Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Investigadoras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) e integrantes del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), coincidieron en que falta que se apliquen perspectiva de género y protocolos de búsqueda inmediata en casos de desapariciones de mujeres en la entidad, así como capacitaciones para el personal a cargo realizar las denuncias correspondientes.
Durante la presentación del informe Y ese lucero eres tú… Desaparición de mujeres en el estado de Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistémicos, que se realizó este jueves en el auditorio del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) en la capital, las integrantes del EMAF, Elisa Niño Vázquez, Marte Myhre Tunheim y Diana Bustos Ríos, expusieron la negligencia de las autoridades para localizar a las mujeres con vida.
Mientras que las investigadoras Claudia Esperanza Gabriela Rangel Lozano, Rosa Icela Ojeda Rivera, quien es coordinadora del Observatorio de Violencia contra Mujeres Hannah Arendt (Obvicom), y la feminista Olimpia Jaimes López, manifestaron que el informe debe inspirar más reflexiones y servir para que las autoridades protejan los derechos de las mujeres.
Elisa Niño explicó que el EMAF documentó 14 casos de desapariciones de mujeres en Iguala, Taxco, Chilpancingo, Acapulco y Estado de México durante el periodo de 2012 al 2022, en el cual “ha habido una transformación del crimen organizado en el territorio”.
Puntualizó que en el 2018 el fentanilo reemplazó a la amapola y este cambio en la dinámica criminal del territorio se reflejó también en las expresiones de violencia contra las mujeres.
Señaló que en Guerrero hay entre 12 y 18 grupos del crimen organizado, por lo que se implementó el Plan de Apoyo que implicó la militarización de la entidad.
Perfil de las víctimas
De las víctimas detalló que eran mujeres cisgénero, con relaciones heterosexuales, precarizadas y estudios truncos; sólo una de ellas era docente, el resto eran comerciantes y se dedicaban a distintas actividades como pintar uñas, cortar cabello.
Una de las víctimas tenía vínculos con el crimen organizado, de una segunda había indicios de que podría estar vinculada a la delincuencia y una tercera consideró ser parte de algún grupo criminal y alquilar su vientre debido a la falta de recursos que le impedía sostener a sus hijos.
Diez de las víctimas eran madres solteras que no recibían apoyo económico de los padres de sus hijos y en nueve de los casos, las familias señalaron como responsables de la desaparición a las ex parejas, quienes amenazaron a las mujeres incluso con asesinarlas si insistían en exigir el pago de la manutención; “la desaparición funciona como un castigo a las mujeres”.
Resaltó que se identificó que hay “búsqueda ascendida” de las víctimas, es decir, hasta cinco años después de su desaparición; “en algunos casos había indicios de que estaban vivas y podían estar siendo explotadas sexual o laboralmente”, pero cuando las familias intentan seguir esas líneas de investigación, reciben respuestas revictimizantes de las autoridades.
“No hay investigación para determinar qué pasó, cómo pasó, sólo se da la restitución de los cuerpos, se está usando la desaparición como un mecanismo para ocultar temas de feminicidio, de homicidio y si no hay investigación, es una cadena de desaparición continua”, subrayó.
El informe produce “vergüenza” por la inacción de autoridades: Ojeda
Para Rosa Icela Ojeda el informe “destila dolor, el dolor de las víctimas, el dolor de las familias… hay un duelo abierto, hay un duelo que no cierra y tenemos que hablar de él”.
Consideró que la información detallada “produce mucha vergüenza, vergüenza de vivir en un estado, el Estado mexicano, y el estado de Guerrero, donde la palabra, el concepto de desaparecido ha tenido una larga significación” a través de los años.
Manifestó que “hay crisis en todas las instituciones”, aunque mesuró sus comentarios debido al contexto social en la entidad, donde corren riesgo las voces críticas; “somos cuidadosas, hay, por decir lo menos, poca empatía de quienes tienen que investigar los delitos”.
Dijo que “no se preservan las escenas del crimen, nunca en ningún caso, pero en el caso de las mujeres peor todavía: se manipulan, se tocan, se mueven”, con lo cual se pierden evidencias y se impide la tipificación adecuada de los delitos.
Señaló que, después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, “bajó la estigmatización contra la desaparición contra la gente desaparecida, hombres y mujeres”.
En contraste, desde el 2012, el Obvicom documentó un aumento de mujeres no identificadas en la morgue, “en esos casos es muy importante la preservación de la escena del crimen” y debería cruzarse la información con los casos de mujeres desaparecidas.
A pesar de los hallazgos del EMAF, “me da gusto que estemos aquí, este informe debe motivar muchas más reflexiones”.
Claudia Rangel criticó la cosificación de las mujeres y los nexos entre las autoridades y el crimen organizado, ya que estos “no son estimados en las carpetas de investigación”; para la investigadora el informe es “un documento de denuncia, lo que implica la urgencia por demostrar las ignominiosas prácticas institucionales para afrontar esta catástrofe humanitaria, cuya inconmensurabilidad rebasa las más siniestras narrativas de la crueldad humana”.
Olimpia Jaimes dijo que el informe “es un aporte invaluable para las autoridades que tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos”; reiteró la necesidad que se realicen las investigaciones con perspectiva de género, que se capacite en criminología feminista, transparencia y tribunales para casos emblemáticos.
