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Guerrero ya no es el estado más violento del país, festeja el gobernador Astudillo


Durante el acto de formalización de la puesta en operación de la línea única de atención de emergencias 911, el gobernador Héctor Astudillo festejó que Guerrero “ya no es el estado que está en primer lugar” de homicidios dolosos de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Gobernación.
Sin dar cifras, el gobernador dijo que lo vio este martes en la televisión, pero que de ninguna manera es “justificación o consuelo”.
Astudillo Flores también informó que en poco tiempo se tendrá que relevar a los militares que atienden los C-4 y que esos 420 puestos de trabajo podrán ser ocupados por egresados o estudiantes de la Universidad Autó-noma de Guerrero (UAG).
Aunque precisó que primero tiene que ser capacitados y certificados con exámenes de confianza.

“Una motivación”, no tener el mayor índice de violencia

En su edición de este lunes, El Sur dio a conocer, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el SESNSP, en su página de Internet que en los 12 meses del año pasado hubo 2 mil 213 homicidios dolosos en el estado, es decir, seis asesinatos al día, y representan el 10.64 por ciento de los 20 mil 789 cometidos en todo el país.
Guerrero ocupa el primer lugar en el país por el número total de crímenes y el segundo por el índice de violencia por cada cien mil habitantes (61.67), superado sólo por Colima (81.55).
Ante la presidenta de la directiva del Congreso local, Mag-dalena Camacho Díaz; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado; el comisario regional de la Policía Federal, Rafael Lomelí Martínez; el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, el gobernador aseguró que Guerrero “ya no es el estado que presenta el más alto índice de violencia”.
“Esto no es un consuelo, pero no somos el primer lugar, es muy importante decirlo, es muy importante conocer los números que nos da la propia institución para tener la valoración porque además esto debe ser sin duda una importante motivación para seguir adelante”.
Indicó que con los problemas que se viven todos los días, que son lamentables no se puede bajar la guardia, “es un reto permanente el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, sin duda es y sigue siendo el reto más grande que tenemos en Guerrero; hay que concentrarnos, hay que aplicarnos y con la ayuda de las instituciones de la federación tenemos que seguir adelante en esta ruta. Es muy importante hacerlo, el gobernador del estado comparte su idea y convicción de que solamente trabajando todos los días y con una grande decisión de hacer cosas y actividades y darle seguimiento a una gran cantidad de asuntos, obviamente a través de la Fiscalía y que hoy tiene una nueva normatividad constitucional, estoy convencido que tenemos que salir adelante”.
Añadió que “no estamos parados, que no estamos detenidos, los problemas pueden ser muy grandes, pueden ser graves pero la voluntad de los guerrerenses siempre será mayor”.

Con el 911 se incorpora un sistema de países avanzados

Astudillo Flores resaltó la importancia de la presentación formal de la operación del número de emergencias 911, pues dijo que no era un asunto cualquiera porque dicho número elimina la gran cantidad de números de emergencia que había y “sin duda nos pone a un paso adelanta de lo que se considera de una operación que ha funcionado en otros países más avanzados en este aspecto en protección civil, en seguridad tanto en Estados Unidos como Europa”.
Añadió que se podría pensar que era un acto sencillo pero que tenía un alto significado porque el que entre el 911 a operar en Guerrero es “incorporarnos a un mecanismo que nacionalmente ya opera” y que se tiene que ir caminando poco a poco.
Dijo que en Guerrero hay oficinas en Iguala, Chilpancingo y Acapulco, que ya se está en proceso para hacerlo en Zihuatanejo, que se instalará en Taxco y posteriormente en Chilapa para que las llamadas de emergencia se vayan contestando cada día en lugares más cercanos. Astudillo dijo que en poco tiempo se va tener que relevar a los militares que actualmente atienden los C-4.
En este punto, el gobernador pidió al rector interino de la UAG, José Alfredo Romero Olea, que “nos ayude, vamos a necesitar alrededor de 420 personas y esos empleos yo creo que bien pueden ser para jóvenes egresados de la universidad o estudiantes de la propia universidad; que puedan ir siendo capacitados y ser certificados con los exámenes de confianza para que puedan entrar a esos centros y puedan operar todo lo que es el control de cámaras y todo lo que tiene que ver con el centro de llamadas”.

