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Cierran trabajadores la calle frente al Hospital de la Madre en la capital en contra del director

Unos 40 trabajadores sindicalizados del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense bloquearon el bulevar del río Huacapa, frente al hospital, para exigir la destitución del director, Adiel Molina Bello, porque aseguran que es déspota y no respeta los derechos de los trabajadores.
Pese a que sólo bloquearon el tráfico unos 40 médicos y enfermeras, éstos afirmaron que son unos 300 trabajadores que exigen la destitución del director, adheridos a la sección 61 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
El secretario general dijo que están en desacuerdo que después de que Molina Bello mantuvo este cargo durante cinco años, tras ser impuesto por el ex gobernador priista Ángel Aguirre Rivero, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores lo haya ratificado en el cargo.
“Nepotismo, malos tratos, no cumple con los acuerdos con los trabajadores, no respeta el contrato colectivo”, expresaron los inconformes para caracterizar al funcionario.
Manifestaron que Adiel Molina nunca está enterado de lo que sucede en el hospital, y que si sucede algún problema, “no da la cara”.
También indicaron que hay trabajadores que son “mal pagados”, pues llegan a trabajar 24 horas en un mismo servicio y no les pagan las guardias, incluso le han pedido audiencia para tratar asuntos laborales, y no se las da.
Reclamaron que ejerce la dirección con “autoritarismo”, y exigieron la destitución del director, e incluso apuntaron que hay médicos con mejores perfiles académicos que pueden tomar el puesto. “La base trabajadora no lo quiere”, reiteraron.
Expusieron que la mala administración que está ejerciendo este director ha provocado que el servicio que se da en el hospital sea ineficiente, porque hay sobre carga de trabajo.
Dijeron que si llega una persona externa del hospital para asumir el cargo y beneficia al hospital lo aceptarán.
Durante el bloqueo, una comisión se reunió con el director general de Administración y Desarrollo de Personal del estado, Jaime Ramírez Solís, y acordó que el jueves les anunciará de qué forma podrán apoyarlos.
Cerca de la 12:40 del mediodía terminaron el bloqueo para trasladarse a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, donde se reunieron con el secretario, Carlos de la Peña Pintos.
Les aseguró que va a hablar con la Mesa Directiva para ver de qué manera pueden intervenir y dar solución a su conflicto, y que esta misma semana les va a llamar para informarles.
Mientras tanto, este miércoles los trabajadores sostendrán una reunión con el secretario particular del gobernador, Marco César Armenta Adame para también darle a conocer su exigencia de destituir al director.
Asentaron que buscarán en distintas instancias para que los ayuden a solucionar el conflicto y para que también el gobernador voltee a ver a la base trabajadora del hospital.
Advirtieron que volverán a bloquear el jueves si no hay solución.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.

Piden personas con capacidades diferentes aparatos al CRIG; acuerdan una reunión

 

Integrantes del Consejo Consultivo de y para Personas Discapacitadas del Estado de Guerrero acudieron al Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) de Chilpancingo para demandar apoyos, y acordaron con el director de Planeación del DIF estatal, Rogelio Ozuna Castro una mesa de trabajo para atender sus peticiones.
A las 8:40 de la mañana representantes de 14 organizaciones de más de 50 que conforman el consejo, acudieron al CRIG para exigir que se cumplan sus demandas.
Unos 40 minutos después una comisión dialogó con Ozuna Castro, también estuvo el contralor interno del DIF estatal, Enrique Cotero.
Al término de la reunión, el consejero audio lingüístico Liborio Selio Vargas señaló que a la entrega de juguetes que solicitaron antes del 6 de enero no les dieron respuesta.
Los funcionarios dijeron que en ese rato les entregarían los juguetes pese a que no era la cantidad que solicitaron, sin embargo el consejero dijo que no se iban a poner “radicales”, y que van a organizar una actividad para comprobar la entrega.
Manifestó que una de sus preocupaciones es que los apoyos que soliciten y les otorguen lleguen a los que los necesitan.
Dijo que requieren atención médica, un programa de donación de aparatos funcionales como andaderas, bastones, muletas y sillas de ruedas, ya que hay familias que no tienen para comer y mucho menos para adquirir un aparato de ese tipo. Otra petición son proyectos para tener un trabajo.
Selio Vargas agregó que, “hasta que ven que la situación se va a salir de control los llaman a dialogar”, además que, “a este sector le dan expectativas pero no soluciones”.
Recordó que en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero solicitaron apoyos, pero no fueron atendidos.
Agregó que desde que inició la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores sólo los han recibido dos veces en el CRIG para dialogar, y reprochó que las reuniones son a prisa, “como si no tuvieran tiempo o quizá no les interesa atender las necesidades de los discapacitados”.
El consejero dijo que, “acudir en grupo al CRIG le molesta al gobernador, a la presidenta del DIF estatal y también a la esposa del gobernador, Mercedes Calvo”.
Sin embargo necesitan dar a conocer sus necesidades, porque saben que hay apoyos del gobierno estatal y municipal para los discapacitados.

