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La investigación a Tomás Zerón sigue en la PGR, dice la ex procuradora Arely Gómez

 

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González informó que las investigaciones sobre Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal están en manos del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR).
Luego de la inauguración del Primer Encuentro Internacional Anticorrupción en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la funcionaria federal aseguró que ese órgano tiene autonomía para emitir su posicionamiento, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) respetará la determinación que se tome.
El pasado 9 de febrero el subprocurador de Control Regional de la PGR, Alfredo Higuera Bernal dijo que en el caso de Zerón, señalado de irregularidades y sembrar pruebas en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, sería la SFP quien determinaría las responsabilidades respectivas, con base en una investigación.
Sin embargo la responsable de esa dependencia dijo que el caso se investiga dentro de la PGR.
De la investigación sobre los presuntos hechos de corrupción relativos a la empresa brasileña Odebrecht, Gómez recordó que desde diciembre de 2016 cuando se conoció que se realiza una investigación internacional sobre presuntos actos de corrupción de esa empresa, en México se revisa el tema.
La SFP inició desde entonces la búsqueda y localización de contratos que Odebrecht ha realizado, tanto de manera directa como a través de subsidiarias, con lo cual se está haciendo una auditoría transversal, dijo la exprocuradora.
De igual manera reconoció que de momento no tiene un número específico sobre los contratos que forman parte de esta revisión, porque no se limitan sólo a los que tiene celebrados la empresa brasileña, sino también sus subsidiarias.

Llaman los padres de los 43 normalistas a “unir todas las luchas contra la impunidad”

A 29 meses sin saber de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, padres y madres de los estudiantes buscan “unir todas las luchas contra la impunidad” en el país en un solo movimiento social, sostuvo Mario González Contreras, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.
Tras convocar a la quinta Convención Nacional para el viernes 25 y sábado 26, informó que en los recorridos por diversas ciudades del país los padres de los estudiantes encontraron “a otros padres y madres con hijos desaparecidos o familiares de personas que fueron asesinadas por autoridades federales y que no han tenido justicia”.
Vocero de las familias de los 43 desaparecidos, González Contreras mencionó que en las caravanas recogieron preocupaciones e inconformidades “contra el Estado represor”.
El objetivo del movimiento de los padres de los 43, agregó, “no sólo es mantener viva la exigencia para encontrar con vida a los muchachos, sino para cambiar el rumbo del país, junto con otros que como nosotros sufren y que juntos tenemos que encontrar la salida”.
La Convención Nacional es independiente de la reunión que sostendrán los padres y madres con el procurador General de la República, Raúl Cervantes, el próximo 9 de marzo, fecha en que los padres emplazaron al funcionario para informar de las acciones de búsqueda de sus hijos.
En la convocatoria lanzada por los familiares de los 43 a organizaciones de todo el país, se sostiene que en México han aumentado los casos de violaciones a derechos humanos, sobre todo “la proliferación de desapariciones forzadas, además del uso de la tortura y la persecución de líderes sociales y opositores régimen”.
Tal situación, agrega, “ratifica la vigencia de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por la libertad de todos los presos por razones de conciencia”.
Entre los temas que se consideran de preocupación que unifican a organizaciones de todo el país, resaltan la “pérdida creciente de la soberanía alimentaria y energética”, la profundización de “la crisis de derechos humanos a causa de la militarización de regiones cada vez más amplias”, las secuelas que traerá para los mexicanos “el advenimiento de un gobierno racista, beligerante y ultraconservador en los Estados Unidos”, así como los incrementos de los precios de los hidrocarburos, que detonaron “una ola de protesta que dan cuenta de la notoria irritación social que tiene como antecedente los conflictos no resueltos” en todo el país.
De acuerdo con el programa de actividades, que se realizarán en las instalaciones de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los próximos viernes y sábado, las organizaciones sociales participantes presentarán un panorama de la situación actual e se instalarán mesas de trabajo para el diseño de un “programa de lucha y construcción de un referente nacional”, así como un “plan de acción”.