Piden evitar llamadas falsas

Mientras que el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, indicó que el 011 es parte de las medidas que la federación hizo para mejorar la seguridad en el país y que es coordinada por el Sistema nacional de Seguridad Pública.
Con el nuevo número de emergencia se hacen cambio de fondo de los protocolos de atención ciudadana y unifican criterios y facilitan la coordinación entre las autoridades.
Convocó a los ciudadanos para evitar las llamadas de falsas alarma o bromas que retrasen el auxilio a personas que de verdad se encuentren en situación de emergencia. Por su parte, la titular del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata y representante del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaino Zamora, Iliana Marisol Rojas López, agradeció al gobernador el apoyo otorgado para implementar el número de emergencia 911.
Indicó que poner en marcha el número de emergencia a nivel nacional representó un gran reto y que a la fecha se tienen 2 mil 285 municipios cubiertos a nivel nacional. Agregó que en Guerrero el año pasado se recibieron 2 millones 150 mil llamadas, de las cuales 2 millones fueron improcedentes, por lo que pidió a la ciudadanía no hacer bromas.
Indicó que de las llamadas reales el 67 por ciento fueron para atender emergencias de seguridad pública y el 14 emergencias médicas. La funcionaria federal indicó que falta mucho para consolidar el 911 y que para ello son indispensables estrategias integrales enfocada a reducir las llamadas improcedentes.
Estuvieron en el acto la presienta del DIF, Mercedes Calvo; el secretario de Seguridad Pú-blica, Pedro Almazán, el fiscal Xavier Olea Pelaez y la diputada federal priista Julieta Fernández, entre otros.

 

Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

Mejorar el estado para evitar la migración, piden al Congreso jóvenes radicados en EU

Jóvenes guerrerenses, radicados en Estados Unidos, se reunieron este martes con diputados locales y el titular de la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán, a quienes solicitaron mejorar las condiciones en la entidad para evitar que más familias abandonen el país en busca de mejores oportunidades.
También pidieron generar opciones de empleo para quienes estudiaron en el país vecino pero por su condición de migrantes no pueden acceder a un trabajo estable acorde con sus conocimientos.
En el encuentro estuvieron presentes, además de Morales Marchán, el presidente de la Comisión de Atención a Migrantes, el diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez; el del PT, Jesús Martínez Martínez, y la diputada del PRD, Yuridia Melchor Sánchez.
Se trata de 12 “dreamers”, que son jóvenes originarios de Guerrero beneficiados con un programa impulsado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que les permite viajar a sus municipios y después regresar a territorio norteamericano sin ningún impedimento.
En la reunión, celebrada en la Sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso, Rafael Sánchez, originario de San Luis la Loma, comunidad perteneciente al municipio de Tecpan y que actualmente radica en Santa Ana, California, explicó que aunque hay interés de varios jóvenes de regresar a México no existen las condiciones para emplearse.
Expuso que él egresó como ingeniero aeroespacial, sin embargo no puede encontrar trabajo en Estados Unidos porque las políticas de ese país, específicamente en su rama, priorizan a quienes son ciudadanos norteamericanos.
Dijo que ha pensado en regresar a Guerrero para ejercer su profesión, pero lamentó que no existan las condiciones para emplearse, por lo que tampoco es una opción volver.
Por su cuenta, Ángel Díaz, oriundo de Atoyac, pidió a los diputados legislar para que los migrantes centroamericanos que se ven obligados a pasar por México en su intento de llegar a Estados Unidos reciban un buen trato y no se violenten sus derechos.
De igual forma pidió que se generen oportunidades en Guerrero para que las familias de esta entidad no se vean obligadas a abandonar el país como ha venido sucediendo.
En declaraciones al concluir el encuentro, el diputado Mauricio Legarreta comentó que en diciembre llegaron a México 70 “dreamers”, originarios de diferentes estados del país que fueron beneficiados con un programa del gobierno estadunidense para visitar sus municipios.
Indicó que de estos 70, 14 son de Guerrero, pero al encuentro sólo asistieron 12.
Dijo que la intención de encontrarse con ellos fue darles la bienvenida, escuchar sus planteamientos y conocer la percepción que tienen de la entidad.
Legarreta Martínez comentó que asumió el compromiso de legislar para establecer un programa que beneficie con becas a estudiantes guerrerenses que están en Estados Unidos.

A siete años de la sentencia del caso Radilla el Estado protege al Ejército, denuncia la Afadem

