La Junta de Coordinación Política (Jucopo) entrevistará a puerta cerrada desde el 10 de abril, a los 17 aspirantes a un espacio de comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIG), y a los 12 aspirantes a consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, acéfalos desde hace más de dos años.
Sin ninguna justificación legal, la Jucopo mantiene en sigilo los nombres de los aspirantes a estos cargos, además de que se sabe que los grupos parlamentarios se han distribuido ya estos espacios, así como los de los titulares de los órganos de control interno de órganos autónomos.
Son siete los nombramientos para el ITAIG, el consejero de la Judicatura y los titulares de los órganos internos de control del ITAIG, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
El próximo lunes, la Jucopo entrevistará a 38 aspirantes, de los cuales 17 buscan ser comisionados del ITAIG. Para el mismo órgano hay 9 aspirantes mujeres a un segundo espacio que será para este género, y 12 a consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, iniciarán a las 9 de la mañana y concluirán a las 6:45 de la tarde.
Los aspirantes apenas tendrán 15 minutos para exponer su plan de trabajo ante los integrantes de la Jucopo, tiempo en el cual los diputados realizarían preguntas que responderán los aspirantes.
En el caso de las entrevistas a los aspirantes a los órganos de control interno que fueron ante las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, en las que en la mayoría de los casos no hubo preguntas, de acuerdo a lo comentado por los aspirantes a su salida.
El promotor del municipio de San Nicolás Tolentino, Felipe de la Cruz, denunció que el Congreso local se burla y abusa de los pueblos originarios y afrodescendientes, incumpliendo sus propios acuerdos al retrasar el nombramiento de los cabildos instituyentes en los cuatro nuevos municipios.
Vía telefónica, denunció que el viernes pasado fue la fecha tentativa de reunión que les ofrecieron a los promotores los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el secretario técnico de la misma, los directores de Servicios Parlamentarios y de Asuntos Jurídicos, luego de que protestaron fuera de las sede legislativa, hace dos semanas.
En marzo terminó la prórroga de 120 días que aprobó en un acuerdo parlamentario el Congreso local para concluir la designación de los cabildos instituyentes, que según estos funcionarios quedó anulada con una demanda de amparo que promovieron pobladores de San Nicolás y de Santa Cruz de El Rincón. Advirtió que no han visto ninguna evidencia de los juicios que refirieron.
Dijo que los comités promotores atendieron todas las convocatorias, como los lineamientos del Congreso para presentar las propuestas que consideraron elegibles para la conformación de los primeros gobiernos instituyentes de Ñuu Savi, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas.
Recordó que el Congreso también aprobó como acuerdo parlamentario los nombres de las personas elegibles para la designación de los integrantes de los ayuntamientos.
Ahora resulta que nada de eso tiene validez por un juicio de amparo que promovieron pobladores de San Nicolás y Santa Cruz contra la reforma constitucional que incluye en el artículo 27 a 85 municipios del estado, sumando los cuatro aprobados hace casi dos años.
Recriminó que La Jucopo plantea una consulta expresa para reponer todo el proceso, y todos los pueblos están inconformes porque los funcionarios tampoco les han presentado ninguna evidencia de las demandas, y porque tampoco se ponen de acuerdo entre ellos.
Estimó que la propuesta de consulta es otra excusa para alargar el proceso, y designar nombramientos en los nuevos ayuntamientos para después de las elecciones de 2024.
Denunció que la Jucopo no los ha recibido desde que la diputada de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, asumió la presidencia, a pesar de que han insistido en una audiencia por escrito.
Estimó que en el gobierno del estado han tenido un diálogo fluido con el secretario general de Gobierno, Marcial Ludwig Reynoso Ñúñez, para que en el momento que el Congreso apruebe la integración de los ayuntamientos, y con las claves del INEGI se distribuyan los recursos.
Estimó que el fondo del problema ahora son los “jaloneos al interior de partidos”. Ratificó que tendrán que tomar otras medidas porque el acercamiento no ha funcionado con los diputados.
Los representantes de las cámaras empresariales del ramo turístico de Acapulco, revelaron que no se ha informado cómo se va a cobrar el impuesto del 4 por ciento a la oferta extrahotelera, si ya existe un padrón y en qué se va a invertir lo recaudado.
Este jueves los diputados del Congreso local aprobaron reformas y adiciones en las leyes de Hacienda del Estado de Guerrero y a la de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, ambas para regular y cobrar un impuesto del 4 por ciento a quienes ofrecen el servicio de alojamiento turístico eventual de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales.
En declaraciones, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez Aveleyra, dijo que es un primer paso que se da para la oferta extra hotelera.
Ahora dijo que estos inmuebles deben de cumplir también con las normas que indica Protección Civil y pagar todos los impuestos que realiza un establecimiento. El dirigente dijo que no se ha informado cómo se va a cobrar, y que si el dinero se va a usar para Fidetur, lo que sería una mejora para el puerto.
El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordoñez, dijo que por fin se consideró una petición que tiene años solicitando el sector, para que el sector extrahotelero pague impuestos y “haya piso parejo”.
Señaló que mientras el sector formal paga una cuota comercial en lo servicios de luz, agua, el tres por ciento del turismo, y otros impuestos, el otro no aporta nada a las arcas del estado, pero que falta complementar la nueva reforma para que paguen los servicios e impuestos que correspondan al municipio como las licencias de funcionamiento, agua comercial, y luz comercial entre otros, “de esa manera vamos a estar en piso parejo”.
El presidente de la el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, dijo que es bueno que estos negocios informales pasen a formalizarse y paguen impuestos.
“Esto habla de un único, pero todavía tenemos algunas dudas de cómo se van a implementar estos procedimientos y las medidas para la recaudación, pero sobre todo hacia dónde a quién le van a contribuir, y las verificaciones, así como quien aplicaría las sanciones”.