Está obligada a depurar los padrones de programas de apoyo, responde la Sedesol a adultos mayores

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado, Alicia Elizabeth Zamora Villalva respondió a las tres organizaciones de adultos mayores de Guerrero que demandan su destitución, que está obligada por la ley a cumplir con la depuración para evitar la duplicidad en la entrega de pensiones.
Este lunes, se publicó en El Sur que tres organizaciones de adultos mayores de Guerrero exigen la destitución de la titular de Sedesol del gobierno del estado, Alicia Zamora Villalva, a quien acusan de pretender excluirlos del programa Pensión Guerrero cruzando los datos de los apoyos estatales y federales.
Ante la demanda de las tres organizaciones, la funcionaria estatal explicó que el apoyo económico del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (Igatipam) es un recurso público que debe ser vigilado; “yo estoy obligada a cumplir la norma, porque el recurso que se les otorga es un recurso público, y ese recurso público tiene reglas de operación”, dijo.
Zamora Villalva dijo que si no la hace, “estoy incurriendo en una irresponsabilidad”, por lo que está obligada a depurar cada dos meses el padrón para evitar el doble pago.
Recordó que a su llegada a la dependencia se enfrentó al pago atrasado de tres bimestres de 2 mil 644 pensiones, los cuales se cubrieron sin una depuración previa.
Dijo que la acumulación del retraso en los pagos, se debe a la falta de seguridad en el dinero, ya que la inversión del estado se recaba de todas las administraciones fiscales, por lo que insistió en que su propósito es mudar los programas federales de Sedesol.
“Si nosotros… logramos que Sedesol se mude al ámbito federal, estaremos jalando el recurso federal, que ese viene etiquetado, y ya no estaremos supeditados al vaivén de las recaudaciones fiscales, y estaremos supeditados a la aportación federal, que es lo más seguro”, detalló.
Explicó que la indicación del gobernador Héctor Astudillo Flores fue que se pagara a todos los beneficiarios, aunque estuvieran duplicados los padrones, pero que se les informará a los beneficiarios que sería la última vez que se les pagaría doble.
La nueva administración detectó que en los padrones de pago de pensiones a adultos mayores hay 594 nombres duplicados, por lo que se inició la depuración para que a finales de febrero se cuente con un padrón detallado de beneficiaros.

En Chilpancingo las demandas de la organizaciones están politizadas, dice

La secretaria explicó que el único lugar donde han encontrado resistencia ante la depuración es Chilpancingo, por lo que calificó el hecho como “un asunto politizado”.
“Las organizaciones son extremadamente politizadas, son organizaciones que así trabajan”, comentó.
Insistió en que no se le puede pagar doble a un beneficiario, y que se les informó cuándo supuestamente iban a recibir el pago de su pensión.
Zamora Villalva dijo que no se trata de una posición personal, “creo que estamos en la obligación de continuar con la depuración del programa, seré respetuosa de las expresiones de los grupos o de las organizaciones, o a titulo personal no la comparto”, señaló.
Mencionó que el problema de la duplicidad de nombres de beneficiarios en los padrones no es un problema nuevo, sino de administraciones pasadas, por lo que ahora están buscando atenderla.
El problema fue provocado por el origen diverso de los programas de apoyo a los adultos mayores, ya que uno es federal (65 y más) y el otro es estatal (Pensión Guerrero), y fueron elaborados sin coordinación entre las dependencias responsables de entregarlos.
La funcionara reiteró que el objetivo de su dependencia es acoplarse a los programas federales de Sedesol, para que no haya duplicidad en programas como el de madres solteras, que actualmente está dentro de Guerrero Cumple.
Dijo que su propuesta es que los programas aplicados por el proyecto establecido durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Guerrero Cumple no se conviertan en programas de orden personal, es decir que no se otorgue por el gobierno del estado sino por la federación con un recurso directamente etiquetado.
“Lo que yo propongo en la Sedesol, es que nosotros tengamos de manera trasversal, los mismos apoyos que tiene la federación, estoy tratando de que yo asegure el recurso federal”, comentó.
El programa Guerrero Cumple administra los apoyos a madres solteras, grupos vulnerables como personas con discapacidad y adultos mayores, así como la entrega uniformes escolares.
La funcionaria señaló que para una mejor administración de los programas, algunas secretarías se encargarán directamente de los programas que actualmente maneja Guerrero Cumple. “Tengo entendido que madres solteras lo absorbería la Secretaría de la Mujer”, agregó.

