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Protestan en las instalaciones de Prospera trabajadores despedidos y organizaciones; lanzan huevos y jitomates

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, trabajadores despedidos y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, arrojaron huevos y jitomates a las instalaciones de Prospera tras el despido injustificado de siete compañeros, continuaron con la exigencia de la destitución del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia y su equipo de trabajo.
Este martes, los trabajadores despedidos, adheridos a la Dirección Colectiva, que mantenían un plantón desde hace 15 días en las oficinas del programa federal para denunciar el despido injustificado de 27 compañeros, fueron desalojados por policías estatales antimotines.
Ayer, minutos antes de las 10 de la mañana unos 70 integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos los siete trabajadores despedidos que continúan en su lucha, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en 2013 de El Mirador, de la comunidad de San Vicente en la sierra de Chilpancingo y normalistas de Ayotzinapa, bloquearon e hicieron un mitin afuera de la delegación estatal de Prospera.
En el mitin refrendaron su exigencia de la destitución del delegado, junto con el subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio y el jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano, además de la reinstalación en sus trabajos o en otra dependencia.
Después de las 11 de la mañana, a la consigna de “compañeros apunten y disparen”, los manifestantes lanzaron jitomates y huevos a la fachada de las oficinas y a los policías antimotines que la resguardaban, quienes se cubrieron con sus escudos y cascos.
Posteriormente las organizaciones siguieron lanzando consignas.

Marchan 3 mil maestros y activistas en Chilpancingo para exigir la presentación de los 43 normalistas

Unos 3 mil maestros de educación básica agremiados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y a la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero y otros activistas, marcharon en esta ciudad y bloquearon una hora el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a 28 meses de los ataques en Iguala.
Las acciones fueron para exigir el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la derogación de las reformas estructurales, principalmente la educativa, rechazaron el gasolinazo y demandaron seguridad en todo el estado ante el aumento de la violencia que las autoridades se niegan a reconocer.
Los manifestantes se concentraron al norte de la ciudad en el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, en ese punto comenzó la marcha a las 11:15 de la mañana, se detuvo frente a la 35 Zona Militar y concluyó en el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, en la salida al sur de la ciudad, donde fueron cerradas dos gasolinerías.
La marcha la encabezaron el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, los integrantes de la Comisión Política Carlos Botello Barrera y Saturnino García Cordero, y la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG María Adelita Radilla López, seguidos por los dirigentes de la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios.
Los maestros portaban lonas y mantas con las siglas de la CETEG y la sección 18 del SUSPEG, que se distinguían según la región a la que pertenecen -Centro, Acapulco, Montaña alta, Montaña baja, Tierra Caliente, Norte, Costa Grande y Costa Chica-, en las que también se leyó: “No a la reforma laboral (educativa), no a la evaluación punitiva”.
Los manifestantes portaban banderas rojas y durante la marcha corearon consignas como “magisterio y pueblo unidos jamás serán vencidos”, “va a caer, va a caer, la reforma va a caer”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “la 18 luchando y Adolfo festejando”, en referencia al secretario general del SUSPEG, Adolfo Calderón Nava.
El contingente se detuvo unos 15 minutos frente a la 35 Zona Militar, ahí la activista Roberta Campos Adame denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) pretende cerrar el caso de Ayotzinapa, pese a que “a la fecha no hay evidencias que prueben que nuestros compañeros normalistas fueron asesinados en ese basurero de Cocula”.
Exigió que las autoridades federales sigan las líneas de investigación que marcó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia a las familias de las víctimas de los ataques, porque “los padres de familia de nuestros compañeros normalistas llevan más de dos años luchando por sus hijos”.
También participaron los trabajadores del programa Prospera que fueron despedidos de manera injustificada, quienes se solidarizaron los maestros en su lucha contra la reforma educativa y con los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, insistieron en la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, del subdirector del área operativa Axel Fernando Zamudio, y del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario Christopher Herrera Cano.

