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Nuevo delegado de la PGR fue de la SEIDO y estuvo en el caso de los 43

Este viernes Fernando García Fernández fue nombrado titular de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero con sede en Chilpancingo; sustituye a José Juan Monroy García que estuvo en el cargo desde el 10 de noviembre de 2015.
Fuentes de la delegación de la PGR informaron que García Fernández viene de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Ciudad de México y estuvo a cargo de las diligencias por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La fuente comentó que el acto donde asumió el cargo García Fernández se llevó a cabo en el estacionamiento de la PGR en la capital, y no hubo invitación a los medios de comunicación.

 

Detiene la PGR a cuatro presuntos narcos en aparatosa operación en Chilpancingo

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a cuatro “posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la región” Centro, luego de que catearon una casa en la colonia 20 de Noviembre, al suroriente de Chilpancingo, informó la Procuraduría.
Por la noche, en el programa de televisión En Punto, el principal noticiero de la empresa Televisa que conduce Denise Maerker, la periodista informó que uno de los cuatro detenidos es Martín Piña Gómez El Charro, uno de los principales colaboradores de Isaac Navarrete Celis El señor de la I, líder de la organización delictiva Cártel de la Sierra.
Por su parte, familiares de los cuatro detenidos denunciaron que los agentes de la PGR de manera arbitraria catearon la vivienda sin mostrar una orden de aprehensión y violentaron los derechos humanos de sus familiares, a quienes les sembraron armas adentro de la casa.
A la 5 de la madrugada de ayer, los agentes de la PGR, a bordo de unas seis camionetas oficiales llegaron a la calle Eucaria Apreza esquina con Álvaro Obregón, en este asentamiento de clase media alta de Chilpancingo, y bloquearon más de cinco horas las dos vialidades impidiendo el paso de los automovilistas; los oficiales sólo dejaban pasar a los transeúntes en la zona.
El operativo generó miedo en los vecinos que viven cerca de la casa de dos pisos, hecha de concreto, que catearon, “pensé que eran hombres armados que iban por alguien, porque las camionetas no están rotuladas; sí nos dio miedo”, contó un vecino que pasaba por el lugar.
Otros vecinos salieron de sus casas para observar la operación de los oficiales de la PGR. Se le preguntó a un oficial el motivo, y contestó que no podía dar información por seguridad.
Minutos después de las 10:40 de la mañana, los policías de la PGR, a bordo de vehículos oficiales se retiraron de la colonia 20 de Noviembre y trasladaron a los cuatro detenidos a la delegación de la Procuraduría para ser investigados y para deslindar responsabilidades.
Fuentes de la PGR informaron que los cuatro detenidos permanecían en la delegación de la Procuraduría en la capital, y se espera que hoy sean trasladados a Acapulco o a la Ciudad de México para seguir las investigaciones.
En la transmisión nocturna del programa En Punto, Denise Maerker dijo que el detenido es Martín Piña Gómez El Charro.
“Es señalado por ordenar y participar en diversos homicidios y por producir una droga sintética que se denomina China White elaborada a base de fentanilio, está identificado como uno de los principales colaboradores de Isaac Navarrete Celis El señor de la I, líder de la organización delictiva Cartel de la Sierra, previo a ello la información de las autoridades es que trabajó para el grupo de Los Rojos; junto con El Charro fueron detenidos otros tres integrantes de esta organización”, informó Maerker.

Familiares de los cuatro detenidos acuden a la PGR

Minutos antes del mediodía, familiares de los cuatro detenidos acudieron a la delegación de la PGR para informarse sobre su detención y para conocer su situación legal.
Un familiar, quien se reservó su nombre, relató que a las 5 de la mañana unos 30 agentes de la PGR, a bordo de seis camionetas llegaron a la casa e intentaron abrir la puerta a golpes y con tubo para poder entrar, pero no lo lograron.
“Cuando ocurrió el operativo estábamos todos dormidos, la señora de la casa les pidió a los oficiales que se calmaran que ella les iba a abrir, pero cuando les abrió ellos empujaron la puerta y a la señora la tiraron al suelo, ya no pudieron hacer nada y estos fulanos entraron a la fuerza”, declaró.
Señaló que en la operación los oficiales dijeron que les iban a enseñar la orden de aprehensión o cateo, pero no ocurrió y se llevaron a sus cuatro familiares, “no podemos decir su nombre por seguridad, y venimos aquí a la PGR para que nos den noticias de ellos y porque los detuvieron”.
Afirmó que en el cateo los policías de la PGR les sembraron armas adentro de la vivienda y además se llevaron celulares, alhajas, video juegos, computadoras y dinero en efectivo, “nos dio miedo porque pensábamos que eran hombres armados, que nos iban a matar, no respetaron nada a pesar de que habían cuatro menores durmiendo”.
“Es una arbitrariedad esto, yo estoy de acuerdo que si alguien hizo algo malo que lo detengan, pero, señores, toquen la puerta cuando hagan esto, así espantan a la gente, no es justo que abusen las autoridades a la gente inocente”, indicó
La colonia 20 de Noviembre es de clase alta y media de Chilpancingo; ahí han ocurrido otros hechos de violencia. Hace un año, presuntos delincuentes rafaguearon una vivienda de tres pisos, cerca donde se llevó a cabo el cateo, en el ataque no hubo heridos o muertos.

