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Gasea la PF a padres de los 43 que pedían audiencia con Osorio Chong en la Segob; hay cinco lesionados

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra reportó que tres padres y dos mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sufrieron lesiones provocadas por los gases lacrimógenos que les lanzaron policías federales en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras señalar que los actos de represión que se registraron este martes serán notificados al Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosales consideró que la acción policiaca “evidencia la ruta y la posición que respecto al caso mantiene el gobierno federal” de generar “condiciones de debilitamiento y cierre del caso”.
La protesta en la Segob fue anunciada con anticipación como parte de la jornada de lucha que comenzó con un plantón indefinido de los padres frente a la PGR, para exigir que se investigue la responsabilidad de militares del 27 Batallón de Iguala, que se consigne a los policías federales y municipales involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes, y se profundice en la línea de investigación de trasiego de droga de Iguala a Chicago, que está sin avances desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue expulsado del país.
En entrevista con la Agencia Proceso, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos informó que los lesionados son: Hilda Legideño Vargas, Berta Nava, Mario César González, Hermenegildo Ortega Carlos y Bernabé Abraham, quienes sufren “complicaciones en los ojos y en el sistema digestivo” debido a los gases lacrimógenos.
Señaló que la represión policiaca ocurrió después de que los padres y madres solicitaran una audiencia con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de un mitin como parte de la jornada de actividades a 31 meses de la desaparición de los estudiantes.
“En lugar de que reciban a la comisión agreden a los padres de esta manera, eso complica mucho más las cosas y orilla a los padres a no caminar en la ruta del diálogo ni en la ruta de la institucionalidad, sino más bien que sea la protesta donde ellos expresen su exigencia por la presentación con vida de sus hijos”, dijo.
Agregó que después de la agresión familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la avenida Reforma, en Bucareli, y agentes de la Dirección de Gobernación de la Ciudad de México se acercaron a buscar “un puente de diálogo con el gobierno federal”.
Los enviados dijeron que el subsecretario Roberto Campa Cifrián está dispuesto a recibir a una comisión de padres.
Al respecto, Vidulfo Rosales explicó: “rechazamos la oferta porque el subsecretario Campa ya no es interlocutor válido para los padres, porque ellos lo identifican como el que verbalizó la posición del gobierno en Washington. Estamos buscando hablar con Osorio Chong”.
En marzo en la audiencia en Washington en la sede de la CIDH, Campa llamó a los padres a considerar la “verdad histórica” de que sus hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula, como una real posibilidad del destino final de los 43 estudiantes, expresiones con las que el funcionario federal intentó echar abajo las conclusiones de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que esa hipótesis es científicamente imposible.
Tras señalar que la protesta de los padres y madres en las inmediaciones de la Segob “no ameritaba este tipo de intervención de la policía”, Rosales Sierra llamó al gobierno federal a que “rectifique, porque no porque se les reprima van a dejar de exigir la presentación con vida de sus hijos, a menos que detengan a todos los padres, pero no sé si eso resuelve el problema”.
En cuanto a la reciente detención de Walter Alonso Deloya Tomás, El Walter o La Medusa, presunto integrante de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los normalistas, precisó que “fue detenido por otras causas penales distintas y ajenas a los 43, no está directamente relacionado”.
Reconoció que en el expediente se menciona a La Medusa porque “pertenece a Guerreros Unidos y trabajaba para (Alejandro) El Cholo Palacios, pero no hay un vínculo directo, no hay acción penal emanada del caso de los 43”.
Lo que toca ahora a la Oficina Especial para el Caso Iguala, agregó, es buscar “entrevistar al detenido para obtener alguna información adicional, respetando sus derechos procesales”.
Reporta la PF a tres personas con lesiones leves

La Policía Federal (PF) informó que tres personas sufrieron lesiones leves tras la agresión, con gases lacrimógenos, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se encontraban en las inmediaciones de la Segob.
En una tarjeta informativa la dependencia federal aseguró que dos de sus agentes y un trabajador de la Unidad de Gobierno de la Segob presentaron golpes por objetos lanzados por los manifestantes en la protesta de ayer.
Señala a 40 personas ajenas a los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, como los responsables de arrojar petardos y piedras a los uniformados.
Ante esta acción dispersaron a los manifestantes con un par de bombas de gases lacrimógenos.
“El gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación, reafirma su voluntad y compromiso de mantener, como siempre lo ha realizado, un diálogo constante y abierto con los ciudadanos”.
“Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa dijeron haber tomado la decisión, por el momento, de no solicitar una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación debido a la presencia de grupos ajenos a su movimiento”, dice la PF.

