Tiene 15 solicitudes para que se otorgue seguridad a candidatos, informa el IEPC

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, informó que han recibido 15 solicitudes de seguridad, para candidaturas de diputaciones y ayuntamientos de diferentes partidos; sin embargo, por protocolo, no puede dar datos particulares.
En consulta telefónica, explicó que antes de que aprobaran el registro de candidaturas de ayuntamientos, tenían 11 solicitudes de medidas cautelares y el sábado llegaron cuatro más.
A petición de las partes, a través del organismo, las medidas se gestionan ante la Secretaría de Seguridad Pública.
Aunque el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, dijo el viernes que 11 candidatos a presidencias municipales y un diputado local solicitaron, por precaución, medidas de seguridad, la funcionaria electoral se reservó la información detallada de las solicitudes que se tramitan desde el IEPC.
“Nuestro protocolo establece que seamos muy discretos con esta información. Es un compromiso de no decir quiénes son, precisamente por cuestiones de seguridad”, puntualizó.
Antes, dirigentes estatales de Morena y del PRI habían pedido al instituto electoral, reuniones para hablar de la seguridad de los aspirantes y mapas de riesgo.
Matildes Gama precisó que elaborar mapas de riesgo no es trabajo del IEPC, sino del gobierno estatal, que podría proporcionar la información al organismo, para que, a su vez, la entreguen a los partidos políticos.
Consideró que esa información ya la debe tener y manejar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
En cuanto a las medidas de seguridad del proceso electoral, informó que hoy se reunirán con autoridades de seguridad, con quienes han tenido reuniones más constantes.
Indicó que el organismo sólo ha estado en dos sesiones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. “Independiente de la mesa, hemos tenido reuniones más constantes para la con SSP”.
Explicó que uno de los temas es el traslado de las boletas de voto anticipado, que recibirán la semana entrante. Luego revisarán lo relacionado con el traslado de las boletas electorales, en mayo, de Ciudad de México a Guerrero, con resguardo de militares, y en la entidad, con vigilancia de la SSP.
Precisó que las autoridades ya tienen el calendario de actividades, pero en las reuniones permanentes revisan los avances de la logística.
Asimismo, indicó que en unos ocho o 10 días comenzarán a trabajar en campo mil 300 capacitadores electorales del IEPC, quienes informarán sus rutas de trabajo al gobierno estatal, como medida preventiva.
De los trabajos de notificación que ya se realizan en el estado, aclaró que quienes están en el territorio son capacitadores del INE.

Se revisaron las candidaturas con los 15 partidos

De la sesión para aprobar los registros de candidaturas de ayuntamientos, de 15 partidos con registro estatal, que se prorrogó más de ocho horas, con recesos, explicó que la plenaria comenzó a las 10 de la noche, como se citó.
Sin embargo, se declaró un receso para mostrar punto por punto, proyecto por proyecto a los 15 partidos políticos, los proyectos de las candidaturas que se aprobaron. Estimó que con cada uno tardaron una hora o una hora y media.
En consecuencia, reanudaron la sesión a las 8 y tantos de la mañana del domingo, “porque se le fue explicando, a cada partido político, cómo venía su resolución”.
Sobre los retrasos en los inicios de campaña, a causa de que la sesión se alargó, consideró que los aspirantes deben esperar hasta que la autoridad electoral apruebe las candidaturas.
Indicó que la ley dice que las campañas comenzarán el 20 de abril, sin especificar hora, y la sesión terminó a las 8:45 de la mañana, que a partir de esa hora los partidos podían iniciar su acciones de proselitismo.

Ofrece López Obrador dar detalles sobre la liberación de militares por caso Ayotzinapa

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que a más tardar el miércoles se darán detalles sobre la decisión de una jueza de dar libertad provisional a ocho militares que presuntamente participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Antes de finalizar la conferencia de prensa matutina de este lunes al presidente se le preguntó: “¿De los militares presidente, que dejaron libres?”, y respondió: “Mañana vamos a informales de eso, mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Queremos tener todos los elementos”.
Posteriormente, por medio de un comunicado de prensa, el gobierno federal aseguró que no les extraña la decisión del Poder Judicial, pues en sus prioridades nunca ha estado hallar la verdad del caso Ayotzinapa.
Además anunció que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que, “de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”.
A pesar de que no se llevó a cabo la conferencia de prensa, López Obrador sí se reunió en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
El sábado se anunció que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales, ordenó dejar en libertad a ocho militares que estaban presos desde junio pasado por la desaparición de los 43 normalistas.
Por tal decisión, la FGR anunció que iniciaría un procedimiento legal contra la jueza, y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de la medida cautelar.

“No hay fundamento para cambiar medidas cautelares a militares”

En un comunicado, el gobierno federal subrayó su rechazo al fallo de la jueza Duarte Cedillo y los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera y Francisco Sarabia Ascencio.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”. describieron.
El gobierno aseveró que “sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia” aclararon.
En el comunicado se destaca que se buscó “dejar en libertad” al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la llamada “verdad histórica”, situación que se impidió por el trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores” se lee.
De igual forma, el gobierno federal afirmó que los juzgadores “ordenaron” que los militares “llevaran su proceso en libertad”, razón por la cual “coinciden y suscriben” con la Fiscalía General de la República (FGR) que anunció iniciaría un procedimiento legal contra los integrantes del Poder Judicial.
“Para el Gobierno de México, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la Fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación” remarcaron.

