La manta que explica por qué cerró la taquería y pozoleria Chely Foto: Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
Familiares de un comerciante asesinado a balazos el 14 noviembre pasado, colocaron una lona afuera de su restaurante frente a la playa Tlacopanocha, para anunciar su cierre definitivo y denunciar que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón no otorgó seguridad, a pesar que denunciaron el delito de extorsión.
En declaraciones a reporteros, la comerciante Aracely Bautista Vicente reclamó que la fiscal General, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, le recomendó, “que me fuera de Acapulco porque mi vida corría peligro”.
El negocio de venta de tacos y pozole se ubica a un costado del popular restaurante Tamales Licha, cerca de la cancha de la CROM.
Narró que su esposo fue asesinado en su presencia en su negocio, “dejando en total desamparo a su familia”.
Reprochó que ya había acudido a denunciar el delito de extorsión ante la Fiscalía Regional de Acapulco en dos ocasiones este año.
Criticó que la FGE no otorgó seguridad a su familia o al menos recorridos de la policía, afuera de su negocio que tenía 20 años funcionando, “yo pedí protección y llevé pruebas, pero no me hicieron caso”.
Indicó que el crimen ocurrió a cinco días de reactivar su negocio, luego del impacto del huracán Otis, “apenas íbamos otra vez a reactivar la economía y nos pasa esto”.
Sostuvo que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la citó, y en esa reunión lejos de hacerle justicia le dijo que se fuera de Acapulco.
Puntualizó que no “me queda otro remedio que irme de Acapulco con mis dos hijas y nietos”, pero exhortó a quienes han sido víctimas de la misma tragedia que denuncien y no se queden callados.
Admitió que por la delincuencia organizada la situación en Acapulco “es muy difícil”, pero dijo que tiene confianza en que cambien las cosas en el puerto.
Dijo que su esposo se llamó José Alfredo Orozco y fue atacado adentro del negocio.
“Era un negocio limpio y familiar y lamentablemente mi vida cambió y no me queda otra opción que irme de Acapulco”, concluyó.
Vecinos del fraccionamiento Las Playas, denunciaron que no tienen agua potable desde hace 15 días, y la Ciomisión de Agua Poptable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA) no resuelve el problema.
Las calles que no tienen el servicio comprenden las avenidas Adolfo López Mateos, Inalámbrica, La Pinzona y La Quebrada.
Los vecinos de clase media y alta se quejaron que tienen que comprar pipas con agua de empresas privadas de mil a mil 200 pesos.
El vecino Alejandro Hilario Oliveros se quejó que tiene 15 días sin agua potable, “nada más hubo tres días después de huracán Otis”.
Manifestó que ya reportó la falta de servicio ante la CAPAMA, “nada más me dicen que pronto volverá, pero sin respuesta alguna”.
Reclamó que tienen que comprar pipas con agua, “un gasto extra, porque ya pagué mi recibo mensual”.
Dijo que solamente tuvieron agua tres días, después del huracán Otis, y luego “no hubo nada, y andamos como podemos”.
Exigió a la paramunicipal que restablezca el servicio, “no avisa cuando habrá agua, ni tampoco cuando van a suspender el líquido”.
La vecina María del Carmen Jaimes Álvarez criticó que desde hace 15 no tienen agua, sin que CAPAMA resuelva el problema.
Añadió que se reportó ante la paramunicipal la falta de agua, pero “no hacen caso, el agua es prioritaria en estos tiempos de contigencia”.
Por la denuncia de violencia política en razón de género que presentó la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, contra un reportero y columnistas del periódico Diario de Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) amonestó y ordenó inscribir por un mes al columnista Efraín Flores Iglesias, y en corresponsabilidad a la directora del medio, Érika García Guevara, en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Declaró inexistente infracción contra el reportero y los columnistas Abel Miranda Ayala, Baltazar Jiménez Rosales y Juan Antelmo García Castro, del mismo medio de comunicación, también señalados en la denuncia.
De acuerdo con la sentencia aprobada en la sesión de este lunes, la información publicada el 12 de abril, 21 y 22 de octubre de este año, que firma Flores Iglesias, “contiene estereotipos de género, roles de sumisión que tienen efectos diferenciados y simbólicos por el hecho de ser mujer, que no se amparan en el ejercicio periodístico y el acceso a la información, como parte de la libertad de expresión que poseen periodistas”.