El bloqueo

A la 1:38 de la tarde los manifestantes llegaron al cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco, ahí se dividieron por regiones para bloquear de manera total el paso vehicular en ambos sentidos y cerraron las dos gasolinerías que se encuentran en la zona.
Para entonces 3 mil manifestantes permanecían en la protesta, el resto se apartó de la marcha en distintos puntos del recorrido, según los maestros, los primeros en retirarse de las acciones fueron padres de familia de las escuelas de la capital que acudieron para apoyarlos, porque tenían que atender a sus hijos.
En la zona había unos 30 policías federales, quienes observaron la protesta e hicieron señas a los automovilistas para que se detuvieran antes de quedar frente al bloqueo.
Resaltó la ausencia de policías antimotines, porque en otras ocasiones los agentes superan de manera considerable al número de manifestantes.
Un grupo de policías se acercó a dialogar con los dirigentes magisteriales, quienes informaron que el bloqueo no sería indefinido sino que se quitaría luego de un mitin, también defendieron su derecho a manifestarse.

En el mitin participaron el representante de Juventud Universitaria, Iván Gómez, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, Radilla López, los trabajadores de Prospera despedidos de manera injustificada y Reyes Guerrero.
El secretario general de la CETEG informó que a nivel nacional hubo 600 maestros cesados por no presentarse a la evaluación de desempeño del Servicio Profesional Docente, de los cuales uno es de Guerrero, pero dijo que eso no impedirá que el magisterio disidente continúe manifestándose.
Informó que este año la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ya comenzó a enviar las notificaciones correspondientes a la evaluación 2017, mediante los directores de las escuelas, y si los maestros las aceptan serán obligados a presentarse al examen, pero “con esta muestra (la marcha) vamos a seguir adelante”; resaltó que es necesario que la lucha magisterial se dé en unidad y con organización.
Por su parte Radilla López celebró que gracias a las acciones que emprendió la sección 18 del SUSPEG de manera conjunta con la CETEG, no se despidió a los maestros que se negaron a evaluarse y que protestaron en contra de la reforma educativa.
Dijo que continuarán “en pie de lucha” y llamó a los trabajadores de la educación a sumarse al movimiento.

Marchan activistas en Chilpancingo en el noveno aniversario del asesinato de un normalista

Unos 100 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales marcharon en esta ciudad en el noveno aniversario luctuoso del egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y activista Fidel Benítez Rodríguez, y protestaron en contra al aumento al precio de las gasolinas.
A las 11:25 de la mañana los manifestantes marcharon del museo La Avispa a la cruz que se colocó en el carril de norte a sur de la Autopista del Sol, a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se encontró el cadáver de Benítez Rodríguez el 26 de diciembre de 2008, ahí hicieron un mitin y luego tomaron de manera simbólica la gasolinería Eva III, donde el 12 de diciembre de 2011 fueron reprimidos normalistas de Ayotzinapa.
En las acciones participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y otras organizaciones.
En el recorrido los manifestantes corearon consignas como “Ayotzi vive, la lucha sigue”, “Gobierno asesino que mata campesinos, gobierno fascista que mata normalistas”, “Fidel, caíste, pero nunca te vendiste” y otras.
Al frente del contingente activistas portaban rosas blancas y cadenas se cempasúchil que colocaron en la cruz de Benítez Rodríguez, también llevaban una pancarta en la que se leyó: “Aguirre Rivero: ¿Verdad que duele la muerte de un hijo? 43 ¿Cómo te la estás pasando hoy?”, en referencia a la muerte de Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador perredista a quien los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos responsabilizan de los ataques en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Frente a la cruz de Benítez Rodríguez el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame recordó al integrante de la generación Lucio Cabañas como un buen compañero y activista, responsabilizó de su muerte al ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, al secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero y al secretario Técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta, funcionarios que en el 2008 “amenazaron a los egresados de Ayotzinapa” porque no toleraban sus constantes protestas.
Dijo que las organizaciones sociales y magisteriales continuarán conmemorando a los caídos en la lucha social, calificó esa zona de la Autopista del Sol como “el tramo de la muerte”, ya que kilómetros más adelante del punto donde se localizó el cuerpo de Benítez Rodríguez fueron asesinados por policías los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.
Los manifestantes lamentaron que la violencia en el estado siga en aumento y condenaron el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, su ex esposo el médico internista del IMSS Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años Isaac Daniel, para quienes exigieron justicia.
El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García dijo que los manifestantes “estamos aquí para conmemorar y rendir el merecido homenaje a Fidel Benítez, solamente muere a quien se le olvida, pero el compañero fue ejemplo de lucha”.
Se solidarizó con la normal de Ayotzinapa y los universitarios que lamentaron el asesinato de la familia Cabrera Rosado, y exigió a la Fiscalía que esclarezca los hechos.
El secretario general de la sección 17 del Sindicato de Mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica dijo que los tres niveles de gobierno “quieren acabar con la lucha social” porque quienes protestan para exigir justicia, una vida digna y seguridad, incomodan a las autoridades, pero eso no impedirá que sigan manifestándose.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza dijo que el gobierno sólo cambia de personajes, pero que continúa la línea de represión en contra de los luchadores sociales. Acusó a las autoridades de no resolver los problemas del estado y de proteger a los delincuentes.
Manifestó que por la situación violenta en Guerrero, “diferentes sectores” han sido atacados y han caído por las balas de la delincuencia organizada, ante lo que exigió a las autoridades que “hagan que les corresponde”. Advirtió que este 2017 será un año de protestas y que las organizaciones no cederán.
El integrante de la CETEG y subsecretario de Educación de Pueblos Originarios, Taurino Rojas González dijo que “desgraciadamente a lo largo de la lucha nos hemos encontrado con muchos obstáculos, la muerte de Fidel es una muestra de que al sistema no le conviene que la gente proteste y luche, exigimos justicia para todos los compañeros”.
Recordó que desde que las empresas trasnacionales se apoderaron de los recursos naturales del país, los pueblos originarios han sido afectados, pero decidieron organizarse para exigir sus derechos constitucionales y continuarán protestando este año.
Al concluir el mitin los manifestantes entonaron el himno Venceremos y luego marcharon a la gasolinera Eva III, la cual tomaron de manera simbólica en contra del aumento al precio de los combustibles, aseguraron que la reforma energética es una más que atenta en contra del pueblo.
Puntualizaron que ante el gasolinazo, los mexicanos en distintos estados exigen la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, pero en Guerrero las organizaciones también exigen la renuncia del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien pidió un año para acabar con la violencia y no ha logrado disminuirla. Del presidente municipal de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, dijeron que ambos “son títeres” del gobierno federal.