 

Le niega protección la FGE y la acosa, denuncia la ex titular del MP de Coyuca de Catalán raptada

La agente del MP Patricia Jaqueline Salgado en conferencia en Acapulco donde denunció que no le han dado medidas cautelares después que fue privada de su libertad Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

La ex titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jaqueline Salgado González denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha dado protección luego de que fue privada de la libertad por hombres armados el 21 de agosto, además, le retiró un bono de riesgo, no le paga el seguro de vida institucional y personal, la amedrentan, y por ello, tiene miedo que la maten.
En conferencia de prensa en el Sanborns Café de la Costera contó que luego de ser privada de la libertad durante 31 horas por un grupo criminal que irrumpió en el MP de Coyuca de Catalán y se la llevó, se tuvo que ir del estado, y por el daño psicológico que ese hecho le generó, el ISSSTE le otorgó una incapacidad.
Acompañada de su abogado Luis Silvestre Luna Sánchez, Jaqueline Salgado contó que aceptó irse como titular del MP de Coyuca de Catalán, porque le ofrecieron un aumentó salarial y lo aceptó porque es madre soltera. Recordó que desde que tomó protesta la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la agencia no tenía titular.
Nerviosa y por momentos en llanto, narró que el 21 de agosto hombres armados llegaron a la Agencia del Ministerio Público y preguntaron por ella directamente. Dijo que al salir alcanzó a ver a uno de los policías ministeriales encañonado mientras le retiraban el arma.
Recordó que las personas que la tuvieron en cautiverio primero le manifestaron que su rapto era por el trabajo que había realizado en diversas agencias del ministerio público, en Chilpancingo e Iguala; y la obligaron a grabar un video en el que se atribuía la responsabilidad de haber judicializado varias carpetas de investigación “perjudicando” a varias personas.
Señaló que también la culparon de los cateos de automóviles de lujo en ese municipio, algunos de los cuales no aparecieron cuando los pusieron a disposición en el ministerio público, “pero de eso yo desconozco porque llevaba siete días apenas”, resaltó.
Dijo que durante las 31 horas que estuvo privada de la libertad, la mantuvieron esposada y con los ojos vendados, además de que todo el tiempo estuvo en movimiento en una de las dos camionetas en que se la llevaron de la agencia. “Lo primero que se me vino a la mente, es que me iban a matar. Yo no me quería destapar los ojos por temor a que me privaran de la vida”, añadió.
Agregó: “por cuestiones de seguridad me tuvieron cautiva 31 horas, me dejaron hasta el día 22 de agosto a las 8:30 de la noche en un espacio de terracería, del cual yo desconozco qué calle sea, pero yo me tuve que trasladar por mis propios medios como una hora y media, para poder llegar a las instalaciones de la Fiscalía de la región de la Tierra Caliente, yo llegué con mis propios medios, nadie me fue a rescatar”.
Jaqueline Salgado recordó que dos personas que transitaban por el lugar la socorrieron y la llevaron a la Fiscalía, por lo que desmitió que a esa dependencia quien mediante un comunicado de prensa informó que fue localizada con vida gracias a los operativos de búsqueda.
Mencionó que al llegar a la agencia lo primero que hizo fue llamar a su familia para avisar que estaba viva, y después un médico legista la revisó, “yo presentaba un alto problema de circulación porque mis piernas estaban hinchadas, porque no me permitieron bajar del vehículo”, solo para ir al baño, dijo.
Aclaró que cuando la trasladaron a la Fiscalía en Chilpancingo, la fiscal Sandra Luz Valdovinos no atendió a su familia y “mucho menos me atendió a mí, fue descortés, me dio una semana de descanso para que -después- siguiera laborando”.
Sostuvo que tras su cautiverio quedó con daños emocionales y psicológicos “no pude regresar en esa semana que me dio (la fiscal), pedí más días de descanso”. Señaló que acudió al psicólogo y al psiquiatra por el alto grado de trauma que tiene, cuyos costos pagaba con un bono de riesgo que les paga la Fiscalía.
Dijo que después le notificaron su cambio de adscripción a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en Acapulco, pero a pesar de que Sandra Luz Valdovinos le prometió que mantendría la misma categoría, la bajaron a auxiliar. “Yo tengo mis oficios de cambios de adscripciones” agregó e informó que promovió un amparo.
Destacó Jaqueline Salgado que entró a trabajar a la Fiscalía mediante un examen de oposición, y de control y confianza, y tiene una antigüedad de 15 años como agente auxiliar.
Agregó que el mismo día que fue trasladada a la capital solicitó protección, luego de que se le informó que por su rapto se abrió una carpeta de investigación, sin embargo, dijo que hasta ayer la Fiscalía no le ha otorgado una sola medida cautelar, razón que la orilló a salir del estado “porque corre riesgo mi vida”, señaló.
Relató que el pasado 12 de octubre hombres armados vestidos de civiles, a los que se pudo identificar como policías ministeriales de la élite militar que llegaron a la FGE con Sandra Luz Valdovinos, llegaron a la casa que rentaba en Acapulco a pedir información, pero no se la dieron. “Estoy siendo acosada ahora hasta por mi propia oficina de que me puedan hacer un despido”, dijo.
Jaqueline Salgado denunció que la Fiscalía le retiró además el bono de riesgo de 5 mil pesos que se les paga a los trabajadores mes con mes, bajo el argumento de que ella está incapacitada, pero recordó que desde el 2021 se acordó que esa presatación la recibirían todos los policías y cada uno de los trabajadores de la Fiscalía.
“Si me preocupa mucho la situación laboral, tengo problemas de que si me privan otra vez de la libertad o me quieran causar un daño como matarme, nosotros no tenemos seguro de vida institucional, si me hubieran matado a mi familia no le hubieran dado un peso, además mi seguro que yo pago y me ha sido descontado quincena tras quincena de mi salario, la fiscalía no lo pagó”.
La trabajadora indicó que desde hace un año solicitó el reembolso de ese dinero para poder arreglar su situación con la aseguradora, “la fiscal habla de honestidad, que vea la honestidad que hay dentro de los trabajadores que ella misma está imponiendo dentro de la Fiscalía porque mi seguro de vida particular no me lo pagó”.
Citó que los hombres armados que la mantuvieron en cautiverio le advirtieron que debería tener seguridad, porque su vida corre riesgo, y pese a esto la Fiscalía no le ha informado las razones del por qué no se le da protección, “yo estoy muy preocupada por no tener la seguridad laboral ni en mi persona”, expresó.