No responde la secretaria a la pregunta de si desaparecerá Guerrero Cumple

Se le preguntó si desaparecería el proyecto que fue bandera del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, y respondió que se planteó al gobernador Héctor Astudillo Flores que los programas podrían continuar este año ahí, porque “no da tiempo de mudarlos en dos meses”.
Recordó que Guerrero Cumple se formó por decreto, por lo que sería difícil modificarlo; de momento sólo serian regularizados esos programas en las secretarías responsables.
“Pero en el momento en el que el decreto se termina su vigencia se pierde ese decreto, pero debe de surgir otro para efecto de la Sedesol, lo que queremos es normar los programas de carácter social y que no estén dispersos, uno lo maneja otra secretaría y nos parece que debe estar normado”, dijo.
La funcionaria estatal, no quiso decir si Guerrero Cumple desaparecerá en esta administración encabezada por el priista Héctor Astudillo Flores.

No hay un hospital regional en Tecpan; Aguirre puso la primera piedra pero no hizo más

 

El Hospital Regional de Tecpan, cuya construcción había sido anunciada a inicios de la administración de Ángel Aguirre Rivero como una de las primeras y grandes obras, quedó sólo en promesa, su propósito era atender las carencias de salud del municipio y las comunidades vecinas, además iba a reducir la carga de pacientes del Hospital General Regional de Atoyac.
Sin embargo, el proyecto del nosocomio quedó únicamente en la colocación de la primera piedra que hizo el entonces gobernador de estado Ángel Aguirre Rivero, quien anunció con bombo y platillos que el nuevo hospital de la región de la Costa Grande se ubicaría en un terreno en las afueras de la ciudad de Tecpan, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, entre las comunidades de El Súchil y Tenexpa.
Durante su primera gira de trabajo en la región de la Costa Grande en la ciudad de Tecpan, Ángel Aguirre dijo que se iba a atender la demanda de asistencia médica de la población tecpaneca, y declaró que “a mí no me gusta poner primeras piedras sino hasta que se culmina la obra, pero no será así Tecpan”.
La ciudad de Tecpan y comunidades de sus alrededores tienen una población de unos 25 mil habitantes (sólo la cabecera municipal tiene más de 15 mil habitantes, según el Inegi), que serían atendidos por ese hospital.
La población asiste a un hospital comunitario que tiene más de 53 años de servicio y carece de espacio suficiente para la atención de pacientes y además no tiene personal médico.
El director del Hospital Básico Comunitario, Raúl Martínez Abarca, reconoció que la demanda de asistencia médica ha rebasado al nosocomio, además dijo que éste fue creado sólo para dar consultas, pero dijo que por urgencia se han hecho “operaciones en cesáreas, histerotomía, apéndices que son menores, que no ponen en riesgo la salud del paciente”.
Martínez Abarca dijo que el aumento de pacientes ha mermado la calidad de atención, “la demanda exagerada del Seguro Popular, (es) lo que nos hace insuficientes para cubrir las necesidades que la misma población demanda”.
Abundó que antes de la creación del programa la atención era mejor, pero la avalancha de trabajo del Seguro Popular colapsó el servicio.
En el hospital comunitario se atienden en promedio 150 personas por día en consulta externa y en urgencias otras 40, además de los pacientes en servicios dentales y de psicología.
En este año el hospital realizó más de 500 cirugías menores además de las que llegan por urgencias, aún cuando sólo cuentan con un quirófano.
Por día hacen en promedio siete procedimientos quirúrgicos, además de atender el horario de consulta por la mañana, que fue rebasado y se abrió el turno vespertino para poder equilibrar el servicio.
En las instalaciones funcionan tres consultorios para el turno de la mañana y uno para pacientes foráneos, además hay dos para el turno de la tarde, pero no ha sido suficiente.
En el hospital hay 11 camas, lo que ha provocado que los pasillos sean utilizados para atender a los pacientes, “eso es queja de los familiares, pero somos un (hospital) básico pero el de Atoyac y Zihuatanejo están saturados, por eso es urgente y necesario la ampliación y mejoramiento del servicio con un nuevo hospital, que fuera general no comunitario”.
En las redes sociales han circulado imágenes de pacientes en los pasillos del hospital, exponiendo a las demás personas y al personal que ahí labora.