A siete años de la sentencia del caso Rosendo Radilla vs el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el gobierno sigue protegiendo al Ejército, pues no reformó como debería el artículo 47 sobre el fuero militar.
En conferencia de prensa en sus oficinas en la ciudad de los servicios de Atoyac la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en voz de su vicepresidenta Tita Radilla Martínez denunció que la desaparición forzada siga siendo una práctica en la actualidad.
Recordó que existe el antecedente de más de 500 desaparecidos durante la guerra sucia y de cientos de familias desplazadas por militares, que hoy demandan la reparación integral del daño.
Radilla Martínez, hija del campesino Atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido por militares, manifestó que desaparición forzada ha sido una práctica del Estado mexicano para eliminar a los que considera sus enemigos “principalmente a quienes se organizan para exigir sus demandas económicas, políticas y sociales”.
Reseñó que fue así como a finales de la década de 1960 cientos de jóvenes se organizaron y tomaron las armas para luchar por la justicia, trabajo y educación después de ver cerradas las opciones democráticas.
Indico que después de años de “pedir, exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de estos lamentables hechos la Afadem, la Confederación Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la familia Radilla decidimos llevar a instancias internacionales el caso de Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido por el Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 junto con cientos de personas que también corrieron con la misma suerte”.
Abundó que a siete años de emitida la histórica sentencia contra el Estado mexicano no ha habido cumplimiento en los puntos principales, como la investigación, búsqueda y reparación.
Demandó que se cumplan las modificaciones constitucionales ordenadas por la Corte Interamericana, además de que se investigue con carácter científico para dar con la ubicación de Rosendo Radilla y de todos los desaparecidos en México.
Agregó que la reparación integral del daño para todos los familiares de los detenidos desaparecidos es procurando verdad, justicia y garantías de no repetición.
Insistió en que “desafortunadamente el Ejército ha gozado de impunidad, la autoridad siempre lo ha protegido no se ha podido llegar, hubo precisamente por la sentencia una reforma al artículo 47 constitucional para la acotación del fuero militar que no se dio como debería de darse, como lo ordenó la Corte”.
Lamentó que se hizo una modificación que es insuficiente, ya que los militares que hayan tenido participación en violación a los derechos humanos con civiles “van a determinar si el fuero civil o militar será quien lo vea”.
Abundó que parte de la lucha constante es que sean los militares que estuvieron en las acciones de “terrorismo de Estado” los que digan qué pasó con todos los desaparecidos, ya que no se trata sólo del caso de Rosendo Radilla, sino que son cientos los que están luchando.
El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata mencionó que los organismos internacionales son los que han estado exigiendo justicia en los casos de violaciones de derecho humanos en México, como el caso de los 43 normalistas que el Estado se niega a reconocer que es una desaparición forzada.
Dijo que el Estado mexicano nunca ha hecho una investigación real, “simula ante la comunidad internacional que investiga y lleva el proceso, es bien sabido que firma y ratifica tratados internacionales pero les pone candados y declaraciones interpretativas para que no se cumpla”.
Uno de esos tratados fue el de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada que no ha ratificado el comité de seguimiento, “igualmente está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que tiene una reserva y declaración interpretativa que afortunadamente en el caso Radilla, esas se echaron abajo y la Corte determinó que no funcionaban esos candados como los querían aplicar en México”.
Indico que si no es por la presión internacional al interior del país no pasa nada, pero en el caso Rosendo Radilla ya no lo pudo negar el Ejército ni el Estado mexicano que lo reconoció, “pero aún así no hacen la investigación, deberían de estar citando a militares a declarar y decir ‘nosotros los tenemos’ porque igual a todos los bajaron de la sierra y trajeron a lo que es hoy la Ciudad de los Servicios, ellos saben donde los tienen”.
Reprochó el Ministerio Público no tenga la capacidad para obligar al Estado mexicano, que no quiere que se sepa la verdad porque los criminales son sus agentes militares.
Agregó que hay varios casos donde militares se han inmiscuido en casos de civiles como Rosenda Cantú y las jóvenes que fueron violadas por soldados, “pero no se ha hecho nada, los están protegiendo, es un contubernio de impunidad y actitud criminal del Ejército en contra de la población, no hay voluntad política para que se conozca la verdad”.
Señalo que los mismos militares que han sido responsables de desapariciones “hoy están reciclados en diferentes instituciones, grupos paramilitares, grupos de policías bancarios e incluso después del Ejército mexicano se convirtieron en Zetas, y ahora después son muchos de ellos los que están desapareciendo, masacrando y desmembrado”.

Reforzarán las autoridades la seguridad en cinco municipios tras el “desafío” de criminales al Estado, dice el vocero

 

 

