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Acusan en video al alcalde de Teloloapan de nexos con Guerreros Unidos; es una extorsión, responde

 

En videos difundidos en redes sociales presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana denunciaron supuestos vínculos del alcalde perredista de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño con Guerreros Unidos, y dicen que financiaron su campaña con 10 millones de pesos y no cumplió los acuerdos que pactaron.
En declaraciones vía telefónica el alcalde de Teloloapan negó los señalamientos y aseguró que ha recibido amenazas para extorsionarlo en mensajes, por lo que hará la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se pondrá a disposición para que lo investiguen.
En YouTube hay un video de un minuto y 53 segundos titulado “FM dándole mensaje a la población de teloloapan”, fue publicado este martes y a las 9:20 de la noche de ayer llevaba 2 mil 889 vistas.
Se ve de frente a siete hombres con armas largas al parecer AR-15 y cubiertos del rostro con máscaras, de espaldas aparece un hombre que da el mensaje, tiene una pistola tipo escuadra fajada en el pantalón. El lugar parece una cancha techada.
“Esto que está pasando en Teloloapan es gracias al ex alcalde Ignacio de Jesús Valladares y del actual presidente municipal Robell Urióstegui, porque para llegar a la presidencia, nosotros La Familia Michoacana le dimos el apoyo pero cuando llegó al poder ya no quiso cumplir con lo que habíamos acordado, y ahora le da protección a los Guerreros Unidos y al puto de Ángel Casarrubias le da un millón de pesos por mes, el tesorero le paga a 50 de sus sicarios de La Beba y El Topo”, dice el de la voz.
Y sigue, “gente de Teloloapan no se dejen engañar, todos los que se dicen comunitarios son gente de los Guerreros Unidos. El problema no es con ustedes, gente humilde y trabajadora de Teloloapan, pero mientras sigan apoyando a los comunitarios seguirá muriendo más gente y esta guerra nunca va a terminar, nosotros tenemos la suficiente gente y armas para pelearles”.
“Putos comunitarios no pidan ayuda al gobierno si los muertos que ha habido es por culpa de ustedes. Dense cuenta que todos los líderes de los comunitarios están apoyados por los Guerreros Unidos y también son Guerreros Unidos, en Teloloapan están de líderes Gonzalo alias La Beba, poyados por Ángel Casarrubias y el gerente del banco Banamex”, señala.
“Comunitarios, cómo están pidiendo ayuda al gobierno si ustedes fueron los que mataron a los normalistas –de Ayotzinapa- y se disfrazan de comunitarios y el gobierno no les dijera nada… no se hagan pendejos militares, ellos son los causantes de esa masacre y ustedes todavía los protegen. Arriba La Familia Michoacana”.
En otro video de 48 segundos titulado “Hijo de Santana Ríos. Dandole un mensaje al presid” que hasta la noche de ayer tenía 2 mil 652 vistas aparece un joven de unos 30 años, supuesto hijo del empresario melonero de Teloloapan, Santana Ríos Bahena, operador financiero de La Familia Michoacana según registros policiacos, el cual se identifica como Ulises Ríos Estrada.
En la grabación se ve al joven que viste una chamarra negra y es interrogado por un hombre del que sólo se escucha su voz.
–¿Cómo te llamas?
–Ulises Ríos Estrada
–Nosotros somos de La Familia Michoacana, el jefe nos mandó a traerte para preguntarte. Sabemos que tu padre es Santana Ríos Bahena, quien financió la campaña al actual presidente de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño. ¿Tú sabes con cuánto lo financió?
–Sí señor, lo financió con 10 millones de pesos.
–¿Se los pagó?
–No, no me pago nada, de hecho fui a hablar con él dos veces en las oficinas de la presidencia y las dos veces que nos reunimos me dijo que sí me iba a pagar que no me preocupara, y que nomás que empezara a trabajar bien me iba a pagar todo lo que me debe.
–¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con él?
–La última vez que hablé con él fue por teléfono y me dijo que no me debía nada, que no me iba a pagar nada y que le hiciera como quisiera.
–Eso queríamos saber para arreglar este pedo.

