a Arturo Campos del penal de Ayutla, donde está preso, al de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Entre los comparecientes estuvieron tres denunciantes y dos agraviados que ratificaron sus declaraciones, en las que no mencionan a Arturo Campos por el delito de secuestro.
La primera en declarar fue Petra Pérez Hernández, madre de la menor Dulce Rubí Burgos Pérez, quien fue detenida por la Policía Comunitaria a petición de sus padres, según la CRAC-PC de Olinalá, pero los familiares lo negaron, y acusaron a Nestora Salgado García de secuestro en la misma causa penal.
Petra Pérez le dijo a Arturo Campos que, “fue cómplice de esa mujer enferma… realmente a mí no me pidió nada de dinero… pero creo que es como el dicho, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.
Arturo Campos respondió que la hija de Petra Pérez fue detenida por la Policía Comunitaria de su comunidad por alguna falta, que los vecinos aceptaron ese sistema comunitario y, por ello, no consideraba que se tratara de secuestro; dijo que él sólo era consejero y le pidió que le dijera si él le había pedido dinero, a lo que la mujer respondió que no.
A los agraviados y denunciantes se les preguntó qué entendían por secuestro, y todos dijeron que es cuando privan de la libertad a alguien contra su voluntad, sin agregarle que esto es a cambio de dinero, por lo que el concepto se quedó a medias.
Se contrastaron sus comentarios en visitas a familiares en la Casa de Justicia de El Paraíso, donde los detenidos estaban custodiados por policías comunitarios uniformados; Petra Pérez dijo que, “había un grupo de pistoleros apuntándote con sus armas”.
Siguió el padre de Dulce Rubí, quien declaró que le pidieron 5 mil pesos, y que la voz era de Nestora Salgado, pero no mencionó a Arturo Campos, “al señor no lo conocí, sólo vi a dos personas las dos veces que fui; no me acuerdo de él”. Arturo Campos también dijo que esa era la primera vez que veía al declarante.
Siguió la señora Antonia Salmerón, madre de Pedro Salmerón, quien dijo que llegó a ver algunas veces a Arturo Campos, “no tengo nada en contra de usted, ni me hizo nada, no lo conozco y a mí no me pidieron nada de dinero”, dijo.
En el mismo sentido declararon Alejandro Nájera Nájera y Javier Rodríguez Ortega, retenidos por la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, quienes dijeron que era la primera vez que veían a Campos Herrera y no tenían nada que decirle, ya que no estuvo cuando fueron detenidos ni liberados por el Ejército, que irrumpió en la Casa de Justicia de El Paraíso.
El abogado Rogelio Téliz dijo que los careos con los agraviados han demostrado que no hay delito de secuestro, porque todos han negado conocer a Campos Herrera y que les haya pedido dinero para liberarlos, a ellos o a sus familiares; además de que los detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso reconocen que fueron retenidos por policías comunitarios uniformados, tanto en Olinalá como en Huamuxtitlán, “eso no es secuestro, la CRAC está reconocida en la ley 701 e instrumentos internacionales”, precisó el abogado.
Dijo que los agraviados fueron retenidos por diversas faltas administrativas del reglamento de la CRAC-PC que funcionaba en sus comunidades, y no son secuestradores, como pretendió acusarlos el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, igual que a Nestora Salgado y a Gonzalo Molina, entre otros policías comunitarios.
El abogado consideró que hay elementos para que el juez dicte auto de libertad a Arturo Campos, ante todas las pruebas aportadas, y porque con las declaraciones de los agraviados y denunciantes, el delito de secuestro se desvanece al no reconocer al inculpado estando frente a frente, “es un asunto del gobierno por mantenerlo encerrado sólo por organizarse para dar seguridad a su pueblo”, dijo.
Al concluir el careo, Arturo Campos reiteró estar orgulloso de pertenecer a la CRAC-PC y de organizarse para combatir la inseguridad, que avanza sin que el gobierno haga nada para frenarla.
A quienes confían en él les dijo que se va a demostrar que es inocente y que están del lado del pueblo, y que los luchadores sociales o quien se organiza siempre van a la cárcel, mientras los delincuentes son diputados o gobernadores.
Agregó que al salir seguirá en su comunidad apoyando a la gente.