Marchan universitarios en la capital; exigen seguridad y justicia para la familia asesinada

Unos mil estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en esta ciudad para exigir justicia para la familia Cabrera Rosado, asesinada el domingo en la capital, y seguridad en el estado.
Los universitarios le dieron al fiscal general Xavier Olea Peláez, 48 horas para que dé resultados de la investigación del asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, su esposo y médico internista del IMSS, Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo Isaac Daniel, de lo contrario continuarán las manifestaciones y exigirán su renuncia.
En la marcha maestros y trabajadores administrativos de la UAG mediante el equipo de sonido que llevaban le reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que en un año de su administración la violencia y la inseguridad han ido en aumento, le exigieron que si no es capaz de brindar el orden y la paz que prometió en campaña que deje su cargo.
En la movilización participaron integrantes del STAUAG, del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), estudiantes de las escuelas de la Universidad en Chilpancingo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales.

La marcha

La marcha salió a las 10:40 de la mañana de la alameda Granados Maldonado y concluyó con un mitin en Palacio de Gobierno, en el recorrido los manifestantes se detuvieron en el Palacio Municipal y en el Congreso local.
Al frente del contingente marcharon integrantes del Comité Ejecutivo Central del STAUAG, encabezados por el secretario general Ofelio Martínez Llanes, seguidos por integrantes del STTAISUAG con la secretaria general Brenda Alicia Alcaraz González al frente, el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, universitarios y activistas.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyó: “Astudillo ¿dónde está el Guerrero de orden y paz? Justicia”, “UAG, exigimos a las autoridades correspondientes justicia expedita para los universitarios asesinados”, “Gobierno ¿de qué me sirve pagarte mis impuestos si no me das seguridad?” y otros mensajes similares.
También coreaban consignas como “Astudillo no hace nada, que se vaya a la chingada”, “Justicia, justicia, justicia” y “el pueblo unido jamás será vencido”.
Frente al Palacio Municipal el secretario de Conflictos del STAUAG, David Molina Francisco dijo que los universitarios quieren que se haga justicia a los crímenes en su contra, “el gobernador está callado, no dice nada, por eso vamos al Palacio de Gobierno para ver qué mentiras nos va a decir Astudillo Flores”.
Consideró que el gobernador tiene la oportunidad “todavía” de dar resultados claros, pero si no puede “que nos presente su renuncia, que se vaya”. Pidió que también renuncie Olea Peláez y aseguró que desde que él llegó a la FGE aumentaron los asesinatos en el estado.
El maestro Galdino Nava Díaz dijo que los universitarios le dan 48 horas a Olea Peláez para que de resultados de la investigación, de lo contrario le exigirán que renuncie a su cargo.
En el Palacio Municipal los universitarios reclamaron que en Chilpancingo “no hay autoridad” y aseguraron que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena es un mal gobernante pues “no hace nada”.
En el Congreso local el maestro Antonio García Quiroz cuestionó qué harán los ciudadanos que decidan defenderse de un ataque, explicó que jurídicamente deben de tramitar un juicio de amparo, luego huir “porque la justicia de manera oficiosa lo va a perseguir y encarcelar, ese ciudadano tendrá que huir porque los cómplices de los delincuentes estarán tras sus huesos”.
Dijo que se deben de modificar el Código Penal y las leyes que fundamentan la acreditación de la defensa, porque “la legítima defensa en Guerrero es letra muerta, ciudadano honesto, trabajador que se defiende es víctima del estado”, y exigió a los diputados que legislen al respecto.
“Si no lo pueden hacer consulten a los universitarios y si no pueden, dejen ese espacio tan placentero y váyanse a hacer lo que mejor saben, nada”, advirtió que si en un término no mayor a tres meses, el Congreso local no discute el tema, “vendremos a invitarlos a que dejen su espacio, para que entren los que tienen ganas de trabajar”.