Es totalmente falso, dice el alcalde perredista

En declaraciones vía telefónica, el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño dijo que “es totalmente falso” que Santana Ríos haya financiado su campaña con 10 millones de peso, “es una mentira, es algo que está manipulado y que lo hacen con toda la intención de querer manchar la imagen de la administración y mía”.
Anunció que “en unos momentos más estoy por interponer una denuncia en la PGR relativo a estos temas de estos videos”.
Consideró que la publicación “va de la mano con algunas llamadas que hemos recibido a través de mensajes con el tema de querernos extorsionar, va muy ligada la manera de presionarme para que yo pueda acceder a estos chantajes que nos están solicitando”.
No dio a conocer la cantidad que le piden de extorsión y dijo que en su momento se dará a saber, cuando esté puesta la denuncia en la PGR.
Señaló que también en su oportunidad dará a conocer en contra de quien pondrá la denuncia hoy.
Dijo que recibió amenazas al llegar a la administración, “yo creo que es un tema que todos los alcaldes lo estamos sufriendo, son amenazas constantes a través de mensajes de texto, a lo mejor por eso no les hemos dado la importancia que se merece, pero en este momento sí, ya las cosas cambian porque es una situación con mayor dolo y vamos a interponer las denuncias correspondientes”.
Se le preguntó de la declaración del supuesto hijo de Santana Ríos, que señala que se reunió con él en dos ocasiones en la presidencia.
“No con ese joven no, sí lo ubico en algún momento estuvo viviendo en Teloloapan, él ya no radica ahí, pero como te decía en algún momento, a mí me pueden investigarme todo lo que ha sido mi campaña y mi carrera política y no encontrarán nada turbio. Jamás he recibido un peso de nadie, lo que hemos logrado es en base a esfuerzo y trabajo”, afirmó.
Declaró que además de la denuncia en la PGR se pondrá a disposición de las autoridades para que se le investigue y aclare esta situación, “y en el tema de este muchacho que habla que nosotros recibimos dinero, creo que en su momento tendrá que ser citado por la PGR después de la denuncia que interpongamos para que pueda clarificar y pueda presentar las pruebas con las que pueda acreditar su dicho”.
Del video en el que aparecen hombres armados que lo señalan de apoyar a Guerreros Unidos y que dicen haberlo apoyado en su campaña, dijo que “son cuestiones que son parte de lo que te mencionaba de que no hemos caído en el tema de los chantajes, al tema de las extorsiones y lo hacen para poder desacreditar la administración, a la gente y los alcaldes, pero te repito, me someteré ante la PGR que me hagan una investigación y si encuentran algo turbio en Robell Urióstegui que procedan las autoridades”.
Señaló que su relación con la Policía Comunitaria Tecampanera es solo de diálogo, “me he reunido con ellos en dos o tres ocasiones, nosotros no estamos en ese movimiento, me ha tocado platicar con ellos en los temas que han paralizado a Teloloapan y como autoridad principal me toca mediar para platicar y escuchar sus necesidades”.

 

Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión

 

Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.

 

Reprochan familiares de desaparecidos al presidente de la Comisión de Víctimas que no cumple acuerdos