Ante el “desafío” de la delincuencia al Estado que hizo repuntar la violencia en la entidad, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó la tarde de este lunes en una reunión urgente, “reforzar” y “fortalecer” el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa, informó el vocero único en materia de Seguridad y delegado de la Secretaría de Gobernación, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario reconoció, consultado vía telefónica, que la violencia repuntó en algunas partes de la entidad, por lo que el Grupo de Coordinación Guerrero “revisará lo que tenga que revisar, fortalecerá lo que se tenga que fortalecer y corregirá lo que se tenga que corregir”.
Cuando menos dos ciudades en donde ha repuntado la violencia en los últimos días, Acapulco y Chilpancingo, están dentro de los cinco municipios con más violencia en el estado y en donde se supone que existe una operación especial del gobierno federal, para disminuir el índice delictivo en las 50 ciudades más violentas del país.
Mientras que Tixtla, en donde fueron encontrados 9 cuerpos desmembrados la noche del domingo, es un punto cercano a Chilpancingo e intermedio con Chilapa, que también es considerada una ciudad de alta incidencia delictiva y con una operación especial del gobierno federal.
–¿Cuál es la visión de los gobiernos federal y estatal cuando se supone que en Chilpancingo y Acapulco existe un operativo especial porque son de los cinco municipios considerados con más violencia, y, sin embargo, siguen ocurriendo casos extremos de violencia?– se le preguntó.
–La delincuencia desafía la acción que realiza la autoridad. Esta es una lucha que se libra todos los días y de manera constante. Hay días en donde el propio interés de los delincuentes por el control de su territorio, el trasiego y la venta de drogas genera un desafío constante a la autoridad. La autoridad realiza su trabajo de coordinación entre las dependencias federales y estatales, pero el desafío de la delincuencia continúa–, respondió.
Del caso del secuestro masivo en San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán, Álvarez Heredia precisó que fueron 10 los plagiados.
Explicó que en las primeras horas de cometido el secuestro, cuando llegaron los agentes de la Policía Ministerial adscritos a la agencia del Ministerio Público de Arcelia, recibieron la información de vecinos que fueron entre 12 y 14 las personas secuestradas pero que cuando tuvieron contacto directo con los familiares de las víctimas precisaron que son 10.
El funcionario informó que la mayoría de las víctimas son de San Jerónimo el Grande y de condición humilde. La mayoría de ellos campesinos y los dos menores de edad son estudiantes. Afirmó que ya regresaron tres.
–¿Se confirma que los responsables son integrantes del grupo de Los Tequileros?
–Todo hace indicar que sí, se trata del grupo de Los Tequileros, de acuerdo a los testimonios de los propios familiares de las víctimas que están detenidas.
En la noche el gobierno del estado informó de los acuerdos asumidos por el Grupo de Coordinación Guerrero la tarde de ayer en el puerto de Acapulco.
“Ante los acontecimientos violentos del fin de semana, el Grupo de Coordinación Guerrero, en reunión convocada de carácter urgente acordó reforzar la intervención de la federación para fortalecer el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa”, se dijo en el comunicado.
Agregó que las acciones de reforzamiento de la seguridad en esos lugares, acordadas con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y el coordinador de la estrategia de seguridad en el estado, el general Alejandro Saavedra comandante de la Novena Región Militar, son para los municipios de Teloloapan y Arcelia en donde se acordó reforzar los operativos de vigilancia y la instalación de tres bases de operaciones mixtas, integradas por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Asimismo se informó que se instalarán tres puestos de control en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano para la revisión de personas, vehículos y el transporte público.
De los municipios de Tixtla y Chilapa, se acordó la instalación de tres bases de operaciones mixtas integradas por 150 elementos, reforzar las acciones de inteligencia para detectar a los grupos delictivos y lograr la consignación de los criminales.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, dice el boletín del gobierno estatal.
Informó que continuará la búsqueda de los secuestrados en el municipio de Ajuchitlán del Progreso y que se hizo el compromiso de “cerrar filas con los instrumentos de la ley de las instituciones para detener a los responsables”.

Avala el INE la propuesta de los partidos para la redistritación electoral en el estado

 

La Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) dictaminó ayer por unanimidad a favor de la propuesta de redistritación que impulsan los partidos políticos en Guerrero y que plantea respetar casi por completo la actual demarcación.
En una llamada a esta redacción, Misael Medrano Baza, representante suplente del PRD ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), dio a conocer que ayer a las 5:30 de la tarde sesionó la Comisión Nacional de Vigilancia y avaló el consenso que construyeron todos los partidos políticos en la entidad.
Explicó que el siguiente paso es presentar el dictamen ante el Consejo General del INE, donde será analizado y votado por los consejeros nacionales.
Dijo que el respaldo de la Comisión de Vigilancia se logró gracias a que los representantes de los partidos en Guerrero hicieron el cabildeo necesario con sus pares ante ese órgano nacional; y aseguró que harán lo propio con los representantes ante el Consejo General del INE, con la intención de que ahí también se mantenga el consenso.
“La importancia es que se construyó con mucho esfuerzo un consenso local, se hizo con transparencia, con la participación de todos los partidos, se tuvo también comunicación con los pueblos indígenas y bueno, logramos avanzar y ahora toca pasar al Consejo General”.
Destacó también la participación de los dirigentes estatales en este proceso, incluso comentó que no tiene registro de que en otros estados se haya dado un consenso unánime como en el caso de Guerrero.
Aseguró que su propuesta cumple con todos los criterios que estableció el INE, como el rango poblacional, los distritos indígenas, además de que no se fraccionaron regiones como se pretendía en el escenario del Comité Técnico de Redistritación, que planteaba combinar municipios de Tierra Caliente con la Costa Grande y de la Montaña con la Costa Chica.
Los partidos plantean en su proyecto respetar casi por completo los 28 distritos electorales locales, y sólo hacer ajustes en dos demarcaciones para cumplir con el rango poblacional.