Indicó que esta reforma permitirá que haya una mayor regulación y control de estos inmuebles, y habrá más beneficios para la ciudadanía, como mejorar la iluminación, mejor seguridad, recolección de basura y todo el dinero sea para obras y servicios, aunque no sabía cuál sería su aplicación real.
Calificó la aprobación de este nuevo impuesto como un “gran avance” que han estado demandando los empresarios y que haya una competencia leal y no desleal.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) Enrique Castro Soto también opinó que es una propuesta bien intencionada que solo podría aplicar a las plataformas digitales, porque muchos no están dados de alta Hacienda y no hay un padrón: “no podría haber un esquema de cobro, y sería un poco difícil poder aplicar esta iniciativa”.
Dijo que se podría aplicar a las plataformas digitales como Airbnb, pero insistió que no hay como poder cobrar a quienes hacen una reservación o rentan una casa a través de las redes sociales como Facebook u otras páginas porque tampoco hay un padrón.
Las diputadas de Morena Gloria Citlali Calixto; del PRI Gabriela Bernal y del PRD Patricia Doroteo con la titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso, Mayra Morales en conferencia de prensa sobre el Parlamento de Mujeres Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Congreso local aprobó reformas y adiciones en las leyes de Hacienda del Estado de Guerrero y a la de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, ambas para regular y cobrar un impuesto del 4 por ciento a quienes ofrecen el servicio de alojamiento turístico eventual de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales.
La sesión ordinaria de este jueves del pleno del Congreso local inició hasta minutos antes de las 3 de la tarde, porque esperaban a que sesionara la Comisión de Hacienda para aprobar la iniciativa preferente de la gobernadora para regular el servicio de alojamiento eventual, la llamada oferta extrahotelera, una añeja demanda de los empresarios de ese sector.
La Comisión de Hacienda sesionó con la presencia del presidente Bernardo Ortega Jiménez. También estuvieron Alicia Zamora Villalva, Beatriz Mojica Morga y José Efrén López Cortés, que son vocales, pero faltó el secretario Alfredo Sánchez Esquivel.
Finalmente, la sesión se realizó cuando ya se tenía el dictamen de esta comisión, y se pudo aprobar por unanimidad a pesar de la ausencia de la mayoría de los diputados del PRD. En el pleno solo estuvieron Bernardo Ortega, Carlos Reyes Torres, Susana Paola Juárez Gómez y Raymundo García Gutiérrez.
Mientras que del PRI se observó por más tiempo en el pleno a Olaguer Hernández Flores, Alicia Zamora Villalva y Jesús Parra García, porque la mayoría se fueron al festejo de cumpleaños de su coordinador, Héctor Apreza Patrón.
A la ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero se adicionaron dos párrafos al artículo 57 que se refiere al cobro de impuesto sobre hospedaje.
En el primer párrafo se apunta que se exceptúa del impuesto al hospedaje de casas, departamentos, residencias, villas, condominios “y todo tipo de instalaciones no hoteleras considerado Alojamiento Turístico Eventual”.
Y en un segundo párrafo se precisa que el alojamiento turístico eventual “será aquel por el que se concede el servicio de alojamiento, ya sea de forma parcial o total en el uso de inmuebles no hoteleros, cuando sea provisto de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o a través de plataformas digitales”.
Y en el artículo 60 se precisa que cuando se trate de alojamiento turístico eventual “se calculará aplicando a la base gravable, la tasa del cuatro por ciento”.
Se apunta también en este artículo: “Quedan excluidos del pago contemplado en este artículo los sujetos pasivos que contribuyan en términos de las obligaciones tributarias que se contemplan en el artículo 77 de esta Ley”.
Mientras que en el tercer artículo transitorio se precisa que el reglamento que regule al alojamiento turístico eventual prestado a través de plataformas digitales deberá ser expedido en un plazo que no exceda de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, es decir después de que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Posteriormente en un cuarto artículo transitorio se señala que los “ingresos que se obtengan con motivo de la presente reforma y que se refieren al servicio de alojamiento turístico eventual, se consideran como ingresos excedentes de la Ley número 421 de Ingresos del Estado de Guerrero y serán considerados en los informes semestrales y en la cuenta pública del Gobierno del Estado de Guerrero”.
También por unanimidad, el pleno aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios para regular esta prestación de los servicios de alojamiento eventual para regular este tipo de servicio.
Y así garantizar que los que los particulares que utilicen las plataformas digitales para brindar el servicio de hospedaje cumplan con un mínimo de requisitos que permitan garantizar lo ofertado, así como el precio, calidad y, sobre todo, la seguridad e integridad de quien lo utilice.
Los alojadores turísticos eventuales deberán inscribirse en el Padrón Estatal de Alojamiento Turístico Eventual, donde se establecen los requisitos que deberán cumplir y la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil.
También en la materia, el pleno aprobó un dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, para integrar como miembro permanente al municipio de Coyuca de Benítez en la Comisión Intersecretarial de Turismo.
El pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Masedonio Mendoza Basurto por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para implementar las medidas necesarias para el rescate y protección de las zonas arqueológicas de Contlalco y Cerro Quemado La Coquera, en Tlapa de Comonfort.
El morenista Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Ley de Participación Ciudadana del Estado para que cualquier particular pueda realizar una denuncia a través del concepto de “participación ciudadana”, en caso de conocimiento de presuntas irregularidades administrativas cometidas por entes gubernamentales y sus funcionarios.
Aprueba el Congreso un 4% de impuesto al servicio de alojamiento turístico eventual
Se aplicaría de manera directa o a intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales que promuevan ese tipo de hospedaje. Gravar la oferta extrahotelera es una añeja demanda de los empresarios de ese sector
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Congreso local aprobó reformas y adiciones en las leyes de Hacienda del Estado de Guerrero y a la de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, ambas para regular y cobrar un impuesto del 4 por ciento a quienes ofrecen el servicio de alojamiento turístico eventual de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales.