Familiares de personas desaparecidas en Chilpancingo confrontaron al presidente del Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, porque los hizo esperar una hora y media para atenderlos e incumplió los acuerdos que pactaron.
Demandaron acciones, no promesas y señalaron las deficiencias de la delegación federal que se encuentra en Acapulco.
El funcionario quiso defender su posición en varios ocasiones, pero durante la interpelación los familiares se dijeron revictimizados y Hernández Barros se vio obligado a guardar silencio.
El funcionario se encontraría a la 1 de la tarde con unas 200 personas de diferentes regiones y estados cuyos familiares fueron desaparecidos en la capital. También esperaban al gobernador Héctor Astudillo Flores para presentarle demandas en las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Una de las peticiones es que todas las averiguaciones de personas desaparecidas sean atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que en la Fiscalía General del Estado (FGE) están archivadas, sin avances, y en los casos en los que hay avances es por el trabajo de los propios familiares, aseguraron.
Además Hernández Barros aclaró que sus casos deben llegar a la PGR para poder integrar a los familiares al padrón de víctimas y puedan acceder a los programas del CEAV, de lo contrario está impedido legalmente brindarles apoyos. Las víctimas aclararon que muchos acudieron primero a la PGR, pero de allá los mandaron a la FGE.
La reunión comenzó después de las 2 de la tarde, a la 1 se supo que el funcionario se trasladaba de Chilapa donde tuvo otra reunión con otros familiares de personas desaparecidas. No hubo una explicación clara sobre la ausencia del gobernador y el presidente de la CEAV se comprometió a citar para el 19 de diciembre al gobierno del estado, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a la de Desarrollo Social (Sedesol), a la de Salud (Ssa), así como a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia, como lo solicitaron las víctimas.
También hicieron una agenda para la atención de personas que denunciaron la falta de apoyo, por ejemplo el caso de una mujer de Xochipala, la primera en llegar a las reuniones semanales y que tiene a su cargo dos familias, la de su hijo desaparecido hace dos años y de otro desplazado de su comunidad porque se atrevió a buscar a su hermano.
Aseguraron que no recibe dinero ni para los pasajes, que para recibir el reembolso del costo de un traslado es necesario esperar todo el día en la ventanilla de atención, y que existen adeudos de hasta ocho meses a muchas familias.
Si no hay disposición de recursos, “¿dónde está el dinero del fondo emergente?”, cuestionaron, y aclararon que sólo bajo presión se han conseguido algunos apoyos como insulina y atención médica.
La madre y activista Margarita López recriminó que tienen familiares de desaparecidos hospitalizados, y entre las víctimas reúnen dinero para solventar los gastos que no asume la CEAV.
Recordó que en Iguala cuando se anunció la Ciudad Víctima se acordó con los presidentes de las comisiones de Atención a Víctimas federal y estatal la reunión con el gobernador el 9 de noviembre, que se pospuso para esta fecha.
Cuando el presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Jorge Luis Gallegos Peralta respondió a los reclamos que un familiar lo dejó plantado el día que iban a gestionar la asistencia del gobernador, la señora Guadalupe Rodríguez, madre de un desaparecido, aclaró “si a reclamos vamos, nosotros tenemos más que decirle, tenemos años pidiendo justicia, pidiendo que busquen a nuestros hijos, ¡ya basta!, ya no jueguen, para eso les pagamos, porque ustedes están cobrando un sueldo bien remunerado. Ya queremos que se ponga a trabajar”, gritó indignada y su voz se le quebró por un instante.
Luego se dirigió a Hernández Barros, que en julio del año pasado se reunió con este mismo grupo de familiares y les ofreció garantías para ejercer sus derechos como víctimas en una ventanilla única en Acapulco: “escúcheme, y por ahí vamos a empezar, a que nos escuche, que nos oigan cuál es nuestro dolor, nuestra rabia, que entiendan que estamos sufriendo. Nos mataron en vida, eso no entienden porque no tienen sensibilidad, porque no han sufrido el dolor que tenemos, ya basta de preguntar por qué faltamos, llevamos años pidiendo que nos atiendan, tenemos hijos desparecidos y mujeres que no tienen qué darle de comer a esos niños, tenemos niños que dejaron de estudiar, ya basta que vengan a prometer, queremos que se vaya, antes de que firme una minuta para que las investigaciones salgan del estado y se agilicen, porque ahí están archivadas (en la FGE), nos han dado mil vueltas, !ya estamos hartos”.
Recordó que parte de este grupo de desaparecidos en Chilpancingo hizo una huelga de hambre en la ciudad de México el 20 de julio y Hernández Barros, siendo comisionado del CEAV no se acercó a escucharlos, “si de veras se va a poner a trabajar queremos resultados y pruebas, entonces lo vamos a enaltecer, pero no ahora porque no nos han dado el trato que necesitamos. Somos víctimas y nos han revictimizado porque llevamos años esperando justicia, esperando saber en dónde están nuestro hijos, los queremos con vida, ya no queremos promesas”.