Endurecerán su estrategia por la presentación de los 43 normalistas, advierten los padres en Puebla

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron en Puebla que en los próximos días endurecerán la estrategia para exigir al gobierno federal el esclarecimiento sobre el paradero de sus hijos.
Mientras que la caravana que fue a Guadalajara, Jalisco, se reunieron con organizaciones urbanas que insistieron en la necesidad de unir diferentes luchas para exigir soluciones reales a las autoridades.
“Es momento de cambiar estrategia… que sepa el gobierno de (Enrique) Peña Nieto que si no nos entregan a los 43 normalistas vamos a empezar a actuar de manera diferente en la estrategia de lucha. Ya fuimos pacíficos dos años cuatro meses y días, pero hoy tenemos la necesidad más grande”, expuso en Puebla el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz Sandoval.
En rueda de prensa en el mercado Hidalgo, acompañados por dirigentes de la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre, Cruz Sandoval dijo que al paso del tiempo el gobierno de Peña Nieto cree que va ganando terreno y que la lucha por los 43 se diluirá.
Consideró que el gasolinazo decretado en enero pasado es una forma de distraer la atención sobre la desaparición de los estudiantes.
“Se le olvida que también somos mexicanos. El aumento de la gasolina es un doble golpe para nosotros, no están nuestros hijos y nos quiere hundir en la pobreza”, manifestó.
Reiteró que no habrá negociación alguna hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos y castigar a los responsables, porque “no tenemos nada qué negociar porque los hijos no se negocian. Estamos seguros que si nosotros encontramos a los jóvenes y castigamos a los culpables, todas las reformas aplicadas por Peña Nieto se caen”.
Mario César González Contreras, otro de los voceros del movimiento, mencionó que recientemente tuvieron una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se les pidió que tuvieran confianza.
“Tanto fue el cinismo de pedirnos confianza”, reclamó, al indicar que en esa reunión los representantes de la dependencia los quisieron engañar al reducir los señalamientos contra Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“De 18 faltas penales que se le habían encontrado, nos quisieron asegurar ahora que sólo son siete faltas y administrativas, no penales”, denunció.
El vocero dijo que del gobierno federal siempre han encontrado el ocultamiento de información y protección para los funcionarios públicos.
Tal es el caso de la libreta negra que fue decomisada al presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, donde aparecen los nombres de Leonardo Vázquez y Omar Hamid García Harfuch, el primero funcionario de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el segundo ex jefe de la Policía Federal en Iguala y ahora director de la Agencia de Investigación Criminal en sustitución de Zerón de Lucio.
Los inconformes indicaron que esa información se ocultó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaba el caso, igual que el principal jefe de Guerreros Unidos fue detenido en Puebla con un camión con drogas y dólares.
González Contreras lamentó que ellos y el resto de los mexicanos no hayan sabido defender al grupo de expertos que fueron corridos del país cuando avanzaban en las investigaciones y pudieron haber resuelto el caso, lo que no ha ocurrido con los crímenes de Estado cometidos en este país desde 1968.
“Estos 43 padres ya están decididos a todo, no sabemos hasta dónde podamos llegar, hasta dónde tengamos la capacidad de llegar, pero lo que sí pueden estar seguros es que vamos a seguir luchando por esos 43 hijos”, advirtió.
Vía telefónica Felipe de la Cruz informó que en Puebla un grupo visitó al líder de la organización de ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, en el hospital general donde está con vigilancia policiaca porque está privado de su libertad desde 2001.
Indicó que el luchador social agradeció la visita y conminó a continuar. En la tarde se trasladaron a Tlaxcala para pernoctar en la Normal Rural Benito Juárez, en Panotla y hoy muy temprano encabezarán un mitin en Huamantla, de donde es originario el normalista desaparecido César Manuel González Hernández. A las 2 de la tarde, se prevé una conferencia de prensa en la capital y una reunión con las organizaciones de aquel estado.