El Estado ahora oculta sus crímenes detrás de la delincuencia, señala Pilar Noriega

Durante la presentación del documental “Guerrero: memoria y verdad”, la ex integrante de la Comisión de la Verdad, Pilar Noriega García, afirmó que el Estado trata de ocultar sus crímenes y desapariciones forzadas, pasando la responsabilidad a la delincuencia organizada, como ocurrió en el caso del ataque, detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Explicó que a diferencia de la época de la Guerra Sucia en el estado, de la que se conoce y está documentada la participación del Ejército, ahora el Estado ha “sofisticado” sus acciones contra la sociedad porque responsabiliza a la delincuencia organizada.
El documental, que realizaron la extinta Comisión de la Verdad y el Canal Seis de Julio, fue presentado en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local y acudieron decenas de estudiantes de derecho, algunos familiares de las víctimas y tres de los cinco integrantes de la comisión, Pilar Noriega, Arquímedes Morales Carranza y Nicomedes Fuentes García.
Ahí Pilar Noriega informó que los ex integrantes de la comisión pedirán a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado un oficio a través del cual se solicite a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la entrega de los restos de dos víctimas, que fueron asesinadas y enterradas por militares, ya que aún los tienen los médicos forenses que colaboraron en su identificación.
En su participación después de la proyección del documental, la abogada explicó que la Comisión de la Verdad estuvo a cargo de la exhumación de las víctimas, y en ese momento hizo una pausa  y se disculpó ante los asistentes porque la voz se le quebró cuando dijo: “creo que no los hubiéramos encontrado si (la investigación y búsqueda) hubiera estado en manos de la Procuraduría General de la República”.
Pilar Noriega se recuperó y reprochó que la PGR, con todos los recursos que tiene, “no ha encontrado a nadie”, y recordó que la fiscalía federal tiene acceso al Archivo General de la Nación, donde está toda la documentación en la que se comprueba la responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de la época.
“El Ejército tomó el nombre de cada una de las personas que detuvo, ejecutó y desapareció; por eso decimos que no están desaparecidos porque no se sepa dónde están, sabe el gobierno, el Estado mexicano, la PGR y el Ejército mexicano qué pasó con ellos y es lo que tienen que decir”, precisó.
Por eso recordó que en el informe final de la comisión no pidieron a la PGR que investigara lo sucedido durante la Guerra Sucia en el estado, sino “que dijeran dónde están”, porque apuntó que después de que presentaron su informe, el Archivo General de la Nación fue cerrado a los investigadores y ya no pueden seguir investigando.
También aprovechó para recriminar “la vergonzosa actitud del gobierno mexicano ante las víctimas de la Guerra Sucia y que creo ya está dicho, lo que sucedió en aquella época, como ha quedado impune, quieren hacer lo mismo con todos los desaparecidos de esta época”.
Durante la Guerra Sucia se sabe que fue el Ejército, pero las actuales desapariciones forzadas y ejecuciones son “más sofisticadas”, dijo Noriega García, y se refirió a que la estrategia del Estado “trata de hacer ver que (los responsables de) las desapariciones pudo ser el narco o quien sabe quién”.
Y se refirió al caso de la agresión, detención y desaparición contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014; “es evidente que ahí también estuvo el Ejército y por omisión o acción son responsables, así como las policías y sin embargo no lo han querido tipificar como desaparición forzada”, dijo.
La abogada denunció también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha cumplido el compromiso de reconocer en el Registro Nacional de Víctimas a la mayoría de las personas que dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad.

El documental

El documental está basado en testimonios de sobrevivientes que relataron a las cámaras cómo fueron los días y noches que estuvieron privados de su libertad por el Ejército en cárceles clandestinas, principalmente de Acapulco.
Entre las víctimas que aparecen en el documental está el hermano del dirigente guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, David Cabañas, Eloy Cisneros Guillén, Antonio Hernández, Alejandra Cárdenas, Efigenio Gallegos García y Luis Radilla Godoy.
Las víctimas, principalmente de la comunidad El Quemado, relataron cómo fueron detenidos arbitrariamente por el Ejército, y las agresiones que sufrían las familias, como amenazas, golpes, torturas y violaciones  sexuales.
Contaron que todos los hombres y adolescentes mayores de 14 años eran interrogados, secuestrados y acusados de ser guerrilleros.
Luis Radilla Godoy relató que una tarde en la cancha del pueblo, los soldados juntaron a los más de 40 hombres campesinos para interrogarlos, y después a algunos los metieron a una casa donde los tenían tirados en el piso de tierra esperando su turno, porque uno a uno los iban apartando para torturarlos.
“Yo creo que me dejaron muerto un rato porque no sentía nada”, relató Radilla Godoy, a quien mientras lo torturaban le preguntaban si él había estado en la emboscada, y después se los llevaron en helicópteros junto con otros compañeros a las cárceles clandestinas de Acapulco.
Relataron que los militares tenían en las cárceles clandestinas reguladores eléctricos y tambos de agua, donde los sumergían hasta que estaban a punto de desvanecerse y después, ya mojados, les aplicaban descargas eléctricas y los sometían a sesiones sistemáticas de tortura y otros eran obligados a firmar declaraciones falsas.