Refrenda la asamblea de la CRAC en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, su reconciliación con la casa matriz

 

En la asamblea microrregional de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por unanimidad las autoridades votaron a favor de la reconciliación con la casa matriz, de San Luis Acatlán.
El coordinador de la Casa de justicia de El Paraíso, Gregorio García Morales precisó que no era la reincorporación de las 35 comunidades que conforman la Casa de Justicia de El Paraíso a la de San Luis Acatlán, sino una reconciliación, indicó que seguirán trabajando de forma autónoma, pero coordinada, y precisó que no estarán bajo las órdenes de la casa matriz.
La asamblea inicio a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde bajo una intensa lluvia. Asistieron unos 250 integrantes; consejeros, policías comunitarios, comisarios, comisariados y delegados, y sólo dos mujeres que observaron la reunión, así como los seis integrantes que salieron de la cárcel el 12 de abril, que participaron y votaron en la asamblea.
Al encuentro llegaron los consejeros de la casa matriz, Sabás Aburto Espinobarros e Ignacio Navarro Mosso, y el representante de la Casa de Enlace en Tecoanapa, Prócoro Valente, quien mostró disposición de volver a coordinarse con la casa de El Paraíso.
Minutos antes de la votación de la unificación, en su intervención Aburto Espinobarros recordó que los integrantes de la Casa Matriz de San Luis Acatlán aprobaron la reintegración con la Casa de El Paraíso y la permanencia de la Casa de Justicia, el sábado 4 de junio en asamblea microrregional en San Luis Acatlán.
Sin embargo, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Humberto Viviano precisó que el término reintegración está mal empleado y que el correcto sería reconciliación, “porque nosotros nunca nos fuimos del sistema”. Se declaró a favor de que ambas casas trabajen de manera coordinada y articulada.
Otro integrante, Donaciano Morales coincidió y llamó al respeto de la autonomía de cada Casa de Justicia, “tenemos que unirnos para que no, nos conviertan en policía rural”, pidió, y sostuvo que, gracias a la Policía Comunitaria, desde hace tres años en los poblados donde opera no hay secuestros, asesinatos ni violaciones. En su intervención, el coordinador Gregorio García Morales explicó a la asamblea que el término ya había sido abordado en las reuniones previas, donde se acordó el respeto a la autonomía de las Casas de Justicia, “no vamos a estar bajo el mando de San Luis”, expresó.
El coordinador explicó también, sin decir nombres ?aunque en clara referencia a Eliseo Villar Castillo, preso desde el 30 de abril de 2015?, que quienes provocaron el conflicto en la CRAC ya no están, y llamó a la conformación de un solo frente como organización, porque la CRAC está “apagada” frente a otros movimientos que sí están visibles.
Después, la asamblea votó por unanimidad a favor de la unificación y ratificó el acuerdo votado también a favor el 4 de junio en la asamblea de San Luis Acatlán.
Unidad y defensa de la Ley 701

En otra intervención, Aburto Espinobarros dijo que la importancia de la unificación de las fracciones de la CRAC que se han conformado (algunas sin el reconocimiento de la Casa Matriz) es la defensa de la Ley 701, que será reformada por los diputados locales, y advirtió que “desde el gobierno se intenta frenar a la CRAC”.
Informó que iniciaron los trabajos del convenio que firmó el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para la reforma a la Ley 701, e insistió en la importancia de la unidad para que los cambios a la Ley 701 sean para que el sistema avance y no para el retroceso de la organización, que es considerada y reconocida por la legislación actual como parte del sistema de seguridad estatal.
Reiteró que la unificación servirá para cambiar el reglamento interno de la CRAC, que deberá estar antes de la reforma a la Ley 701, para que del propio reglamento se retomen algunas propuestas a la Ley. Anunció foros de discusión que propondrán en las comunidades donde opera el sistema de justicia comunitario para que sea el pueblo el que decida.
El consejero reiteró la importancia de la unificación para evitar problemas con el reconocimiento del sistema comunitario en la Ley 701, como los que tienen otras organizaciones que han surgido, y sin decir nombres se refirió a la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a la Policía Comunitaria del Frente Unidos para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y a las autodefensas.
El consejero Claudio Sánchez urgió la pronta elaboración de propuestas a la Ley 701, para que el gobierno no lo haga a su manera.