Reprueba Amnistía Internacional el uso excesivo de la fuerza

Tania Reneaum, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México reprobó el uso excesivo de la fuerza utilizada por la Policía Federal para dispersar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras se manifestaban afuera de la Secretaría de Gobernación.
“El gobierno de México debe recordar que es ilícito usar formas de control que, como los gases y otras sustancias químicas irritantes, afecten a personas que no tienen que ver con la manifestación o que participando de ella no hacen uso de la violencia”, expuso.
De acuerdo con Reneaum, el uso de la fuerza es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes desaparecidos hace más de dos años.
El de los 43 estudiantes desaparecidos, mencionó, es un caso que no ha sido debidamente investigado por las autoridades mexicanas, y hasta ahora se desconoce la suerte o paradero de las víctimas debido a que no se han esclarecido los hechos.
El desalojo fue cuando un reducido grupo de familiares de los 43 normalistas desparecidos y estudiantes de la Normal Rural pretendían hacer un mitin frente a la Segob para pedir una reunión con Osorio Chong.
El grupo nunca alcanzó su objetivo: en Bucareli, a media cuadra del Reloj Chino se toparon con un muro de hierro y luego con bombas de gases lacrimógenos. En el ataque resultaron lesionados cinco padres de los estudiantes desaparecidos.

La renuncia de Robles al TSJ, consecuencia de llegar por cuota y no por méritos: Tlachinollan

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachino-llan, Abel Barrera Hernández, dijo que la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado es la consecuencia de que en esos cargos se coloque a personas por compromisos políticos y no pensando en servir a la sociedad.
Asimismo, celebró la próxima visita de la relatora especial para México de la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, pues dijo que será clave porque los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa quieren saber qué postura tiene el gobierno federal frente a las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Barrera Hernández fue consultado este miércoles en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, después de la conferencia de prensa que ofrecieron autoridades agrarias de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec.
El defensor de derechos humanos opinó que la renuncia de Robles Hurtado es un indicador de que la justicia en el estado “está hecha trizas porque se quita y se pone a funcionarios y yo creo que en ese sentido estamos muy lejos de que en Guerrero se puedan tener instituciones respetables, honorables y, sobre todo, funcionarios con trayectoria, que no sean colocados por compadrazgo, sino basado en sus méritos”.
Declaró que desde cuando la sociedad escuchó el nombramiento de Robles Hurtado desconfió de él porque no era por sus méritos profesionales o por su trayectoria, “sabíamos que era por otros motivos políticos, por cuotas de poder, y ahora ahí están las consecuencias. Así como llega, así se va”, dijo.
Agregó que ante estas decisiones, como esa renuncia sorpresiva, la pregunta es cómo queda la justicia en Guerrero, y quién le va a garantizar al pueblo que todo el proceso de justicia se va a respetar.
“La justicia está muy manoseada, la justicia y las instituciones están siendo utilizadas como cotos de poder y no se respetan los principios internacionales que debe regir el presidente de un tribunal y de un poder, sobre todo en Guerrero donde el tema de la inseguridad, la violencia y la impunidad están por los suelos”.
Agregó que ahora se entiende que es así porque teníamos a un presidente del Tribunal que simplemente respondía a intereses políticos y no por méritos profesionales y por trayectoria en la carrera judicial.
Añadió que esto es lamentable “porque seguimos teniendo instituciones manoseadas, utilizadas para colocar a los titulares por compadrazgos y sin ética profesional. Son autoridades que no tienen responsabilidad pública de no defraudar al pueblo”, dijo.
Se quejó de que el pueblo de Guerrero “está defraudado, está ofendido porque no hay realmente una acción seria en el nombramiento de sus autoridades que tienen que ser imparciales”.
Insistió que el de Robles Hurtado no fue un nombramiento imparcial “y por eso allí están las consecuencias”, insistió.
En cuanto a la visita de la relatora Esmeralda Arosemena, explicó que responde al plan que ya tiene el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa y que lo trascendente es que viene la relatora especial para México de la CIDH.
“Esta visita va a ser clave porque los padres quieren saber qué postura tiene el gobierno frente a las líneas de investigación que propuso el GIEI y que no han avanzado”.
Agregó que estas líneas se quedaron estancadas desde que se fueron los integrantes del GIEI y que es un síntoma de que el gobierno quiere consolidar su hipótesis, que es la del basurero de Cocula “y no le importa que científicamente no tenga fundamento”.
Denunció que en esto se ve que el gobierno federal mantiene una postura más política que realizar una investigación apegada a los estándares internacionales de derechos humanos, que implica una investigación imparcial.
Barrera dijo que si el gobierno quiere apostarle a una investigación imparcial debe detener a los policías de Huitzuco, a los policías federales, llamar a declarar a los militares que estuvieron la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, así como dar resultados sobre la investigación de los teléfonos celulares, explicar qué pasó con el quinto autobús y abordar todos los temas que quedaron pendientes y observados por el GIEI.
“Los padres ya no quieren discursos huecos, ya no quieren compromisos al aire, quieren resultados y por eso una de las intervenciones de la CIDH será saber para cuándo nos entregan los resultados de estas líneas de investigación”.
Barreras Hernández adelantó que si no tienen esos resultados, los padres ya no quieren volver a sentarse a dialogar con el gobierno, por lo menos hasta que haya resultados, “porque ya no quieren seguir simulando un dialogo sin resultados”, dijo.