 

Le niega protección la FGE, denuncia la ex MP de Coyuca de Catalán raptada

 

La agente del MP Patricia Jaqueline Salgado en conferencia en Acapulco donde denunció que no le han dado medidas cautelares después que fue privada de su libertad Foto: Carlos Carbajal

Le niega protección la FGE y la acosa, denuncia la ex titular del MP de Coyuca de Catalán raptada

Aclara Patricia Jaqueline Salgado que no fue rescatada por ningún operativo y tampoco la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, atendió a su familia ni a ella, “fue descortés”. Reprocha que la cambiaron de categoría –cuando tras su captura le prometieron que seguiría igual–, le retiraron un bono de riesgo y no le quieren pagar el seguro de vida. Dice que por las amenazas de sus captores teme que la maten

Jacob Morales Antonio

La ex titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jaqueline Salgado González denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha dado protección luego de que fue privada de la libertad por hombres armados el 21 de agosto, además, le retiró un bono de riesgo, no le paga el seguro de vida institucional y personal, la amedrentan, y por ello, tiene miedo que la maten.
En conferencia de prensa en el Sanborns Café de la Costera contó que luego de ser privada de la libertad durante 31 horas por un grupo criminal que irrumpió en el MP de Coyuca de Catalán y se la llevó, se tuvo que ir del estado, y por el daño psicológico que ese hecho le generó, el ISSSTE le otorgó una incapacidad.
Acompañada de su abogado Luis Silvestre Luna Sánchez, Jaqueline Salgado contó que aceptó irse como titular del MP de Coyuca de Catalán, porque le ofrecieron un aumentó salarial y lo aceptó porque es madre soltera. Recordó que desde que tomó protesta la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la agencia no tenía titular.
Nerviosa y por momentos en llanto, narró que el 21 de agosto hombres armados llegaron a la Agencia del Ministerio Público y preguntaron por ella directamente. Dijo que al salir alcanzó a ver a uno de los policías ministeriales encañonado mientras le retiraban el arma.
Recordó que las personas que la tuvieron en cautiverio primero le manifestaron que su rapto era por el trabajo que había realizado en diversas agencias del ministerio público, en Chilpancingo e Iguala; y la obligaron a grabar un video en el que se atribuía la responsabilidad de haber judicializado varias carpetas de investigación “perjudicando” a varias personas.
Señaló que también la culparon de los cateos de automóviles de lujo en ese municipio, algunos de los cuales no aparecieron cuando los pusieron a disposición en el ministerio público, “pero de eso yo desconozco porque llevaba siete días apenas”, resaltó.
Dijo que durante las 31 horas que estuvo privada de la libertad, la mantuvieron esposada y con los ojos vendados, además de que todo el tiempo estuvo en movimiento en una de las dos camionetas en que se la llevaron de la agencia. “Lo primero que se me vino a la mente, es que me iban a matar. Yo no me quería destapar los ojos por temor a que me privaran de la vida”, añadió.
Agregó: “por cuestiones de seguridad me tuvieron cautiva 31 horas, me dejaron hasta el día 22 de agosto a las 8:30 de la noche en un espacio de terracería, del cual yo desconozco qué calle sea, pero yo me tuve que trasladar por mis propios medios como una hora y media, para poder llegar a las instalaciones de la Fiscalía de la región de la Tierra Caliente, yo llegué con mis propios medios, nadie me fue a rescatar”.
Jaqueline Salgado recordó que dos personas que transitaban por el lugar la socorrieron y la llevaron a la Fiscalía, por lo que desmitió que a esa dependencia quien mediante un comunicado de prensa informó que fue localizada con vida gracias a los operativos de búsqueda.
Mencionó que al llegar a la agencia lo primero que hizo fue llamar a su familia para avisar que estaba viva, y después un médico legista la revisó, “yo presentaba un alto problema de circulación porque mis piernas estaban hinchadas, porque no me permitieron bajar del vehículo”, solo para ir al baño, dijo.
Aclaró que cuando la trasladaron a la Fiscalía en Chilpancingo, la fiscal Sandra Luz Valdovinos no atendió a su familia y “mucho menos me atendió a mí, fue descortés, me dio una semana de descanso para que -después- siguiera laborando”.
Sostuvo que tras su cautiverio quedó con daños emocionales y psicológicos “no pude regresar en esa semana que me dio (la fiscal), pedí más días de descanso”. Señaló que acudió al psicólogo y al psiquiatra por el alto grado de trauma que tiene, cuyos costos pagaba con un bono de riesgo que les paga la Fiscalía.
Dijo que después le notificaron su cambio de adscripción a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en Acapulco, pero a pesar de que Sandra Luz Valdovinos le prometió que mantendría la misma categoría, la bajaron a auxiliar. “Yo tengo mis oficios de cambios de adscripciones” agregó e informó que promovió un amparo.
Destacó Jaqueline Salgado que entró a trabajar a la Fiscalía mediante un examen de oposición, y de control y confianza, y tiene una antigüedad de 15 años como agente auxiliar.
Agregó que el mismo día que fue trasladada a la capital solicitó protección, luego de que se le informó que por su rapto se abrió una carpeta de investigación, sin embargo, dijo que hasta ayer la Fiscalía no le ha otorgado una sola medida cautelar, razón que la orilló a salir del estado “porque corre riesgo mi vida”, señaló.
Relató que el pasado 12 de octubre hombres armados vestidos de civiles, a los que se pudo identificar como policías ministeriales de la élite militar que llegaron a la FGE con Sandra Luz Valdovinos, llegaron a la casa que rentaba en Acapulco a pedir información, pero no se la dieron. “Estoy siendo acosada ahora hasta por mi propia oficina de que me puedan hacer un despido”, dijo.
Jaqueline Salgado denunció que la Fiscalía le retiró además el bono de riesgo de 5 mil pesos que se les paga a los trabajadores mes con mes, bajo el argumento de que ella está incapacitada, pero recordó que desde el 2021 se acordó que esa presatación la recibirían todos los policías y cada uno de los trabajadores de la Fiscalía.
“Si me preocupa mucho la situación laboral, tengo problemas de que si me privan otra vez de la libertad o me quieran causar un daño como matarme, nosotros no tenemos seguro de vida institucional, si me hubieran matado a mi familia no le hubieran dado un peso, además mi seguro que yo pago y me ha sido descontado quincena tras quincena de mi salario, la fiscalía no lo pagó”.
La trabajadora indicó que desde hace un año solicitó el reembolso de ese dinero para poder arreglar su situación con la aseguradora, “la fiscal habla de honestidad, que vea la honestidad que hay dentro de los trabajadores que ella misma está imponiendo dentro de la Fiscalía porque mi seguro de vida particular no me lo pagó”.
Citó que los hombres armados que la mantuvieron en cautiverio le advirtieron que debería tener seguridad, porque su vida corre riesgo, y pese a esto la Fiscalía no le ha informado las razones del por qué no se le da protección, “yo estoy muy preocupada por no tener la seguridad laboral ni en mi persona”, expresó.