Eligen a dos coordinadores y nombran a nuevo comandante regional

En la asamblea fue aceptada por los pueblos la renuncia del coordinador Efraín Rea López, que el coordinador presentó por escrito el 31 de mayo.
La separación del coordinador es porque se desempeña como director de desarrollo social del municipio y, según lo estipulado en el reglamento de la CRAC, nadie que tenga un cargo público podrá ser autoridad comunitaria.
En la asamblea fue nombrado por unanimidad como nuevo coordinador Juan Antonio García Fidencia, quien en su intervención explicó que cumplirá con sus deberes, siempre y cuando la población también lo apoye con los gastos, porque el nombramiento y el cargo no tiene un sueldo y los días que hay que estar de guardia en la Casa de Justicia, no trabaja, y no tiene ingresos económicos.
El nuevo coordinador, incluso recriminó a Rea López, que no haya dejado su cargo en el Ayuntamiento, “¿por qué no renunció allá donde hay dinero?”, pregunta que arrancó risas entre los asistentes y el propio Rea López.
También fue elegido por mayoría de votos Raúl Morales Morales como coordinador, pero no aceptó el cargo, y Luis Lucas García, quien quedó en segundo lugar en la votación, asumió su cargo. Este espacio lo ocupó la comunidad de El Parotillo que renunció al sistema comunitario el 31 de mayo pasado.
En la reunión también fue elegido como nuevo comandante regional, Valentín García, después de que el comandante regional de la zona El Charco-Pozolapa dejó el cargo por un asunto personal y porque tiene que ausentarse de su comunidad cinco meses.
Se informó que el próximo sábado 18 de junio, será la primera reunión de coordinadores y comités de enlace después de la unificación, y el sábado 26 será la culminación de la asamblea del 11 de junio que fue suspendida ante la lluvia

Ratifica Nestora que va a EU para atender su salud y anuncia que viajará a Sudamérica

La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, libre hace dos días, ratificó que sale del país para viajar a Estados Unidos y Sudamérica, sin precisar fechas de salida o retorno, para denunciar la situación de los presos políticos en México, y demandar respeto a los pueblos originarios y los sistemas normativos de justicia indígena.
Asimismo, se dijo contenta de haberse reunido con organizaciones de distintos estados –principalmente de Guerrero–, ayer en un encuentro cerrado con activistas de movimientos feministas, de presos políticos y defensores de derechos humanos. En la reunión también participó una comisión de padres de los 43 alumnos detenidos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
De la reunión, Salgado García destacó el acuerdo para lanzar, con acciones dentro y fuera del país, la campaña por los presos el 10 de abril cuando se conmemora el asesinato del general Emiliano Zapata, y promover el tercer encuentro nacional de presos políticos, que se realizará el 23 y 24 de abril en Olinalá.
El anfitrión del encuentro es la Policía Comunitaria, que este viernes la ratificó como su comandante en un acto simbólico al salir de prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México.
En breve entrevista, la comandante de los grupos de la cañada de la Sierra, informó que intentará estar en el encuentro nacional, pero no lo aseguró.
En estados Unidos, va a revisar su estado de salud física y emocional, para curar las secuelas de dos años siete meses de prisión.
Reconoció el apoyo que ha recibido en México, y que las invitaciones para visitar diferentes países, “precisamente, es aprovechar las puertas que se abren para llevar el mensaje”, explicó.

¿A qué juega el gobierno?

Sobre la detención, que denunciaron luchadores sociales, del excomandante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, hace dos días en Chilapa, dijo que no comprende la intención de las autoridades judiciales de encerrar a los policías de la CRAC. “No entiendo que sueltan a uno o agarran a otros, no entiendo el juego del gobierno, creo que tenemos que protestar”.
Sobre las apelaciones para revocar los tres autos de formal prisión, que interpusieron sus presuntas víctimas, y la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado también se inconforme, con tono más alto declaró que están en su derecho, “solamente digo que no se vale, ellos saben que esto (su detención) fue fabricado, saben que soy inocente, la víctima soy yo. No me salga con ese juego, de qué se trata: te dejo ir y luego te agarro, de verdad no entiendo qué les pasa”.

Bloquean organizaciones la cárcel de Ayutla por la libertad del ex comandante de la CRAC

 

