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Atrajo la CNDH la investigación de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humano del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo las investigaciones de la desaparición de los siete jóvenes por policías de Chilpancingo, dos de los cuales fueron hallados muertos, tres torturados y dos de los que aún se desconoce su paradero.
Consultado en el cuartel de la Policía Municipal dijo que la semana pasada la CNDH le solicitó que entregara los expedientes de la desaparición de los siete jóvenes, por la probable participación de los policías municipales de Chilpancingo, para continuar las investigaciones.
Dijo que el viernes enviaron los expedientes “la CNDH nos pidió atraer la competencia de las investigaciones por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado y la ley así lo establece, cuando los asuntos del estado trasciendan el interés nacional la CNDH podrá tener la facultad de atraer este caso”.
Indicó que la Codehum coadyuvará en las diligencias por las desapariciones ocurridas en la última semana de diciembre.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días, y aparecieron vivos en la ciudad.
El 3 de enero los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la capital.
El 4 de enero policías federales, militares y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal, y desarmaron a los agentes municipales luego de que fueran denunciados por la desaparición.

 

Emite la CNDH recomendación a la Ssa y a la Fiscalía por muertes de bebés en hospital de Tlapa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que reparen el daño a los padres de ocho recién nacidos prematuros que fallecieron en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, por falta de medidas sanitarias, infraestructura y equipos adecuados para brindar atención médica.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan registró que en julio y agosto de 2015, ocho neonatos fallecieron a consecuencia de infecciones por las bacterias escherichia coli y acinetobacter baumanni. Los hechos trascendieron y la CNDH atrajo la investigación.
Ayer, la CNDH emitió la recomendación 71/2017 dirigida a Astudillo Flores y al fiscal Javier Olea Peláez debido a la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos en el hospital, que provocaron la muerte de los bebés, así como por la inactividad de la investigación penal correspondiente durante 18 meses.
El expediente de la CNDH indica que en julio y agosto de 2015 hubo un proceso de Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS), en el que se vieron involucrados 20 pacientes recién nacidos en estado crítico, ocho de ellos se infectaron con bacterias y debieron ser atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; sin embargo, ingresaron en otras áreas no especializadas, como la Unidad de Cuidados Obstétricos, la Unidad de Urgencias Pediátricas y la Unidad de Urgencias para Adultos.
Lo anterior, debido a que en el hospital se hacía una ampliación de 12 a 24 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que por falta de presupuesto no se concluyó de manera oportuna, por lo que se improvisaron otras áreas para la atención.
El 28 de septiembre, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) radicó de oficio el Expediente de Queja, que “por su gravedad y naturaleza trasciende el interés de la entidad federativa e incide en la opinión pública nacional”, por ello, la CNDH atrajo el caso.
Para la investigación, la CNDH pidió a las secretarías de Salud, de la Mujer, de la Juventud, a la Contraloría y al Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, en su calidad de integrantes de la junta directiva del hospital, así como al director general del mismo, copia de los expedientes clínicos de los menores afectados y sus madres, e información de las condiciones del hospital, la región Montaña y el municipio de Tlapa.
Al respecto de las condiciones del hospital, la subsecretaría de Salud hizo una visita el 4 de septiembre de 2015, cuando constató que había un área en ampliación y remodelación, sin el permiso sanitario de construcción; no había suficientes medicamentos ni área de curaciones, la sala de urgencias era multifuncional, los procesos de higiene no se hacían de la manera adecuada y tampoco había personal suficiente.
Por los hechos y las omisiones de las autoridades en la investigación, la CNDH recomendó al gobernador que en un máximo de 12 meses se repara el daño a las víctimas, debido a la responsabilidad del personal del hospital, conforme a la Ley de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero (450), con base en las consideraciones planteadas en el expediente.
Que se inscriba a las madres de los menores que fallecieron en el Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; que por el tiempo necesario, de acuerdo con los requerimientos de las propias víctimas, se les otorgue atención psicológica de seguimiento, con oportunidad, calidad y calidez, en algún centro cercano de atención médica perteneciente a la Secretaría de Salud.
En un plazo que no exceda seis meses se giren las instrucciones necesarias para que se establezca un programa y la previsión presupuestaria, conforme al que se tomen medidas para dotar al hospital de los instrumentos, equipo, medicamentos, infraestructura, personal médico y todo aquello que garantice los estándares de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad en los servicios de salud que brinde.
Que el gobernador dé instrucciones para que el hospital acredite la conclusión de las obras de ampliación de la unidad de cuidados intensivos neonatales, en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la aceptación de la Recomendación; que colabore ampliamente con la CNDH en la queja administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la instancia que corresponda.
Además, en un plazo máximo de 12 meses, debe diseñar e impartir un curso integral y un taller de capacitación en materia del derecho a la protección a la salud en el hospital; específicamente sobre principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad, y conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas en materia de salud, con el objetivo de evitar que vuelvan a originarse actos como el que dieron lugar a este pronunciamiento.
Dichos cursos deberán se impartidos por personal especializado, con perspectiva de género, enfoque intercultural y considerando el principio del interés superior de la niñez.
También deberá dar instrucciones a quien corresponda para que se entregue una copia de la recomendación a las víctimas. En un plazo máximo de seis meses, deben hacer los estudios necesarios que permitan advertir cuál es la relación de causalidad que existe en el alto índice de partos pretérmino que se da específicamente en Tlapa, para que se adopten las medidas que se estimen pertinentes.
Por último, el gobernador deberá designar a un funcionario “de alto nivel” para que sirva como enlace en el cumplimiento y seguimiento de la recomendación. Se debe notificar a la CNDH con copias de los documentos correspondientes que se cumplió con lo dispuesto en la recomendación.
Mientras que el fiscal deberá hacer lo propio para concluir la investigación y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas; capacitar al personal para que estos casos se indaguen de la manera adecuada, mediante cursos que deben dar especialistas en la materia.