Señalaron que la directora tiene responsabilidad compartida con el autor de los textos, por la difusión. Sin embargo, calificaron como levísima la infracción e impusieron como sanción, una disculpa pública, el retiro de la información por contener violencia política en razón de género, y recibir un curso de género con bibliografía especializada.
Como garantía de no repetición, ordenó al IEPC inscribir a Flores Iglesias, a través de García Guevara, por un mes, en el registro de personas sancionadas.
Finalmente, exhortó a las personas sancionadas a evitar en lo subsecuente, “que las notas o columnas escritas y difundidas sobre Norma Otilia Hernández Martínez y de otras mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, contengan expresiones que hagan alusión a estereotipos de género, roles de dominación, sumisión o cualquier otra expresión que tenga por objeto denigrar o descalificar a las mujeres que ocupan cualquier cargo de elección popular”.
La representante legal de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar de Guerrero, Petra Hermilo Martínez, denunció que a nivel internacional hay un reconocimiento de la violencia sexual hacia las trabajadoras del hogar, que en México y en Guerrero aún no se habla porque son empleadores hombres u otros trabajadores lo que acosan, hostigan o violan a las empleadas del hogar.
Exigió poner atención en este grave problema de salud pública, por las condiciones de precariedad laboral que enfrentan las víctimas, en el taller para visibilizar la violencia sexual contra las trabajadoras del hogar convocado por la red y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir (ILSB), y Mujeres Guerrerenses por la Democracia en el estado en un hotel de la capiral del estado.
Sólo uno de cada diez trabajadoras remuneradas del hogar identifica a alguna autoridad para enfrentar situaciones de conflicto laboral, maltrato, discriminación, o alguna manifestación de violencia sexula, según cifras de la Conapred y Secretaría de Gobernación de 2014, citó.
Asimismo, indicó que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2022), 78.6 por ciento de las mujeres viven violencia sexual no solicitaron apoyo, y 94.4 por ciento, no lo denunció por temor a represalias, a la pérdida de sus empleos y a la revictimización o culpabilización, así como a la falta de información sobre las instituciones a las que pueden acudir.
En consulta, la Coordinadora de Género del ILSB, Makiese Molina, añadió que en 2022, el instituto con 10 instituciones del país, diseñaron una Ruta de Atención de casos de Violencia Sexual, con los distintos niveles de atención, las instancias repsonsables y los servicios espcíficos que se deben proporcionar, porque en muchos casos las trabajadoras del hogar no cuentan con información clara y suficiente para reconocer que enfrentan violencia sexual, ni de las instancias a las que pueden recurrir.
En este ejercicio participaron enviados de la Secetaría de Salud Guerrero, del Trabajo, de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, del Instituto Nacional de los pueblos Indígenas y Afromexicanos (Inpi) y de la Fiscalía General del Estado.
La encargada de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Ingrid Yenni Eunice González Reyes, ofreció a las integrantes de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, enviar oficios a los agentes del Misniterio Público a su cargo, para dar vista a la Procuraduría de Defensa del Trabajo y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, cuando conozcan de denuncias presentadas por integrantes de esta organización civil, a fin de garantizar una reparación integral del daño.
Durante su intervención, la funcionaria indicó que a partir de lo que escuchó en esta reunión, daría la indicación precisa a los agentes del MP, para que las instituciones amplíen la protección de los derechos de la víctima, que muchas veces la víctima no sabe qué hacer.
Señaló que la fiscalía especializada tiene 12 unidades regionales, un equipo de investigación en el Centro de Justicia y la agencia especializada en Delitos Sexuales en Chilpancingo.
En la reunión, la fiscal dijo que en su periodo no ha conocido de nungún caso de violencia sexual de alguna trabajadora del hogar, ocurre poque no se visibiliza como un problema en este empleo.
Como parte de su plan de incidencia, las activistas indicaron que han realizado dialogos con organizaciones y autoridades de Guerrero y de Chiapas para difundir y retroalimentar la Ruta de Atención de casos de Violencia Sexual.
Omar López Gil sobrino del desaparecido de La Marina de Acapulco, José Angel Gil Murga, en la pega de carteles en la avenida Costera para localizar a su tío Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Familiares de José Ángel Gil Murga pegaron en la zona de la Condesa información de su pariente marinero desaparecido y denunciaron que las autoridades no les han dado más información sobre la búsqueda de su cuerpo, por lo que exigieron más datos.