Denuncian jornaleros de Xalpatláhuac al chofer que los trajo de Sinaloa por extorsión y maltrato

Carmen González Benicio

Tlapa

Unos 35 jornaleros agrícolas na savi de la comunidad de Cahuatache, municipio de Xalpatláhuac, denunciaron extorsión, maltrato y hostigamiento del chofer del camión que los trasladó de los campos de cultivo en el estado de Sinaloa a Tlapa, en la región de La Montaña.
Al medio día de ayer, un grupo de jornaleros denunció que el chofer del camión que los traía de Campo Emilión, de Aguaruto en Sinaloa, pretendía bajarlos en la carretera federal que conduce a Oaxaca, en el tramo conocido como Las Palomas en el estado de Puebla, y que de ahí ellos tomaran otro vehículo.
Los jornaleros, quienes se negaron a dar su nombre, se inconformaron y le exigieron que los trajera hasta Tlapa porque así lo acordó con el dueño de la empresa que pagó 32 mil pesos para trasladarlos, pero denunciaron que el conductor se mantenía renuente y a cada momento les decía que los dejaría en el camino.
Del tramo Las Palomas hasta Tlapa, se recorre en vehículo en tres horas aproximadamente.
El contratista, Odilón García Hernández confirmó que el patrón de la empresa Valores Hortícolas del Pacífico pagó 32 mil pesos por el traslado y no entendía por qué el conductor exigió que cada uno de los jornaleros le entregara 150 pesos, lo que  que sumó 5 mil 250 pesos más y exigieron que se los devolviera.
Los jornaleros contaron que al entrar a Tlapa, el chofer les dijo que los dejaría en la entrada de la localidad de Atlamajac y luego en la colonia San Diego, donde finalmente los dejó ante las presiones de los 35 jornaleros y sus familias, porque ya habían avisado a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y al Frente Popular de Tlapa, quienes se presentaron en el lugar.
Manifestaron que desde que salieron del campo agrícola en Sinaloa el conductor se estacionó en un lugar oscuro donde les exigió dinero para trasladarlos, y ya no se podían comunicar con su patrón, además fueron acompañados de dos motociclistas.
Agregaron que desde el sábado luego que salieron a las 12 de la noche de Sinaloa hasta que llegaron este lunes a Guerrero, en el camino el conductor les decía una y otra vez que les tiraría sus cosas y los bajaría.
Acusaron al chofer de agredirlos y romper la mochila de una mujer, de empujarlos porque se inconformaron por el cobro extra y que los intimidó diciendo que los bajaría sobre todo en la noche y en zonas donde no había casas, detallaron que es la primera vez que un chofer les cobraba y exigieron la devolución del dinero.
Los integrantes del Frente Popular de Tlapa, Telésforo Aguilar Villanueva, Juan Sánchez, y Ubaldo Segura, solicitaron la intervención de la Policía Municipal para que detuviera al conductor del autobús, quien devolvió sólo 2 mil pesos, pero los inconformes querían el rembolso completo.
El conductor retiró más dinero de un cajero, pero negó la acusación de extorsión porque dijo que el recurso lo había usado para pagar las casetas de peaje para llegar más rápido. Los policías primero dijeron que no se lo podían llevar porque no les constaba el robo del dinero, además de que los jornaleros se lo habían dado, pero ante la presión y los amagos de que entonces no pasaría nada si golpeaban o quemaban el camión, llamaron a sus superiores para que atendieran el caso, y el chofer fue trasladado a la dirección de Seguridad a bordo de una patrulla.
Los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Arón Díaz Salazar y Rubén Darío Silva Morales dijeron que esperarían el acuerdo de la devolución del dinero, pues era la exigencia de los jornaleros.
Los jornaleros de Cahuatache  salieron en noviembre pasado y regresaron este domingo  a Tlapa, donde tomarán otro transporte hasta su comunidad; en el camión venían otras ocho personas nahuas de Tres Caminos, Tlapa, que no hicieron ningún reclamo.

Esta semana esperan una resolución de libertad para Arturo Campos pero no saldrá de prisión