El mitin en Palacio de Gobierno

Martínez Llanes, Alcaraz González, Molina Francisco, Magdalena Salgado Patiño, la maestra de la escuela de Enfermería 1 Catalina Santiago, la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, el integrante de Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, Román Ibarra Flores, el integrante de la Comisión Política de la CETEG Carlos Botello Barrera, el secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, el dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame, el maestro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) José Luis Ayala García, y la trabajadora de Prospera despedida injustificadamente, Mayra Morales Sánchez estuvieron en el mitin en Palacio de Gobierno.
Martínez Llanes dijo que los universitarios “estamos de luto, hoy hemos decidido marchar para exigir justicia y seguridad para los guerrerenses y los universitarios, le exigimos al gobierno que cumpla su función de darnos seguridad”.
“No queremos que el gobierno diga que la compañera (Jeany Rosado) estaba en el lugar equivocado o que tenía pacto con la delincuencia, no cesaremos las protestas, persistiremos hasta que sepamos la verdad”, advirtió.
Alcaraz González dijo que el STTAISUAG le exige a los tres niveles de gobierno que esclarezcan todos los crímenes que afectaron a universitarios, y recordó que el maestro de la escuela de Psicología de Acapulco, César Urrutia Guerrero está desaparecido desde el 15 de diciembre pasado.
Lamentó que “ya ni en nuestros hogares estamos seguros” y dijo que “todos hemos pasado por situaciones de inseguridad y hoy salimos a exigir nuestros derechos”.
Ramírez García dijo que el Sutcobach apoyará todas las acciones a las que convoquen los universitarios, “de manera inmediata y especial exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos condenables crímenes contra los universitarios, desde aquí le decimos al gobierno del estado que estamos unidos”.
A pesar de que Reyes Guerrero participó en la marcha, “por cuestiones de salud”, fue Botello Barrera quien habló a nombre de la CETEG y dijo que durante los 27 años que el magisterio lleva manifestándose, los maestros han sido asesinados, perseguidos y encarcelados, y que no es tolerable la situación de inseguridad actual, “ya basta de tanta violencia”.
Puntualizó que “hoy tenemos que hacer una lucha unificada sin protagonismos, sin políticos, los ciudadanos tienen que dar la cara porque hemos sido atacados, ¿qué va a hacer la ciudadanía con los que sólo se vienen a enriquecer?”. Añadió que la CETEG se unirá al plan de acción de los universitarios y viceversa.
Chávez Adame lamentó que el Palacio de Gobierno estuviera rodeado de vallas, “hoy Guerrero se viste de luto, hoy frente a estas rejas venimos a manifestarnos, el gobierno insensible priista que ofreció orden y paz, no cumple, los únicos que se salvan son ellos, el gobernador, los diputados, los senadores, hoy las armas las tiene la delincuencia” y que ante esa situación “la unidad es la clave”.