El sobrino del desaparecido, Omar López Gil, contó que la familia de José Ángel lo ha buscado después del paso del huracán Otis, “nuestro familiar se encontraba laborando en la Marina de Acapulco, él pertenecía a ese grupo de marineros que estaban cuidando los yates y botes dentro del mar en el momento del impacto”.
Los familiares de Gil Murga han pegado la información de su pariente desaparecido desde el sábado pasado, desde el Paseo del Pescador hasta la Condesa, “los puntos más emblemáticos de nuestro puerto, para ver si alguien por ahí tiene una información, algún pescador, algún marino, alguien que se encontraba en ese momento en una embarcación, que si lo vio salir o algo o lo vio rescatado de alguna Cruz Roja”.
“Y pues lamentablemente no nos han dado información acerca de su paradero”, agregó López Gil a las 6 de la tarde y especificó que su tío estaba adscrito a la embarcación Sir Lady.
“Estaba ahí porque es su fuente de ingresos, porque nos decían que los marineros tenían que cuidar principalmente la embarcación, porque si no iba a ser un daño más grande. Pero, imagínese, el impacto del huracán no se dio a reconocer con anterioridad. No se dieron los protocolos necesarios”.
Si dicen que la embarcación está en el fondo del mar, agregó Omar López Gil afuera del hotel Presidente, severamente dañado, “supongo que deben de estar buscando en ese momento, pero no nos han dicho nada de información”.
“Ya hemos acudido a todas las instituciones gubernamentales, en las cuales se piden datos para ver la recuperación de cuerpos de desaparecidos, tanto como la Fiscalía, la Marina. En fin, hemos dado vueltas y vueltas toda la familia, específicamente, su esposa (Yesenia Soriano), mi tía, que hemos estado en ese peregrinar de búsqueda”, expuso.
Su tío desaparecido tiene dos hijos, José Ángel Gil y Alberto Gil.
“La única información es que la embarcación está en el fondo del mar y que un compañero de él, el capitán Casas, pues lamentablemente falleció”, expuso.
Compartió que los mismos amigos marineros de Gil Murga les han dicho que han salido elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aún con vida en Ixtapa, Zihuatanejo, y “en otros lados del litoral costero”.
Pero los familiares de Gil Murga reclaman que “aún no hay información de las personas que están en los hospitales, porque hay personas que estuvieron en los hospitales, o sea, hay personas que fueron trasladadas a Ciudad de México, a Iguala, Taxco, Chilpancingo, pero no nos han dicho o no nos han informado de una lista de quiénes son”.
López Gil informó que han acudido a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde les tomaron pruebas de ADN a sus primos, pero tienen que esperar alrededor de 10 días.
“Imagínese, ya llevamos 10 días, y no nos han dado información aún. O sea, va muy lento, el hecho de buscar va muy lento, o sea, la deficiencia de nuestro gobierno se ve absolutamente en todo esto”, reclamó.
Indicó que han pegado información de su tío Gil Murga en postes y han publicado su información en redes sociales, “diciéndole a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), pues que se deje de hacer, pues definitivamente, pato con lo que ha estado sucediendo, porque no nada más somos, hay muchas familias que están buscando a sus seres queridos después de 15 días”.
“No es justo que el mismo gobierno le esté dando la espalda a los ciudadanos, solamente queremos un cuerpo, solamente queremos información. Es lo único que nosotros queremos. Queremos despertarnos de esta pesadilla”.
Aseguró que los tres órdenes de gobierno no han actuado y en la Base Naval no tienen información, sólo les dicen “que los cuerpos solamente se los llevan en la Semefo y ya”.
El desaparecido José Ángel Gil Murga tiene 50 años, es marino retirado de la Armada de México, es de tez morena, tiene una estatura baja, un lunar el ojo derecho, una cicatriz en la pierna derecha y una cicatriz de operaciones en su abdomen.
El ex presidente del Consejo Estatal y fundador de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, informó que renunció a ese partido porque allí prevalece el corporativismo y el engaño de la dirigencia a los militantes.
Este jueves publicó su renuncia en Facebook. Como líder de una expresión estatal con el diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aclaró que el equipo podrá continuar en Morena si es su decisión.
Con militancia en el movimiento de izquierda desde el PRD y siempre siguiendo al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, añadió que espera la decisión que tome el ex canciller Marcelo Ebrard, que compitió por la candidatura de Morena a la presidencia. “Reconocemos que es elemento clave para lo que suceda en los siguientes meses o los siguientes años”, dijo.
