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Denuncian en Iguala el hostigamiento a estudiantes de Ayotzinapa y padres de los 43

A 31 meses de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, normalistas e integrantes de las organizaciones sociales que los acompañan colocaron ofrendas florales en memoria de los tres estudiantes asesinados, y denunciaron hostigamiento y persecución del gobierno federal en contra de jóvenes de la Normal Rural y los padres de los 43 desaparecidos.
En la mañana ante la versión de que padres de los normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y organizaciones que los acompañan iban a protestar en esta ciudad, los retenes militares que son permanentes en las entradas a la ciudad fueron retirados, la vigilancia y la seguridad en el 27 Batallón de Infantería se reforzó con la colocación de vallas metálicas y la sede del Ayuntamiento fue vigilada por agentes armados de la Policía Federal.
Una hora después de la hora convocada, a las 6 de la tarde inició la primera actividad en la estela colocada a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, en la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico Norte, sitio al que llegaron cuatro normalistas de Ayotzinapa en un autobús de la estrella de oro, en representación de los padres.
Tras la colocación de una corona de flores de dos estudiantes en el sitio en el que ocurrieron los primeros ataques a los estudiantes, un joven reclamó la falta de atención de las autoridades federales a los padres de los 43 desaparecidos, a quienes los recibieron con policías antimotines y gases lacrimógenos cuando pedían una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Denunció que han recibido amenazas, hostigamiento y persecución de autoridades del gobierno federal como forma de presión para dejar el movimiento.
Crítico que a 31 meses de los hechos el gobierno federal les cierra las puertas y hace caso omiso a sus peticiones, con la finalidad de dar por cerrado el caso y sostener la “mentira histórica”, como se refirió a la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno federal llama la “verdad histórica”.
Un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reclamó que no haya personas sentenciadas por asesinato y desaparición forzada, y demandó justicia para los asesinados, la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural y castigo para los culpables.
“Ya estamos hartos de que nos estén diciendo mentiras, y si a nosotros como ciudadanos nos duele y nos afecta esta situación, entendemos y justificamos los actos que realizan los padres de familia por la ausencia de sus hijos luego de 31 meses”.
El primer mitin concluyó a las 6:35 y los cerca de 50 activistas del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y la comitiva de normalistas, se trasladaron en vehículos a la estela de Julio César Mondragón Fontes, para colocar también una ofrenda floral y hacer un segundo mitin en el que reiteraron la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que tomó la palabra en el segundo acto donde fue hallado torturado y desollado del rostro el normalista Julio César Mondragón, calificó ese hecho como “una muestra de la podredumbre del PRI-gobierno”, dijo que van a seguir luchando para que sean castigados los involucrados en los ataques y la desaparición de los normalistas.
Advirtió que seguirán al lado de los padres y los normalistas para exigir justicia y no descartó la posibilidad de que una comisión se sume al plantón en la Procuraduría General de la República (PGR).
Después de las 7 de la noche la comisión de normalistas salió hacia Chilpancingo y los miembros de las organizaciones se trasladaron a la explanada municipal, donde hicieron un acto cívico-cultural como lo han hecho cada mes desde la desaparición de los jóvenes.

Presentan libro sobre los ataques en Iguala en el 91 aniversario de Ayotzinapa

Con la presentación de un libro en horario nocturno, al estilo de la tradición de formación de las normales rurales aglutinadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), se inauguró ayer la semana por el 91 aniversario de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Al caer la noche grupos de estudiantes seguían ultimando detalles de limpieza y presentación de la escuela recién pintada, se renovaron la fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos colocadas en el mismo número de butacas en la cancha de basquetbol, y las mantas desgastadas por el tiempo.
Sin prisa a las 8:30 de la noche esperaban la llegada del conferencista, el periodista John Gibler, autor del libro Una historia oral de la infamia: Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, que se programó a las 10 de la noche, sólo para estudiantes.
Hoy comienzan las actividades abiertas al público, de acuerdo con el cronograma de actividades, a las 10 de la mañana con dos conferencias, una del maestro egresado de la Normal Superior de México, Enrique Ávila Carrillo sobre normalismo rural y la de la periodista Anabel Hernández, de la intervención del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala contra los estudiantes.
Dirigentes estudiantiles explicaron que hoy y mañana se espera la llegada más amplia de asistentes de diferentes normales rurales del país y de organizaciones solidarias, y esta tarde tendrían un recorrido por la escuela y por las calles de Tixtla, que va a concluir con un mitin político para reivindicar las demandas del movimiento social y estudiantil.
El 26 de septiembre saldrán a la Ciudad de México para acompañar la acción global por Ayotzinapa que se organiza cada mes, para apoyar a los padres de familia que se mantienen en plantón frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República desde el jueves pasado para exigir resultados en las investigaciones.
El 27 de septiembre se reanudan las actividades culturales y académicas que concluyen el primero de mayo con una marcha en Chilpancingo, en defensa de la educación pública y de los derechos laborales.