Autoridades comunitarias de El Timbre, municipio de Ayutla, bloquearon la entrada de la cárcel de Ayutla en demanda de la libertad del ex comandante de la Policía Comunitaria Antonio Leobardo Galeana, detenido el viernes en Chilapa.
La comunidad El Timbre forma parte de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Unos 50 integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) respaldados por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y el comisario de El Timbre Arturo Mendoza Regina demandaron una reunión con el asesor del gobierno del estado, César Flores Maldonado, para resolver el caso de Leobardo Galeana.
La protesta empezó a las 10 de la mañana y los inconformes dijeron que permanecerán en el lugar hasta que sean atendidos.
En la cárcel, por ser día de visita, los manifestantes sólo permitieron ingresar a los familiares que van a ver a algún interno, e impiden la salida de los guardias de seguridad y del director del penal.
El coordinador del FODEG, Hoguer Morales Miranda, Antonio Leobardo fue detenido el viernes a las 8 de la mañana en Chilapa, después fue llevado a Chilpancingo, luego a Tierra Colorada, después a Las Mesas y finalmente encarcelado en Ayutla a las 6 de la tarde, acusado de los delitos de privación de la libertad y de obstaculizar la vía pública.
En la tarde se buscó a Morales Miranda para conocer si hubo acuerdos para la liberación de Antonio Leobardo pero no fue posible localizarlo.

La liberación de Nestora es parte de la lucha por los comunitarios presos, dice antropóloga

 

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y perito de la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Rosalva Aida Hernández Castillo confió en que la libertad de la luchadora social es una parte de la lucha por la libertad de otros siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), recluidos en Guerrero.
Explicó que el peritaje en el que ella participó, planteó que las acciones de Nestora Salgado ?por las cuales fue acusada de distintos delitos?, se encuentran en el marco del reconocimiento de la justicia indígena.
En general, explicó que en el peritaje denunció que hay una perspectiva, “bastante existencialista y limitada de lo que es indígena; mi peritaje consistió en explicar el concepto, lo qué es la justicia indígena y el marco legal local, nacional e internacional que la ampara”.
En el documento, dijo, explicaron a jueces porqué “todas las acciones de Nestora, como autoridad de la CRAC, estaban reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y en el artículo segundo Constitucional”.
Sin embargo, señaló que ahora (en el Poder Judicial) predomina una visión heredada de la antropología clásica de lo que implica ser indígena (lengua, cultura, sistemas normativos, entre otros), pero “las identidades culturales son identidades históricas, cambiantes”.
En el documento, indicó que hay una reivindicación de una memoria propia de la gente de Olinalá.
Asimismo, indicaron en su trabajo los criterios a tomar en cuenta para determinar quién es indígena y quién no, porque lo que caracteriza a la CRAC es una perspectiva bastante amplia; incluye a los pueblos afrodescendientes y a los campesinos que reivindican una historia indígena pero no hablan ningún idioma y tampoco tiene sistemas de cargos.
Señaló que también participó en la investigación de tres peritajes el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo, para los casos de cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de una red de criminales, un caso de abigeato y de 43 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Opinó que la liberación de la luchadora social es fundamental para la liberación de los siete integrantes de la CRAC que siguen presos por las demandas de secuestro, “tienen que ser la puerta, ahora para voltear los ojos a los siete compañeros que están ahí, no es el cierre de una lucha, sino la continuidad”.
Entre los detenidos en Ayutla están el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, el consejero Arturo Campos y el primer comandante, Ángel García García, entre otros. En Chilpancingo, el promotor, Gonzalo Molina así como Samuel Ramírez Gálvez.

Exigen en un mitin en la Ciudad Judicial en la capital la libertad de los presos de la CRAC

Familiares de los policías comunitarios presos en Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron ayer en un mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, la libertad de todos los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La protesta comenzó a las 12 y media de la tarde, mientras en el interior, en la Cuarta Sala penal, había una audiencia de vista relacionada con el proceso que se sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, por el delito de secuestro en agravio de Katia Espinoza Bolaños y Pedro Gil Apreza Salmerón.
La causa penal 59-I/2015 y las presuntas víctimas que acusan a Campos Herreras son las mismas que acusaron a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien la mañana de ayer quedó en libertad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, quien da seguimiento al caso de Campos Herrera, informó que la Cuarta Sala Penal deberá resolver en 15 días el auto de formal prisión o de libertad.
Otro de los abogados de Tlachiniollan, Vidulfo Rosales Sierra reclamó a las autoridades que manifiesten la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los otros ocho presos de la CRAC, y que también sean liberados, puesto que los delitos de los que se les acusa y los supuestos agraviados son los mismos que enfrentó Nestora Salgado, que ya fue liberada.
Los ocho presos a los que se refirió Rosales Sierra son Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, así como el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, y cinco policías comunitarios de esta misma casa, presos en el penal de Ayutla.
Arturo Campos Herrera es consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla y fue detenido el 1 de diciembre de 2013, al final de un acto con el que Tlachinollan inició la campaña 12 días por la libertad de los presos políticos, en la Alameda de Chilpancingo. El detenido fue trasladado inmediatamente al penal del Altiplano, en el Estado de México.
El 28 de mayo de 2015 el juez Cuarto penal de Acapulco le dictó el auto de formal prisión, pero la defensa interpuso el recurso de apelación, del que derivó la audiencia de vista en la Cuarta Sala penal de ayer.
El abogado Téliz García, quien entró a la audiencia, informó que los supuestos agraviados que la administración de Ángel Aguirre Rivero presentó como víctimas para acusar a Campos Herrera son Pedro Gil Apresa Salmerón y Katia Espinoza Bolaños, quienes no acudieron ayer a la audiencia.
“Esperábamos que vinieran; ellos presentaron un escrito en el que manifestaron que iban a estar pendientes en el desahogo de la audiencia, pero no estuvieron, porque saben que son falsas sus acusaciones”, dijo.
Pero informó que la audiencia tuvo lugar y que él presentó un escrito de agravios “donde combatimos el auto de formal prisión; decimos que en ningún momento hay el delito de secuestro, que él (Campos Herrera) como perteneciente a la Policía Comunitaria, todos los actos que realiza se asemejan a actos de autoridad amparados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, además, por la Constitución federal en su artículo 2º, que establece que los pueblos indígenas pueden organizarse, ver y resolver la forma interna de sus pueblos.

