La SEG no arregló el caso de cuatro docentes de Petacalco a quienes no les pagan, dicen padres

Padres de familia de la zona escolar 96 de primarias, con sede en Petacalco, municipio de La Unión, denunciaron que funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) los atendieron en Chilpancingo “pero no nos arreglaron nada, al contrario, nos dijeron que no tenían conocimiento de los problemas que tenemos en nuestra zona escolar”.
Por ello, los familiares pidieron que el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, atienda su problema escolar “antes de que se vuelva complicado”.
La representante de los padres de familia de la escuela Ignacio Manuel Altamirano, turno matutino, ubicada en Petacalco, Irma Guillén Mercado, dijo vía telefónica que un grupo de madres de familia acudió a Chilpancingo el martes 29 de mayo, para tratar la situación de los cuatro maestros que fueron enviados a esa zona escolar desde enero y no les han pagado su salario, así como tampoco cuentan con un nombramiento, ni un contrato.
Guillén Mercado dijo que fueron atendidos por el director de Educación Primaria de la SEG, Praxedis Mojica Luna, quien les aseguró que no sabía lo que ocurría en la zona 96, pues no había sido informado y que tampoco tenía conocimiento de que los cuatro maestros habían sido enviados en esas condiciones laborales.
“Nos venimos decepcionados, porque lo único que nos dijo es que van a empezar a hacer los trámites para ver qué pueden arreglar, por lo que ahora tenemos el temor de que estos cuatro maestros se nos vayan y no ya no regresen para el otro ciclo escolar. Entonces no sabemos qué vamos hacer, por eso queremos que el secretario José Luis González de la Vega Otero atienda este problema, queremos que nos den una solución, que les paguen a los maestros y que sigan dándole clases a nuestros hijos el siguiente año escolar”.
Los cuatro maestros están distribuidos, dos en Petacalco, uno en Zacatula y otro más en la comunidad El Huicumo, en donde atiende a todos los alumnos de primero a sexto grado. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

Bloquean padres la carretera en Petatlán; piden que la SEG atienda a dos maestros

Padres de familia de la secundaria técnica 14, Vicente Guerrero, en Petatlán, bloquearon la carretera nacional Zihuatanejo-Acapulco, durante una hora, para presionar a los funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para que atendieran a dos maestros que este día acudieron a Chilpancingo, y arreglar su situación laboral.
El de este martes, fue el tercer bloqueo que hacen los padres de familia para exigir que la SEG les envíe a dos maestros para atender las materias de Física y Química, pero también para demandar que se le pagara el salario a la maestra de Matemáticas; se le entregara el nombramiento como prefecto a un trabajador de la escuela y se envíe a un maestro para el aula de medios.
Al filo del mediodía, los padres de familia se atravesaron en la carretera nacional Zihuatanejo-Acapulco, en el tramo que pasa por la escuela en dirección al puerto, en la zona poniente de la cabecera municipal. Durante los primeros 40 minutos fue un bloqueo total en ambos sentidos, ahí permanecieron resguardándose de los rayos del sol con sombrillas. Luego, durante 20 minutos, permitieron la circulación de manera intermitente cada cinco minutos de paso por cinco de espera.
Los papás recibieron una llamada telefónica de una representante que acompañó a los maestros a la SEG, para arreglar su situación laboral, les informó que estaban siendo atendidos y que había una buena respuesta, por lo que decidieron quitar el bloqueo y acordaron que hoy abrirán la escuela y habrá clases. (Brenda Escobar / Petatlán).