El jueves o viernes de esta semana la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberá dictar una resolución de libertad al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, preso en la cárcel de Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz, dijo que el Juzgado de Distrito Sexto el martes pasado envió la notificación a la Cuarta Sala Penal, pero como se atravesaron los días de asueto de Semana Santa,  hoy o mañana será entregada.
Explicó que el Juzgado Sexto ordenó a la Sala Penal dictar una nueva resolución del amparo 746-2016 promovido por Campos Herrera, luego de que ninguna de las partes interpuso un recurso de revisión, y después de que no se acreditó el delito de secuestro de la causa penal 031/2013, promovido por los agraviados Pedro Gil Apreza Salmerón  y Katia Espinoza Bolaños.
Agregó que en 24 horas se  tendrá que dictar una nueva resolución de libertad a Campos Herrera, porque no se acredita el delito de secuestro.
Afirmó que con la resolución del amparo se demostró que la Cuarta Sala Penal actuó de manera dolosa y respondiendo a intereses políticos en la sentencia condenatoria contra Campos Herrera, el 17 de julio pasado, cuando confirmó el auto de formal prisión.
Téliz García afirmó que queda evidenciada la criminalización que hace mediante las instituciones que imparten justicia para mantener a los líderes comunitarios en la cárcel.
El 2 de abril, el abogado  informó que a pesar de que quedara libre en este expediente, Campos no saldrá de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa”.
De este caso en el Juzgado Penal de Tlapa por el delito de secuestro, promovido por Abraham Ortega Zamora y otros 43 agraviados, del mismo caso que se le siguió a Nestora Salgado y del que fue absuelta en marzo de 2016, el abogado indicó que se solicitó una nueva fecha para que se interrogue a 10 agraviadas.
Añadió que en la nueva fecha también se presentaría una prueba de antropología social para acreditar que Campos Herrera es indígena y que en la comunidad donde nació se rige por usos y costumbres y que está integrada a la CRAC, además de que fue electo como consejero regional en una  asamblea para poder desempeñar un cargo comunitario. ((Jacob Morales Antonio).

Hay una sentencia a favor del preso de la CRAC Arturo Campos, pero aún no saldrá de prisión

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, informó que debido a problemas administrativos se retrasó la notificación al Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), que establece que hay una sentencia a favor del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policía Comunitaria (CRAC-PC), de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera.
Dijo que si el Ministerio Público no interpone un recurso de revisión, es probable que en la segunda semana de abril se dé el auto de libertad al preso político, pero que aún no saldría de la cárcel de Ayutla.
Consultado vía telefónica, Téliz García dijo que a pesar de que la sentencia se dio el 9 de febrero, no se pudo notificar de inmediato al Ministerio Público, porque se hace mediante Correos de México y por cuestiones administrativas se retrasó, y agregó que pidió que se notificara vía telefónica o por fax, y fue así como se le avisó.
”Ya está confirmado que el 24 de marzo ya le notificaron, entonces el juzgado nada más está esperando que pasen los 10 días, y estamos hablando que empiezan a correr esta semana que viene (…) entiendo que en la segunda (semana de abril) ya el Juzgado de Distrito (Sexto, ubicado en Acapulco) va a pedirle a la Cuarta Sala que ya le dicte auto de libertad a Arturo”, detalló el abogado.
Explicó que esta notificación tuvo que darse porque en el Ministerio Público representó legalmente a los presuntos agraviados, y que si no se interpone un recurso de revisión, es decir, que se inconforme del amparo a favor de Campos Herrera, se dará el auto de libertad, pero en caso de darse la inconformidad el proceso se retrasaría unos cuatro meses, aunque dijo revisó el expediente y no hay nada de eso.
“Queda libre de este expediente, desafortunadamente no va a poder salir de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa (donde es acusado por secuestro agravado en el expediente 196/2013), y en ese proceso de Tlapa estamos desafortunadamente agotando el proceso”, aseguró.
Rogelio Téliz manifestó que se están desahogando pruebas, así como el peritaje antropológico para que pueda ser presentado en unas dos o tres semanas. Además, de que se van a desahogar careos e interrogatorios y se entregará el amparo que se ganó.

Defraudó el Estado a los padres de los 43; reunirse con autoridades será improductivo, dice Abel Barrera

 