Tienen que aplicar en el caso de Campos Herrera el mismo criterio que usaron en el de Nestora, insiste el abogado

El abogado dijo que el delito y quienes acusan a su defendido son los mismos que acusaron de secuestro a Nestora Salgado, a quien el juzgado de Ayutla le resolvió el auto de libertad, “y ese mismo criterio tiene que aplicar la Cuarta Sala penal y emitir la resolución inmediatamente”.
Explicó que existe un plazo de 15 días para que la Sala emita su resolución, “pero no podemos esperar más ante un hecho de injusticia, cruel e inhumano y la Sala penal tiene que emitir un fallo rápidamente para que Arturo Campos pueda recobrar su libertad y se una a la impartición de justicia en sus pueblos”.
Dijo que los agravios están bien sustentados y que está seguro de que “se va a caer” el auto de formal prisión, porque no se tipificó el delito de secuestro; “el secuestro tiene la finalidad de que se prive a una persona de su libertad con el objeto de pedir un rescate, y aquí no se dio esto”, dijo.
Mientras se realizaba la audiencia de vista, afuera, en la entrada principal de la Ciudad Judicial, más de 50 personas, entre familiares de los presos en el penal de Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, participaron en un mitin y exigieron la libertad de todos los presos de la CRAC.
En declaraciones afuera, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra expresó que esperan que la resolución de la Cuarta Sala penal sea por el auto de libertad de Arturo Campos, como ocurrió con Nestora Salgado.
Reclamó a las autoridades la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los ocho presos de la CRAC, dijo que los magistrados y jueces deben ceñirse a los mismos criterios que utilizaron en el caso Nestora, pero que pareciera que, por el contrario, “hay consigna” para que los otros ocho presos de la CRAC sigan en prisión.
Recordó que los miembros de la CRAC fueron detenidos por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando el movimiento iba en ascenso y la Policía Comunitaria mantenía sus vínculos con ese movimiento en contra de las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Añadió que, por eso los gobiernos federal y estatal pretenden mantener presos a los miembros de la CRAC.
Explicó que en el caso de Nestora Salgado pesó más la presión política, porque se convirtió en un emblema nacional e internacional, y por eso el gobierno determinó su libertad, pero que la están condicionando para que abandone el país, “al parecer ella ha aceptado, aunque dice que sale por motivos de salud”.
Rosales Sierra explicó que, en el caso de los ocho presos de la CRAC siguen su propio procedimiento jurídico, y que aunque con la libertad de Nestora se abre una posibilidad para que salgan libres, “si en términos políticos no hay una voluntad como la hubo con Nestora, no saldrán libres”, dijo.
Reconoció que se han dificultado la liberación de estos ocho presos, porque no han sido “visibilizados” como Nestora, a quien benefició la presión de los organismos nacionales e internacionales, por lo que el gobierno se vio obligado a liberarla.
En el mitin también habló Minerva Donaciano de Jesús, esposa del comandante de la Policía Comunitaria preso en Ayutla, Ángel García García, que dijo que es injusto el encarcelamiento de su compañero y del resto de los policías comunitarios, “no porque sean indígenas y nos humillan, sino porque los detuvieron cuando buscaban justicia y seguridad para los pueblos, lo que no puede ofrecer este maldito gobierno”.
Agregó que, si el gobierno pensaba que con su detención “ya no nos íbamos a levantar, se equivocó, seguimos luchando ahora también por la libertad de nuestros esposos porque sabemos que son inocentes”.
Denunció que para mantenerlos presos les fabricaron delitos, “los acusan de delitos que nunca cometieron”.
Añadió que, como indígenas se sienten orgullosos y felices de que haya salido libre Nestora Salgado, “pero si ya reconocieron que ella es inocente, ahora también que liberen a nuestros esposos, acusados de lo mismo que ella”, dijo.