“Está dentro de los parámetros normales y dentro de las normas adecuadas, y todo lo que corresponde a evitar las infecciones nosocomiales”, dice el secretario

El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos aseguró que ya se cumplió la recomendación de la CNDH, y que se rehabilitó el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, ubicado en Tlapa.
Esto en respuesta a la recomendación que emitió ayer la CNDH a la Ssa y a la FGE ante la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos prematuros en ese nosocomio.
Contra la FGE, la recomendación es porque mantuvo inactiva 18 meses la investigación sobre la muerte de los recién nacidos, lo que violentó el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de las víctimas.
En declaraciones ayer después de una visita al nuevo hospital general de Acapulco, el secretario de Salud informó que ya se atendió esa recomendación, pues ya se remodeló el hospital, se capacitó a los trabajadores, y tienen una sala de terapia intensiva neonatal.
“Está dentro de los parámetros normales y dentro de las normas adecuadas, y todo lo que corresponde a evitar las infecciones nosocomiales”, indicó el secretario.
Abundó que las causas del fallecimiento de los recién nacidos fueron individuales y no masivas.
Más tarde, la Ssa emitió un comunicado para aclarar la información publicada en diversos medios sobre las muertes de los recién nacidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa.
En el comunicado se numeran seis puntos; el primero, que las muertes de los ocho recién nacidos, “se registraron los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2015; es decir, antes de que la actual administración estatal entrara en funciones”.
En el segundo asegura que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, “realizó una exhaustiva revisión de los casos en la que se concluyó que ‘existe evidencia para determinar que dichas defunciones fueron secundarias a proceso natural de la prematurez que presentaban los recién nacidos, lo cual implica desde enfermedades e infecciones propias de la edad’”.
El tercero es sobre la insuficiencia de medidas sanitarias por falta de infraestructura y personal capacitado, que pese a que el Hospital de la Madre y el Niño Indígena es un Organismo Público Descentralizado, “en todo momento se han brindado las facilidades para la conclusión de obras, por lo que actualmente, se encuentra en total funcionamiento”.
Luego afirma que la Secretaría cuenta “con el personal necesario y capacitado para la atención de los servicios médicos en todos los hospitales de Guerrero”.
En el punto número cinco dice que la Ssa se ha mantenido atenta a las necesidades de las unidades de salud en el Estado y advierte que esperan los dictámenes de la Contraloría del estado, para fincar responsabilidades.
Finalmente, en el punto seis, se hace referencia a la Recomendación de la CNDH, y asegura que “se atenderán”.

El estudiante de Veterinaria de la UAG asesinado en Cuajinicuilapa fue torturado, revela Efrén Cortés

En Acapulco familiares del estudiante desaparecido de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona, acompañados de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acudieron al Servicio Médico Forense donde reconocieron a la víctima y reclamaron el cuerpo.
En declaraciones, Efrén Cortés Chávez, uno de los tíos del joven de 24 años y sobreviviente de la masacre de El Charco, reveló que el joven fue torturado, y recriminó que desde que la Fiscalía General del Estado tomó el caso de la desaparición de su sobrino, quien realizaba un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia de la UAG, no informó nada a los familiares quienes se enteraron del hallazgo del cuerpo por otras personas.
Fuentes de  la Fiscalía indicaron que el cuerpo no sería entregado hasta que se realizaran los exámenes de ADN para una mayor certeza, pero a la una de la tarde los familiares informaron que en 2 horas les sería entregado y trasladado a su natal Cruz Grande.
En una llamada informaron que el cuerpo fue entregado a las 3 de la tarde y que las pruebas de ADN se las entregarían después, pero que identificaron plenamente al joven por señas particulares y la ropa que llevaba el día que desapareció.
Según el reporte de la Policía Ministerial que acudió al lugar donde fue encontrado el cadáver del joven desaparecido el 28 de octubre en el centro de Cuajinicuilapa, estaba en una fosa clandestina de unos 80 centímetros de profundidad, en un terreno ubicado en la carretera entre Cuajinicuilapa y San Nicolás.
Dice que el hecho fue reportado a las 10:30 de la mañana del martes por el comandante de la Policía Municipal de Cuajinicuilapa, Benito Gracia Morales, quien informó del lugar donde estaba enterrado el cuerpo reportado por los vecinos.
En un diámetro de 10 metros del terreno ubicado cerca de la comunidad de Montesillo, había ramas de árboles cortados y tierra removida, encontrado una fosa de 80 centímetros de ancho,  un metro con cuarenta centímetros de largo y 90 centímetros de altura, donde estaba la víctima.
El reporte indica que al cuerpo se le apreciaron “múltiples fracturas de cráneo, observándose atado del cuello con una cuerda de plástico de color blanco, así como la mitad de una camiseta de color blanco con rojo con el numero 85”.
El joven sólo vestía un “pantalón de mezclilla de color azul, bóxer gris, cinturón piteado el cual tiene la figura de la cara de caballo en la hebilla, y puesta sobre los brazos una playera tipo polo de color verde con figuras de Mickey Mouse en color rojo”.
El cuerpo no fue trasladado a la morgue a las 2:10 de la tarde, hora en que terminaron las diligencias. En el Servicio Médico Forense los familiares estuvieron acompañados de integrantes del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

Llama a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar

El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortes Chávez insistió en que la desaparición y el asesinato de su sobrino, el estudiante de Veterinaria Jorge Cortés Carmona, fue un crimen político por su relación de parentesco.
En una conferencia de prensa con representantes del Colectivo de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero denunció que el gobernador Héctor Astudillo Flores guardó silencio cuando se le pidió su intervención, y la Fiscalía General del Estado (FGE) fue muy lenta en la localización del joven de 24 años, además de que el cuerpo tiene indicios de tortura.
Aseguró que el siguiente día al de su desaparición, el lunes 30 de octubre, hombres desconocidos llamaron al número telefónico del papá de la víctima, y desde el anonimato dieron a entender que ellos sabían dónde estaba el muchacho y podían ayudarlos a localizarlo, sin pedir rescate.
Indicó que los registros telefónicos fueron entregados a las autoridades y no hubo más información del caso, hasta que encontraron su cuerpo enterrado en un paraje rumbo a la comunidad de San Nicolás, por la colonia Miguel Alemán de la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, y la localidad de El Comal.
Estimó que el cuerpo fue enterrado para desaparecerlo, y eso implicaría que el gobierno sabía dónde se encontraba, “¿o quién le dio el pitazo?”.
En tanto no haya una investigación profesional con resultados comprobables y científicos, dijo que insistirá en que el ataque a su sobrino pudo tener una motivación política, debido a las actividades políticas del luchador social. Subrayó que la vida de su familia es lícita.
Aclaró que independiente de los resultados del caso, sean responsables o no las autoridades, hay responsabilidad legal del Estado que debe garantizar la vida de los ciudadanos.
Señaló que la FGE no actuó hasta que la Red Solidaria Década contra la Impunidad solicitó acciones urgentes a las autoridades del Estado mexicano y a organismos internacionales. Entonces, comenzó la aplicación del protocolo de investigación compartida para casos de desaparición forzada.
Llamó a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar “no de simulación. Si hay agentes estatales culpables materiales o intelectuales, o no, debe haber una sanción ejemplar”.
También exigió un pronunciamiento o deslinde del gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que explique por qué la autoridad cayó, hubo silencio gubernamental, no hubo comunicación con la familia”.
Del Colectivo estuvieron representantes la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de los mineros de Taxco, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), colonos del Nuevo Mirador, y el integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García.
Consultado sobre la inseguridad en la entidad, Fuentes García aseguró que el grado de violencia no puede entenderse sin la connivencia de las autoridades.
Aunque hay operaciones militares y policiacas, estimó que hay cierto grado de contención en lugares estratégicos, como Acapulco, no así en las regiones.
“Es grave todo lo que ocurre, no basta toda esa movilización del Ejército y cuerpos de seguridad porque hay presunción de que están involucrados, y en esa circunstancia no puede hacer ninguna seguridad para nadie”,  advirtió.
Mencionó que en la época conocida como la guerra sucia, de la década de 1970, hubo una decisión de Estado para localizar y eliminar un movimiento guerrillero, que no llamaban así, sino de delincuentes, pero no fueron sólo contra los guerrilleros sino tras los familiares y la población que podía protegerlos, “el daño de aquel tiempo no ha sido reparado, no ha habido justicia ni verdad”.
Ahora, señaló que la situación es más compleja por el involucramiento de grupos criminales, “que no podría ocurrir sino fuera por la connivencia del Estado”.