La estrategia funciona y sin ella el estado estaría “más convulsionado”, dice Almazán a diputados

Durante su comparecencia ante el Congreso local, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, defendieron la estrategia en la materia que el gobierno del estado y la federación mantienen en Guerrero.
Argumentaron que los pocos resultados en el combate a la delincuencia son producto de la insuficiencia presupuestal en sus instituciones y acusaron a los gobiernos municipales de no cumplir sus responsabilidades en la prevención del delito.
Por ello solicitaron a los diputados mejorar los presupuestos de esas dependencias en el ejercicio fiscal del próximo año, de lo contrario advirtieron que la ola de violencia e inseguridad en el estado difícilmente se erradicará.
Durante su informe, el fiscal general Xavier Olea Peláez reveló que se identificó a dos funcionarios vinculados directamente con la delincuencia organizada, por lo que fueron consignados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Este martes comparecieron ante las Comisiones de Gobierno, Seguridad y Justicia del Congreso local, el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes; el de la FGE, Xavier Olea, y el del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Daniel Pano Cruz.
La comparecencia se desarrolló en la sala José Francisco Ruiz Massieu de la sede del Legislativo y se extendió por poco más de seis horas.
Al contrario de lo que se había anunciado, sí se permitió la cobertura a reporteros, a quienes se les instaló una pantalla y una bocina afuera de la sala para escuchar los informes que los tres funcionarios presentaron a los diputados.

Se queja Almazán de los recortes presupuestales

El primero en intervenir fue Pedro Almazán, quien defendió la estrategia de seguridad que mantienen el gobierno de Héctor Astudillo Flores en coordinación con la federación, y aseguró que de no ser por las acciones que se han emprendido en la materia, Guerrero enfrentaría una situación aún más compleja de la que vive actualmente.
“La estrategia de seguridad sí está funcionando y está aportando resultados que contribuyen grandemente a la pacificación de Guerrero, pues de otra manera tendríamos ya un estado más convulsionado por las acciones de los cárteles de la droga”, expuso.
Dentro de los logros que destacó por parte de la SSP, dijo que del 27 de octubre de 2015 a la fecha se han destruido 74 mil 400 sembradíos de amapola, 799 de mariguana, 4.3 kilogramos de cocaína, 220 gramos de heroína, 6.7 gramos de cristal, 285 dosis de cristal, 572 gramos de piedra, 344 dosis de piedra, 9 kilos de sustancia base y tres laboratorios rústicos.
Indicó que también se han decomisado 217 armas largas, 300 armas cortas, 26 granadas de mano, 23 chalecos balísticos, mil 411 vehículos, 566 motocicletas, 480 teléfonos celulares y 46 radios de comunicación.
Además informó de la detención de mil 13 presuntos responsables de delitos del orden federal, 847 del fuero común y más de 4 mil personas han sido remitidos a barandillas por faltas administrativas.
Informó que fueron liberadas 53 personas secuestradas, además de que han sido detenidos 24 “objetivos criminales relevantes”, 14 dentro de la entidad y 7 en otros estados, y destacó que se trabaja en coordinación con el gobierno federal para la ubicación y detención de 16 criminales más que, aseguró, son quienes propician violencia de alto impacto en Guerrero.
Almazán Cervantes indicó que el mayor mérito en los resultados de la estrategia de seguridad es para las corporaciones federales, como el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Gendarmería; y en segundo término a las fuerzas de la SSP.
Aseguró que las corporaciones de seguridad del estado han actuado de manera profesional y responsable a pesar de las carencias que enfrentan, y acusó a los gobiernos municipales de no hacer lo que les corresponde en la materia.
“Respecto a la participación municipal no soslayo mencionar que ahí los esfuerzos han sido mínimos, por no decir que han sido nulos, muchos municipios no cuentan con el personal y el equipamiento necesario. Siguen contando con elementos que no satisfacen los requisitos para permanecer y desempeñar funciones policiales ni se observa interés alguno para finiquitarlos, reclutar nuevos policías o desarrollar capacidades policiales que permitían a los alcaldes cumplir con sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”, expuso ante los diputados.
Aseguró que la falta de trabajo de los gobiernos municipales en materia de seguridad ha generado en el estado mayor impunidad, así como el crecimiento de los índices de violencia, y en consecuencia el gobierno del estado a través de la SSP ha tenido que asumir las responsabilidades “que por ley le corresponde a los municipios”.
Explicó que para 2016 la SSP recibió un presupuesto de 427.4 millones de pesos, lo que significó un incremento de apenas el cinco por ciento en comparación con el ejercicio fiscal de 2015.
Dijo que de este monto el 75 por ciento se destina al pago de salarios y prestaciones, el 20 por ciento a gastos operativos (combustible, alimentación, traslados), y el cinco por ciento restante a gastos administrativos.
Además dijo que el gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública asignó a Guerrero el año pasado 105.5 millones de pesos, pero para este 2016 lo redujo a 105.2, mientras que el subsidio para la policía acreditable en 2015 fue de 29 millones de pesos y para el actual ejercicio el estado ya no recibió ese apoyo.
“Con estas limitaciones los avances logrados por el gobierno del estado en fortalecimiento institucional policial han sido imperceptibles; prueba de ellos es que desde hace un año y 8 meses que llevo al frente de esta secretaría, el estado de fuerza de la policía estatal no ha podido crecer, tampoco se han separado del cargo a los elementos que no cumplen los requisitos de permanencia, ni mucho menos se ha podido adquirir equipo especializado ni infraestructura”, explicó Almazán Cervantes.
Dijo que el estado de fuerza actual de la SSP es de 4 mil 189 policías que son insuficientes para garantizar la seguridad de la población, situación que se agrava aún más por la no participación de los gobiernos municipales.
“Señoras y señores, debemos estar conscientes que por muy adecuadas que sean las estrategias de contención y combate a los índices de violencia que aplica el gobierno estatal y federal, no será posible obtener con prontitud mayores avances y mucho menos solucionar los problemas de seguridad de manera definitiva si únicamente nos atenemos a la presencia y trabajo de las instituciones federales de seguridad y no se superan con urgencia los grandes rezagos que presentan hoy los cuerpos de seguridad del estado y municipios”, advirtió.