 

Toman maestros y padres secundarias técnicas de la Montaña Baja

La mitad de las secundarias técnicas de la Montaña baja fueron tomadas por maestros y padres de familia, que exigen que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) extienda un nombramiento, como encargado de la supervisión escolar, al ex comisionado de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Emanuel Galeana García.
Representantes sindicales informaron que fueron tomadas las técnicas en Zoquitlán, San Lucas Teocuitlapa, Acatepec, Rancho de Las Lomas, San Ángel, Atenxoxola, Atzacoaloya, Hueycantenango, Tlachimaltepec e Ixcatla.
Los manifestantes piden la entrega de nombramientos y cubrir horas vacantes, no obstante en las últimas mesas de trabajo con la SEG, han puesto como prioridad la entrega de una comisión para que Emanuel Galeana será encargado de la supervisión de la zona 16, confirmada por 20 centros de trabajo.
Emanuel Galeana fue comisionado estatal de la CETEG en la pasada dirigencia y luego líder del movimiento de secundarias técnicas, desde donde rompió con la dirigencia seccionar de esa organización, al ser excluidos de los espacios de representación.
En abril de 2017, como premio a su representación de la zona, le fue entregada una comisión como director de la técnica de Acatlán, para cubrir al director Pantaleón Rodríguez, que asumió como supervisor encargado de la zona y a la cual renunció en diciembre.
Las autoridades han argumentado que Galeana García no cuenta con la clave de director efectivo, pues es docente comisionado en una dirección.

Impiden vigilantes la entrada al Palacio de Gobierno a comisarios indígenas que exigen una carretera