La sesión ordinaria de este jueves del pleno del Congreso local inició hasta minutos antes de las 3 de la tarde, porque esperaban a que sesionara la Comisión de Hacienda para aprobar la iniciativa preferente de la gobernadora para regular el servicio de alojamiento eventual, la llamada oferta extrahotelera, una añeja demanda de los empresarios de ese sector.
La Comisión de Hacienda sesionó con la presencia del presidente Bernardo Ortega Jiménez. También estuvieron Alicia Zamora Villalva, Beatriz Mojica Morga y José Efrén López Cortés, que son vocales, pero faltó el secretario Alfredo Sánchez Esquivel.
Finalmente, la sesión se realizó cuando ya se tenía el dictamen de esta comisión, y se pudo aprobar por unanimidad a pesar de la ausencia de la mayoría de los diputados del PRD. En el pleno solo estuvieron Bernardo Ortega, Carlos Reyes Torres, Susana Paola Juárez Gómez y Raymundo García Gutiérrez.
Mientras que del PRI se observó por más tiempo en el pleno a Olaguer Hernández Flores, Alicia Zamora Villalva y Jesús Parra García, porque la mayoría se fueron al festejo de cumpleaños de su coordinador, Héctor Apreza Patrón.
A la ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero se adicionaron dos párrafos al artículo 57 que se refiere al cobro de impuesto sobre hospedaje.
En el primer párrafo se apunta que se exceptúa del impuesto al hospedaje de casas, departamentos, residencias, villas, condominios “y todo tipo de instalaciones no hoteleras considerado Alojamiento Turístico Eventual”.
Y en un segundo párrafo se precisa que el alojamiento turístico eventual “será aquel por el que se concede el servicio de alojamiento, ya sea de forma parcial o total en el uso de inmuebles no hoteleros, cuando sea provisto de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o a través de plataformas digitales”.
Y en el artículo 60 se precisa que cuando se trate de alojamiento turístico eventual “se calculará aplicando a la base gravable, la tasa del cuatro por ciento”.
Se apunta también en este artículo: “Quedan excluidos del pago contemplado en este artículo los sujetos pasivos que contribuyan en términos de las obligaciones tributarias que se contemplan en el artículo 77 de esta Ley”.
Mientras que en el tercer artículo transitorio se precisa que el reglamento que regule al alojamiento turístico eventual prestado a través de plataformas digitales deberá ser expedido en un plazo que no exceda de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, es decir después de que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Posteriormente en un cuarto artículo transitorio se señala que los “ingresos que se obtengan con motivo de la presente reforma y que se refieren al servicio de alojamiento turístico eventual, se consideran como ingresos excedentes de la Ley número 421 de Ingresos del Estado de Guerrero y serán considerados en los informes semestrales y en la cuenta pública del Gobierno del Estado de Guerrero”.
También por unanimidad, el pleno aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios para regular esta prestación de los servicios de alojamiento eventual para regular este tipo de servicio.
Y así garantizar que los que los particulares que utilicen las plataformas digitales para brindar el servicio de hospedaje cumplan con un mínimo de requisitos que permitan garantizar lo ofertado, así como el precio, calidad y, sobre todo, la seguridad e integridad de quien lo utilice.
Los alojadores turísticos eventuales deberán inscribirse en el Padrón Estatal de Alojamiento Turístico Eventual, donde se establecen los requisitos que deberán cumplir y la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil.
También en la materia, el pleno aprobó un dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, para integrar como miembro permanente al municipio de Coyuca de Benítez en la Comisión Intersecretarial de Turismo.
El pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Masedonio Mendoza Basurto por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para implementar las medidas necesarias para el rescate y protección de las zonas arqueológicas de Contlalco y Cerro Quemado La Coquera, en Tlapa de Comonfort.
El morenista Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Ley de Participación Ciudadana del Estado para que cualquier particular pueda realizar una denuncia a través del concepto de “participación ciudadana”, en caso de conocimiento de presuntas irregularidades administrativas cometidas por entes gubernamentales y sus funcionarios.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Evelio Méndez Gómez, durante su intervención en la Reunión de Trabajo de Seguridad Pública con integrantes de Concaingro. Lo flanquean César González Arcos, presidente del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, y Julián Uriostegui Carbajal, presidente del organismo empresarial anfitrión Foto: Carlos Carbajal
La extorsión, el delito que más preocupa al sector privado, señalan empresarios al titular de Seguridad
El secretario Evelio Méndez se reúne con el Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero donde su presidente Julián Carbajal agrega que la extorsión estaba focalizada a las pequeñas y medianas empresas pero ahora afecta también a las grandes e incluso a las transnacionales
Jacob Morales Antonio
“La instrucción es o pagas o te mato, o te incendio o acabo con tus bienes. Nosotros somos un gremio, aquí tengo compañeros y entiendo su dolor porque están pasando por algo muy fuerte y no sabemos a quien recurrir”, reclamó la presidenta de la Aso-ciación de Materialistas de Gue-rrero, Elodia Vargas Lima al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez.
Este jueves, el funcionario estuvo en una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), donde el representante de la agrupación, Julián Urióstegui Carbajal, destacó una baja en el secuestro en el estado, “pero el delito que más preocupa al sector privado es la extorsión en toda sus modalidades”, dijo que la extorsión estaba muy focalizada a las pequeñas y medianas empresas pero ahora afecta también a las grandes e incluso a las transnacionales.
El encuentro, realizado en un salón del hotel Holiday Inn, expresó que la extorsión es bajo la consigna de protección, está monopolizando los sectores comerciales como pasó con el gas, la gasolina y el transporte en la Costa Grande, el pollo en Chilpancingo, y “la desesperada situación que tienen los comerciantes en la Tierra Caliente”.