 

Reencauza el TEE demanda de Norma Otilia de medidas cautelares que desestimó el IEPC

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), reencauzó los juicios interpuestos por la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, contra las resoluciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por medio de los cuales declaró improcedente la emisión de medidas cautelares que había solicitado.
Las medidas cautelares que había solicitado Norma Otilia Hernández son en contra de la directora general del medio de comunicacio?n Diario de Guerrero, Erika Cecilia Garci?a Guevara, y de los autores de la notas o columnas periodi?sticas publicadas por ese medio, “por actos que pudieran configurar violencia poli?tica contra las mujeres en razo?n de ge?nero”.
Las demandas presentadas por la morenista como Juicio Electoral Ciudadano, fueron reencauzados para que sea sustanciada como Recurso de Apelación, “por ser este el medio de impugnación idóneo para resolver la inconformidad planteada”.
Los juicios que presentó son contra acuerdos emitidos por la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, por medio de los cuales declaró improcedente la emisión de medidas cautelares. Ayer, el pleno del TEE resolvió que la vía adecuada para impugnar los actos y resoluciones del IEPC cuando se resuelva adoptar o no medidas cautelares, es a través del recurso de apelación.
En otro asunto, se dio cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo a los juicios electorales ciudadanos 7 y 8 acumulados del 2023, interpuestos por Carlos Arturo Millán Sánchez y otra persona, en contra de la resolución emitida por los juicios de inconformidad 159 y 160 del 2022 por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. Sobre este asunto, mediante acuerdo plenario se declararon cumplidas las sentencias emitidas por la Sala Regional y el TEE, de fecha 8 de junio y 16 de marzo del presente año, respectivamente, y se ordenó el archivo de este asunto como concluido.
Con relación  al proyecto de sentencia relacionado con el Jui-cio Electoral Ciudadano promovido por Felícitas Navarrete Neri, para controvenir la omisión de cumplimiento de la resolución del 9 de junio del 2023, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en el recurso de reclamación CJ/REC/011/2022, se desechó el medio de impugnación “por advertirse su notoria improcedencia”.
Y se explica que la vía intentada por la impugnante no es la idónea para conocer sobre el posible incumplimiento de la resolución intrapartidaria dictada por la responsable, al existir un procedimiento incidental a través del cual es posible exigir su cumplimiento; el pleno del TEE determinó que es innecesario el reencauzamiento de este asunto, por lo que acordó desechar este Juicio Electoral Ciuda-dano.