Se reúnen con organizaciones de México Despierto en Guadalajara

En Guadalajara, Jalisco, organizaciones urbanas aglutinadas en el frente México Despierto insistieron en la necesidad de reunir diferentes luchas para exigir soluciones reales a las autoridades, durante la caravana en estados del Bajío y el norte del país de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
En consulta telefónica el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que los padres fueron recibidos en Tonalá por movimientos campesinos y en la capital del estado por sindicatos y colectivos estudiantiles y populares, unidos en un frente de lucha durante las protestas contra el alza a los precios de los combustibles que denominaron México Despierto.
Indicó que el planteamiento de los padres es actualizar la información de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala que tiene la Procuraduría General de la República (PGR), de las líneas de investigación que no han sido abordadas y la necesidad de impulsar con presión el trabajo de las autoridades.
Coincidieron con las organizaciones en que la movilización debe de ser palanca de presión para que la investigación avance, y no sólo en el caso Ayotzinapa, sino en la necesidad de hacer fuerza con otras luchas para resolver éste y otros problemas, “porque hay muchas demandas, muchos dolores, otros sufrimientos que es necesario aglutinar”.
Indicó que a las 10 de la mañana fueron recibidos en Tonalá por representantes de unas 15 organizaciones de movimientos en defensa de los bosques y contra proyectos de presas hidroeléctricas.
A las 2 de la tarde llegaron al Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipales de Alcantarillado y Agua (Sepsiapa), donde estuvieron representantes de 25 organizaciones.

La Convención aprobará el nuevo plan de acción

La quinta Convención Nacional Popular convocada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para el 26 y 27 de febrero en la ciudad de México, se realizará bajo el formato de plenarias y mesas de trabajo, para aprobar el nuevo plan de acción de este año por distintas demandas sociales, incluidos los migrantes.
Según la convocatoria participarán los delegados debidamente acreditados por organizaciones participantes, en la sección novena de la CNTE ubicada en Belisario Domínguez 32 colonia Centro Histórico.
El primer tema será el diagnóstico de la situación de México: la pérdida creciente de la soberanía alimentaria y energética de la nación, el incremento exponencial de la deuda externa del país y la depreciación acerada del peso frente al dólar que llevó al drástico recorte del presupuesto gubernamental.
Asimismo la profunda crisis de derechos humanos a causa de la militarización de regiones cada vez más amplías del país, y que los casos de violaciones de derechos humanos se incrementan día con día con la proliferación de las desapariciones forzadas.
Lo que “ratifica la vigencia de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por la libertad de todos los presos por razones de conciencia”.
Suman “el advenimiento de un gobierno racista, beligerante y ultraconservador en Estados Unidos cuyas políticas afectarán los derechos de los migrantes mexicanos y de millones de mexicanos que verán lesionados sus niveles de bienestar y sus derechos humanos”.

“No nos podemos espantar”, dice la alcaldesa de la irrupción de 40 sicarios en Tetipac