Cuestionan exámenes de ADN a 400 cuerpos

La principal preocupación de los familiares fue la “confronta de los resultados de ADN de 450 cuerpos en posesión del Servicio Médico Forense (Semefo) que serán llevados a un panteón ministerial, porque Margarita López aclaró que es difícil de creer que se hayan concluido los análisis en tres meses, ya que los familiares de este grupo han esperado hasta ocho años por esta información.
El caso ilustrativo, que también fue motivo de reclamo, fue el de la señora Bellanira Chino Ocampo, que el mes pasado recibió los restos de su hija después de diez meses descubiertos en una fosa clandestina en las inmediaciones de Chilpancingo.
Aclaró que no tiene certeza de que los huesos pertenezcan a la niña de 15 años desaparecida en marzo de 2015, porque antes de recibirlos personal de Semefo “andaba buscando los huesos de mi hija en tantas bolsas”.
La mujer reclamó que nunca pidió dinero, que durante nueve meses sola buscó a su hija. Al final solo pidió al CEAV un ataúd y un terreno para colocar los restos. El caso fue presentado a la prensa el 25 de octubre.
Ahora se sabe que no recibió el ataúd y que el cuerpo fue depositado en una tumba rentada durante seis años, que pagaron sus compañeros del colectivo de familiares de desaparecidos.
Al comienzo de la reunión un padre de familia demandó la salida de Hernández Barros de la CEAV, porque no conoce la Ley de Víctimas, el funcionario se defendió diciendo que él la elaboró, y también fue cuestionado por atribuirse el documento. Al final pidió a los inconformes un mes para que las personas evalúen su gestión. Insistió en que tiene “escasamente un mes” como presidente de la Comisión.

Sobrevivientes y viudas de Aguas Blancas protestan en Acapulco; exigen indemnización

 

Viudas y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas hicieron una parada en la glorieta de la Diana Cazadora en la costera de Acapulco, para exigir al gobierno del estado la indemnización para 63 familias.
La parada fue de 40 minutos, participaron 10 familiares de las víctimas del 28 de junio de 1995, portaron una lona donde se leía “21 años de impunidad, masacre de Aguas Blancas. Gobierno asesino que mata a campesinos”.
En declaraciones la abogada de las familias, Wendi García Guajardo dijo que hace un mes se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Campa Cifrián, quien se comprometió a interceder ante el gobierno del estado para que las familias de las víctimas fueran atendidas por la autoridades del estado.
La abogada dijo que en tres ocasiones el gobierno del estado ha dado largas a las reuniones y no se han hecho, algunos sobrevivientes están muriendo, otros integrantes de familias de las víctimas están enfermos y la reparación no ha llegado a 21 años de los acontecimientos donde la extinta Policía Motorizada mató a 17 campesinos e hirió a otros 23 cuando se dirigían a una protesta a Atoyac.
La abogada afirmó que el gobierno “no se está haciendo responsable, está dando evasivas para la indemnización”. Al lugar asistió el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Coyuca de Benítez, Jorge Alberto Rosales Díaz.
Los manifestantes se trasladaron a las oficinas de la Promotora Turística en el bulevar de las Naciones donde serían atendidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado.

Llevarán los cuerpos de los militares a la Ciudad de México; la PGR atraería el caso, trasciende

 