Denuncia el PRI a la gobernadora ante el IEPC por reuniones con Sheinbaum en día laboral

El representante del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Manuel Saavedra Flores, al momento de entregar el documento con la queja en contra de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por uso de tiempos oficiales en actividades partidistas Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El representante del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Manuel Saavedra Flores, presentó una denuncia ante ese organismo electoral en contra de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por el uso de tiempos oficiales en día y horario hábil para actividades partidistas.
La queja fue presentada a la 1 de la tarde de este martes, ante el encargado de la Coordinación de lo Contencioso Electoral del IEPC, Rodolfo Pérez Añorve, por la vía de “procedimiento especial sancionador por actos constitutivos violatorios a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad”, según se establece en el documento.
En declaraciones antes de la presentación de la denuncia, Saavedra Flores dijo que tienen elementos de prueba de que la gobernadora Salgado Pineda asistió a eventos de la coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, en día y horarios laborables hábiles el miércoles de la semana pasada.
Anuncio asimismo que próximamente presentarán otra queja por una reunión en la que estuvo la gobernadora y diputados locales de su partido, Morena, con Sheinbaum Pardo en la residencia oficial Casa Guerrero ese mismo día.
En el documento se argumenta que “es un hecho público” el proceso para la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación que realizó Morena en el país para seleccionar a su coordinadora, Sheinbaum Pardo, “quien será la candidata a la presidencia de la República por el referido partido político en el proceso electoral federal 2023-2024, quien actualmente se encuentra realizando recorridos por el país para posicionar su imagen”.
Se sostiene que el 4 de octubre, tuvo verificativo el acto político realizado por Claudia Sheinbaum, en el hotel Holiday Inn de Chilpancingo “al que asistió en día y hora hábil o laborable”, la gobernadora Salgado Pineda, “hoy persona denunciada”.
De acuerdo a la queja, al participar en actividades partidistas “la persona denuncia” dentro del horario laboral del gobierno del estado, “es contrario a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 134, de ahí que lo correcto sea sancionar a la persona denunciada”.
Señala que el artículo 134, párrafo 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la tutela de los principios de equidad e imparcialidad, como ejes rectores en la materia electoral: “para ello, en el ejercicio de sus funciones, el servicio público de los tres órdenes de gobierno tiene la obligación de evitar el uso de los recursos públicos a su alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado partido político, aspirante o candidatura”.
Recuerda que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que cuando las personas servidoras públicas estén jurídicamente obligadas a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público, sólo podrán apartarse de esas funciones y asistir a eventos proselitistas, en los días que se contemplen en la legislación como inhábiles.

La legislación

La representación del PRI ante el IEPC argumenta que de acuerdo con la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, así como con el Reglamento de las condiciones generales de trabajo que regirán para los trabajadores de los tres poderes del gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos Desconcentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, el horario para los servidores públicos del Gobierno del Estado de Guerrero, es de las 08:30 horas hasta las 16:00 horas de lunes a viernes.
En el caso, se denuncia la asistencia de la gobernadora en una reunión partidista de Morena, el 4 de octubre en Chilpancingo, con motivo de la asistencia de Claudia Sheinbaum Pardo, “lo cual se acredita con las publicaciones hechas por medios de comunicación y certificación realizada por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mismas que se adjuntan al preste escrito”.
Sostiene: “Queda plenamente demostrado que la hoy denunciada incurre en una infracción a la normativa electoral, al acudir a un evento político interno del partido político Morena, convocado por Claudia Sheinbaum Pardo, siendo día laboral, lo que se acredita que momentos antes atendía actividades inherentes a las atribuciones de su cargo como mandataria estatal en esta entidad federativa”.
Agrega: “Lo cual se acredita con el acta circunstanciada relativa a la certificación de la publicación realizada en el perfil personal de la persona denunciada en la red social Facebook”.
En la denuncia se piden medidas cautelares como que “la persona denunciada se abstenga de asistir a actos de proselitismos o partidistas en días y horas hábiles del Gobierno del Estado de Guerrero”.
Como pruebas se incluyen documentales, link de internet, así como documentales públicas certificados por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del IEPC.
Saavedra Flores dijo que por ahora no han encontrado los elementos suficientes para presentar las denuncias correspondientes por el uso de recursos públicos del gobierno del estado con fines electorales, como lo denunció el ex candidato del PRI a la gubernatura del estado, Mario Moreno Arcos, la semana pasada.
Informó que por ahora sólo han hecho justificaciones de las pintas que realiza Morena en la capital, “pero si tenemos algún antecedente o dato puntual (del uso de recursos público) también se estarán haciendo las denuncias pertinentes”.
El representante priista denunció que en el gobierno estatal y en el mismo partido de Morena “no están poniendo el cuidado de las acciones que están realizando y por supuesto que estamos pendientes para encontrar los elementos y presentar las quejas”.

 

Declara Morena improcedentes las quejas que presentó contra Jacinto González su suplente