“Lo peor que le puede pasar a nuestro estado, a nuestra sociedad es que estemos con miedo, sobre todo que el crimen organizado nos quiere imponer una nueva realidad. El sector privado reconoce el esfuerzo en materia de seguridad pública que en estos primeros meses de gobierno ha hecho la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, dijo.
Afirmó que el sector privado del estado asume su responsabilidad referente a la seguridad pública, y pidió mayor coordinación entre empresarios y las instancias de seguridad pública, para que las organizaciones criminales se den cuenta qué hay coordinación, y que la articulación con el municipio y estado sea a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En su participación, la representante de 300 empresarios materialistas dijo que ha ido a solicitar a los diputados federales para que el delito de extorsión se tipifique como grave, que el delincuente no salga libre “¿porque cuál es nuestro temor?, que lo agarran, que tenga una denuncia, pero si la carpeta no está bien, como debe de ser, el delincuente es una puerta giratoria y este es nuestro temor”.
“Tengo problemas con compañeros de Taxco ya está controlado por el crimen organizado, le llaman crimen organizado, a veces son bandas delincuenciales que ya saben como conseguir dinero de esa manera, que es lo que nos hace a nosotros, el miedo, te mato a alguien, presento restos, o incendio algo, ¿qué hacemos?, nos sentimos indefensos”.
Vargas Lima agregó que los empresarios del sector pagan impuestos, y trabajan bajo las normas y reglamentos desde el municipio, el estado y la federación “pero no tenemos lo que realmente necesitamos, la seguridad y la confianza”.
Dijo que la sociedad ha perdido la confianza hacia las autoridades conforme ha pasado el tiempo por la corrupción que no se ha acabado, “porque no sabemos en quién confiar”. Indicó que ella donó una cámara para que se vigile una calle donde han ocurrido incidencias delictivas.
Piden que se tenga confianza en las autoridades
La representante dijo que en su caso ha presentado una denuncia y que hay resultados de las autoridades, y pidió a la ciudadanía tener confianza en las autoridades, “tenemos que aprender un poquito que confiar”.
Luego agregó “pedirle que tenga sororidad con los empresarios, porque tenemos miedo pero no queremos tener miedo. Yo prefiero morir a tener miedo y confiamos en usted, en la gobernadora que sí le está poniendo empeño, porque si se está saliendo de control el gobierno en el estado, tenemos problemas en Taxco, que controla todo, en Zihuatanejo, ya está llegando a Acapulco y no queremos eso, y estamos todo aquí de la mano porque a todos nos afecta”.
En declaraciones posteriores, Vargas Lima insistió que no hay confianza hacia las autoridades por experiencias propias de sus compañeros “y tienen verdaderamente miedo, y ¿qué hace?, terminan pagando. Las autoridades no les han dado confianza para hacer las pertinentes denuncias. Solo están esperando que si cambian las cosas con el tiempo, las administraciones cambian, pero en este momento está muy crítico”.
Dijo que también en Zihuatanejo el sector tuvo que llegar a un “arreglo” con el grupo criminal, “porque al final de cuenta tenemos que trabajar y a veces nos tenemos que amoldar a las necesidades de estas personas, que al final, el cliente ultimo es el que paga las consecuencias”, con los costos de los productos.
La dirigente señaló que los grupos criminales le indican a quién comprar los materiales, en caso de no acceder llegan a los negocios a dispararles para atemorizarlos. La dirigente no quiso decir cuántos de los agremiados pagan extorsión, pero señaló que “los compañeros se han acostumbrado a pagar cuota, porque quieren trabajar, porque al final de cuenta dejamos a la gente sin trabajo y nosotros vivimos de eso, y tenemos que trabajar, nos vamos adecuando pero llega un momento que es demasiado”.
Las regiones afectadas
Las zonas más afectadas son la región Norte, Tierra Caliente, Zihuatanejo, y en Acapulco en su zona rural y la zona suburbana “ya llegó” y donde están pagando “cuotas”. Agregó qué hay rumores de sus propios compañeros de que en la zona diamante se les está indicando a quien comprarle los materiales.
“Y se lo dicen directamente al empresario, al constructor, ‘si no, no te vamos a dejar pasar o no te vamos a dejar construir, y atente a las consecuencias’. Y si lo dejamos pues puede crecer y se trata de reunir como empresarios y como hablamos con el secretario de seguridad, de unirnos con cámaras, lo que queremos es que Acapulco sea un lugar seguro para todos”.
Vargas Lima advirtió que teme que esta situación se extienda a los desarrollos que pronto comenzarán a edificarse en la Costa Chica del estado “no queremos que se extienda”.
En su participación en la reunión, el presidente de Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez Aveleyra, recordó al secretario que el 90 por ciento de los visitantes que llegan al puerto lo hacen por la Autopista del Sol, donde han sido asaltados por delincuentes, y demandó mayor seguridad sobre todo de Cuernavaca a Chilpancingo.
Dijo que le preocupa la situación de seguridad en las playas de Acapulco donde los visitantes han sido víctimas, incluso cerca de hoteles, y que han atentado contra los huéspedes y que no tienen nada que ver con la delincuencia y que por eso muchos tienen temor de salir a las playas.
La presidenta de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera, Sofía del Ángel Mata Corona reclamó el actuar de los elementos policiales que han irrumpido en la discoteca La Langosta Feliz y en el Club Hannah Sun, respondiendo el secretario que fue personal de la fiscalía del estado, y que fue para detener a un sujeto generador de violencia en el puerto y objetivo prioritario, sin abundar más.
El integrante del cluster de la Construcción, Luis Enrique Ramos Duarte, pidió a la autoridad considerar proyectos que se han presentado desde la ciudadanía para la planeacion urbana de la ciudad, para recuperar los espacios públicos de mano de la delincuencia y reclamó que la secretaria de Obras del gobierno del estado, Irene Jiménez Montiel, “está cerrada a propuestas que sean diferentes a lo que están haciendo”.