Marchan activistas y padres de los 43 en la capital en memoria del guerrillero Genaro Vázquez

La presentación con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos, la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la no reelección de rector en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), fueron las demandas de la marcha para recordar al líder guerrillero Genaro Vázquez Rojas, en su 45 aniversario luctuoso.
La marcha de unos 600 manifestantes fue encabezada por los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos hace 28 meses, seguidos de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa e integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones del Estado. Salió a las 12 del día del monumento a Vicente Guerrero.
El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se separó con unos 80 integrantes de la corriente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que encabeza Antonia Morales Vélez, debido a un desacuerdo en la organización de los contingentes.
Mientras la protesta del MPG concluyó con la conmemoración en el Zócalo de Chilpancingo, los padres de Ayotzinapa hicieron una parada en las oficinas del programa federal Prospera, en respaldo a los trabajadores despedidos que ayer sumaron diez días en plantón.
En la alameda los padres de Ayotzinapa y organizaciones fueron recibidos por el movimiento independiente de los caídos del 60, el Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense que montó una exposición de fotos del ataque del 30 de diciembre en ese lugar, de militares armados contra civiles hace 56 años. Ahí estaban también alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
El acto político fue convocado por estudiantes de Ayotzinapa en memoria del maestro egresado de la Normal Rural y fundador de la Asociación Cívica Guerrerense, ahí ratificaron que continuarán movilizados mientras sus compañeros no sean presentados por las autoridades.
La activista del movimiento de los caídos del 60, Roberta Campos Adame recordó que Genaro Vázquez era unos de los dirigentes del movimiento estudiantil y popular de 1960 que devino en la creación de la UAG, como integrante de la coalición de organizaciones sociales.
Del rumbo que tomó la Universidad en los últimos años advirtió que, “están equivocados aquellos que piensan que postrando a la UAG a los pies del Estado vamos a tener mejores condiciones”.
Trabajadores despedidos injustificadamente del programa Prospera aseguraron que van “a defender con uñas y dientes” su fuente de trabajo, y no obstante la represión y el hostigamiento permanecen en plantón día y noche.
En el acto político frente al monumento a los caídos de la plaza Granados Maldonado, la mamá del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria preso en Chilpancingo, Samuel Ramírez Gálvez, Beatriz Gálvez aseguró que su hijo ya habría cumplido la condena por el delito que le imputaron si tuviera una sentencia. En octubre cumplió tres años privado de su libertad.
Con ella estuvieron las esposas de los integrantes de la CRAC, Gonzalo Molina Gonzalez, y de Arturo Campos Herrera que también están en prisión desde el 2013.
Un normalista aseguró que continuarán movilizados hasta que las autoridades acepten que la versión del basurero de Cocula es una mentira.

 

Hubo obstáculos del gobierno federal para dar con los 43 desaparecidos en 2016, denuncia Vidulfo Rosales

 

El año 2016 fue de disputas políticas con el gobierno federal, mínimos avances y obstáculos en la investigación para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, consideró el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En un balance y perspectivas del caso, Rosales Sierra dijo que en 2017 el reto para los padres de los estudiantes desaparecidos será mantener vivo el movimiento y esperar la opinión de organismos internacionales, para que la Procuraduría General de la República (PGR) retome con interés las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además informó que los padres solicitaron la revisión del caso en el Comité de Desapariciones Forzadas, las Relatorías de Desaparición Forzada y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso en el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, también de la ONU porque entre los 43 hay 17 jóvenes indígenas, pero reconoció que este proceso es lento.
Este año los expertos extranjeros coadyuvantes en la investigación de la PGR se retiraron del país por falta de condiciones para continuar su mandato a finales de abril, debido a la campaña mediática de desprestigio en su contra impulsada por el gobierno, que comenzó en febrero.
El abogado relató que hubo un “jaloneo político: que si había extranjeros interviniendo en el país, que si querían descarrilar el sistema, que si cayera (el presidente) Enrique Peña Nieto”, así se perdió en disputas la mitad del año, el mismo tiempo que la PGR tardó en atender las líneas de investigación que el GIEI recomendó.
Como parte de la medidas cautelares que otorgó a las víctimas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se aprobó otro mecanismo especial, cuyas características comenzaron a discutirse con las víctimas y el gobierno mexicano en marzo y comenzó a funcionar en noviembre, a seis meses de la salida del GIEI del país.
Aunque Rosales Sierra estimó que en 2015 se agotó la tesis oficial que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre el posible destino final de los estudiantes desaparecidos en el basurero de Cocula, el tema se mantuvo latente.
Los padres explicaron en cada manifestación en distintos puntos del estado y del país, las inconsistencias e irregularidades de la llamada “verdad histórica” que dice que los jóvenes fueron incinerados en el basurero, para intentar revertir la penetración de los medios masivos de comunicación que la presentaron como un hecho irrefutable, pese a las pruebas científicas que distintos grupos de expertos presentaron para descartarla.
En septiembre de este año la revista especializada Science publicó los resultados de un experimento del experto en fuego de la Universidad de Queensland, Australia, José Torero, que descartó en definitiva la explicación del gobierno federal de que un cartel del narcotráfico asesinó a los estudiantes y quemó los cuerpos en un basurero a cielo abierto.
Estableció que en el basurero de Cocula no existen posibilidades de incinerar 43 cuerpos, porque sería necesario apilar entre 20 y 40 toneladas de madera para destruir toda la materia orgánica, al punto en que se hallaban los restos levantados en el lugar.
La obstrucción desde la Presidencia

Según la opinión de Rosales Sierra, la procuradora Arely Gómez González (quien sustituyó a Murillo Karam), sí quiso investigar las líneas que recomendó el GIEI distintas al basurero de Cocula: búsqueda con vida y muerte de los estudiantes desaparecidos, aclarar la actuación de policías federales y de los militares, así como el trasiego de heroína de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques coordinados entre agentes de seguridad pública y sicarios del crimen organizado.
Afirmó que en su gestión -del 3 marzo de 2015 al 15 de octubre de 2016-, se retomaron algunas líneas pero nunca tuvo respaldo institucional del poder Ejecutivo, al contrario, aseguró que la obstaculizaron.
Por ejemplo señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detenía a presuntos implicados en los ataques del 26 de septiembre y no avisaba a la oficina del caso Ayotzinapa. Tampoco permitía que los interrogaran para contrastar datos o preguntarles directamente de los desaparecidos.
Cuando los agentes del Ministerio Público (MP) solicitaban diligencias para un cateo a una casa refugio de criminales o la búsqueda en algún cerro (por ejemplo La Carnicería ubicado cerca del basurero de Cocula), ésta ya se había hecho sin avisar a la oficina del caso.
Dijo que después de la separación del cargo del director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio (investigado por manipular pruebas en el río San Juan pero nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional), la oficina de investigación tampoco pudo entrevistar al secretario de Seguridad Pública de Iguala la noche de los hechos, Felipe Flores Velásquez, detenido el 21 de octubre.
Aceptó que había una orden de aprehensión en su contra por otro delito pero había una oportunidad para que la oficina que lleva la investigación lo interrogara del paradero de los normalistas.
En ese tenor fue que siempre se investigó, junto a la postura institucional del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del presidente Peña Nieto, de que lo más avanzado de la investigación fue lo que presentó Murillo Karam.
Ellos destacan que sí permitieron la intervención de los expertos internacionales para esclarecer los hechos pero no avanzaron, cuando fueron las propias autoridades las que impidieron el trabajo de los enviados de la CIDH. Ahora, siguen mostrando reticencias para abordar las líneas presentadas hace ocho meses.
Estimó que al presidente le reditúa más políticamente de aquí al 2018 que el caso se mantenga como está “en un bache”.
Confió en que el mecanismo de seguimiento de la CIDH puede generar en 2017, “esa palanca de presión que ayuda a impulsar, agilizar la investigación, para impulsar líneas de trabajo, y los padres tenemos el reto de mantener vivo el movimiento para que sea contrapeso al poco interés que ha mostrado la PGR”.

Se fortalece la organización

El abogado Vidulfo Rosales consideró que el núcleo organizativo en torno a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, representado en la Asamblea Nacional Popular (ANP), se fortaleció.
Pese a las dificultades señaló que en la ANP siguen entre 70 y 90 organizaciones constantes, que hacen posibles las caravanas a distintos puntos del país.
Relató que en los primeros meses de los ataques se registraban hasta 600 organizaciones en la asamblea que se celebra en Ayotzinapa. Vino un reflujo en 2015 y este año se consolidó con grupos permanentes.
Destacó que en las regiones también hay un apoyo sólido: en Chilpancingo y Tixtla con el magisterio, en la Montaña con maestros y organizaciones sociales y en el corredor de Costa Chica de donde son la mayoría de los estudiantes desaparecidos que se conjugó con los asesinatos de Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro el 5 octubre, “lamentablemente otra desgracia engarza la indignación con los desaparecidos”.
Se refirió a las organizaciones de Atoyac con años de trayectoria, y en Ometepec donde el magisterio mantenía la demanda de los padres de familia.
Afirmó que ahora se tiene claridad en sus principios, se tiene una agenda con una mirada nacional que se condensa en nueve puntos, los primeros son la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los más de 20 mil desaparecidos en el país, derogación de las reformas estructurales, libertad de los presos políticos, y el cambio gobierno y régimen político.

 

Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

Siguen impunes los asesinos de los normalistas en el desalojo a la autopista, denuncia Felipe de la Cruz

 

El plan de acción de fin de año de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos comienza el próximo sábado, en la Asamblea Nacional Popular que se reúne en la Normal Rural en Tixtla, y continúa con la conmemoración del desalojo a balazos de una manifestación de normalistas en la Autopista del Sol ocurrida el 12 de diciembre de 2011, informó el vocero Felipe de la Cruz.
En Chilpancingo a donde acudió a invitar a organizaciones magisteriales y sociales a que vuelvan a participar en la ANP de Ayotzinapa, el activista añadió que el 20 de diciembre comenzará una caravana que llegará el 26 de diciembre a la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y ahí los padres participarán en una misa de 27 meses de los crímenes de Iguala.
Señaló que algunos de los puntos de la caravana serán Taxco y Cuernavaca, y que se tiene previsto un mitin en la caseta de cuota de Tlalpan el día que lleguen a la Ciudad de México, y de ahí ir a la basílica.
Como de costumbre el día 27 llevarán una ofrenda floral a los sitios donde fueron asesinados los normalistas César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en los ataques de la fuerza pública en Iguala.
De los hechos del 12 de diciembre donde policías estatales, federales y ministeriales desalojaron a balazos el bloqueo de los normalistas, asesinaron a dos estudiantes, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexander Herrera Pino e hirieron a tres más de bala, De la Cruz denunció que sigue la impunidad y los perpetradores materiales e intelectuales siguen “como si nada paseando por las calles, como si no hubieran matado, sigue el encubrimiento (de los políticos) entre ellos mismos”.
Mencionó que Ángel Aguirre Rivero era gobernador cuando ocurrió la agresión a los estudiantes, así como la noche en que fueron atacados, asesinados y desaparecidos los normalistas en Iguala, en 2014.
Agregó que con los padres de los desaparecidos están visitando las regiones para llamar a la unidad el 12 de diciembre, para que las muertes de Gabriel y Alexis no queden impunes, aunque es una fecha dolorosa para sus padres, consideró que debe ser también un día de dignidad y de rabia.

Encubrimiento político y militar

Por otro lado, informó que el mecanismo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisa las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de salir del país, particularmente de la participación de los policías de Huitzuco y del personaje identificado como El Patrón, a quien se presume fueron llevados un grupo de los 43 normalistas desaparecidos.
También la participación de los militares, que se negaron a ser entrevistados por los expertos independientes, y que nuevas investigaciones periodísticas los colocan en los ataques a estudiantes, así como en los escenarios de la desaparición.
Aclaró que aún mantienen la posición de no reunirse con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras no sean investigados y sancionados los funcionarios responsables de graves irregularidades cometidas durante la primera fase de la investigación, principalmente, el anterior director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio
Desde que los padres se levantaron de la mesa ha habido rotaciones en los cargos federales relacionados con el caso Iguala. De entrada Zerón de Lucio fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad nacional. En octubre la procuradora Arely Gómez se fue presidir la Secretaría de la Función Pública y fue sustituida en la PGR por Raúl Cervantes Andrade. Hace un mes el subprocurador de Derechos Humanos, y responsable de la oficina de investigación del caso Iguala, Eder Omar Betanzos, fue nombrado subsecretario de la Función Pública, y en su lugar en la PGR quedó Sara Irene Herrerías Guerra.
De las actuaciones de la Oficina de Investigación, De la Cruz aclaró que no están de acuerdo en que todos los esfuerzos están dirigidos a buscar a los 43 normalistas muertos, “son dos años y meses de los crímenes y la PGR no pueden demostrar que están fallecidos. Por eso la insistencia nuestra de que los busquen en vida”.
Insistió en que se abran los cuarteles, ya que los militares también son protegidos, dijo en relación con el nombramiento del exjefe militar de Iguala, Alejandro Saavedra Hernández, que fue nombrado inspector y Contralor General de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Recriminan padres de los 43 a diputados que no exijan su búsqueda y castigo a los culpables

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos recriminaron a diputados federales de distintos partidos políticos que no hacen uso de sus facultades, para exigir al gobierno federal que localice a los jóvenes y castigue a los responsables.
Al hacer uso de la tribuna del Salón Legisladores de San Lázaro, demandaron a la Cámara de Diputados que reconozca la legitimidad de su lucha, y que exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) a que cumpla todas las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
“Ustedes están puestos por el pueblo y deben de ayudar al pueblo, pero desgraciadamente son personas que al llegar al poder pensamos que todo lo tenemos, y lo peor de todo es que se amparan en el fuero federal, que se creen intocables por tener ese fuero”, reprochó Mario César González Contreras.
“Ojalá y como me gustaría que la mayoría de ustedes tuviera conciencia que ese fuero les hace daño, porque tienen mucha hambre de poder, mucha hambre de dinero, pero para nosotros los 43 padres de familia, el hambre es encontrar a nuestro hijos”, expuso.
Cristina Bautista Salvador indicó que las familias de los normalistas desaparecidos no han recibido ningún gesto de apoyo de los legisladores y que por el contrario, algunos diputados han puesto en duda la legitimidad de su movimiento.
“Jamás recibimos de ustedes ninguna palabra de apoyo durante todo el tiempo que han sido diputados no han movido ni un dedo para ayudarnos a exigir justicia, mientras nosotros hemos marchado por todo el país para denunciar la impunidad de los desaparecidos, miles y miles que están desaparecidos en nuestro país”, señaló.
El sobreviviente de los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando la Policía Municipal disparó contra los jóvenes y se llevó a 43 de ellos, Ernesto Guerrero Cano exigió que los diputados actúen para que el caso sea resuelto.
“Cada uno desde sus respectivas atribuciones aporte algo, lo que pueda, lo que esté en sus manos para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala. No queremos más mentiras, no queremos que a los padres de familia se les intente comprar, se les intente callar de una u otra forma”, dijo.
Los padres entregaron a los diputados los dos tomos con las recomendaciones del GIEI.
En la reunión en la que los padres colocaron mantas con las fotografías de sus hijos desaparecidos estuvieron integrantes de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y la Especial para el caso Ayotzinapa.
La sesión fue difundida en el canal del Congreso por televisión de paga e Internet. Por los 43 desparecidos subieron a estrado madres y padres, un sobreviviente de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales Sierra en una primera intervención.
Continuó la participación de los representantes de ocho parlamentarias y un diputado independiente y concluyó la sesión con dos padres del movimiento y los familiares del normalista herido de bala en la cabeza el 26 de septiembre, Aldo Gutiérrez Solano, que se mantiene en estado vegetativo. Todas las participaciones fueron escuchadas en silencio, y al final los activistas gritaron la consigna de lucha: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

“Venimos a emplazar a que hagan algo”

La señora Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Salvador saludó en náhua, su lengua materna, y recriminó que no haya habido una palabra de apoyo de la Cámara de Diputados para exigir justicia por los 43, salvo en los tiempos de campañas electorales.
Aclaró que los padres que continuarán exigieron presentación con vida de los estudiantes como la de todos los desaparecidos en todo el país, y a modo de pregunta demandó:
El señor Emiliano Navarrete, papá de José Ángel Navarrete González ratificó que los estudiantes “fueron privados de su libertad por el gobierno de México”, que envió policías con “armitas de grueso calibre para demostrar cobardía… Me duele lo que le hicieron a mi hijo y a sus compañeros, no tiene perdón ni olvido”.
Ayer solicitó el apoyo de los diputados para que la PGR siga las recomendaciones que dejó el GIEI: “no queremos que salgan a hacer investigaciones, sino que vigilen que todo eso se cumpla, que exhorten a la PGR a seguir todas las líneas de investigación, que identifiquen quién es El Caminante y quién es El Patrón, a la fecha la PGR no da respuesta ni tiene a todos los policías federales que dijeron que se llevaban a los estudiantes al Patrón”.
Aseguró que sólo con presión se podrá conocer la identidad de estos personajes, de quienes hay testimonios y evidencia de su intervinieron en la desaparición de los 43 estudiantes
Abiertamente el señor Mario César González, papá de César Manuel González, señaló la desatención que algunos diputados frente a las primeras participaciones, “desgraciadamente veo que no les interesa, que en las intervenciones están volteando a otro lado”.
Lamentó que algunos diputados participaron en la campaña de desprestigio contra el GIEI que terminó en su salida del país. Un caso es el del priista Víctor Manuel Silva que desestimó la intervención de los expertos internacionales para resolver el caso, así como el rechazo a puntos de acuerdo para pedir que los expertos independientes entrevistaran a los militares sobre los hechos de Iguala y la permanencia del GIEI en México.
No obstante subrayó que el único interés de los padres es que por ética y profesionalismo los diputados den todo el apoyo al nuevo mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin desprestigiar su labor, ni al movimiento de los padres.
Muy enojado espetó que los diputados no representan a la izquierda, a la derecha ni al centro “son puros chapulines que brincan a los partidos que les convienen, y tampoco van a llegar a la verdad a través de comisiones especiales, queremos que dejen de jugar al investigador, si sabemos perfectamente bien que no los van investigar (a los culpables), queremos que le digan a la PGR que siga las recomendaciones del GIEI”.
Luego recriminó que toleren nombramientos como el de Omar Hamid García Harfuch en la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, a quien se señala de posibles vínculos con los narcotraficantes de Guerreros Unidos, que sólo se explica por la complicidad entre políticos, y que hayan premiado a Tomás Zeron de Lucio con otro cargo federal, después de diseñar la verdad histórica.
Al bajar de la tribuna en el salón Verde, dejó en la mesa los dos informes del GIEI, “lo único que nunca pudieron desprestigiar fueron estos dos libros, espero que los lean porque es importantísimo para el caso Ayotzinapa”.
El abogado de los padres, Rosales Sierra señaló que a dos años de los ataques no hay indicios del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, a pesar de los 200 tomos de la investigación y más de 130 personas en prisión. Lo que hay son irregularidades y versiones falsas que han dado dolor adicional a los padres.
Aclaró que la investigación de PGR era un caos antes de la intervención del GIEI, que estableció todos escenarios de los ataques, la intervención coordinada de todas las corporaciones y distintas rutas sobre la desaparición forzada que llevan a Huitzuco, a la comunidad de Tijerillas y a una casa blanca en la cabecera municipal que señalaron los propios detenidos y choferes de los autobuses del servicio público donde iban los estudiantes.
Pero la PGR mantuvo vigente la versión de que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, “una mentira total que lo único que provoca es la revictimización. Aún así muchas voces que piden a los padres que regresen a sus casas, que dejen de movilizarse, que no hagan marchas, pero ¿cómo van a regresar si la premisa fundamental que es la verdad no está establecida?, lo único que tenemos son nubarrones en las investigaciones”.
Subrayó que la versión del basurero de Cocula, aunque ofrece un buen debate político, fue desechada con pruebas científicas, por eso exigen el cambio de la narrativa de los hechos en la investigación.

“Nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar”, dice el diputado Manuel Clouthier

El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo destacó dos temas que dan cuenta del caso Ayotzinapa: que la verdad oficial no coincide con la realidad porque algo se trata de ocultar, y da cuenta de la violación sistemática a los derechos humanos que se viven en el país.
Coincidió con la diputada de Morena en que tales hechos evidencian la transgresión a los derechos humanos de las policías municipales, estatales, federales y de las fuerzas armadas, “por eso nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar. El Estado mexicano tiene que dar respuesta veraz a estos padres de familia y tienen que hacerlo las autoridades con un criterio fundamental de justicia”.
De Encuentro Social, José Alfredo Ferreriro Velazco, se dijo indignado por los hechos de Iguala y señaló sólo la posible responsabilidad del gobierno estatal, que fue descartada al comienzo de la investigación. Aclaró que este conflicto no es un tema de partidos, sino de justicia, y nadie estará conforme hasta conocer la verdad y aparezcan los desaparecidos.
Siguieron en turno dos diputados de Morena, y la presentante del Partido Verde Ecologista, Sofía González Torres que dijo que admira la lucha de los padres y señaló la responsabilidad de los hechos de Iguala en las policías de Iguala y Cocula.
Del PAN, la diputada Karina Padilla Ávila reconoció que la PGR no ha ofrecido una respuesta creíble, “solo infiere que el narcotráfico destapó la violencia esa madrugada” y es necesario que se agoten todas las líneas de investigación, en forma particular los vínculos del crimen organizado y actores estatales.
Concluyó la ronda de los partidos el representante del PRI, que destacó las acciones del Estado señaladas en 288 tomos.

Se retrasa hasta tres meses la atención al normalista en coma, denuncian en la Cámara

Familiares del normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien está en coma debido a que recibió un balazo en la cabeza durante los ataques en Iguala, denunciaron en la Cámara de Diputados el retraso de dos y hasta tres meses de atención al estudiante internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en la Ciudad de México.
Revelaron que la instrucción de los médicos es que se lo lleven a su casa, y eso implicaría desahuciarlo.
En la comparecencia de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos Ulises Gutiérrez Solano, hermano del estudiante herido en el primer ataque en la avenida Juan Álvarez de Iguala, subió al estrado del salón Verde, contiguo a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, con una joven.
Se presentaron como familiares del normalista y mostraron dos pancartas con fotografías del joven de la Normal Rural, con una sonrisa y el uniforme de fin se cursos de bachillerato, y otra del mismo joven inconsciente, cubierto hasta la cintura con sábanas blancas y entubado.
Fue la última participación en la comparecencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos con diputados federales, donde también las fracciones parlamentarias fijaron una postura sobre el caso, que se trasmitió por el Canal del Congreso.
El joven recordó el entusiasmo de su hermano cuando ingresó a la Normal Rural de Ayotzinapa y la agresión del 26 de septiembre de 2014, cuando intentaban salir de Iguala rumbo a Tixtla y una patrulla de la Policía Municipal les obstruyó el paso. “En el primer ataque (a balazos) hieren a mi hermano Aldo”.
Informó que día y noche durante dos años, un mes y días han estado en el hospital de la Ciudad de México, y tolera esta forma de vida “por amor y por exigir justicia y verdad”.
Expuso que para los jóvenes que fueron asesinados el daño es irreparable, así como para su familia. Mostrando la fotografía en el hospital añadió “es su estado actual, es un estado vegetativo, los médicos dicen que lo podemos llevar a casa, llevarlo es desahuciarlo, él ahí está con vida”.
Insistió en que las instituciones de salud sean responsables de la atención que necesita ahora y en el futuro, así como para el normalista Edgar Andrés Vargas, que recibió un balazo en la cara que le destrozó la boca en el segundo ataque de la avenida Álvarez.
Exigió que cesen los trámites burocráticos que retrasan la atención médica de dos a tres meses.
Como los padres, demandó el esclarecimiento de los hechos “sabemos que participaron los policías municipales, estatales, queremos verdad y justicia”.
Antes, el sobreviviente Ernesto Guerrero Cano, denunció la saña con que fueron atacados los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, no obstante que la Policía Federal y el Ejército sabían que los normalistas llegaron a Iguala a tomar camiones no a generar problemas al Ayuntamiento ni a la esposa del alcalde que rindió por la tarde su informe como presidenta del DIF.
“El compañero Aldo de un balazo cayó a nuestro lado, por más que queríamos ayudar a los caídos eran más las balas que las personas que nos encontrábamos ahí. La petición (a los diputados) es que en cada uno de aporte algo, lo que pueda para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala, ya no queremos más mentiras”, llamó.
El saldo de los ataques fue de seis asesinados, 15 heridos de bala y 43 normalistas desaparecidos de los que aún no hay indicios de su paradero.

Se plantan los padres de los 43 en la Cámara de Diputados para que los dejen hablar en tribuna


Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se instalaron en plantón en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México en espera de una respuesta a la solicitud de subir a la tribuna del Congreso, para denunciar los hechos de Iguala y exigir que todas las fracciones políticas fijen una posición de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, informó vía telefónica el representante  Melitón Ortega.
Aclaró que el planteamiento de la comisión de tres diputados del PRD que los recibió fue otra invitación para que los padres de familia y sus abogados se reúnan con la Comisión Especial del caso Ayotzinapa hoy a las 5 de la tarde, que no descartó. El representante de los padres dijo que sería analizado. En tanto los diputados se reunirían con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para promover su solicitud.
Melitón Ortega recordó que en enero de este año los padres solicitaron subir a tribuna pero no hubo respuesta.
La solicitud formal provino de una invitación de la Comisión Especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa, para que los padres comparecieran ante ellos como lo hicieron otras autoridades del estado como el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y la respuesta de los padres fue presentarse pero ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Reconoció que el tema se rezagó, no tuvo seguimiento y frente a nuevos escenarios: mínimos avances en la investigación después de que las autoridades mexicanas despidieron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el poco interés que están mostrando los políticos a dos años de los crímenes, y la próxima llegada del nuevo mecanismo de seguimiento, resolvieron exigir una declaración de todas las fracciones políticas.
“Los padres tenemos la firme convicción de seguir levantando la voz para exponer en la Cámara de Diputados el tema general de Ayotzinapa, el compromiso de estos diputados es pronunciarse, hemos visto silencio del caso, ni respaldo ni pronunciamiento, prácticamente (con su silencio) están protegiendo a todos los culpables”, denunció.
A mediodía indicó que una comisión de padres fueron recibidos por el coordinador del grupo parlamentario del PRD Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Cristina Gaytán Hernández integrante de la Comisión Especial Ayotzinapa en la Cámara de Diputados.
Dijo que se comprometieron a llevar esa tarde el punto a la Jucopo y responder el mismo día.
Por otra parte, el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz reclamó que la Comisión Especial instalada por legisladores para el caso Iguala no haya presentado ningún informe y dijo que sus labores han sido nulas.
“No se ha visto el trabajo de esa comisión formada por los diputados, por eso la exigencia de que nos escuchen y hacer el reclamo porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo”, señaló.
Los familiares de los normalistas mantendrán hasta el próximo 27 de octubre el plantón, el cual forma parte de la jornada de actividades a 25 meses de la desaparición forzada de los jóvenes, informaron (Agencia Proceso / Ciudad de México).

 

 

Cierran normalistas la Autopista para que los padres estén en el interrogatorio a Felipe Flores

Unos 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon 2 horas el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco y ocuparon dos radiodifusoras en esta ciudad, para exigir que la Cámara de Diputados intervenga para que se acepte la petición de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de estar con sus abogados en el interrogatorio al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, respecto de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Al mediodía los normalistas llegaron al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal, al sur de la capital, en dos autobuses y pararon a los conductores de un tráiler, una camioneta de la Secretaría de Salud, y otros que atravesaron en los carriles de alta velocidad para impedir el paso vehicular de manera total en la zona.
Los estudiantes cubrieron su rostro con máscaras, playeras y pañuelos, pero se identificaron mediante su equipo de sonido que transportaba una camioneta que envió la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) al bloqueo para apoyar a los jóvenes.
En el cruce ya se encontraban más de 15 autobuses de la Policía Federal que transportaban a agentes con equipo antimotines. Una comisión se acercó a los normalistas y les pidió que no obstruyeran el paso para garantizar el derecho al libre tránsito, los jóvenes informaron que estaban ahí para pedir que la Cámara de Diputados que recibiera a los padres de familia de los 43 desaparecidos quienes se encontraban en la Ciudad de México, y se negaron a retirarse.
Durante una hora el bloqueo fue de manera total hasta que los policías pidieron que se abriera un carril en el sentido de norte a sur, ya que una ambulancia debía pasar, los jóvenes accedieron pero no llegó ninguna ambulancia.
Los normalistas hicieron un mitin en el que informaron que Flores Velázquez es uno de los actores principales de los ataques en Iguala, por lo que es necesario que las autoridades permitan que los padres de familia de los 43 desaparecidos estén en sus primeras declaraciones, para evitar que se manipule la información y se insista en la versión oficial del caso, que dice que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Además pidieron que se esclarezca el asesinato de los normalistas Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, que ocurrió el 4 de octubre pasado, ya que “no nos creemos el cuento de que fue un asalto” como informaron las autoridades.
También reprocharon que la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores no garantiza la seguridad en el estado y en cambio, ha aumentado el número de crímenes.
Más tarde uno de los representantes estudiantiles accedió a abrir un carril en cada sentido para que los vehículos particulares y de transporte público pudieran avanzar, en cuanto los carriles fueron liberados, los policías se desplazaron por la zona bajo el argumento de que resguardarían el tránsito para evitar accidentes.
La presencia policiaca a pocos metros de la protesta provocó tensión y los normalistas exigieron a los agentes que se retiraran del lugar y que llegara personal de Tránsito para esa labor. El comandante ordenó la retirada de una parte de los uniformados, pero otros permanecieron cerca de los jóvenes.
A la 1:45 de la tarde de manera repentina los normalistas de Ayotzinapa corrieron hacia los autobuses que los transportaron de Tixtla a Chilpancingo, dejaron libre el paso vehicular en la zona ya que vía telefónica supieron que una comisión de los padres de familia de los 43 desaparecidos había sido atendida en la Cámara de Diputados.
Antes, a las 11:30 de la mañana una comisión de estudiantes de Ayotzinapa ocupó las radiodifusoras Capital Máxima y Radio UAG, en donde dijeron que los padres de los 43 desaparecidos deben de ser informados de manera puntual sobre los avances de la investigación.
Precisaron que no están en contra de que el premio Belisario Domínguez, que entrega el Senado de la República a principios de noviembre, se le dé post mortem al trabajador de la gasolinería Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien falleció durante el desalojo a balazos contra estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, si no que están en contra de que se criminalice a los normalistas.
Aseguraron que las organizaciones que promueven a Rivas Cámara como galardonado, emprendieron una campaña de desprestigio contra la Normal Rural de Ayotzinapa, culpando a los estudiantes de su muerte, pero “recordemos que ese día el gobierno tenía que justificar de alguna forma los ataques hacia nuestros compañeros, hay videos que prueban que ellos no tuvieron nada que ver en el incendio, fueron masacrados”.