La alcaldesa de Tetipac, Viola Figueroa Arriaga declaró ante la irrupción de un grupo de 30 o 40 hombres armados la noche del martes en la cabecera municipal; “Yo creo que es algo que no nos podemos espantar porque el estado en general así es”.
La alcaldesa participó en la entrega de reconocimientos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) que se hizo en Palacio de Gobierno.
Al finalizar la actividad se le preguntó de los hechos ocurridos la noche del martes pasado, cuando se reportó la irrupción de 30 o 40 hombres armados que llegaron a bordo de seis camionetas de lujo y se llevaron a tres policías municipales.
A lo que la alcaldesa respondió, “bueno yo creo que es algo que no nos podemos espantar porque el estado en general así es”, y se negó a seguir con la entrevista porque se tenía que tomar la foto con los demás alcaldes que asistieron al mismo evento.
En una segunda consulta, Figueroa Arriaga se contradijo asegurando que el hecho “es una mentira”, y añadió “mira hay ocasiones en las que me gusta más que se enfoquen en lo positivo del municipio que en lo negativo”. Dijo que la inseguridad está en todo el estado.
“Si volteamos a ver a Chilpancingo, Acapulco, Taxco e Iguala, u otro estado, no es específicamente en una región”, señaló.
Insistió que la violencia e inseguridad es un problema social y no de género o de algún partido político o un “sistema”, sino un “problema social que tenemos con los ciudadanos”.
—¿Hubo irrupción del grupo armado de 40 personas?
—Es que eso es mentira, no sé de dónde lo sacaron, sí hay policías, no sé de dónde salió la nota de que habían renunciado, lo desconozco pero ustedes saben que mucha veces cuando nosotros como Ayuntamiento o municipio de cierta manera no trabajamos con tantos medios hay veces que se nos ataca políticamente.
—¿Por qué cuestión política?
—La verdad no me gusta estar como viendo por donde, más bien me gusta trabajar y seguir en lo mío y nuestro tiempo es corto y por lo mismo me gusta ser constante en el trabajo para la gente.
Durante la consulta se le preguntó también sobre la privación de la libertad de dos familiares del ex alcalde priista, Néstor Serrano Rodríguez, y contestó que desconocía esa información.
Señaló que desde su llegada a la administración actual le solicitó al gobierno del estado el reforzamiento de la seguridad en su municipio, por lo que aseguró que actualmente hay policías estatales y municipales trabajando para dar seguridad en la población y negó que hayan renunciado.
En la edición de ayer de El Sur se informó que hombres armados irrumpieron la madrugada del martes en la comunidad de San Gregorio, Tetipac, y amenazaron al comisario del pueblo con levantar y asesinar a toda persona que sea vista después de las 10 de la noche en las calles.

Hay más indicios de que la PGR encubre a los responsables del caso Ayotzinapa: Centro Morelos

 

A 28 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), denunció que cada vez hay más indicios de que la Procuraduría General de la República (PGR) oculta información para encubrir la corrupción del sistema y a los responsables de los homicidios de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Menciona la información que se publicó recientemente sobre una investigación del trasiego de droga en México, anterior a los ataques, que revela los niveles de corrupción de corporaciones policiacas y militares.
Insiste en que el Estado es responsable de la desaparición de los normalistas y que el caso de Iguala es de los más paradigmáticos, porque “el Estado no va a castigarse así mismo”.
Destaca la importancia de que el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sea obstaculizado como lo fue el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó en dos periodos de seis meses en las investigaciones con la PGR.
De los padres de los estudiantes advierte que, “la impunidad no ha dejado de cobijar a los responsables intelectuales y materiales, mientras que el paso de 28 meses y la incertidumbre de no conocer su paradero les ha ido dejando estragos en su salud”.
Aunado a los intentos criminalización de los estudiantes desaparecidos tratando de vincularlos con un grupo de la delincuencia organizada, la criminalización al movimiento de los padres con engaños, intentos de corromperlos y dividirlos, y amenazas telefónicas de muerte.
El organismo demanda el cumplimiento cabal a las recomendaciones del GIEI, que se investigue a los militares y se detenga el hostigamiento a los padres de familia.

Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa

El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.

Hubo obstáculos del gobierno federal para dar con los 43 desaparecidos en 2016, denuncia Vidulfo Rosales

 