Los cuerpos de los dos militares levantados el sábado por la tarde en el Mercado Central y hallados muertos el domingo por la noche en la Vía Rápida, fueron trasladados a la Ciudad de México luego de permanecer el lunes en el Servicio Médico Forense (Semefo), informaron fuentes militares.
Ayer el vocero de seguridad del gobierno del estado, el vocero Roberto Álvarez Heredia, escribió en su cuenta de Twitter: “el Grupo de Coordinación expresa sus condolencias a @SEDENAmx por los dos militares fallecidos y de actuar contra el crimen con tenacidad”.
Fuentes ministeriales adelantaron que el caso de los homicidios de los efectivos del Ejército podría atraerlo la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 20 en las competencias establecidas, y por tratarse de efectivos del Ejército, la PGR podría encargarse de continuar la investigación de los crímenes.
Ayer afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, donde se ubica el Semefo, ya no hubo resguardo del Ejército, como ocurrió el lunes cuando se encontraban allí los cuerpos de los militares.
Trascendió que los cadáveres fueron trasladados al Edificio Inteligente, donde opera el C4 controlado por el Ejército. Por la secrecía del caso en los asuntos castrenses, no se informó ni el nombre ni el lugar de origen de las víctimas.
Atrás del Edificio Inteligente, en la calle Vasco Núñez de Balboa, se observó un fuerte despliegue de militares. Asimismo había efectivos con una mochila puesta en la espalda, perteneciente a la brigada del grupo de paracaidistas.
También dos camionetas blancas, similares a las de las funerarias, donde supuestamente trasladaría los cuerpos a la Ciudad de México, a la Unidad de la Fuerza Aérea.
Mientras que las autoridades policiacas manejaron el caso de los militares con mucho hermetismo. Incluso en Semefo tiene prohibido dar más datos de los cuerpos estudiados.
Los dos efectivos del Ejército formaban parte de un grupo de paracaidistas que entrena en la Base Aérea Militar número 7, ubicada en Pie de la Cuesta, y fueron reportados como levantados el sábado por la tarde y hallados muertos el domingo por la noche.
Ese día las víctimas compraban artículos personales en el Mercado Central, luego de permitírselos el mando a su cargo tras el curso de capacitación.
El lunes, Álvarez Heredia confirmó que sí eran militares los dos hombres levantados el sábado afuera del Mercado Central, y que los dos cuerpos hallados el domingo en la noche debajo del puente de la Vía Rápida eran ellos.
Añadió que las víctimas se encontraban en su tiempo libre y que iban vestidos de civil, además de que no formaban parte de algún dispositivo de seguridad para Acapulco ni se encontraban realizando actividades de coadyuvancia con las autoridades civiles.
El sábado, hombres armados levantaron a los dos militares en el Tianguis Campesino, en las inmediaciones del Mercado Central, cerca del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) que coordina la PGR.
El reporte policiaco de ese día afirma que un cabo del Ejército contactó a la Gendarmería para reportar el hecho, y solicitó apoyo porque dos “personal de la Sedena” fueron levantados por personas desconocidas.
El 25 de noviembre, en la colonia Progreso, donde se ubica el Mercado Central se instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) y se colocaron mantas con números telefónicos para denunciar delitos, principalmente el de extorsión.
Ese mismo día el alcalde Evodio Velázquez; el comandante de la 27 Zona Militar, Adelfo Castillo, y el coordinador de la Gendarmería, Gustavo Reyes, entregaron volantes a los locatarios del mercado de la Progreso y del Tianguis Campesino para promover la denuncia contra las extorsiones de la delincuencia organizada.

Sigue la PGR en el caso Ayotzinapa la línea de Huitzuco y 70 policías ya declararon

 