Al encuentro acudió el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, César Gonzalez Arcos, quien propuso la creación de una unidad financiera patrimonial, a la par de la Unidad Financiera federal, para que se tenga un contraste de lo que los funcionarios públicos y otros sectores tienen y perciben.
Reclama el secretario falta de coordinación con la Fiscalía
En su participación el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, dijo que hubo una “rachita” de asaltos por una banda local de Guerrero en el tramo de la Autopista del Sol de paso Morelos a Chilpancingo, pero que ahora ya hay seguridad en la zona.
Luego expresó que no sabe si es por “celos profesionales” o qué otro motivo porque se requiere una mejor coordinación con la Fiscalía General del Estado, porque una vez que la unidad de análisis y de investigación del C5 o C4 se hace de algún hecho delictivo y se localizan datos, incluso el nombre del victimario, se mandan a la Fiscalía.
Pero que “la parte donde no hay comunión, es que la Fiscalía una vez que empieza la investigación, hay veces, no sé si sea el celo profesional o como dicen ‘violar el debido proceso’, hay veces que ya no tenemos la parte retroalimentación y hay veces si frustra, porque dicen “oye si ya tenemos todo y la fiscalía era para que ya procediera y no procedió, pero todo esto lo estamos subsanando”.
El secretario reconoció que la fiscal Sandra Luz Valdovinos ha ido limpiando poco a poco la dependencia de las malas prácticas y que se están quitando “entonces vamos avanzando, sí cuesta trabajo porque a veces las costumbres se vuelven leyes y cuesta trabajo erradicar malas prácticas que tienen nuestros elementos”.
Méndez Gomez llamó a los empresarios y a la ciudadanía a seguir denunciando la extorsión y dijo que la mayoría de los números telefónicos con los que se realizan las llamadas provienen de las cárceles del estado y algunos pocos de las cárceles federales. Dijo que cuando se habla rápido al 911, se ayuda de forma rápida a los que han querido ser extorsionados.
Recordó que el año pasado se lograron inhibir 200 extorsiones con la unidad de policía cibernética, que habían pedido de 100 mil a 250 mil pesos.
En su participación señaló que cuando llegó la nueva administración, de 900 cámaras que hay en el C5 solo 18 funcionaban, y que ahora hay entre 830 y 850 cámaras, “pero actuamos y estamos”, y solicitó a los empresarios enlazar sus cámaras al C5 para poder dar seguimiento a los hechos de violencia.
Ante el pleno del Congreso local rindió protesta Mayté Lucero Arce Jaimes como presidenta municipal de Cutzamala de Pinzón, tras la aprobación de la licencia por tiempo indefinido de su madre, la alcaldesa propietaria Rosa Jaimes López, del PRI.
Sin dar mayores detalles al Congreso local de porqué se separa del cargo y funciones, en su oficio de solicitud de licencia, la alcaldesa sólo señaló que fue “por motivos personales”. En la sesión se aprobó la autorización para separarse del cargo y rindió protesta la suplente, su hija.
Tras rendir protesta ante el pleno, Mayté Lucero Arce Jaimes no quiso dar detalles de los motivos del cambio, solo señaló que todo está bien en el municipio, incluido el tema de seguridad.
Ante las preguntas de los reporteros sobre los motivos del cambio en la alcaldía, sólo respondió que se trataba de asuntos personales y que todo estaba bien en el municipio “vamos a seguir trabajando como siempre, todo bien, todo bien, no se preocupen”, dijo.
Se busca desestabilizar con Xalpatláhuac: Sánchez Esquivel
El diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel cuestionó sobre lo que está detrás del conflicto en Xalpatláhuac
Sánchez Esquivel, que durante su paso como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), trató de limitar en diferentes momentos y con distintas justificaciones el acceso a reporteros a la sede del Poder Legislativo, ayer al inicio de su intervención reprochó la poca presencia de representantes de medios de comunicación.
El morenista dijo que está “muy preocupado” por lo que ocurre en Xalpatláhuac y demandó que se atienda “con prontitud” porque son los pueblos indígenas los más olvidados y afectados por gobiernos corruptos u omisos.
Sánchez Esquivel señaló en tribuna que “es imperativo la no criminalización de las policías comunitarias”, las cuales dijo están amparadas por la ley y la Constitución.
Y envió un mensaje de “total respaldo” a esas policías, porque ofrecen seguridad dónde no hay presencia de ninguna corporación de seguridad del Estado.
Se refirió a lo ocurrido el pasado viernes cuando militares, efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales derribaron la puerta de la oficina del tlayakanki, Nicolás Villareal Dircio, en el Ayuntamiento de Xalpatláhuac, lo cual consideró “totalmente incorrecto” porque fueron utilizados para “confrontar al pueblo, eso es una falta de respeto”.
Y preguntó: “¿Quién los llevó allá?, ¿Qué interés se persigue de exhibir al Ejército, a la Guardia y a los policías en una situación que es meramente política?”, y demandó castigar a quienes irrumpieron en el Ayuntamiento para que regrese el gobierno municipal a la cabecera.
Afirmó que pudo ocurrir una masacre de indígenas y pidio “que se atienda Xalpatláhuac antes de que se convierta en una desgracia mayor de la que nos podamos arrepentir”.
Dijo que hay a quienes les “conviene que siga ese conflicto” e insistió: “¿a quién le interesa que el tema de Xalpatláhuac no se resuelva?” y que se convierta en “un problema mayor… hay actores que construyen, y construyen fino para que ocurran cosas que al rato pareciera que nadie fue responsable, un Aguas Blancas, un Charco, un Acteal”.