En consulta telefónica, dijo que la decisión no fue de botepronto. Mencionó “la defraudación” en 2021, cuando la dirigencia anunció un procedimiento de selección de candidaturas que concluyó en la imposición.
Asimismo, dijo que en 2022, el Congreso Nacional simuló un proceso participativo para renovar la dirigencia, y permitió que externos compitieran, que compraran votos y que recurrieran a la intimidación.
De cara a la próxima elección del candidato presidencial, denunció que ofrecieron una consulta con candados, pero lo que resultó fue manipulación, acarreo y un desmedido uso de recursos públicos, “contrario a una historia de lucha, lo que siempre cuestionamos”.
Dijo que por principio no puede seguir legitimando más procedimientos fraudulentos, pues muchos militantes esperan ser tomados en cuenta en las candidaturas de 2024, “cuando los dados ya están cargados”.
Aclaró que reconoce la conducción del país del presidente López Obrador, a quien acompañó desde el movimiento progresista en el PRD, que cobró fuerza con la ciudadanía y ganaron la jefatura de la Ciudad de México en el año 2000.
“En 1996 pasó por nuestro pueblo (en el Estado de México), y lo seguimos en el movimiento por todo el país”, recordó.
Señaló que tuvo una responsabilidad en Yucatán, colaboró en el gobierno de la Ciudad de México en los programas sociales y de seguridad pública, de contacto con la ciudadanía. En el periodo del gobierno legítimo, después del fraude electoral de 1006 que impuso a Felipe Calderón en la Presidencia, ayudó a la conformación de comités en varios estados.
Fue coordinador de campaña de López Obrador en 2005-2006 en el Estado de México. En la Montaña de Guerrero comenzó la constitución de Morena. región donde he trabajado como sociólogo desde principios de 1990, en educación indígena.
Fue presidente del Consejo Estatal de Morena, diputado local, y ahora diputado local suplente.
La indígena me’phaa, Paula Durán a su salida de las oficinas de la Codehum donde interpuso una queja contra el director general de la Policía Montada, Eruviel Campos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La indígena me’ phaa (tlapaneca), Paula Durán, presentó este viernes una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), por hostigamiento y represión laboral en contra del director general de la Policía Montada, Eruviel Campos Guerrero.
La indígena, quien tiene cargo de suboficial y es licenciada en prevención social del delito, es originaria de la comunidad Tonalapa, municipio de Atlixtac y lleva cinco años laborando en el área de caninoterapia de la corporación.
En declaraciones antes de que presentara su queja, denunció que ha sufrido hostigamiento y represión laboral por parte de su director, al grado de que el estrés le ha generado padecimientos como colitis nerviosa y gastritis.
Denunció que como parte de la represión laboral, en días pasados Campos Guerrero divulgó un documento privado para evidenciarla que está recibiendo un tratamiento sicológico, lo cual calificó, además, como un abuso por parte del funcionario.
Explicó que el funcionario no la deja realizar sus actividades que le corresponden, “me obstaculiza para hacerme quedar mal”.
Añadió que lo más grave fue que hace unos días “divulgó información confidencial, porque es un tema de salud sicológica, ya que me entregaron una carta compromiso de evaluación en el C-3 por un tratamiento sicológico, lamentablemente el señor mal utilizó el documento para sus fines, me evidenció ante todos”.
Contó que ese documento solamente ella lo tenía y no sabe cómo se enteró y le exigió una copia. Ella le respondió que sus consultas las iba a realizar fuera de su horario de trabajo, pero el insistió que de todos modos sería confidencial, “pero nunca me imaginé que lo iba a divulgar”.
Explicó que la represión que sufre es parte de la forma de trabajar del funcionario, “presionar a quienes no quieren ser sus incondicionales, hasta que, como dicen ellos (los mandos policiacos) reventarnos”.
Dijo que como ella es una persona que no se presta a ningún juego y que solo quiere realizar su trabajo que le corresponde, “atender a mis pacientes en el área de caninoterapia y nada más, yo no me prestaré jamás para otras cosas”.
Paula, quien apenas se le entiende el español, informó que en la Policía Montada lleva cinco años laborando y que por su actitud de no ser incondicional de nadie, sufrió represión también por el anterior director Julio Cesar Mendoza Martínez.