Celebra Siempre Vivos la entrada del Ejército a Zitlala que llegó “después de tantos asesinatos”

El presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa y Zitlala, Siempre Vivos, José Díaz Navarro reprochó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que a pesar de dos quejas para que se investigue por qué las autoridades no han investigado los 140 asesinatos cometidos en lo que va del año y más de 110 desaparecidos en esos dos municipios, no haya intervenido.
Por otra parte celebró que el Ejército y la Policía Estatal hayan tomado el control de la seguridad en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en donde opera el grupo armado Paz y Justicia, aunque se tardaron más de dos años y cuestionó que hayan llegado “después de tantos asesinatos y desapariciones”.
Díaz Navarro urgió a las fuerzas federales y estatales a que también tomen el control de la seguridad en la ruta del sur de Chilapa desde Atzacoaloya hasta los municipios de Quechultenango y Mochitlán en donde opera, dijo, el grupo Paz y Justicia con el grupo criminal Los Ardillos.
Vía telefónica informó que la organización Siempre Vivos presentó una queja en contra de la autonombrada policía comunitaria del grupo Paz y Justicia desde la desaparición de 30 personas, durante su irrupción del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal de Chilapa.
Dijo que después, (sin precisar la fecha) presentó una queja más concretamente en contra de este mismo grupo que tiene el control en Tlaltempanapa, pero que el organismo no ha hecho ningún pronunciamiento, en general, en contra de toda la violencia que se vive en Chilapa y Zitlala que ha dejado 140 asesinatos de enero a lo que va de julio, según sus registros.
“Que curioso que la CNDH se convirtió en agencia de investigación criminal para investigar las muertes del socavón en Cuernavaca, de los 28 muertos del penal de Acapulco, del espionaje de Pegasus, pero de los 140 homicidios en Chilapa en los últimos seis meses, no se han enterado”, reprochó Díaz Navarro.
Denunció que en Chilapa y Zitlala han asesinado a niños, a mujeres embarazadas, a mujeres madres de familia, a mujeres de la tercera edad a jóvenes estudiantes, a indígenas, a minusválidos y a padres de familia, “¿y la CNDH dónde ha estado todo este tiempo?, ¿por qué no investiga?”, cuestionó.

Los Rojos fueron desplazados y Los Jefes son Los Ardillos, asegura

Explicó que tampoco se ha hecho nada por los desaparecidos de los que hubo muchos cuando operaba en Chilapa y Zitlala el grupo criminal Los Rojos, porque afirmó que ahora Los Rojos fueron desplazados “casi en su totalidad”, y el grupo criminal que opera es el de Los Jefes y según Díaz Navarro son los mismos que Los Ardillos. Dijo que con ellos ha disminuido en la zona el número de desapariciones pero que aumentaron los asesinatos.
Contó: “una autoridad municipal que no voy a decir quién es, les dice a los familiares que si su familiar está desaparecido que se esperen a más tardar ocho días porque va a aparecer su cuerpo, que aunque sea desmembrado pero que va a aparecer”.
El presidente del colectivo agregó que el razonamiento de esa autoridad municipal, “suena grotesco, pero es la verdad, así les dice”.
Se quejó que para encontrar a los desaparecidos son los familiares los que los buscan, aunque la mayoría de las veces los encuentran vivos, “y cuando la gente aparece muerta los familiares ya no le mueven, ya no piden justicia, ya no piden nada, se conforman que por lo menos tuvieron la oportunidad de darle sepultura al cuerpo y aunque se lo hayan entregado en pedazos”.
Explicó que por esta situación no tiene un número exacto de desaparecidos, y contó que él se quedó en 110 en lo que va del año, “pero yo mismo ya no di avance en el registro de los desaparecidos porque es muy difícil de llevarlo, como sí podría hacerlo la autoridad”.
Mencionó que él ya no vive en Chilapa, de donde salió desplazado por la violencia, pero que también muchas familias ya no denuncian a sus familiares desaparecidos.