Reclaman la ausencia del rector

En su intervención, Ibarra Flores dijo que los universitarios deben unirse, lamentó los constantes crímenes en el estado y que “este tipo de movilizaciones no las encabece el rector (Javier Saldaña Almazán), es su responsabilidad encabezarlas pero no lo está haciendo porque coincide con el proyecto político del gobernador de Guerrero”.
Algunos universitarios exclamaron “¡hay que correrlo!”, luego, el integrante del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense dijo que “afortunadamente” se avecinan las elecciones y en ellas “debemos de calificar su conducta”.
Molina Francisco lamentó que Saldaña Almazán no haya respondido a la invitación del STAUAG para que el rector encabezara la marcha junto al resto de los universitarios, y por ello “le haremos un fuerte reclamo”.
Añadió que pese a que las autoridades estatales rodearon con vallas las escalinatas del Palacio de Gobierno, “eso no nos va a impedir entrar”, aclaró que los universitarios no llegaron a la sede del Ejecutivo estatal para cerrarla, pero “el día que queramos hacerlo nadie nos lo va a impedir”.
Pidió a los policías estatales que resguardan el edificio que mejor salgan a cuidar a la sociedad y a dar seguridad en las calles.

Hay avances, les dice un vicefiscal en una reunión

Una comisión de universitarios y organizaciones sociales encabezada por Martínez Llanes se reunió en el Palacio de Gobierno con el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Político, Jesús Vargas Vargas y el vicefiscal a cargo de la investigación del asesinato de la familia Cabrera Rosado, Néstor Fiallo Samayoa, quienes les informaron que “hay avances”.
Se acordó que la próxima semana los universitarios se reunirán en la Fiscalía de manera directa para conocer a detalle los avances en la investigación del crimen, a pesar de esto Martínez Llanes dijo que estarán atentos, porque “si el gobierno no puede debemos asumir nuestra propia defensa”.
Añadió que los universitarios exigirán justicia no sólo para la familia Cabrera Rosado, sino para todos los académicos, administrativos y estudiantes que han sido afectados por la inseguridad, “nunca más un crimen para las universitarias ni para los universitarios, ni tampoco para el pueblo de Guerrero”.
“Desde aquí le decimos al gobierno que nosotros también sabemos actuar racionalmente, los escuchamos, pero necesitamos respuesta y la próxima semana queremos que haya respuesta positiva, la impunidad es lo que nos está matando, el gobierno debe acabar con la impunidad”, expuso.

En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Piden cetegistas que el alcalde de Chilapa sea el intermediario para solucionar la falta de personal

Unos 300 directivos, maestros, administrativos y trabajadores de apoyo de secundarias técnicas, pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de manera inusitada solicitaron al alcalde priista de Chilapa, Jesús Parra, ser el intermediario para que las autoridades educativas atiendan la falta de personal en sus escuelas.
Por la mañana, los trabajadores de escuelas secundarias de seis municipios de La Montaña baja y alta, acompañados de algunos padres de familia, se concentraron a las afueras de la oficina alterna de la supervisión escolar 16 de secundarias técnicas, en la avenida Municipio Libre, y marcharon hacia el Ayuntamiento, en el centro de la ciudad.
Frente al edificio oficial pidieron por medio de bocinas ser recibidos por el edil priista Jesús Parra, con quien los maestros y dirigentes sindicales ya tenía pactada una audiencia.
Justificaron que el alcalde firmó como testigo una minuta “incumplida”, entre representes de las escuelas y autoridades educativas encabezadas por el director de personal de la Secretaría de Educación Guerreo (SEG), Eduardo León Encarnación.
Incluso Pantaleón Rodríguez Ayala, director de una secundaria técnica, dijo por el altavoz: “Cuando votamos por un gobierno que nos represente, éste debe buscar los medios necesarios para atender las demandas”.
Acudieron a atenderlos funcionarios locales menores, quienes dijeron que al gobierno municipal no le compete solucionar problemas magisteriales.
En declaraciones a reporteros, Emanuel Galeana García, comisionado político de la CETEG, explicó que la SEG se comprometió a cubrir más de 400 horas de adeudo, así como a emitir nombramientos para personal de apoyo y de asistencia.
Aseguró que el miércoles, el director de Personal de la SEG les canceló una reunión de trabajo.
El directivo Niceforo Navarrete García ejemplificó con que en la secundaria técnica de Tlachimaltepec, en José Joaquín de Herrera, hay un adeudo de 70 horas, problema que las autoridades no atienden.
Los manifestantes demandaron el pago inmediato de horas de adeudo, nombramientos que tengan techo presupuestal, pues aseguraron que se han emitido 22 sin sustento; personal de apoyo y asistencia, así como el mejoramiento de la infraestructura en las escuelas.
Más tarde se informó que el alcalde Jesús Parra se reunió con una comisión de representantes de las escuelas y les prometió girar oficios a las autoridades educativas.
La relación de este sector magisterial de la CETEG con el alcalde priista inició desde el año pasado, cuando éste último les ofreció un salón de fiestas de un familiar, que en campaña se habilitó como centro de operación para cooptar líderes y comisarios, para realizar reuniones con autoridades de la SEG.
También les ha enviado pollos rostizados y agua embotellada en las movilizaciones y bloqueos carreteros, de septiembre pasado.