El presidente de la Comisión Especial para el caso Iguala del Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) le informó que la posible intervención de policías municipales de Huitzuco en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí es una línea de investigación y que 70 elementos de esa corporación ya rindieron su declaración.
Comentó también que la autoridad federal le informó que recibió del Tribunal Superior de Justicia del Estado un dispositivo que presuntamente contenía las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, sin embargo no encontraron imágenes en el mismo, por lo que se solicitó el apoyo del FBI (Buró Federal de Investigación por sus siglas en inglés) para que con su tecnología intenten recuperar material que sirva a la investigación.
Además se le notificó que por lo menos 3 mil líneas telefónicas que fueron utilizadas entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 son investigadas.
Este lunes Mejía Berdeja se reunió en la Ciudad de México con el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, y con el de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal.
Consultado ayer vía telefónica, Mejía Berdeja, quien también es coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, informó que el encuentro fue productivo y se abordaron varios temas relacionados con la investigación de los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en los que fueron asesinadas seis personas y desaparecidos 43 estudiantes.
Explicó que en el encuentro le informaron que la posible participación de policías municipales de Huitzuco en esos hechos, como lo dio a conocer en un informe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es una línea de investigación.
Incluso dijo que la PGR ya le tomó su declaración a 70 policías de ese municipio, aunque aclaró que hasta ayer ninguno había sido detenido, y por secrecía no se le informó más al respecto.
Comentó que en la reunión él pidió que la PGR no se centre exclusivamente en la versión de que los normalistas fueron llevados a Cocula, como lo informó en su momento el ex procurador Jesús Murillo Karam, y que se consideren todas las posibles rutas que pudieron ocupar los responsables en toda la región Norte.
Dijo que al respecto los funcionarios federales le explicaron que se está trabajando en ese sentido, y que las indagatorias contemplan también municipios aledaños a Iguala en una dinámica que pretende agotar todas las posibilidades.
Otro de los planteamientos que les hizo, comentó, es la necesidad de identificar al “Patrón”, que es la persona ante la que presuntamente fueron llevados los estudiantes detenidos por policías de Huitzuco en el puente de El Chipote, cerca del Palacio de Justicia de Iguala, y que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531.
Al respecto, indicó que los funcionarios le informaron que están trabajando para poder identificar a esa persona.
De que el Tribunal Superior de Justicia del Estado entregó a la PGR las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia, que podrían contener imágenes relacionadas con esos hechos, dijo que los funcionarios confirmaron que recibieron un dispositivo que presuntamente contenía ese material.
Sin embargo, señaló que le explicaron que al revisar el dispositivo no encontraron nada, pero para agotar cualquier posibilidad solicitaron el apoyo del FBI para que con su tecnología se analice e intente rescatar algo que pueda servir a la investigación.
Mejía Berdeja comentó que también le notificaron que se revisan 3 mil 200 líneas telefónicas que fueron utilizadas entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Además le reiteraron que la visitaduría de la PGR inició una investigación al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por el tema del Río San Juan, en referencia a la presunta siembra de pruebas en la que incurrió el ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, para defender la versión de que los normalistas desaparecidos fueron quemados en el basurero de Cocula.
Respecto a por qué no se ha aplicado el mecanismo de seguimiento del caso que estableció la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos (CIDH), dijo que los funcionarios le explicaron que no depende de la PGR, sino del organismo internacional que debe enviar a asesores externos a México para que inicie su operación.
Mejía adelantó que todos los asuntos que trató en la reunión los expondrá en la sesión del Congreso local que se celebrará hoy, y dijo que el compromiso de los funcionarios de la PGR fue que mantendrán constante comunicación y no descartó más reuniones de ese tipo.

Rechazó el Estado que algún integrante del GIEI participe en el seguimiento del caso Ayotzinapa

El Estado mexicano rechazó que algún miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa fuera parte del equipo de apoyo técnico del nuevo mecanismo de seguimiento, como plantearon los padres de los 43 normalistas desaparecidos, sin embargo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la ultima palabra, aclaró el representante de los padres, Melitón Ortega Martínez.
En declaraciones telefónicas Melitón Ortega no descartó la intervención de alguno de los cinco extranjeros del GIEI en el nueva etapa de acompañamiento internacional. Aseguró que hay muchas posibilidades que alguno de ellos se incorpore, que mañana (hoy) esperan noticias de sus abogados, y el martes, la presentación de los integrantes del equipo de apoyo.
Señaló que durante la negociación con las autoridades los padres lucharon para que el mecanismo internacional tuviera alcances similares al GIEI, es decir, que tengan la oportunidad de volver a entrevistar a los detenidos, a cualquier implicado en el caso y, por supuesto, a los militares que se negaron a hablar con extranjeros en la primera etapa de colaboración.
Explicó que para las padres todos los detenidos (integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala) están relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, sólo que “no quieren hablar, no quieren asumir la responsabilidad, estamos seguros (que) saben mucho, quién dio las órdenes, ¡no es posible que hayan venido extraterrestres por los estudiantes!” reprochó.
Destacó que el nuevo mecanismo va continuar el trabajo que dejó el GIEI cuando fue despedido del país, y seguirá las nuevas rutas de investigación señaladas en sus informes para descubrir el paradero de los estudiantes.
Destacó que será un trabajo serio, no de simulación como el que han venido tejiendo el gobierno federal y la Procuraduría General de la República (PGR). Denunció que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong operó para que en el Congreso local no pasara un punto de acuerdo para que el Grupo de Trabajo se entrevistara con los militares.
“En el Congreso hubo un amarre, fueron cerrando las puertas para proteger al Ejército, la política es que no se esclarezca nunca lo que pasó, autoridades de alto rango han destruido evidencia”, dijo sobre las videograbaciones de las cámaras de circuito cerrado del Tribunal Superior de Justicia y del Centro de Comunicación, Control y Comando (C4) que operaron soldados la noche de la agresión a los estudiantes.
Asimismo, señaló que no obstante las graves irregularidades dentro de la investigación, mantienen en su puesto al director la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien fue videograbado y es acusado de sembrar evidencias en el río San Juan en Cocula, donde fue hallada una bolsa con restos humanos. “Por eso los padres insistimos ante la lucha, para que respondan quiénes son los verdaderos implicados, quiénes dieron las orden, en el mas alto nivel” expresó.
Recordó en el ex comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo negó absolutamente cualquier intervención de la corporación a su cargo en los ataques y aseguró que nunca enteró en tiempo de las agresiones, “nosotros le creímos, y resulta que estuvieron por lo menos dos policías federales en el Palacio de Justicia, y todas las corporaciones en Iguala tienen bitácoras de los sucesos en los horarios de los ataques”.
Sobre las acciones de los padres informó que desde el sábado se encuentran en la Ciudad de México y participaron en una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y van a seguir llamando a la protesta del 26 de septiembre, cuando se cumplen dos años de los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes.
“Tenemos que trabajar muy fuerte para poder llegar el 26 (de septiembre), han sido dos años de mentiras, de impunidad, de distracciones, de desviar las líneas de investigación, de descalificación del movimiento, de los padres, ese es el papel del Estado”.
Opinó que aunque vengan las mejores personas del mundo, los padres insistieron en la integración de los integrantes del GIEI en el nuevo mecanismo de acompañamiento para continuar sobre lo que ya se ha hecho, y ahora sigue estancado. No tenemos otra esperanza más que la confianza en este equipo, esperando el momento en que va a iniciar, probablemente el 13 de septiembre (mañana), “es la garantía de que vamos a lograr lo que queremos”.
Hoy, informó que habrá una actividad en el Hemiciclo a Juárez para elegir el cartel de promoción de la acción global de este mes, y este jueves, acudirán a la marcha de la CETEG del 15 de septiembre en Chilpancingo.