La situación de violencia en Zitlala es similar a la de Chilapa

De la operación militar y policiaca que asumió el control en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, después de dos enfrentamientos que tuvieron a golpes, a pedradas y a palazos el miércoles y el viernes con habitantes del grupo Paz y Justicia, Díaz Navarro declaró que “se tardaron más de 2 años” en ir a tomar el control de la seguridad, y que fue “después de tanta gente desaparecida y asesinada en Zitlala, en donde se vive una situación similar a la de Chilapa”.
El colectivo Siempre Vivos, ha venido denunciando a la auto llamada policía comunitaria de Paz y Justicia que mantiene el control en ese pueblo ubicado a 15 minutos al norte de Zitlala, de ser la responsable de los asesinatos y desapariciones en la zona. También ha denunciado que pertenece al grupo criminal Los Ardillos.
Sin embargo reconoció que la presencia del Ejército y la Policía Estatal es “excelente”, pero que en general, el Ejército y las policías ya deben de tomar la rectoría de la seguridad en todas las zonas en donde está a cargo de grupos ilegales y anticonstitucionales.
Concretamente pidió que el Ejército tome el control en las comunidades del lado sur de Chilapa, desde Atzacoaloya, El Jagüey, San Ángel, Xiluxuchicán y Ayahualulco, donde opera el grupo Paz y Justicia, y hasta Quechultenango y Mochitlán en donde dijo que operan Los Ardillos.
También pidió el control de la seguridad en las comunidades de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa y Tepoztlán, municipio de Ahuacuotzingo, en donde informó que opera un grupo criminal encabezada por un delincuente apodado La Culebra o El Talibán, “que está generando mucha violencia y el desplazamiento de familias”.
Los militares y policías “están para resguardar la integridad de los ciudadanos y salvaguardar nuestras vidas. No puede ser que un grupo de borrachos, drogadictos y delincuentes se hagan cargo de la seguridad sin que nadie los controle, nadie los regule, nadie sepa quiénes son ni cuántos son, y que hayan generado tantísima violencia a partir de que empezaron a operar”.
Anunció que cuando haya garantías y la seguridad de que el Ejército y la Policía Estatal retomaron la seguridad en la zona, el colectivo va a reiniciar con los familiares la búsqueda de los desaparecidos.
“Más adelante vamos a programar una búsqueda en Tlaltempanapa, en donde tenemos información de que hay muchos cuerpos tirados o sepultados clandestinamente. Es un dato curioso, cuántos desaparecidos y homicidios ha habido en ese pueblo y ni si quiera tienen un panteón”, dijo en referencia a que los habitantes de ese lugar tienen que ir a sepultar sus muertos a Zitlala, la cabecera municipal.

 

Cierra la OPIM una calle en Chilpancingo; exige justicia en una muerte por negligencia médica

Integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), bloquearon este lunes 5 horas la avenida de los gobernadores frente a la puerta 3 de Casa Guerrero, y exigieron el cumplimiento de la recomendación 43/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que establece la reparación del daño a los familiares de la indígena Brígida Campos García, quien falleció por negligencia médica en el hospital de Copala.
La CNDH emitió la recomendación desde el 25 de septiembre del 2014 y recomienda, asimismo, la sanción al personal responsable de la negligencia.
Los manifestantes exigieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores porque denunciaron que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame y el de Salud, Carlos de la Peña Pintos encargados de atender el caso, no les han dado una respuesta satisfactoria.
En su protesta denunciaron la falta de médicos y medicamentos en los centros de salud de la región Costa Chica.
La dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel denunció que ya tiene 2 años y medio que la CNDH emitió la recomendación que establece que se tiene que reparar el daño a los familiares de la víctima Brígida Campos, sin que el Gobierno estatal le haya dado cumplimiento a pesar de que fue aceptada.
Explicó que a pesar de que no existe una ley que establezca cómo y cuánto debe ser la reparación del daño, hay reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en este caso están pidiendo que la Secretaría de Salud se apegue a ese reglamento.
Denunció que la Secretaría de Salud, mediante su representante Javier Guerra, les ha informado que la dependencia ya dispuso cuánto es lo que van a pagar como reparación del daño a la familia, pero que el secretario de Gobierno no ha autorizado el trámite.
“Nosotros decimos que una vida no se compra, que no hay un precio, pero los empleados de salud que provocaron su muerte (de Brígida Campos), arruinaron el proyecto de vida que tenía con Jesús Victoriano, su esposo y el hijo de ambos, quien también murió porque no hicieron nada para salvarle la vida en el hospital. Sus vidas, sus aspiraciones y su proyecto de vida que empezaron a construir no vale dinero, su valor no tiene precio, y estos empleados de gobierno no lo entienden, piensan que con unos cuantos pesos pueden callar el reclamo de justicia”, denunciaron en un volante distribuido durante la protesta.
Eugenio Manuel dijo que piden hablar directamente con el gobernador para que cumpla la recomendación que emitió la CNDH, específicamente la reparación del daño a los familiares.
Informó que también han pedido al senado de la República que intervenga para que pida al Gobierno estatal una explicación, de por qué no ha cumplido la recomendación.
Brígida Campos era una mujer indígena na savi del municipio de Ayutla, quien murió el 21 de Marzo de 2014 a los 20 años de edad en el hospital de Copala, según sus familiares por falta de atención médica.
A raíz de ese caso el 25 de septiembre de 2014 la CNDH emitió la recomendación 43/2014 dirigida al gobernador del estado, en ese entonces recién había solicitado licencia el gobernador Ángel Aguirre Rivero a raíz del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala y la desaparición de 43 de ellos, pero todavía no tomaba posesión el interino Rogelio Ortega Martínez.
“A tres años de la muerte de Brígida y a dos y medio de la recomendación de la CNDH, el gobierno del estado se ha negado sistemáticamente a reparar el daño a los familiares de Brígida y su hijo”, denunció la OPIM en su volante.
La agrupación se quejó que De la Peña Pintos, “de mala fe ha tratado de hacer una reparación de daño que no corresponde como lo marca la ley”.
“Por esta razón, como familiares de Brígida, hemos solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de acuerdo al derecho que nos asiste y a la recomendación, que por su conducto pida a la Cámara de Senadores la comparecencia de Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado, y explique las razones por las cuales se ha negado a cumplir la recomendación”, se agrega en el escrito.
Durante la protesta demandaron un nuevo centro de salud en el municipio de Ayutla y denunciaron la falta de médicos y medicamentos en los centros hospitalarios de la región Costa Chica.
Eugenio Manuel informó que en junio del año pasado integrantes de esa organización se reunieron con el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Salud de la Peña Pintos, a quienes les pidieron la construcción de un nuevo centro de salud en Ayutla porque el que está no se da abasto, además de que no hay medicamentos.
Un grupo de vecinos de la comunidad de Tres Cruces, municipio de Acatepec que colinda con Ayutla, vino a demandar una ambulancia para el traslado de sus enfermos a Ayutla, porque su centro de salud no tiene médico ni medicamentos.
También vinieron habitantes de las comunidades de El Camalote y Barranca Tecoani, quienes solicitaron el envío de medicamentos a sus comunidades, “si en la cabecera municipal no hay medicamentos, menos habrá en las comunidades”, dijo Obtilia Eugenio.
Los más de 50 indígenas encabezados por Ángela García Victoriano, madre de Brígida y la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, llegaron a las 10 de la mañana a la puerta 3 de Casa Guerrero en donde se mantuvieron en plantón, bloqueando la avenida hasta las tres de la tarde cuando salió a platicar con ellos César Armenta Adame, secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El funcionario les dijo que el gobernador los recibirá en audiencia el 24 de abril.
El secretario de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez advirtió que ese día podrían volver a instalarse en plantón en caso de que no sean recibidos.