“Aquí no se vale un silencio cómplice que, de pie al abuso, de quienes no cuidan al Ejecutivo y terminan poniendo en riesgo la gobernabilidad de Guerrero, tenemos una gobernadora que está preocupada pero no puede atender todo, pero hay actores políticos que son responsables y tiene que asumir lo que les corresponde”.
Afirmó que se han repetido casos de decisiones que toman “subordinados” y que han afectado la estabilidad del estado.
De Morena, la diputada María Flores Maldonado demandó que se intervenga y se solucione el problema en ese municipio de la Montaña, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, pero también los político-electorales de la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado, del PRI.
La sesión
El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto propuesto por diputado priista Adolfo Torales Catalán a los ayuntamientos que obtuvieron un resultado no satisfactorio en la obligación de transparencia de su ejercicio fiscal 2022, a los que llama a poner a disposición de la ciudadanía en sus portales de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que están obligados a transparentar.
En su propuesta detalló que de los 81 ayuntamientos solo 33 obtuvieron aprobación, según datos del ITAIGro, esto porque la mayoría no transparentó a la remuneración de los servidores públicos, programas sociales, reglas de operación, padrones de beneficiarios, procedimientos de licitación, contratos de adquisición de bienes o servicios, cuenta pública y ejercicio de recursos públicos.
El pleno aprobó un dictamen por el que se concede licencia definida a Romana Leonardo Apolonio para separarse del cargo de síndica procuradora del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, del 8 de marzo al 5 de junio del 2023.
También aprobaron un dictamen por el que se emite juicio en contra de Gloria Elena Lourdes Vargas Zamora, regidora del Ayuntamiento de Florencio Villarreal, para desempeñar funciones docentes y edilicias.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la demolición de la biblioteca Sentimientos de la Nación del Congreso local, “sin tener justificación o dictaminación técnica”.
En la auditoría de cumplimiento 2021-A-12000-19-0946-2022, que se realizó al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que es pública en el portal de la ASF, se establece que se “analizó el control interno instrumentado por el gobierno del estado de Guerrero”, a través de la SDUOPOT, como la dependencia ejecutora de los recursos de este fondo.
En la observación 26 de esta auditoría, se habla del caso particular del caso de la biblioteca Sentimientos de la Nación, del Congreso del Estado, para la cual se precisa que se aprobó un presupuesto para reforzar la estructura, no para demolerlo.
Se apunta, de manera textual, que el gobierno estatal, mediante la SDUOPOT, “formalizó el contrato número SDUOPOT- FAFEF-AD-291-2021”, del cual se pagaron 9 millones 362 mil pesos con recursos del FAFEF 2021.
De este caso, se lee en la auditoría, “se exhibe un dictamen de seguridad estructural realizado por un director responsable de obra, en el cual se desprende, dentro de las conclusiones técnicas, que el edificio sea reforzado en cuanto a estructura y cimentación; sin embargo, el ejecutor realizó la demolición y construcción del inmueble sin presentar la justificación o dictaminación técnica para llevar a cabo dicha acción”.
Lo anterior, señala la auditoría, representa un “incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, número 266, artículo 19”.
El pliego de observaciones de esta auditoría apunta que se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 9 millones 362 mil 45 pesos, más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar la demolición de un edificio sin tener la justificación o dictaminación técnica”.
En este texto se informa también en referencia al mismo caso, de la biblioteca, que “mediante la visita física a una obra pagada con recursos del FAFEF 2021, se determinó que en la obra denominada Demolición y Construcción del edificio de la Biblioteca del Congreso del Estado, en Chilpancingo, incluida en el contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, no se acreditó el ingreso y el egreso al almacén de los bienes incluidos en los conceptos que indican “con recuperación”, no se presentó durante la visita de inspección física a la obra la documentación que acreditara que se realizó la entrega, durante el periodo del 24 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, en que se llevó a cabo la obra”.
También se señala en este informe de auditoría que “no se encontró evidencia de los bienes producto de la recuperación, por un importe de 49 mil 300 pesos”.
De la misma manera, en dos conceptos más, el primero porque “se constató que siete cámaras de video vigilancia se encontraron en el almacén del Congreso del Estado, sin embargo, no se presentó documentación con la que se acreditara su ingreso al mismo”.
El segundo es por el “retiro de unidad manejadora de aire acondicionado”, mismas que no presentaron la documentación justificativa ni comprobatoria con la que aclare el ingreso al almacén; ni del estado que guarda el material en mención, ya que de ambas manejadoras sólo se encontraron las carcasas, por lo que no se puede acreditar que sean reutilizables, debido a que se encuentran al exterior del almacén y a la intemperie, por un importe de 11 mil 500 pesos”.
Estos 60 mil 800 pesos, que suman los dos conceptos anteriores, están incluidos en monto total pagado del contrato de 9 millones 362 mil 45 pesos.
Este informe señala que las irregularidades cometidas incumplieron Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, en sus artículos 16, 26, 28 fracción uno, 56 fracción uno, 57 fracción décimo primera; también los artículos 64,79 y 80 y del contrato de obra pública número SDUOPOT-FAFEF-AD-291-2021, cláusula primera, cuarta, decima segunda y decima tercera.
La ASF emitió “la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, para que la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no asignaron, supervisaron y vigilaron los trabajos, de la obra pública contratada, toda vez que, no acreditaron documentalmente el ingreso ni el egreso de los bienes producto de recuperación al almacén, asimismo, no presentaron al momento de la visita de inspección física la documentación que acreditara que se realizó la entrega durante el periodo en que se llevó a cabo la obra; asimismo, no se encontróì evidencia física de la existencia de los bienes producto de la recuperación”.
La demolición del edificio de la biblioteca se realizó los últimos días de 2021 y los primeros de 2022 sin que los integrantes de la Junta de Coordinación Política conocieran los motivos, los cuales no se confirmaron hasta noviembre pasado, cuando en comparecencia ante el pleno del poder Legislativo, la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, informó que la demolición se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia, en respuesta a la solicitud realizada de manera unilateral por el entonces presidente de la Junta de Coordinación, Alfredo Sánchez Esquivel.