Daniel Velázquez

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena declaró improcedentes las quejas presentadas contra el diputado local y presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Jacinto González Varona, por su suplente Héctor Fernando Agüero García, por presuntos actos de violencia política en razón de género.
En mayo, el diputado local suplente por la acción afirmativa LGBTI, Agüero García dijo que promovería recursos legales para que Jacinto González se separara del cargo que ocupó engañando a la comunidad sobre su orientación sexual porque ese espacio no tendría que ser ocupado por un heterosexual.
Agüero García promovió dos recursos en los que acusó al dirigente estatal morenista de dirigirse a él de manera inapropiada y solicitó medidas cautelares.
Sobre ambas quejas, la CNHJ respondió en estrados electrónicos y las declaró improcedentes. De la primera, sostiene que no encontró que hubiera riesgo a la vida, integridad y libertad del promovente, y en la segunda, señala que el actor no precisó cómo se ejerció violencia política en su contra.
En el expediente 085/2023, Agüero García solicito a la comisión medidas cautelares, mediante un escrito en el que denunció que el dirigente del partido se refirió a él en estos términos: “Cómo molestas pinche marico?n. Ya deja de dar lata, tengo muchos compromisos. No voy a dejar la diputacio?n y seguire? como presidente del partido, adema?s, me tienen harto tu? y los pinches putos. Siempre quieren que les dé dinero para sus pendejadas. Po?nganse a trabajar y dejen de estar pide y pide, asi? que apla?cate y mejor ponte a bailar en shows travestis, ahi? sí la vas a hacer, porque como diputado noma?s no la vas a hacer, porque ni sabes y ni sirves para esto”.
“Ni le busques tres pies al gato, porque si sigues, te voy a quemar con los colectivos de los maricones buenos para nada y los voy a voltear en tu contra. Ahi? sí, entonces vas a conocer mi poder. Asi? que apla?cate y deja de estar fregando, pinche puto, y ni creas que vas a ser diputado el siguiente periodo. Yo me voy a encargar de que no aparezcas en las boletas electorales y de que nadie vote por ti para diputado, ni para presidente ni regidor”.
En ese escrito, Héctor Fernando solicitó que la CNHJ de Morena dictara medidas cautelares: como “la prohibicio?n al diputado Jacinto Gonza?lez Varona de tener cualquier tipo de acercamiento o comunicacio?n, tanto con el suscrito como con mis familiares; que se ordene… evite cualquier tipo de conducta de intimidacio?n, agresio?n o molestia, tanto en perjuicio del suscrito como de mis familiares; que se (le) prohi?ba… lleve a cabo actos en ejercicio de los cargos que ostenta… que impidan al suscrito acceder y desempen?ar un cargo de eleccio?n popular en el estado”.
La CNHJ determinó que no hay riesgo “real e inminente para la vida, la integridad y/o libertad” de Agüero García, por lo que declaró improcedente la peticion.
En el segundo expediente, el 098/2023, promovido por Agüero García el 20 de junio, su petición fue para solicitar “la destitucio?n del diputado local de la 63 legislatura en el estado de Guerrero, Jacinto Gonza?lez Varona, por ejercer violencia, discriminacio?n por razo?n de orientacio?n sexual e identidad de ge?nero.”
En su respuesta, la CNHJ de Morena sostiene que “de lo argu?ido por la parte actora en su escrito de queja, no se desprenden circunstancias de modo, tiempo y lugar; es decir, no refiere co?mo es que la persona acusada ejercio? violencia poli?tica en su contra, cua?ndo lo hizo y do?nde, pues sus argumentos los hace depender de apreciaciones subjetivas y de afirmaciones generales”, por lo que también declaró improcedente la queja.

 

Preocupa a feministas impunidad de líder de Morena por violencia política de género

Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses expresó su preocupación porque el líder estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, impugnó dos veces las medidas de protección que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización de mujeres señalaron que las medidas otorgadas en el proceso de queja de violencia política en razón de género que promovió Bernal contra el González Varona, no afectan al imputado, sólo son parte del procedimiento de sustanciación que se realiza antes de enviar el expediente al TEE, donde será juzgado.
La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal Reséndiz.
En la conferencia, advirtieron que el diputado y sus abogados han visitado a los magistrados electorales para cabildear el proceso que sigue en atención del IEPC. Los llamaron a que no ceder a ningún tipo de presión.
Sobre esta duda en la actuación del Tribunal local, la feminista Yuridia Melchor Sánchez precisó que más que presión, la Red ha observado opiniones que no se han ajustado marco legal.
Explicó que hay antecedentes de varias de las sentencias que ha emitido el TEE, impugnadas en las salas regional y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que se han ganado en estas instancias.
“Si se ha ganado allá, entendemos que es porque el razonamiento apegado, o como lo mencionan ustedes: manipulado o no a nivel local, es una situación que dejamos ahí. Pero si se impugna, significa que el razonamiento que en ocasiones se hace en el TEE no es ajustado a lo que establece la norma electoral”.
Recordó que la sentencia de la primera impugnación del diputado González Varona contra acuerdo la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, fue aprobada por mayoría de los magistrados electorales. Sólo votó en contra Alma Delia Eugenio Alcaraz.
“Es igual al tema de la paridad. Hemos ido avanzando de manera numérica, de manera cuantitativa se ha avanzado, pero estamos en el trabajo día a día para que se avance de manera cualitativa.  Lo hemos dicho como parte de la Red, que el ser mujer no garantiza conciencia de género, y no solamente en el TEE, también en la integración del Congreso del Estado, en la integración del poder ejecutivo, incluso en los ayuntamientos”.
La también ex procuradora de Derechos de la Mujer de la actual administración estatal, subrayó que el TEE no se ha pronunciado por la violencia política de género que constituyen los comentarios misóginos y fuera de lugar que profirió el diputado contra Bernal Reséndiz, y que motivaron la denuncia.
“El diputado local, en su calidad de agresor, impugnó el análisis de riesgo que elaboró el IEPC, en el que dicta las medidas cautelares”. El TEE revocó el acuerdo y ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias emitir uno nuevo bajo lineamientos del protocolo, recordó.
Después de que la Comisión ratificó las medidas cautelares que prohíben al diputado acercarse a la denunciante fuera de los trabajos legislativos, González Varona promovió otro juicio de impugnación al nuevo acuerdo, como se informó en la edición de El Sur de fin de semana.
En la conferencia de prensa participaron de Movimiento Territorial del PRI, Olivia López Galicia; la ex diputada del PRI, Guadalupe Castillo Díaz; la militante del PRD, Sol Cuevas; del PAN, Yolanda Vázquez Bautista, y la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Tixtla, Dulce María Alvarado.