El director reveló que hay 30 médicos generales, 27 enfermeras y nueve médicos especialistas, siete químicos, tres psicólogos y tres odontólogos, quienes cuentan con espacio limitado ya que las instalaciones son las mismas desde hace 53 años y no se tenía considerado atender urgencias o cirugías.
Agregó que el municipio cuenta con 21 centros de salud, que han sido de gran ayuda pero no suficiente, ya que los casos que no pueden atender se canalizan a los hospitales generales.
En los brotes de enfermedades como dengue y chikunguya, se apoyan con brigadas médicas.
Martínez Abarca destacó que cuenta con capacidad “pero no hay infraestructura, el personal humano está, hemos tenido la capacidad de atender a unos militares que fueron emboscados así como a 17 a personas que resultaron heridas en un accidente”.
Abundó dicha situación le duele, pues la construcción del hospital regional no se ha terminado.
Insistió que “es necesario un hospital con mejor infraestructura, desconozco que es lo que se tenga hacer, porque hay otras autoridades que le compete eso, está el terreno con una construcción que es sólo el 5 por ciento del proyecto”.
Por su parte, el ex secretario general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) en el municipio de Tecpan, José Fredy Ramírez, condenó que las autoridades estatales hayan engañado a los habitantes.
Recordó que el hospital comunitario fue diseñado sólo para medicina preventiva, para que no hubiera enfermos de levedad en los hospitales de segundo y tercer nivel.
Destacó que el dispensario médico cuenta sólo con camas para observar el estado del paciente pero “no son para hospitalizar, cuando andaba de candidato Ángel Aguirre se comprometió hacer un hospital regional, situación que era necesaria porque estamos en el corredor turístico, ya que el de Atoyac a pesar de ser general sólo cuenta con 30 camas que también ha sido rebasado”.
Dijo que la deficiencia en el Hospital General de Atoyac repercute en el servicio comunitario por carecer de las cuatro ramas médicas de medicina interna como son ginecología, pediatría, ginecobstetricia y cirugía, aparte de anestesia, psiquiatría, dermatología, otorrinolaringología, patología y laboratorios clínicos y gabinetes de rayos x.
Abundó que con el Hospital Regional de Tecpan se pretendía apoyar, pero lo que se hizo fue dejar en la indefensión a los habitantes, “la población está desprotegida, los habitantes no tienen quién los ampare ni quién los arrope, no tienen absolutamente nada y eso lo saben perfectamente las autoridades”.
El ex secretario acusó que hay negligencia porque se actúa con fines políticos para los cargos, “hay negligencia porque no creo que desconocimiento, si así fue que feo, se supone que un secretario de Salud conoce todo lo que consiste en infraestructura, debe ser precisamente un maestro en la salud pública, aquí nomás los improvisan, me ayudas en la campaña yo te pongo, no se buscan las personas con el mejor perfil es el problema que el estado tiene”.
Criticó que se pone de encargadas a personas que no saben nada “va pasando nada más, lo improvisan y lo sientan, se hace un caos en la cuestión administrativa, las unidades no cuentan ni con el cuadro básico de medicamentos”.
Manifestó que los beneficiarios de los programas de Oportunidades y Seguro Popular no son tampoco atendidos como debe ser, “aquí no puedes hospitalizar a nadie, los especialistas son sólo para urgencias médicas porque no hay banco de sangre y sin embargo se atreven a operar lo que es una irresponsabilidad”.
Calificó a las autoridades “como súper irresponsables, no cumplen ni siquiera para lo que fueron elegidos, el anuncio que hizo Ángel Aguirre fue sólo para distraer, se puso una primera piedra (y) quedó un esqueleto se vino a tirar el dinero, qué malo porque no se cumplió, como viene a prometer por ocurrencia porque es una necesidad y nada más andar tirando el dinero, no se vale prometerlo”.
Expresó que se suponía que era un gobierno de izquierda que “son justicieras las izquierdas, no andar prometiendo ni burlándose de la población, como partido de izquierda no debería haber sido así, fue un candidato del PRD, el renunció al PRI de manera pública y aceptó todo lo que se le dio del partido con eso tenía que gobernar y se tradujo en irresponsabilidad, porque no dejó ni un elefante blanco dejó un esqueleto”.
Es triste para nosotros como médicos “porque para nosotros son las mentadas de madre, ojalá fueran para ellos –los gobernantes– ellos manejan el dinero, nosotros sólo ponemos nuestras manos y conocimiento”.
Concluyó que el derecho del pueblo es que lo curen y lo mantengan sano, la salud es un derecho “pero se traduce que vivimos en una sociedad enferma”.