Contó que por ejemplo ayer cuando se presentó a trabajar el director Eruviel Campos, la mandó llamar y le ordenó que permaneciera en su oficina hasta que le llegara una orden, y cuando le preguntó el porqué, la comenzó a agredir verbalmente.
“Y entonces me decidí que ya debo de poner un alto, que ya debo exigir que se me respete como trabajadora”.
Informó que el actual director es policía raso y que se desempeñaba como escolta del senador Félix Salgado Macedonio, pero que hace aproximadamente un año lo designó como director general de la Policía Montada.
También hizo público su caso mediante una transmisión por Facebook, y recibió el respaldo de otros policías. Uno de ellos escribió: “Qué bueno que la compañera está denunciando y haciendo público estos actos de discriminación y maltrato por parte de sus mandos, estoy seguro que no es la única y que hay muchos casos más dentro de la SSP en todos los niveles, pero esta es la manera y forma en que la sociedad civil y las propias autoridades del Estado se deben enterar, porque muchas veces al no haber denuncia, las agresiones siguen y esos autoritarios continúan en sus puestos de poder con toda impunidad”.
Otro más escribió: “Gracias a Dios por tu valentía compañera; estamos contigo con todos y todas quienes sufren de hostigamiento laboral, los hermanos de sangre azul, nos apoyamos entre nosotros, con unidad y fraternidad, te reiteramos todo el apoyo, estos actos de racismo y clasismo, deben terminar ya!”.
En la sesión de este martes, el Congreso local notificó al pleno que recibió una denuncia por responsabilidad política contra autoridades y funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), por el despido de dos trabajadoras.
La denuncia es en contra de Sandra Luz Valdovinos Salmerón y Miguel de la Cruz Pérez, José Armando Socket Hernández, Ángel Sotelo Ortiz, Rafael Saldaña Julián y Nancy Gandarilla Durán, en su carácter de fiscal general del estado, vicefiscal de Prevención y Seguimiento, director general de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, coordinador de Zona y directora del Centro de Justicia alternativa, respectivamente
Piden además la respectiva ratificación en los cargos de la estructura, que aprueba el Congreso del estado.
En un párrafo mensaje alusivo a este oficio, en el orden del día, no menciona la dependencia que emite el mensaje, solo que la denuncia presentada por Emma Aguilar Lagos y Victoria Karely Galarza de la Paz, es por responsabilidad política.
De acuerdo con fuentes del Congreso, algunas de estas figuras tienen fuero político, y en caso de responsabilidad penal, se requiere del desafuero para llamarlas a la justicia.
Un antecedente de este caso, publicado en El Sur, es la denuncia Victoria Kareli en la Comisión de Derechos Humanos del Esado de Guerrero, por actos de discriminación debido a su orientación sexual, que obligó a la Fiscalía Regional de Acapulco a ordenar a agentes del Ministerio Público, titulares e investigadores del Distrito Judicial de Tabaretodo su personal, a abstenerse de hacer comentarios homofóbicos sobre la empleada transgénero, el 28 de julio de 2022.
La caravana Acuérdate de Acapulco a su entrada al Zócalo de la capital del país Foto: Agencia Reforma
Claudia Guerrero y Natalia Vitela / Agencia Reforma
Ciudad de México
La caravana Acuérdate de Acapulco llegó ayer a la Ciudad de México luego de sortear obstáculos para llegar al Zócalo capitalino y demandar al gobierno federal un fondo de 300 mil millones de pesos para la reconstrucción del puerto y de los otros 46 municipios afectados por el huracán Otis.
“Necesitamos que haya un apoyo decidido, porque nuestros paisanos se están muriendo de sed y de hambre. Venimos porque no se quiere asignar absolutamente ni un peso siquiera en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, es lamentable y criminal que se pretenda dejar sin un solo peso a Acapulco y los 46 municipios afectados”, aseguró Ramiro Solorio, enlace de la dirigencia del PAN en Acapulco, y uno de los dirigentes que encabezó la caravana.
Los manifestantes denunciaron que desde que ingresaron a la Ciudad de México con rumbo al Zócalo, al mediodía, les pusieron vallas y que cuando iban pasando por Avenida Reforma quisieron desviarlos, en tanto que ya llegando al Hemiciclo a Juárez hubo un bloqueo total con una grúa y dos camionetas de Tránsito de la Secretaría de Seguridad de la CDMX.