Esta obra, después de la demolición del edificio, estuvo detenida por 11 meses y finalmente el 22 de diciembre pasado, a días de que concluyera el ejercicio fiscal 2022, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y diputados locales dieron “el banderazo” a la segunda etapa de construcción de la biblioteca, con una inversión de 20 millones de pesos.
Ante la “crisis humanitaria” por las cifras de desapariciones que aumentan “cada día, cada hora y cada minuto”, siete colectivos de víctimas de Guerrero exigieron la aprobación “urgente” de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
En un boletín de prensa denunciaron que el Estado ha violentado “grotesca y dolosamente” los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares.
Los responsables del comunicado son los colectivos de familiares de víctimas que marcharon y bloquearon la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo para pedir al Congreso local la aprobación de esa iniciativa de ley.
Después de la protesta se reunieron con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió con los representantes de los colectivos darle seguimiento de manera conjunta a la iniciativa, pero ha incumplido con las reuniones agendadas, según denunciaron.
Derivado de ello, en su boletín de prensa exigieron ayer a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso local “que inmediatamente aprueben la Ley en Materia se Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Los colectivos son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos;
Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo;
Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.
Falta una estrategia para detener desapariciones
Reprochan: “La falta de estrategias de seguridad para detener la desaparición de personas y la falta de atención a las llamadas victimas indirectas; esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, madres y padres, han provocado que la crisis humanitaria se profundice y se amplié, con lo cual los gobiernos federal, estatal y municipal terminarán incrementando esa deuda con el pueblo de México y de Guerrero en particular”.
Refieren que mucho se ha insistido en que la desaparición forzada y por particulares en México, ha sido una práctica recurrente en Guerrero sin que hasta la fecha las víctimas directas e indirectas hayan podido acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.
“El estado ha violentado grotesca y dolosamente los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares, ha violentado los derechos de los hijos de los desaparecidos, en muchos de ellos al negárseles el derecho a recibir la pensión de sus seres queridos, ha revictimizado y minimizado el dolor de las familias; las familias caminan gritando para ser escuchadas, pero el Estado sigue siendo omiso y sordo”.
Insistieron que, lo prioritario, es la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, “ya basta de hablar de agendas económicas, es necesario hablar de derechos humanos que cubran y protejan a las familias de los desaparecidos hasta encontrar a quienes les fueron quitados por la falta de capacidad del estado de velar por la seguridad de Guerrero”.
Los colectivos se quejan que cada día se incrementan las familias que caen en esta crisis humanitaria, “sin que se pueda saber con certeza las cifras oficiales de las víctimas por años, sexenios o décadas; las cifras están muy manoseadas y existe un subregistro tal que no es posible dar cifras reales, y esa es precisamente una de las intenciones con la ley pendiente en el Congreso del estado”.
Se tiene miedo a denunciar
Consideran que actualmente puede haber un número que oscila entre los cuatro y seis mil desaparecidos desde 1964, “cifras maquilladas y manipuladas cuando bien sabemos que desde hace aproximadamente diez años atrás, en todas las regiones de Guerrero el hablar de gente que desaparecen es de todos los días, pero tienen miedo a denunciar, la gente tiene miedo a hablar, mientras las cifras aumentan cada día, cada hora, cada minuto”.
Frente a las cifras de desaparecidos, los colectivos piden que el Estado “tiene que dejar de simular que la desaparición es tema prioritario en su agenda”.
Los colectivos explican que la ley que piden se apruebe permitirá un marco jurídico que garantice la coordinación de todos los organismos de búsqueda y la localización de sus familiares desaparecidos, mejorando e implementando los mecanismos necesarios.
Asimismo, garantiza un presupuesto suficiente y la reparación del daño a todas las familias a las que les han entregado los cuerpos o restos de sus familiares desaparecidos después de haberlos identificado.
También, contiene la implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de estos hechos, así como la elaboración de políticas públicas para evitar que hombres y mujeres de todas las edades se vean compelidos a incorporarse a los grupos delincuenciales, “brindando oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo y/o comunitario, reconstruyendo el tejido social y, por consiguiente, en un futuro podamos ver la baja en niveles de violencia”.
El diputado del PRD Bernardo Ortega Jiménez en su intervención en tribuna; al fondo la diputada de Morena María Flores Maldonado muestra una pancarta con la leyenda “El Plan B ¡Va!” Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Diputados del PRD, Morena y del PRI debatieron por más de una hora sobre la reforma electoral, denominada Plan B. La oposición afirmó que se regresará a los años ochenta, cuando el gobierno federal organizaba las elecciones, mientras que los morenistas reprocharon que se defiendan los privilegios de los consejeros electorales.
Fue el perredista Bernardo Ortega Jiménez quien llevó el tema a tribuna, y a pesar de que dijo que su participación “no pretende confrontar ni politizar” sobre el Plan B, dijo que es ilegal e inconstitucional.
El perredista señaló que contra la reforma se han unido los partidos de oposición, y reclamó que para ésta no se hayan buscado los consensos.
Ortega Jiménez reiteró que la reforma electoral es frágil, por lo que se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declare inconstitucional, y que la respuesta de Morena y sus aliados serán “nuevamente las descalificaciones a las autoridades judiciales”.
Después pidió la palabra la priista Julieta Fernández Márquez. Afirmó que el INE tiene una razón de ser, y se refirió a los tiempos en los que precisamente gobernaba su partido político, el PRI, y que en México se están regresando a esas prácticas.
Recordó que cuando el gobierno federal tenía el control de las elecciones, a “Manuel Bartlett se le cayó el sistema” cuando era secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid (del PRI): “eran tiempos similares como ahora que se quería concentrar el poder”.