El Estado defraudó a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y a la comunidad internacional al reactivar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña legalmente a los familiares de las víctimas.
En el cierre del periodo de sesiones de la CIDH en Washington los comisionados se refirieron al caso Ayotzinapa que se abordó en la sesión del 17 de marzo, y confirmaron que hubo una ruptura entre los familiares de las víctimas y el Estado mexicano, a la que siguió una reunión de trabajo “bastante difícil” donde hubo diálogo, dijo la comisionada Esmeralda Arosamena Troitiño.
Ayer en consulta telefónica, Barrera Hernández informó que en este momento no se van a reunir con las autoridades porque “será improductivo”, los padres van a esperar la mesa de trabajo con los comisionados de la CIDH en México, prevista para abril.
Denunció que la postura del Estado, que dio el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián de considerar válida la tesis del basurero de Cocula, “fue abiertamente a la defensiva” y desconcertó a las mismas instancias internacionales que, en la sede de la Comisión, se haya desacreditado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con pruebas científicas descartó la tesis oficial del Estado.
Barrera Hernández añadió que hay 130 detenidos, y de ellos no más de 16 están vinculados con los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y no están acusadas de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada a pesar de que hay videos y testimonios de que estuvieron involucrados policías y militares.
Además de las irregularidades en el proceso de investigación, donde se presumen actos de tortura, detenciones que no están relacionadas con este caso, el gobierno sigue sosteniendo que es la versión más consolidada.
En el informe del Estado también se informó que se había atendido el 94 por ciento de las recomendaciones del GIEI, y el defensor aseguró que también es una falacia, porque no han entregado resultados.
Las autoridades “le apostaron a dar un informe, dieron datos vacuos para sobrellevar 20 minutos que le tocaban y el último minuto para reivindicar su postura dura del caso Ayotzinapa, para seguir administrando el caso políticamente, y es lo más perverso”.
Aclaró que lo que las víctimas pelean a las autoridades encargadas de la investigación de delitos, es que las actuaciones estuvieron viciadas para fabricar culpables.
“Hay una postura política que ha defraudado a los padres y ha defraudado a la comunidad internacional, cuando en la sesión pública vuelve reivindicar la hipótesis del basurero de Cocula como la más consolidada. Tiran todo el trabajo riguroso, científico, de alto profesionalismo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y desautorizan la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
Para el gobierno, por encima de todo ese trabajo está su versión que construyó desde diferentes instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, denunció.
Ahora queda esperar la reunión con la CIDH y el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa en la Ciudad de México, con integrantes del equipo técnico.
De esta visita precisó que va más allá de que el gobierno declare que tiene disposición a seguir las líneas de investigación propuestas por el GIEI, sino que exprese apertura y voluntad, en la vía de los hechos, con resultados.
Mencionó que en la CIDH los padres y representantes hicieron solicitudes concretas: saber en qué fechas van a proceder contra los policías de Huitzuco y los policías federales implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuándo van a enviar los citatorios a los militares, en qué tiempo van a tener los resultados del análisis de la telefonía celular de los estudiantes desaparecidos y de los implicados, así como de la identificación de El Patrón y de El Caminante señalados en la investigación del GIEI, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los normalistas.
“Más allá de decir ‘sí queremos avanzar’, de manera concreta deben decir en qué tiempo habrá resultados en estos puntos”. Después, que se renueve el compromiso del gobierno de que hay una decisión firme del gobierno de llegar a la verdad.
Mientras tanto, dijo que los padres y madres están recibiendo información más completa de lo que significa la posición política que asumió el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para tener una valoración objetiva y al mismo tiempo puedan tener entrevistas y reuniones que serán en abril.
“El punto de la crisis está precisamente en que la PGR ha perdido credibilidad por estos manoseos, formas de investigar más centradas en el manejo faccioso de la escena de los hechos, creo que ese es el punto de discusión de fondo, y la importancia de que este mecanismo internacional ayude a desmantelar estos vicios de las investigaciones”, agregó.
“La ayuda internacional radica en que se obligue a las autoridades a corregir las inconsistencias, la falta de voluntad, porque sigue anclado a su verdad histórica, porque es la que más le acomoda a un gobierno que no quiere desarraigar la corrupción y los vicios de proteger a los responsables”, explicó.

 

México necesita policías más confiables y que los militares vuelvan a los cuarteles, sostienen ONG

Las organizaciones no gubernamentales guerrerenses (ONG) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), así como la Red Década contra la Impunidad que ha venido trabajando algunos casos de violaciones a los derechos humanos en Guerrero, se sumaron a la campaña nacional de Seguridad sin guerra, para rechazar la ley de seguridad interior.
En esa campaña más de 150 organismos civiles del país y unas 50 personalidades reclamaron que “México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia” y que “es imprescindible trazar un plan de regreso escalonado de las fuerzas armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial”.
En su manifiesto las organizaciones plantearon además que “una ley de seguridad interior no es la vía adecuada” y consideraron que el concepto de seguridad interior es poco claro, “confunde las funciones y tareas de seguridad nacional y de seguridad pública”.
También criticaron que las propuestas de ley en la materia plantean un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso y presunción de inocencia, “se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad”.
Dieron a conocer que las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar, a pesar de que las fuerzas armadas mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y especialmente desde hace 10 años esta participación “se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas (corporaciones militares) las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil”.
“Coincidimos en que es indispensable regular a las fuerzas armadas, sin embargo, no creemos que una ley de seguridad interior sea una vía que dé certidumbre a las fuerzas amadas ni a la ciudadanía”.
Las organizaciones informaron que la propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.
“La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional”, e insistieron en la propuesta de crear una ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia.
“Antes que una ley de seguridad interior se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las fuerzas armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables”, propusieron.
Otras propuestas de los organismos son la de promulgar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías en la que se debe incluir “fuertes contrapesos del Poder Legislativo y Judicial, fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables”.
Asimismo incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública, considerar un modelo de controles múltiplesen terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del Congreso.
“No se debe normalizar la excepción, sino hacer frente a la emergencia y corregir las fallas que existen de fondo”. Denunciaron que el despliegue militar “afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos”.
Entre las personalidades que firmaron el documento está Eliana García, quien fue subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, además del escritor y periodista, Diego Enrique Osorno, el ex presidente de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Enrique González Ruiz, el ex diputado local panista, Enrique Pasta Muñuzuri, el poeta y activista Javier Sicilia, el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, la ex comisionada de la Comverdad, Pilar Noriega García, y los periodistas y escritores Denise Dresser y Carlos Fazio.
También respaldaron el pronunciamiento la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos que está conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República.