No encontraron a sus familiares en la cárcel de Tuxpan, Iguala, informan Los Otros Desaparecidos

 

La mañana de ayer familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala fueron a la cárcel de Tuxpan, en este municipio, en busca de sus desaparecidos con agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), pero no los encontraron.
Según uno de los familiares que integraron la comisión y al que se consultó vía telefónica, cerca de las 7 de la mañana y durante casi 2 horas les permitieron el ingreso al reclusorio con el acompañamiento del director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Joaquín Torres Osorno.
Informó que por secciones sacaron de sus celdas a los reos, hombres y mujeres, y les pasaron lista para ver si alguien del comité identificaba a alguno de los desaparecidos, pero no fue así.
La fuente consultada dio a conocer que les dieron todas las facilidades dentro del penal para ver a todos los reclusos, pero que ayer, por ser día de visitas, no se pudo ir viendo el catálogo de los desaparecidos y compararlo con los detenidos.
Dijo que los siete integrantes de la comisión no identificaron a ninguno de los reclusos como familiares que tienen desaparecidos, dijo que sólo hubo el caso de una compañera que tuvo dudas con relación a uno de los detenidos, y finalmente comprobó que no era su familiar.
Hoy irá otra comisión que se designó de forma voluntaria dentro del comité y se prevé que hagan la misma acción con el apoyo del álbum de desaparecidos donde van las fotografías de los familiares.
En el plan de búsqueda acordado con la PGR se prevé que en este mes hagan dos visitas al Servicio Médico Forense (Semefo) el 14 y 15, y regresen al reclusorio el 28 y 29, así como el uso del georadar en el paraje Monte Hored para el 21 y 22.
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Solicitó a la PGR informes del avance de su denuncia, dice Leyva Mena

 