Dejó mucho qué desear el TEE

La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal.
Aclaró que es poco usual que un presunto responsable de violencia política en razón de género, impugne medidas cautelares, como González Varona.
“El hecho de que impugne por segunda ocasión, pareciera emitir el mensaje de que este actor lo que busca es la impunidad y dejar a la denunciante en una situación de desprotección, enciende una alerta para nosotras”.
Además, señaló que los esfuerzos del imputado, de acercarse a los magistrados electorales, “nos parece muy delicado porque puede estar vulnerando el principio de debida diligencia y debido proceso”.
Pidió que el Tribunal de manera muy especial atienda lo que establece la Ley General de Víctimas, sobre la obligación del Estado a realizar acciones que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos, a evaluar de manera permanente impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas, que implican las medidas cautelares y de protección.
Consideró delicado que el presunto agresor pida el retiro de las medidas cautelares a la diputada, que no le afectan, porque todavía no constituye una sanción del TEE, que no ha emitido sentencia en el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 03.
Añadió que el diputado miente en sus argumentos de impugnación a las medidas cautelares cuando dice que la denuncia de violencia política en su contra se basa en declaraciones hechas en el pasado, de manera única y que no existe repetición.
Salinas Díaz aclaró que hubo réplicas en medios de comunicación a la posición de González Varona sobre Bernal, a quien acusó de que el PRI usó su imagen para que ganara la elección el primero en la fórmula de la candidatura al senado, Manuel Añorve Baños.
La activista recordó que Bernal promovió otro PES contra otras actoras: la consejera nacional de Morena y representante ante el IEPC, Esther Aracely Gómez Ramírez, y la representante de Morenas Guerrero, Teresa Nava Alfaro, que hicieron pronunciamientos públicos, en donde denostan su imagen pública.
Asimismo denunció que el TEE dejó mucho que desear al aprobar una sentencia débil por actos de violencia política en razón de género contra el alcalde de Coyuca de Benítez, Osiel Pacheco Salas, y otros funcionarios municipales, donde tampoco ordenó su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
Confirmó que sólo ese hecho, vulneró el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia de la víctima, regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.

Ratifica el IEPC sanción al dirigente de Morena por violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Partici-pación Ciudadana (IEPC), consideró que existe un “riesgo de violencia alto” para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Resendiz, quien denunció a su homólogo de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, por violencia política en razón de género
Confirmó las medidas cautelares para que el también dirigente estatal diputado de Morena se abstenga de cualquier acercamiento o comunicación con ella o su familia, fuera de la labor legislativa, y que propicie “un ambiente de respeto”.
Asimismo, le pide “que se abstenga de realizar señalamientos sexistas, denigrantes, machistas, misóginos y otros que pudieran derivar violencia política de género, así como la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, en relación con la diputada Gabriela Bernal o su familia, así como evitar cualquier manifestación que implique violencia política física, simbólica, psicológica y sexual”.
Requirió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que en un plazo de diez días hábiles, remita un plan de seguridad personal elaborado junto con Bernal, y remita de manera quincenal un informe.
Ese es el resultado de un recurso de apelación resuelto la semana pasada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que promovió el morenista contra las medidas de protección otorgadas de manera oficiosa en la demanda por violencia política en razón de género que presentó Bernal Resendiz, a propósito de las declaraciones de González Varona en un acto partidista privado que trascendió a redes sociales.
Gonzalez Varona fue denunciado por decir que se utilizó la imagen de la entonces candidata a la senaduría por el PRI, para que ganara el primero de la fórmula, hombre (Manuel Añorve), después de que Bernal denunció en tribuna violencia política hacia la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 20 de junio, el TEE ordenó a la Comisión determinar en un nuevo proyecto, la medida de protección donde se identificara el bien jurídico tutelado, el tipo de amenaza potencial, la persona agresora, la vulnerabilidad de la víctima y nivel de riesgo, en plazo de 24 horas.
El viernes 23 de junio, la comisión de Quejas y Demandas calificó  “un nivel de riesgo de violencia alto” para la denunciante, a partir del análisis de expediente,  los medios recabados por la autoridad, así como del cuestionario de riesgo para casos de VPG, en términos del apartado 5 del Protocolo para la Atención de Víctimas, aplicado a Bernal.
Indicó que los bienes tutelados a la denunciante son “a una vida libre de violencia, la dignidad, la discriminación, la libertad de las mujeres, y que existe la probabilidad de una amenaza, en virtud, como lo menciona la quejosa, que el denunciado es acompañado por una camioneta con escoltas y estos se encuentran armados”.
Además, que los actos que pudieran configurar VPG, han escalado del apelante y la quejosa, a que diversos actores políticos continuaran con la denostación a Bernal, quien la hizo sentir insegura. Precisa que las medidas no prejuzgan la existencia o no de las infracciones denunciadas.