La única orden de aprehensión que tiene en contra es por motín y no es un delito grave, afirma Chávez Adame

El dirigente de la Asamblea   Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, le comunicó que ya revisó su situación jurídica y que la única orden de aprehensión que tiene es por motín y que no es un delito grave como lo dijo el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez.
Además junto con la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del estado de Guerrero, organización a la que pertenece, se reunieron con el presidente de la  Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para darle seguimiento a la problemática de los trabajadores despedidos injustificadamente de Prospera, además del caso de Patricio Margarito Rivera quien es acusado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio y de la retención del salario de Chávez Adame y de su compañero Simón Tavira.
Consultado antes de la reunión, Chávez Adame señaló que después de que el fiscal dijo que le giraron orden de aprehensión por “un delito grave” y no por haber irrumpido en un almacén del DIF estatal donde estaban escondidas despensas para damnificados de la tormenta Manuel en 2013, con el objetivo de que posteriormente se usaran con fines proselitistas.
Dijo que se alarmó ante la declaración del fiscal (el 21 de febrero) y que pidió al abogado Rosales Sierra, quien lo está apoyando en esta situación, investigara el motivo de la orden y que finalmente le informó que no había ese delito grave del que habló Olea Peláez.
En el documento emitido por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Leoncio Molina Mercado señaló, “Es cierto el acto reclamado por el quejoso de referencia, toda vez que en la causa penal 182/2017-I, que se instruye al incriminado Nicolás Chávez Adame, en este juzgado, el día 9 de febrero del año en curso, se le libró orden de aprehensión  al considerado probable responsable, de la ejecución del antijurídico de motín, previsto y sancionado por el artículo 228, del Código Penal del Estado”.
Más tarde junto con una representación de la Dirección Colectiva acudió a la Codehum para reunirse con Navarrete Magdaleno.
En la reunión se trataron tres temas. En el primero la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo, dijo que le preocupaba porque el abogado que sigue el caso de su padre les anunció que se retiraba y que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general de Gobierno.
Al respecto Navarrete Magdaleno les propuso dialogar con Tlachinollan para que un abogado del organismo se haga cargo del caso de su padre.
Después se dialogó sobre los trabajadores despedidos de Prospera, quienes han sido intimidados y hostigados por personas desconocidas.
Felicitas Martínez Guzmán denunció que en reiteradas ocasiones se ha percatado de vehículos rondando su casa, incluso en una ocasión un vehículo rojo con vidrios polarizados esperó a que saliera con su esposo y cuando iban en su vehículo los siguieron, sin embargo los pudieron perder. Dijo que también su compañera, Roselia Francisco Tranquilino fue extorsionada por celular.
El acuerdo que tomaron con el presidente de la Codehum fue que por escrito relatarán los hechos y solicitarán medidas cautelares, y que el documento será remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ser despedidos por una dependencia federal.
Finalmente trataron la retención de los salarios de Chávez Además y Simón Tavira desde diciembre, además del pago de sus aguinaldos, y que consideran fue por orden del gobernador, Héctor Astudillo Flores, luego de que rompieron diálogo con él al cuestionarle que en su gobierno está filtrada la delincuencia organizada.
Finalmente la Dirección Colectiva pidió a Ramón Navarrete interceda para solicitar una reunión con el gobernador, el secretario de Gobierno y el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ramiro Ávila Morales, para que en conjunto dialoguen las problemáticas que están viviendo y buscar la manera de darle solución. El presidente aceptó y posteriormente informará de la respuesta.
Además acordaron que el lunes harán una visita domiciliaria  a casa de Margarito Rivera para constatar las condiciones en las que viven.

No se menciona la investigación que hizo Tomás Zerón sin el MP en la nueva resolución de la PGR