El alcalde priísta Marco Antonio Leyva Mena informó que solicitó por escrito a la Procuraduría General de la República (PGR), que se le entreguen los avances de la investigación de la denuncia que hizo en enero, por amenazas del crimen organizado.
Leyva Mena fue consultado al término del anuncio del Festival Cultural de Otoño, donde no estuvo invitado El Sur, y se anunció una inversión de un millón de pesos, por parte del municipio para la organización.
Se le preguntó sobre la denuncia que hizo en la PGR por amenazas que recibió en enero, esto después de que asesinaran al alcalde perredista de Ciudad Altamirano, Ambrosio Soto Duarte, quien también había sido extorsionado por el crimen organizado.
Dijo que los avances de las investigaciones las pidió por escrito este miércoles, y que esperará la respuesta.
Sobre el reforzamiento de su seguridad y la de su familia, que declaró el domingo, dijo que lo va a analizar, porque teniendo este tipo de cargos se corre el riesgo.
Sin embargo, dijo que se debe atender a los ciudadanos, implementando programas, reforzando la seguridad en los barrios y colonias.
Se le preguntó si con la detención de Quitze Amauri Salgado Medina, presunto encargado de la logística para la distribución y trasiego de heroína hacia Estados Unidos del Cártel de la Sierra, y que coordinaba actividades ilícitas en municipios como Chilpancingo, teme que haya reacciones violentas en la ciudad, sólo respondió que las autoridades federales encargadas “están haciendo su chamba”, con quienes están coordinados.
“Nosotros vamos en el alineamiento federal y estatal sobre esos temas”.
Sobre las declaraciones del presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Celestino Cesáreo Guzmán, de pedir la renuncia del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, por la falta de resultados en seguridad, dijo que no se debe politizar y partidizar el tema.
“El PRD tuvo su momento histórico, y creo que de alguna manera tiene que haber una revisión de este tipo de temas, y el huevo de la serpiente estuvo puesto en los pasados años”, concluyó.

Se reúnen padres de los 43 y la procuradora; insisten en la salida de Tomás Zerón de la AIC


Una vez más la procuradora general de la República, Arely Gómez González sólo reiteró a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que en la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, se trabaja con “exhaustividad y profesionalismo”.
La reunión entre ambas partes se llevó a cabo un día después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que la causa de la muerte del normalistas de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes, una de las víctimas de Iguala, se debió a la multiplicidad de golpes que recibió de policías y criminales, y de que perros y roedores fueron los responsables del desprendimiento de la piel de su rostro.
En la reunión los padres demandaron que se mantenga presos a los policías que atacaron a Julio César Mondragón y sostuvieron sus anteriores demandas: que se dé seguimiento al libro blanco elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la destitución de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a quien señalan de sembrar pruebas en el basurero de Cocula.
En un comunicado la PGR señaló que en la reunión en la sede central de la dependencia, la procuradora refrendó ante los familiares de los jóvenes normalistas el compromiso indeclinable de la institución de esclarecer el caso.
Durante el encuentro se expusieron los avances en las distintas líneas de investigación y se informó sobre las acciones de búsqueda que se realizan, contando para ello con instrumentos tecnológicos de punta.
Según la PGR, en un “ejercicio de plena transparencia” se dio cuenta de los últimos avances en la investigación, como las diligencias practicadas a raíz de las últimas detenciones de personas relacionadas con el caso, análisis exhaustivo en materia de telefonía y trabajos periciales en curso.
Además, Arely Gómez escuchó con atención los diversos planteamientos de los familiares en relación con el desarrollo de las indagatorias y enfatizó en su disposición para seguir trabajando de manera cercana y conjunta, tanto en los mecanismos de búsqueda como en los demás aspectos de la indagatoria, dice.
En la reunión estuvieron el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres; Alfredo Higuera Bernal titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, así como Luis Grijalva Torrero, responsable del Órgano Interno de Control.
Ninguno de ellos dio respuesta a los planteamientos de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes nuevamente solicitaron la destitución de Zerón de Lucio como uno de “los planteamientos irrenunciables” ya que en opinión del abogado Vidulfo Rosales, el Mecanismo Especial de Seguimiento a Víctimas no dará resultados.
Así, temen que una vez más la PGR cambie las investigaciones y recomendaciones que adelantó el GIEI.
Desde el 25 de abril cuando los padres exigieron por primera vez la destitución de Zerón de Lucio, éste suspendió sus apariciones públicas.
Luego del encuentro con la titular de la PGR, los padres de familia se dirigieron a la sede de la Cancillería, donde quitaron su plantón iniciado hace seis días, luego de agradecer el apoyo de artistas y ciudadanos, quienes se solidarizaron con el movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.