Balean por segunda vez la funeraria El Ángel concesionada como Semefo de Iguala

Hombres armados atacaron a balazos la madrugada de ayer la funeraria El Ángel que tiene concesionado el Servicio Médico Forense (Semefo) en esta ciudad, ubicado en la carretera federal México-Acapulco, tramo Chilpancingo-Iguala, donde fueron hallados 14 casquillos calibre 9 milímetros.
En menos de 15 días, es el segundo ataque a balazos a las instalaciones de esta funeraria, propiedad de la familia Rueda Mazón, parientes del dos veces alcalde perredista de Iguala, ex senador y ex secretario de Salud del estado en el periodo de Ángel Aguirre Rivero, Lázaro Mazón Alonso.
El 16 de diciembre, hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon a la fachada de la funeraria El Ángel, ubicada en el mismo tramo de la carretera federal México-Acapulco, cerca del crucero de Rancho del Cura, a unos 200 metros del Semefo, en ese ataque tampoco hubo lesionados.
Ayer, cerca de la 1 de la madrugada, hombres armados a bordo de un vehículo dispararon en al menos 14 ocasiones a la fachada, puertas y ventanas de vidrio de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
Desde 2010, el Semefo de toda la zona Norte fue concesionado a particulares, propietarios de las funerarias El Ángel y Rueda, quienes en el Semefo también ofrecen sus servicios funerarios.
En la puerta principal del Semefo, donde está la sala de recepción, se observaron ocho impactos de bala en los vidrios, tres más en los tejados arriba del portón, otro en una pared y uno más en una ventana.
Según versión de uno de los empleados de la funeraria El Ángel, el ataque ocurrió mientras había empleados adentro de las instalaciones, quienes se resguardaron y ninguno resultó lesionado.
Los atacantes dispararon desde un vehículo en movimiento desde la carretera federal, a unos 20 metros de las instalaciones, y luego huyeron con rumbo desconocido.
La zona fue resguardada por efectivos de las policías Federal y Estatal, luego del reporte y la solicitud de apoyo que se pidió al número de emergencia 066.
Ayer se observó que el retén militar permanente que había en la entrada a la ciudad, en el entronque de la comunidad de El Tomatal, a menos de un kilómetro del Semefo fue retirado.
Agentes del Ministerio Público y peritos localizaron y decomisaron en el lugar 14 casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
En las mismas instalaciones del Semefo, desde afuera se ven ataúdes y publicidad de los servicios funerarios que ofrecen las funerarias El Ángel y Rueda, que tienen la concesión del Semefo.

Comparecen ante un juez de Tlapa comunitarios de la Casa de Espino Blanco acusados de privación de la libertad

 