En las 18 irregularidades que hubo en las diligencias del río San Juan, en Cocula, se señala que el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “realizó actos de investigación” en el lugar “sin encontrarse bajo la conducción del Ministerio Público”, pero en la Nueva Resolución que elaboró la titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), Adriana Campos López, y que se entregó el jueves a los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, no hay ni una mención al respecto.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante legal de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra difundió en su cuenta personal de Facebook un cuadro comparativo de las irregularidades encontradas en las diligencias del río San Juan, en donde según la PGR fueron arrojados los restos de los jóvenes luego de ser asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Según Rosales Sierra, la resolución de la investigación interna del caso Ayotzinapa en la que se da cuenta de las irregularidades, fue filtrada a medios de comunicación “y hace trizas toda base de las investigaciones del basurero de Cocula y el río San Juan, mientras la nueva resolución dada a conocer a los padres de los 43 minimiza la gravedad de las irregularidades”.
La primera irregularidad es que la retención de siete personas dentro de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, incluyendo la de Agustín García Reyes, El Chereje, miembro del grupo criminal Guerrero Unidos, “se realizaron de manera ilegal y arbitraria” y en la Nueva Resolución se afirma “con énfasis” que las detenciones y retenciones fueron legales.
La segunda es que el certificado médico de García Reyes fue irregular y ahora se le atribuye al Ministerio Público la falla.
La tercera indica que no se glosó a la averiguación el oficio con que cesó la custodia de García Reyes “con lo cual se permitió su ilegal sustracción e ilegal entrega” a Zerón de Lucio “sin causa legal que lo justificara”, esta irregularidad también se le atribuye al Ministerio Público.
La cuarta es que García Reyes fue entregado a Zerón de Lucio sin causa legal que lo justificara, en la Nueva Resolución se le atribuye esta irregularidad al fiscal José García Valentín.
En la quinta se da cuenta de la visita de Zerón de Lucio al río San Juan el 28 de octubre de 2014, pero en la Nueva Resolución no hay una mención al respecto, aunque se señala que era responsabilidad del entonces titular de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la SEIDO, Abraham Eslava, estar en la investigación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal.
La sexta indica que se vulneró el derecho a la defensa en perjuicio de García Reyes, ya que fue trasladado al río San Juan sin la presencia y asistencia de su defensor en actos de investigación, pero en la Nueva Resolución no se dice nada al respecto y por lo tanto no se considera una irregularidad.
También se señala que hay indicios de que García Reyes fue torturado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se asentaron horas contradictorias en la reconstrucción de los hechos del 29 de octubre de 2014 y que falta el informe de la intervención policial en el río San Juan.
Otras irregularidades son la ausencia de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico que se mencionan en el video que dio a conocer la Agencia de Investigación Criminal, y que hubo manipulación dolosa para hacer sugerir de manera falsa que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos atestiguó las diligencias.
En 6 de las 18 irregularidades, la Nueva Resolución no hizo ningún pronunciamiento, tres se le atribuyeron al Ministerio Público, dos a los peritos la que indica que no se formalizaron las actuaciones del 28 de octubre de 2014, se le atribuye a Abraham Eslava (sin mención de derecho a la verdad).
Mientras que en el caso de la irregularidad que señala que no hay constancia legal de que se haya ordenado específicamente dejar bajo resguardo la zona del río San Juan, cuando terminaron los trabajos del 28 de octubre, se sostiene lo contrario con base en entrevistas donde testigos afirman que Zerón de Lucio ordenó el resguardo, aunque no hay evidencia documental y pese a que al inicio de la diligencia el 29 de octubre no se rompieron los sellos ni se recibió el lugar de sus custodios.
La responsabilidad administrativa de las irregularidades recae en Zerón de Lucio, en la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) Blanca Alicia Bernal, el fiscal de la UEIDMS Jorge García Valentín, el titular de la Unidad Especializada de Investigación de Asalto y Robo a Vehículos Abraham Eslava Arvizu, el integrante de la Policía Federal Ministerial Jaime David Díaz Serralde, la perita en fotografía Eva Hernández Moreno y los peritos en Medicina y Antropología Mauricio Cerón y Patricia Gómez Ramírez.
La PGR informó el jueves que ya inició los procesos correspondientes en contra de los responsables de las irregularidades, pese a que los padres de los 43 normalistas desaparecidos pidieron que a Zerón de Lucio se le iniciara un proceso penal.

Denuncian defensores de derechos humanos ante el relator de la ONU riesgos en su labor e impunidad

El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió ayer por separado en Chilpancingo con autoridades estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos, los últimos denunciaron impunidad, denegación de justicia y una situación difícil y riesgosa para desempeñar su trabajo debido a la violencia e inseguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que expuso ante el relator de la ONU que en Guerrero existe un patrón sistemático de agresiones a los defensores por las autoridades, pero ahora también por el crimen organizado, lo cual hace mucho más peligrosa su participación en la defensa de los derechos humanos.
Todas las reuniones de Forst fueron en privado y no dio declaraciones.
El personal que lo acompaña informó que el 24 de enero cuando termine su visita oficial en el país, ofrecerá una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que dará a conocer su diagnóstico de las quejas y denuncias que recibió.
En la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, con el fiscal Xavier Olea y con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, quienes le entregaron un informe de la protección a personas defensoras de derechos humanos en el estado, se informó en un boletín.
Después de la 1 de la tarde se reunió casi media hora con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Al terminar el ombudsman informó que le planteó que el trabajo del organismo es “difícil” debido a la inseguridad que se vive en la entidad, y por la escasez de recursos.
Agregó que precisó que en este organismo “no hemos sido agredidos de manera directa, pero que sí las condiciones en que trabajamos son adversas”.
Dijo que otra de las causas por las que trabajan en condiciones adversas es la falta de recursos económicos, “no tenemos los recursos suficientes para atender la totalidad de los problemas que surgen en el estado. Lo hacemos con muchas dificultades, no obstante hemos tenido resultados importantes”.
Se reunió por separado y en privado unos minutos con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, así como con representantes de organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y de violación a sus derechos humanos.
Asistieron el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Alejandro Ramos Gallegos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, y el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
También representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija del líder campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco.
Se reunieron con el relator de la ONU los directivos del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que encabeza Javier Monroy, las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, encabezados por Catalina Pérez, una comisión de habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, encabezados por Quintín Salgado y el dirigente del sindicato de mineros de Taxco que están en huelga, Roberto Hernández Mojica.
Además se reunieron con Michel Forst la esposa del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Martínez, la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino y el abogado de Gonzalo Molina González, Hegel Mariano.
A la llegada del relator a la casa Diocesana, conmovió a los asistentes que la nahua de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, María Guadalupe Tepetitlán abrazó al enviado de la ONU y en su idioma (no habla español) le pidió ayuda entre sollozos para encontrar a su esposo Guillermo Limpa Torres y a su hijo José Lauro Limpa Tolentino, ambos desaparecidos el 25 de febrero de 2015 en Chilapa. Ese día con ellos desapareció el indígena de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, Juan Campos Regino, denunció la esposa de éste, Paula Ahuejote Gutiérrez.
Las dos mujeres llegaron con el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, que preside José Díaz Navarro, quien minutos después entregó al relator un álbum con los 100 casos de desaparecidos que tiene documentados ese grupo solamente de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo.
Díaz Navarro denunció que la violencia sigue en Chilapa y que sólo en la última semana se cometieron siete homicidios.
Reprochó al gobierno del estado “que su estrategia que está implementando es un fracaso” y le exigió que la cambie porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, “porque no hay peor cosa que nos quiten la vida”.