La priista destacó que fueron precisamente los partidos de oposición, así como la sociedad civil, los que lograron la creación del entonces IFE, y que, a partir de ahí, según dijo, no se ha cometido ningún “fraude como el que vivimos hace 35 años”. Pero con el Plan B, aseguró que se pone “en duda la credibilidad, legitimidad y certeza del proceso electoral”.
Con esta reforma, la priista señaló que no se garantizan elecciones libres e imparciales, “esta manipulación jurídica busca despedazar al INE… el partido en el poder quiere quitar el 85 por ciento de los empleados y consejeros, con 15 años de experiencia y con servicio profesional de carrera y poner perfiles a modo”.
Y así controlar al órgano electoral “desde Gobernación como en los años setenta”. En tribuna señaló: “no podemos regresar al dedazo, a cooptar elecciones y a un sistema de partido hegemónico que no funciona y que México ya lo superó”.
Y cuestionó los motivos del “partido en el gobierno” para hacer estas reformas al INE: “será que ya se les acabó, que el clientelismo ya no funciona más, será que quieren allanarse la elección”.
Sí hay observaciones de inconstitucionalidad, reconoce diputada de Morena
Después la morenista Leticia Castro Ortiz inició su participación con la frase: “Salve distinguidos tribunos”, lo que generó risas de diputados y asistentes a la sesión, y mostró una cartulina con el mensaje: “La reforma electoral va”, la cual no mantuvo extendida porque dijo que al igual que Bernardo Ortega, no pretendía generar confrontación.
“Como bien lo dijo el diputado Bernardo, el Plan B tiene observaciones que tal vez puedan considerarse de inconstitucionalidad”, y destacó que su intervención sería objetiva.
Leticia Castro contó que tras la revisión que realizó al Plan B encontró 21 observaciones que podrían “no ser adecuadas al marco constitucional”.
Sin embargo, Castro Ortiz dijo que esa reforma también tenía bondades y no debe ser satanizada.
De Morena, la diputada María Flores Maldonado cuestionó a la oposición si en realidad el INE es imparcial y ciudadano. En tribuna, afirmó que el Plan B no afecta ningún derecho de los ciudadanos.
“El INE sí se toca para bien y hay algo que se debe conservar que sea bueno para el pueblo, que se conserve”.
Otro morenista que subió a tribuna fue Antonio Helguera Jiménez. Le respondió a Bernardo Ortega, quien había dicho que Morena no ha logró consensos para la aprobación de la reforma electoral, porque antes el presidente para que le aprobaran una ley “les soltaba la mano a los diputados y ahora eso no lo hay”.
Helguera Jiménez aseguró que en próximo gobierno se aprobará la reforma eléctrica y la electoral “porque ustedes no están es cuchando a sus adversarios, ustedes están reaccionando con el hígado, están pretendiendo impedir que México avance y eso el pueblo se los está calificando, ustedes pronto no van a tener ni los votos para continuar como partido y eso va hacer su mayor castigo, un castigo merecido”.
Ya en un tono más alto, subió a tribuna por segunda ocasión el perredista Bernardo Ortega. Les dijo a los morenistas que “les debería dar vergüenza” tener a Manuel Bartlett como funcionario de primer nivel.
Ortega afirmó que el PRD no defiende a los consejeros o sus sueldos sino al INE como institución y a la Suprema Corte. En ese momento desde sus curules, los morenistas le pidieron que no gritara. “¡No grito, así hablo compañeros, discúlpenme pues!”, les respondió.
Recordó que el PRD acompañó en su lucha contra el fraude electoral a Andrés Manuel en 2006 y que además durante “muchos años” le hizo campaña. “No nos pueden decir que no le ayudamos a Andrés Manuel, qué bueno que ganó al final de cuentas”. Lo dicho generó aplausos de los morenistas.
Bernardo Ortega dijo en tribuna: “el PRD es el papá de Morena, Helguera… si no fuera por AMLO, muchos de nosotros, o de ustedes no serían diputados, ni fueran presidentes municipales, ni gobernadores”, y aplaudió como la mayoría de los diputados: “aplaudo a AMLO por su persistencia, aclaro”.
Después de Bernardo Ortega, la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez preguntó al pleno si el tema ya estaba suficientemente discutido, pero la mayoría dijo que no por lo que continuaron las participaciones.
A tribuna también subió el diputado Jacinto González Varona, quien dijo que la derecha es “mentirosa e hipócrita”, y mencionó diferentes fraudes y escándalos en los que tuvieron que ver partidos y el INE.
Los aspirantes a titulares de los órganos de control interno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro); de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) iniciaron comparecencias ante diputados locales en el desahogo del proceso de elección y designación.
Después de que el pleno del Congreso local dejara sin efectos los procesos de selección y designación de titulares de los órganos internos de control, iniciados en la pasada legislatura, y que emitieron nuevas convocatorias, finalmente ayer iniciaron las comparecencias de los aspirantes.
En la sala de José Francisco Ruíz Massieu, a puerta cerrada, diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, y Anticorrupción, así como de la Junta de Coordinación Política escucharon a 23 de los 73 aspirantes a los órganos de control interno de los cinco organismos con autonomía técnica.
Se espera que este jueves comparezcan los 50 aspirantes restantes. Se desconocen detalles de quiénes acudieron a estas entrevistas porque incluso no se permitió que fotógrafos pasarán a hacer su trabajo.
Para la exposición de sus planes de trabajo, los aspirantes tuvieron solamente un tiempo de 15 minutos y sólo les asignaron tres minutos para las preguntas y respuestas.
Sin embargo, algunos de los aspirantes a su salida comentaron que los diputados locales no realizaron preguntas a los participantes.
Otros, comentaron que durante su comparecencia que debería ser ante diputados, sólo estuvieron secretarios técnicos de la Comisión de Transparencia, y Anticorrupción y de la Jucopo.