Personal de seguridad de Palacio de Gobierno impidió el paso a comisarios indígenas de Tlacoapa y Tlacoachistlahuaca que demandan la reparación de una carretera que resultó dañada por las lluvias del huracán Max.
Después, en conferencia de prensa denunciaron que fueron citados este martes para dar seguimiento a una minuta de acuerdos que firmaron funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Denunciaron que las autoridades estatales y federales no han cumplido losacuerdos, y que los trabajos de la reconstrucción de su carretera sólo comenzaron, pero que la obra fue abandonada. También denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han apoyado a las familias afectadas por las lluvias del huracán Max en varias comunidades de esos dos municipios.
La comisión de autoridades indígenas estuvo integrada por el comisario municipal de Terrero Venado, municipio de Cochoapa, José Cirilo Gallardo; el comisariado de la misma localidad, José Vázquez Pérez; el comisario municipal de Jiquimilla, municipio de Tlacoachixtlahuaca, Jaime López Gallardo; el comisariado de la misma localidad, Ignacio Martínez; el representante de la comunidad de El Ciruelo, municipio de Cochochoapa, Maurilio Librado Martínez; el delegado de Joya de Oro, municipio de Cochoapa, Palemón Primo Liborio; el representante de Guadalupe la Joya, municipio de Cochoapa, Ignacio Martínez Tiburcio; y el representante de Dos Arroyos, municipio de Cochoapa, Juan González Ruíz.
Las autoridades municipales y agrarias fueron acompañadas por la vocera de la “instancia de gestoría”, Petra Martínez Vásquez, vecina de la comunidad de Joya Real, y por el presidente de la Federación Nacional de Núcleos Agrarios (Fenagro), Jesús Basilio Goitia.
Las autoridades comunitarias llegaron a las 9 de la mañana a la entrada del Palacio de Gobierno, donde, sin ninguna explicación, el personal de seguridad les impidió la entrada. Dos horas después llegó Basilio Goitia, a quien sí le permitieron pasar, “seguramente porque me vieron vestido distinto”, dijo, porque a la comisión de indígenas no la dejaron pasar debido a su aspecto, y denunció que evidentemente no los dejaron pasar por discriminación.
Basilio Goitia informó que esta misma comisión de indígenas se reunió el 20 de octubre en la secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado con Gustavo Mendoza Justo, auxiliar del secretario Rafael Navarrete Quezada. También estuvieron representantes de la CICAEG, la SCT, y los presidentes municipales de Cochoapa el Grande, la perredista Rosa Lorenzo de la Cruz; el de Tlachoachistlahuaca, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio; y de Ometepec, el perredista Omar Estrada Bustos.
Martínez Vásquez, informó que, en esta reunión acordaron que Obras Públicas del gobierno del estado, la CICAEG y la SCT aportarían la maquinaria pesada, y los tres ayuntamientos el combustible para que se rastreara el camino que pasa por las comunidades de Tierra Blanca, Terrero Venado, San Pedro el Viejo, Dos Ríos y Joya Real, y que comunica a Cochoapa el Grande y Tlacoachistlahuaca.
Explicó que con este tramo carretero se beneficiarían cuando menos otras 45 comunidades que se encuentran en la parte baja del municipio de Cochoapa el Grande.
Dijo que la gestión se viene realizando desde los primeros días de septiembre, cuando la carretera se dañó por las lluvias del huracán Max.
Denunció que desde un principio les dijeron que no hay recursos para Cochoapa el Grande, porque no fue considerado entre los municipios dañados, “nos parece imposible que no se hayan destinado recursos para un municipio que es el más pobre y marginado de Guerrero. Yo creo que hemos sido discriminados por ser indígenas”, se quejó.
Reprochó que las autoridades, “no escogen a los indígenas, mestizos y colores cuando quieren los votos, nosotros como militantes también les damos nuestro voto igual para que ellos ocupen el poder y el gobierno”, reclamó la indígena.
Basilio Goitia denunció que el 20 de octubre, en la primera reunión, los representantes de las autoridades declararon un receso y les pidieron que regresaran a las 4 de la tarde de ese día, pero a esa hora ya no les permitieron entrar al Palacio de Gobierno, solamente salió el auxiliar del secretario de Obras, Rafael Navarrete, quien les firmó una improvisada minuta de acuerdos, en la que se estableció que la reunión continuaría este 7 de noviembre.
Pero ayer, cuando llegaron al Palacio de Gobierno no les permitieron la entrada, “cuando llegué yo, me dijeron ‘usted si puede pasar’”, recordó Basilio Goitia. Agregó que en la secretaría de Obras le dijeron que el secretario estaba en una reunión y que era difícil que los pudiera atender, que regresaran después, “lo que demuestra que no solamente no tienen la voluntad de cumplir la minuta, sino que ni siquiera de atenderlos y platicar con ellos”.
Dijo que es injusto, “porque los integrantes de la comisión de indígenas tuvieron que destinar más de 12 horas para llegar a la capital desde sus comunidades, gastando un dinero que no tienen, sin almorzar y sin comer, sólo para que, al llegar a Palacio de Gobierno, les dieran un portazo y no los dejaran entrar”.
Petra Martínez dijo por su parte que le dio mucha tristeza lo que les hicieron, porque fue ella la que invitó a los comisarios para que vinieran a esta segunda reunión en la que esperaban que se resolviera la reconstrucción de su carretera.
Dijo que en la primera reunión, el 20 de octubre, mejor les hubieran dicho que no los iban a ayudar para que no vinieran, “pero no nos dijeron eso, nos dijeron que sí que Obras Públicas, la CICAEG y la SCT pondrían la maquinaria, y los ayuntamientos el combustible, pero nos engañaron”.
Contó que en la minuta improvisada que firmó el auxiliar del secretario de Obras Públicas, se estableció que el 23 de octubre llegaría la maquinaria, y que los habitantes de las comunidades se reunieron en el tramo en donde iban a comenzar los trabajos, pero que no llegó nadie, continuaron esperando el 24, y llegaron hasta la 1 de la tarde del 25, comenzaron a trabajar a las 2 de la tarde y a las 5 detuvieron los trabajos, al día siguiente se descompuso la máquina y se suspendió la obra. Dijo que el 30 de octubre se llevaron las máquinas y ya no regresaron.
Informó que trabajaron en el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, en donde solamente rehabilitaron unos 10 de kilómetros de ese tramo. Además dijo que hace falta que rehabiliten de todo el tramo de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa.
Informó que los trabajadores que fueron a trabajar los dos días les dijeron que ellos llevaban la instrucción de que rehabilitaran sólo el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, que es del municipio de Tlacoachistlahuaca, pero no de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa, “lo cual nos parece injusto porque no fue lo que quedamos en la reunión”, se quejó.
Denunció que también fueron discriminados en ese municipio con los paquetes de apoyo para los damnificados del huracán Max. Denunció que muchas familias perdieron sus casas y cosechas, pero ninguno ha sido apoyado.
“Sabemos que en otros lugares les están dando apoyos, pero a nosotros no nos han apoyado”, denunció y aseguró que entregaron el reporte de los daños al Ayuntamiento y al gobierno del estado.