Ofrecen abogados de Nestora pruebas de descargo en Huamuxtitlán; podrían liberarla el jueves

Los abogados de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, ofrecieron pruebas de descargo adicionales ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, con sede en Huamuxtitlán, donde dan cuenta que la luchadora social se encontraba a unos 170 kilómetros de distancia del lugar, el día y hora en que ocurrieron dos homicidios y la tentativa de homicidio que se le imputan en la causa penal 67/2014.
En consulta telefónica, el abogado Sandino Rivero Espinosa informó que ayer, dentro del plazo constitucional de 72 horas para que el juez resuelva su situación legal, hubo una inspección digital de cuatro diarios de Guerrero, donde se da cuenta de que el 13 de agosto de 2013, alrededor de las 2 de la tarde, Nestora Salgado se encontraba en el barrio de El Fortín, municipio de Tixtla, en una conferencia de prensa con otros integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Detalló que, antes de la conferencia Salgado García estuvo en Casa Guerrero con otros representantes de la Casa de Justicia de El Paraíso ?donde esperaban tener una reunión con el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero?, y fueron atendidos por un funcionario estatal.
Uno de los argumentos de la defensa es que es imposible que haya cometido el homicidio, si no se encontraba en el lugar de los hechos. Como evidencia mostraron las páginas oficiales de El Sur, El Sol de Chilpancingo y La Jornada del 14 de agosto, y el periódico vespertino La Crónica, con las fotografías y las notas informativas. Uno de estas da cuenta de la hora.
Destacó que fue un acto público, con otros integrantes de la Policía Comunitaria de Olinalá que no fueron llamados como testigos porque también están acusados de homicidio en la misma causa penal, y había el riesgo de que fueran detenidos durante la diligencia.
Asimismo, dijo que estuvo en la conferencia de prensa el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, imposibilitado para atestiguar porque está preso en la cárcel de Chilpancingo, acusado, entre otros delitos, de los presuntos secuestros de los que fue absuelta Salgado García la semana pasada.
El abogado explicó que, otro argumento de defensa es que sólo hay un testigo que señala directamente a Salgado García, que dijo que escuchó su voz en el lugar dando instrucciones a los agresores, describe su vestimenta y asegura que disparó contra las víctimas
Se trata del hijo del fallecido Nemesio Guevara, que con otro de sus hijos fue ultimado en las inmediaciones de Olinalá y Huamuxtitlán. Sin embargo, no hay nadie más que lo corrobore. Confió que con estos elementos, quedará descartada la autoría material que se le adjudicó.
Aclaró que el Ministerio Público tiene la oportunidad “de hacer manifestaciones” en relación con las pruebas que se ofrecieron, pero ayer no lo hizo.
Estimó que este jueves, Nestora Salgado será notificada de los autos de las tres últimas causas penales que se le siguen en Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla de los Libres. En Tlapa y Ayutla, las pruebas se presentaron durante la declaración preparatoria.
Según declaraciones en el expediente, a las 9 de la noche del 13 de agosto, hace dos años, se reportaron dos personas muertas a balazos en la carretera vieja de Olinalá, en Santa Rosa, municipio de Cualac: Nemesio Guevara García 68 años, y su hijo Carmen Guevara Rodríguez de 38 años.
Ésta es la única averiguación de seis denuncias penales en contra de Salgado García, en la que aparece el entonces síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, señalándola del doble homicidio. No se encuentra en las demandas de secuestro, no obstante que también fue detenido por la Policía Comunitaria por estos asesinatos, cuando reclamaba en Huamuxtitlán una vaca robada que las víctimas llevaban en su camioneta.
Una semana después, fue liberado en una operación de rescate policiaco-militar, de la casa de Justicia de El paraíso, mientras que integrantes de la CRAC fueron llevados a prisión.