 

Van 40 quejas de guerrerenses en la CNDH; la mayoría contra la PF, el Ejército y el IMSS

 

De acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos, de las mil 265 quejas que se han presentado en los primeros meses del año contra autoridades federales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guerrero está en el décimo lugar con 40.
La información disponible en el portal de la CNDH señala que de las 40 quejas presentadas en enero y febrero de este año, siete han sido contra la Policía Federal, destacan dos casos de tortura además de tres por trato cruel y dos detenciones arbitrarias.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también tiene siete quejas, dos por trato cruel e inhumano, dos detenciones arbitrarias, una por incomunicación, una por ejercer violencia desproporcionada durante la detención y una por retención ilegal.
Otras siete quejas son para el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), del que resaltan dos casos por negligencia médica, uno por omitir atención médica, además de tres por faltar a la imparcialidad y eficiencia en el empeño de las funciones.
Otras cuatro quejas son contra la Secretaría de Marina (Semar), tres contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y tres contra la Procuraduría General de la República (PGR).
También hay dos quejas contra la Fiscalía General del Estado (FGE), una contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), otras contra el Fovissste, una más contra la Procuraduría del Consumidor y la Secretaría de Cultura.
De las mil 265 quejas en el país, 465 se han presentado en la Ciudad de México, 117 en el Estado de México, 77 en Aguascalientes, 76 en Veracruz, 69 en Chiapas, 56 en Jalisco, 45 en Morelos, 42 en San Luis Potosí, 41 en Michoacán y 40 en Guerrero.
En el año 2016 Guerrero se colocó en el lugar 18 con 184 quejas contra autoridades federales, de las que 83 fueron contra la Policía Federal, 22 contra la PGR, 19 contra la Sedena y 15 contra el IMSS.

 

Encuentra la CNDH que en cárceles de Guerrero los presos tienen funciones de autoridad y cobran

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló 189 situaciones de riesgo, para prevenir la tortura y el maltrato en lugares de detención e internamiento (cárceles y albergues) que dependen del gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en su informe de anual de actividades 2016.
Además señaló 150 situaciones riesgo en cárceles municipales de Acapulco, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de Los Bravo, Coyuca de Benítez, Huitzuco de Los Figueroa, Mochitlán, San Marcos, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano y Tixtla de Guerrero.
Entre las irregularidades señaló que las instalaciones son inadecuadas, que no tienen áreas exclusivas para alojar a las mujeres y que los internos tienen funciones de autoridad, cobran y gozan de distintos privilegios.
En un comunicado la CNDH informó que hizo más de 4 mil visitas a las 32 entidades del país, y el Mecanismo emitió 17 informes, nueve para cuatro entidades estatales, entre ellas Guerrero, así como para autoridades municipales y tres para al gobierno federal: uno para el Comisionado del Instituto Nacional de Migración y dos para el Comisionado Nacional de Seguridad.
En 44 visitas iniciales a Guerrero y cuatro de seguimiento, encontró 110 “incidencias” (situaciones irregulares) que violentan la legalidad y seguridad jurídica de personas privadas de su libertad, 80 relativas al derecho a un trato humano y digno, 33 por el derecho a la protección a la salud, 93 por el derecho a la integridad personal y 23 situaciones de grupos en situación de vulnerabilidad.
En el informe del 18 de agosto de 2016 para Guerrero y la FGE, indicó que en la entidad las instalaciones de detención y reclusión son inadecuadas, que la alimentación es deficiente, que hay sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de recreación.
También faltan áreas exclusivas para alojar a las mujeres, personal especializado para la atención de menores de edad, la restricción de actividades de reinserción social, y los internos tienen “funciones de autoridad, cobros y privilegios”.
El mes pasado una mujer presa en la cárcel de Chilpancingo denunció que se separó a hombres y mujeres debido a que lo recomendó la CNDH, y que las instalaciones son inadecuadas porque las madres que viven con sus hijos tienen espacios de trabajo en el área general, donde están los hombres.
La CNDH denunció que en Guerrero hay restricción de comunicación del detenido con un defensor, hasta que éste acepta el cargo que se le imputa, falta de privacidad durante las entrevistas de las personas detenidas con su defensor y la comunicación telefónica, insuficientes aparatos telefónicos para la comunicación con personas del exterior, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad, inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad (procesadas y sentenciadas), e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos.
Señala que los funcionarios públicos son omisos ante actos de tortura o maltrato y frente a las anomalías del personal médico, por prestación del servicio, y abasto de medicamentos, donde no hay condiciones para hacer los exámenes en privacidad.
Para la atención de mujeres señaló que no hay personal femenino para su custodia, y falta capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento en materia de prevención de la tortura.
Tampoco programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención, contra las adicciones ni accesos para las personas con capacidades físicas diferentes.
Recomienda mejorar la higiene y que se den tres alimentos al día en las prisiones

A fin de promover medidas para mejorar el trato y las condiciones de detención, recomendó mejorar las condiciones de habitabilidad y de higiene para garantizar una estancia digna y segura.
Asimismo, que se distribuyan tres alimentos al día en un horario establecido, con valor nutritivo para el mantenimiento de su salud, y se procure una distribución equitativa de los espacios que no exceda la capacidad instalada, y que las mujeres en los centros de reclusión y en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes cuenten con instalaciones adecuadas para garantizarles el acceso a los servicios y actividades, en igualdad de condiciones que la población varonil y totalmente separadas de las que éstos utilizan, así como contar con el personal especializado que se requiera para tal efecto.
Propuso que los centros de adaptación, tengan áreas de aseguramiento de las agencias del Ministerio Público que alojen exclusivamente a las mujeres, completamente separadas de las que ocupan los hombres, y se implementen programas para prevenir y en su caso y atender situaciones de peligro, emergencia o eventos violentos.
Del Centro Estatal Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad Casa Hogar DIF Guerrero, pidió personal de trabajo social suficiente para la debida atención de los menores.
En el informe 6/2016 el 26 de agosto de 2016 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura notificó a los alcaldes de los 12 municipios de Guerrero que tienen cárceles, 150 situaciones de riesgo, situaciones similares a los centros de readaptación estatal: inadecuadas instalaciones, deficiencias en la alimentación y falta de áreas para alojar a mujeres.
Señala irregularidades en la imposición de sanciones administrativas, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad, restricción de la comunicación telefónica y la omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato.
En prevención de la tortura resalta la inexistencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos, deficiente supervisión de los lugares de detención y carencia de accesos para personas con capacidades diferentes.