El año 2016 fue de disputas políticas con el gobierno federal, mínimos avances y obstáculos en la investigación para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, consideró el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En un balance y perspectivas del caso, Rosales Sierra dijo que en 2017 el reto para los padres de los estudiantes desaparecidos será mantener vivo el movimiento y esperar la opinión de organismos internacionales, para que la Procuraduría General de la República (PGR) retome con interés las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además informó que los padres solicitaron la revisión del caso en el Comité de Desapariciones Forzadas, las Relatorías de Desaparición Forzada y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso en el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, también de la ONU porque entre los 43 hay 17 jóvenes indígenas, pero reconoció que este proceso es lento.
Este año los expertos extranjeros coadyuvantes en la investigación de la PGR se retiraron del país por falta de condiciones para continuar su mandato a finales de abril, debido a la campaña mediática de desprestigio en su contra impulsada por el gobierno, que comenzó en febrero.
El abogado relató que hubo un “jaloneo político: que si había extranjeros interviniendo en el país, que si querían descarrilar el sistema, que si cayera (el presidente) Enrique Peña Nieto”, así se perdió en disputas la mitad del año, el mismo tiempo que la PGR tardó en atender las líneas de investigación que el GIEI recomendó.
Como parte de la medidas cautelares que otorgó a las víctimas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se aprobó otro mecanismo especial, cuyas características comenzaron a discutirse con las víctimas y el gobierno mexicano en marzo y comenzó a funcionar en noviembre, a seis meses de la salida del GIEI del país.
Aunque Rosales Sierra estimó que en 2015 se agotó la tesis oficial que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre el posible destino final de los estudiantes desaparecidos en el basurero de Cocula, el tema se mantuvo latente.
Los padres explicaron en cada manifestación en distintos puntos del estado y del país, las inconsistencias e irregularidades de la llamada “verdad histórica” que dice que los jóvenes fueron incinerados en el basurero, para intentar revertir la penetración de los medios masivos de comunicación que la presentaron como un hecho irrefutable, pese a las pruebas científicas que distintos grupos de expertos presentaron para descartarla.
En septiembre de este año la revista especializada Science publicó los resultados de un experimento del experto en fuego de la Universidad de Queensland, Australia, José Torero, que descartó en definitiva la explicación del gobierno federal de que un cartel del narcotráfico asesinó a los estudiantes y quemó los cuerpos en un basurero a cielo abierto.
Estableció que en el basurero de Cocula no existen posibilidades de incinerar 43 cuerpos, porque sería necesario apilar entre 20 y 40 toneladas de madera para destruir toda la materia orgánica, al punto en que se hallaban los restos levantados en el lugar.
La obstrucción desde la Presidencia

Según la opinión de Rosales Sierra, la procuradora Arely Gómez González (quien sustituyó a Murillo Karam), sí quiso investigar las líneas que recomendó el GIEI distintas al basurero de Cocula: búsqueda con vida y muerte de los estudiantes desaparecidos, aclarar la actuación de policías federales y de los militares, así como el trasiego de heroína de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques coordinados entre agentes de seguridad pública y sicarios del crimen organizado.
Afirmó que en su gestión -del 3 marzo de 2015 al 15 de octubre de 2016-, se retomaron algunas líneas pero nunca tuvo respaldo institucional del poder Ejecutivo, al contrario, aseguró que la obstaculizaron.
Por ejemplo señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detenía a presuntos implicados en los ataques del 26 de septiembre y no avisaba a la oficina del caso Ayotzinapa. Tampoco permitía que los interrogaran para contrastar datos o preguntarles directamente de los desaparecidos.
Cuando los agentes del Ministerio Público (MP) solicitaban diligencias para un cateo a una casa refugio de criminales o la búsqueda en algún cerro (por ejemplo La Carnicería ubicado cerca del basurero de Cocula), ésta ya se había hecho sin avisar a la oficina del caso.
Dijo que después de la separación del cargo del director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio (investigado por manipular pruebas en el río San Juan pero nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional), la oficina de investigación tampoco pudo entrevistar al secretario de Seguridad Pública de Iguala la noche de los hechos, Felipe Flores Velásquez, detenido el 21 de octubre.
Aceptó que había una orden de aprehensión en su contra por otro delito pero había una oportunidad para que la oficina que lleva la investigación lo interrogara del paradero de los normalistas.
En ese tenor fue que siempre se investigó, junto a la postura institucional del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del presidente Peña Nieto, de que lo más avanzado de la investigación fue lo que presentó Murillo Karam.
Ellos destacan que sí permitieron la intervención de los expertos internacionales para esclarecer los hechos pero no avanzaron, cuando fueron las propias autoridades las que impidieron el trabajo de los enviados de la CIDH. Ahora, siguen mostrando reticencias para abordar las líneas presentadas hace ocho meses.
Estimó que al presidente le reditúa más políticamente de aquí al 2018 que el caso se mantenga como está “en un bache”.
Confió en que el mecanismo de seguimiento de la CIDH puede generar en 2017, “esa palanca de presión que ayuda a impulsar, agilizar la investigación, para impulsar líneas de trabajo, y los padres tenemos el reto de mantener vivo el movimiento para que sea contrapeso al poco interés que ha mostrado la PGR”.