Policías comunitarios de Tototepec, Tlapa, y de la Casa de Justicia de Espino Blanco, con sede en Malinaltepec, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) comparecieron ante el Juzgado Primero de Tlapa ante una demanda de privación ilegal de la libertad, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
En consulta telefónica, informó que el agente del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas, sometido a reeducación en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia a principios de agosto, se amparó y presentó una demanda por secuestro, pero el juez del fuero común reclasificó el delito y liberó órdenes de aprehensión a 18 comunitarios.
En el proceso penal, dijo Rosales Sierra, los policías comunitarios también se ampararon para decir ante la justicia federal que tienen facultades de seguridad y justicia respaldada por distintas leyes y tratados. Asimismo, este martes y miércoles ofrecieron pruebas documentales ante el juzgado penal en Tlapa para confirmar que la Policía Comunitaria es legal y está facultada para hacer tareas de seguridad y justicia, por lo que no pueden ser acusados de privación ilegal de la libertad.
En consulta telefónica, confió que el lunes, cuando se vence el plazo para definir la situación legal de los implicados, el juez dicte el auto de libertad.
El abogado de Tlachinollan explicó que la Casa de Justicia de Espino Blanco ha tenido un periodo inestable, en dos meses ha retirado a cuatro coordinadores, y en este contexto la comunidad de Tototepec, con una historia larga de división intracomunitaria, llevó a juicio a Fidel Villegas.
Del conflicto en la comunidad, añadió que hay dos grupos contrarios, uno en el que participa Villegas y otro que es parte de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Debido a que los hijos del funcionario comenzaron a cometer agravios contra vecinos con la venia de su papá, los comunitarios retuvieron a Villegas y lo trasladaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Rosales Sierra destacó que con dos amparos en proceso, el juez se enfrenta a una controversia y debe definir la legalidad de la institución comunitaria este lunes, cuando termina el plazo para definir su situación legal.
Recordó que los juzgados y ministerios públicos locales han evadido analizar los caso de la CRAC que llegan al sistema judicial, aunque existe el precedente de sentencias federales que reconocen a la institución de los pueblos como parte del cuerpo de seguridad pública del Estado, que se establece en la Ley 701.
Por ejemplo, señaló que en la apelación a favor de los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrero, entre otros acusados y presos por delitos del fuero común, un Juez de Distrito determinó que no podrían ser acusados de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, porque sus acciones se enmarcan en sus funciones como policías comunitarios.
Indicó que el juez, dijo que actos de la CRAC deben ser asemejados a actos de autoridad, porque están reconocidos. Incluso, dijo que hay sentencias por la portación de armas de fuego, donde establece que pueden usar armas que no sean del uso exclusivo del Ejército. Añadió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, tramitó un permiso en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el uso de armas de bajo calibre.
No obstante, todos los jueces locales y el Ministerio Público han sido renuentes, “sí han sido cerrados para aceptar un criterio más garantista, analítico donde digan si la Policía Comunitaria es legal o no”, explicó.

Convoca la CRAC a una asamblea el 23 en San Luis Acatlán para defender la Ley 701

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) convocó a una asamblea microrregional el 23 de diciembre en San Luis Acatlán, para tratar como único punto del orden del día la defensa de la Ley 701, que sería reformada por mandato constitucional a más tardar el 29 de abril de 2016, informó la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
En los artículos transitorios de la Constitución Política del estado de Guerrero, aprobada en 2014, se señaló un plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto “para hacer concordar las leyes locales con las nuevas disposiciones constitucionales”.
En este caso se encuentra la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena que se aprobó al final el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, que reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña, del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria, como un cuerpo de seguridad.
La Ley 701 establece que los órganos del poder público y los particulares deben respetar sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones “como actos de autoridad”, y que el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Incluso, dice que “la autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.
Coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán aseguraron que no van a permitir que se derogue o acote la legislación que concede facultades amplias a la CRAC. No obstante, reconocieron que esta asamblea se programó para el domingo 6 de diciembre y se pospuso para el 23, por falta de quórum.
En consulta telefónica sobre la asamblea, insistieron en que el Estado ha lanzado varias embestidas a la CRAC para destruir cualquier referente de organización de los pueblos, particularmente durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, para imponer los proyectos mineros autorizados en la región Costa-Montaña.
Se precisó que el punto único es la defensa de la Ley 701, pero de manera extraoficial se sabe que, a nivel interno se discute la posibilidad de cambiar a los coordinadores de la Casa Matriz, que cubrieron a los primeros electos en asamblea, entre ellos Eliseo Villar Castillo, separados de los cargos el año pasado, en medio de una fuerte confrontación interna.
La reunión microrregional, se informó, es de preparación para la asamblea regional que se celebrará a mediados de enero de 2016.