No los recibe el gobernador, se quejan en la primaria Morelos, de Acapulco

Padres de familia y alumnos de la primaria federal Morelos, de Puerto Marqués, se quejaron porque no fueron recibidos por el gobernador Héctor Astudillo Flores, como se comprometió luego de la protesta del 26 de octubre, para saber dónde están los 19 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para la reconstrucción de la escuela, que fue dañada por la tormenta Manuel en 2014.
Filberto García García dijo que hay preocupación en los padres de familia, porque los dueños de los predios, donde sus hijos están tomando clases de manera provisional, nada más se los prestaron por dos meses y como ya vienen las vacaciones se los van a requerir, porque son ocupados como estacionamiento para rentarlos a los turistas.
El pasado 26 de octubre, unos 80 padres de la escuela se manifestaron afuera del centro de convenciones Mundo Imperial, para exigir la liberación de los 19 millones de pesos del Fonden y fueron atendidos por el gobernador Héctor Astudillo, quien se comprometió a recibirlos el 31 de octubre para ver el tema.
De acuerdo con García García  una comisión de 21 padres acudió a la reunión, y no fueron recibidos.
Indicó que las autoridades redujeron a cinco personas la comisión, los dos directores, turno matutino y vespertino, las presidentas del comité de ambos turnos, así como el comisario municipal; por lo que a ellos, como integrantes de la comisión de padres de familia, no se les ha informado ya nada, pues “hábilmente César Flores los ha venido reduciendo hasta dejarlos en cinco”.
Indicó que ellos saben que agarraron el dinero de la reconstrucción de la escuela para campañas políticas y ahora al grupo de gestión ya no le avisan nada, por lo que harán una conferencia de prensa para señalar los hechos, porque “estamos desinformados, cuando estamos en la lucha y presionando”.
Dijo que la situación está más crítica para la escuela, pues los espacios que les prestaron nada más fue por unos dos meses o tres, y los dueños van a querer sus predios porque los rentan para estacionamiento, así se ganan la vida, “ahora dónde nos vamos a ir, porque ya se está acabando el plazo, debido a que no los prestaron desde septiembre”.

No da el gobierno estatal información sobre los recursos para promoción, dice diputado

 