Se fortalece la organización

El abogado Vidulfo Rosales consideró que el núcleo organizativo en torno a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, representado en la Asamblea Nacional Popular (ANP), se fortaleció.
Pese a las dificultades señaló que en la ANP siguen entre 70 y 90 organizaciones constantes, que hacen posibles las caravanas a distintos puntos del país.
Relató que en los primeros meses de los ataques se registraban hasta 600 organizaciones en la asamblea que se celebra en Ayotzinapa. Vino un reflujo en 2015 y este año se consolidó con grupos permanentes.
Destacó que en las regiones también hay un apoyo sólido: en Chilpancingo y Tixtla con el magisterio, en la Montaña con maestros y organizaciones sociales y en el corredor de Costa Chica de donde son la mayoría de los estudiantes desaparecidos que se conjugó con los asesinatos de Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro el 5 octubre, “lamentablemente otra desgracia engarza la indignación con los desaparecidos”.
Se refirió a las organizaciones de Atoyac con años de trayectoria, y en Ometepec donde el magisterio mantenía la demanda de los padres de familia.
Afirmó que ahora se tiene claridad en sus principios, se tiene una agenda con una mirada nacional que se condensa en nueve puntos, los primeros son la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los más de 20 mil desaparecidos en el país, derogación de las reformas estructurales, libertad de los presos políticos, y el cambio gobierno y régimen político.

 

El relevo del jefe del 27 batallón busca proteger a quienes desaparecieron a los 43, denuncian los padres

El representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega declaró ayer en esta ciudad que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado de la inspección de sus agentes en el paraje Las Parotas, al poniente de Iguala, donde se buscan posibles entierros clandestinos.
En declaraciones a reporteros al término de las actividades del segundo día de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, consideró que el relevo de mandos en el Ejército es para “proteger” a los que participaron en los ataques y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en referencia al cambio de mando en el 27 Batallón de Infantería.
De las exploraciones de posibles entierros clandestinos que iniciaron el martes peritos forenses, antropólogos y agentes de los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona de Las Parotas, cerca del lugar de hallazgo de fosas clandestinas, dijo que a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos no se les está dando información de estas diligencias.
Informó que apenas se reunirán con sus abogados para saber qué es lo que está haciendo la PGR, porque “nosotros no tenemos conocimiento”.
Recordó que una de las exigencias de los padres es que la PGR tiene que avanzar en las investigaciones con la presencia de sus abogados, lo cual fue un acuerdo.
Sostuvo que “ya no hay confianza en la PGR, en el trabajo que realizan, ni en la investigación ni en la búsqueda”, aunque no descartó que en esa diligencia este alguno de los representantes legales de los padres.
Mencionó los cambios, rotaciones y ascensos en el Ejército y en particular el caso del 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de operar los ataques contra los normalistas, en donde ya hubo dos cambios de jefe militar, uno fue el coronel José Rodríguez Pérez, quien a finales de julio de 2015 fue relevado en el cargo y ascendido a general brigadier, después de los ataques a los 43 normalistas.
El representante de los padres consideró que estos cambios y ascensos a mandos militares son parte de la “protección” para que nunca se investigue al general José Rodríguez ni a los soldados que tuvieron qué ver, “fue ascendido y lo están premiando, es una manera de proteger a este comandante para que nunca se le investigue y que esta investigación nunca se esclarezca”.
De la investigación de la periodista Anabel Hernández que revela que se usaron armas registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que sólo portan sus soldados, y que fueron utilizadas en los ataques a los normalistas, Melitón Ortega exigió que el gobierno dé una explicación de por qué fueron hallados esos casquillos, “¿acaso las armas del Ejército tienen que estar en manos de otras organizaciones y de otras personas?, o ¿cuántas veces se les han perdido las armas o municiones a los soldados del Ejército, o en qué momento pasó”, fueron algunos de los cuestionamientos que hizo.
Una reportera le preguntó de su próxima reunión con el procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el representante de los padres indicó que en tanto no se les informe de la investigación en contra del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de la detención de dos policías federales y una línea en la que se investigue a los policías municipales de Huitzuco, “no tenemos nada a qué regresar, porque no hay nada qué platicar, queremos avances y resultados en las líneas de investigación”.