Reparará la Segob los daños a Los Avispones este año por el ataque en Iguala, dice Campa Cifrián

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se comprometió a que este año el gobierno federal va a reparar el daño al equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, tras el ataque la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
El funcionario se reunió con las víctimas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), y al final del encuentro indicó que los padres de los futbolistas sobrevivientes de la agresión pidieron ser informados del curso de las investigaciones del atentado que ocurrió la misma noche de los ataques a alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa por sicarios y policías municipales.
Esa noche fueron asesinadas seis personas: tres normalistas, el chofer del camión de Los Avispones y un adolescente de ese equipo de tercera división, así como una mujer que pasó por el lugar en un taxi. También hubo una veintena de heridos y 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos por agentes que siguen desaparecidos.
En entrevista anunció que habrá penas más severas en desapariciones forzadas que en homicidios, porque en los últimos años “delincuentes y algunas corporaciones de seguridad consideraron que les convenía más matar y desaparecer que sólo matar”.
Adelantó que en Washintong tuvieron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para el seguimiento de las desapariciones forzadas en el país, cuando se mencionó que una organización civil de derechos humanos internacional informó que a Guerrero se le conoce en Europa con el mote de fosalandia, debido a los cientos de entierros clandestinos que se han descubierto desde los crímenes de Iguala.
En entrevista colectiva informó que en el encuentro presentaron una relación de 31 víctimas del camión de Los Avispones, algunas mortales, algunas heridas y que estuvieron en los hechos (sobrevivientes).
Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dan seguimiento a la investigación, se dio la orden de evitar la salida de todos los camiones de Iguala, y a este autobús lo atacaron a balazos desde ambos lados de la carretera, en movimiento.
Campa Cifrián añadió que se programaron reuniones de trabajo de aquí a fin de año para atender todas las obligaciones del Estado, entre otras, con los subprocuradores para que les den cuenta de la investigación, porque los padres cuestionaron el trato diferenciado que han tenido respecto de las víctimas de Ayotzinapa.
De la reparación del daño precisó que van a comenzar con las víctimas mortales, y el compromiso es que sus familiares serán atendidos antes de que termine el año. El adolescente de 15 años muerto en el tiroteo fue David García Evangelista.
Aclaró que las indemnizaciones serán de acuerdo a los parámetros de ley y los estándares internacionales, entre las acciones de reparación se encuentra un acercamiento con la federación de fútbol para los jóvenes cuyo proyecto de vida es ese deporte.
Confirmó que el caso de los Avispones se llevó con el caso de Ayotzinapa a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y la investigación está en marcha.
Campa Cifrián dijo que el viernes se reunió con el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el procurador.
De la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que responsabilizó a los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez de la violencia en el estado porque no formaron nuevas policías, añadió que ha sido dificil la coordinación en el caso de Guerrero.
No obstante destacó la nueva coordinación con el estado y los municipios, y que el gobernador Héctor Astudillo Flores estuvo al comienzo del encuentro con los familiares del equipo de Los Avispones.
En cuanto a la versión de que Guerrero es conocido como Fosalandia en Europa, Campa reconoció focos rojos en términos de desaparecidos, que presumiblemente están en las fosas clandestinas.
Declaró que “en algún momento los delincuentes y en algunos casos corporaciones de seguridad no sólo se coludieron, consideraron que les convenía, más que matar, desaparecer personas y desde entonces hemos tenido en los últimos años un problema grave de desapariciones”.
Se le recordó que las desapariciones forzadas en Guerrero vienen desde la guerra sucia de la década de 1970, y respondió que se está trabajando desde la experiencia internacional en una nueva ley.
La política pública de este gobierno es que el castigo por desaparición forzada debe ser mucho peor incluso que al castigo del homicida, porque hace un enorme daño a la sociedad.
Explicó que las desapariciones forzadas son el único caso donde la certidumbre de la muerte representa una parte de la solución de un problema, “siendo terrible la muerte de un familiar, estar seguro de que el desaparecido murió es un consuelo, pues estamos trabajando para hacer todas las modificaciones a la ley, de manera tal que para el infractor sea más gravoso una desaparición que un homicidio”.
Dijo que se tuvo una reunión bilateral con Estados Unidos, donde estuvo el responsable de la integración del registro de desaparecidos en Estados Unidos, que trabaja en el área de investigación (El FBI), donde se convino apoyo técnico para tener un registro confiable de desaparecidos.
Agregó que en EU se han registrado a la fecha unas 86 mil personas desaparecidas (no del tipo forzado como en México, que se establece cuando hay intervención de funcionarios públicos), de esa cifra, en los últimos años ubicaron a 44 mil.
De la llamada telefónica de un normalista donde mencionan que un grupo de narcotraficantes que opera en Tixtla quiso entrar a la Normal Rural de Ayotzinapa por estudiantes, dijo que la obligación del Ministerio Público es investigar todos los elementos que “legalmente se obtengan” para llegar a la verdad y que se haga justicia.
Al insistir si el espionaje telefónico a un dirigente estudiantil no representa una violación a sus derechos humanos, respondió que los estudiantes ni los representantes lo han planteado a los funcionarios de gobierno.
Aseguró que todas las medidas que dictó la CIDH para los padres y los estudiantes se están atendiendo, y quien se encarga de investigar sobre todo este tema son los expertos.
Detalló que el trabajo de los expertos incluye la investigación, las tareas de búsqueda donde convinieron allegar todos los medios tecnológicos para fortalecer la localización, incluso con fosas y con restos, así como la atención a las víctimas.