Pide el Centro Morelos a la ONU y a la CNDH que ayuden a sobrevivir a familias de desaparecidos

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa manifestó que los familiares de desaparecidos esperan que el representante en México de las Naciones Unidas, Jan Jarab, y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez cumplan su promesa de intervenir para que los familiares de las víctimas de desapariciones reciban apoyos para su sobrevivencia.
En un boletín el organismo informó que los familiares de las víctimas que se reunieron con el representante de las Naciones Unidas y el visitador de la CNDH el martes y miércoles en Chilpancingo y Chilapa, pidieron proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, “sin restar importancia a las sugerencias y recomendaciones precisas que el gobierno del estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia para las víctimas, y poder tener un estado con mayor equidad y libre”.
Reprochó que siendo Guerrero un lugar donde los altos índices de desaparición forzada, los homicidios y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas son temas cotidianos, haya una Fiscalía General del Estado (FGE) y una Dirección General de Servicios Periciales sin la capacidad para enfrentar el problema.
En cuanto al primer asunto el Centro Morelos consideró que la visita conjunta del representante del Alto Comisionado y del visitador de la CNDH, “no se habría dado si la situación de violencia que vivimos los guerrerenses fuera atendida adecuadamente por nuestras autoridades”.
Reclamó que por el contrario las cifras de asesinatos, de personas desaparecidas, desplazados, secuestros, y extorsiones van a la alza.
“Además la saturación de cuerpos y restos en el Servicio Médico Forense, en contraste con el número de familias organizadas que buscan a sus seres queridos, habla de la incapacidad de nuestras autoridades de hacer las identificaciones correspondientes”, cuestionó el organismo.
El Centro Morelos informó que los colectivos que se reunieron con el representante del Alto Comisionado de la ONU y el primer Visitador de la CNDH, no son las únicas víctimas en el estado, pues no existe un número exacto de personas desaparecidas o desplazadas.
“Tan sólo en esta semana fueron desplazados por la delincuencia organizada aproximadamente 150 personas de la comunidad de Tlaltempanapa, el 4 de diciembre fue hallado el líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) Juan Mendoza Tapia y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecidos el 24 de noviembre. Un día después se dio la privación de libertad del coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Profesor Irineo Salmerón Dircio en manos de un comando de hombres armados”, denunció.
En este contexto exhortó a la ONU-DH y a la CNDH a que cumplan los compromisos que hicieron con las víctimas, “entre estos el compromiso de Ismael Eslava de hacer gestiones para que familiares de desaparecidos reciban proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, sin restar importancia, a las sugerencias y recomendaciones precisas que el Gobierno del Estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia, para las víctimas y poder tener un estado con mayor equidad y libre”, reclama el organismo mediante su comunicado.
Por otra parte el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón denunció que los hechos de desaparición involuntaria de personas han puesto en evidencia, que tanto la FGE como su Dirección de Servicios Periciales carecen de equipo material y humano para ofrecer un trabajo confiable a la población.
En este contexto el organismo denunció que los familiares además de salir a buscar a sus desaparecidos se ven en la necesidad de solicitar peritajes independientes, por la falta de confianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Es dramática la situación de las desapariciones y preocupante la debilidad institucional: ONU

Los 2 mil 428 homicidios dolosos en un año y las 409 desapariciones en sólo tres municipios cometidos en condiciones de inseguridad, violencia e impunidad son un problema muy dramático y preocupante en Guerrero, concluyeron la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al término de su gira de trabajo en la ciudad de Chilapa, donde se reunieron con unos 50 familiares de desaparecidos, el representante de la ONU-DH, Jab Jarab y el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, informaron que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no cuenta con los recursos humanos y materiales para enfrentar la preocupante situación en materia de violación a los derechos humanos en la entidad.
Los organismos documentaron que las familias de las víctimas no tienen acceso a la justicia, que hay desplazamientos forzados en zonas controladas por el crimen organizado y que prevalecen reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Ofrecieron al gobierno del estado ayuda técnica en materia de derechos humanos y en el área forense para la identificación de cuerpos, además de acompañamiento a las familias de las víctimas y a las organizaciones de defensa de derechos humanos que las asisten.
Ayer casi al mediodía los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH y de la CNDH escucharon durante 2 horas los testimonios, quejas de la falta de resultados en las investigaciones y en la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, así como la crisis económica de los familiares de personas desaparecidas en Chilapa del Colectivo Siempre Vivos.
Estuvieron el representante de la agrupación José Díaz Navarro y el personal del Centro Morelos encabezados por Manuel Olivares Hernández.