El boletín oficial

Anoche, la PGR difundió un comunicado para informar que los detenidos se llaman Martín, Adán, David y Gustavo, y que con estas detenciones, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “cumplimentó una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, en un inmueble en el estado de Guerrero”.
De acuerdo con el boletín, agentes de la PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SEIDO, detuvieron a cuatro “posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la región” Centro, luego de que catearon una casa en la colonia 20 de Noviembre, al suroriente de Chilpancingo.
La institución señala que durante la operación aseguraron droga cristal y mariguana, “una báscula de las denominadas grameras, un arma corta y un arma larga”.
“Cabe señalar que la detención se realizó en estricto apego al debido proceso y en todo momento les fueron respetados sus derechos”, indica el comunicado.

 

Toma la SEIDO la Dirección de Seguridad de Zihuatanejo; investigan a los policías

 

Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), ocuparon las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad municipal de Zihuatanejo para investigar a los 20 policías municipales detenidos, señalados de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas federales.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia vía telefónica informó que la presencia de los agentes de la SEIDO es parte de la operación de las autoridades policiacas estatales y federales.
Comentó que si este tipo de acciones se hubieran hecho en Iguala antes de septiembre de 2014, “se pudo haber evitado la tragedia que significó la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Continuó, “el Estado mexicano en su conjunto debe implementar medidas para evitar la infiltración del crimen en las corporaciones policiacas, principalmente en aquellas que son, digamos, en estos momentos las más débiles, que son las policías preventivas municipales. En el estado de Guerrero se requiere una reconstrucción de todas, de las 81 policías preventivas municipales para que puedan sumarse a la estrategia que mantienen las instituciones del gobierno federal con las instituciones del gobierno del estado en el combate frontal al crimen organizado”.
Manifestó que “lo que pudimos observar en Iguala fue una infiltración a todas luces del crimen en la corporación municipal de Iguala, que la misma sociedad igualteca observó, vio pero no se hizo absolutamente ninguna acción preventiva o de revisión de cuál era la situación de la policía preventiva municipal de Iguala, y que finalmente a la larga provocó lo que todos lamentamos, la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes”.
De los 20 policías de Zihuatanejo dijo que el MP federal tiene como facultad solicitar una ampliación del término constitucional de 48 a 144 horas, “para proseguir en las investigaciones en dado caso de que así lo requiera la institución federal que es la PGR”.
De acuerdo a información proporcionada por fuentes policiacas de Seguridad Pública, unos veinte agentes de la SEIDO llegaron a esa dependencia a la una de la mañana de este jueves, donde con una lista en mano con los nombres de los 20 detenidos interrogaron a los policías municipales y trabajadores administrativos, con preguntas como si los conocen y desde cuándo son policías.
Las fuentes dijeron que los agentes federales mandaron a llamar a los policías que no se encontraban en el lugar porque cambiaron de turno, están de vacaciones o de incapacidad, para interrogarlos.
Se conoció que a los uniformados con algún grado o mando les solicitaron que presentaran la copia de su declaración patrimonial del 2017.
Se conoció que los agentes también revisaron “exhaustivamente” la documentación del área administrativa de esta dependencia, especialmente la del departamento del programa federal Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios (Fortaseg), “están revisando absolutamente todo, los papeles, el contenido de las computadoras, todo”, dijo la fuente.
A las 4 de la tarde tres agentes de la SEIDO salieron de las instalaciones y abordaron una camioneta, al ser abordados por los reporteros se negaron a hacer declaraciones con el argumento de que no estaban autorizados.
Por otra parte se informó que la noche del miércoles la PGR solicitó por escrito al gobierno municipal que presentara toda la documentación que acredite como policías e integrantes de esa corporación municipal a los 20 uniformados que están puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, señalados de delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego para uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La dependencia federal dio un plazo de 5 horas para la diligencia, “pero sí se entregó toda la documentación que requirieron”.
Mientras tanto, la Policía Estatal continuaba ayer con el control absoluto de la Dirección de Seguridad Pública.
Ante la presencia de los agentes de la SEIDO sólo permitían la entrada a las personas que iban a hacer algún tipo de trámite a la delegación de Tránsito.
En un recorrido en la zona hotelera de Ixtapa y por el centro de la ciudad se observaron patrullas de la Policía Estatal, militares haciendo patrullajes de vigilancia por las calles y avenidas, así como resguardando la entrada de algunos bancos.
Del control que la Secretaría de Seguridad Pública del estado tiene sobre la seguridad en el municipio, el secretario particular del alcalde perredista Gustavo García Bello, Arturo Arzeta Serna aseguró que no tenía ninguna información al respecto ya que no había sido notificado que esa dependencia estaría a cargo.
Arzeta Serna fue el único funcionario de primer nivel que ayer se encontraba en el Ayuntamiento, en las oficinas del alcalde los síndicos procuradores y el secretario general del Ayuntamiento no se vieron.
El secretario particular justificó la ausencia del presidente municipal argumentando que se encontraba “en el gobierno del estado”, y que el director municipal de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón estaba en el puerto de Acapulco para asistir a los policías que fueron remitidos a la Fiscalía y a la PGR, “para apoyar y hacer alguna declaración si es que se la requieren”.

En la CIDH dirán padres de Ayotzinapa que no hay avances en las líneas de los expertos

El señor Mario González Contreras, papá de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo que no hay avances en las líneas trazadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y esperan exponer la situación y la falta de cumplimiento de compromisos del gobierno mexicano en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el próximo viernes en Washington.
Ratificó que los padres de los 43 desaparecidos no tienen confianza en la PGR por su falta de resultados y recordó que la semana anterior elevaron sus acciones de protesta porque “querían envolvernos otra vez”.
Dijo que los padres decidieron esperar la audiencia de seguimiento del caso Ayotzinapa en la sesión ordinaria de la CIDH el 17 de este mes en Washington, Estados Unidos, para exigir cuentas y compromisos ante el organismo internacional.
Indicó que él acudirá a la reunión junto con Cristina Bautista, mamá del normalista desaparecido, Benjamín Ascencio Bautista, y Joaquina García, mamá de Martín Getsemaní Sánchez, además de sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y de Fundar.
Explicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no ha sacado las manos de caso Iguala aún cuando la averiguación previa se turnó a una oficina especial adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Insistió en que “está involucrado algo grande” en la colusión de autoridades de las diferentes instancias policiacas y militares que agredieron, protegieron y permitieron los ataques, asesinatos y la desaparición forzada de los normalistas en Iguala, y la SEIDO se encargó de propiciar condiciones para mantener los hechos impunes.
Asimismo recordó que la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permitió descartar la tesis oficial diseñada para cerrar el caso, evidenciando las inconsistencias y la manipulación de evidencia en el basurero de Cocula y en el río Juan (en el mismo municipio).
En consulta telefónica sobre la versión de que policías municipales de Iguala están siendo llamados a declarar otra vez por la SEIDO sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el papá aclaró que no han tenido esa información porque cancelaron la última reunión de seguimiento con la PGR de este mes.
Esto debido a que la PGR sigue sin tener datos concretos que indiquen algún indicio del paradero de sus hijos. Tampoco hay resultados concretos sobre las líneas de investigación que planteó el GIEI sobre el policía de Huitzuco y dos agentes de la Policía Federal (PF) que están directamente implicados en la desaparición y el trasiego de droga.
Añadió que a la SEIDO no le conviene esclarecer los hechos y para mantenerlo así en sustitución de Tomás Zerón de Lucio nombraron como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a un ex policía federal (Omar Hamid García Harfuch) que tuvo un puesto de mando reciente en Guerrero, además que tuvo relación con la organización criminal de Guerreros Unidos.
Subrayó que el nombre de García Harfuch se encontró en la libreta de contactos del líder de la banda Guerreros Unidos, a la que SEIDO quiso fincar responsabilidades penales con pruebas ya descartadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas y el presunto asesinato de todos los estudiantes desaparecidos. Además fue coordinador estatal de la División de Seguridad Regional de al PF en Guerrero de diciembre de 2012 a mayo de 2014.
Aunque “supuestamente la SEIDO ya no puede intervenir en el caso Ayotzinapa, el nuevo director de la AIC conoce la complicada situación de Guerrero, “en su momento, estuvo con la Policía Federal de Iguala”.
Por lo anterior, consideró que desde la SEIDO se protege a los encubridores como el ex procurador de la PGR, Jesús Murillo Karam, el antiguo jefe de la AIC, Zerón de Lucio, y a una antropóloga, contra quienes las autoridades no han actuado pese a que fueron evidenciadas graves irregularidades en el proceso.
No descartó que desde la SEIDO se pretenda replantear la tesis oficial para retomar la versión del basurero de Cocula, o sólo ganar tiempo, “apostarle más al desgaste porque tienen líneas de investigación y no las han seguido y empiezan otra vez”, criticó.

Requiere otra vez la SEIDO a policías de Iguala por el caso Ayotzinapa; sólo han ido 10 de 76

Policías municipales de esta ciudad fueron nuevamente requeridos por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), para que declaren respecto de los ataques y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
Según información de uno de los policías que está en la corporación desde antes de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, en esta semana se notificó a los agentes de la corporación que están activos.
La fuente consultada, que pide el anonimato para evitar represalias, indicó que a los agentes se les está mandando a traer desde la Secretaría de Seguridad Pública municipal en grupos de cinco, y se les notifica que nuevamente se deben de presentar ante la SEIDO en la Ciudad de México, para rendir su declaración de los ataques en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y otros civiles.
Dijo que sólo 10 de los 76 policías municipales que siguen activos dentro de la nómina municipal pero desarmados, se han presentado a rendir su declaración.
Dijo que de manera extraoficial les informaron que también se citará una vez más a los agentes que fueron liquidados o se dieron de baja voluntaria, pero ayer ninguna fuente oficial confirmó esa información.
De los más de 300 agentes de la Policía Municipal que había en 2014 cuando ocurrieron los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, más de 50 fueron detenidos en penales federales, unos 140 fueron liquidados porque no acreditaron los exámenes de control de confianza o solicitaron su baja de forma voluntaria, y 76 siguen en nómina, mientras que otros huyeron.

Exhumará hoy restos humanos que un campesino sepultó en Huitzuco, informa la PGR

 

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) exhumarán hoy los restos de una o más personas del panteón municipal de Huitzuco, los cuales fueron hallados entre 2013 y 2014 por un campesino en un terreno de cultivo donde se construyeron casas, y que al no ser levantados por la Fiscalía los sepultó en el cementerio.
En declaraciones la tarde de ayer vía telefónica, el buscador de fosas clandestinas expulsado del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández informó que como parte del proceso de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el caso del secuestro y desaparición de su hermano Tomás Hernández, se le informó de esta diligencia que se hará en el panteón municipal.
Su hermano fue secuestrado y desaparecido el 5 de julio de 2012 en Huitzuco, él contactó a un testigo anónimo que le informó del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas en un terreno de cultivo de la cabecera municipal, mismo en el que se inició la construcción de una unidad habitacional pero la obra quedó abandonada.
Informó que en el patio de una de las casas abandonadas, que al parecer fue usada como casa sicarios de la delincuencia organizada localizó el cuerpo de una mujer.
Su fuente denunció el hallazgo a las autoridades pero éstas le indicaron que se “deshiciera” del cuerpo para que no tuviera problemas, lo cual hizo y la abandonó en el respiradero de una mina abandonada de una zona cercana. Ese cuerpo no ha sido recuperado.
Agregó que tiempo después, entre 2013 y 2014 el mismo hombre localizó en esa zona bolsas de plástico con restos de cuerpos humanos desmembrados, sin saber cuántos ya que no tenían las cabezas.
Dijo que al igual como pasó con el cuerpo de la mujer reportó a las autoridades ministeriales pero nunca fueron a recoger los restos, por lo que les arrojó agua bendita y los sepultó de manera clandestina en un predio junto al panteón municipal de Huitzuco, en el que con los años se hizo una extensión del camposanto.
El familiar de uno de los más de 350 desaparecidos que llegaron al colectivo de Iguala, informó que hoy participará en la diligencia que harán peritos y agentes del Ministerio Público de la PGR, para conocer las condiciones de los restos humanos y que éstos se incluyan en las investigaciones para que puedan ser identificados y entregados a sus parientes.