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso local, Ernesto Fidel González, denunció que la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) del gobierno estatal se niega a entregarles información del manejo de los recursos públicos destinados para la promoción turística de los diferentes destinos que existen en la entidad.
También afirmó que sí hubo “una baja, no se recibió el turismo que se esperaba, sí afectó el tema del socavón (del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos)” y contrario a lo que dijo el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, el diputado afirmó que sí hubo afectación como lo señalaron los restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios.
Ernesto Rodríguez informó que a partir de las complicaciones que se han generado en los últimos días, principalmente por el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, iniciará una campaña de promoción de Acapulco nacional e internacional, para captar la mayor cantidad de visitantes en la presente temporada vacacional.
El diputado dijo que el funcionario estatal debe informar los montos de los recursos destinados a la campaña de difusión, porque no hay información de cuánto dinero se gasta en ese rubro.
En una conferencia de prensa Rodríguez Escalona informó sobre el lanzamiento de una campaña de promoción de los destinos turísticos en radiodifusoras y televisoras nacionales, para reforzar las vacaciones, pero a pesar de que se le insistió, éste se reservó el costo de la publicidad.
El presidente de la Comisión de Turismo dijo que es necesario que el funcionario exponga los costos de la promoción que está por poner en marcha, porque recordó que en por lo menos tres ocasiones se le ha pedido, personalmente y por escrito.
Incluso en una ocasión dijo que solicitó la información como presidente de la Comisión de Turismo, porque las diputadas integrantes, en referencia a las priistas Beatriz Alarcón Adame y Rosaura Rodríguez Carrillo, así como la del PVEM, Rossana Agraz Ulloa, no quisieron firmar la solicitud.
“Tenemos información cero desde hace meses”, y que necesitan saber que es lo que están haciendo las oficinas promotoras en Taxco y Zihuatanejo.
Recordó que para la promoción de Acapulco se aprobaron 90 millones de pesos, de los que no se sabe de qué manera se han ejercido ni cuáles son los resultados.
Pero también dijo que no se ha atendido su solicitud de realizar el reglamento de la ley de turismo, porque dijo que no está funcionando por la falta de la normatividad.
Comentó que hay resistencia en el Congreso para legislar en materia de turismo, por ejemplo comentó que ha insistido en que “se realice ya el fideicomiso de Troncones y La Saladita, hemos enviado dos exhortos al gobierno del estado, porque hoy tienen más cuartos que Taxco, tiene mil 100 cuartos además de que es alto el turismo extranjero y no tienen dinero para promocionarse”.

 

El Estado ahora oculta sus crímenes detrás de la delincuencia, señala Pilar Noriega

Durante la presentación del documental “Guerrero: memoria y verdad”, la ex integrante de la Comisión de la Verdad, Pilar Noriega García, afirmó que el Estado trata de ocultar sus crímenes y desapariciones forzadas, pasando la responsabilidad a la delincuencia organizada, como ocurrió en el caso del ataque, detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Explicó que a diferencia de la época de la Guerra Sucia en el estado, de la que se conoce y está documentada la participación del Ejército, ahora el Estado ha “sofisticado” sus acciones contra la sociedad porque responsabiliza a la delincuencia organizada.
El documental, que realizaron la extinta Comisión de la Verdad y el Canal Seis de Julio, fue presentado en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local y acudieron decenas de estudiantes de derecho, algunos familiares de las víctimas y tres de los cinco integrantes de la comisión, Pilar Noriega, Arquímedes Morales Carranza y Nicomedes Fuentes García.
Ahí Pilar Noriega informó que los ex integrantes de la comisión pedirán a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado un oficio a través del cual se solicite a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la entrega de los restos de dos víctimas, que fueron asesinadas y enterradas por militares, ya que aún los tienen los médicos forenses que colaboraron en su identificación.
En su participación después de la proyección del documental, la abogada explicó que la Comisión de la Verdad estuvo a cargo de la exhumación de las víctimas, y en ese momento hizo una pausa  y se disculpó ante los asistentes porque la voz se le quebró cuando dijo: “creo que no los hubiéramos encontrado si (la investigación y búsqueda) hubiera estado en manos de la Procuraduría General de la República”.
Pilar Noriega se recuperó y reprochó que la PGR, con todos los recursos que tiene, “no ha encontrado a nadie”, y recordó que la fiscalía federal tiene acceso al Archivo General de la Nación, donde está toda la documentación en la que se comprueba la responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de la época.
“El Ejército tomó el nombre de cada una de las personas que detuvo, ejecutó y desapareció; por eso decimos que no están desaparecidos porque no se sepa dónde están, sabe el gobierno, el Estado mexicano, la PGR y el Ejército mexicano qué pasó con ellos y es lo que tienen que decir”, precisó.
Por eso recordó que en el informe final de la comisión no pidieron a la PGR que investigara lo sucedido durante la Guerra Sucia en el estado, sino “que dijeran dónde están”, porque apuntó que después de que presentaron su informe, el Archivo General de la Nación fue cerrado a los investigadores y ya no pueden seguir investigando.
También aprovechó para recriminar “la vergonzosa actitud del gobierno mexicano ante las víctimas de la Guerra Sucia y que creo ya está dicho, lo que sucedió en aquella época, como ha quedado impune, quieren hacer lo mismo con todos los desaparecidos de esta época”.
Durante la Guerra Sucia se sabe que fue el Ejército, pero las actuales desapariciones forzadas y ejecuciones son “más sofisticadas”, dijo Noriega García, y se refirió a que la estrategia del Estado “trata de hacer ver que (los responsables de) las desapariciones pudo ser el narco o quien sabe quién”.
Y se refirió al caso de la agresión, detención y desaparición contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014; “es evidente que ahí también estuvo el Ejército y por omisión o acción son responsables, así como las policías y sin embargo no lo han querido tipificar como desaparición forzada”, dijo.
La abogada denunció también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha cumplido el compromiso de reconocer en el Registro Nacional de Víctimas a la mayoría de las personas que dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad.

El documental

El documental está basado en testimonios de sobrevivientes que relataron a las cámaras cómo fueron los días y noches que estuvieron privados de su libertad por el Ejército en cárceles clandestinas, principalmente de Acapulco.
Entre las víctimas que aparecen en el documental está el hermano del dirigente guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, David Cabañas, Eloy Cisneros Guillén, Antonio Hernández, Alejandra Cárdenas, Efigenio Gallegos García y Luis Radilla Godoy.
Las víctimas, principalmente de la comunidad El Quemado, relataron cómo fueron detenidos arbitrariamente por el Ejército, y las agresiones que sufrían las familias, como amenazas, golpes, torturas y violaciones  sexuales.
Contaron que todos los hombres y adolescentes mayores de 14 años eran interrogados, secuestrados y acusados de ser guerrilleros.
Luis Radilla Godoy relató que una tarde en la cancha del pueblo, los soldados juntaron a los más de 40 hombres campesinos para interrogarlos, y después a algunos los metieron a una casa donde los tenían tirados en el piso de tierra esperando su turno, porque uno a uno los iban apartando para torturarlos.
“Yo creo que me dejaron muerto un rato porque no sentía nada”, relató Radilla Godoy, a quien mientras lo torturaban le preguntaban si él había estado en la emboscada, y después se los llevaron en helicópteros junto con otros compañeros a las cárceles clandestinas de Acapulco.
Relataron que los militares tenían en las cárceles clandestinas reguladores eléctricos y tambos de agua, donde los sumergían hasta que estaban a punto de desvanecerse y después, ya mojados, les aplicaban descargas eléctricas y los sometían a sesiones sistemáticas de tortura y otros eran obligados a firmar declaraciones falsas.

La Comisión de Salud sí dictaminará la iniciativa sobre la legalización de la amapola medicinal

 

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, el perredista Raymundo García Gutiérrez, informó que sí dictaminará la iniciativa de reforma que presentó Movimiento Ciudadano el jueves pasado para legalizar la siembra de amapola en Guerrero con fines medicinales.
A diferencia del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Héctor Vicario Castrejón, quien el domingo dijo que se declarará incompetente porque la iniciativa siguió un procedimiento incorrecto, Raymundo García dijo que buscará a especialistas de la Secretaría de Salud (SSa) para que opinen de esta propuesta e informen si realmente la amapola puede traer beneficios en el ámbito medicinal.
Consultado ayer en las instalaciones del Congreso, al concluir una reunión de trabajo de la Comisión Especial que dictaminará el Plan Estatal de Desarrollo, García Gutiérrez informó que ya se analiza la iniciativa que presentó al pleno el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, que propone reformar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales y que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Salud.
Sobre la advertencia de que la Comisión de Justicia se declarará incompetente por un supuesto trámite incorrecto, García Gutiérrez dijo que si hay voluntad política se le dará el tratamiento correspondiente a la iniciativa para que llegue al Congreso federal.
“Se tiene que analizar, nosotros estamos a favor en el sentido de que si viene a combatir algunas enfermedades o padecimientos, y su uso es netamente medicinal, pues estamos a favor”, dijo.
García Gutiérrez dijo que la Comisión de Salud emitirá el dictamen correspondiente a partir del análisis que se haga a la iniciativa y de la opinión de los especialistas de la SSa, sin embargo aclaró que será el Congreso federal el que resuelva el tema.
“Ahí (en la Cámara de Diputados federal) es donde lo van a tener que aprobar. Nosotros tenemos que analizar, no se tiene que emitir un dictamen de manera apresurada y queremos escuchar la opinión de personal de salud para emitir un dictamen sustentado”, explicó.