El diagnóstico

En conferencia de prensa al concluir la reunión en lo que llamaron “misión conjunta” de la CNDH y la ONU-DH México al estado de Guerrero, los representantes de estas instituciones dieron su diagnóstico.
Jab Jarab calificó sus dos días de labores en la entidad como de comunicaciones intensas con el gobierno del estado, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas de desaparición en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
Dijo que las desapariciones y los obstáculos en las instancias de justicia que encuentran las familias no deberían de existir.
“Nuestra oficina siempre hace hincapié en la búsqueda con vida (de las víctimas de desaparición) y estamos convencidos de que las autoridades estatales y federales deben de hacer mucho más esfuerzo para dar con el paradero de los desaparecidos en Chilapa y el estado”, agregó.
Reveló que en la reunión del martes con el secretario general del Gobierno, Florencio Salazar Adame y con el fiscal general Xavier Olea Peláez, le entregaron un informe que indica que de enero de 2013 a la fecha se han registrado 409 casos de desaparición en los municipios de Acapulco, Iguala y en Chilapa.
Detalló que tan sólo en Chilapa hay 150 desapariciones, “hay 150 desaparecidos en tres años en un solo municipio, sí es un problema dramático”.
Indicó que aunque el gobierno del estado reconoce la gravedad del problema necesita dar una respuesta adecuada.
Cuestionó que la FGE cuente con sólo cinco agencias de Ministerio Público en todo el estado para atender unos 2 mil 500 homicidios en un año, y más de 400 desapariciones en tres, sin añadir los casos de años anteriores que han quedado en la impunidad.
En otra parte de la conferencia complementó que la información del gobierno del estado es muy preocupante: entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 ha registrado 2 mil 428 homicidios dolosos.
“Esto me deja sin comentarios, si esa es una situación bajo control (como dice el gobierno del estado) es una situación preocupante, más de 400 casos sólo de desapariciones y en muchos casos no hay denuncias por miedo a que el crimen organizado les haga perder a otros familiares si van a denunciar”, advirtió.
“Hay un problema muy dramático, vamos a hacer todo para que se multipliquen los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las familias, es una de las cosas más tristes escuchar que las personas quieren saber si su familiar está muerto y dónde se encuentra su cuerpo”.
Añadió que la obligación de los gobiernos del estado y federal es garantizar que se resuelva esta situación, que se reparen los daños y que se garantice la no repetición de los hechos.
A pregunta expresa respondió que la ONU-DH no tiene el tiene mandato para declarar zonas de emergencia humanitaria, que son los gobiernos los que las declaran.
Advirtió que no quieren regresar al estado en seis meses o en un año y encontrar una respuesta de las autoridades de que es muy difícil, o que no hay recursos suficientes para investigar.
“(Queremos) que haya logros, que haya casos resueltos y que los perpetradores estén debidamente procesados. Es un derecho saber lo que ocurrió con sus familiares, es posible que estén vivos porque el crimen organizado se los llevó, hay que investigar, buscarlos”, llamó.
De la misma reunión Jan Jarab agregó que le expresaron al secretario general y al fiscal su preocupación con la situación de impunidad e inseguridad, “nos preocupa la debilidad institucional”.
Mencionó que en la reunión con familiares de víctimas de Chilapa encontraron la falta de asistencia flexible a la situación de falta de recursos económicos, porque los familiares se quedan con los hijos de sus esposos desaparecidos.
“Son consecuencias socioeconómicas muy duras para las familias y se necesita ayuda”.
Otro fenómeno, dijo, son las víctimas de desplazamiento forzado interno que le revelaron los colectivos, ya que en algunos casos las personas no quieren ser esclavos del crimen y abandonan sus hogares. “Esas personas también necesitan el apoyo del Estado”, dijo Jan Jarab.

Desplazamiento forzado interno

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava informó que junto a la ONU-DH atenderán a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente a las familias de desaparecidos y en casos de homicidios que no han sido esclarecidos.
Dijo que documentaron legítimas demandas e inconformidades en los casos de desaparición que se encuentran en las instancias de procuración  de justicia.
“Hay dilación en la investigación y como consecuencia la falta de esclarecimiento de los casos, sin soslayar varios casos de homicidios no esclarecidos”.
Dijo que a las autoridades estatales les hicieron patente la preocupación por las condiciones de inseguridad, violencia e impunidad derivado de las falta de esclarecimiento de los casos en varias regiones del estado.
Dijo que el gobierno del estado reconoció que existe un problema de desplazamiento forzado interno.
Otro punto de la visita, dijo el primer visitador, fue expresar de una manera sincera solidaridad y respaldo a los familiares de las víctimas.
Durante la estancia en Chilapa de los representantes de la ONU-DH México y la CNDH, se reportó la presencia en dos módulos de seguridad, ubicados en el crucero a la comunidad de Ayahualulco y el que conduce a la comunidad de Atzacoaloya sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, de integrantes del grupo Paz y Justicia sin que se conociera el motivo de su apostamiento donde hasta hace una semana había retenes de soldados del Ejército.

Es más humano colocar los cuerpos sin identificar en gavetas que en la fosa común, responde el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que los cuerpos que serán inhumados en el Cementerio Forense Estatal de Chilpancingo no han sido identificados por sus familiares pero se cumple con un protocolo.
En conferencia de prensa después de la inauguración del 18 Congreso Internacional en Adicciones, se le preguntó al respecto y dijo que es “más correcto y más humano colocarlos (en las gavetas) que mandarlos a la fosa común”.
Héctor Astudillo reconoció que se trata de un asunto delicado e importante pero asume la responsabilidad de esa decisión.
Del reclamo de la falta de identificación de los cuerpos, el gobernador lamentó que no hay familiares que reclamen los cuerpos, “ese fue el motivo para enviarlos a un cementerio donde se tomaron una serie de medidas de carácter de salud y de trato humano a quienes fallecieron”.
“Entiendo que habrá personas que van a estar diciendo bueno por qué se los llevan si no han sido identificados, pues por eso exactamente porque no han sido identificados”, agregó.
Después el gobernador explicó que donde fueron depositados los cuerpos se trata del “primer panteón ministerial del país” y que en la inhumación de los cuerpos se cumplieron los protocolos internacionales para la conservación e identificación de cuerpos.
Explicó que a los cadáveres se les realizaron diversas pruebas periciales, antropológicas, genéticas, dactiloscópicas, odontológicas, para generar un banco de información y expedientes que permita cruzar información con otras fiscalías y la Procuraduría General de la República (PGR), y de esta forma localizar e identificar familiares vinculados a los cuerpos.
También informó que “las gavetas y bolsas que se utilizan en el panteón ministerial, fueron donadas por la Cruz Roja Internacional, y permiten conservar los cuerpos hasta 50 años”.