 

Año y medio después de los ataques en Iguala cita la SEIDO a policías municipales a declarar

 

A casi año y medio de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) empezó esta semana a girar órdenes de presentación, en calidad de testigos, a policías inactivos y ex policías municipales de Iguala que formaban parte de la corporación hasta septiembre de 2014 cuando ocurrió el ataque a los estudiantes.
La SEIDO empezó a entregar las órdenes de presentación a los ex agentes así como a los que siguen en la nómina del Ayuntamiento, informaron policías y ex policías.
Los citatorios llegaron a las casas de algunos policías inactivos (que siguen en la nómina del Ayuntamiento), así como a otros que desde el 2015 renunciaron y fueron liquidados de la corporación en el periodo del alcalde interino Silviano Mendiola Pérez.
Un policía que renunció y fue liquidado dijo que a él y a algunos de sus ex compañeros les llegaron los citatorios para que de un día a otro se presentaran a declarar en la ciudad de México y les advierten que en caso de no presentarse se librará en contra de ellos una orden de captura por desacato.
Consideró que la medida de la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) es una campaña de hostigamiento del gobierno federal, también en contra de efectivos que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 estuvieron inactivos.
Por separado, un policía inactivo pero que aún sigue en la nómina del Ayuntamiento, al igual que unos 85 de sus compañeros de los más de 300 que había en la corporación, confirmó que la SEIDO envía cada día un citatorio a diferentes compañeros suyos.
Dijo que esta medida de la PGR ha generado que los cerca de 85 policías inactivos que aún siguen en la nómina del Ayuntamiento, pero que realizan funciones en otras áreas del gobierno, ya no se quieran presentar a los pases de lista que les hacen periódicamente, ante el temor de que allí agentes de la PGR los detengan.
De los más de 300 efectivos que había en la nómina de Seguridad Pública, entre administrativos y agentes operativos, unos 50 están detenidos por el caso Ayotzinapa, 86 siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento sin ser operativos y unos 165 aceptaron su liquidación y renunciaron a la corporación durante en interinato de Mendiola Pérez, aseguró la fuente.
Informó que mediante “engaños” para poder permanecer en la corporación al inicio de la administración estatal de Héctor Astudillo Flores, les pidieron la actualización de sus expedientes, donde muchos que habían cambiado de domicilio pusieron sus datos personales actualizados, que son los que la SEIDO utiliza para ubicarlos y hacerles llegar las notificaciones de presentación.
Agregó que el temor de los agentes, tanto de los que siguen en la nómina como los que renunciaron, es que al momento de presentarse a rendir su declaración sobre los ataques de septiembre de 2014 los quieran detener, por lo que algunos de los que han sido citados y se han presentado acuden con un abogado.
Reclamó que el gobierno municipal del priista Esteban Albarrán Mendoza se ha desentendido de ellos a pesar de ser sus empleados, y les han negado audiencia, así como asesoría legal.
Además de que les ha negado a través de su oficial Mayor “su incondicional”, Manuel Martínez Carreón, el cambio de área a los ex policías al calificarlos como personas “no confiables”.
El policía que accedió a hablar con El Sur dijo que los 86 que aún siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento son capacitados y evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en programas como Policía de Primer Respondiente, habilidades y destrezas y de la licencia 110, que es para el uso de armas, a pesar de que no están activos, no andan uniformados ni portan armas tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.

Siguen internados y sin atención adecuada en la capital cuatro estudiantes de Ayotzinapa agredidos, denuncian

De 20 heridos y lesionados en la agresión de policías estatales en la carretera Tixtla-Chilpancingo el miércoles, cuatro estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siguen internados en una clínica privada de la capital, pero no han sido atendidos de forma adecuada, denunció el abogado de los padres de los 43 alumnos desaparecidos y de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra.
Detalló que el de mayor gravedad, Kevin Jordi Saldaña, con fractura maxilofacial a causa de artefacto de gas lacrimógeno que le estalló en el rostro, sigue esperando la operación de restauración facial, y sus compañeros temen que con el paso de los días tenga mayores complicaciones.