Ante esto, los menos de cien damnificados dejaron sus automóviles sobre Avenida Juárez, frente a Bellas Artes, e ingresaron caminando por la calle de Madero con rumbo al Zócalo. Sin embargo, al final el contingente se arrepintió y decidió no llegar a la plancha.
Los manifestantes se dispersaron para ir a buscar sus vehículos, pues aseguraron que las grúas estaban llevándoselos.
“Quien pregona que hay libertad de expresión y de manifestación se ha demostrado una vez más que es falso”, afirmó Solorio, quien reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya ido a recorrer ninguna colonia de Acapulco.
Solorio aseguró que el gobierno pretende invisibilizar la tragedia que está viviendo en Acapulco, la cual ya alcanza una emergencia sanitaria que quiere minimizarse y que está provocando enfermedades.
Evodio Velázquez, ex alcalde de Acapulco, quien también encabezó la caravana, dijo que ésta fue recibida en la Ciudad de México con patrullas porque quieren intimidarla.
Denunció que no se le ha dado de comer ni a la mitad de las familias de Acapulco y que no hay todavía luz en la totalidad el puerto ni agua potable, además de que las calles y carreteras están aún destruidas.
“Se va a agudizar la violencia, la inseguridad” advirtió.
Los manifestantes regresaron alrededor de las 7 de la noche a la plancha del Zócalo donde instalaron casas de campaña frente a Palacio Nacional.
Los organizaron informaron que intentarán entregar hoy al presidente un documento en el que se demanda 300 mil millones de pesos para rehabilitar Acapulco.
“Vamos a estar en la mañanera entregando el documento que queríamos entregar hoy (ayer)”, indicó Evodio Velázquez.
“Nuestro planteamiento es serio y responsable”.
Además, tienen previsto acudir al Senado donde serán recibidos a las 9:30 horas por integrantes de la Comisión de Turismo.
“También estamos solicitando en (Cámara de) Diputados que nos puedan atender los diferentes grupos parlamentarios”, indicó. (Con información de Juan Luis Altamirano).
La Unidad de Género de Movimiento Ciudadano (MC), llamó a la ex delegada de Mujeres de ese partido, Nereyda de Jesús Silvar Bravo, a acudir a esa instancia a presentar su caso de violencia política. Las integrantes dijeron que no pueden opinar del caso porque lo único que saben es lo que se ha difundido en medios de comunicación.
En conferencia de prensa en las oficinas de MC, la delegada de Mujeres Deyanira Uribe Cuevas presentó la Unidad de Género del partido, que se integró en febrero de este año, pero fue reactivada a mediados de septiembre. El 25 de agosto se dieron los nombramientos, el 15 de septiembre rindieron protesta y el 18 llevaron a cabo su primera sesión.
La titular de la Unidad de Género, Aurora Jiménez Escalante, dijo “cuando nosotros llegamos no había absolutamente nada, no había metodología, no había ningún antecedente, ni siquiera un acta, solamente había una fotografía donde dicen ‘Instalamos la Unidad de Género’”.
A pregunta de reporteros sobre la acusación que hay contra el coordinador estatal Julián López Galeana por violencia política de género por la ex delegada de Mujeres Nereyda de Jesús Silvar, Jiménez Escalante dijo que no podía opinar sobre el caso porque no conoce los hechos, “sería muy irresponsable de mi parte o de cualquiera de nosotras dar un juicio si no conocemos los hechos”.
Jiménez Escalante indicó que de parte de Silvar Bravo no hubo acercamiento con ese órgano del partido que se instaló desde el 10 de febrero de este año por la propia ex delegada de Mujeres.
“Es lamentable que se haya brincado estos procesos cuando se le pudo haber dado acompañamiento desde el inicio en algo que ella misma instaló”, y la invitó a que se acerque a la Unidad de Género: “somos neutrales, ella conoce este órgano, ella lo instaló”.
En la conferencia informaron que la Unidad de Género estará dedicada a atender los casos de violencia que ocurran en el partido como primera instancia, y si la resolución no les satisface las víctimas tienen sus derechos a salvo para acudir a otras instancias.
Este órgano del partido se va a presentar en todas las regiones del estado para que las mujeres emecistas acudan a él en caso de que sufran algún tipo de violencia política o psicológica,
La Unidad la integran Aurora Jiménez, Brenda Janet Valente, Marina Xóchitl Salgado Villavicencio y Viani Cristal Palma Cruz.