Es injustificable la inconformidad de los familiares, dice el fiscal

El fiscal del Estado, Xavier Olea Peláez declaró ayer que es injustificable la inconformidad de los familiares de los desaparecidos por el traslado de cuerpos del Servicio Médico Forense (Semefo) al Cementerio Forense Estatal, y aseguró que se están cumpliendo las reglas y protocolos establecidos en la materia, además, que la Fiscalía cuenta con la base de datos para una posible identificación posterior.
Consultado por teléfono el fiscal informó que los protocolos que se están aplicando son los que les proporcionó la Cruz Roja Internacional, y que continuará el traslado hasta completar 60 en una primera etapa, mientras continúa la aplicación de las pruebas al resto de los 460 que hay en los semefos del estado.
En cuanto a las denuncias que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y ante el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez de la falta de resultados en las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, argumentó falta de presupuesto, pero que aún así hay avances y que hasta les dieron a conocer lugares donde pudiera haber fosas posiblemente con cadáveres.
Dijo que la tarde del martes se reunió con el visitador de la CNDH Ismael Eslava a quien le explicó que los cadáveres que comenzaron a ser trasladados al cementerio ministerial son los que no han sido identificados.
“A mí me salta un problema porque dicen que no están identificados los cuerpos. Los cuerpos no pueden ser identificados si ningún deudo los identifica, lo que tenemos identificado es el ADN, las periciales de antropología forense, dactiloscopia, criminología, tenemos todo, pero son desconocidos”, aseguró.
–Pero la inconformidad de los familiares de desaparecidos es que no se ha hecho una confronta–, se le aclaró al fiscal.
–Están confrontados, cómo que no hay una confronta. Pero si no se sabe quiénes son no puede haber familiares.
Explicó: “si yo me muero tengo quien me reconozca, mi esposa o mis hijos. Aquí no es ese el caso, aquí son cadáveres que no han sido reconocidos por ningún familiar. Entonces la colectividad cómo puede estar en contra si no están reconocidos”.
Olea Peláez aseguró también que se cumplieron los protocolos, “los protocolos nos los dio la Cruz Roja Internacional. Somos el primer estado de la República en crear esto, porque en todos los estados y en la Ciudad de México se ha determinado el tiempo que están los cadáveres no reconocidos en Semefo, y son enviados a la fosa común, sin sacarles el perfil de ADN, sin nada”.
En cambio, explicó que con la medida que se aplicó aquí, “si un hermano mío está desaparecido y ya lo metieron a la gaveta, me sacan sangre y saliva e inmediatamente me van a decir: es el número 5 que está en tal lado”.
–En estas condiciones, ¿va a continuar el traslado?
–Evidentemente que va a continuar porque estamos rebasados en el número de cadáveres que podemos tener en los semefos.
Confirmó que en una primera etapa se van a trasladar 60 de un total de 460 cuerpos que hay en los semefos del estado. El martes fueron trasladados 20, ayer miércoles serían enviados otros 20 y este jueves 20 más, “y hasta allí paramos”.
Agregó que después van a continuar aplicando las pruebas al resto de los cadáveres para que “en un tiempo razonable” se trasladen otros 20, “y así vamos a ir descongestionando los semefos”.
Además aseguró que la Fiscalía cuenta con una relación “perfectamente cotejadas”, y dijo que los datos se encuentran en un libro de gobierno.

Falta presupuesto para investigar los casos de desaparecidos

En cuanto a la denuncia que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab y al visitador de la CNDH Ismael Eslava en el sentido de que no hay avances en las investigaciones para localizar a personas desaparecidas y esclarecer los asesinatos, el fiscal argumentó que la Fiscalía carece de presupuesto para hacer su trabajo.
Informó que la tarde del martes se reunió con el representante del Alto Comisionado, “y le dije claramente las penurias que pasa la Fiscalía en ese aspecto”.
Agregó que le explicó al enviado de las Naciones Unidas la escasez del presupuesto, “le expliqué que Guerrero no es Coahuila, no es Chihuahua y que es muy difícil encontrar cadáveres. Le expliqué claramente qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos avanzando”.
Dijo que el Alto Comisionado y el visitador de la CNDH le recomendaron que de alguna manera se tiene que fortalecer la Unidad o Fiscalía de personas desaparecidas.
“El problema es que hoy no tenemos el presupuesto, y vamos a ver si para el año que entra se puede hacer crecer la Fiscalía de desaparecidos”.
Olea Peláez aseguró que el representante del Alto Comisionado y el visitador de la CNDH “estuvieron 100 por ciento de acuerdo” con su respuesta.
La reunión fue en la Fiscalía entre las 5 y 7:15 de la noche y posteriormente se trasladaron a la Secretaría de Gobierno, en donde se reunieron también con el secretario Florencio Salazar Adame.
En esta segunda reunión los funcionarios entregaron un documento que contiene información de los lugares donde existen fosas posiblemente con cadáveres, y les explicaron que en el caso de las que fueron encontradas en Zitlala con 34 cadáveres y 9 cabezas humanas, fueron encontradas en función del trabajo de la Fiscalía, cuando llegaron a un campamento del crimen organizado en donde habían sepultado a 34 de sus víctimas.
Asimismo, informaron al Alto Comisionado y al visitador de la CNDH que en algunas barrancas profundas puede haber más fosas, “y les dijimos en qué parte del estado pueden estar”.
Agregó que con eso demostraron que “sí estamos trabajando y que tenemos en proceso de avance aún cuando no tenemos el presupuesto adecuado”.

Es un proyecto único

En un boletín de prensa conjunto la Fiscalía y la secretaría de Salud informaron que el Cementerio Forense Estatal (como se lee en las placas que pusieron a las gavetas donde depositaron cuerpos este martes), es un proyecto único en su género y que es coordinado por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.
Se informó que los cadáveres que fueron llevados el martes al panteón ministerial son los que tienen completo el proceso de identificación, “es decir, se realizó la cadena de custodia y las diligencias de traslado, para que todo quede plenamente identificado”
Las dependencias explicaron que cada gaveta fue sellada para inhumación, “misma que cuenta con una placa metálica con número de averiguación previa y fecha de resguardo, previamente se realizó doble verificación de cada cuerpo, es decir peritaje, cuestionario ante mortem y post mortem”.
Se informó que el traslado de los cuerpos será paulatino, mientras continúa el proceso de las pruebas de ADN de todos los cadáveres por el estado en que se encuentran, esto implica que el proceso puede prolongarse, para inhumar los que se encuentran en servicios médicos forenses de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
Las dependencias informaron que en esta etapa de inhumación están concluidos cuatro módulos de 80 gavetas, 40 por cada lado y faltan tres módulos más por construir, “existe un libro de gobierno para ingresar el día y la hora de los cuerpos, un mapa del panteón y cada espacio tiene una ubicación específica”.
“El manejo y tratamiento de los cuerpos se hace bajo los protocolos homologados de necropsia, y el fin último es que en el Panteón Forense se preserven los cuerpos en un lugar específico, para que en la base de datos de genética creada se ingresen los perfiles de los familiares y se haga la correlación de manera sistematizada, previa práctica de los estudios correspondientes de los cuerpos identificables”, agrega.
Se informó que el proceso de inhumación lo hizo la Secretaría de Salud, y que en la primera etapa se tuvo asesoría de la Cruz Roja Internacional, que dotó de un software para facilitar la elaboración de los perfiles genéticos, “señalando que no habrá cadáver en gaveta si no está identificado con todos los estudios que se tendrán al 100%, los cuales se ingresarán a la base de datos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGE”.