Encontró un subejercicio presupuestal, dice Pano Cruz

Por su cuenta, Daniel Pano Cruz informó que cuando empezó esta administración, el 27 de octubre pasado, se encontró un subejercicio en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública (FAS)  acumulado de 2013 y 2014 por un monto de  57.43 millones de pesos; adicionalmente un presupuesto no ejercido correspondiente a 2015  por 317.8 millones del que sólo se había aplicado el 1.25 por ciento.
Dijo que para abatir el subejercicio se buscaron alternativas y el gobernador convino con la federación la participación para redireccionar  el FAS al rubro de infraestructura del nuevo sistema penal acusatorio.
Indicó que para el presente ejercicio fiscal, y derivado de los  recortes, el FAS sufrió una disminución de 10 por ciento, al pasar de 321.2 millones de pesos a  290 millones.
Del Centro Estatal  de Control y Confianza dijo que se están atendiendo 28 evaluaciones diarias, incrementando su operación en un 56 por ciento.
Informó que de los 10 mil 467 elementos (4 mil 139 estatales, 4 mil 972 municipales y mil 356 elementos de la Fiscalía)  se han evaluado 9 mil 860, de los que 7 mil 224 aprobaron, 2 mil 233 no aprobaron, 403 se encuentran en proceso de dictaminación, 607 no han sido evaluados y a 2 mil 46 se les ha vencido su vigencia.
Dijo que existe un  universo de 2 mil 653 policías por evaluar, lo que significa un avance del 74.7 por ciento en la evaluación de las corporaciones de seguridad.
“Con la sociedad civil se trabaja en los números de urgencia 066 y 099, ya que el 90 por ciento de llamadas que se reciben son de broma, se trabaja con jóvenes  para prevención de explotación sexual y trata de personas”, dijo.
Finalmente dijo que solamente 55 gobiernos municipales firmaron su carta adhesión al esquema de mando único, cinco lo rechazaron (Pilcaya, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande y Atlamajalcingo del Monte) y los otros 21 aún no deciden.