 

Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

Conclusión inmediata de la investigación interna de la PGR en el caso Ayotzinapa, exigen ONG

 

Decenas de organizaciones sociales exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) la conclusión inmediata de la investigación interna sobre el caso Ayotzinapa, así como las sanciones correspondientes a funcionarios que incurrieron en ilegalidades.
En un comunicado las organizaciones civiles retomaron parte de la información revelada por Proceso en los números 2090 y 2091 sobre las investigaciones de la Visitaduría General de la PGR respecto de las irregularidades cometidas por los responsables de la indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Uno de los investigados es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Pese a que el Acuerdo de Conclusión del expediente DFAI/510/CDMX/2016 de la Dirección General de Asuntos Internos (DGAI) fechado el 18 de agosto pasado, da cuenta de las acciones ilegales cometidas por Zerón, éste fue investido como secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por Enrique Peña Nieto el pasado 14 de septiembre.
Para las organizaciones la información difundida también por los rotativos Reforma, The New York Times y el portal de Aristegui Noticias, pone en evidencia que “el proyecto de Resolución ha sido retenido y obstaculizado”.
Agregaron que “la omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales”, y peor aún “esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas”.
Los firmantes apuntan que entre las irregularidades detectadas por los agentes del Ministerio Público adscritos a la DGAI destacan los agravios contra los seis detenidos en los que se sostiene la “verdad histórica” de que los 43 jóvenes fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula.
Recordaron que la investigación interna de la PGR documentó “la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el río San Juan que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de la evidencia”, así como que estas irregularidades “deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios”.
Al recordar que la PGR no ha negado la autenticidad del documento revelado por Proceso y otros medios de comunicación, en tanto que ha señalado que continúa siendo analizado, las organizaciones sociales recordaron que la dependencia “incumplió su compromiso de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto de este año a las familias (de los jóvenes desaparecidos), mismas que se vieron obligadas a levantarse de la mesa de diálogo por ello”.
Insistieron en que el documento revelado representa “un parámetro insoslayable” de lo que la Visitaduría General tendrá que comunicar a las familias de las víctimas, además de que es “un referente adecuado para evaluar la autonomía de la Visitaduría e incluso el compromiso actual de la PGR para actuar con independencia, lo que resulta crucial en el tránsito hacia la Fiscalía General de la República”.
Destacaron que “una resolución que no esté a la altura del caso y que diluya los señalamientos del proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad”.
Tras considerar que está a prueba “la probidad de la Visitaduría General y de la propia PGR frente a la investigación interna”, las organizaciones insistieron en exigir “total transparencia y respeto a los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa en la emisión de la resolución con que deberá concluir, en breve, la citada investigación interna”.
Signan el posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Oficina de Washington para América Latina, Artículo 19, México Unido contra la Delincuencia Movimiento por la Paz, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México Evalúa, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Servicio y Asesoría para la Paz, Fundación para el Debido Proceso Legal, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Centro Nacional de Comunicación Social, la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, Instituto de Justicia Procesal Penal, así como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, integrada por 80 organizaciones en 21 estados del país.