Las agresiones del gobierno y del crimen

Otro de los problemas que se denunció al relator es el caso de la denegación de la justicia en los casos de asesinatos de dirigentes, como el líder de la UP de Iguala, Arturo Hernández Cardona y de Rocío Mesino, ambos asesinados en 2013.
Norma Mesino denunció que en el caso de su hermana desde el 18 de septiembre del 2014 solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) copia del expediente, mismo que le fue negado con el argumento de la secrecía en la investigación.
Sin embargo denunció que en diciembre pasado la Fiscalía emitió un boletín del caso en donde se dan a conocer las supuestas actuaciones que hace, cuando en realidad no se está investigando y no hay avances.
Norma Mesino y Sofía Lorena expusieron el caso de los asesinatos de Rocío Mesino y Arturo Hernández. Denunciaron que la FGE no los ha esclarecido y que como consecuencia el gobierno estatal les ha negado la justicia.
El abogado Hegel Mariano también expuso el caso del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso debido a la falta de voluntad del gobierno para liberarlo.
A su vez las familias desplazadas de La Laguna denunciaron el abandono y la inseguridad jurídica en que viven en los lugares donde se encuentran refugiadas después de que abandonaron su comunidad asolada la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan declaró entrevistado al final de las reuniones con los distintos grupos, que el diagnóstico que fue presentado al relator es que existe un patrón sistemático de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, como consecuencia de que no hay un reconocimiento público a su trabajo en cuanto a su labor en favor de las víctimas, y para subsanar las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia y de seguridad.
“Más bien hay una estigmatización al trabajo de los defensores”, reprochó Barrera Hernández quien agregó que en muchos de los casos “se usa el derecho para castigar a los defensores”.
Se quejó de que en este ambiente, actualmente los defensores sufren agresiones de las autoridades pero también por agentes no estatales, como el crimen organizado, “y ahora el peligro es mayor para los defensores porque se ha perdido la línea divisoria entre los agentes del Estado y los no estatales”.
Antes de que llegara Michel Forst el obispo Rangel Mendoza platicó con los representantes de los distintos grupos. Les dijo que “se pone la camisa de los padres de los desaparecidos” y les manifestó que él ha propuesto un diálogo “con la gente que provoca el mal” pero que no ha sido atendida esa petición.

El relator de la ONU quería informarse si existen casos de hostigamiento o tortura, informa el gobierno estatal

La reunión de Michel Forst con las autoridades fue en la mañana en la Secretaría de Gobierno, y se dio a conocer en un boletín de prensa.
Se informó que estuvieron el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
“El interés de Michel Forst por reunirse con las autoridades del Estado es por la preocupación que tiene sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos, para informarse sobre si existen casos de hostigamiento o tortura”, se informó en la misiva.
Agrega que el relator pidió a las autoridades reconocer la labor públicamente de los defensores y defensoras y a su vez tener voluntad para resolver los casos que pudieran presentarse.
Afirma que el secretario general de Gobierno le explicó al enviado de la ONU que el gobernador le instruyó que “expresara con claridad y transparencia la situación que guarda el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, ya que ésta es una política prioritaria para esta administración”.
Se informó que en la presentación se señaló que desde el 2011 a la fecha existen 21 medidas solicitadas y que la administración de Astudillo Flores sólo ha recibido una solicitud de medidas cautelares, solicitada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Se destacó que se envió al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de un mecanismo de protección eficaz, garantizando los derechos fundamentales y de libertad de expresión. Dentro del mismo informe se detallaron por nombre, organismos solicitantes las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado”, agrega.
En el boletín se informa que las autoridades presentaron un informe de la protección a personas Defensoras de Derechos Humanos .