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Cierran por segundo día padres y maestros la carretera a Pinotepa; piden 70 maestros

Piedras, ramas y una gran manta donde se leía “en defensa de la educación pública, no a la privatización”, sirvieron para bloquear la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en Cruz Grande, donde por segundo día padres de familia, comisarios y maestros protestaron por tres horas para exigir 70 maestros a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Unos 200 inconformes que mantienen tomada las instalaciones de la Delegación Regional de la SEG en Costa Chica, sumaron a su exigencia del envío de 70 maestros bilingües de preescolar y primaria a comunidades de la región, la destitución del delegado Mario Rosario Beltrán, porque “te quedó grande el puesto”, señalaba una de las pintas en la dependencia.
El martes, los inconformes irrumpieron en la delegación, donde quebraron los vidrios, destrozaron muebles de oficina y quemaron libros. Además, bloquearon la carretera federal por siete horas y media.
Este jueves, desde las 10 de la mañana, los manifestantes bloquearon la carretera, de donde se retiraron a la 1 de la tarde, luego de que se les informó que el próximo jueves el gobernador Héctor Astudillo Flores los atenderá en una mesa de trabajo en Chilpancingo.
En declaraciones por la mañana, el representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Tomás González, dijo que el miércoles por la noche fueron avisados de que el gobierno de estado entregó 30 nombramientos de forma general, para las comunidades que salieron a protestar en las regiones Norte, Montaña y Centro; sin embargo, eso no garantiza que los niños tengan clases en las comunidades que han sido abandonadas.
En una de las pancartas colocadas en la carretera, los maestros exigieron también la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la incorporación al Fone de los maestros del estado, la libertad de todos los presos políticos y un alto al terrorismo de Estado.
De nuevo se observó una fila de más de tres kilómetros de automóviles y camiones, varados en la carretera que comunica con el estado de Oaxaca, por la manifestación.

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Toman CETEG y Suspeg calles y tres oficinas de la SEG

Después del desalojo de integrantes de la CETEG y el Suspeg, los manifestantes bloquean la calle 16 de Septiembre y la avenida Ignacio Manuel Altamirano, mientras en acciones simultáneas otros grupos de maestros tomaron otras tres oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

Las acciones fueron la toma del edifico Juan N. Álvarez, por parte de la Sección 18 del SUSPEG y el grupo de la Montaña Baja de la CETEG.

Las oficinas de Finanzas de la SEG están tomadas por el grupo cetegista de la región Centro, las oficinas alternas de la dependencia que están en la colonia Tribuna las tomaron la comisión del magisterio de la Montaña Alta, mientras que Costa Chica y Norte cerraron las oficinas de Jurídico.

Desalojan a empujones y con gas lacrimógeno del edifico de Finanzas a maestros

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) tomaron el edificio de Finanzas en protesta contra la reforma educativa, minutos después fueron desalojados por unos 20 policías estatales antimotines quienes lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes.

A las 9 de la mañana los maestros tomaron el edificio Juan N. Álvarez que alberga la Subsecretaría de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, pero minutos después llegaron unos 20 policías antimotines que replegaron a los maestros empujándolos de la entrada hasta la calle.

Los uniformados colocaron vallas en los accesos al edificio, sin embargo continuaron con el desalojo violento contra los maestros a quienes empujaron y lanzaron por lo menos cinco petardos de gas lacrimógeno.

Los maestros trataron de arremeter contra los policías con la camioneta de sonido que llevaron para la protesta, pero los policías respondieron con más gases lacrimógenos.

Al lugar llegaron observadores de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum).