Etiqueta: Ejército

Marchan en Oaxaca padres de Ayotzinapa en la tercera caravana por la presentación de sus hijos

En Oaxaca, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, denunciaron que no hay pruebas científicas que indique que sus hijos están muertos, por lo tanto, van insistir en que el Estado los devuelva con vida, en las acciones de la tercera caravana por la presentación de los estudiantes en 14 estados del país.
La primera actividad fue una conferencia en la sección 75 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que comenzó el padre del normalista desaparecido originario de Oaxaca, Cristián Tomás Colón Garnica, el señor Juan Colón Juárez, demandó la presentación con vida de los estudiantes detenidos desparecidos por policías municipales en Iguala.
Por la tarde, tras una marcha en el primer cuadro de la ciudad, la señora Hilda Legideño, mamá de Jorge Antonio Legideño Vargas, pidió el apoyo de las organizaciones y ciudadanos de la capital oaxaqueña para que las autoridades regresen a sus hijos, “porque ellos se los llevaron y sabemos que ellos los tienen”, aseveró.
En un mitin en el Zócalo frente al Palacio de gobierno, explicó que desde el 26 de septiembre de 2014, madres y padres salieron a buscar a los estudiantes desaparecidos y siguen dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperarlos, “por eso salimos, a pedir que nos acompañen en las acciones globales por Ayotzinapa, para que el gobierno sienta la presión de la sociedad”.
Aseguró que sólo con la solidaridad de la población que se une a las marchas han podido obtener algunos resultados.
Asimismo, María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez Guerrero, denunció que los jóvenes que quieren superarse son blanco del gobierno, y la población no puede permitir que siga desapareciendo a jóvenes y estudiantes.
El papá de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Maximino Hernández señaló que el gobierno “no puede salir del problema en que se metió”, cuando se llevó a 43 estudiantes detenidos, pero se niega a asumir la responsabilidad y decirles con certeza dónde están.
Antes, a las 12 del mediodía, Colón Garnica, vecino del municipio de Tlacolula de Matamoros, a menos de una hora de recorrido de la ciudad de Oaxaca, informó en conferencia de prensa que no hay pruebas científicas que indiquen que sus hijos están muertos, como han dicho las autoridades federales que les piden resignación.
Insistió en que los estudiantes fueron detenidos por policías –agentes del Estado–, y ellos deben decirles dónde están.

Insistirán en que la investigación incluya al Ejército pese a la resistencia de funcionarios, dice Vidulfo

Ante reporteros locales, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló de los avances en la investigación, por la lucha de los padres de familia y el respaldo que recibieron; la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la unidad especial de investigación para que lleve este caso, y la apertura de cuatro líneas de investigación: la búsqueda con vida, la búsqueda sin vida, el quinto camión, y el crimen organizado y su relación con los funcionarios locales.
Aclaró que van a insistir en que se incluya el Ejército pese a la resistencia de autoridades y de la red de funcionarios y políticos de la región Norte que, aunque no lo mencionó, han sido señalados de vínculos con narcotraficantes.
El sobreviviente de los ataques del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero recordó que aquella noche vieron como los policías municipales se llevaron a sus compañeros.
También se pronunciaron contra la reforma educativa, que incluye en un apartado por la desaparición de las normales rurales, incluso las públicas estatales y federales, cuya implementación comienza este año con un programa piloto de dos únicas licenciaturas y maestrías de especialización.
A las 5 de la tarde, de la calle Libres, frente al Sindicato de Telefonistas, salió la marcha de protesta encabezada por los padres con unas 700 personas, rumbo al Zócalo, para insistir en sus demanda, y en la solidaridad de la población, bajo la consigna, “no fue el narco, fue el Estado”.
Caminaron 10 cuadras hacia el oeste, una de las madres se santiguó cuando pasaron frente a la catedral y un parque, donde han participado antes en mítines; recordaron que han viajado por el todo el país, incluso al extranjero porque en México recibieron mentiras de las autoridades.
El vocero Felipe de la Cruz denunció que la verdad histórica que daba por muertos e incinerados a los normalistas, “quedó en la historia”, estimó que pronto se sabrá la verdad científica, y por eso continúa el hostigamiento y el acoso, incluso a los expertos extranjeros, mediante una campaña de calumnias.

Difunden padres de Ayotzinapa el mensaje de la tercera caravana en la radio de Oxchuc, Chiapas

 

El desconcierto se reflejó en algunas madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa al bajar del autobús en medio de la carretera que va de Oxchuc a Ocosingo, en Chiapas, cuando llegaron este domingo a donde visitarían una estación de radio comunitaria para difundir su mensaje de la tercera caravana por la presentación de sus hijos entre al pueblo tzeltal.
No había nada a la vista, salvo dos puestos de comida a un lado de la carretera. La sorpresa fue mayor cuando los guías señalaron del otro lado de la carretera, una vereda angosta en medio de la vegetación, con piedras acomodadas como escaleras para subir un cerro de unos 70 grados de inclinación. Algunas piedras se notaban sueltas.
Nicanora García, mamá del normalista desaparecido Saúl Bruno García, una mujer adulta de andar trabajoso, no pensó mucho antes de decir en voz alta “ni modo que no suba si me dicen que mi hijo está allá arriba”, y emprendió la cuesta arriba del accidentado camino.
La señora Macedonia Torres, mamá de José Luis Luna Torres, lo dudó al principio, pero no se quedó atrás.
El frío del municipio de Oxchuc aumentó en lo alto, y en la parte plana hallaron una cabina muy básica, en una pequeña casa de madera y techo de lámina calentada con un fogón prendido para el café. La radio cultural también dio voz al movimiento zapatista, mencionó una de las activistas, pero no precisó cuándo.
Adentro había tres jóvenes: operador, locutor y traductor esperando a los padres que antes estuvieron en un mitin masivo en el Zócalo de la cabecera municipal. Los acompañaba integrantes del Movimiento por la Paz y la Justicia para Oxchuc, que pugnan por la destitución de la alcaldesa y su esposo, luego de un conflicto poselectoral que viene desde octubre y que ha representado muchas acciones de fuerte protesta, como la quema del Ayuntamiento, oficinas y camionetas de gobierno. La última protesta, que pretendieron controlar con la fuerza pública, el 8 de enero, terminó en un agresión de policías federales contra el pueblo desarmado.
Son las 4:20 de la tarde, anunció el locutor durante la presentación de los invitados. Parecía más tarde por lo frío y lo nublado. Les preguntó a los visitantes sobre las versiones que han permeado en el estado, de los normalista de Ayotzinapa “vándalos” por quemar edificios, y que fueron atacados en Iguala por vínculos con un grupo de narcotraficantes.
De Ayutla, Guerrero, Nicanora García aclaró que ella llegó de muy lejos a Chiapas, “soy otra mamá que busca a su hijo. Dicen que son delincuentes, pero si fuera un narcotraficante no habría ido a esta escuela (dijo sobre Ayotzinapa, que privilegia el acceso de los más pobres). No es verdad, no son delincuentes. Siempre digo, me quitaron a mi hijo y busco a 43, y mi lucha es por los miles de desaparecidos que hay fosas y que tienen familia que llora por ellos”.
Sin prisa, añadió que “el único delito de ellos es de venir a estudiar, a prepararse para tener un futuro… mi hijo me dijo un día, ‘mami, yo me voy a estudiar para compartir mis estudios con los pobres, porque los maestros de familias ricas no suben a los pueblos más lejanos’”.
Insistió, “mi hijo nunca me llegó con algo de otra persona, por eso les pido que me ayuden a pedir que me lo regresen, nosotros los queremos con vida; con vida se los llevaron, vivos los queremos”.
También de hablar sencillo, Macedonia Torres aseguró que los policías federales y el Ejército saben dónde están sus hijos, “hay pruebas de que sí los agarró el Ejercito, la Policía Federal, los estatales, los municipales”, dijo sobre la coordinación que hubo de todos los cuerpos policíacos y del Ejército la noche de los ataques a estudiantes y civiles en Iguala.
Recordó que, “siempre dijeron que estaban quemados, muertos. Nunca jamás imaginé que a mi hijo lo iban a agarrar. Nos quieren callar, nos quieren comprar, mandan gente a nuestras casas, pero no nos vamos a cansar”, aseguró.
El señor Mario González, padre de César Manuel, también desaparecido, denunció que la Procuraduría General de la República siempre quiso incriminar a los normalistas desaparecidos con la banda de narcotraficantes Los Rojos, “pero nuestros niños tenían 15 días en la escuela, algunos ni siquiera son de Guerrero, ¡y (de repente) me lo vuelven un sicario!, por ahí se iba la justicia, pero lo revertimos y logramos que ya no se les relacione con criminales.
Precisó que el primer golpe emocional contra los padres fue el descubrimiento de fosas en Iguala; el segundo, cuando les informaron de la tesis de Cocula, de que todos estaban muertos e incinerados, “fue impresionante, insoportable”, pero cuando estuvieron en el basurero, donde presuntamente ocurrieron los hechos, no vieron indicios del incendio del que hablaban las autoridades. No lo creyeron.
Sin embargo, fue necesaria la intervención de extranjeros para desacredita esa versión.
Recriminó la crueldad con la que los ha tratado el Estado mexicano, la facilidad que ha tenido de mentir, de ofrecer y comprometerse a darles respuestas “y no hace nada”.
Aclaró que los pequeños avances son producto de la lucha de los padres, “por querer mandarlos a estudiar ahora estamos detrás de un micrófono pidiendo que los devuelvan con vida”.

Es irresponsable y no busca la verdad, dice Amnistía Internacional de la investigación sobre Ayotzinapa

La investigación de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es deficiente, inició tarde y se ha manejado de manera irresponsable sin que se dirija a determinar la verdad de lo sucedido, advierte Amnistía Internacional, en su informe Un trato de indolencia: la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, que presentó en la Ciudad de México el jueves pasado.
La organización internacional considera que la impunidad que está prácticamente garantizada a las personas responsables de estos delitos, “es un fuerte incentivo para que se sigan cometiendo”.
El organismo presentó el informe la mañana del jueves en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, en el que además del caso de los normalistas, incluyó el de la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde hay más de 350 desaparecidos; ahí estuvieron padres de los desaparecidos.
En ambos casos, el organismo afirmó que las autoridades se limitan a algunas acciones “con poca utilidad” en la investigación, porque sólo se trata de “un formalismo que parece destinado, de antemano, a ser infructuoso”.
El caso de los hechos ocurridos en Iguala, donde policías detuvieron y desaparecieron a estudiantes de Ayotzinapa fue incluido porque Amnistía Internacional consideró que muestra las magnitudes hasta las que puede llegar la desaparición forzada en el país, las formas de reacción del Estado mexicano y las afectaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Sobre el caso de los normalistas, que es considerado internacionalmente como “de alto perfil”, consideran que las autoridades mexicanas han dado muestras de incapacidad para dar respuestas solidas e institucionales que garanticen encontrar la “verdad y justicia”, porque sigue sin asumir su responsabilidad de buscar exhaustivamente a los desaparecidos.
En este caso consideraron en el informe que la investigación es deficiente y las autoridades han mostrado resistencia para incorporar todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hizo un análisis técnico de la investigación, a pesar de que en muchos de los casos de desapariciones, las víctimas fueron vistas por última vez cuando eran detenidas por la policía o el Ejército.
Sin embargo, en México no hay un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y “lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas”, se lee en el documento.
Además, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales, por lo que la búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza o nunca llega a ponerse en marcha, y en las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados, concluye Amnistía Internacional.
En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, afirman que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial y se empeñó en seguir una sola línea de investigación, la de que los estudiantes habían sido detenidos por la Policía Municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero de basura local.
La versión del basurero de Cocula fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.
Amnistía Internacional señala que “la deficiente investigación” no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad, los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental.
Las “ineficiencias” de las autoridades obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a los desaparecidos.
Amnistía Internacional consideró que los defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas, porque están sobrepasadas de casos que les resulta inmanejable, además de la continua rotación del personal.
De los dos casos abordados en el informe, Amnistía Internacional considera que deben ser reconocidos por el Estado y las víctimas deben recibir una reparación integral que les restituya en la medida de lo posible los derechos violados, pero de manera contraria el organismo encontró que las autoridades dan un trato “deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos”.
Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América afirmó que las autoridades han manejado con total irresponsabilidad la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con lo que “ponen de manifiesto el desprecio absoluto por la dignidad y los derechos humanos”.

Exigen que la anunciada ley general de desapariciones vaya más allá de la sanción penal y abarque la asistencia a las familias

En el informe, apuntan que una madre de un desaparecido definió el trato recibido como de indolencia, “de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan”.
Amnistía Internacional abunda que los familiares de los desaparecidos enfrentan “serias dificultades” materiales y deben asumir una serie de cambios en su forma de vida, incluyendo nuevas actividades, tomar otros empleos para poder sostenerse, o dejar sus empleos u otras actividades económicas para poder dedicarse a la búsqueda de su familiar desaparecido, e incluso se ven forzadas a cambiar de lugar de residencia por miedo a represalias de los probables perpetradores de la desaparición.
Por los problemas económicos que enfrentan las familias de las personas desaparecidas están en constante riesgo de perder su patrimonio, incluyendo su vivienda, sin que la legislación actual garantice la protección de sus derechos.
En la presentación del informe exigieron que la anunciada ley general sobre desapariciones que regulará la actuación de todas las autoridades mexicanas (federales, estatales y municipales) contemple la complejidad del fenómeno y que vaya más allá de la sanción penal y abarque medidas de asistencia a las familias, una declaración de ausencia para proteger a la persona desaparecida y su familia, y medidas de reparación integral, entre otras.
Apuntan que la comunidad estudiantil de la Normal es afectada por la desaparición forzada de sus compañeros de estudio, lo que ocasionó “un profundo impacto”, principalmente a los sobrevivientes de los ataques que son víctimas directas.
Por lo que consideran que es fundamental que el Estado mexicano reconozca dicha calidad de víctimas y establezca medidas de reparación integral que tomen en cuenta las necesidades y particularidades de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Las recomendaciones

En el informen proponen tipificar, conforme a los más altos estándares internacionales, la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos autónomos en la ley general sobre desaparición, de modo que se garantice que todas las denuncias por desaparición se investiguen exhaustivamente, con independencia de quién sea el presunto autor y que el delito de desaparición forzada sea investigado y sancionado cuando haya indicios de implicación de agentes estatales.
Así como reconocer la obligación de iniciar de oficio y sin dilación alguna la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a través de un procedimiento establecido en consulta con expertos, organizaciones de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas. Se deberán activar métodos específicos para reaccionar lo antes posible dentro de las primeras 72 horas de la desaparición, pero la búsqueda deberá continuar hasta establecer plenamente la suerte o paradero de la víctima.
También investigar de forma “pronta, exhaustiva e imparcial” todos los casos de desaparición y desaparición forzada de personas en el país, y reconocer y permitir la participación de familiares de desaparecidos en las investigaciones, proporcionándoles información actual y veraz sobre la misma, y permitiendo que aporten información, sugieran líneas de investigación y pidan probanzas.
Que las autoridades no deben trasladar a la familia la carga de la investigación del caso.
Adoptar disposiciones legales detalladas con respecto a la declaración de ausencia y a la extensión de derechos de las personas desaparecidas, que tenga efectos claros en la protección de la personalidad jurídica y otros derechos de la persona desaparecida y la protección de su patrimonio y el de su familia.
Una vez iniciado el proceso de declaración de ausencia se deberían suspender las obligaciones a cargo de la persona desaparecida, incluyendo la generación de intereses por deudas de cualquier especie, a su favor.
Que los proceso y todos los trámites sean sencillos, accesibles y gratuitos, garantizar reparaciones integrales a las víctimas, que tomen como base estándares internacionales y consideren la particularidad de las víctimas, incluyendo medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición, derecho a la verdad y a la memoria histórica.
En el informe, recuerdan que en 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) creó una fiscalía especializada para casos de personas desaparecidas; pero aún no se han asegurado los recursos necesarios para garantizar su efectividad y que sus funcionarios rindan cuentas periódicamente sobre su actuación.
Apuntan que, del registro de desapariciones forzadas que tienen, el 46.5 por ciento de los casos reportados han ocurrido bajo la actual administración presidencial, 3 mil 425 sólo en 2015.

Liberan a cuatro de los cinco maestros secuestrados en Ajuchitlán; el director murió, trasciende

Este viernes por la tarde aparecieron en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel Totolapan, cuatro de los cinco profesores secuestrados el lunes en su escuela en Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y se anunció que el director de la secundaria 114, Joaquin Real Toledo, murió desde el primer día tras complicaciones de su salud.
Cerca de las 4 de la tarde, ingresó un grupo de agentes antisecuestros de la Fiscalía General del Estado entró al pueblo, donde a las afueras hallaron a los cuatro profesores liberados y los trasladaron en una patrulla a la Agencia del Ministerio Público de Arcelia para tomarles su declaración ministerial.
Se trata de la maestra Guadalupe Olea Juárez, y de sus colegas José María Torres Suástegui, Martín Blancas Luciano y Javier Calderón Olea.
La versión oficial indica que fueron liberados mediante una acción policiaca en la que no hubo disparos ni detenidos. Además se reportó que los maestros dijeron que el director de la escuela, Joaquín Real Toledo, falleció el primer día del secuestro. “Los llevaban caminando por el cerro y el maestro al parecer sufría de diabetes y recientemente tuvo chikungunya, y de pronto, los demás maestros lo dejaron de ver, pues se complicó su salud, y al parecer los secuestradores lo dejaron en el camino”, expresó un policía al fiscal Xavier Olea Peláez, que llegó al MP de Arcelia la tarde de ayer.
Pero el cuerpo no fue localizado y se espera que este sábado reinicie su búsqueda en la zona donde se presume que los retuvieron.
El pasado lunes, personas con armas largas ingresaron a la Secundaria Técnica 114, de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y se llevaron a cuatro maestros y al director del plantel. Desde entonces, los plagiarios tuvieron contacto con los familiares, a quienes les pedían primero desde 500 mil pesos por cada uno, y después aumentaron la cifra hasta 3 millones por maestro.
El fiscal Olea Peláez llegó al lugar acompañado de reporteros de diversos medios de comunicación, justo cuando salía el convoy de patrullas con los liberados, provenientes del municipio de San Miguel Totolapan, a los que encontró en Poliutla, donde la carretera entronca con la federal Arcelia-Altamirano.
Ahí el funcionario confirmó que la Policía Ministerial comenzará a buscar el cuerpo, “los maestros me dicen que probablemente estaba enfermo y murió; los vamos a llevar a que declaren y descansen”.
También dijo que los responsables, tanto del levantón de 21 vecinos de Arcelia, como de los cinco maestros de Ajuchitlán, son de la “banda de El Tequilero”, que es una célula de Guerrero Unidos que opera en San Miguel Totolapan, donde está su base, y en municipios vecinos a ambos lados del río Balsas. Olea aseguró que aun cuando los dos casos ocurrieron en los mismos días, “estos estaban en otro lado, nunca vieron a los otros 21 (de Arcelia)”.
El fiscal dijo de esta acción que, “todo es a través de inteligencia, todo es a través de la presión que ejercimos, la Policía Ministerial, la Federal, el Ejército, los tres órdenes de gobierno estuvimos en esto, fue por la presión que finalmente logramos rescatar a estas personas”, y puntualizó que no hubo “ningún disparo; (de) nosotros no hay ningún pago hasta este momento”.
Después se llevaron a los maestros al Ministerio Público a declarar y fueron entregados a sus familiares.

“Se pagó por todos”

En las instalaciones del Ministerio Público, mientras esperaban a que salieran los cuatro profesores, los familiares desmintieron la versión del fiscal de que no se había pagado el rescate por la entrega de los secuestrados.
Primero, una señora que pidió no revelar su nombre y que dijo ser familiar de la maestra Guadalupe Olea Juárez, expresó: “Quiero informar que están dando falsas declaraciones, que sí se pagó rescate, hoy es viernes 15 (de enero), se llevó a las 8 de la mañana, señores; eso es verdad, no sé porqué están publicando eso, se pagó por todos, gracias por todo el apoyo, señores, que nos dieron”.
Aun cuando no quisieron decir la cantidad, se informó que fue un monto menor al que estaban pidiendo sus captores.
La versión fue respaldada por familiares del profesor Joaquín Real Toledo, quienes confirmaron que este viernes por la mañana se juntaron todos los parientes de los maestros y pagaron el rescate de los cinco, aun cuando no se conocía que ya había muerto el director.
Tampoco se informó del lugar donde se hizo el pago, pero fue en el municipio de San Miguel Totolapan, trascendió.
La comunidad de San Francisco, donde fueron ubicados los cuatro profesores, se ubica a 20 kilómetros de Santana del Águila, donde fueron secuestrados, y a 13 kilómetros de la cabecera municipal San Miguel Totolapan. Es la ruta para llegar de una ciudad a otra, pasando por el puente del río Balsas.
San Francisco está a la orilla del río Balsas y es una comunidad de menos de 300 habitantes.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del estado, el hallazgo fue “derivado de un operativo conjunto entre el Gobierno del Estado, que encabeza Héctor Astudillo Flores, y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Federal (PF), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM)”.
Asimismo, indica que, “Los cuatro agraviados fueron ubicados en conjunto con agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Combate al Delito de Secuestro (FEICS) por lo cual se inició la averiguación previa FECS/003/2016 por el delito de privación de la libertad personal y lo que resulte”.

Joaquín Real Toledo, el director que restructuró escuelas

Varios políticos, y ex alumnos del maestro Joaquín Real Toledo expresaron a la familia sus condolencias al conocer la versión de su muerte, pues había sido profesor en varios municipios donde logró restructuras las instituciones a las que llegó.
Era profesor de matemáticas en la secundaria de Ciudad Altamirano y de ahí fue director fundador de la secundaria técnica de Tamácuaro, municipio de Cutzamala.
Fue también director en la secundaria de Las Juntas de Chacámero, municipio de Pungarabato, donde construyó aulas y reestructuró el plantel.
Llegó en uno de los peores momentos de la secundaria de Altamirano, y logró premios nacionales con sus estudiantes. Recientemente aceptó la dirección en Santana del Águila, casi al iniciar el ciclo escolar.
Era originario de Villa Madero, municipio de Tlalchapa. En varios municipios fue reconocido porque lo invitaban como maestro de ceremonias de actos políticos y desfiles. En Altamirano, condujo todos los desfiles de la administración anterior, hasta el del 16 de septiembre de 2015, cuando anunció que dejaría de ser director en Altamirano para irse a la Secundaria Técnica 114, de Santana del Águila.

Con globos blancos, en procesión, más de mil vecinos de Arcelia participan en el funeral de uno de los 17 levantados

Más de mil personas despidieron el cuerpo de José Eutimio Tinoco, conocido como El Rey de las Tortillas en Arcelia, hallado el martes luego de que un comando armado levantó a 17 personas en la comunidad de El Salitre, Arcelia.
Ayer por la mañana sepultaron a José Eutimio Tinoco, vecino de Arcelia, uno de los 17 levantados tras un recorrido de más de mil dolientes que comenzó en la colonia Progreso y concluyó en el panteón municipal.
Vecinos salieron con globos blancos a la calle. Al frente de la procesión llevaban 14 coronas de flores enviadas por diferentes organizaciones, grupos deportivos y civiles que lo recordaban. Una banda de viento caminaba cerca del féretro.
Los acompañantes siguieron al cuerpo en silencio, en medio del dolor de los familiares. Uno de los hijos de Eutinio Tinoco, también llamado José, se acercó a los reporteros que fueron a cubrir el acto, para pedirles que se alejaran del féretro y que no tomarán fotografías, “ya nos jodieron demasiado con la muerte de mi papá; ya estamos muy dolidos, no quisiéramos más difusión, es como estarlo recordando”, e indicó que, “no vamos a reclamar nada, no estamos como para eso, por favor, no queremos prensa cerca del cuerpo”.
El joven de 25 años vestía un mandil, con el nombre de dos tortillerías, Tinoco 1 y Tinoco 2. Varios familiares y trabajadores también portaron mandiles de las tortillerías. José Eutimio Tinoco tenía ocho tortillerías en la cabecera municipal de Arcelia.
“Le gustaba apoyar a los equipos de futbol, le gustaba el deporte”, dijo el joven Ángel Maldonado, quien caminaba cerca del ataúd, acompañando.
El cuerpo era flanquado por ocho hijos del empresario y su esposa. Las familias Eutimio Consuelo y Eutimio Tinoco también formaban parte del primer círculo alrededor del féretro.
“Lo que nos desespera es que no nos han pedido dinero”, expresó el maestro Alejandro Alonso, quien dijo ser pariente de uno de los desaparecidos. “En el caso de los maestros (de Ajuchitlán secuestrados), sabemos que sí les están pidiendo; a nosotros no”, explicó.
No hubo vigilancia policíaca en el sepelio. Sólo los agentes de Tránsito municipal que dirigieron la vialidad. Las patrullas asignadas a Arcelia permanecieron en la plaza principal y la Policía Federal, en tanto, permaneció en su base en el hotel La Bella Novia del Sol.
En el panteón municipal, la esposa de José Eutimio agradeció a los asistentes al sepelio y pidió que siguieran orando porque falta uno de sus hijos, Daniel Eutimio Consuelo, que también se encuentra en la lista de desaparecidos junto con un empleado de la tortillería.
No hubo reclamos o llamados a las autoridades, sólo aplausos.
El domingo, José Eutimio Tinoco salió con su hijo y un empleado, con otras familias a una boda en la comunidad de El Salitre. Hombres armados llegaron y se llevaron a unas 20 personas, aunque las autoridades aseguran que sólo hay 17 denuncias.
El mismo domingo hallaron los cuerpos de dos taxistas ejecutados, y el lunes un tercer cuerpo. Las denuncias fueron presentadas después del hallazgo del tercer cadáver. Y el martes encontraron el cuerpo de José Eutimio Tinoco.
Los gobiernos estatal y federal montaron un operativo de búsqueda en el que participan dos helicópteros y, según el alcalde, priista Adolfo Torales Catalán, 600 agentes, pero no han informado de resultados.

Hoy se inaugura la feria; asegura el alcalde que la población puede ir con confianza

Los comercios de Arcelia comenzaron a abrir de manera regular después de tres días de temor, en los que algunos abrían y cerraban entre los reportes falsos de balaceras.
En Arcelia no hubo incremento de la vigilancia policíaca, salvo afuera de la agencia del Ministerio Público, donde se reúnen en las mañanas policías antisecuestros y ministeriales. Hasta el medio día del jueves, permanecían cerca en 10 patrullas, esperando instrucciones.
La Policía Federal enviaba una o dos patrullas a la plaza principal, mientras el resto se mantuvo en el hotel La bella Novia del Sol.
En tanto, el Ejército recorre la periferia, sobre todo en la zona de la carretera federal, sin instalar retenes, excepto el filtro que generalmente se ubica en el crucero de Palos Altos.
La vida en Arcelia volvió a la normalidad luego de que el lunes hubo rumores de balaceras que provocó que los negocios cerraran muy temprano. Algunos, con temor abrieron el martes, pero poco a poco la población comienza a salir a las calles.
Se anunció que hoy viernes por la tarde arrancará la feria de Arcelia, que incluye un desfile a las 4 de la tarde.
En redes sociales, le han solicitado al alcalde Adolfo Torales Catalán, la suspensión de la feria, pero aseguró que ésta continuará para evitar que el pueblo entre en temor, y dijo que la población podrá ir con confianza a la feria.

Podrían tener juntos a 16 levantados de Arcelia y cinco maestros de Ajuchitlán, dice el fiscal

 

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, informó que las 16 personas levantadas el sábado en la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia, podrían estar con los cinco maestros secuestrados el lunes en la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán.
Entrevistado por la periodista Denisse Maerker, en su programa de Radio Fórmula, Olea Peláez dijo que hay indicios de que los casos estén relacionados y sea el mismo grupo el que privó de la libertad a esas 21 personas.
La tarde del sábado, 17 personas fueron levantadas por unos 50 hombres armados cuando iban a una boda a la comunidad de La Palma, municipio de Arcelia; luego hallaron los cuerpos de tres de ellas muertas, y el martes fue hallado el cuerpo de otro de los levantados.
El lunes, poco después del medio día unos 30 sicarios ingresaron a la Secundaria Técnica 114, ubicada en Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y se llevaron a cinco maestros.
El fiscal explicó que el grupo delictivo que mantiene retenidas a las 21 personas, “es una escisión de La Familia Michoacana, y otro grupo que opera en Tierra Caliente”, pero se negó a identificarlo porque dijo que mantienen sigilo en la investigación.
Agregó que su hipótesis, en el caso de las 16 personas levantadas el sábado, debido a que la mayoría son hombres jóvenes, es que el grupo delictivo los retuvo para “reclutarlos” y ponerlos a su servicio.
Sobre los cinco maestros de Ajuchitlán, el móvil que presume el fiscal, ante la petición “exorbitante” de 3 millones de pesos como rescate por cada uno, es que ese grupo delictivo busca dinero para “financiar la compra y el trasiego de droga a Estados Unidos”.
Añadió que la particularidad es que ese grupo delictivo realizó el secuestro masivo porque trata de “hacer las cosas de una manera diversa a como lo venían haciendo”.

“Ojalá Dios nos ayude en encontrarlos con vida, y sanos y salvos”, expresa el funcionario

Olea Peláez reveló a Denisse Maerker que las operaciones de búsqueda del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Ministerial en Arcelia les indican que están próximos a localizar a las víctimas y regresarlas a sus casas, “creo que estamos muy cerca”, dijo, y los maestros junto con los vecinos que iban la boda “en principio están juntos” y todos con vida, porque ambas acciones ocurrieron en la misma zona donde opera esa banda que se negó a identificar.
“Estamos en investigaciones y operativos en el área superior de Arcelia, nosotros creemos que estas personas están ubicadas en un determinado lugar, y junto con el Ejército, la Marina, la Gendarmería, la Policía Federal y Policía Ministerial, que depende de mí, estamos muy cercanos, ojalá y sea mi voz de profeta para localizarlos y regresarlos a sus hogares”, dijo.
El fiscal insistió en que debe manejar con sigilo la investigación, en el caso de las 16 personas que fueron levantadas el sábado; dijo que también pudiera haber la petición de dinero para liberar a los retenidos, o bien fue para reclutarlos y ponerlos al servicio de esa banda delictiva.
Agregó que lo que saben es que el grupo delictivo que opera en esa zona de Tierra Caliente se dedica a levantar gente.
Hasta ayer no había ningún detenido por ninguno de los dos casos, precisó el fiscal.
Xavier Olea dijo que el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero tiene comunicación con él para saber el desarrollo de las operaciones de búsqueda de los maestros.
“El gobernador ha dado instrucciones al fiscal general para que todo esto se lleve a cabo con prontitud, y señalar que estos lugares (Arcelia y Ajuchitlan) están muy lejanos a la costa de Guerrero que es la zona turística”, dijo Olea Peláez.
Por la noche, vía telefónica Olea Peláez dijo que las operaciones de búsqueda de los 21 desaparecidos marchaban “muy bien” y las corporaciones policiacas avanzaban, “con pies de plomo”, en la zona para localizar a las víctimas.
“Estimo, ojalá Dios nos ayude en encontrarlos con vida, y sanos y salvos”, rogó el fiscal, y repitió que no podía revelar el nombre del grupo delictivo que se llevó a ese numeroso grupo de personas porque debe mantener la investigación en sigilo.
Sobre el pago de los rescates de los maestros secuestrados, Olea Peláez dijo que esa cantidad (15 millones de pesos) no los tienen los familiares, al preguntarle si el gobierno federal o estatal ayudaría al pago del rescate respondió que no, “el gobierno federal no tiene que pagar a delincuentes y tampoco el gobierno del estado, estamos viendo las cosas con pies de plomo”, explicó.
Indicó que la Fiscalía mantiene una sola investigación por el caso de los 16 levantados en Arcelia y el de los cinco maestros secuestrados en Ajuchitlán.

Continúa sin resultados la búsqueda de los 16 vecinos levantados el sábado en El Salitre, Arcelia

En Arcelia, corporaciones policiacas mantienen la búsqueda por tierra y aire de 17 vecinos levantados el sábado en la comunidad de El Salitre, pero sin resultados, y sin informar de detenidos o decomisos de armas, en comunidades entre Arcelia y San Miguel Totolapan.
Se reportó que a las 12 del día los policías antisecuestros que se ubican en Arcelia comenzaron sus recorridos, debido a que estuvo lloviendo.
Los helicópteros recorrieron la zona durante una hora y regresaron a Ciudad Altamirano, a las instalaciones del 34 Batallón de Infantería, sin reportar ningún resultado.

Entregan a su familia el cuerpo de uno de los levantados hallado el martes

Por otro lado, el cuerpo de José Eutimio Tinoco, dueño de tortillerías, uno de los levantados en El Salitre el sábado, que fue hallado ayer, fue entregado en la madrugada a sus familiares. Según los primeros reportes periciales, pudo haber muerto desde el día de los hechos, sin embargo el cuerpo no fue enviado al Servicio Médico Forense de Iguala para los estudios correspondientes, porque los familiares exigieron que se los entregaran.

Circulan rumores falsos de balaceras en Tlapehuala

También, por segundo día consecutivo, en Tlapehuala varios negocios cerraron temprano por reportes falsos de balaceras que provocaron temor entre los vecinos.
En varios lugares reportaron enfrentamientos, que también fueron falsos, por lo que desde las 3 de la tarde las calles se veían solas y los negocios comenzaron a cerrar.
El martes por la tarde, el secretario del Ayuntamiento de Tlapehuala, Daniel Silverio Díaz pidió por la radio local a la población que mantuviera la calma, porque corrió el rumor de una balacera que se daría en Tlapehuala.
Las calles quedaron solas en minutos; arribaron la Policía Federal y el Ejército a conocer la versión, lo que algunos vecinos tomaron como la confirmación de un próximo enfrentamiento.
En Arcelia, el pasado lunes, los rumores también paralizaron las calles y la actividad comercial.
El sábado, hombres armados levantaron a personas que iban a una boda en la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia. Un grupo entre 50 hombres armados se los llevaron con rumbo desconocido. La cifra mencionada por testigos fue de entre 10 y 20 personas.
El gobernador inicialmente dijo que había solo siete denuncias, después corrigió e informó que había 17 denuncias.
En el lugar, el domingo ubicaron a dos taxistas ejecutados, a quienes les quemaron sus taxis.
Un día después de los hechos encontraron el tercer cadáver y este martes por la tarde el cuarto cadáver. Sin embargo se estima que hay todavía y de manera oficial, 16 personas más de las cuales no se conoce su paradero.

Hay indicios de quiénes levantaron a los 17 ciudadanos en Arcelia el sábado, dice Olea Peláez

 

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que hay indicios de quiénes fueron los que levantaron a 17 ciudadanos en el municipio de Arcelia el 8 de enero, pero que, por seguridad, no podía revelar más datos; sin embargo, aclaró que aún no hay detenidos ni han localizado a las personas privadas de su libertad.
Ayer en Acapulco, tras la firma del Acuerdo Guerrero incluyente y próspero, que encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal confirmó el secuestro de cuatro maestros y el director de la Secundaria Técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán.
“Tenemos indicios, no se los puedo revelar por razones de seguridad, pero hay indicios de quiénes fueron, y estamos en un operativo conjunto entre todas las fuerzas federales y estatales para detener a las gentes que levantaron a estas personas, o más bien que están privadas de su libertad”, dijo el fiscal.
Agregó que la operación de búsqueda que se implementó con marinos, soldados y policías federales, continúa; “estamos cerca de agarrar a estas personas, y ojalá podamos recuperar a los amigos que fueron secuestrados”, aunque aclaró que aún o hay detenciones, ni tampoco se ha encontrado a las 17 personas que fueron levantadas.
El fiscal general declaró que no han sabido si se ha pedido rescate a los familiares de las 17 personas privadas de su libertad, dijo que “evidentemente” en esos hechos se encuentra involucrado el crimen organizado, al cual, aseguró, este gobierno combatirá con inteligencia, y que la Fiscalía creo la Coordinación General de Inteligencia, para “poder avanzar en las cosas, y estamos trabajando muy duro”.
“Los familiares tienen razón, pero nosotros, dentro de la medida de nuestras posibilidades estamos haciendo lo que debemos; yo mandé un equipo de 60 policías ministeriales y al coordinador de la Policía Ministerial a entrarle a toda la investigación, y tengo información de que ahí van”, dijo sobre la marcha de familiares que piden su presentación con vida.
De lo ocurrido en Ajuchitlán, donde hombres armados irrumpieron y se llevaron a cuatro maestros y al director de la Secundaria Técnica 114, de la comunidad de Santana del Águila dijo, “efectivamente, inclusive hay unos Olea”, y bromeo, “deben ser mis parientes, porque son de Tierra Caliente, estamos investigando todo, absolutamente todo”.
Aunque después justificó que no podían cumplir con todo a la ciudadanía, “porque no tengo los suficientes recursos, por eso estoy haciendo el mayor de mis esfuerzos para lograr en los guerrerenses el orden y la paz”.
También aseguró que hay coordinación entre el gobierno federal y el estatal, pero, “no es tan fácil llegar a un punto de resolución, vamos avanzando conjuntamente con el grupo de Coordinación Guerrero”, dijo que no eran tan fáciles las circunstancias.
Aceptó que no se había visto levantones masivos como el de Arcelia y el de maestros en Ajuchitlán, “siempre hay algo nuevo y hay problemas, en el estado hay problemas, pero el gobernador me ha instruido, y hacemos lo más humanamente posible”.
“Sé que no son nuevos los focos rojos, lo que sí les digo es que va a la baja, afortunadamente, no porque yo sea el fiscal, sino porque se está haciendo un gran esfuerzo con las autoridades federales y estatales” puntualizó.

Analizan activistas del estado la necesidad de capacitar en derechos humanos a funcionarios

 

Activistas del Colectivo Guerrero es Primero discutieron y analizaron la creación de un instituto para la paz, un centro ciudadano de atención a víctimas, la necesidad de capacitar a los funcionarios en derechos humanos y el impulso de leyes anticorrupción.
A su segundo encuentro, en la Universidad Loyola del Pacífico, asistieron 40 integrantes de organizaciones sociales como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, organizaciones de defensa de derechos humanos, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones campesinas, de la Iglesia católica y de las universidades privadas Loyola del Pacífico y Americana de Acapulco.
En la primera mesa de trabajo, se propuso crear un instituto o consejo de paz para construir habilidades e incidir de forma positiva sobre la violencia. La propuesta enviada por el padre Jesús Mendoza brindaría asesoría técnica a los distintos poderes y órdenes de gobierno, al mismo tiempo acompañando y fomentando procesos ciudadanos de participación.

Insisten en la necesidad de transparencia

En la mesa de Pobreza y desigualdad, se discutió la necesidad de que las instituciones sean más transparentes, que en las comunidades existan proyectos de desarrollo sustentable y que sean respetados los derechos humanos de manera integral para el acceso a la tierra, agua, vivienda y a los recursos públicos. Se propone asimismo, la renovación de las políticas públicas con otras perspectivas y rompiendo el actual sistema.
Ahí la ex subprocuradora Eliana García Lagunes propuso la creación de centro ciudadano de atención a víctimas en el estado, y la transversalidad de los derechos humanos, es decir de la deliberación y opiniones de educadores, padres de familia, miembros de la comunidad, de las iglesias, empresarios, estudiantes y otros sectores, además de una campaña amplia de difusión y capacitación de los derechos humanos a funcionarios que no conciben en su totalidad en qué consiste los derechos humanos.

Proponen un sistema estatal de búsqueda de desaparecidos y
que el gobierno reconozca
a las policías comunitarias

De igual manera, propuso un sistema estatal de búsqueda de personas desaparecidas que no existe en la Fiscalía General del Estado, así como la creación de un registro estatal de fosas comunes y clandestinas, la armonización de la investigación sobre tortura, tratos o penas crueles e inhumanos, o degradantes.
También la creación de un sistema autónomo de ciencia forense que, de forma independiente investigue las causas de las muertes; además de un modelo mixto de policía de proximidad estatal, municipal y unificada, y la conformación de un consejo ciudadano de seguridad pública, reformar la ley orgánica de la administración pública para la reestructuración de los sistemas de policías y los centros penitenciarios. Durante su intervención la ex funcionaria dijo que los políticos en la actualidad no asumen sus responsabilidad y han dejado la seguridad a los policías y a los militares.
Una de las participantes del municipio de Tecoanapa, quien no quiso dar su nombre, expresó también la necesidad de que el gobierno reconozca el modelo de la Policía Comunitaria, porque en su municipio, hace más de dos años que los civiles tomaron las armas para hacer frente a los delincuentes, y hay paz y una cierta tranquilidad, a diferencia de lo que pasa en las ciudades.
Otra propuesta que surgió en la mesa de análisis fue la creación de un centro de resguardo de restos encontrados en las fosas clandestinas, donde los familiares puedan ir a buscar a los suyos, y el empate de una base de datos.
En su intervención, la integrante del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena enfatizó la necesidad de un centro de resguardo donde se pueda encontrar los cuerpos de personas desaparecidas; recordó que el grupo ha encontrado en Iguala 120 cuerpos, de los cuales 18 han sido familiares de personas de la organización y los restantes están en proceso de identificación.
Dijo que el centro ayudaría a la recuperación de los restos, “lo que sería un triunfo para las familias”. También urgió la necesidad de fortalecer a las familias de los desaparecidos porque en la mayoría quedaron al frente mujeres hasta con siete hijos.

El Mando Único no garantiza que la policía no esté infiltrada, dice ex procuradora de la PGR

En declaraciones, la ex subprocuradora de Derechos Humanos, García Lagunes dijo que el problema con propuestas como el Mando Único es que atienden a una urgencia legislativa.
Indicó que el problema del Mando Único es cómo construir una supervisión ciudadana a la calidad de la gestión policial, “porque tú te puedes crear cualquier esquema, pero el problema es que nadie está haciendo una fiscalización de la calidad de la gestión, ni construyendo esquemas anticorrupción”, y que no está a debate la centralización del mando.
“Desapareces a la Policía Municipal, centralizas el mando a la Policía Estatal, pero quién te dice que la Policía Estatal no está tan infiltrada como la Policía Municipal. El problema no es quién tenga el mando, sino cómo generas contralorías sociales de anticorrupción en la policía, en los Ministerios Públicos y en las distintas instancias en donde se generan estas perversiones de corrupción e impunidad”, expresó.
“Es muy sencillo, si son policías certificadas por qué en el estado de Guerrero sigue habiendo una expansión de la violencia. Entonces no puedes decir que tienes policías certificadas, no puedes seguir siendo retórica, tiene que ser indicadores claros de evolución”, indicó.
Expuso que puede haber otras dependencias que pueden estar infiltradas sin tener relación directa con el sistema de seguridad, “estar pensando que los único que pueden estar como parte de la criminalidad son los servidores públicos vinculados con la justicia y la seguridad es un error”.
Ejemplificó que en los casos de Michoacán, donde la federación actuó con la ayuda de un comisionado, Morelos con el Mando Único y Guerrero con un esquema tradicional, han tenido una disminución en la incidencia delictiva, “en Guerrero… el homicidio doloso subió, de acuerdo a las cifras oficiales”, a mil 884 víctimas de enero a septiembre.
“Ahorita no hay ninguna comprobación, a nivel de indicadores, de evaluación de si la disminución de la violencia y la incidencia delictiva en estos estados fue por la intervención de un comisionado o fue por gracia del Espíritu Santo, sin Mando Único, en Guerrero que si bajo el índice delictivo, sobre todo en extorsión y secuestros, o porque en modelo bajo”.
Abundó que tampoco se puede seguir evaluando el índice delictivo que el gobierno reporta porque hay “una gran cifra negra que no queda contabilizada”.

Confirman comunitarios de Apaxtla que cinco de los nueve levantados fueron liberados tras pagar un rescate

 


Policías comunitarios del Movimiento Apaxtlense Adrián Castejón (MAAC), confirmaron que las cinco personas de Amacahuite y Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), secuestradas el 8 de diciembre, fueron liberadas tras el pago de un rescate.
Asimismo, dieron a conocer que uno de los cuatro pobladores de Apaxtla que también había sido levantado fue asesinado por los delincuentes a los que identifican con la organización La Familia Michoacana.
Sobre el levantón de cinco habitantes de los poblados de Amacahuite y Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, identificados como Pablo Hernández Trujillo, Feliciano Hernández Aguilar, Maribel Castrejón Sánchez, Carmelo García Estrada y Gustavo Ríos Tinoco, este último el chofer de la Urvan de la ruta Apaxtla- El Caracol, ocurrido el 8 de diciembre en la carretera Apaxtla-El Caracol por hombres armados a los que identificó con La Familia Michoacana, un coordinador del MAAC confirmó que fueron liberados la semana pasada tras el pago de un rescate, del que extraoficialmente supo que fue de dos millones de pesos.
En declaraciones hechas la tarde de ayer en esta cabecera municipal tras la conformación de la Policía Comunitaria Tecampanera, el coordinador del MAAC, que pidió el anonimato, informó que en total fueron nueve las personas levantadas por el grupo armado el 8 de diciembre, de las cuales dos de Apaxtla lograron escapar en los primeros días y una más en los días siguientes.
Confirmó que uno de los habitantes de Apaxtla que había sido levantado, que identificó como el leñador Isidro Sarabia Sánchez fue ejecutado por los pistoleros, y su cuerpo fue “rescatado” por los comunitarios del MAAC en un paraje entre las comunidades de San Felipe del Ocote y Liberaltepec, hace unos ocho días.
Informó que tras lo ocurrido el 8 de diciembre, la comunitaria de Apaxtla se está reorganizando y reforzando para evitar más brotes de violencia como ese.
Reclamó que el si gobierno del estado y el federal hubieran actuado rápido, “se hubiera logrado detener a los delincuentes y liberado a la gente, porque nos llegaron cuatro días después con el helicóptero, en un momento en el que ya ellos (los delincuentes) estaban fuera de alcance”.
Pidió que tras este hecho, la actuación del gobierno estatal y federal debe ser más rápida y contundente en el combate a la delincuencia y estos crímenes.
Dijo, a pregunta realizada, que desconoce el porqué el alcalde de Apaxtla, Salvador Martínez Villalobos no informó del asesinato del habitante de Apaxtla.
Expresó, contrario a lo que dijo en días pasados el alcalde, que los pobladores de Apaxtla que lograron huir de los delincuentes siguen viviendo en la cabecera municipal.
El integrante del MAAC dio a conocer que luego de los hechos del 8 de diciembre, la seguridad fue reforzada en la cabecera municipal y sus comunidades con más de 100 policías federales y soldados del Ejército.
Indicó que en las comunidades de San Felipe del Ocote, Liberaltepec, Xochitepec y Tlanipatlán, los maestros aún no han regresado a clases por miedo a la inseguridad y dio a conocer que ayer por la tarde se reunirían en Apaxtla los integrantes del Movimiento Magisterial, que están integrados en el MAAC, para tomar acuerdos sobre esta situación, y del peligro latente y el temor que aún tienen los maestros de regresar a las aulas.
Apenas el jueves, al alcalde Martínez Villalobos había dado a conocer que los maestros ya habían regresado a dar clases, lo cual fue negado por los integrantes del MAAC.