Aguirre y Ortega tuvieron “otras prioridades” en vez de combatir a la delincuencia, afirma

El subsecretario Campa Cifrián, señaló que en varias regiones de Guerrero hay focos rojos por la violencia y las desapariciones forzadas.
Aseguró, como acusó el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, que Ángel Aguirre y después Rogelio Ortega como gobernadores tuvieron otras “prioridades locales” en vez de establecer líneas de acción para combatir a la delincuencia.
Insistió en que en los últimos años el gobierno federal tuvo dificultades para establecer una coordinación con el gobierno de Guerrero en tareas de seguridad pública.
Al hablar sobre el caso del municipio de Chilapa, en donde este martes en la noche fueron asesinadas seis personas, cinco de ellas, familiares del ex director de la Policía Municipal, Silvestre Carreto, mencionó que en las investigaciones de la PGR a raíz de las denuncias de las desapariciones forzadas que se dieron en mayo pasado tras la incursión de 300 hombres armados que se identificaron como policías comunitarios, hay información relacionada con el desempeño del ex jefe policiaco.
“En la investigación que se realiza del caso Chilapa se investiga una vinculación del funcionario del Ayuntamiento”, señaló Campa.
Familiares de los desaparecidos acusan al ex director de la Policía Municipal de estar vinculado con un grupo de la delincuencia.

Inician delincuentes el cobro de cuotas de fin de año a comerciantes de Ciudad Altamirano, dicen

 

Desde el pasado fin de semana, en Ciudad Altamirano la delincuencia organizada comenzó a cobrar la cuota anual de derecho de piso impuesta a los negocios en la Tierra Caliente durante los últimos cuatro años, sin que ninguna autoridad intervenga.
Jóvenes en moto, con una mochila al costado llegan a los negocios del centro de Ciudad Altamirano con un pedazo de papel en el que hay anotado un número telefónico al que les piden llamar para recibir indicaciones de lo que deben pagar, dijeron algunos locatarios vía telefónica.
El trato de los jóvenes que llegan a los negocios es amable. No dan más detalles de lo que piden, solamente que se comuniquen “de favor” al teléfono que les dan.
Los comerciantes de Ciudad Altamirano están acostumbrado a esta práctica. Durante los últimos cuatro años Los Caballeros Templarios impusieron una cuota a cada negocio, que varía de acuerdo al giro comercial, a su ubicación y a su tamaño.
En los últimos cuatro años, la Policía Federal y el Ejército han reportado por lo menos cinco detenciones relacionadas con los cobros de piso anuales. A los detenidos les han encontrado listados de nombres de negocios y cantidades. Los detenidos han sido procesados y más tarde liberados.
Aun así, no han impedido el pago de piso impuesto a los negocios por los delincuentes. En 2014, los comerciantes estimaron en una reunión de seguridad con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, que el 95 por ciento de los negocios pagan cuota, desde un comercio ambulante hasta las grandes tiendas.
Este lunes se observó a policías federales recorriendo todos los negocios de la avenida principal Lázaro Cárdenas, para levantar un censo y conocer a quiénes les están cobrando, así como las cantidades que piden.
A locales de venta de celulares les piden 50 mil pesos. Algunas farmacias reportaron solicitudes parecidas.
A partir de que reciben el número telefónico al que deben llamar par saber el monto del pago de piso, les dan un plazo para cobrar. El barrido de cobros continúa durante diciembre y enero, y de Altamirano sigue a Coyuca de Catalán, donde hacen lo mismo incluso con negocios cercanos a la base de la Policía Federal.