Los integrantes de la Comisión de La Parota visitarán la presa El Cajón en Tepic

En esta semana los regidores integrantes de la comisión especial para el caso La Parota decidirán la fecha oficial de su viaje a la presa El Cajón en Tepic, Nayarit, luego de que la CFE formalizó la invitación para que conozcan el impacto social, económico y ambiental que dicho proyecto generó en las comunidades del lugar,el cual es muy similar a la presa La Parota que se pretende construir en Guerrero, informó el síndico y presidente de dicha comisión, Fernando Donoso Pérez.

El síndico señaló que la CFE ya hizo llegar la invitación a la comisión para que acudan a la presa El Cajón, asunto que fue tratado precisamente en una sesión de la misma, invitación que llegó luego de la molestia que causó en los regidores el viaje que llevó a cabo a esa presa el alcalde, Alberto López Rosas.

Este viaje provocó que Donoso Pérez anunciara su renuncia a la comisión, pues acusó que no se les tomaba en cuenta, aunque después reconsideró su decisión.

En declaraciones para El Sur, el síndico Fernando Donoso Pérez, reconoció que esa situación fue “un parteaguas”, porque los inmiscuidos en el asunto de La Parota ya entendieron que la comisión no es “una concesión graciosa de alguien sino somos los responsables del cabildo municipal para darle seguimiento al proyecto”.

Dicha comisión especial para el caso de La Parota está integrada por los regidores                           Alejandro Carabias Icaza, Hipólita Olmedo Melo, Mateo López Castillo, Wulfrano Salgado Romero.

Donoso Pérez dijo que seguirán siendo una comisión de vigilancia donde no externarán opiniones a favor o en contra del proyecto, sino que simplemente serán “vigilantes” de que los estudios y, posteriormente, la decisión de construirse sea tomada “con verdadera conciencia” y tomando en cuenta los aspectos social, económico y ambiental.

“Nosotros seguiremos siendo vigilantes (de) que se cumpla con todos los lineamientos sociales, ambientales y económicos. Que todas las decisiones se hagan de frente a los ciudadanos; que los comuneros participen y, en caso de que se llegara a dar el proyecto, los afectados pasen a ser beneficiados directamente, no como ha sucedido en muchos lados del país, donde los afectados son los afectados para siempre”, precisó Donoso Pérez.

Por otro lado, el síndico, felicitó a la CFE de permitir que la UAG haga los estudios socioeconómicos, pues la universidad tiene “el verdadero conocimiento y el pulso social y económico de la zona; el verdadero sentir de las comunidades y obviamente tienen un nivel académico de excelencia”.

Sobre el panorama desolador arrojado en los estudios llevados a cabo por la UAG de las comunidades que podrán ser afectadas por la presa, el síndico dijo: “No era necesario verlo para saberlo”.

a declarar y confiamos es que sean instalados nuestros jefes anteriores, que no tuvieron nada qué ver en el cambio de cadáver”.

Dijo que la manifestación que hicieron el sábado junto con sus compañeros, afuera del Semefo, fue retirada el lunes porque están conformes con la designación de su jefe inmediato, “lo elegimos 19 trabajadores de base y 11 de contrato”.