Ubicó la FGE a dos funcionarios vinculados a la delincuencia

El último en rendir su informe fue el fiscal general, Xavier Olea, quien durante su exposición dedicó más tiempo al tema de violencia contra las mujeres y manifestó a los diputados y diputadas presentes que no es misógino, y que su actitud atiende a lo que establece la ley.
Olea Peláez informó que del 1 de enero al 30 de julio de 2016 se cometieron mil 251 homicidios dolosos en la entidad, en el mismo lapso hubo 426 homicidios culposos, obteniendo en lo que va del año 68 autos de formal prisión por homicidios dolosos y 56 sentencias condenatorias por el mismo delito.
Respecto a la violencia de género, dijo que en lo que va del año han ocurrido “cientos” de homicidios dolosos en contra de mujeres, sin embargo sólo 11 fueron tipificados como feminicidios.
Dio a conocer las acciones emprendidas desde su llegada en la FGE en el cumplimiento del marco normativo del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las estrategias encaminadas a combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los mecanismos implementados para combatir los delitos de homicidio, extorsión y secuestro en Guerrero.
Informó que del 11 de diciembre al 10 de julio se han recibido denuncias con 50 asuntos de secuestro, se ha liberado a 52 víctimas de ese delito y detenido a 57 personas con averiguaciones previas. Olea Peláez indicó que la fiscalía especializada para el combate de la corrupción ha detectado casos de funcionarios en el ejercicio indebido de la función pública, incurriendo en abuso de autoridad, cohecho, extorsión, peculado, operación de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Incluso comentó que existen dos casos de servidores a quienes se les comprobaron vínculos directos con la delincuencia organizada, por lo que fueron consignados ante la SEIDO.
Al igual que la SSP, explicó que uno de los principales problemas que enfrenta la FGE es la insuficiencia presupuestal, por lo que pidió el apoyo del Congreso para que en el próximo ejercicio fiscal se incremente su presupuesto.
Dijo que los salarios del personal de la FGE son raquíticos, lo que los hace susceptibles a acceder a “dádivas”.
Dijo también que la FGE carece de vehículos que permitan un buen desempeño, y como ejemplo mencionó que en la detención de dos presuntos involucrados en el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, personal de la Procuraduría de Michoacán participó con 65 camionetas nuevas y seis helicópteros propios, mientras que la FGE intervino con 45 camionetas “chatarrizadas”.
Tras los informes se abrieron cinco rondas de preguntas y respuestas por parte de los diputados, quienes en su mayoría cuestionaron respecto a información que fue proporcionada en las exposiciones, por lo que los funcionarios se limitaron a repetir gráficas y estadísticas.
El diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez y el priista Héctor Vicario Castrejón se comprometieron a atender la petición de los funcionarios de gestionar más recursos para esas instituciones a fin de mejorar su efectividad y erradicar el problema de violencia.

Una caída de los ingresos hacendarios, la causa del recorte al estado, dice Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores explicó que la reducción de las aportaciones federales al estado este mes se debe a una caída en los ingresos hacendarios, los que dependen de la captación vía impuestos.
“Esto va a complicar que podamos realizar gastos que están dentro del gasto corriente, primero contratar personal, hacer gastos de información, una serie de cosas… viáticos, teléfono”, describió.
Al concluir la entrega del premio al mérito jurídico, realizada en la Sala de la República de la Casa Guerrero, el gobernador abordó el tema del segundo recorte al presupuesto federal que anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que afectó a Guerrero por la retención de 554 millones de pesos de las participaciones federales.
“Esta reducción se debe a las bajas de participaciones, ¿en qué consisten las bajas?, pues que en este fondo se da en base al ingreso hacendario, dependiendo de lo que se pague en base al presupuesto de la propia federación”, agregó.
Subrayó que esta reducción es un mensaje de que en el país se está captando menos dinero en Hacienda, que por consecuencia hay una disminución en los fondos, por lo que “la ciudadanía está pagando menos de lo que se pensó o programó, puede ser que el próximo mes se pague más”.
Dijo que su gobierno no es “gastalón”, sino que trata de actuar en la ruta de la prudencia.
Recordó que existe un fondo de compensación, pero no es al 100 por ciento, por lo que sólo regresa “algo” de dinero, pero para ello pasan “meses”.

Violencia

El gobernador coincidió con el fiscal Xavier Olea Peláez respecto a que existirá un reacomodo del crimen organizado en la Costa Grande, provocado por la detención del líder de Los Caballeros Templarios en esa zona, Edilberto Bravo Barragán, alías El Gavilán, que operaba en Zihuatanejo, Petatlán y La Unión.
“Yo creo que cuando pasan ese tipo de detenciones, hay reacciones, no deseo que existan, pueden existir”, agregó.
A pregunta expresa sobre qué operativo desplegará el gobierno del estado para evitar el reacomodo de los grupos delictivos que operan en la Costa Grande, mencionó que se debe reforzar una serie de lugares donde “principalmente se han presentado hechos delictivos”.
Se le preguntó cuántos y qué lugares son los que necesitan que se refuerce la seguridad, y dijo que no tenía idea.
Recordó que la idea es reforzar también con el apoyo del Ejército, además de que se espera la llegada de la Policía Federal, que fue enviada a Oaxaca para atender las movilizaciones magisteriales.
Durante la consulta un reportero le preguntó sobre las declaraciones del presidente de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien dio a conocer que los ganaderos de ese municipio se han armado para evitar seguir siendo víctimas de la delincuencia, y el gobernador sólo dijo que es una situación lamentable pero que se está a la espera de los policías federales para reforzar la seguridad en la zona.
Movimiento magisterial

Respecto al anuncio del despido de mil 200 maestros, Astudillo Flores señaló que esa es la ruta y que se cumplirá con la ley, pero que no es su deseo.
“Bueno, en los términos de ley es un asunto que está contemplado, la realidad es que nosotros como lo hemos expresado… del gobernador nunca ha sido su deseo”, agregó.
Un reportero le preguntó sobre el anuncio que realizó el secretario de Educación, José Luis González de la Vega, sobre el despido de mil 200 maestros, a lo que contestó que “es una ruta que está ahí, que por supuesto hay que darle cumplimiento de ley, es un asunto que a mí no me gusta, punto y aparte”.