Sigue retrasando la PGR la integración del equipo que investigará los crímenes de Iguala, denuncian

Por otro lado, el representante de los papás, Melitón Ortega denunció que han pasado dos semanas del segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de los crímenes del 26 y 27 septiembre de 2014, y el gobierno federal sigue retrasando la integración del equipo que se incorporará a la Subprocuraduría de Derechos Humanos para recibir los expedientes para resolver el caso.
Aclaró que GIEI sólo entregará su plan de trabajo al grupo interdisciplinario que se integrará a la subprocuraduría de Derechos Humanos; en tanto, el proceso está “detenido”.
Indicó que una de las actividades inmediatas es la investigación, acciones de búsqueda y el tercer peritaje en el basurero de Cocula, en el que insistió la Procuraduría General de la República (PGR) pese a las pruebas científicas que presentaron los expertos en el primer periodo, con las que descartaron la posibilidad de que los normalistas hayan sido quemados hasta las cenizas en ese lugar.
Precisó que los integrantes del GIEI están ahora en sus países de origen, pero desde allá dan seguimiento a todas las acciones de la PGR a través de un secretario técnico, y volverán los primeros días de diciembre a México.
Añadió que la preocupación de los padres de familia es que el mandado comenzó el 1 de noviembre y vence el 30 de abril, de ahí la urgencia de que comiencen cuanto antes la investigación, sin la intervención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y responsable de la primera investigación, cuestionada por peritos independientes.

No buscarán al gobernador

Sobre relación con el gobierno estatal, ratificó que los padres no van a buscar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, ni van a suspender las acciones de protesta para exigir al gobierno federal que haga su trabajo.
En este tenor, pidió al gobernador que, si en verdad quiere evitar los bloqueos y las protestas de los padres de familia en la entidad “para resguardar el orden y la paz”, presione al gobierno federal para que dé resultados, que no mienta sobre el paradero de sus hijos ni ponga más obstáculos al trabajo del GIEI.
Aclaró que acciones como la protesta del sábado en la autopista del Sol no van a terminar, ni se van a detener antes las advertencias del uso de la fuerza pública.
Aseguró que está en manos del gobierno federal y de la PGR atender sus demandas, “no es la rebeldía ni necedad de los padres, pero es claro que no nos quiere decirnos la verdad”.
Recordó que los padres pidieron la permanencia indefinida del GIEI, hasta la conclusión de las investigaciones, pero el Estado mexicano se cerró y sólo accedieron a otro periodo de seis meses.
No obstante, afirmó que los padres van a insistir en su permanencia si, terminado su segundo periodo, las investigaciones no avanzan “todo depende de las autoridades, que contribuyan a dar la información para dar con el paradero de los estudiantes; si no hay solución seguiremos en acciones en la calle”, advirtió.

Regresa la SEIDO a Carrizalillo después de cinco días de ausencia a buscar más fosas con cuerpos

 

Después de cinco días de ausencia, los trabajadores de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) regresaron ayer a Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, para acordonar los puntos donde este viernes retomarán la búsqueda de más fosas clandestinas donde los habitantes suponen que hay más cuerpos enterrados.
Los agentes de la SEIDO llegaron el 3 de noviembre a esa localidad para buscar fosas en los alrededores del pueblo, pero se retiraron el viernes 6 de noviembre, según le dijeron al comisario, para esperar los resultados de los análisis que se llevaban a cabo a los seis cuerpos que fueron hallados en cuatro fosas clandestinas durante los tres días que estuvieron en la comunidad.
Vía telefónica, el comisario Nelson Figueroa Peña informó que por la tarde de ayer regresaron los agentes de la SEIDO para continuar con la búsqueda de fosas clandestinas.
La búsqueda de fosas comenzó el 3 de noviembre y participaron trabajadores de  la SEIDO, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de la División Táctica y Científica de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Asimismo, a solicitud del Ministerio Público de la federación, participaron científicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En esa primera etapa de la búsqueda hallaron siete cadáveres, aunque el primero fue exhumado sólo por pobladores y trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) el 31 de octubre, en el punto conocido como Los Mangos.
La segunda y la tercera fosa fueron encontradas el martes 3 de noviembre en el lugar conocido como El Puertecito, al sureste de Carrizalillo.
En las dos fosas, según un boletín de la PGR, fueron encontrados cuatro cuerpos, tres mujeres y un hombre.
El jueves 5 de noviembre fue encontrada una cuarta fosa en el paraje conocido como El Zapotito, cerca de la escuela Telesecundaria José Martí, donde según la SEIDO fueron encontrados los restos de otra mujer.
Mientras que el viernes 6 de noviembre, fue encontrado el séptimo cadáver en un terreno baldío, frente a la escuela Telesecundaria José Martí.