Revoca el TEE sanción del IEPC a Jacinto González por violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado debatieron en sesión pública el proyecto la resolución de la apelación que promovió el dirigente de Morena, Jacinto González Varona, contra las medidas cautelares que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que le prohíbe acercarse o comunicarse con la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, a propósito de la denuncia por violencia política en razón de género en su contra.
En abril pasado, en un acto en Ometepec, el líder de Morena, González Varona, acusó que la diputada priista prestó su imagen en el proceso electoral de 2018 para que el ahora senador Manuel Añorve accediera a su escaño.
En un video difundido a través de grupos de whatsapp, se escucha al líder de Morena decir que la diputada Gabriela Bernal -quien participó en la fórmula priista al Senado- fue utilizada para engañar a la gente. El 18 de abril la diputada presentó una denuncia ante el IEPC contra el también diputado federal por violencia política de género.
La propuesta de la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, aprobada con tres votos a favor y uno en contra de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, revocó el acuerdo de las medidas cautelares de la Comisión de Quejas, y ordenó al organismo que emita un nuevo dictamen en un plazo no mayor de 24 horas.
Sólo Eugenio Alcaraz apoyó el plazo de 24 horas que estableció en el proyecto Rodríguez Xinol, aprobado por el voto de la calidad de la presidenta, porque los magistrados, Hilda Rosa Delgado Brito y J. Inés Betancourt Salgado, pidieron ampliar a 48 horas el plazo para fundar y motivar el documento.
Betancourt señaló que técnicamente 24 horas era muy poco tiempo para elaborar una resolución fundada y motivada con la exhaustividad que se está solicitando en esta sentencia.
Delgado Brito argumentó en favor de la ampliación del plazo que no se denunció violencia física, para emitir medidas cautelares en 24 horas como señala el reglamento del IEPC, sino de “violencia sicológica y simbólica”. En ambos casos, precisaron que todavía nadie se ha pronunciado sobre la demanda de violencia política.
En el voto razonado en contra de la revocación de las medidas cautelares, Eugenio Alcaraz advirtió que no observa en ellas perjuicio a la libertad de expresión que argumentó el quejoso, como dirigente político y diputado local.
Consideró que, en la presunción de restituir su derecho electoral “a la libertad de circulación de sus expresiones, no cambiaría en nada que el recurrente (González Varona) deba cambiar cualquier manifestación contra la denunciante, que contenga señalamientos sexistas, machistas, estereotipados, o bien que se abstenga a un acercamiento o comunicación con la quejosa; de hacerlo podría, en su caso, no sólo haber una repetición del acto, sino generar nuevas probables conductas de violencia política en razón de género”.
El dictamen aprobado por el TEE ordena a la Comisión de Quejas del IEPC, que analice la calificación del riesgo otorgado al caso, a partir del análisis de la intención y consecuencias de las conductas violentas, que tome en cuenta el contexto específico del caso y si tiene un carácter meramente probabilístico; que haga una diferencia entre peligrosidad y riesgo, y que considere la percepción de la víctima sobre la peligrosidad de la persona agresora, así como su percepción de seguridad al regresar a su casa, centro de trabajo, continuar ejerciendo sus derechos políticos y electorales, entre otros lineamientos.

Desechan impugnación del caso contra Sánchez Esquivel

Por otro lado, el colegiado desechó por unanimidad el juicio de impugnación que presentó Teresa Nava Alfaro y otras ciudadanas contra una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que favoreció al diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, acusado de violencia política de género contra la diputada Yoloczin Domínguez.
Señalaron que, el 25 de enero la CNHJ de Morena otorgó a las actoras tres días hábiles para acreditar su afiliación partidista, “bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se desecharía de plano, acuerdo que fue notificado el mismo día a las actoras por los estrados electrónicos y vía electrónica a las hoy actoras”. Sin cumplimiento, se desechó el caso en el organo partidario el 23 de febrero.
La impugnación de las denunciantes que llegó a la sala regional, terminó ayer en desechada y en archivo “por el cambio de situación jurídica” de las quejosas, que dejó sin  materia el juicio de impugnación.

Ordena a la comisión de VPG del PAN, reabrir el caso de Felícita

El TEE declaró fundada la impugnación de la dirigente municipal del PAN de San Marcos, Felícita Navarrete Neri, contra una resolución del 12 de enero de 2023, de la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes de su partido, por no sancionar conductas del presidente estatal del Comité Directivo Estatal, Eloy Salmeron Díaz.
Entre estas condutas, la quejosa señaló la obstaculización del pleno ejercicio de sus derechos político electorales de asociación y afiliación política, y el ocultamiento de información, al no notificarle el supuesto acuerdo de suspensión de prerrogativas, que configuran violencia política de género.
El colegiado, ordenó a la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del PAN, analizar todas pruebas en su conjunto y emitir nueva sentencia de manera exhaustiva, fundada y motivada, con el planteamiento de Violenica política de género hacia la actora, en un plazo de 20 días habíles,contados a partir de la notificación de la sentencia.

Millán Sánchez: sigue litigio de la elección de consejeros

Por otro lado, el TEE desechó la controversia del ex candidato a consejero estatal del PAN, Carlos Millán Sánchez, contra la resolución de la Comisión de Justicia sobre la elección interna, por “cambio un situación jurídica del caso”.
En el proyecto del caso, se detalla que la Sala Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación declaró fundados los agravios del militante,  tras un estudio de fondo, y la Comisión de Justicia deberá emitir una una nueva resolución, lo cual deja sin efectos el juicio en Guerrero.
En declaraciones al terminar la sesión del TEE, Millán Sánchez destacó que la sala regional corrigió la plana a la comisión de Justicia del PAN, y a magistrados electorales de Guerrero que inicialmente desecharon su demanda.
Ahora, señaló que la comision intrapartidara deberá analizar el cómputo, inaplicaicón con exhaustividad, donde afirma que tienen más porcentaje de votación que tres consejeros que entraron en funciones.
Aclaró que son posibles tres escenarios, que se ordene repetir la asamblea, o la elección de consejeros hombres, que se le admita como consejero estatal, o se deseche, y como afectado, vuelva a impugnar.